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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. Seguros D&;O ante las crisis bancarias: reclamaciones relacionadas, límites de cobertura y gastos de defensa

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…, por el día de San Carlos Borromeo de 2026, patrón de la banca:

La protección que ofrece un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos se pone a prueba cuando una crisis empresarial desemboca en varios procedimientos, con reclamaciones cuantiosas y defensas prolongadas. En ese momento, disponer de una póliza D&O no despeja por sí solo las dudas. Es preciso determinar qué conductas y reclamaciones comprende, cómo se relacionan entre sí los distintos hechos y qué recursos económicos quedan disponibles para atenderlos.

Dos sentencias del Tribunal Supremo de 2026 permiten examinar estas cuestiones desde perspectivas complementarias.

  1. La STS 179/2026, de 27 de febrero, de la Sala Segunda, aborda la unidad de siniestro y el límite de la responsabilidad de CASER frente al FROB en relación con Banco de Valencia.
  2. La STS 920/2026, de 16 de junio, de la Sala Primera, analiza la exclusión de reclamaciones relacionadas con operaciones sobre valores y sus efectos sobre los gastos de defensa de un directivo de Banco Popular.

La resolución relativa a Banco Popular ya fue comentada en este blog: «ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. STS, el D&O ante la ampliación de capital en el Banco Popular. Exclusiones generales de la póliza y su impacto en la cobertura de defensa jurídica». Retomamos aquí sus aspectos principales para relacionarlos con el caso del Banco de Valencia y distinguir el alcance de las exclusiones del funcionamiento de los límites indemnizatorios.Su lectura conjunta ayuda a distinguir tres decisiones que conviene mantener separadas: si existe cobertura para la reclamación; si varias reclamaciones deben tratarse como un único siniestro; y cuál es la cuantía máxima que debe satisfacer el asegurador. La defensa jurídica plantea una cuestión propia: bajo qué condiciones se financia la asistencia del asegurado mientras se discute su eventual responsabilidad.

1. Banco de Valencia: varias causas penales y un límite de seis millones de euros

1.1. La controversia: el alcance económico de la acción directa

La STS 179/2026, de 27 de febrero —ECLI:ES:TS:2026:922; recurso 4532/2023; ponente Manuel Marchena Gómez— desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado, en representación del FROB, contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de marzo de 2023.

En el litigio se discutía la responsabilidad civil directa de CASER como aseguradora de los administradores y directivos de Banco de Valencia. La resolución recurrida había reconocido esa responsabilidad hasta seis millones de euros, pero vinculaba su efectividad al límite de cobertura que también operaba respecto de otra causa penal. El FROB pretendía que las operaciones enjuiciadas en procedimientos diferentes generasen una obligación indemnizatoria adicional dentro de su respectivo límite.

La discrepancia no versaba, por tanto, sobre la legitimación del FROB para dirigirse contra la aseguradora. El Supremo la considera fuera de duda. Lo controvertido era si la existencia de distintos hechos delictivos, operaciones y procedimientos obligaba a reconocer siniestros separados con disponibilidad adicional de capital asegurado.

El argumento del recurrente tenía una base comprensible: la responsabilidad civil derivada del delito nace de los hechos dañosos y estos habían recibido un tratamiento penal separado. Sin embargo, la Sala rechaza trasladar automáticamente esa separación al contrato de seguro. La individualización penal de las conductas y su agrupación aseguradora responden a criterios que no tienen por qué coincidir.

1.2. La lectura conjunta de las cláusulas de agregación y de límite por período

El razonamiento se apoya en dos estipulaciones de la póliza. Su artículo 5 agrupaba como un único siniestro las reclamaciones procedentes de un mismo hecho o de una misma causa, incluso cuando se manifestasen mediante hechos aislados, sucesivos, repetidos o continuados. El artículo 6 fijaba, además, un máximo por período de seguro para el conjunto de asegurados, siniestros, conceptos y garantías cubiertos.

Esta segunda previsión merece especial atención. La resolución no descansa exclusivamente en afirmar una conexión entre las distintas operaciones: también invoca un límite agregado que no se multiplica por el número de altos cargos implicados ni por el de reclamaciones. Asimismo, el clausulado impedía acumular límites de diferentes períodos por el desarrollo temporal de reclamaciones resultantes de una misma actuación profesional.

La unidad de siniestro y el límite agregado son mecanismos distintos, aunque en esta póliza confluyan en el resultado.

—La primera permite agrupar reclamaciones conforme al vínculo previsto en el contrato. El segundo establece la prestación máxima para un conjunto de riesgos cubiertos durante el período correspondiente. La propia sentencia subraya la fuerza de esta última previsión al confirmar el límite de seis millones de euros.

Esta distinción evita una lectura demasiado amplia del fallo. Una póliza puede establecer un máximo común para varios siniestros aunque estos conserven su autonomía. A la inversa, la consideración de varias reclamaciones como un único siniestro no permite prescindir de las restantes reglas contractuales sobre límites, períodos y garantías.

1.3. Qué conexión permite hablar de unidad de siniestro

El Supremo trata la unidad de siniestro como un criterio técnico-jurídico de individualización del riesgo. Entre los elementos que pueden orientar su apreciación menciona la causa eficiente común, la proximidad cronológica y la conexión funcional o económica de los perjuicios. También explica que la pluralidad de procedimientos puede obedecer a circunstancias ajenas a la unidad material de la secuencia examinada.

Conviene precisar el alcance de esas consideraciones. La Sala menciona la causa eficiente como un dato de valor interpretativo, sin atribuirle por sí solo carácter decisivo. No formula un test cerrado de requisitos acumulativos, ni establece que todos los actos de un mismo administrador constituyan necesariamente un único siniestro.

La pertenencia a una entidad, la identidad del perjudicado o el contexto general de una crisis no deberían sustituir al examen de la conexión exigida por el contrato. Esta es una cautela que se desprende de la necesidad de individualizar el riesgo y de la advertencia del propio Tribunal: la unidad siniestral debe impedir tanto la fragmentación artificiosa para multiplicar coberturas como la agregación abusiva por el asegurador para reducir su exposición.

Desde una perspectiva mercantil, esa doble advertencia es especialmente valiosa. El equilibrio entre prima y riesgo asumido exige respetar la cobertura contratada en sus dos direcciones: sin extenderla más allá de sus términos y sin comprimirla mediante conexiones puramente genéricas.

1.4. Acción directa, conducta dolosa y límites de cobertura

La sentencia recuerda asimismo una distinción necesaria cuando el seguro de responsabilidad civil aparece en un proceso penal. La inasegurabilidad del dolo en las relaciones entre asegurador y asegurado no elimina, por sí sola, la protección del tercero mediante la acción directa del artículo 76 LCS. La eventual obligación de indemnizar al perjudicado se acompaña del derecho de repetición contra el asegurado por la conducta dolosa.

Ahora bien, esa protección opera respecto de la conducta asegurada y dentro del alcance de la cobertura. No convierte cualquier daño delictivo en una obligación a cargo de cualquier aseguradora, ni permite multiplicar el capital disponible al margen del contrato. En Banco de Valencia, el reconocimiento de la acción directa y el respeto al límite asegurado resultan compatibles.

Tampoco debe confundirse el límite de la prestación aseguradora con la extensión de la deuda de los responsables del daño. La aplicación de un máximo contractual determina cuánto debe satisfacer el asegurador por la cobertura examinada; no reduce por sí misma la responsabilidad civil de quienes deban reparar el perjuicio.

2. Banco Popular: una exclusión sobre valores que alcanza a los gastos de defensa

Como se expuso en la entrada de DerMerUle enlazada al comienzo, el caso de Banco Popular plantea una cuestión diferente de la examinada en Banco de Valencia: si los gastos de defensa reclamados quedan comprendidos en una exclusión contractual. La siguiente recapitulación permite precisar esa diferencia.

2.1. El objeto del recurso: la financiación de la defensa penal

La STS 920/2026, de 16 de junio —ECLI:ES:TS:2026:2630; recurso 8395/2021; ponente Pedro José Vela Torres— resuelve un litigio entre un directivo de Banco Popular y Chubb European Group SE, Sucursal en España.

La demanda había solicitado que se declarase la cobertura de la responsabilidad civil y de los gastos de defensa relacionados con la ampliación de capital de 2016. Subsidiariamente, pretendía el reconocimiento de cobertura respecto de otros hechos investigados que se consideraban ajenos a esa operación. Sin embargo, los recursos ante el Tribunal Supremo quedaron circunscritos a los gastos de defensa en el proceso penal. Este dato delimita el comentario y evita atribuir al fallo una decisión más extensa que la efectivamente recurrida.

La distinción tiene importancia práctica. Los gastos de defensa se producen durante la investigación y el enjuiciamiento, con independencia del desenlace final. Por eso, al interpretar una póliza D&O es preciso examinar su cobertura y, en su caso, su anticipo, sin dar por supuesto que deban esperar a una condena. En este litigio, la dificultad determinante residía en la exclusión contractual de las reclamaciones a las que se vinculaban esos gastos.

2.2. La mención de la ampliación de 2012 no elimina la exclusión general

La póliza contenía una exclusión amplia para reclamaciones basadas en, relacionadas con o derivadas directa o indirectamente de determinadas operaciones sobre valores mobiliarios de la sociedad. Comprendía, entre otras, su venta, colocación, adquisición y las ofertas públicas o privadas. A continuación, otra letra mencionaba específicamente la oferta de acciones y derechos de suscripción resultante del aumento de capital aprobado en noviembre de 2012.

La controversia consistía en determinar si esa referencia específica permitía considerar cubierta la ampliación de 2016. El Supremo rechaza esa lectura. La identificación de la operación de 2012 no suprime la exclusión general que la precede, dentro de la cual se encuentra también la operación de 2016.

La consecuencia interpretativa puede formularse con precisión: **en el clausulado examinado, la exclusión especial no operaba como excepción a la exclusión general**. Ambas previsiones podían coexistir. No cabía convertir la mención de una operación concreta en una inclusión implícita de las restantes.

El fallo no significa que las reclamaciones sobre valores queden siempre fuera de los seguros D&O. Su cobertura dependerá de la póliza correspondiente y de los pactos que la integren. Lo que declara la Sala es que la exclusión de este contrato comprendía las reclamaciones litigiosas relativas a la ampliación de 2016.

2.3. Literalidad, voluntad contractual e interpretación sistemática

La sentencia concede un peso decisivo a la claridad de la cláusula. Considera que la exclusión general y la referencia específica a 2012 permiten conocer lo pactado sin introducir una cobertura incompatible con su redacción. Tampoco aprecia la oscuridad necesaria para aplicar la regla del artículo 1288 del Código Civil contra quien la hubiese ocasionado.

Sin embargo, sería inexacto presentar el razonamiento como una renuncia general a investigar la voluntad contractual. La Sala recuerda expresamente que la interpretación persigue averiguar la intención efectiva de las partes y que el tenor literal constituye su punto de partida. Añade que las contradicciones, vacíos o conductas de los contratantes pueden exigir que la labor interpretativa continúe. En este caso, además, los actos coetáneos y posteriores considerados no acreditaban la inclusión de los gastos de defensa correspondientes a la ampliación de 2016.

También resulta relevante el alcance del control en casación. El Supremo recuerda que no le corresponde sustituir cualquier interpretación de instancia por otra que parezca preferible. La revisión exige una infracción de las normas interpretativas o un resultado manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario. La desestimación del recurso debe leerse también desde ese límite procesal.

La valoración de la prueba cierra otra posible vía de cobertura: la Sala no considera arbitraria la conclusión de la Audiencia de que no constaba una investigación del demandante por hechos distintos de los relacionados con la ampliación. Por tanto, el resultado no deriva únicamente de leer la exclusión, sino también de identificar los hechos a los que se refería la defensa reclamada.

2.4. Una exclusión que comprendía expresamente la defensa

El condicionado extendía las exclusiones a las pérdidas, indemnizaciones, cantidades y gastos de defensa. Además, definía estos últimos por referencia a actuaciones que fuesen objeto de cobertura bajo la póliza. Esa conexión contractual impedía sostener que la defensa de las reclamaciones excluidas permaneciese cubierta con independencia de la exclusión.

Conviene distinguir este supuesto de otro problema diferente: que una investigación todavía no permita determinar si concurrirá una exclusión que dependa de una declaración ulterior. La sentencia comentada no permite resolver anticipadamente todas las controversias sobre anticipo de gastos o exclusiones por conducta. Aquí se aplicaba una exclusión por la operación con la que estaban relacionadas las reclamaciones, que mencionaba expresamente los gastos de defensa.

3. Dos precisiones necesarias: defensa jurídica y control de las cláusulas

La primera precisión afecta al régimen legal de la defensa. El artículo 74 LCS contempla la dirección jurídica accesoria al seguro de responsabilidad civil: salvo pacto en contrario, la asume el asegurador y corren de su cuenta los gastos de defensa. El precepto prevé asimismo la situación de conflicto de intereses y la posibilidad de que el asegurado confíe su defensa a otra persona, con el límite pactado para los gastos correspondientes.

Este régimen debe distinguirse del seguro de defensa jurídica regulado en los artículos 76 a) y siguientes LCS. El artículo 76 g).1 excluye expresamente de esa sección la defensa realizada por el asegurador de responsabilidad civil conforme al artículo 74. En consecuencia, la existencia de una garantía denominada «defensa jurídica» dentro de un D&O no basta para aplicarle automáticamente el régimen del seguro autónomo de defensa jurídica. Hay que atender a su configuración y contenido.

La segunda precisión afecta al control del clausulado. La claridad de una estipulación resuelve una cuestión de interpretación, pero no agota necesariamente las cuestiones sobre su incorporación y eficacia. El artículo 3 LCS exige claridad y precisión y establece requisitos específicos para las cláusulas limitativas de derechos, que deben destacarse y aceptarse específicamente por escrito.

No procede convertir la STS 920/2026 en una declaración general sobre la naturaleza de toda exclusión de operaciones sobre valores. El tercer motivo de casación se planteaba desde la oscuridad contractual, vinculando el artículo 1288 CC con el artículo 3 LCS; la respuesta se centra en que la oscuridad alegada no existía. Interpretación, calificación de la cláusula y cumplimiento de sus requisitos de eficacia son cuestiones relacionadas, pero no intercambiables.

4. La lectura en esta entrada: qué protección se contrata y cómo se distribuye

La comparación de ambas resoluciones permite extraer algunas consideraciones para la contratación y revisión de seguros D&O. Son consecuencias prácticas del análisis, no pronunciamientos adicionales de las sentencias.

En primer lugar, el capital anunciado debe ponerse en relación con sus reglas de utilización. Un límite de seis millones puede ser común a varios asegurados, reclamaciones y garantías. Para valorar la protección interesa conocer quiénes lo comparten, qué pagos lo consumen y si existen sublímites o previsiones específicas para la defensa. El número que figura en las condiciones particulares solo resulta informativo cuando se interpreta con el resto de la póliza.

En segundo lugar, las cláusulas de reclamaciones relacionadas merecen tanta atención como las exclusiones. Una exclusión puede dejar una operación fuera del seguro; una agregación puede concentrar numerosas reclamaciones cubiertas en un único límite. Ambas decisiones condicionan la utilidad económica de la cobertura, aunque actúen de forma distinta.

En tercer lugar, la revisión de una operación societaria relevante debería incluir su tratamiento asegurador. Ante una ampliación de capital, no basta con comprobar que administradores y directivos tienen un D&O. Es necesario examinar si las reclamaciones relacionadas con la operación están cubiertas y qué se ha previsto para su defensa. Cuando se pretende modificar ese alcance, conviene documentarlo expresamente: una expectativa de protección no sustituye a un pacto de cobertura.

Por último, interesa considerar la defensa desde el comienzo del conflicto. Su alcance, las condiciones de anticipo, los consentimientos exigidos y los eventuales conflictos entre asegurados pueden ser decisivos antes de que exista un pronunciamiento sobre responsabilidad. La utilidad del seguro se mide también por los medios que proporciona para afrontar ese período.

Banco de Valencia y Banco Popular muestran, en definitiva, dos formas diferentes de concretar la exposición del asegurador. En el primer caso, la conexión entre reclamaciones y el límite agregado determina el máximo exigible. En el segundo, una exclusión contractual alcanza a la defensa de reclamaciones vinculadas a una operación sobre valores. Para administradores, sociedades y perjudicados, la consecuencia práctica es exigente: la protección debe evaluarse a partir del clausulado completo y de los hechos reclamados, con especial atención a cómo se financia la defensa y se comparte el capital disponible.

Más información y referencias:

Digitalización societaria en la Unión Europea: certificado de sociedad, poder digital y circulación de información registral (also, lesson2)

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La Directiva (UE) 2025/25 ya fue objeto de atención en este blog en la entrada de 11 de marzo de 2026, «La Directiva (UE) 2025/25: la segunda ola de digitalización societaria en la Unión Europea». Retomamos ahora aquella aproximación para desarrollar sus principales instrumentos, precisar su alcance y distinguir las infraestructuras que ya funcionan de las novedades sujetas a transposición y aplicación. Afecta a cuestiones habituales en la actividad empresarial transfronteriza: cómo acreditar que una sociedad está constituida, cómo demostrar las facultades de quien actúa en su nombre, y cómo utilizar en otro Estado miembro información que ya consta en un registro mercantil. Sus respuestas combinan documentos armonizados, intercambio electrónico de datos y controles sobre la fiabilidad de la información.

Compostela

La Directiva (UE) 2025/25, de 19 de diciembre de 2024, publicada en el DO L de 10 de enero de 2025, modifica las Directivas 2009/102/CE y (UE) 2017/1132. Continúa la digitalización impulsada por la Directiva (UE) 2019/1151, con especial atención a la utilización transfronteriza de información societaria y a la reducción de formalidades repetidas.

1. Instrumentos europeos para acreditar la existencia de la sociedad y su representación

1.1. El certificado de sociedad de la Unión Europea

1.1.1. Función y contenido

El nuevo artículo 16 ter de la Directiva (UE) 2017/1132 establece el certificado de sociedad de la Unión Europea. Expedido por los registros nacionales, deberá aceptarse en todos los Estados miembros como prueba suficiente de la constitución de la sociedad y de la información registral comprendida en él, referida al momento de su expedición.

Su contenido reúne datos esenciales para identificar a la entidad y conocer su situación jurídica: denominación, forma jurídica, número de inscripción, Estado miembro de registro, identificador único europeo —EUID—, domicilio, fecha de inscripción y capital suscrito cuando proceda. También comprende información sobre el estado de la sociedad, su duración y su objeto, con las condiciones previstas en el precepto.

Especial relevancia tiene la identificación de las personas autorizadas para representar a la sociedad frente a terceros y en juicio, indicando si pueden actuar individualmente o deben hacerlo conjuntamente. En una operación transfronteriza, conocer la identidad del representante resulta insuficiente si se desconoce cómo debe ejercer sus facultades.

El contenido del certificado se adapta a las particularidades de las sociedades personalistas comprendidas en la reforma.

1.1.2. Formatos, autenticación y gratuidad

El certificado podrá obtenerse en formato electrónico o en papel. La versión electrónica deberá autenticarse mediante los servicios de confianza previstos en el Reglamento eIDAS y ser compatible con la cartera europea de identidad digital. En papel, incorporará medios que permitan comprobar electrónicamente su origen y autenticidad.

La Directiva prevé la gratuidad del certificado electrónico propio, aunque admite una excepción cuando ello cause un perjuicio grave a la financiación de los registros nacionales. En todo caso, cada sociedad podrá obtener gratuitamente su certificado al menos una vez por año natural.

1.1.3. Actualidad de la información acreditada

La fecha de expedición conserva una función decisiva. El certificado acredita información registral en un momento determinado; su utilidad práctica exige valorar la actualidad de esos datos cuando se emplea.

1.2. El poder de representación digital de la Unión Europea

1.2.1. Procedimientos comprendidos y alcance de la autorización

El nuevo artículo 16 quater introduce un modelo común multilingüe de poder de representación digital de la UE. Permitirá que las sociedades autoricen a una persona a representarlas en procedimientos comprendidos en la Directiva que deban realizarse en otro Estado miembro.

Entre los procedimientos expresamente contemplados figuran la constitución de sociedades, el registro o cierre de sucursales y las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. El modelo deberá identificar a la persona autorizada y precisar el alcance y el tipo de representación.

1.2.2. Otorgamiento, modificación y revocación

Su formalización, modificación y revocación seguirán sometidas a los requisitos nacionales. Estos deberán incluir, como mínimo, la comprobación por tribunales, notarios u otras autoridades competentes de la identidad, capacidad jurídica y facultades representativas de quien otorga, modifica o revoca el poder.

El instrumento deberá aceptarse como prueba del derecho de la persona autorizada a representar a la sociedad en los términos que consten en el documento. También se exige su compatibilidad con la cartera europea de identidad digital.

La armonización facilita así la acreditación transfronteriza de la representación, manteniendo los controles nacionales sobre su otorgamiento. Conviene conservar esta delimitación: el precepto regula un instrumento para determinados procedimientos societarios, cuyo alcance debe examinarse atendiendo tanto al documento como al procedimiento en que se utiliza.

2. Circulación transfronteriza y ampliación de la información societaria

2.1. La interconexión registral y el principio de «solo una vez»

2.1.1. BRIS como infraestructura de cooperación

BRIS —Business Registers Interconnection System— es el sistema de interconexión de registros mercantiles, operativo desde junio de 2017. Comunica electrónicamente los registros nacionales y permite acceder a información societaria mediante el Portal Europeo de e-Justicia.

La Directiva de 2025 amplía la información disponible y refuerza su utilización en procedimientos transfronterizos. La conservación de los datos y las funciones registrales siguen correspondiendo a los sistemas nacionales, cuya cooperación se articula mediante la infraestructura europea.

2.1.2. Conexiones con los registros de titularidad real e insolvencia

La reforma prevé conexiones entre BRIS, el sistema de interconexión de registros de titularidad real —BORIS— y el sistema de interconexión de registros de insolvencia —IRI—.

Estas conexiones deberán respetar las normas de acceso aplicables a cada sistema. La posibilidad técnica de relacionar información mantiene, por tanto, las condiciones jurídicas que regulan su consulta.

2.1.3. Obtención de datos en el registro de origen

Una sociedad que constituye otra sociedad o registra una sucursal en un Estado miembro diferente puede verse obligada a aportar documentos sobre su propia existencia, inscripción y representación que ya están depositados en su registro de origen.

La Directiva amplía la aplicación del principio de «solo una vez» para evitar esas aportaciones repetidas. En los supuestos regulados, el registro del Estado de destino deberá obtener los documentos y la información pertinentes mediante el intercambio registral o el acceso directo a las fuentes previstas.

La mejora es especialmente relevante para las pymes, para las que reunir certificaciones y gestionar su presentación en otro Estado puede representar un coste apreciable. Su efectividad dependerá de que los registros puedan localizar, transmitir e interpretar correctamente la información necesaria.

El principio debe entenderse dentro de los procedimientos y datos comprendidos en la regulación. Su formulación no permite afirmar que cualquier información entregada a una administración queda automáticamente disponible para todos los procedimientos posteriores.

2.2. Reducción de formalidades documentales y lingüísticas

2.2.1. Exenciones de legalización y apostilla

El nuevo artículo 16 quinquies establece exenciones de legalización y trámites similares, incluida la apostilla, para los documentos comprendidos en sus previsiones. Entre ellos se encuentran el certificado de sociedad de la UE, el poder digital y determinados documentos utilizados en operaciones transfronterizas.

También se facilita la utilización de copias y extractos registrales y de documentos notariales y administrativos cuando cumplen las condiciones de autenticación exigidas.

2.2.2. Límites a la exigencia de traducciones

En materia lingüística, el artículo 16 octies dispone que los Estados miembros procuren prescindir de traducciones cuando la información necesaria pueda consultarse en el certificado europeo o identificarse mediante las etiquetas explicativas de BRIS.

La traducción jurada de los documentos contemplados únicamente podrá exigirse cuando esté justificada por su finalidad y resulte estrictamente necesaria.

2.2.3. Comprobación de autenticidad y prevención del fraude

La reducción de formalidades se acompaña de procedimientos de comprobación. Ante dudas razonables sobre el origen o la autenticidad de determinados documentos, las autoridades podrán solicitar información a los puntos de contacto previstos. Se mantienen también garantías específicas frente al abuso y el fraude.

2.3. Ampliación de la publicidad societaria

2.3.1. Sociedades personalistas

La reforma introduce requisitos comunes de publicidad para las sociedades personalistas enumeradas en el nuevo anexo II ter, adaptados a sus características. La información comprende aspectos relevantes para terceros, como la representación y determinados datos sobre los socios.

2.3.2. Matrices, filiales y grupos de sociedades

Para los grupos, el nuevo artículo 19 ter prevé información accesible gratuitamente mediante BRIS sobre matrices y filiales. Su ámbito se vincula a los grupos respecto de los cuales las sociedades matrices comprendidas en el precepto están obligadas a elaborar y publicar estados financieros consolidados.

La medida facilita localizar relaciones societarias que actualmente pueden requerir la consulta e interpretación de documentación contable. Los Estados miembros podrán disponer que la información incluya la parte del capital poseída entre la matriz última y cada filial.

2.3.3. Promedio anual de trabajadores

La Directiva contempla asimismo el acceso al promedio anual de trabajadores cuando concurran las condiciones legales y técnicas previstas. La disponibilidad de este dato queda vinculada a su inclusión en los estados financieros conforme al derecho nacional y a la posibilidad de extraerlo en forma de datos.

3. Garantías de fiabilidad y calendario de aplicación

3.1. Control preventivo y actualización registral

3.1.1. Control de legalidad de los documentos societarios

La circulación transfronteriza de datos exige que la información de origen sea fiable. El artículo 10 reformado establece un control preventivo administrativo, judicial o notarial, o una combinación de ellos, sobre la escritura de constitución, los estatutos y sus modificaciones.

Comprende controles formales y sustantivos y se aplica tanto a procedimientos íntegramente en línea como a los demás.

3.1.2. Comunicación, inscripción y publicación de los cambios

La actualización constituye la segunda garantía. Como regla general, con las excepciones previstas, los cambios deberán presentarse al registro en un plazo máximo de quince días hábiles.

Su inscripción y publicación deberán efectuarse en diez días hábiles desde la finalización de los trámites exigidos, con la posibilidad de ampliación en las circunstancias excepcionales contempladas.

Estos plazos deben leerse conjuntamente con sus reglas de cómputo y excepciones. En particular, el plazo registral de diez días comienza una vez concluidos los trámites necesarios.

3.2. Entrada en vigor, transposición y aplicación

3.2.1. Calendario general y disposiciones específicas

El artículo 4 establece un calendario escalonado:

Disposiciones Fecha límite de transposición Inicio de aplicación
Régimen general 31 de julio de 2027 31 de julio de 2028
Información sobre grupos y promedio de trabajadores: artículos 19 ter y 19.2.i) de la Directiva (UE) 2017/1132 1 de agosto de 2028 1 de agosto de 2029

La Directiva está en vigor desde el 30 de enero de 2025, pero esa entrada en vigor debe distinguirse de la aplicación de sus medidas nacionales de transposición.

3.2.2. Situación durante el curso 2026-2027

Durante el curso 2026-2027, BRIS constituye una infraestructura ya operativa, mientras que los nuevos instrumentos y obligaciones deben situarse en su correspondiente calendario.

Como adelantábamos en la entrada anterior de DerMerUle, esta fase de digitalización afecta a la forma de acreditar y utilizar la información societaria en el mercado interior. Su resultado dependerá de que la reducción de trámites vaya acompañada de datos actualizados, representación comprobable y cooperación efectiva entre registros.

Mercado único y crecimiento empresarial: del informe de competitividad de 2025 al balance de 2026  

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Las barreras internas vuelven a ocupar un lugar central en el Informe anual sobre el mercado único y la competitividad de 2026, presentado por la Comisión Europea mediante la Comunicación COM(2026) 46 final, de 30 de enero. Su lectura, junto con el informe de 2025, permite apreciar la continuidad del diagnóstico y el creciente énfasis en la aplicación efectiva de las normas de derecho positivo. Ambos documentos interesan al derecho mercantil porque examinan las condiciones que permiten a las empresas establecerse, financiarse y desarrollar su actividad en distintos Estados miembros. Son comunicaciones de análisis y orientación política: sus prioridades deben distinguirse de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable.

Del diagnóstico de ralentización en 2025 al estancamiento verificado en 2026

 

  • El Informe anual sobre el mercado único y la competitividad de 2025 —COM(2025) 26 final, de 29 de enero— ya advertía de la ralentización de la integración y de las dificultades que las cargas administrativas ocasionaban a las empresas, especialmente a las pymes. Su análisis, basado en 22 indicadores, señalaba obstáculos en los servicios y divergencias societarias que dificultaban la creación de empresas y el registro de filiales en otros Estados miembros.
  • El Informe anual sobre el mercado único y la competitividad de 2026 —COM(2026) 46 final, de 30 de enero— amplía de 22 a 29 los indicadores de seguimiento. El balance es desigual: seis mejoran claramente, seis empeoran y quince permanecen prácticamente estables; en otros dos todavía no existe una segunda observación que permita valorar la tendencia. La Comisión considera que la integración del mercado único se ha estancado y que los avances en la eliminación de barreras siguen siendo limitados. La estabilidad de numerosos indicadores debe interpretarse atendiendo al nivel del que parten: mantener una situación insuficiente también supone prolongar las dificultades que encuentran las empresas.

Los indicadores que maneja la Comisión abarcan cuatro ámbitos.

  • El primero, relativo al funcionamiento del mercado único, comprende la productividad laboral (1), la integración del mercado único (2), la simplificación de las normas de la UE (3), el déficit de conformidad en la transposición (4), la facilidad de cumplimiento regulatorio (5), el reconocimiento de cualificaciones profesionales (6), la duración de la elaboración de normas técnicas (7), la tasa de uso circular de materiales (8), la vigilancia del cumplimiento de los productos (9), las restricciones al comercio de servicios (10) y la digitalización de los procedimientos del mercado único (11).
  • El segundo ámbito, dedicado a la innovación y las capacidades, incluye el gasto en investigación y desarrollo (12), las solicitudes de patentes (13), la adopción empresarial de tecnologías digitales (14), la tasa de empleo (15), la escasez de trabajadores en ocupaciones vinculadas a la transición ecológica (16) y los resultados educativos PISA (17).
  • El tercero, sobre descarbonización industrial e inversión, reúne la inversión privada (18), la inversión pública (19), la inversión de capital riesgo (20), las inversiones de InvestEU para la transición industrial (21), los precios eléctricos para consumidores no domésticos (22), la electrificación (23), la cuota de energías renovables (24) y el incremento anual de capacidad de generación eléctrica renovable (25).
  • El cuarto, referido a la seguridad económica y las dependencias exteriores, examina el comercio extracomunitario respecto del PIB (26), la cuota exportadora en las importaciones mundiales (27), la capacidad interna de fabricación de tecnologías limpias (28) y el índice de vulnerabilidad exterior EXVI (29).

 Las seis mejoras identificadas de 2026 corresponden al reconocimiento de cualificaciones profesionales, la vigilancia del cumplimiento de los productos, la adopción empresarial de tecnologías digitales, las inversiones de InvestEU para la transición industrial, la participación de las renovables en el consumo energético y el incremento anual de capacidad de generación eléctrica renovable.

Los seis retrocesos afectan a la integración del mercado único, el déficit de conformidad en la transposición, la duración de la elaboración de normas técnicas, la escasez de trabajadores para la transición ecológica, los resultados PISA y la inversión privada.

Esta distribución permite apreciar las tensiones que atraviesan el crecimiento empresarial europeo. La adopción de tecnologías digitales puede avanzar mientras persisten obstáculos para operar en otros Estados; la expansión de las energías renovables puede encontrar dificultades por falta de personal cualificado; y la movilización de financiación mediante instrumentos europeos puede coexistir con un retroceso de la inversión privada.

Desde el análisis mercantil, interesa examinar esas relaciones y determinar en qué medida los obstáculos de un ámbito reducen los beneficios de los progresos alcanzados en otro.  También exige precisión la valoración de la simplificación.

El Informe anual sobre el mercado único y la competitividad de 2025 —COM(2025) 26 final, de 29 de enero— ya advertía de la ralentización de la integración, las cargas administrativas y la fragmentación de los servicios. También señalaba las dificultades derivadas de las divergencias societarias al constituir empresas o registrar filiales en otros Estados miembros. El problema del establecimiento transfronterizo estaba, por tanto, identificado antes del balance de 2026, aunque, la comparación con el nuevo informe  requiere atender a las definiciones, los períodos y las fuentes de cada indicador.

El año de publicación del informe no coincide necesariamente con el de los datos utilizados, y la modificación del conjunto de indicadores impide tratar el recuento de mejoras y retrocesos como una medida plenamente homogénea entre ediciones. La continuidad más significativa se encuentra en los problemas señalados: las dificultades para operar más allá del mercado nacional siguen condicionando el aprovechamiento de la dimensión europea.

Desde una perspectiva mercantil, esta persistencia permite concretar los efectos de la fragmentación jurídica. Antes de entrar en otro mercado, una empresa debe identificar las reglas aplicables, valorar si necesita una presencia estable, organizar sus relaciones contractuales y calcular los costes de cumplimiento. Parte de esos gastos se soporta antes de obtener ingresos y puede repetirse con cada nuevo destino. Su incidencia será especialmente intensa cuando el volumen de negocio previsto sea reducido o incierto. Una oportunidad comercial puede quedar descartada si los costes iniciales y la incertidumbre absorben la rentabilidad esperada.

Las consecuencias alcanzan a la propia organización societaria. La elección entre actuar desde el Estado de origen, abrir una sucursal, constituir una filial o recurrir a un distribuidor depende también de los requisitos y costes de cada alternativa. La fragmentación influye así en la decisión de expandirse y en la estructura jurídica elegida para hacerlo. El estudio del crecimiento empresarial exige considerar conjuntamente las reglas societarias, las condiciones de contratación y los procedimientos administrativos que acompañan al acceso a otros mercados.

La lectura de ambos informes ofrece, por ello, un criterio para valorar las reformas: comprobar si permiten que las empresas desarrollen su actividad transfronteriza con mayor previsibilidad y menores duplicidades. Para hacerlo habrá que identificar qué costes dificultan la entrada, cuáles responden a garantías necesarias y qué divergencias carecen de justificación suficiente. También convendrá examinar si la digitalización permite completar los procedimientos desde otro Estado miembro o si mantiene dificultades que obligan a recurrir a trámites adicionales. En esas condiciones concretas de establecimiento y funcionamiento se juega una parte relevante de la integración del mercado interior.

De la Estrategia de 2025 a las prioridades de aplicación de 2026

Arija

Arija

El informe anual de 2025, la Estrategia del Mercado Único de mayo de ese año y el informe de 2026 forman una secuencia: diagnóstico de las dificultades, identificación de las barreras prioritarias y definición de actuaciones para corregirlas. En ese recorrido, la Estrategia de 21 de mayo de 2025 —COM(2025) 500 final— identificó diez grandes obstáculos bajo la expresión Terrible Ten, mientras que el informe de 2026 incorpora la primera Agenda anual de aplicación de las normas del mercado único.

Las diez barreras comprenden problemas de distinta naturaleza. Algunas proceden de la complejidad normativa; otras, de divergencias administrativas, controles insuficientes o prácticas comerciales que fragmentan los mercados. Su identificación permite ordenar las actuaciones, aunque la respuesta jurídica requiere examinar cada obstáculo y las competencias para corregirlo.

  • La primera es la complejidad excesiva de las normas de la Unión. La acumulación de obligaciones puede generar duplicidades documentales y dificultades para coordinar su cumplimiento. La revisión debe identificar qué información se solicita reiteradamente y qué trámites pueden simplificarse, atendiendo a la función de información, protección o control que cumple cada exigencia.
  • La segunda es la insuficiente asunción de responsabilidad por los Estados miembros en el funcionamiento del mercado único. La integración requiere que las decisiones nacionales y su ejecución administrativa respeten las reglas comunes. La Estrategia propone reforzar la coordinación mediante representantes de alto nivel y el Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único, conocido como SMET. Su utilidad debe apreciarse en la prevención y eliminación de obstáculos concretos.
  • La tercera comprende las dificultades para establecer y desarrollar empresas en otros Estados miembros. Una presencia permanente exige conocer el Derecho nacional, elegir la estructura jurídica y cumplir sus requisitos organizativos y administrativos. Para una pyme, los costes de asesoramiento y adaptación pueden repetirse con cada nuevo mercado. Por ello, la simplificación de la constitución debe examinarse junto con las condiciones posteriores de funcionamiento y expansión.
  • La cuarta se refiere a los obstáculos al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Los procedimientos prolongados o complejos pueden impedir que una empresa disponga a tiempo de los profesionales necesarios para prestar un servicio en otro Estado. Esta barrera conecta la movilidad profesional con la capacidad empresarial para aceptar encargos y ejecutar contratos.
  • La quinta identifica los retrasos en la elaboración de normas técnicas. La disponibilidad tardía de estas normas dificulta la planificación de la comercialización y puede incrementar la incertidumbre y los costes de acreditación de la conformidad. Su incidencia resulta especialmente relevante para las empresas que introducen productos innovadores.
  • La sexta es la fragmentación de las reglas sobre envases, etiquetado y residuos. Abarca divergencias en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y en los criterios que determinan cuándo un material deja de ser residuo. La Estrategia ilustra la carga administrativa con una empresa de equipos de iluminación que, para vender en tres grandes Estados miembros, debe obtener dieciséis registros y relacionarse con diez autoridades por sus obligaciones sobre envases, aparatos eléctricos y electrónicos y baterías.
  • Las consecuencias alcanzan a los contratos de suministro: quién tramita los registros, quién aporta la información y quién soporta las tasas. En los materiales recuperados, las diferencias de clasificación jurídica también pueden afectar al transporte, la entrega y los costes de la operación. Reducir esa incertidumbre facilita la organización de actividades circulares.
  • La séptima combina la necesidad de actualizar las reglas armonizadas sobre productos con las deficiencias en su cumplimiento. La vigilancia insuficiente permite que productos que incumplen las exigencias aplicables accedan al mercado, con riesgos para sus destinatarios y perjuicios para las empresas que asumen los costes de cumplirlas. La aplicación efectiva de las normas contribuye, por tanto, a mantener condiciones equitativas de competencia.
  • La octava es la regulación nacional restrictiva y divergente de los servicios. Las diferencias entre requisitos y procedimientos pueden dificultar que un prestador desarrolle su actividad en otros Estados. El examen jurídico debe atender a la justificación y proporcionalidad de las exigencias, así como a las posibilidades de reconocimiento y cooperación administrativa.
  • La novena comprende los procedimientos gravosos para el desplazamiento temporal de trabajadores. Una empresa que instala o mantiene equipos en otro Estado puede necesitar trasladar durante unos días a su personal técnico. La diversidad de declaraciones y trámites nacionales complica esa prestación. SMET trabaja en buenas prácticas para reducir cargas administrativas manteniendo la protección de los trabajadores.
  • La décima son las restricciones territoriales de suministro. Determinadas prácticas de fabricantes dificultan que minoristas o mayoristas compren mercancías en un Estado miembro para revenderlas en otro. Pueden limitar la elección y contribuir a diferencias de precios entre mercados nacionales. Su tratamiento exige distinguir los supuestos comprendidos en el Derecho de la competencia de otras prácticas que quedan fuera de su ámbito y para las que la Comisión plantea instrumentos adicionales.

La Agenda de 2026: morosidad y servicios para la transición ecológica

En 2026 se concretan dos prioridades para investigaciones horizontales y actuaciones específicas de aplicación: la morosidad en las relaciones entre empresas y autoridades públicas y los obstáculos a los servicios de construcción e instalación vinculados a la transición ecológica. Prevé diálogo con los Estados miembros y, cuando sea necesario, procedimientos de infracción, además de información pública sobre los objetivos y resultados de las actuaciones.

  • La prioridad sobre la morosidad afecta directamente a la liquidez empresarial. El retraso de un pago puede obligar al proveedor a financiar durante más tiempo los costes de una prestación ya realizada y reducir su capacidad para asumir nuevos contratos. La efectividad de las reglas de pago influye así en las posibilidades de acceso y permanencia en el mercado.
  • La segunda prioridad concentra la atención en servicios necesarios para ejecutar inversiones ambientales. La adquisición de una tecnología puede requerir instalación, mantenimiento o adaptación de edificios. Las barreras a esas prestaciones pueden retrasar el proyecto completo. La actuación deberá identificar las exigencias necesarias para garantizar la seguridad y la cualificación profesional y corregir duplicidades o restricciones injustificadas.

La financiación como condición del crecimiento

A las barreras anteriores se añaden las limitaciones financieras señaladas por el informe de 2026. La inversión privada descendió del 18,6 % del PIB en 2023 al 17,6 % en 2024; la inversión de capital riesgo se mantuvo en el 0,06 % del PIB, aproximadamente una décima parte del nivel estadounidense; y el gasto público y privado en investigación y desarrollo alcanzó el 2,24 % del PIB en 2024, por debajo del objetivo europeo del 3 %. Estas cifras corresponden a los períodos indicados, anteriores a la publicación del informe.

Desde una perspectiva mercantil, interesa relacionar estas limitaciones con los instrumentos jurídicos de financiación. Una empresa innovadora necesita cubrir el período entre la investigación, la comercialización y la obtención de ingresos. En ese recorrido importan la entrada de inversores, las ampliaciones de capital, los pactos entre socios y las posibilidades de desinversión.

La evaluación de las reformas puede apoyarse, por tanto, en resultados concretos: reducción del tiempo y coste de establecerse en otro Estado, eliminación de trámites reiterados, cobro puntual de prestaciones, acceso a financiación y mayor previsibilidad en la circulación de productos y materiales. Esos resultados permitirán valorar si las iniciativas europeas mejoran las condiciones efectivas de crecimiento empresarial.

 

Documentos de referencia

Comentarios y reacciones para ampliar la lectura

  •  SMEunited: la perspectiva de las pymes. En su comentario de 3 de febrero de 2026, Single Market 2026 report: SMEs deplore a Single Market at a standstill, la organización insiste en la necesidad de medidas concretas y vincula la fragmentación con la complejidad de los procedimientos que afrontan las pymes al operar en otros Estados. Es una reacción de representación empresarial, útil para contrastar el diagnóstico institucional con las preocupaciones de sus destinatarios.
  • La pregunta escrita E-000919/2026, presentada por Dan-Ştefan Motreanu el 4 de marzo de 2026, en el Parlamento europeo  plantea qué nuevas medidas prevé adoptar la Comisión para acelerar la integración y conseguir mejoras tangibles de competitividad de aquí a 2027. Su interés reside en trasladar el diagnóstico del informe al control político de la actuación de la Comisión; debe citarse como pregunta parlamentaria, sin atribuirle el valor de una posición del Parlamento en su conjunto.

 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. De Plaumann a Nicoventures: la impugnación de actos delegados de la UE por particulares y los límites de la legitimación ante el TJUE

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La creciente utilización por la Comisión Europea de actos delegados para completar aspectos técnicos de la legislación de la Unión plantea una cuestión de considerable importancia práctica: ¿en qué condiciones puede un particular —persona física o jurídica— impugnar directamente una de esas normas? El artículo 263, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece un sistema específico de legitimación para interponer recursos. Una persona física o jurídica puede recurrir los actos de los que sea destinataria; los actos que, sin estar dirigidos a ella, la afecten directa e individualmente; y, desde el Tratado de Lisboa, los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.

Guess who

Aunque suele hablarse genéricamente de impugnación «ante el TJUE», conviene precisar que el recurso de anulación promovido por particulares se interpone normalmente en primera instancia ante el Tribunal General, cuyas resoluciones pueden posteriormente ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. El problema adquiere especial interés respecto de los actos delegados del artículo 290 TFUE. Son actos no legislativos de alcance general mediante los cuales la Comisión puede completar o modificar determinados elementos no esenciales de un acto legislativo, dentro de los límites establecidos por este. No deben confundirse con los actos de ejecución del artículo 291 TFUE, cuya función consiste en establecer condiciones uniformes para la ejecución de actos jurídicamente vinculantes de la Unión.

 

De la rigidez de Plaumann a la apertura introducida por Lisboa

El punto de partida – relevante aún hoy- continúa siendo la sentencia Plaumann & Co. contra Comisión, asunto 25/62, de 15 de julio de 1963. La empresa Plaumann, dedicada a la importación de mandarinas y clementinas, pretendía impugnar una decisión de la Comisión dirigida a la República Federal de Alemania. El entonces artículo 173 del Tratado CEE permitía recurrir a quienes, sin ser destinatarios de una decisión, resultasen directa e individualmente afectados.

El Tribunal formuló entonces el criterio que ha condicionado durante décadas el acceso de los particulares al recurso de anulación. Existe afectación individual cuando el acto alcanza al recurrente por determinadas cualidades que le son propias o por una situación de hecho que lo caracteriza frente a cualquier otra persona, individualizándolo de modo análogo al destinatario. Plaumann no cumplía esa condición porque ejercía una actividad económica que podía ser desarrollada por cualquier operador.

La doctrina Plaumann es especialmente exigente frente a normas de alcance general. Que una empresa pertenezca a un sector particularmente afectado, soporte costes elevados o resulte económicamente perjudicada no significa necesariamente que quede «individualmente» afectada en el sentido del artículo 263 TFUE. La rigidez de esta interpretación alimentó un importante debate sobre tutela judicial efectiva. En Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo, C-50/00 P, el abogado general Jacobs propuso una interpretación más amplia de la afectación individual. El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 25 de julio de 2002, mantuvo, sin embargo, su jurisprudencia y señaló que una modificación sustancial del sistema de recursos establecido por los Tratados correspondía al poder de reforma de estos y no al juez de la Unión.

El Tratado de Lisboa introdujo una modificación importante. El particular ya no tiene que demostrar afectación individual cuando impugna un «acto reglamentario» que le afecta directamente y que no incluye medidas de ejecución. La apertura es significativa, pero su alcance depende de qué se entienda, primero, por acto reglamentario y, segundo, por medida de ejecución.

La primera cuestión fue aclarada por la Gran Sala en Inuit Tapiriit Kanatami y otros contra Parlamento y Consejo, C-583/11 P, sentencia de 3 de octubre de 2013. Los recurrentes pretendían impugnar el Reglamento n.º 1007/2009 sobre el comercio de productos derivados de la foca. El Tribunal confirmó que la expresión «acto reglamentario» utilizada en el artículo 263, párrafo cuarto, TFUE se refiere a los actos de alcance general que no tienen naturaleza legislativa. El reglamento controvertido había sido adoptado mediante procedimiento legislativo y, por tanto, no podía beneficiarse de la vía más flexible introducida por Lisboa. La sentencia es fundamental para los actos delegados. Estos son actos no legislativos y, cuando poseen alcance general, pueden constituir «actos reglamentarios» en el sentido del artículo 263 TFUE. Pero esa calificación no basta. El recurrente debe seguir demostrando que el acto le afecta directamente y que, para producir sus efectos respecto de él, no requiere medidas de ejecución.

 

Telefónica, T&L Sugars y Dyson: las distintas barreras a la impugnación directa

La sentencia Telefónica contra Comisión, C-274/12 P, de 19 de diciembre de 2013, permitió precisar la exigencia relativa a las medidas de ejecución. El litigio tenía su origen en una decisión de la Comisión sobre el régimen español de amortización fiscal del fondo de comercio financiero derivado de determinadas adquisiciones de participaciones extranjeras.

Telefónica pretendía utilizar la nueva vía del artículo 263, párrafo cuarto, TFUE, pero el Tribunal de Justicia inadmitió el recurso: La disposición controvertida se aplicaba a situaciones objetivamente determinadas y producía efectos respecto de categorías de personas consideradas de forma general y abstracta, por lo que la empresa no quedaba individualizada en el sentido de Plaumann. Además, para que la decisión produjera determinadas consecuencias concretas respecto de Telefónica era necesaria la intervención posterior de las autoridades tributarias españolas. Existían, por tanto, medidas de ejecución. Este último aspecto es especialmente importante. La existencia de una medida de ejecución no exige necesariamente que la autoridad nacional disponga de una amplia capacidad decisoria. Lo relevante es comprobar si el acto de la Unión produce por sí mismo todos sus efectos jurídicos sobre la posición del recurrente o si resulta necesaria una actuación posterior.

La Gran Sala del TJUE desarrolló la mencionada idea en T&L Sugars y Sidul Açúcares contra Comisión, C-456/13 P, sentencia de 28 de abril de 2015. El asunto se refería a diversas medidas adoptadas por la Comisión ante la situación del mercado europeo del azúcar, entre ellas reglamentos relacionados con la liberación de azúcar fuera de cuota y la apertura de un contingente arancelario. Las empresas recurrentes sostenían que las actuaciones posteriores de las autoridades nacionales eran automáticas y que no debían, por tanto, considerarse verdaderas medidas de ejecución. El Tribunal no aceptó esa interpretación. La existencia de una medida de ejecución no depende de que la autoridad que la adopta disponga de margen de apreciación. También una actuación esencialmente mecánica puede constituir una medida de ejecución cuando resulta necesaria para que la norma europea produzca sus efectos respecto del operador concreto.

Telefónica y T&L Sugars muestran, por ello, una limitación importante de la reforma de Lisboa. En numerosos sectores regulados, la Comisión adopta reglas generales cuyos efectos se concretan posteriormente mediante autorizaciones, liquidaciones, certificados, decisiones administrativas u otras actuaciones nacionales. Aunque estas últimas se encuentren fuertemente predeterminadas por el Derecho de la Unión, su existencia puede impedir que el particular utilice la tercera vía del artículo 263, párrafo cuarto, TFUE. La tutela deberá buscarse entonces, según los casos, mediante la impugnación de la medida nacional y una eventual cuestión prejudicial de validez.

 

Dyson ofrece el contrapunto más conocido. La empresa impugnó el Reglamento Delegado (UE) n.º 665/2013 de la Comisión, sobre etiquetado energético de las aspiradoras. A diferencia de los asuntos anteriores, se trataba de un verdadero acto delegado que imponía directamente a los fabricantes determinadas reglas de etiquetado sin necesidad de una decisión nacional individual posterior. El litigio no terminó centrándose únicamente en la legitimación, sino en los propios límites de las facultades delegadas de la Comisión. Dyson cuestionaba el método utilizado para medir la eficiencia energética de las aspiradoras, que realizaba las pruebas con el colector de polvo vacío. A su juicio, ese sistema no reflejaba correctamente las condiciones de uso y perjudicaba a sus aspiradoras sin bolsa. El Tribunal General desestimó inicialmente el recurso mediante sentencia de 11 de noviembre de 2015, T-544/13. Consideró, en esencia, que la Comisión disponía de un margen de apreciación técnica al elegir el método de ensayo. Sin embargo, en casación, el Tribunal de Justicia dictó sentencia de 11 de mayo de 2017, C-44/16 P, y consideró que el Tribunal General había desnaturalizado uno de los argumentos de Dyson. La empresa no planteaba únicamente que existiera una opción técnica mejor, sino que sostenía que la Comisión se había apartado de los límites fijados por el legislador en la norma habilitante. Tras el reenvío, el Tribunal General, en sentencia de 8 de noviembre de 2018, T-544/13 RENV, anuló el Reglamento Delegado n.º 665/2013. Consideró que la exigencia de proporcionar información sobre el consumo energético en condiciones lo más próximas posible a la utilización real formaba parte del marco esencial fijado por el legislador. El método basado exclusivamente en el colector vacío no respetaba suficientemente esa exigencia.

 

El asunto Dyson muestra así dos cuestiones diferentes que conviene no confundir. Una es procesal: determinar si el particular está legitimado para impugnar directamente el acto. Otra es sustantiva: determinar si la Comisión, al adoptar un acto delegado, ha respetado los límites de la habilitación legislativa. La Comisión dispone de un margen relevante para resolver cuestiones técnicas complejas, pero un acto delegado no puede modificar elementos esenciales de la legislación ni sustituir decisiones que corresponden al legislador. Una impugnación basada simplemente en que existe una solución técnica mejor es distinta de aquella que demuestra que la solución elegida contradice una decisión esencial contenida en el acto legislativo habilitante.

 

El recorrido posterior de Dyson añade otra precisión. Tras obtener la anulación del Reglamento Delegado, la empresa reclamó una indemnización por los daños sufridos durante su vigencia. Esa pretensión dio lugar, entre otros, al asunto C-122/22 P, Dyson y otros contra Comisión. El Tribunal de Justicia desestimó el recurso el 11 de enero de 2024. La anulación de un acto, por tanto, no determina automáticamente la responsabilidad extracontractual de la Unión: esta exige que concurran los requisitos específicos establecidos para la indemnización, entre ellos una infracción suficientemente caracterizada de una norma destinada a conferir derechos a los particulares.

 

Nicoventures: la afectación individual no desaparece, pero tampoco es imposible

 

La evolución reciente añade un pronunciamiento especialmente relevante. En Nicoventures Trading y otros contra Comisión, C-731/23 P, sentencia de 18 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia volvió sobre la afectación individual precisamente en relación con un acto delegado.

Varias sociedades del grupo British American Tobacco habían recurrido la Directiva Delegada (UE) 2022/2100, mediante la cual la Comisión modificó la regulación de determinados productos de tabaco calentado. El Tribunal General había declarado inadmisible el recurso mediante auto en el asunto T-706/22. El Tribunal de Justicia, en cambio, estimó el recurso de casación en lo relativo a la legitimación y devolvió el asunto al Tribunal General.

 

La importancia de Nicoventures radica en que no abandona la doctrina Plaumann, pero pone de relieve que una norma de alcance general puede afectar individualmente a determinados operadores cuando estos forman un círculo limitado e identificable en el momento de adopción del acto y concurren circunstancias específicas que los distinguen respecto del resto. En aquel supuesto cobraban especial importancia las obligaciones regulatorias de información y notificación y las autorizaciones de comercialización. El propio sistema regulatorio permitía identificar a los operadores que ya comercializaban los productos afectados. No se trataba, por tanto, simplemente de cualquier empresa que en el futuro pudiera decidir entrar en ese mercado, sino de un conjunto de operadores cuya posición podía determinarse a partir de la regulación existente. El propio encabezamiento oficial de la sentencia destaca como cuestiones centrales la «afectación individual», el «círculo limitado de operadores económicos», las obligaciones de información y notificación y la autorización de comercialización.

 

Nicoventures introduce así un matiz importante frente a una lectura excesivamente rígida de Plaumann. La pertenencia a un sector económico continúa siendo insuficiente. Pero cuando el marco jurídico permite identificar, antes de adoptarse la norma, un grupo limitado de operadores que se encuentran en una posición específica, la afectación individual puede existir.

La secuencia que va de Plaumann a Nicoventures permite apreciar mejor el sistema actual. Plaumann estableció una concepción restrictiva de la afectación individual. Unión de Pequeños Agricultores confirmó que esa exigencia no podía ser eliminada jurisprudencialmente invocando únicamente la tutela judicial efectiva. Lisboa abrió una nueva vía para los actos reglamentarios que afectan directamente y no incluyen medidas de ejecución. Inuit excluyó de esa categoría a los actos legislativos. Telefónica y T&L Sugars mostraron el alcance expansivo que puede adquirir la noción de medida de ejecución. Dyson demostró que un acto delegado directamente aplicable puede ser efectivamente sometido a control y anulado cuando la Comisión rebasa los límites de la delegación. Nicoventures confirma, finalmente, que incluso la clásica afectación individual puede apreciarse frente a un acto general cuando el recurrente pertenece a un círculo de operadores suficientemente limitado e identificable.

 

El análisis de la legitimación para impugnar exige, por tanto, evitar respuestas automáticas. Que una norma sea un acto delegado no significa por sí mismo que cualquier empresa afectada pueda recurrirla directamente. Será necesario comprobar su naturaleza, la forma en que produce sus efectos, la eventual existencia de medidas de ejecución y la posición concreta del recurrente. Y, cuando deba recurrirse a la afectación individual, habrá que determinar si el particular pertenece simplemente a una categoría abierta de operadores o si el marco jurídico existente permite individualizarlo de manera específica. A ello se añade un segundo plano, especialmente visible en Dyson: superar el filtro de admisibilidad solo permite acceder al examen de fondo. Será entonces necesario demostrar, en su caso, que la Comisión ha infringido la norma habilitante, ha desconocido los límites establecidos por el legislador o ha afectado a elementos que no podían ser objeto de delegación.

En una Unión en la que buena parte de la concreción técnica de la legislación se realiza mediante actos delegados, ambas cuestiones —quién puede recurrir y hasta dónde puede llegar la Comisión— se encuentran estrechamente relacionadas. La jurisprudencia muestra una tutela judicial exigente, pero no cerrada: el acceso directo sigue sometido a condiciones rigurosas, aunque tanto Dyson como, desde una perspectiva diferente, Nicoventures muestran que esas condiciones pueden cumplirse cuando la posición jurídica del recurrente y la configuración del acto lo justifican.

 

Concepto, diseño, ejecución, supervisión y revisión de la autora. Asistencia instrumental de IAGen.

CONVERSACIONES CON….. Tecnología, gobierno corporativo y derechos de los accionistas minoritarios: conversación con Pedro Pablo Pérez Carbó

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Tecnología, gobierno corporativo y derechos de los accionistas minoritarios: conversación con Pedro Pablo Pérez Carbó

¿Cómo afecta la transformación digital de una empresa a la información que reciben sus accionistas minoritarios? Esta pregunta será el punto de partida de una nueva sesión de «Conversaciones con…», organizada por el GID DerMerUle.

El jueves 24 de septiembre de 2026, recibiremos a Pedro Pablo Pérez Carbó, investigador postdoctoral de la Universidad de los Andes (Chile), para conversar sobre su trabajo «Derechos de información de los accionistas minoritarios y nuevas tecnologías en las empresas de agua potable en Chile: el caso de Aguas Andinas S.A.».

El estudio examina las tecnologías adoptadas por Aguas Andinas S.A. durante el periodo 2019-2023 y el régimen chileno de información de los accionistas. El caso nos permitirá debatir cómo se relacionan la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la protección de los inversores minoritarios en una empresa de servicios esenciales. La sesión tendrá un formato dialogado y el público podrá participar en el coloquio.

Fecha y hora: jueves 24 de septiembre, de 12:00 a 13:15 h.
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de León.
Programa: bienvenida institucional a las 12:00; conversación con el investigador invitado desde las 12:10; cierre previsto a las 13:15.

La entrada presencial es libre hasta completar aforo. Para obtener certificado de participación es necesario inscribirse en ediag@unileon.es. La asistencia en línea, con plazas limitadas, está reservada a alumnado de posgrado y doctorado y profesorado en formación; la inscripción se solicita en eperc@unileon.es. En el mensaje deben indicarse nombre y apellidos, correo electrónico y titulación y curso o situación académica.

La sesión está dirigida por Elena F. Pérez Carrillo, con la coordinación de Elicio Díaz Gómez y la secretaría digital de Sara Ranz Ortego.

La Catedrática de Derecho Mercantil, María Angustias Díaz Gómez, coordinadora del Área; junto con la Decana de la Facultad de Derecho y con la Coordinadora del GID, conforman la comisión académica de la actividad

El Proyecto de Ley para la Digitalización y Modernización del Sector Financiero: una reforma transversal del sistema financiero español

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El Proyecto de Ley para la Digitalización y Modernización del Sector Financiero constituye una de las reformas más amplias del Derecho financiero español de los últimos años. Más que crear un régimen jurídico completamente nuevo, actúa como una auténtica ley ómnibus financiera, cuyo objetivo es adaptar el ordenamiento español al paquete europeo de finanzas digitales, especialmente a los Reglamentos DORA y MiCA, reforzar la supervisión financiera, modernizar las infraestructuras de pago e impulsar la innovación tecnológica. Ver información oficial del proyecto:

Un nuevo paradigma regulatorio

Pisa di notte

La reforma responde a la transformación digital que está experimentando el sector financiero. La aparición de nuevos intermediarios tecnológicos, los servicios basados en datos, los criptoactivos y la creciente dependencia de infraestructuras digitales obligan a replantear los modelos tradicionales de supervisión y gestión de riesgos. En este contexto, el proyecto persigue un doble objetivo. Por un lado, favorecer la innovación, la competencia y la eficiencia de los mercados financieros. Por otro, garantizar que la digitalización no comprometa la estabilidad financiera, la protección de los clientes ni la seguridad operativa de las infraestructuras esenciales.

Los cuatro grandes ejes de la reforma

1. Integración de los criptoactivos en el sistema financiero regulado

Uno de los cambios más relevantes es la adaptación del ordenamiento español al Reglamento MiCA. La norma no crea un régimen propio para los criptoactivos, ya que este viene establecido directamente por la legislación europea, pero sí organiza su aplicación en España.

La CNMV asume nuevas funciones de autorización, registro y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, así como competencias sobre la publicidad de estos productos. Además, se refuerza su integración en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El resultado es la incorporación definitiva de los operadores de criptoactivos al perímetro regulatorio financiero tradicional.

2. La resiliencia operativa digital como nuevo principio supervisor

La aplicación del Reglamento DORA constituye probablemente el núcleo de toda la reforma. El proyecto adapta numerosas leyes financieras para identificar a las autoridades competentes, desarrollar potestades supervisoras y establecer mecanismos sancionadores.

La principal consecuencia es que la supervisión deja de centrarse exclusivamente en factores financieros clásicos, como la solvencia o la liquidez, para incorporar con igual relevancia aspectos tecnológicos como:

  • riesgos TIC;
  • ciberseguridad;
  • gestión de incidentes;
  • dependencia de proveedores tecnológicos;
  • continuidad operativa de los servicios financieros.

La resiliencia digital pasa así a convertirse en un elemento esencial de la estabilidad financiera.

3. Modernización del sistema de pagos

La reforma introduce importantes cambios en el ámbito de los pagos electrónicos.

Destaca especialmente la posibilidad de que entidades de pago y entidades de dinero electrónico accedan directamente a determinados sistemas de pago, reduciendo la dependencia tradicional de las entidades bancarias y favoreciendo una mayor competencia.

Paralelamente, se refuerzan las competencias supervisoras del Banco de España y se actualiza la normativa para adaptarla al crecimiento de las fintech, el open banking y los nuevos proveedores tecnológicos.

Dentro de este bloque también se sitúan las reformas relativas a Iberpay, considerada una infraestructura estratégica para el sistema nacional de pagos. El proyecto introduce mecanismos de autorización previa para determinadas adquisiciones significativas con el fin de preservar su estabilidad y relevancia estratégica.

4. Impulso a la innovación financiera del sandbox

La reforma actualiza la Ley 7/2020 de transformación digital del sistema financiero y evoluciona el modelo del sandbox regulatorio español. Tras varios años de funcionamiento, el legislador apuesta por convertirlo en un instrumento permanente mediante:

  • convocatoria abierta de forma continuada;
  • simplificación de procedimientos;
  • reducción de cargas administrativas;
  • mayor flexibilidad para proyectos innovadores;
  • mejor integración con el ecosistema europeo.

La innovación deja así de tratarse como una excepción para convertirse en un componente ordinario de la regulación financiera.

Otras reformas relevantes

Junto a estos grandes bloques, el proyecto introduce modificaciones en numerosas normas financieras:

  • Ley 10/2014 de entidades de crédito, adaptando la supervisión bancaria a los riesgos tecnológicos.
  • Ley 6/2023 del Mercado de Valores, para coordinarla con MiCA, DORA y las nuevas infraestructuras de mercado.
  • Normativa de entidades de pago y dinero electrónico, reforzando exigencias de resiliencia operativa y gestión de riesgos TIC.
  • Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, mediante medidas de simplificación regulatoria.
  • Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, adaptando el régimen de financiación alternativa a los nuevos desarrollos europeos.
  • Real Decreto-Ley 5/2005 sobre garantías financieras, corrigiendo ajustes técnicos derivados de reformas europeas recientes.

Transparencia y acceso europeo a la información financiera

Otra novedad significativa es la adaptación al Punto de Acceso Único Europeo (ESAP). Este sistema permitirá acceder desde una plataforma europea común a la información financiera y corporativa de las empresas españolas.

La medida pretende incrementar la transparencia, reducir asimetrías informativas y facilitar el acceso transfronterizo a la información por parte de inversores, supervisores y participantes del mercado.

Una reforma de alcance estructural

Desde una perspectiva global, la reforma puede resumirse en seis grandes objetivos:

  1. Integrar plenamente DORA y MiCA en el sistema jurídico español.
  2. Modernizar la supervisión financiera y tecnológica.
  3. Reforzar la resiliencia operativa digital.
  4. Actualizar y abrir a la competencia el sistema de pagos.
  5. Impulsar la innovación financiera mediante el sandbox y otros mecanismos regulatorios.
  6. Mejorar la transparencia y simplificar el marco normativo.

En definitiva, estamos ante una reforma horizontal que afecta simultáneamente a la banca, los mercados de valores, los servicios de pago, las infraestructuras financieras y los criptoactivos. Su importancia radica en que consolida la transición desde un modelo regulatorio centrado exclusivamente en las entidades financieras hacia otro basado enla supervisión de riesgos tecnológicos, infraestructuras digitales y ecosistemas financieros interconectados, características propias de las finanzas digitales del siglo XXI.

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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. STS, el D&O ante la ampliación de capital en el Banco Popular. Exclusiones generales de la póliza y su impacto en la cobertura de defensa jurídica

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La sentencia que se trae a comentario hoy resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación en materia de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O). El núcleo del litigio es si la póliza cubría las reclamaciones vinculadas a la ampliación de capital de Banco Popular de mayo de 2016. El Tribunal Supremo desestima ambos recursos y confirma la interpretación de la Audiencia Provincial: la cláusula de exclusión era clara y comprendía las reclamaciones relacionadas con esa operación.

La controversia se centra en la interpretación de un conjunto de cláusulas de exclusión y de delimitación del riesgo asegurado de la póliza:

  • una exclusión general que negaba cobertura a las reclamaciones derivadas de operaciones de venta, colocación, adquisición o cualquier oferta pública o privada de valores emitidos por la sociedad tomadora
  • una exclusión específica referida a la oferta de suscripción vinculada al aumento de capital aprobado en noviembre de 2012.
  • Además, la estipulación II, apartado 7, de las condiciones especiales delimitaba el concepto de «gastos de defensa»: los gastos del proceso, costas procesales, honorarios profesionales y derechos de arancel necesarios y razonables en que incurriera el asegurado, con el previo consentimiento escrito del asegurador, vinculados a su defensa y representación o a la obtención de asesoramiento legal en cualquier procedimiento judicial —civil, penal o de otro orden— o en procedimientos administrativos o actuaciones inspectoras o instructoras comprendidas en la cobertura.

La cuestión de fondo era si estas disposiciones contractuales  singulares pudieran modular o restringir el alcance de la exclusión general, o si operaban de forma acumulativa. El Tribunal Supremo se inclina por esta segunda opción: la exclusión general conserva plena eficacia, de modo que las reclamaciones derivadas de la ampliación de 2016 quedan comprendidas en su ámbito.

 

Antecedentes

 

Un directivo de Banco Popular figuraba como asegurado en la póliza de responsabilidad civil de administradores y directivos suscrita por el banco, inicialmente con ACE European Group Limited y, después, con Chubb European Group SE, con efectos desde el 24 de julio de 2005. La póliza preveía la cobertura de la responsabilidad civil y de los gastos de defensa derivados de reclamaciones formuladas por primera vez durante el período de seguro, siempre que estuvieran dentro de los riesgos asegurados, definiendo los gastos de defensa en los mismos términos ya descritos.

El contrato incluía, no obstante, una exclusión de especial relevancia: quedaban fuera de cobertura las reclamaciones basadas en, relacionadas con o derivadas directa o indirectamente de la venta, colocación, admisión, adquisición o cualquier otra oferta pública o privada de valores mobiliarios de la sociedad, así como las vinculadas específicamente a la oferta de acciones y derechos preferentes de suscripción resultante del aumento de capital aprobado por la junta de Banco Popular el 10 de noviembre de 2012.

Sobre esa base, el directivo demandó a Chubb solicitando que se declarase que la póliza cubría su responsabilidad civil y los gastos de defensa jurídica derivados de su eventual responsabilidad por la ampliación de capital de 2016, y, subsidiariamente, la cobertura de otros hechos investigados penalmente distintos de esa ampliación. La aseguradora se opuso alegando, de un lado, que aún no había nacido la responsabilidad civil asegurada al no existir condena y, de otro, que los hechos investigados no estaban cubiertos.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, y la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia n.º 448/2021, de 23 de septiembre, confirmó ese criterio, razonando que la exclusión específica del aumento de 2012 no afectaba a la exclusión general de las ampliaciones de capital del apartado a). El directivo interpuso entonces recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, ya limitados a discutir la cobertura de los gastos de defensa jurídica en el proceso penal. Este es precisamente el recurso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo 920/2026, de 16 de junio (Roj: STS 2630/2026, ECLI:ES:TS:2026:2630, Id Cendoj 28079110012026100915, recurso n.º 8395/2021, ponente Pedro José Vela Torres), que constituye la base de todo este bloque doctrinal (ver comentario del Prof. A Tapia).

 Criterio interpretativo del Tribunal Supremo

El punto de partida del Tribunal Supremo, que mantiene sustancialmente lo resuelto en instancias inferiores, es una lectura marcadamente literal del clausulado. Considera que la redacción de la póliza presenta claridad suficiente para una solución interpretativa directa, sin necesidad de desplegar con intensidad otros criterios hermenéuticos —la interpretación sistemática, la finalidad económica del contrato o la reconstrucción de la voluntad de las partes—. Desde esta perspectiva, la cláusula general de exclusión se proyecta sobre cualquier reclamación conectada, directa o indirectamente, con operaciones de colocación o suscripción de valores, lo que incluye sin dificultad la ampliación de 2016.

El caso pone de relieve que aún quedan cuestiones por asentar en la jurisprudencia sobre seguros D&O. Conviene recordar la distinción estructural entre la defensa jurídica accesoria al seguro de responsabilidad civil —que corresponde asumir al asegurador con carácter general, salvo pacto en contrario o conflicto de intereses, conforme al artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS)— y el seguro de defensa jurídica como modalidad autónoma y principal, regulada en el artículo 76 a) de la misma norma.

El Tribunal rechaza que la cláusula específica del aumento de 2012 introduzca un elemento de restricción o especialidad capaz de desplazar la exclusión general: no existe una verdadera relación de especialidad, sino una coexistencia de previsiones que operan en planos distintos sin interferencia normativa. La cláusula particular no se interpreta como excepción que acote la regla general, sino como previsión adicional que no altera su contenido; no hay, por tanto, contradicción interna que obligue a modular el sentido de la exclusión principal.

A esta construcción, el Tribunal añade un argumento de refuerzo contextual: la ausencia de indicios de que existiera cobertura efectiva o práctica aseguradora consistente respecto de los gastos de defensa vinculados a la ampliación de 2016. Este dato extrínseco confirma que no cabía sostener una expectativa razonable de cobertura para ese riesgo, de modo que la interpretación literal no queda desmentida por la conducta de las partes ni por la lógica económica del seguro.

En conjunto, el razonamiento revela una clara preferencia por la autosuficiencia del tenor literal como criterio decisivo, relegando a un papel complementario —casi confirmatorio— los elementos sistemáticos y contextuales. Esta opción tiene la virtud de la claridad y la seguridad jurídica, pero deja menos espacio para una lectura más integrada de la póliza como unidad contractual.

Confirmación: las Sentencias 921/2026, 1125/2026 y 1127/2026

El criterio fijado en la STS 920/2026 no queda aislado: en apenas dos meses, la Sala Primera —con Pedro José Vela Torres como ponente en varias de ellas— lo reitera en un bloque de resoluciones dictadas sobre la misma póliza de Banco Popular/Chubb: la propia STS 920/2026, de 16 de junio (recurso del directivo mencionado); la STS 921/2026, de la misma fecha; la STS 1125/2026, de 8 de julio (recurso de casación de Chubb frente a un consejero que había formado parte del consejo de administración entre 2006 y 2017); y la STS 1127/2026, de 10 de julio (recurso de casación de Chubb frente al expresidente de la entidad). Todas resuelven demandas de distintos exconsejeros y directivos investigados en las diligencias previas 42/2017 del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2016.

La STS 1125/2026 (ponente Pedro José Vela Torres, ECLI:ES:TS:2026:2988, Id Cendoj 28079110012026101082, recurso n.º 2987/2024) resuelve el caso de ese consejero, que reclamó a Chubb el anticipo de gastos de defensa y de una fianza. El Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Madrid había desestimado la demanda por razones procesales (improcedencia de una acción mero declarativa), pero la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10.ª), en sentencia n.º 43/2024, de 25 de enero de 2026, la había estimado entendiendo cubiertos esos gastos. El Tribunal Supremo, aplicando «la misma respuesta» ya dada en las SSTS 920/2026 y 921/2026, estima el recurso de casación de Chubb, casa la sentencia de apelación y confirma la desestimación de la demanda —aunque por razonamientos jurídicos distintos—, al considerar que la claridad de la cláusula exime de recurrir a cualquier otra regla interpretativa y que la exclusión general de colocación de valores incluye, sin duda, la ampliación de 2016, según recoge el blog de Alberto J. Tapia Hermida ).

La STS 1127/2026, de 10 de julio, resuelve el caso paralelo del expresidente de Banco Popular, que había reclamado a Chubb el anticipo de gastos de defensa y de una fianza judicial retenida por importe de 2.940.975 euros. En este caso, el Juzgado de Primera Instancia n.º 58 de Madrid había estimado parcialmente la demanda en 2021 (hasta 750.000 euros para la fase de instrucción), y la Audiencia Provincial de Madrid había confirmado ese fallo en 2022. El Tribunal Supremo revoca este criterio y califica la exclusión como una cláusula delimitadora del riesgo —y no limitativa de derechos—, por lo que no le son exigibles los requisitos reforzados de transparencia del artículo 3 LCS previstos para estas últimas. Aplicando el mismo criterio de las SSTS 920/2026 y 921/2026, concluye que la exclusión general por colocación de valores mobiliarios abarca cualquier ampliación de capital, incluida la de 2016, sin que la mención expresa a la de 2012 limite su alcance; decaída la reclamación principal, decae también la cobertura de los gastos de defensa asociados ( ver INESE)

El dato de los 750.000 euros para la instrucción queda corroborado por la crónica de El Confidencial sobre esta «batería de sentencias» de la Sala Primera (ver).

Este bloque de resoluciones, coincidentes en su fecha y en su fundamento, consolida la doctrina sobre la validez de las exclusiones pactadas en los seguros D&O de grandes riesgos, ámbito en el que rige un amplio margen de autonomía de la voluntad entre partes de capacidad de negociación equivalente, conforme al artículo 73 LCS y al artículo 11 de la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Valoración

 

Sin perjuicio de las muy valiosas primeras interpretaciones ofrecidas por los mejores especialistas (ver Prof A Tapia), puede sostenerse que habría sido interesante una lectura algo más atenta al conjunto del contrato. No se trata de negar la solidez formal del razonamiento del Supremo, sino de señalar que, en una póliza D&O, la distribución interna de exclusiones merece un análisis especialmente cuidadoso. La existencia de una exclusión específica para 2012 podía haber servido, al menos, para explorar con mayor detenimiento si las partes querían simplemente reiterar una exclusión ya existente o, por el contrario, delimitar con mayor precisión el perímetro del riesgo excluido. El hecho de que este mismo razonamiento se repita, sin apenas variación, en cuatro sentencias dictadas en semanas sucesivas (920, 921, 1125 y 1127/2026) refuerza la solidez de la doctrina, pero también deja pendiente esa reflexión sistemática más ambiciosa en cada una de sus reiteraciones.

La sentencia parece optar por una interpretación correcta en términos de literalidad, pero quizá algo menos ambiciosa en términos sistemáticos. Una lectura más global de la póliza habría permitido valorar mejor si la cláusula específica añadía un matiz interpretativo relevante o si era efectivamente redundante. Esa mayor integración no necesariamente habría conducido a un fallo distinto, pero sí habría enriquecido la motivación y ofrecido una mejor comprensión de la arquitectura del seguro.

La resolución refuerza una idea clásica en seguros, y también en los de D&O: cuando la cláusula está redactada con suficiente precisión y claridad, el intérprete debe atenerse al tenor literal del contrato, sin reescribir el riesgo ni suplir una cobertura que las partes no incorporaron expresamente. Esto es especialmente relevante en seguros complejos vinculados a crisis bancarias, donde la delimitación del riesgo y las exclusiones cumplen una función central en la estructura económica de la póliza. Para administradores, directivos y aseguradoras, el caso confirma que la cobertura de defensa o responsabilidad no puede presumirse para hechos conectados con ampliaciones de capital u otras operaciones de colocación de valores si la póliza contiene una exclusión amplia y bien formulada; y, para la práctica de redacción contractual, subraya la importancia de diferenciar entre exclusiones generales y específicas sin generar ambigüedades interpretativas.

En definitiva, la sentencia —y el bloque jurisprudencial que la acompaña— ofrece una solución clara y técnicamente defendible, aunque habría sido preferible una aproximación algo más integrada del clausulado, especialmente para apreciar la función de la exclusión específica de 2012 dentro del sistema de la póliza.

 

Nota final: la parte penal y el acceso a las pólizas de RC y D&O

 

El litigio civil sobre las pólizas D&O es, en realidad, un subproducto de la instrucción penal que sostiene todo el caso Popular. Esta se sigue en las diligencias previas 42/2017 del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado José Luis Calama, sobre la ampliación de capital de Banco Popular de 2016, por importe de 2.505 millones de euros; la instrucción se prolongó más de seis años (ver).

El auto de apertura de juicio oral envía a juicio a catorce acusados: el expresidente de la entidad, el exconsejero delegado, el exvicepresidente, otro exconsejero, otros directivos de la cúpula del banco, la firma auditora PwC y dos de sus auditores, calificados —junto con la propia PwC— como «cooperadores necesarios» (ver CGPJ). Los delitos imputados son un delito continuado de estafa a inversores y un delito de falsedad contable: según la tesis instructora, los estados financieros de 2015 y 2016 no reflejaban la imagen fiel del banco, el folleto de la ampliación contenía información «conscientemente alterada» y, de haberse reflejado las provisiones omitidas, el resultado habría mostrado unas pérdidas mínimas de 2.500 millones de euros en vez de los beneficios declarados (ver).

La Fiscalía Anticorrupción solicita alrededor de seis años y medio de prisión (en algunas fuentes, 6 años, 7 meses y 1 día) para el expresidente, el exconsejero delegado y otros dos exdirectivos, en un procedimiento en el que se han personado catorce acusaciones. Se han fijado fianzas provisionales conjuntas por 2.277.658.321,17 euros para asegurar las eventuales responsabilidades civiles, aunque el juez rechazó las medidas cautelares reales solicitadas, atendiendo a la solvencia de Banco Santander, PwC y las aseguradoras implicadas. Banco Santander no fue enviado a juicio como partícipe a título lucrativo, pero se mantiene como responsable civil subsidiario al ser sucesor universal de Banco Popular; curiosamente, la Fiscalía finalmente no acusó a PwC como entidad, aunque el resto de acusaciones sí la mantienen. El juicio oral se celebrará ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entre el 19 de enero y el 30 de junio de 2027, en sesiones de martes a jueves —casi una década después de la resolución del banco—.

En ese mismo marco de instrucción, el instructor requirió tanto a PwC como a Banco Santander la aportación de sus pólizas de responsabilidad civil y D&O contratadas entre 2013 y 2018, en un plazo de tres días hábiles. PwC se negó a entregarlas alegando su carácter reservado, una cláusula de confidencialidad y la protección del secreto profesional, y recurrió pidiendo restringir el requerimiento al ejercicio 2015 y al primer trimestre de 2016. Santander, por su parte, cumplió el requerimiento y aportó dos pólizas de responsabilidad civil —contratadas en junio de 2017, un año después de la resolución del Popular—, precisando que no había suscrito ningún seguro para cubrir eventuales responsabilidades de los antiguos gestores de

Azaleas

la entidad extinta ni hechos anteriores a su resolución, y que las pólizas aportadas «no cubren las posibles responsabilidades que son objeto del proceso» (ver). En paralelo, un grupo de bonistas reclama 1.474 millones de euros a Santander, como responsable subsidiario, a PwC y a las aseguradoras del auditor (ver).

Este es el telón de fondo que explica la relevancia práctica de las SSTS 920, 921, 1125 y 1127/2026: los propios acusados afrontan un juicio de varios meses y penas de prisión de más de seis años, con fianzas multimillonarias, sin que sus pólizas D&O vayan a cubrir ese coste, al haber quedado confirmada judicialmente la exclusión de cobertura para las reclamaciones derivadas de la ampliación de capital de 2016.

El Mar Menor entra en juicio: cuando un ecosistema deja de ser objeto y comparece como sujeto de derecho

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El Mar Menor entra en juicio: cuando un ecosistema deja de ser objeto y comparece como sujeto de derecho

Ao solpor

La personalidad jurídica reconocida al Mar Menor ha comenzado a mostrar sus consecuencias fuera del plano puramente legislativo. En mayo de 2026 estaba previsto en Cartagena un juicio relacionado con una de las piezas del denominado caso Topillo en el que el Mar Menor comparecía como acusación particular, representado en defensa de sus propios derechos. La vista fue suspendida y quedó pendiente de nuevo señalamiento. El interés del asunto va bastante más allá del procedimiento concreto. Permite empezar a comprobar qué significa jurídicamente algo que, hasta hace pocos años, podía parecer fundamentalmente teórico: que un ecosistema sea una persona jurídica y pueda presentarse ante los tribunales como sujeto lesionado.

La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, no se limitó a reforzar su protección administrativa. Reconoció al ecosistema derechos propios: a existir y evolucionar naturalmente y a su protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración.

  • La diferencia conceptual frente a la situación anterior es considerable. El medio ambiente ha sido tradicionalmente objeto de normas dirigidas a proteger intereses individuales o colectivos. La Ley 19/2022 ensaya otra técnica: convierte a un ecosistema determinado en sujeto titular de derechos.
  • La constitucionalidad de esta opción fue confirmada por la STC 142/2024, de 20 de noviembre. El Tribunal Constitucional consideró que la Ley crea un nuevo tipo de persona jurídica constituida por una realidad natural y situó esta opción legislativa en el tránsito desde el antropocentrismo tradicional hacia lo que denomina un «ecocentrismo moderado». Con todo, la sentencia no fue unánime. Cinco magistrados formularon voto particular y cuestionaron, entre otros extremos, la configuración jurídica de esa nueva persona y la indeterminación de algunos de los derechos que se le reconocen. La controversia es significativa: no se discute únicamente cuánto debe protegerse un ecosistema, sino también si la atribución de personalidad jurídica constituye una técnica adecuada para hacerlo.

El Real Decreto 90/2025, de 11 de febrero, desarrolló la estructura de representación y gobernanza del Mar Menor y confirmó que la personalidad reconocida legalmente pretende tener consecuencias operativas. La laguna y su cuenca disponen de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Su representación corresponde a la Tutoría del Mar Menor, que puede actuar ante autoridades y entidades públicas o privadas y desarrollar determinados actos jurídicos y económicos en nombre del ecosistema.

Pero probablemente sea en el proceso judicial donde esta construcción encuentra su prueba más exigente: La propia Ley 19/2022 reconoce legitimación para la defensa del ecosistema mediante acciones judiciales y administrativas y establece que tales actuaciones pueden ejercitarse en nombre del Mar Menor como verdadera parte interesada. La comparecencia producida en el marco del caso Topillo permite empezar a observar las consecuencias prácticas de esa previsión. El aspecto verdaderamente novedoso no reside en que la contaminación pueda generar responsabilidad —algo evidentemente anterior a esta ley—, sino en quién aparece jurídicamente como lesionado y en nombre de quién se ejercitan determinadas pretensiones.

La personificación del Mar Menor no crea por sí sola un nuevo sistema general de responsabilidad empresarial.

La Ley 19/2022 establece que las conductas que vulneren los derechos reconocidos al ecosistema podrán generar las responsabilidades que procedan en los ámbitos penal, civil, ambiental y administrativo. La STC 142/2024 aclaró que esta previsión no tipifica automáticamente nuevas infracciones o delitos, sino que remite a los regímenes de responsabilidad ya existentes.

La nueva configuración sí puede alterar la arquitectura de la litigación ambiental.

La posibilidad de actuar en nombre del propio ecosistema puede influir en la legitimación procesal, en el modo de formular las pretensiones de reparación y, eventualmente, en la valoración del daño. Y es que, no es exactamente lo mismo reclamar la protección de un interés ambiental colectivo que ejercitar una pretensión en nombre de un sujeto jurídico al que la ley reconoce derechos propios a existir, conservarse y ser restaurado.

Desde la perspectiva empresarial, la evolución resulta especialmente relevante. Los riesgos ambientales no pueden contemplarse exclusivamente como costes regulatorios vinculados a autorizaciones, límites de emisiones o posibles sanciones administrativas. Pueden traducirse también en responsabilidad civil o penal, litigios, medidas cautelares, costes de restauración, interrupciones de actividad, riesgos reputacionales y problemas de cobertura aseguradora.

Queda todavía por comprobar hasta dónde llegará esta construcción en la práctica. Será la jurisprudencia la que determine qué contenido efectivo adquieren algunos de los derechos reconocidos por la Ley 19/2022 y qué diferencia produce, en términos de tutela y reparación, que el ecosistema pueda comparecer ante un tribunal no solamente como objeto protegido, sino como sujeto representado.

La cuestión puede formularse de modo sencillo: ¿qué cambia cuando la naturaleza deja de ser únicamente aquello que resulta dañado y pasa a ser también, jurídicamente, quien afirma haber sufrido el daño? El Mar Menor comienza a ofrecer un terreno concreto en el que buscar la respuesta.

 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. Reducción de capital en la SL con devolución de aportaciones, ante el Tribunal Supremo de España

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La reducción de capital con devolución de aportaciones constituye una de las operaciones de reestructuración societaria más frecuentes en las sociedades de responsabilidad limitada. Puede utilizarse para facilitar la salida ordenada de un socio, devolver excedentes de tesorería acumulados por la compañía o adecuar la estructura financiera de la sociedad a sus necesidades reales.

Sin embargo, su validez no depende únicamente de la obtención de las mayorías legalmente exigidas. La operación debe respetar el principio de igualdad de trato entre socios y los mecanismos de protección de los acreedores previstos en la Ley de Sociedades de Capital (LSC). La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reforzado significativamente estas exigencias, especialmente en los supuestos de reducción de capital no proporcional,

1.La principal fuente de conflictividad aparece cuando la devolución de aportaciones no afecta por igual a todos los socios.

 

Ao solpor

Es habitual que la reducción de capital se utilice para facilitar la salida de un socio concreto mediante la amortización exclusiva de sus participaciones, permaneciendo inalteradas las del resto. En estos supuestos surge la cuestión fundamental: ¿basta con la mayoría reforzada de la junta o resulta necesario el consentimiento individual de los socios?

El artículo 329 LSC establece:

«Cuando el acuerdo de reducción con devolución del valor de las aportaciones no afecte por igual a todas las participaciones (…), será preciso, en las sociedades de responsabilidad limitada, el consentimiento individual de los titulares de esas participaciones.»

La redacción del precepto dio lugar durante años a una importante controversia interpretativa. Mientras que el antiguo artículo 79.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada exigía expresamente el consentimiento de todos los socios, el vigente artículo 329 LSC utiliza una fórmula menos precisa al referirse al consentimiento individual de los titulares de «esas participaciones».

La discusión ha sido definitivamente resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) núm. 853/2026, de 3 de junio de 2026, recurso de casación 4800/2023, ECLI:ES:TS:2026:2471, que confirma el criterio previamente mantenido por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El Alto Tribunal concluye que el consentimiento exigido por el artículo 329 LSC corresponde a todos los socios de la sociedad y no únicamente a aquellos cuyas participaciones se amortizan o reducen.

La sentencia declara que la reducción de capital con devolución de aportaciones que no afecta por igual a todas las participaciones comporta una alteración de la posición jurídica de todos los socios, por lo que su eficacia exige el consentimiento individual de cada uno de ellos.

  • La posición jurídica de todos los socios resulta afectada
    • La fundamentación del Tribunal Supremo parte de una idea sencilla pero de enorme trascendencia práctica: la reducción asimétrica no afecta únicamente al socio que abandona la sociedad o percibe la devolución de su inversión. Por e contrario, también afecta a quienes permanecen en la compañía, ya que modifica los porcentajes de participación, las relaciones de poder, el reparto del riesgo empresarial y las expectativas económicas derivadas de la condición de socio. Por ello, los titulares de las participaciones afectadas son tanto quienes salen como quienes permanecen en la sociedad.
  • Además, el Tribunal vincula esta interpretación al principio de igualdad de trato recogido en el artículo 97 LSC. Como señala la sentencia, no puede presumirse qué opción resulta más beneficiosa para cada socio. Corresponde a cada uno decidir libremente si prefiere recuperar su inversión y desvincularse de la sociedad o continuar formando parte de ella
  • En consecuencia, cuando la devolución de aportaciones no afecta por igual a todas las participaciones, la mayoría reforzada prevista en el artículo 199.a) LSC constituye una condición necesaria, pero no suficiente. La eficacia de la operación exige además el consentimiento individual de todos los socios.

La situación es distinta cuando la reducción se lleva a cabo de forma proporcional respecto de todas las participaciones sociales.

Si la operación se articula mediante una disminución idéntica del valor nominal de todas las participaciones o mediante una amortización proporcional de las mismas, no se altera la posición relativa de ninguno de los socios. En estos casos no se vulnera el principio de igualdad de trato y resulta suficiente la mayoría reforzada legalmente prevista.

2. Reglas imperativas en la ejecución de la devolución

La aprobación de la reducción de capital tampoco permite que la mayoría decida libremente cómo distribuir el valor objeto de restitución.  El artículo 330 LSC establece que la devolución debe realizarse en proporción al valor desembolsado de las participaciones sociales (pago a prorrata), salvo acuerdo unánime de todos los socios. La finalidad de esta regla es preservar la igualdad económica entre los socios y evitar tratamientos preferenciales injustificados.

Como regla general, la restitución debe efectuarse en metálico. Sin el consentimiento de todos los afectados, no resulta admisible imponer a determinados socios la recepción de bienes concretos, inmuebles, derechos de crédito o compensaciones contables en lugar de dinero.

Ahora bien, el carácter dinerario de la obligación no implica necesariamente que el pago deba realizarse de forma inmediata sino que puede aplazarse

La doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha considerado que el derecho de reembolso constituye un auténtico crédito a favor del socio, por lo que puede pactarse válidamente un calendario de pagos aplazados siempre que exista consentimiento suficiente y se respeten las exigencias legales de la operación.

3. La protección de los acreedores: tres sistemas legales

Toda reducción de capital con devolución de aportaciones implica una salida efectiva de patrimonio social hacia los socios.

Dado que el capital social desempeña una función de garantía frente a terceros, la LSC articula diversos mecanismos destinados a proteger los derechos de los acreedores.

A. Sistema de responsabilidad solidaria

Es el régimen legal aplicable con carácter supletorio.

Los socios que hayan recibido la devolución responderán solidariamente entre sí y con la propia sociedad de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción resulte oponible a terceros. Dicha responsabilidad queda limitada al importe efectivamente percibido por cada socio y se extingue por el transcurso de cinco años.

B. Sistema de reserva indisponible

La sociedad puede evitar el régimen de responsabilidad solidaria constituyendo una reserva con cargo a beneficios o reservas libres por un importe equivalente al valor devuelto a los socios Esta reserva tendrá carácter indisponible durante cinco años desde la publicación de la reducción en el BORME.

C. Derecho estatutario de oposición

Los estatutos sociales pueden reconocer a los acreedores un derecho de oposición similar al previsto legalmente para las sociedades anónimas. En tal caso, la sociedad no podrá ejecutar la devolución hasta que transcurra el plazo de oposición o se garantice adecuadamente el crédito de los acreedores que se hubieran opuesto.

Conclusión

La reducción de capital con devolución de aportaciones continúa siendo una herramienta extraordinariamente útil para reordenar la estructura societaria o facilitar la salida de socios. Sin embargo, la reciente doctrina del Tribunal Supremo obliga a replantear muchas operaciones que tradicionalmente se articulaban mediante reducciones selectivas o asimétricas. La STS 853/2026 ha dejado claro que la reducción con devolución de aportaciones que no afecta por igual a todas las participaciones altera la posición jurídica de todos los socios. Por ello, la mayoría reforzada de la junta ya no puede contemplarse como un presupuesto suficiente para la validez de la operación. La eficacia del acuerdo exige el consentimiento individual de todos los socios afectados, como manifestación concreta del principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 97 LSC.

La solución resulta plenamente coherente con la función tuitiva que inspira el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada. La mayoría conserva su capacidad de decisión, pero no puede imponer a una minoría una alteración sustancial de su posición jurídica mientras otros socios recuperan su inversión o abandonan la sociedad.

Texto redactado y revisado por la autora, con apoyo instrumental de herramientas de inteligencia artificial.

DORA ante el Ómnibus Digital: hacia un punto único para la notificación de incidentes

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La Comisión Europea presentó el 19 de noviembre de 2025 una propuesta de Reglamento Ómnibus Digital dirigida a simplificar y coordinar distintos componentes del marco regulatorio europeo de la seguridad digital y , en concreto, a un problema conocido por las entidades sometidas simultáneamente a varias normas digitales: un mismo incidente puede activar obligaciones de comunicación distintas, dirigidas a autoridades distintas y tramitadas mediante plataformas, formularios y procedimientos que no siempre están coordinados. La acumulación de estas obligaciones dificulta la gestión del  incidente,  en momentos en los que sus recursos técnicos y jurídicos deben concentrarse en la contención, recuperación y evaluación de lo ocurrido.

 

No Eume- Ponte do Eume

Frente a esta fragmentación, la propuesta COM(2025) 837 final introduce un punto único de entrada para determinadas notificaciones de incidentes. La finalidad es que una entidad pueda presentar la información a través de una infraestructura común y que esta sea transmitida posteriormente a las autoridades competentes conforme a cada uno de los regímenes aplicables. El sistema responde al principio de «notificar una vez, compartir varias veces»: se centraliza el canal de comunicación, aunque no se unifican las obligaciones materiales previstas en cada norma.

 

Un punto único gestionado por ENISA

La infraestructura se articularía mediante la incorporación de un nuevo artículo 23 bis a la Directiva (UE) 2022/2555, conocida como Directiva SRI 2 o NIS2. ENISA sería responsable de desarrollar y mantener el punto único de entrada y de adoptar las medidas técnicas, organizativas y operativas necesarias para preservar su seguridad, integridad y disponibilidad.

El sistema no sustituiría a las autoridades sectoriales. Su función sería servir como canal técnico para recibir las notificaciones y ponerlas a disposición de los destinatarios definidos en cada instrumento jurídico. Como regla general, ENISA no accedería al contenido de las comunicaciones. La información se transmitiría a las autoridades competentes de acuerdo con las reglas de acceso, confidencialidad y utilización establecidas en cada régimen.

La propuesta exige, además, que la infraestructura permita recuperar, completar y reutilizar la información ya presentada; y que sea interoperable con los sistemas de las entidades y de las autoridades; y de las varias normas de derecho positivo escrito a las que un único incidente pueda quedar sometido.

El punto único comprendería las notificaciones previstas en la Directiva NIS2, el Reglamento general de protección de datos, DORA, el Reglamento eIDAS y la Directiva sobre resiliencia de las entidades críticas. También se prevé incorporar ,mediante la modificación de los correspondientes actos delegados y de ejecución,otras obligaciones sectoriales, entre ellas las relacionadas con la ciberseguridad de los flujos transfronterizos de electricidad y con la aviación. En su desarrollo, ENISA deberá tener en cuenta la plataforma establecida por el Reglamento (UE) 2024/2847, sobre ciberresiliencia, para la notificación de vulnerabilidades activamente explotadas y de incidentes graves que afecten a productos con elementos digitales. Con ello, se busca evitar que surjan nuevas infraestructuras aisladas dentro del propio sistema europeo de notificación.

La modificación de DORA

En lo que respecta al sector financiero, el artículo 8 de la propuesta modifica los primeros párrafos de los apartados 1 y 2 del artículo 19 de DORA. De aprobarse en su actual versión de propuesta, las entidades financieras continuarán obligadas a notificar los incidentes graves relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación a la autoridad competente designada de acuerdo con el artículo 46 de DORA. Sin embargo, la comunicación ya no se efectuaría mediante el canal habilitado directamente por dicha autoridad, sino a través del nuevo punto único de entrada previsto en la Directiva NIS2.

También se mantiene la posibilidad de comunicar voluntariamente las ciberamenazas significativas cuando la entidad considere que pueden resultar relevantes para el sistema financiero, los usuarios o los clientes. Estas comunicaciones voluntarias se presentarían igualmente a través del punto común. La autoridad destinataria seguiría siendo la competente conforme a DORA y conservaría la facultad de compartir la información con las demás autoridades previstas en el artículo 19.6 del Reglamento.

El cambio proyectado es, por tanto, esencialmente procedimental. No se modifican la definición de incidente grave relacionado con las TIC, los criterios para su clasificación, los umbrales de relevancia, la secuencia de comunicación ni los plazos aplicables. Tampoco se alteran el contenido de las notificaciones iniciales y de los informes intermedios y finales, las competencias de supervisión o las normas técnicas adoptadas en desarrollo de DORA. El Ómnibus Digital se limita a modificar el lugar y la forma en que la información  exigida por el Reglamento y marco DORA se presenta. La centralización del canal no equivale, por tanto, a la unificación de los distintos regímenes jurídicos.

El punto único está destinado a  reducir la multiplicación de portales. Pero no elimina por sí mismo las diferencias entre los conceptos, umbrales, plazos y formularios previstos en DORA, el RGPD, NIS2 ni del resto de marcos afectados.

DORA como referencia para otros regímenes

La propuesta reconoce que el sector financiero se encuentra en una posición avanzada en materia de armonización de las comunicaciones de incidentes. DORA ya ha establecido categorías comunes, procedimientos uniformes y modelos normalizados para la notificación inicial y para los informes intermedio y final.

Por esta razón, la Comisión considera en su propuesta que se deberá tener en cuenta la experiencia adquirida con DORA al elaborar modelos comunes para NIS2, el RGPD y la Directiva sobre resiliencia de las entidades críticas. También, que deberá considerar las normas técnicas de regulación adoptadas en desarrollo del Reglamento para reducir el número de campos que deben cumplimentarse y favorecer una mayor coherencia entre los distintos procedimientos.

El objetivo debería ser que la simplificación no se limite a la existencia de una ventanilla común, sino que alcance progresivamente al contenido de los formularios, a las taxonomías utilizadas y a la posibilidad de reutilizar la información ya comunicada.

Implantación y garantías

La puesta en funcionamiento del sistema no sería inmediata. ENISA deberá desarrollar una fase piloto que tenga en cuenta las particularidades de los distintos regímenes. Posteriormente, la Comisión deberá evaluar su funcionamiento, fiabilidad, integridad y confidencialidad, previa consulta a la red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática y a las autoridades competentes.

Solo después de una evaluación positiva y de la publicación de la correspondiente decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea comenzaría a utilizarse el punto único. La propuesta prevé que el mecanismo pueda estar operativo en un plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor del futuro Reglamento. Este periodo podría ampliarse hasta veinticuatro meses cuando no se hubieran alcanzado las garantías exigidas.

Hasta ese momento, las entidades financieras deberán continuar empleando los canales actualmente establecidos conforme a DORA. También deberán preverse vías alternativas para los casos en los que el punto único no esté disponible por razones técnicas.

La infraestructura puede reducir duplicidades y facilitar la coordinación entre autoridades, pero también concentrará información especialmente sensible. Su disponibilidad será esencial para que las entidades puedan cumplir obligaciones sujetas a plazos muy breves. Por ello, la seguridad, resiliencia y continuidad operativa del propio punto único no constituyen aspectos accesorios, sino condiciones indispensables para su implantación.

Las observaciones del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo ha acogido favorablemente el objetivo general de simplificar y armonizar las comunicaciones de incidentes, pero ha formulado importantes reservas sobre la integración inmediata de DORA en el punto único.

En su dictamen de 10 de marzo de 2026, el BCE señala que DORA ya ha simplificado considerablemente el sistema aplicable al sector financiero mediante categorías, modelos, procedimientos comunes y un canal específico de notificación. A su juicio, la creación de un portal único no reducirá de manera suficiente las cargas mientras las entidades sigan obligadas a preparar informes distintos con arreglo a cada legislación. La verdadera simplificación exigiría una mayor convergencia de las taxonomías, plantillas y procedimientos. El BCE advierte asimismo de que las notificaciones de DORA pueden activar procedimientos urgentes de supervisión o de gestión de crisis. La incorporación de un nuevo sistema intermediario podría introducir riesgos de indisponibilidad o retrasar la llegada de la información a la autoridad competente. También recuerda que DORA se aplica desde el 17 de enero de 2025 y que las entidades y supervisores financieros han dedicado importantes recursos a implantar su régimen de notificación.

Por estas razones, el BCE propone excluir inicialmente a DORA del punto único, adquirir experiencia con los demás regímenes y valorar su integración en una fase posterior. Esta posición no cuestiona la conveniencia de coordinar las obligaciones europeas, pero sí pone de manifiesto que la simplificación debe medirse por sus efectos reales y no únicamente por la reducción del número de portales.

Más allá de DORA: el Ómnibus sobre IA y la derogación del Reglamento P2B

La reforma de las notificaciones se integra en una estrategia más amplia de simplificación del marco digital europeo. En este contexto debe mencionarse la propuesta paralela COM(2025) 836 final, conocida como Ómnibus Digital sobre IA.

Se trata, sin embargo, de dos propuestas legislativas diferentes. La propuesta COM(2025) 837 final afecta a distintos componentes del acervo digital y contiene la modificación de DORA relativa al punto único de entrada. La propuesta COM(2025) 836 final, por su parte, modifica el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial y el Reglamento (UE) 2018/1139, relativo a la aviación civil, con el propósito de simplificar la aplicación de las normas armonizadas sobre inteligencia artificial.

Entre las medidas del Ómnibus sobre IA se encuentran la adaptación de determinadas obligaciones relativas a los sistemas de alto riesgo a la disponibilidad de normas armonizadas y otros instrumentos de apoyo, la extensión de algunas simplificaciones previstas para las pymes a las pequeñas empresas de mediana capitalización y la reducción de ciertas cargas documentales y registrales.

No existe, por tanto, una reforma directa de DORA a través del Ómnibus sobre IA. La relación entre ambas propuestas deriva de su orientación común: facilitar la aplicación del creciente marco digital europeo, limitar los solapamientos y reducir cargas que no resulten necesarias para alcanzar los objetivos regulatorios.

La propuesta COM(2025) 837 final aprovecha también la reforma para derogar el Reglamento (UE) 2019/1150, conocido como Reglamento P2B, relativo a la equidad y transparencia en las relaciones entre las plataformas digitales y sus usuarios empresariales. La Comisión considera que una parte importante de sus previsiones ha quedado desplazada por el Reglamento de Mercados Digitales y el Reglamento de Servicios Digitales.

No obstante, se conservarían algunas de sus disposiciones cuando resulte necesario para mantener la seguridad jurídica de otros actos que contienen remisiones al Reglamento P2B. Es el caso, entre otros, de determinadas referencias incorporadas a la regulación europea del trabajo en plataformas.

Una simplificación todavía en construcción

El Ómnibus Digital representa un intento relevante de ordenar un marco normativo que se ha ido formando mediante instrumentos aprobados en momentos distintos y con finalidades específicas. En el ámbito de los incidentes, su aportación más visible es la sustitución de varios canales de comunicación por una infraestructura común.

Sin embargo, un único punto de entrada no elimina automáticamente la complejidad sustantiva. Mientras cada régimen conserve definiciones, umbrales, plazos y modelos diferentes, las entidades seguirán soportando una parte importante del esfuerzo de clasificación y preparación de la información.

En el caso de DORA, la reforma debe valorarse además a la luz del grado de armonización ya alcanzado en el sector financiero y de la necesidad de garantizar que las comunicaciones urgentes lleguen a los supervisores sin retrasos. La utilidad del nuevo sistema dependerá, en definitiva, de que permita reutilizar realmente la información, reduzca el número de datos que deben aportarse y mantenga un nivel de seguridad y disponibilidad compatible con la criticidad de los incidentes comunicados.

Debe recordarse, finalmente, que ambas iniciativas continúan sometidas al procedimiento legislativo ordinario. Su contenido puede experimentar cambios antes de su eventual aprobación.

Ao solpor

Referencias:

COMISIÓN EUROPEA,

  • Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 y (UE) 2023/2854 y las Directivas 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 y (UE) 2022/2557 en lo que respecta a la simplificación del marco legislativo digital y se derogan los Reglamentos (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 y (UE) 2022/868 y la Directiva (UE) 2019/1024 (Ómnibus Digital), Bruselas, 19 de noviembre de 2025, COM(2025) 837 final, 2025/0360(COD), especialmente considerandos 49 a 57 y arts. 6 y 8, pp. 40-42 y 88-91.

  • Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689 y (UE) 2018/1139 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento ómnibus digital sobre IA)

La autora agradece al Dipartimento di Scienze Giuridiche de la Università degli Studi di Firenze y, en particular, al equipo de la profesora Sara Landini el apoyo recibido en el acceso a las fuentes y en el marco del seminario internacional celebrado el 20 de julio de 2026, cuyas aportaciones han contribuido a la preparación de esta entrada.— Texto redactado y revisado por la autora, con apoyo instrumental de herramientas de inteligencia artificial. 

 

De Refit a Omnibus: simplificación de la legislación europea

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REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) fue el programa de la Comisión Europea orientado a comprobar si la legislación de la Unión seguía siendo adecuada para alcanzar sus objetivos y si podía lograrlos de un modo más sencillo, eficiente y menos gravoso.

Se integró en la agenda de Better Regulation y se apoyó en evaluaciones ex post, consultas a las partes interesadas y revisiones del acervo normativo, con el fin de identificar disposiciones innecesariamente complejas, incoherentes, duplicadas o generadoras de cargas administrativas desproporcionadas, sin reducir el nivel de protección ni alterar los objetivos sustantivos de la regulación.

  • La finalidad de REFIT no fue, al menos formalmente, desregular, sino mejorar la calidad de la legislación, conservar sus beneficios y eliminar cargas, duplicidades y trámites innecesarios.
  • Desde 2012, REFIT dio lugar a numerosas actuaciones de simplificación, entre ellas la modificación o derogación de normas obsoletas, la retirada de propuestas pendientes, la racionalización de obligaciones de información y la mejora de los procedimientos de evaluación normativa.
  • La Comisión siguió estos avances mediante el REFIT Scoreboard y los Annual Burden Surveys, que permitieron registrar iniciativas de reducción de cargas y evaluar su impacto.

Los actuales paquetes Ómnibus pueden entenderse como una concreción técnica de esa lógica de simplificación. Comparten con REFIT la búsqueda de una regulación más coherente, la reducción de cargas administrativas y la eliminación de duplicidades, pero presentan una forma más concentrada y operativa, al modificar simultáneamente varias normas relacionadas mediante un único acto legislativo. En este sentido, REFIT proporcionó la metodología general y los Ómnibus representan una de sus manifestaciones legislativas más recientes.

Fuentes:

  • Comisión Europea, Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), URL: https://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/refit_brochure_en.pdf;

  • Comisión Europea, Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT). URL: https://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/reg_fitn_perf_prog_en.pdf

  • Comisión Europea, Communication on REFIT / Better Regulation. URL: https://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/com2014_368_en.pdf

  • Comisión Europea, REFIT Scoreboard. URL: https://op.europa.eu/webpub/com/refit-scoreboard/en/

  • Comisión Europea, REFIT Scoreboard Summary. URL: https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/regulatory-fitness-and-performance-programme-refit-scoreboard-summary_en_6.pdf

  • Comisión Europea, 2020 Annual Burden Survey. URL: https://commission.europa.eu/system/files/2021-06/annual-burden-survey_2020_en.pdf

  • Comisión Europea, Findings from the 2022 Annual Burden Survey. URL: https://commission.europa.eu/system/files/2023-09/ABS_Factsheet_12_9_2023_2.pdf

  • Tribunal de Cuentas Europeo, Ex-post review of EU legislation: a well-established system but incomplete. URL: https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr18_16/sr_better_regulation_en.pdf

  • Consejo de la UE, Legislar mejor, URL: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/better-regulation/;

 

El Reglamento (UE) 2026/1744 reforma el RIA: nuevos plazos, simplificación y refuerzo selectivo de las garantías

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El 24 de julio de 2026 se publicó el Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial —RIA—, el Reglamento sobre seguridad de la aviación civil y el Reglamento sobre las máquinas. La nueva norma entra en vigor el 27 de julio de 2026.

La reforma, conocida como «Ómnibus Digital sobre IA», presenta un alcance amplio, aunque selectivo. No sustituye al RIA ni altera su arquitectura fundamental. Tampoco aplaza de forma general la aplicación de sus disposiciones. Sus principales modificaciones afectan al régimen de los sistemas de alto riesgo, a la coordinación con la legislación sectorial, a determinadas obligaciones de las empresas y a la distribución de competencias entre las autoridades supervisoras. Asimismo, incorpora nuevas prácticas prohibidas, establece una habilitación limitada para el tratamiento de datos sensibles destinado a detectar y corregir sesgos y refuerza las competencias de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial.

1. Alcance, finalidad y calendario de la reforma

1.1. modificación del Reglamento de Inteligencia Artificial

El Reglamento (UE) 2026/1744 responde a las dificultades advertidas durante la preparación de la aplicación efectiva del RIA: retrasos en la designación de las autoridades competentes y de los organismos de evaluación de la conformidad. Tampoco estaban disponibles todas las normas armonizadas, especificaciones comunes, directrices y herramientas necesarias para facilitar el cumplimiento.

Esta situación resultaba especialmente problemática para los sistemas de IA de alto riesgo, cuyos proveedores y responsables del despliegue podían verse obligados a aplicar directamente exigencias complejas sobre gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, transparencia, supervisión humana, precisión, robustez y ciberseguridad, sin disponer todavía de criterios técnicos.

La reforma de 2026 es eminentemente práctica.  No abandona el enfoque basado en el riesgo, ni suprime los requisitos sustantivos ya vigentes; pero modifica, sobre todo, los tiempos, los procedimientos y los mecanismos de aplicación del RIA.

1.2. Nuevo calendario aplicable a los sistemas de IA de alto riesgo

1.2.1. Sistemas de alto riesgo del anexo III

Las disposiciones aplicables a los sistemas clasificados como de alto riesgo conforme al artículo 6.2 y al anexo III serán exigibles desde el 2 de diciembre de 2027. Entre ellos figuran determinados sistemas utilizados en el empleo, la educación, el acceso a servicios esenciales, la evaluación de la solvencia de las personas físicas, la aplicación de la ley, la migración o la administración de justicia. El aplazamiento afecta únicamente a este régimen específico y no a la totalidad del Reglamento.

1.2.2. Sistemas incorporados a productos regulados del anexo I

Las disposiciones relativas a los sistemas de alto riesgo contemplados en el artículo 6.1, incorporados como productos o como componentes de seguridad de productos sujetos a la legislación armonizada (enumerada en el anexo I del RIA) retrasan su aplicación hasta el 2 de agosto de 2028.

Esta categoría comprende, entre otros, los sistemas relacionados con máquinas, productos sanitarios, juguetes, vehículos y equipos sometidos a procedimientos sectoriales de evaluación de la conformidad.

1.2.3. Sistemas ya comercializados o puestos en servicio

Como regla general, las obligaciones asociadas a la condición de sistema de alto riesgo solo se aplicarán a los sistemas ya comercializados o puestos en servicio cuando, a partir de las nuevas fechas, experimenten cambios significativos en su diseño. Existe una regla especial para los sistemas de alto riesgo utilizados por autoridades públicas cuyos proveedores y responsables del despliegue deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir el Reglamento antes del 2 de agosto de 2030.

La reforma establece, además, una fecha anterior para determinados sistemas generativos. Los proveedores de sistemas que generen contenidos sintéticos de audio, imagen, vídeo o texto, incluidos los sistemas de IA de uso general, que hubieran sido introducidos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 deberán cumplir el artículo 50.2 del RIA antes del 2 de diciembre de 2026. Este precepto regula el marcado de los contenidos generados o manipulados artificialmente.

La propuesta inicial de la Comisión vinculaba la aplicación de las disposiciones sobre sistemas de alto riesgo a la disponibilidad efectiva de normas armonizadas, especificaciones comunes y orientaciones. Durante la tramitación legislativa se abandonó ese mecanismo condicionado. El texto definitivo establece fechas ciertas con el fin de ofrecer mayor previsibilidad.

2. Contenido material de la reforma

2.1. Delimitación más precisa de los sistemas de alto riesgo

2.1.1. Concepto de componente de seguridad y excepciones

La reforma evita que la mera incorporación de una función de IA a un producto regulado determine automáticamente su clasificación como sistema de alto riesgo. Así, no tendrán la consideración de componentes de seguridad los sistemas destinados exclusivamente a asistir al usuario, optimizar el rendimiento, mejorar la eficiencia, automatizar tareas, aumentar la comodidad o realizar controles de calidad. Sí que tendrán esa consideración cuando su fallo o funcionamiento defectuoso pueda poner en peligro la salud o la seguridad. Se adopta, por tanto, un criterio funcional.

La clasificación dependerá de la finalidad del sistema y de las consecuencias previsibles de su fallo, no de la mera presencia de una función de IA.

2.1.2. Evaluación de la conformidad por terceros

La existencia de una evaluación de la conformidad por terceros tampoco bastará para clasificar un sistema como de alto riesgo cuando aquella se exija exclusivamente por motivos ajenos a la salud o la seguridad. Así sucede, por ejemplo, con determinadas evaluaciones relativas a interferencias electromagnéticas o al espectro radioeléctrico. Se pretende evitar que una evaluación técnica externa, dirigida a controlar riesgos distintos, active por sí sola el régimen reforzado del RIA.

2.1.3. Coordinación con la legislación sectorial

El nuevo artículo 2.13 permite limitar determinadas obligaciones del RIA respecto de los sistemas de alto riesgo incorporados a productos regulados. La limitación puede comprender los requisitos de los artículos 9 a 15, relativos, entre otras materias, a la gestión de riesgos, la gobernanza de datos, la documentación técnica, la transparencia, la supervisión humana, la robustez y la ciberseguridad. También puede alcanzar algunos deberes de los operadores previstos en los artículos 17 a 25.

Para ello, la legislación armonizada sectorial deberá garantizar una protección equivalente o superior de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Y no podrá reducir el nivel global de protección ofrecido por el RIA.

La equivalencia no opera automáticamente. Deberá ser concretada por la Comisión mediante actos delegados. La legislación sectorial no desplaza, por tanto, al Reglamento de Inteligencia Artificial, sino que permite evitar la reiteración de exigencias sustancialmente coincidentes.

2.2. Proporcionalidad para las empresas de menor tamaño

2.2.1. Pequeñas empresas de mediana capitalización

La reforma incorpora expresamente a las pequeñas empresas de mediana capitalización o small mid-cap enterprises. Aunque superan los umbrales propios de las pymes, estas empresas pueden afrontar dificultades administrativas semejantes cuando deben cumplir regímenes regulatorios complejos. Por ello, se les extienden algunas de las medidas de simplificación previstas para las pymes y las empresas emergentes.

2.2.2. Documentación técnica simplificada y sistema de gestión de la calidad

El artículo 11 permite que las pymes, las empresas emergentes y las pequeñas empresas de mediana capitalización presenten de forma simplificada la documentación técnica de los sistemas de alto riesgo. La Comisión deberá elaborar un formulario específico. La simplificación afecta a la forma de acreditar el cumplimiento. No elimina las obligaciones sustantivas ni la necesidad de facilitar la información imprescindible para evaluar el sistema. El artículo 17 exige, además, que el sistema de gestión de la calidad se aplique de manera proporcionada al tamaño de la organización. La empresa podrá adaptar sus estructuras y procedimientos, pero esa proporcionalidad no podrá reducir el rigor ni el nivel de protección exigidos.

2.2.3. Régimen sancionador

El artículo 99 obliga a tener en cuenta los intereses y la viabilidad económica de las pymes, las empresas emergentes y las pequeñas empresas de mediana capitalización al imponer sanciones. Así,  determinadas multas no podrán superar la menor cuantía resultante de aplicar el límite porcentual sobre el volumen de negocios o el límite absoluto establecido en el Reglamento. No se introduce una exención general, sino una regla limitada de proporcionalidad.

2.3. Cooperación y contratos en la cadena de valor

2.3.1. Cambio de proveedor por modificación sustancial

La reforma refuerza la cooperación entre los operadores de la cadena tecnológica. Cuando una modificación sustancial o un cambio de finalidad determine que otro operador pase a asumir la condición de proveedor, el proveedor inicial deberá facilitarle la información necesaria, comunicarle las limitaciones y fallos conocidos y proporcionarle un acceso técnico razonable para realizar pruebas y validaciones.

2.3.2. Proveedores de modelos, herramientas y servicios

El proveedor de un sistema de alto riesgo y los terceros que suministren modelos, herramientas, servicios, componentes o procesos integrados deberán concretar por escrito la información, las capacidades, el acceso técnico y la asistencia necesarios para cumplir el RIA. La responsabilidad regulatoria difícilmente puede gestionarse cuando quien responde por el sistema carece de acceso a su documentación, a los datos relevantes o a los medios necesarios para comprobar su funcionamiento.

2.3.3. Contratos

Los contratos tecnológicos deberán regular adecuadamente la documentación del sistema de IA, la información sobre los datos y procesos utilizados, las limitaciones y fallos conocidos, el acceso para realizar pruebas y auditorías, la asistencia en caso de incidentes, la comunicación de modificaciones sustanciales, la subcontratación y las condiciones de terminación o sustitución del proveedor.

La reforma reduce determinadas cargas administrativas, pero refuerza la importancia de la gobernanza contractual de la cadena de valor de la IA.

Compostela

2.4. Evaluaciones de impacto y reducción de duplicidades

La reforma del artículo 27 permite aprovechar el trabajo realizado en una evaluación de impacto relativa a la protección de datos conforme al artículo 35 RGPD o a la normativa policial, aunque sus respectivos contenidos no se identifican plenamente. La evaluación exigida por el RGPD se centra en los riesgos para los datos personales. La prevista en el RIA alcanza también otros derechos fundamentales.

La reforma pretende evitar la repetición formal de análisis coincidentes. La Oficina de IA deberá facilitar el cumplimiento mediante un modelo de cuestionario y, eventualmente, una herramienta automatizada.

2.5. Alfabetización en materia de IA: nueva redacción del artículo 4

El Reglamento (UE) 2026/1744 modifica sustancialmente la obligación de alfabetización en materia de inteligencia artificial establecida inicialmente en el artículo 4 del RIA.

La nueva redacción sustituye la exigencia de garantizar, en la mayor medida posible, un nivel suficiente de alfabetización, por la obligación de adoptar medidas dirigidas a apoyar su promoción. Puede hablarse, por tanto, de una aproximación más flexible y próxima a un deber de medios. La obligación conserva, sin embargo, carácter vinculante y no se convierte en una recomendación voluntaria.

Los proveedores y responsables del despliegue deben adoptar medidas respecto de su personal y de las demás personas que, en su nombre, se encarguen del funcionamiento o de la utilización de sistemas de IA. Estas medidas han de adaptarse a los conocimientos técnicos, la experiencia, la educación y la formación de las personas afectadas. También deben atender al contexto previsto de utilización y a las personas o colectivos sobre los que vayan a emplearse los sistemas. La alfabetización exigible no puede configurarse, por ello, mediante una solución uniforme para toda la organización. Debe responder a las funciones desempeñadas, a la complejidad del sistema y a los riesgos derivados de cada utilización.

La principal novedad consiste en que los proveedores y responsables del despliegue ya no tienen que garantizar que cada persona alcance un nivel específico y predeterminado de alfabetización. El Reglamento excluye expresamente esa interpretación. No desaparece, sin embargo, la necesidad de formar, informar y preparar adecuadamente a quienes intervienen en el uso de la IA. La reforma pretende evitar una obligación rígida y difícilmente adaptable a la diversidad de organizaciones, sistemas y contextos, pero mantiene la alfabetización como presupuesto de una utilización informada y responsable.

En términos de cumplimiento, las empresas deberán poder justificar la adecuación de las medidas adoptadas. Para ello pueden resultar útiles las políticas internas, los itinerarios formativos diferenciados por funciones, las instrucciones de uso, los registros de las actividades realizadas y los mecanismos de actualización. Una formación genérica puede ser insuficiente cuando se emplean sistemas complejos o cuando sus resultados intervienen en decisiones que afectan a clientes, trabajadores u otros terceros. La intensidad de las medidas deberá guardar relación con el riesgo, las características del sistema y el grado de intervención de cada persona.

La Comisión y los Estados miembros deben apoyar y facilitar el cumplimiento, especialmente por parte de las pymes. La Comisión publicará ejemplos prácticos en la plataforma única de información. Por su parte, el Consejo Europeo de Inteligencia Artificial adoptará recomendaciones y podrá establecer objetivos comunes, teniendo en cuenta los marcos europeos de competencias. Estas actuaciones no sustituyen la obligación empresarial, sino que deben facilitar su concreción.

La falta de medidas adecuadas puede ser relevante para apreciar el incumplimiento del artículo 4 y, cuando se produzca un incidente o un perjuicio, para valorar la diligencia desplegada por la organización. No obstante, no debe presentarse automáticamente como una circunstancia agravante expresamente tipificada. El artículo 99 exige que los Estados miembros establezcan sanciones y otras medidas de garantía del cumplimiento para cualquier infracción del RIA. Sin embargo, el máximo de 15 millones de euros o del 3 % del volumen de negocios previsto para determinadas obligaciones no resulta directamente aplicable, por esa sola razón, al artículo 4, que no figura entre las infracciones específicamente enumeradas en el artículo 99.4.

La nueva redacción del artículo 4 resulta aplicable desde el 27 de julio de 2026, fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) 2026/1744. No queda sometida a los aplazamientos establecidos para determinadas obligaciones relativas a los sistemas de IA de alto riesgo.

2.6. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES PARA DETECTAR Y CORREGIR SESGOS

El nuevo artículo 4 bis del Reglamento de Inteligencia Artificial, introducido por la reforma ómnibus, establece una habilitación excepcional y estrictamente delimitada para el tratamiento de categorías especiales de datos personales, entre ellos los relativos al origen racial o étnico, la salud y otras circunstancias especialmente protegidas. Los proveedores y los responsables del despliegue podrán tratar estos datos cuando resulte estrictamente necesario para detectar y corregir sesgos en sistemas de IA susceptibles de afectar a la salud o a la seguridad de las personas, provocar consecuencias negativas para los derechos fundamentales o generar una discriminación prohibida por el Derecho de la Unión.

La previsión responde a una dificultad práctica. En determinados casos, la detección de resultados discriminatorios exige comprobar si el funcionamiento del sistema produce efectos desiguales sobre grupos definidos precisamente mediante alguna de las categorías especiales de datos. Sin embargo, esta finalidad no convierte el tratamiento en automáticamente lícito. Solo podrá recurrirse a esos datos cuando el objetivo no pueda alcanzarse eficazmente mediante otros medios menos intrusivos, incluidos los datos no personales, sintéticos o anonimizados.

No basta, por tanto, con que el tratamiento de categorías especiales de datos sea útil, conveniente o permita obtener resultados más precisos. Debe acreditarse que resulta indispensable para detectar o corregir el sesgo correspondiente. La estricta necesidad actúa así como presupuesto de la habilitación y como límite material del tratamiento.

El artículo 4 bis no establece una obligación general de tratar datos sensibles. Tampoco impone la realización de actividades específicas de detección de sesgos respecto de todos los sistemas de IA. Se limita a reconocer una facultad condicionada para los supuestos expresamente previstos. En consecuencia, no puede interpretarse como una autorización general para utilizar categorías especiales de datos en cualquier fase del desarrollo, entrenamiento, validación, comercialización o utilización de un sistema de IA.

Cuando el tratamiento resulte admisible, deberá someterse a garantías reforzadas, sin perjuicio del pleno cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Entre esas garantías se encuentran la seudonimización de los datos y la aplicación de medidas de seguridad y de protección de la privacidad adecuadas al estado de la técnica. También deberán establecerse restricciones técnicas que impidan la reutilización de los datos para finalidades distintas de la detección y corrección del sesgo.

El acceso deberá quedar limitado a las personas estrictamente autorizadas. Estas personas estarán sujetas a obligaciones de confidencialidad y su acceso deberá encontrarse debidamente controlado y documentado. Asimismo, se prohíbe transmitir, transferir o facilitar los datos a terceros. Una vez corregido el sesgo, los datos deberán suprimirse, salvo que el periodo de conservación previsto finalice con anterioridad, en cuyo caso deberán eliminarse en ese momento.

La organización deberá justificar documentalmente la concurrencia de las condiciones que permiten acogerse a esta habilitación. En particular, deberá hacer constar en el registro de actividades de tratamiento las razones por las que el uso de categorías especiales de datos resultaba estrictamente necesario. También deberá explicar por qué la finalidad perseguida no podía alcanzarse eficazmente mediante datos personales no pertenecientes a categorías especiales, datos no personales, datos sintéticos o datos anonimizados.

Las condiciones establecidas en el artículo 4 bis deberán cumplirse de forma acumulativa con las restantes exigencias del Reglamento de Inteligencia Artificial, en particular las relativas a los datos y a la gobernanza de datos. A ello se añade el cumplimiento del RGPD y, cuando resulte aplicable, de la normativa sectorial en materia de protección de datos. El artículo 4 bis no desplaza ni sustituye esos regímenes, sino que establece una habilitación específica que debe integrarse con ellos.

2.7. NUEVAS PRÁCTICAS DE IA PROHIBIDAS

La reforma amplía el catálogo de prácticas prohibidas del artículo 5 del Reglamento de Inteligencia Artificial. En particular, incorpora prohibiciones dirigidas a impedir la utilización de sistemas de IA para generar o manipular contenidos íntimos o sexuales no consentidos y material de abuso o explotación sexual infantil.

2.7.1. Contenidos íntimos o sexuales no consentidos

El artículo 5 prohíbe los sistemas de IA que generen o manipulen imágenes, vídeos, audios u otros contenidos realistas relativos a las partes íntimas de una persona identificable. También prohíbe los sistemas que representen a una persona identificable participando en actividades sexualmente explícitas sin que esta haya prestado su consentimiento.

El consentimiento deberá ser libre, específico, informado, inequívoco y expreso. La exigencia de consentimiento se refiere tanto a la utilización de la identidad de la persona como a la generación o manipulación del contenido íntimo o sexual. La prohibición comprende, por tanto, los denominados contenidos sexuales sintéticos o manipulados cuando atribuyan falsamente a una persona identificable conductas o situaciones íntimas sin su autorización.

2.7.2. Material de abuso o explotación sexual infantil

También quedan prohibidos los sistemas de IA que generen o manipulen material de abuso o explotación sexual infantil.

En el caso de los proveedores, la prohibición alcanza, en primer lugar, a los sistemas específicamente diseñados para generar o manipular esa clase de material. Se extiende igualmente a aquellos sistemas cuyo entrenamiento, arquitectura o capacidades permitan considerar razonablemente previsible y reproducible la generación de tales contenidos, cuando el proveedor no haya incorporado salvaguardias técnicas suficientes para impedirlo.

La previsión no exige que el sistema haya sido creado exclusivamente con esa finalidad. Puede resultar aplicable cuando sus características técnicas hagan previsible que produzca de manera reproducible material prohibido y el proveedor no haya adoptado medidas eficaces para evitarlo.

Para los responsables del despliegue, la prohibición opera cuando utilicen el sistema con la finalidad de generar o manipular material de abuso o explotación sexual infantil. En este caso, el elemento determinante es el uso concreto que se haga del sistema, con independencia de que este hubiera sido diseñado inicialmente para una finalidad lícita o de carácter general.

Las nuevas prohibiciones relativas a los contenidos íntimos o sexuales no consentidos y al material de abuso o explotación sexual infantil serán aplicables desde el 2 de diciembre de 2026.

2.8. SUPERVISIÓN EUROPEA Y ESPACIOS CONTROLADOS DE PRUEBAS

La reforma refuerza la dimensión europea del sistema de supervisión establecido por el Reglamento de Inteligencia Artificial. Por una parte, atribuye a la Oficina de IA competencias exclusivas respecto de determinados sistemas cuya estructura o alcance justifican una intervención centralizada. Por otra, intensifica la cooperación con las autoridades nacionales y permite crear un espacio controlado de pruebas a escala de la Unión.

2.8.1. Competencias de la Oficina de IA

El nuevo artículo 75 atribuye a la Oficina de IA competencia exclusiva para supervisar y exigir el cumplimiento del Reglamento respecto de determinados sistemas basados en modelos de IA de uso general. Esta competencia se aplica cuando el modelo y el sistema hayan sido desarrollados por el mismo proveedor o por proveedores que formen parte de la misma empresa. Se pretende, de este modo, concentrar en una única autoridad la supervisión del modelo de uso general y del sistema construido sobre él cuando ambos se integran en una misma estructura empresarial. (EUR-Lex)

La atribución no comprende, sin embargo, todos los sistemas basados en modelos de IA de uso general. Permanecen sometidos a las autoridades nacionales o sectoriales los sistemas relacionados con productos regulados por la legislación de armonización de la Unión incluida en el anexo I; los sistemas destinados a la gestión o funcionamiento de infraestructuras críticas contemplados en el punto 2 del anexo III; determinados sistemas proporcionados por autoridades policiales, autoridades de gestión de fronteras o entidades financieras; y los sistemas relativos a la administración de justicia incluidos en el punto 8 del anexo III.

La Oficina de IA será también competente respecto de los sistemas que constituyan una plataforma en línea de muy gran tamaño o un motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño, o que se encuentren integrados en ellos, siempre que hayan sido designados como tales conforme al Reglamento de Servicios Digitales. La centralización permite coordinar la aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial con las competencias que la Comisión ya ejerce sobre estas plataformas y motores de búsqueda en virtud de aquel Reglamento.

La competencia exclusiva se extiende, en primer lugar, a los proveedores de los sistemas afectados. Respecto de los responsables del despliegue, solo opera cuando estos sean también proveedores del sistema o formen parte de la misma empresa que el proveedor. Los demás responsables del despliegue continúan sometidos a la supervisión de las autoridades nacionales competentes.

2.8.2. Coordinación con las autoridades nacionales y sectoriales

La atribución de competencias a la Oficina de IA no sustituye completamente el sistema descentralizado de vigilancia del mercado. Las autoridades nacionales conservan sus funciones respecto de los sistemas no comprendidos en el artículo 75 y en aquellos ámbitos en los que la reforma mantiene expresamente la supervisión sectorial.

La reforma establece, además, un deber reforzado de cooperación. Las autoridades que intervienen en la aplicación del Reglamento deberán colaborar activamente con la Oficina de IA y prestarle la asistencia necesaria para el ejercicio de sus competencias. Esta asistencia podrá comprender la realización de inspecciones u otras medidas de investigación y ejecución en el territorio de un Estado miembro. (EUR-Lex)

Cuando una actuación de investigación o ejecución requiera acceder a datos o sistemas de IA de una autoridad pública, la Oficina deberá contar con la asistencia de la correspondiente autoridad de vigilancia del mercado. Asimismo, antes de adoptar una decisión que prohíba o restrinja la comercialización o puesta en servicio de un sistema en un mercado nacional, o que ordene su retirada o recuperación, deberá informar a la autoridad nacional competente y consultar, cuando proceda, a las demás autoridades afectadas.

También se establece un cauce específico para la notificación de incidentes graves. Los proveedores de sistemas de alto riesgo sometidos a la competencia de la Oficina deberán comunicarle directamente esos incidentes. La Oficina transmitirá sin demora la información relevante a la autoridad de vigilancia del mercado del Estado miembro en el que se encuentre establecido el proveedor o su representante legal.

El sistema resultante combina, por tanto, una competencia europea exclusiva para determinadas categorías de sistemas con mecanismos de asistencia mutua y cooperación territorial. No se elimina la intervención nacional, sino que se distribuyen las funciones para evitar controles superpuestos, interpretaciones divergentes y actuaciones contradictorias.

2.8.3. Espacios controlados de pruebas

La reforma amplía y precisa el régimen de los espacios controlados de pruebas para la IA. Estos espacios proporcionan un entorno supervisado en el que los proveedores o proveedores potenciales pueden desarrollar, entrenar, probar y validar sistemas innovadores durante un periodo limitado antes de introducirlos en el mercado o ponerlos en servicio.

Las actividades deberán realizarse de acuerdo con un plan específico acordado entre el proveedor y la autoridad competente. El plan delimitará los objetivos, condiciones, duración y metodología de las pruebas, y deberá incorporar las garantías necesarias para controlar los riesgos. Los espacios podrán incluir pruebas en condiciones reales cuando se cumplan los requisitos establecidos para esta modalidad de experimentación.

La reforma mantiene los espacios nacionales, aunque traslada al 2 de agosto de 2027 la fecha límite para que los Estados miembros dispongan de, al menos, uno de ellos. También permite que varios Estados miembros establezcan espacios conjuntos o participen en uno ya existente cuando esa participación garantice una cobertura nacional equivalente.

Como principal novedad, la Oficina de IA podrá establecer un espacio controlado de pruebas a escala de la Unión para los sistemas sometidos a su competencia conforme al artículo 75. Su creación no afectará a la facultad de los Estados miembros para establecer y supervisar espacios nacionales respecto de los sistemas que permanezcan bajo su competencia.

El espacio europeo deberá funcionar en estrecha cooperación con las autoridades nacionales y sectoriales relevantes. Esta cooperación será especialmente necesaria cuando las pruebas afecten al cumplimiento de normas de la Unión distintas del Reglamento de Inteligencia Artificial. La participación en el espacio europeo no permitirá, por tanto, eludir las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos, de la regulación financiera, de la legislación de productos o de otras disposiciones sectoriales aplicables.

Cuando los sistemas ensayados impliquen el tratamiento de datos personales, las autoridades de protección de datos deberán asociarse al funcionamiento del espacio y participar en la supervisión de los aspectos comprendidos en sus respectivas competencias. La Comisión deberá precisar mediante actos de ejecución las reglas de gobernanza, coordinación y cooperación aplicables a estos entornos.

Finalmente, se reconoce un acceso prioritario a las pymes, incluidas las empresas emergentes, y a las pequeñas empresas de mediana capitalización. Esta preferencia pretende facilitar que las empresas con menores recursos puedan recibir orientación regulatoria, identificar anticipadamente los riesgos y preparar el cumplimiento antes de introducir el sistema en el mercado. La participación en un espacio controlado de pruebas no supone, sin embargo, una exención general de las obligaciones del Reglamento ni una certificación automática de conformidad.