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Inteligencia artificial, AI washing, sanciones en EEUU

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Las sociedades mercantiles y sus administradores  operan en un entorno de responsabilidad cada vez más exigente. .A los riesgos financieros tradicionales se han sumado los derivados de la sostenibilidad, las cuestiones ESG, la ciberseguridad, la protección de datos, los riesgos reputacionales, por mencionar algunos. Y, la inteligencia artificial incorpora un nuevo factor de complejidad y riesgo.

Guess who

La adopción acelerada de sistemas de inteligencia artificial está transformando los modelos de negocio de empresas de todos los sectores. Junto a las oportunidades que ofrecen las tecnologías inteligentes, aparecen también nuevos riesgos jurídicos y de gobierno corporativo. Hoy nos centramos en uno de ellos: el  denominado AI washing.  La expresión es utilizada para describir aquellas situaciones en las que una empresa exagera, atribuye o publicita capacidades de inteligencia artificial que, en realidad, no posee o no puede acreditar suficientemente.

Esta práctica puede afectar tanto a productos y servicios como a procesos internos o estrategias empresariales. En un mercado especialmente sensible a la innovación tecnológica, las afirmaciones sobre el desarrollo o utilización de inteligencia artificial influyen en las decisiones de inversión, en la confianza de clientes y socios comerciales, en los consumidores  y, en definitiva, en la valoración de las compañías. Cuando esas declaraciones resultan engañosas o insuficientemente fundamentadas, se derivan consecuencias. Por ejemplo, los inversores pueden interponer reclamaciones por información inexacta, los supervisores podrían iniciar investigaciones y las empresas enfrentarse a procedimientos sancionadores o judiciales.

La tendencia ya es evidente en Estados Unidos. Desde 2023 se ha producido un notable incremento de las demandas relacionadas con el AI washing, acompañado de una creciente actividad supervisora. Un hito especialmente significativo fue la actuación de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), autoridad federal encargada de la supervisión de los mercados de valores estadounidenses, que el 18 de marzo de 2024 sancionó a las sociedades de asesoramiento financiero Delphia (USA) Inc. y Global Predictions Inc. por realizar declaraciones falsas o engañosas acerca del supuesto uso de inteligencia artificial en sus procesos de inversión y en su actividad empresarial. La SEC consideró que ambas entidades habían utilizado el atractivo comercial de la IA para inducir a error a inversores y clientes potenciales, popularizando, además, el término AI washing.

.Los comportamientos sancionados, por falsos y por incitar a error , consistían en que, por una parte,  Delphia afirmaba utilizar modelos de IA y machine learning basados en datos de sus clientes (pero tales capacidades no existían en los términos anunciados). Por otra parte,  Global Predictions se presentaba como el «primer asesor financiero regulado por IA» y publicitaba previsiones «impulsadas por IA» sin un fundamento de realidad suficiente.

Ambas entidades aceptaron pagar las sanciones  (225.000 y 175.000 dólares, respectivamente), además de  obedecer a las órdenes de cese de las prácticas cuestionadas. La SEC subrayó que las empresas no pueden aprovechar el atractivo comercial de la inteligencia artificial para realizar afirmaciones inexactas o engañosas, acuñando expresamente el término AI washing para referirse a este tipo de conductas.

Estos asuntos constituyen una advertencia temprana de gran relevancia: las afirmaciones públicas sobre el empleo de inteligencia artificial pueden generar responsabilidad regulatoria cuando no sean objetivamente verificables, lo que incrementa la exposición de administradores y directivos y, potencialmente, de las pólizas D&O.

La supervisión regulatoria frente a las declaraciones falsas sobre  inteligencia artificial no se limita a la transparencia frente al mercado. También alcanza a los sistemas internos de cumplimiento normativo. Un buen ejemplo lo ofrece la Office of Foreign Assets Control (OFAC), oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de administrar y hacer cumplir los programas de sanciones económicas y comerciales internacionales. OFAC mantiene, entre otras funciones, la conocida Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) y supervisa el cumplimiento de los regímenes de sanciones estadounidenses. En el ámbito financiero, se admite el empleo de inteligencia artificial y de técnicas de machine learning en funciones críticas como los sistemas de sanctions screening, pero se insiste en que estas tecnologías no sustituyen la responsabilidad de las organizaciones ni eliminan la necesidad de mantener controles internos eficaces, supervisión humana, validación continua de los modelos y adecuados mecanismos de auditoría. La utilización de inteligencia artificial no exime del cumplimiento de las obligaciones legales: únicamente constituye una herramienta cuyo funcionamiento debe poder explicarse, verificarse y supervisarse.

La OFAC no exige aplicar una tecnología específica. Si demanda, en cambio , la puesta en marcha de programas de cumplimiento eficaces, basados en una evaluación adecuada del riesgo, controles internos, auditorías y el compromiso de la dirección. También insiste en que la inteligencia artificial puede mejorar la eficacia del screening, pero nunca sustituye la responsabilidad de la empresa ni la obligación de demostrar la efectividad de su sistema de cumplimiento.

La actuación de los reguladores estadounidenses frente al AI washing se ha intensificado también en el ámbito de la protección de los consumidores. El 25 de agosto de 2025, la Federal Trade Commission (FTC) presentó una demanda contra Air AI, empresa dedicada a la comercialización de herramientas de inteligencia artificial y servicios de formación empresarial.

Según la FTC, la compañía habría realizado afirmaciones engañosas al asegurar que su sistema de IA, denominado Odin, podía mantener conversaciones telefónicas autónomas con una calidad equiparable a la de un ser humano, sustituir a los comerciales y ejecutar de forma independiente tareas empresariales complejas. Sin embargo, la autoridad consideró que el sistema  Odin no funcionaba conforme a lo anunciado, presentando graves limitaciones incluso para realizar funciones básicas como concertar citas, registrar direcciones de correo electrónico o responder correctamente a preguntas de los usuarios.

La FTC alegó que estas declaraciones permitieron a la empresa obtener millones de dólares de emprendedores y pequeñas empresas, algunas de las cuales habrían sufrido pérdidas económicas relevantes. En su demanda, la FTC solicitó medidas cautelares inmediatas. Este asunto, a modo de ejemplo, constituye el cuarto procedimiento por AI washing iniciado por la FTC en 2025 y el duodécimo desde 2024, lo que pone de manifiesto una tendencia en auge, frente a las prácticas comerciales engañosas relacionadas con la inteligencia artificial.

El asunto resulta especialmente relevante porque constituye uno de los primeros casos en los que un regulador cuestiona expresamente las afirmaciones relativas a la denominada IA agéntica (agentic AI), así como las promesas de sustitución de trabajadores humanos por sistemas de inteligencia artificial. Y, el mensaje es que , para poder afirmar, es necesario acreditar técnicamente las capacidades reales de los productos y servicios, y evitar afirmaciones publicitarias que puedan inducir a error a consumidores, clientes o inversores.

Los enfoques de los supervisores estadounidenses responden a ámbitos regulatorios distintos entre sí, pero transmiten un mismo mensaje. La inteligencia artificial deja de ser únicamente una cuestión tecnológica para convertirse en un verdadero problema de gobierno corporativo y de competencia desleal. Ya no basta con incorporar soluciones de IA; es necesario, además , demostrar que su utilización está sometida a mecanismos eficaces de supervisión, control y rendición de cuentas.

Expo na Cidade da Cultura (Santiago, 2021)

En Europa, el panorama presenta características propias.

 

El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act, no establece una responsabilidad personal específica para los administradores por el mero uso de sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, sí refuerza indirectamente sus deberes de diligencia, supervisión y organización mediante la exigencia de estructuras capaces de garantizar un uso responsable de estas tecnologías y de gestionar adecuadamente los riesgos asociados.

En consecuencia, la gobernanza de la inteligencia artificial deja de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un asunto propio del gobierno corporativo. Los riesgos asociados a la IA deben identificarse, evaluarse y comunicarse periódicamente al consejo de administración, integrándose en los sistemas de control interno junto a los riesgos financieros, de cumplimiento normativo, ciberseguridad o sostenibilidad.

La supervisión humana efectiva, la existencia de políticas internas, la formación de los empleados, la trazabilidad de las decisiones automatizadas, la documentación de los modelos utilizados y la verificación de las afirmaciones públicas realizadas sobre el empleo de inteligencia artificial constituyen ya elementos esenciales de una adecuada gestión empresarial. La ausencia de información suficiente al consejo o la falta de mecanismos de supervisión podrían llegar a interpretarse como deficiencias en el cumplimiento del deber de diligencia y vigilancia de los administradores.

Mongolfiera

Todo ello tiene una consecuencia especialmente relevante desde la perspectiva aseguradora. El AI washing comienza a perfilarse como una nueva fuente de exposición para las pólizas D&O, al incrementar el riesgo de reclamaciones por parte de accionistas, inversores, autoridades supervisoras, consumidores o terceros afectados. La gestión adecuada de la inteligencia artificial deja así de ser únicamente una cuestión de innovación para convertirse también en un elemento esencial de prevención del riesgo jurídico y de protección de los órganos de administración.

En los próximos años, probablemente la gobernanza de la inteligencia artificial ocupará una posición semejante a la que hoy tienen la ciberseguridad o el cumplimiento normativo. Los consejos de administración no solo deberán decidir sobre la adopción de sistemas de IA, sino también acreditar que su utilización responde a criterios de diligencia, transparencia, control interno y supervisión efectiva. La inteligencia artificial ya no constituye únicamente una oportunidad tecnológica: es, cada vez con mayor intensidad, un asunto de gobierno corporativo, responsabilidad de administradores y gestión integral del riesgo empresarial.

Más en las fuentes:

Regulación, acceso y poder económico en la nueva gobernanza de la IA

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Cuando hablamos de inteligencia artificial, la mayor parte del debate jurídico gira en torno a cuestiones funcionales como la protección de los derechos fundamentales, la responsabilidad por los daños causados por sistemas automatizados, la transparencia algorítmica, la privacidad o la ciberseguridad. Son aspectos  esenciales de la nueva realidad y, con razón, ocupan un lugar central en la reflexión. Sin embargo, mientras el debate continúa centrado en cómo debe regularse la inteligencia artificial, comienza a emerger otra cuestión que podría resultar aún más decisiva durante la próxima década: ¿quién podrá acceder a las capacidades más avanzadas de inteligencia artificial y bajo qué condiciones?

Garexo no verán

Garexo no verán

La pregunta plantea un problema clásico del Derecho económico, pues no es lo mismo regular una actividad que controlar el acceso a ella.

  • Regular significa establecer reglas generales de funcionamiento para todos los operadores que participan en un determinado mercado. Es la lógica tradicional del Derecho económico: las empresas pueden desarrollar libremente una actividad siempre que respeten determinadas obligaciones legales, de competencia, de protección de consumidores, de seguridad o de protección ambiental.
  • Otro concepto muy distinto consiste en controlar quién puede acceder a una determinada actividad o a determinados recursos indispensables para desarrollarla. En ese caso, el Derecho deja de limitarse a disciplinar el funcionamiento del mercado para intervenir sobre su propia estructura, condicionando quién puede participar y quién queda excluido.

Como es sabido, existen actividades sometidas a autorización administrativa, concesiones, licencias o reservas legales precisamente porque el legislador considera que están vinculadas a intereses públicos especialmente intensos. Hasta hace muy poco, la inteligencia artificial no parecía que fuera a pertenecer a esa categoría. Pero la situación está cambiando con enorme rapidez. Hoy la inteligencia artificial ya no constituye únicamente una herramienta para mejorar la productividad empresarial. Se ha convertido en un elemento decisivo para la defensa nacional, la ciberseguridad, la investigación científica, la medicina, la industria, las infraestructuras críticas y la competitividad económica. La IA ha dejado de ser únicamente una tecnología innovadora para convertirse también en un activo estratégico. Y cuando una tecnología adquiere esa condición, inevitablemente cambia la naturaleza de la regulación jurídica que la rodea. Por esa razón, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han comenzado a incorporar la inteligencia artificial dentro de sus políticas de seguridad económica y de autonomía estratégica.

Quizá el verdadero objeto de regulación ya no tenga que ser la inteligencia artificial considerada de forma abstracta, sino el acceso a las capacidades necesarias para desarrollar los sistemas más avanzados:  la potencia de cálculo, los grandes centros de datos, los procesadores especializados, las infraestructuras cloud, los modelos fundacionales de última generación o determinados conjuntos masivos de datos de alta calidad. Sin acceso a esos recursos resulta prácticamente imposible desarrollar inteligencia artificial de frontera.

Así, el debate principal deja de centrarse en cómo debe utilizarse la inteligencia artificial y comienza a consistir en quien puede acceder a los factores esenciales que permiten producirla.

¿Daría esto lugar a una nueva forma de intervención pública?.  Conviene ser prudentes.  Hoy no existe, ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos, una autorización administrativa general para desarrollar inteligencia artificial. El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), con su reforma Omnibus incluida, no establece un sistema de licencias para crear modelos de IA. Su lógica continúa siendo la de clasificar los sistemas según su nivel de riesgo, prohibir determinados usos especialmente graves, imponer obligaciones reforzadas a los sistemas de alto riesgo y regular los modelos de propósito general, pero mantiene como principio general la libre circulación de los sistemas conformes dentro del mercado interior.

Sin embargo, junto a este modelo comienza a dibujarse otra realidad:

El acceso a determinadas capacidades tecnológicas depende cada vez más de decisiones públicas relacionadas con la seguridad nacional, los controles de exportación, la disponibilidad de semiconductores avanzados, la utilización de supercomputadores, la protección de infraestructuras críticas o la financiación pública de grandes proyectos tecnológicos.

No nos encontramos todavía ante un régimen de autorización administrativa en sentido estricto. Sin embargo, la evolución del marco regulatorio comienza a producir efectos económicos y competitivos que presentan una creciente analogía funcional con los sistemas de acceso condicionado al mercado.

En una economía de mercado, la obtención de ventajas competitivas debería descansar fundamentalmente sobre la capacidad de innovación, la eficiencia productiva, la inversión y la calidad de la organización empresarial. No obstante, este equilibrio puede verse alterado cuando el acceso a determinados recursos tecnológicos o infraestructuras estratégicas deja de depender exclusivamente de la capacidad empresarial y pasa a condicionarse al cumplimiento de requisitos regulatorios de elevada complejidad o, incluso, a decisiones institucionales relativas al acceso a capacidades consideradas críticas.

En estas circunstancias, la propia estructura competitiva del mercado puede experimentar transformaciones relevantes. Las empresas de menor dimensión, aun cuando dispongan de una elevada capacidad innovadora, encuentran mayores dificultades para acceder a los recursos esenciales para competir en igualdad de condiciones. Paralelamente, el incremento de los costes de cumplimiento normativo puede operar como una barrera de entrada, favoreciendo procesos de concentración económica y reforzando las ventajas estructurales de los operadores ya establecidos.

Los grandes operadores no solo disponen, por regla general, de mayores capacidades financieras y tecnológicas, sino también de recursos organizativos y jurídicos suficientes para gestionar con mayor eficacia la creciente complejidad regulatoria e integrarse en los ecosistemas tecnológicos y de gobernanza que se configuran en torno a las infraestructuras estratégicas de inteligencia artificial. Esta ventaja institucional se añade a las economías de escala y de red ya existentes, pudiendo consolidar posiciones de mercado particularmente difíciles de disputar.

Desde esta perspectiva, la cuestión trasciende el ámbito propio de la regulación tecnológica para proyectarse sobre el Derecho de la competencia y el Derecho del mercado interior. Ambos sectores del ordenamiento deberán afrontar el desafío de evitar que mecanismos regulatorios concebidos para proteger intereses públicos legítimos —como la seguridad, la resiliencia o la protección de los derechos fundamentales— produzcan, de forma indirecta, efectos restrictivos sobre la competencia o generen barreras de acceso incompatibles con los principios de apertura de los mercados y de libertad de empresa. El reto jurídico consistirá, por tanto, en preservar un equilibrio adecuado entre los objetivos regulatorios y el mantenimiento de unas condiciones de competencia efectivas, evitando que la gobernanza de la inteligencia artificial evolucione hacia modelos de acceso selectivo que, sin constituir formalmente regímenes autorizatorios, desplieguen consecuencias económicas sustancialmente equivalentes.

Europa y Estados Unidos siguen caminos parcialmente distintos

La respuesta de la Unión Europea presenta rasgos propios. El Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial (AI Act) no persigue determinar qué empresas pueden desarrollar sistemas de inteligencia artificial ni establecer un régimen de autorización para el acceso a esta tecnología. Su finalidad consiste en configurar un marco jurídico uniforme que garantice un elevado nivel de protección de los derechos fundamentales, la seguridad y otros intereses públicos, evitando al mismo tiempo la fragmentación regulatoria del mercado interior. El principio que inspira el modelo europeo continúa siendo, por tanto, el de la libre circulación de los sistemas de inteligencia artificial que cumplen los requisitos armonizados establecidos por el Reglamento.

Rio Arno, Luminaria, di San Rainieri, 2024

La aproximación estadounidense responde a una lógica diferente. Sin abandonar los mecanismos propios de una economía de mercado, la inteligencia artificial ha pasado a integrarse progresivamente en la estrategia nacional de liderazgo tecnológico, seguridad económica y competencia geopolítica. En este contexto, el acceso a determinados recursos estratégicos —como los semiconductores avanzados, la capacidad de computación o los modelos fundacionales de mayor potencia— se contempla cada vez más como un elemento de política industrial y de seguridad nacional, cuya disponibilidad puede quedar condicionada por decisiones públicas relativas a exportaciones, inversiones, suministro tecnológico o cooperación internacional.

La diferencia entre ambos modelos no reside tanto en el mayor o menor grado de intervención pública cuanto en la distinta finalidad que orienta dicha intervención. Mientras la Unión Europea continúa construyendo un régimen jurídico destinado principalmente a ordenar el funcionamiento del mercado interior y a garantizar un desarrollo confiable de la inteligencia artificial, Estados Unidos incorpora esta tecnología de manera creciente al ámbito de la competencia estratégica internacional, donde confluyen objetivos económicos, industriales, tecnológicos y de seguridad.

Esta divergencia anticipa una de las cuestiones que probablemente dominarán el debate jurídico durante los próximos años. Durante la última década, el interrogante central ha consistido en determinar cómo debía regularse la inteligencia artificial. Sin embargo, la evolución reciente permite plantear que la cuestión decisiva pueda dejar de ser la regulación de la actividad para trasladarse al régimen jurídico del acceso a las capacidades tecnológicas que hacen posible dicha actividad.

En este escenario, el problema ya no consiste únicamente en establecer obligaciones de transparencia, seguridad o diligencia para quienes desarrollan o utilizan sistemas de inteligencia artificial. También será necesario determinar en qué condiciones jurídicas podrán acceder los operadores económicos a infraestructuras esenciales, capacidad de computación, modelos fundacionales, grandes conjuntos de datos o componentes tecnológicos cuya relevancia estratégica resulta cada vez más evidente. La cuestión adquiere especial trascendencia desde la perspectiva de la libertad de empresa, la competencia efectiva y el correcto funcionamiento del mercado interior.

Naturalmente, los poderes públicos disponen de razones legítimas para proteger tecnologías críticas, infraestructuras esenciales y capacidades estratégicas cuya utilización puede afectar a la seguridad nacional, la resiliencia económica o la autonomía tecnológica. Sin embargo, esa protección deberá conciliarse con los principios que tradicionalmente han sustentado las economías abiertas: la libertad de acceso al mercado, la igualdad de oportunidades entre operadores, la innovación y la preservación de una competencia efectiva capaz de favorecer la aparición de nuevos actores.

La experiencia histórica demuestra que los grandes ciclos de innovación tecnológica han prosperado cuando el ordenamiento jurídico ha logrado mantener un equilibrio razonable entre regulación e iniciativa empresarial. Una intervención insuficiente puede comprometer intereses públicos esenciales; una intervención excesivamente restrictiva puede reducir la innovación, elevar las barreras de entrada y favorecer procesos de concentración económica. La inteligencia artificial no parece escapar a esta tensión estructural. Desde esta perspectiva, cabe sostener que el principal desafío jurídico de la próxima década no consistirá únicamente en determinar qué modelo de inteligencia artificial alcanza mayores niveles de rendimiento o qué empresas liderarán el desarrollo tecnológico. La cuestión verdaderamente decisiva será definir quién podrá acceder a las capacidades estratégicas que hacen posible esa inteligencia artificial y cuáles serán los límites jurídicos que condicionen dicho acceso.

En otras palabras, el centro de gravedad del Derecho económico de la inteligencia artificial puede desplazarse desde la regulación de la actividad hacia la gobernanza del acceso a los recursos tecnológicos estratégicos. Si esta evolución termina consolidándose, estaremos ante una transformación de gran alcance: el tránsito desde un mercado caracterizado, en esencia, por la libre disponibilidad de los recursos tecnológicos hacia otro en el que determinadas capacidades —especialmente la computación avanzada, los modelos fundacionales, los semiconductores de última generación o las infraestructuras críticas de datos— adquieran progresivamente la condición de activos estratégicos, cuyo acceso dejará de depender exclusivamente de las dinámicas del mercado para quedar crecientemente condicionado por decisiones regulatorias, institucionales y geopolíticas. Ello obligará al Derecho económico, al Derecho de la competencia y al Derecho público económico a redefinir categorías tradicionales concebidas para mercados abiertos, incorporando una nueva dimensión en la que la regulación del acceso a capacidades tecnológicas estratégicas puede convertirse en uno de los elementos centrales de la gobernanza de la economía digital.

FUENTES DE INTERÉS:

Estados Unidos

Unión Europea

 

Análisis jurisprudencial: Retribuciones. Administradores independientes (sin conflictos de intereses) para decidir en materia retributiva en Delaware después de la reforma de 2025

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La reciente sentencia Ayers v. Foley, dictada el 15 de junio de 2026 por la Delaware Court of Chancery, constituye un hito relevante en la interpretación del concepto legal de administrador independiente de Delaware. Por primera vez, el tribunal ha aplicado la reforma introducida en 2025 en la Section  (144 (d) (2) del Delaware General Corporation Law (DGCL) mediante la Senate Bill 21, en relación con el concepto de administrador independiente.

La reforma de 2025 del DGCL introdujo cambios especialmente relevantes en la Section 144(d)(2), al reforzar la posición del consejo de administración cuando éste declara que un director de una sociedad cotizada cumple los estándares de independencia exigidos por la bolsa en la que la compañía cotiza. Sobre esa declaración, la reforma presume que el director es “desinteresado” a efectos de la operación, salvo que se acrediten circunstancias concretas que demuestren lo contrario. Es decir,  con la nueva redacción, se presume que un director es “disinterested” respecto de una operación si no es parte en la transacción y el consejo determina que cumple los criterios de independencia previstos en las reglas de la bolsa de referencia (NYSE, Nasdaq u otro mercado regulado equivalente).

Esa presunción no es irrebatible: puede quedar desvirtuada si quien impugna la operación aporta hechos concretos, sustanciales y suficientemente individualizados que acrediten que el consejero mantiene un interés material en la transacción o una relación relevante con una parte interesada. Lo decisivo es que, desde la reforma, los criterios de independencia bursátil dejan de operar como un simple indicio orientativo y pasan a tener un auténtico efecto presuntivo en la valoración del conflicto de interés y en la calificación del consejero como desinteresado.

Este cambio es relevante porque, en el derecho de Delaware, las operaciones en las que puede existir un conflicto de interés, como las de este caso que se refieren a la retribuciones estaban sometidas al llamado entire fairness test: el estándar de control más exigente conforme al cual no basta con que la transacción parezca razonable en términos generales: quien la defiende debe acreditar que fue íntegramente justa, tanto desde el punto de vista del precio como del procedimiento seguido para su aprobación. Tradicionalmente, este escrutinio reforzado se activaba con relativa facilidad cuando concurrían vínculos significativos entre los intervinientes o existían dudas serias sobre la independencia de quienes adoptaron la decisión.

La redacción del 2025 eleva ahora el umbral exigido para aplicar el entire fairness test: Si el consejo determina que el director cumple los criterios de independencia de la bolsa o mercado en el que la sociedad cotiza, se refuerza la presunción de que no existe un conflicto material de interés, y quien impugna la operación deberá aportar hechos sustanciales y particularizados para desvirtuarla. En la práctica, esto favorece un entorno de mayor seguridad operativa para quienes promuevan transacciones vinculadas a accionistas de control.

En Ayers v. Foley, el litigio surgió a raíz de una acción derivativa interpuesta por un accionista de Fidelity National Financial, Inc., quien cuestionaba determinados acuerdos retributivos aprobados por el consejo de administración de la entidad. Como suele ocurrir en este tipo de procedimientos, una cuestión central consistía en determinar si una mayoría del consejo estaba en condiciones de ejercer un juicio verdaderamente independiente de los intereses de la sociedad. O, si la decisión implicaba de tal modo los intereses de sus miembros que su imparcialidad quedaba comprometida.

En este asunto concreto, el tribunal concluye que la presunción de independencia reconocida por el legislador en algunos supuestos concretos (safe harbours) no debe entenderse restringida a tales casos en particular que están previstos en la Ley  . Por el contrario, la enumeración legal de situaciones donde el administrador es independiente no empece a la aplicación de la presunción de modo más amplio. La presunción, establece la magistrada ponente, proyecta sus efectos sobre el conjunto del Derecho societario de Delaware. Debe aplicarse incluso en relación con la denominada demand futility, esto es, para valorar si un accionista puede promover directamente una acción derivativa sin haber requerido previamente al consejo de administración para que la ejercite, como sería la regla general en derecho societario  de Delaware.

Esta decisión fortalece y dota de seguridad a la calificación como  independientes o ajenos a conflictos que realice el consejo de una sociedad cotizada. Esta declaración, realizada para indicar que se cumple los criterios de independencia exigidos por los mercados regulados en los que las acciones de la compañía son negociadas —como la New York Stock Exchange (NYSE) o el Nasdaq Stock Market— goza ahora de una presunción especialmente robusta. Para destruirla, el demandante deberá alegar y acreditar hechos concretos, específicos y suficientemente relevantes que permitan inferir la existencia de un interés material o de una relación material susceptible de influir objetivamente en el criterio del administrador.

La Court of Chancery deja claro que no resultan suficientes las meras sospechas, las alegaciones genéricas o la existencia de relaciones profesionales ordinarias. Tampoco bastan, por sí solas, circunstancias como la participación conjunta en otros consejos de administración, inversiones compartidas o vínculos empresariales de escasa entidad económica. Lo determinante para poder impugnar -con éxito- la clasificación como ajeno a conflicto de interés  será demostrar que el conflicto o la relación invocada posee una intensidad tal que pueda comprometer razonablemente la capacidad del consejero para actuar en el mejor interés de la sociedad y de sus accionistas.

Esta decisión pone luz sobre la cuestión de cómo los tribunales van a interpretar la reforma legislativa de Delaware de 2025, que había resondido a la creciente litigiosidad societaria sobre, como en este caso, conflictos de interés y consideración de independiente. Ayers v. Foley confirma que los tribunales de Delaware aplican el nuevo marco normativo a favor de la estabilidad de los órganos de administración. Y, que refuerza la clásica línea de deferencia judicial hacia las decisiones adoptadas por consejeros.

Campos y horizontes

El pronunciamiento trasciende el ámbito del Derecho estadounidense pues Delaware es un auténtico laboratorio jurídico en materia de gobiero corporativo y  administradores.

Aunque los sistemas estadounidense y europeo responden a tradiciones jurídicas distintas, las cuestiones abordadas en esta resolución encuentran claros puntos de conexión con la regulación de los consejeros independientes, la protección de los accionistas minoritarios y los estándares de buen gobierno que se consolidan progresivamente en el plano global.

Ayers v. Foley marca una dirección clara en la evolución del Derecho societario de Delaware: una mayor protección de la independencia formalmente reconocida a los consejeros, una exigencia probatoria más rigurosa para quienes pretendan cuestionarla y una apuesta decidida por la seguridad jurídica como elemento esencial de la competitividad regulatoria. La sentencia refuerza considerablemente el valor jurídico de las determinaciones de independencia formal realizadas conforme a los estándares de la NYSE y Nasdaq. Sin embargo, permanece abierto el debate sobre si la independencia formal reconocida por los mercados coincide siempre con una independencia real o sustantiva.  La  cuestión que deja abierta es hasta qué punto el refuerzo de la presunción de independencia reducirá, en la práctica, la viabilidad de las acciones derivativas. Al elevarse el nivel de detalle y concreción exigido a los demandantes, cabe esperar una disminución de litigios basados en alegaciones genéricas sobre relaciones personales o profesionales entre consejeros. Será especialmente interesante observar cómo los tribunales aplican este nuevo estándar en futuros casos en los que existan vínculos económicos más complejos o indirectos.

Fuentes:

Comentario de jurisprudencia . Sentencia de marzo de 2026 del TJUE— RWE/E.ON (sector energético alemán): delimitación del concepto de concentración única

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Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de marzo de 2026 ( (C-171/24 P a C-177/24 P y C-178/24 P y C-179/24 P), resuelven los recursos de casación interpuestos por diversas empresas municipales alemanas contra las decisiones del Tribunal General que habían confirmado la aprobación, por parte de la Comisión Europea, de dos operaciones de concentración entre RWE y E.ON en el ámbito del sector energético alemán y europeo. Las operaciones, notificadas en 2018, consistían en una compleja permuta de activos:

Arija

Lariño

  • RWE asumía el control de activos de generación de E.ON;

  • E.ON obtenía el control de las actividades de distribución, comercialización y determinados activos de generación de Innogy, filial de RWE;

  • y, de forma complementaria, RWE pasaba a ostentar un 16,67 % del capital de E.ON.

La Comisión Europea autorizó las dos primeras transacciones bajo el Reglamento (CE) n.º 139/2004, mientras que la tercera quedó sujeta al control de la autoridad alemana de competencia.

La cuestión jurídica central: concentración única o operaciones autónomas

El núcleo del litigio radicaba en determinar si estas operaciones interrelacionadas debían calificarse como una única concentración o si, por el contrario, podían examinarse separadamente.  Las recurrentes sostenían que la interdependencia económica y estratégica de las transacciones exigía una evaluación conjunta, pues el fraccionamiento podría eludir un control más estricto sobre los efectos acumulativos en el mercado energético.

Razonamiento del Tribunal General y del TJUE

El Tribunal General, en sus sentencias de mayo y diciembre de 2023 afirmó que una permuta de activos entre empresas independientes solo constituye una concentración única cuando las operaciones son jurídicamente dependientes entre sí o cuando una de ellas es condición necesaria para la otra en la consecución del control sobre una misma entidad económica.

El TJUE, al confirmar esas conclusiones, subrayó que las tres operaciones no perseguían el control común de una tercera empresa, sino una reorganización estructural del sector mediante intercambios recíprocos de activos y participaciones independientes. Por tanto, no concurren los elementos de unidad económica y funcional que exige el artículo 3 del Reglamento n.º 139/2004 para configurar una única concentración. Asimismo, el Tribunal de Justicia ratifica que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación, ni vulneró su obligación de examinar los posibles efectos conjuntos de las transacciones, dado que cada una fue evaluada dentro de su propio contexto de mercado.

El fallo consolida la doctrina jurisprudencial sobre el alcance del concepto de concentración en estructuras corporativas complejas. En particular:

  • Precisa que la interconexión económica o estratégica entre varias operaciones no basta, por sí sola, para configurar una concentración única.

  • Reafirma que la unidad de control constituye el criterio determinante en la delimitación de una operación de concentración.

  • Refuerza la seguridad jurídica de las empresas que articulan reorganizaciones mediante transacciones múltiples, siempre que mantengan su autonomía funcional y decisoria.

En sectores especialmente concentrados, como el energético, la sentencia actúa como precedente relevante para la evaluación de fusiones y permutas de activos con objetivos de reestructuración interna, clarificando los límites entre coordinación estratégica legítima y control económico prohibido.

Reflexión final

La STJUE comentada contribuye a estabilizar la frontera conceptual entre la noción de concentración y otras formas de cooperación empresarial. Confirma, además, una línea interpretativa que otorga a la Comisión discrecionalidad técnica razonable en el análisis de estructuras corporativas complejas, siempre bajo la premisa de la autonomía jurídica de las transacciones. En definitiva, se trata de una decisión significativa para la dogmática del Derecho de la competencia de la Unión, especialmente en el examen de operaciones en mercados estratégicos y regulados.

España es el segundo país de Europa con más mujeres inventoras en las disciplinas STEM

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Así lo pone de manifiesto el nuevo estudio que acaba de publicar el  Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes (European Patent Office (EPO, por sus siglas en inglés), titulado Advancing women in STEM. A data-driven assessment of the gender gap across Europe’s innovation ecosystem. Este estudio efectivamente sitúa a España como segundo país de Europa con mayor representación femenina entre sus inventores en las denominadas disciplinas STEM Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), informe del que se hace eco la Oficina Española de Patentes (aquí).

La tasa de mujeres inventoras en España alcanzó el 24,7% entre 2018 y 2022. Ello significa que casi uno de cada cuatro inventores es una mujer. Y este excelente resultado sólo es superado en Europa por Portugal, que registra un porcentaje de un 26,9% de mujeres inventoras. Conforme a estas cifras, como destaca la OEPM, nuestro país es un “claro referente en materia de igualdad”, al superar por un amplio margen la media europea, del 13,8% en 2022.

 

El mismo estudio Advancing women in STEM pone de relieve, a este respecto, que a escala Europa se están mejorando las cifras de invenciones obtenidas por mujeres, si bien a un ritmo muy lento. Desde 2019, la media europea únicamente ha sido capaz de aumentar un 0,8%, lo que significa que continúan existiendo obstáculos al crecimiento de las invenciones femeninas, tal y como subraya el presidente de la Oficina Europea de Patentes, António Campinos.

De igual manera el citado informe revela, en cuanto al emprendimiento tecnológico, que nuestro país encabeza la lista de mujeres fundadoras de startups con solicitudes de patentes europeas, con un 19,2%. Mientras que, en el conjunto de Europa, tan solo el 13,5% de las startups que han registrado solicitudes de patentes cuentan con, al menos, una mujer entre sus fundadores.

Otro de los datos que diferencian a España de la mayoría de países europeos reside en que las startups que solicitan patentes poseen una mayor representación femenina que aquellas que no patentan, concretamente el 24,7% frente al 23,5%. Esta circunstancia, como consta en el informe, confirma la estrecha vinculación entre innovación tecnológica y liderazgo femenino dentro del ecosistema emprendedor nacional.

Otro dato que refleja el estudio es el de que, en el contexto europeo, las startups de creación más reciente cuentan con una mayor proporción de mujeres fundadoras (14%) que aquellas compañías de más de 20 años de antigüedad (5,9%), lo que viene a expresar que estamos ante una evolución positiva y caminamos hacia una mayor representación femenina. Sin embargo, los datos son menos positivos en cuanto a los obstáculos con que se encuentran las empresas cofundadas por mujeres para escalar sus negocios, de forma que el crecimiento de la empresa y sus ingresos no vayan paralelos a un incremento proporcional de los gastos. Y asimismo se da la circunstancia de que la proporción de startups con mujeres cofundadoras es menor en rondas de financiación posteriores, en las que se trata de captar fondos de inversores que puedan financiar el progresivo crecimiento de la empresa.

En cuanto a la distribución por territorios, la provincia de Barcelona es el segundo clúster tecnológico europeo con mayor proporción de mujeres inventoras. Los autores del estudio señalan la importancia de los grandes ecosistemas metropolitanos en el impulso de la participación femenina en la innovación.

Otro de los datos que se resalta en el análisis efectuado por el Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes es el de que se observa una infrarrepresentación de las mujeres entre los titulados de doctorado (PhD) que solicitan patentes, pese a la alta proporción de doctorandas. En este sentido, España también sobresale para bien, ya que es el país de los siete analizados que presentó una tasa de infrarrepresentación más baja. De hecho, es alentador que varias universidades españolas destacan por la proporción de mujeres doctoras que registran solicitudes de patentes. Así, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona figuran entre las mejor posicionadas de toda Europa en este sentido, especialmente en investigaciones relativas a las Ciencias de la Vida y la Física.

Entre los estudiosos del tema, basándose entre otros en datos de la OEP, se apunta que el incremento de las invenciones realizadas por mujeres en España está impulsado principalmente por su participación en grandes equipos mixtos con orientación internacional, concentrándose -en cuanto a sectores- prioritariamente en ámbitos relacionados con la química, en sectores estratégicos y de gran complejidad, especialmente en la industria farmacéutica y la biotecnología. Conforme al informe que nos ocupa, y atendiendo a los análisis de expertos, se indica que las invenciones llevadas a cabo por mujeres están vinculadas a universidades y centros públicos de investigación (60 %); a empresas (30 %) o a inventores individuales (15 %). Estas cifras dejan claro -apoyándonos en la doctrina citada en el estudio- que las mujeres inventoras trabajan sobre todo en el sector público, constituyendo un reto importante, todavía en este momento, la mayor participación de las mujeres en las invenciones de las empresas. En cualquier caso, según esta misma literatura, y a falta de estadísticas detalladas sobre las diferencias de género en las trayectorias profesionales de I+D fuera del sector público, se estima -según encuestas de innovación realizadas- que las mujeres representan alrededor del 30 % del personal dedicado a actividades de innovación en el sector privado, en las empresas de nuestro país.

Al margen de lo expuesto, subraya el estudio que España también destaca en la proporción de Agentes de Propiedad Industrial (API’s) que son mujeres, con un 40,3% del total en 2025, muy por encima de la media europea, que fue de tan solo el 29,2%.

En conclusión, las tendencias positivas que recoge el estudio muestran el interés por la cuestión, tal como pone de manifiesto el resultado de las distintas iniciativas que se están llevando a cabo en toda Europa para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En esta línea, conviene destacar que la brecha de género existente en el ecosistema de la innovación protegida y, en general, en la propiedad industrial, es un tema que preocupa a nivel global. Así, es expresivo de esta preocupación que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) haya acogido en febrero de este año una Reunión Internacional para evaluar la situación de la mujer en el ecosistema global de Propiedad Industrial (PI) con la colaboración de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y en la que participaron los representantes de varias Oficinas Nacionales de PI iberoamericanas (aquí). Y todo ello en la idea de examinar la eficacia de las políticas públicas y las actuaciones, previendo medidas conducentes a revertir el contexto de desigualdad en los distintos países en lo relativo a la propiedad industrial.

A juicio de los expertos lo primero y fundamental es diseñar y recopilar estadísticas y métricas que dejen constancia fiel de la realidad existente, para -a partir de estos datos precisos- tratar de dar un giro a la situación, rompiendo la brecha de género, con políticas adecuadas y eficaces. A este respecto, la OEPM, desde 2022, dispone de datos que permiten identificar el género de los solicitantes de las distintas modalidades de Propiedad Industrial que se registran en la Oficina. Con esta panorámica se han diseñado actuaciones dirigidas a propiciar una mayor participación de las mujeres en la actividad inventiva, adoptando medidas encaminadas a ello, como por ejemplo la creación de una categoría específica para mujeres inventoras en los Premios que anualmente celebra la OEPM. En esta Reunión Internacional de actividades, aparte de otras actividades de carácter técnico, se intercambiaron experiencias y buenas prácticas para planificar e implementar políticas y actuaciones dirigidas a alcanzar la igualdad de género en el ecosistema global de innovación.

Jurisprudencia. El uso engañoso de fechas históricas en marcas de lujo: precisiones recientes del TJUE

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado recientemente los límites jurídicos del uso de referencias históricas en las marcas comerciales, especialmente en sectores donde el prestigio y la tradición forman parte esencial de la percepción del consumidor. En la  Sentencia, 26/03/2026, Fauré Le Page, C-412/24, ECLI:EU:C:2026:250 ha declarado que una marca de lujo puede resultar engañosa cuando incorpora un número que aparenta ser un antiguo año de fundación y, mediante ello, sugiere una tradición y un saber hacer que en realidad no existen. Esta práctica puede influir de forma relevante en la percepción de calidad, autenticidad y prestigio del producto, y por tanto vulnerar la normativa europea sobre marcas.

Azaleas en parterre bicolor

Azaleas en parterre bicolor

La decisión se inscribe en una línea jurisprudencial que refuerza la protección del consumidor frente a mensajes comerciales que, sin ser materialmente falsos en sentido estricto, generan una impresión global inexacta acerca de las características del producto o de la empresa que lo comercializa. En el ámbito del lujo, esta cuestión adquiere especial relevancia, ya que la reputación histórica y la continuidad empresarial constituyen elementos centrales del valor económico de la marca.

 

El caso: tradición evocada y continuidad inexistente. El litigio tiene su origen en el enfrentamiento entre dos empresas del sector de la marroquinería de lujo. La sociedad Fauré Le Page Paris, creada en 2009, registró diversas marcas que incluían la expresión «Fauré Le Page Paris 1717» para identificar productos de alta gama. El número «1717» ocupaba un lugar destacado en el signo distintivo y evocaba, para el consumidor medio, la idea de una casa con más de tres siglos de historia.

Una empresa competidora, Goyard ST‑Honoré, impugnó estos registros alegando que la referencia numérica sugería falsamente la existencia de una empresa fundada en el siglo XVIII y la transmisión ininterrumpida de un saber hacer histórico. Desde su perspectiva, el uso de esa fecha constituía una forma de apropiación simbólica de un legado que no correspondía a la realidad empresarial contemporánea.

Es cierto que existió históricamente una Maison Fauré Le Page dedicada a la fabricación de armas y accesorios, cuya actividad se remonta efectivamente al siglo XVIII. Sin embargo, dicha entidad cesó su actividad en 1992, y no se acreditó la existencia de una continuidad jurídica, económica o organizativa entre aquella empresa histórica y la sociedad constituida en 2009. El elemento decisivo no fue, por tanto, la existencia de un antecedente histórico con el mismo nombre, sino la ausencia de una continuidad empresarial real que justificara la evocación de esa antigüedad como atributo actual de la marca.

El criterio del Tribunal de Justicia. El Tribunal interpretó la prohibición de registrar marcas que puedan inducir al público a error sobre características de los productos —como su naturaleza, calidad u origen— prevista en el artículo 3.1.g) de la Directiva 2008/95/CE, actualmente sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436. Esta norma no se limita a evitar afirmaciones objetivamente falsas, sino que abarca también aquellas representaciones que, en su conjunto, generan una impresión engañosa en el consumidor.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el reconocimiento explícito de que, en el sector del lujo, la calidad de un producto no se define exclusivamente por sus propiedades materiales o técnicas. El Tribunal subraya que el valor de estos bienes se construye también sobre elementos intangibles, como la reputación, la tradición artesanal o la continuidad histórica de la marca. En otras palabras, la calidad percibida puede derivar de la narrativa empresarial y del capital simbólico acumulado a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, un número que el público perciba como año de creación puede constituir un elemento esencial del mensaje comercial. Si ese número evoca una trayectoria histórica inexistente, la marca puede inducir a error acerca del prestigio o del nivel de excelencia asociado a los productos. La ilicitud no depende únicamente de la literalidad del signo, sino del significado que razonablemente le atribuye el consumidor medio del sector correspondiente. Esta interpretación resulta coherente con la evolución del Derecho de marcas hacia una concepción más amplia del riesgo de engaño, que incluye no solo la información factual, sino también las expectativas legítimas que el consumidor construye a partir de la comunicación comercial.

 El papel del juez nacional y la apreciación contextual El Tribunal de Justicia no resuelve directamente el litigio nacional, sino que establece los criterios jurídicos que deben guiar la decisión del órgano jurisdiccional remitente. Corresponde, por tanto, al juez nacional determinar en cada caso concreto si el público pertinente percibe el número incorporado a la marca como una referencia a un año de fundación que sugiere un saber hacer prolongado en el tiempo.

Esta valoración debe realizarse de forma contextual y global, atendiendo al conjunto de elementos que integran el signo distintivo. Así, no solo se examina el número en sí mismo, sino también otros componentes, como la inclusión de términos geográficos —por ejemplo, «Paris»—, el diseño gráfico de la marca, el posicionamiento en el mercado y el tipo de productos comercializados. El análisis se centra en el mensaje global que la marca transmite al consumidor y en su capacidad para generar una impresión engañosa.

La respuesta interpretativa del Tribunal tiene un alcance general: vincula al órgano jurisdiccional que planteó la cuestión prejudicial y orienta a todos los tribunales nacionales que deban pronunciarse en situaciones comparables. En particular, resulta relevante para los casos en los que una marca pretende capitalizar un legado histórico ficticio o exagerado como elemento de diferenciación competitiva.

 

La sentencia refuerza una idea de creciente importancia en el Derecho europeo de marcas: la autenticidad histórica forma parte del contenido informativo de la marca cuando se utiliza como argumento de calidad o prestigio. En consecuencia, la evocación de una tradición inexistente puede constituir una forma de engaño, incluso cuando no se formule una afirmación explícita.Esta decisión obliga a extremar la cautela en el uso de fechas históricas, referencias a fundadores o alusiones a una continuidad centenaria. Estas estrategias de marketing, frecuentes en sectores como el lujo, la alimentación o la artesanía, deben basarse en hechos verificables y en una relación real con la historia que se invoca.Esta STJUE confirma que la protección del consumidor y la lealtad en la competencia se extienden también al terreno de los valores simbólicos y reputacionales. En mercados donde la tradición constituye un factor esencial de diferenciación, la veracidad de esa tradición se convierte en un requisito jurídico exigible.

 

España lidera el crecimiento de la innovación pública en Europa

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La Oficina Española de Patentes y Marcas deja constancia (aquí) -a finales de octubre de 2025- del Estudio realizado por el Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP) en colaboración con la Fraunhofer-Gesellschaft de Alemania, ISI, titulado Study shows vital role of public research organisations in European competitiveness, en el que destaca el creciente papel de los organismos públicos de investigación (OPI) en el impulso de la innovación en Europa.

Jara en el Bierzo (León). By M.A. Díaz

Jara en el Bierzo (León). By M.A. Díaz

La actividad inventiva de los Organismos Públicos de Investigación europeos se despliega mayoritariamente en los siguientes sectores: biotecnología, productos farmacéuticos, tecnologías de medición, semiconductores, tecnología informática y otras áreas estratégicas de investigación aplicada.

Este estudio ofrece base para mostrarnos optimistas en lo que se refiere a invenciones y patentes obtenidas, ya que muestra unos resultados muy positivos para nuestro país. Los resultados que arroja desvelan que el sector público posee un protagonismo fundamental en el ámbito de la innovación europea, particularmente derivado de las invenciones procedentes de las Universidades y los Centros de Investigación. La Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés) resalta el alcance de las invenciones llevadas a cabo por los Organismos Públicos de Investigación (OPI) en el contexto de la innovación en Europa.

Del análisis comparativo entre los países europeos sobre las patentes OPI se infiere que es precisamente España el país que lidera el crecimiento de patentes solicitadas por entidades del sector público en toda Europa, situándose por delante de nuestro país en este ranking únicamente Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica.

En lo que respecta a solicitudes de patentes nuestro país ha experimentado un aumento notable, del 365% en las últimas dos décadas, pasando de tener 57 solicitudes en el año 2001 a 265 en 2020, de modo que ocupa así el quinto puesto en cuanto a mayor número de patentes solicitadas por Organismos Públicos de Investigación, alcanzando una cifra de 2994 solicitudes en ese intervalo de tiempo. Ello muestra, como revela el estudio, el papel nuclear y estratégico que representa el sector público en el panorama global europeo de la innovación. Baste pensar, como se desprende del estudio citado, que España ha promovido unas 63.000 invenciones en toda Europa en las últimas dos décadas, lo que supone el 11,9% del total, lo que implica que una de cada diez patentes europeas solicitadas desde nuestro país proviene de centros públicos de investigación.

Respecto al sistema de Patente Unitaria, los OPI españoles han alcanzado una tasa de adopción de la patente unitaria del 75%, superando significativamente la media europea, situada en torno al 41%.

Entre los datos significativos que se muestran figura, también, el papel fundamental de los hospitales públicos en el impulso de la competitividad. A este propósito, cabe traer a colación las palabras del presidente de la EPO, António Campinos, para quien: “La investigación pública es una de las mayores fortalezas de Europa. Este estudio destaca el papel vital de nuestros organismos y hospitales públicos de investigación, cuyas invenciones impulsan la competitividad europea”.

Asimismo, conforme a este mismo estudio, en el panorama internacional los OPI españoles gozan de una gran reputación, encontrándose el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el top 10 de Organismos Públicos de Investigación más activos del continente europeo. En cuanto a solicitudes, el CSIC se posiciona en el noveno lugar con 1069 solicitudes de patente europea entre 2001 y 2020. Dentro de nuestro país, cabe destacar la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), con 266 y 182 solicitudes de patentes europeas, respectivamente.

Del mismo estudio se desprende, asimismo, el gran dinamismo de los emprendedores que tratan de adaptarse a los continuos cambios en el mercado, tratando de innovar y responder a las nuevas necesidades. Así en España existen 97 startups vinculadas a universidades, hospitales y centros de investigación públicos. Digno de mención es, además, el dato de la frecuente colaboración de los OPI españoles, ya que más de la mitad de las patentes académicas registradas incluyen varios solicitantes.

Finalmente, el presidente de la Oficina Europea de Patentes pone especial énfasis en la importancia de intensificar la colaboración entre los sectores público y privado, de manera el trabajo de investigación realizado por los OPI pueda llegar al mercado lo antes posible transfiriéndose a tecnologías con aplicación práctica.

Para mayor información, puede consultarse:

Jurisprudencia . Valoración -positiva- de una nueva decisión interpretativa del seguro D&O (STS 1398/2026 – ECLI:ES:TS:2026:1398)

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Se analiza ahora la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 25 de marzo de 2026, relativa a un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (seguro D&O), concertado entre Comsa Emte S.L. y QBE Insurance (Europe) Limited, sucursal en España. (STS 1398/2026 – ECLI:ES:TS:2026:1398)

La resolución aborda -en un contexto D&O de grupo- dos cuestiones de especial relevancia dogmática y práctica: la delimitación del concepto de tercero perjudicado legitimado para el ejercicio de la acción directa del artículo 76 LCS, y la aplicación imperativa de los intereses moratorios del artículo 20 LCS en supuestos de mora del asegurador.

Camminare sopra le mura pisane

Antecedentes

Comsa Emte S.L., sociedad dominante de un grupo empresarial del sector de infraestructuras con más de 150 sociedades en 25 países, suscribió en 2012 una póliza de responsabilidad civil de administradores y directivos con QBE, calificada como seguro de grandes riesgos, con un límite de indemnización de 12.000.000 euros y cobertura mundial.

Entre las filiales de la tomadora estaba Comsa S.A.U., a su vez, titular del 99% del capital de la sociedad chilena Comsa de Chile S.A. El gerente general de esta última, el Sr. Luis María, habría desarrollado una gestión defectuosa que dio lugar a obras deficitarias y a estados financieros sobrevalorados. Las irregularidades detectadas por las auditorías  pusieron de manifiesto una sobrevaloración de beneficios por importe de 23.552.503 euros, lo que obligó a la mercantil Comsa SAU  y a su matriz (y tomadora del seguro Comsa Emte SL) a hacer frente a la ejecución de avales y a nuevas financiaciones

El 1 de junio de 2012, Comsa Emte comunicó el siniestro a QBE. Ésta lo rechazó (entendiendo que se trataba de hechos conocidos antes de la suscripción)

Posteriormente,  en 2015,  Comsa, SAU, demandó a la aseguradora, QBE. Junto con la indemnización de cobertura de la responsabilidad del gerente que consumiría el límite máximo asegurada en la póliza, se pedían  los intereses legales desde la primera reclamación extrajudicial. También exigía reembolso de  gastos de defensa en los que Comsa S.A.U. haya incurrido.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Barcelona desestimó la demanda al considerar que Comsa carecía de legitimación activa para ejercer la acción directa, al no ser un tercero ajeno al contrato de seguro, sino que era una sociedad dominada por la sociedad tomadora.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1.ª), en sentencia 86/2021, revocó parcialmente el fallo y condenó a QBE a indemnizar a Comsa con 12.000.000 euros más intereses legales desde la demanda, aunque rechazó la cobertura de gastos de defensa. Frente a dicha resolución se interpusieron sendos recursos de casación por QBE y Comsa SAU.

 Cuestiones principales en disputa

La controversia jurídica se articula en torno a varios problemas

  • En primer lugar, se discute si Comsa SAU, sociedad filial de la tomadora y , a su vez, socio de control de Comsa de Chile, cuyo gerente general era el asegurado al que se reclama responsabilidad, puede considerarse tercero perjudicado y goza de legitimación a efectos de la acción directa del artículo 76 LCS frente a la aseguradora
  • También, si el daño causado por la mala gestión puede considerarse daño directo en el patrimonio de la demandante, a los efectos de su legitimación para interponer acción individual del art. 241 LSC
  • Además, se plantea si el órgano judicial debe aplicar de oficio el régimen de intereses moratorios del artículo 20 LCS, incluso cuando la demanda solo haya solicitado genéricamente “intereses legales”, y cuál es el dies a quo del cómputo de tales intereses.

Sobre la acción directa y la acción individual de responsabilidad

El Tribunal parte de la noción legal de seguro de responsabilidad civil del artículo 73 LCS, apuntando a la posibilidad de que el tomador o una de sus filiales pueda ser sujetos perjudicados por la conducta del asegurado. Sobre esta base, la Sala analiza la póliza de D&O contratada: destaca que el contrato no contiene definición de “tercero perjudicado” ni cláusulas de exclusión respecto de determinados sujetos, pese a que ello es frecuente en la práctica  del D&O.

La argumentación de QBE se centraba en negar la ajenidad de Comsa SAU, dada su posición de filial dominada por la tomadora y, a su vez,  socio de control de Comsa de Chile. Además, incocaba la doctrina sobre el daño directo del socio en el marco de la acción individual de responsabilidad.

El Tribunal confirma el criterio de la Audiencia Provincial señalando que, en ausencia de una delimitación contractual que excluya concretamente al tomador y sus filiales, no resulta procedente negar la condición de tercero perjudicado de Comsa SAU. También afirma que los daños derivados de la mala gestión del asegurado (ejecución de avales y aportaciones de capital) se producen de forma directa sobre el patrimonio de Comsa SAU.

Resulta relevante que la Sala subraye la firmeza de los pronunciamientos de instancia relativos a la conducta antijurídica imputable al administrador, al carácter directo del daño y al nexo causal, al haber sido inadmitidos los motivos de casación de QBE que cuestionaban esos extremos. Asimismo, el Tribunal distingue expresamente los precedentes jurisprudenciales alegados por la aseguradora, señalando que se referían a supuestos con cláusulas de exclusión específicas o a daños meramente reflejos sufridos por socios minoritarios, que no se correspondían con la estructura del caso enjuiciado. Con todo,  a este respecto y a falta de más datos, no queda clara la coherencia con alguna sentencia anterior como  la comentada aqui  y aqui 

Sobre los intereses del artículo 20 LCS

La Sala recuerda la función sancionadora y estimuladora del artículo 20 LCS, que impone un recargo de intereses al asegurador que incurre en mora, salvo que acredite causa justificada o no imputable. El Tribunal insiste en el carácter imperativo de la norma, particularmente de su apartado 4, que obliga al órgano judicial a imponer de oficio la indemnización por mora, aun cuando no haya sido solicitada expresamente en los términos del precepto.

La sentencia cita una línea jurisprudencial consolidada, incluyendo resoluciones recientes (por ejemplo, la STS 1396/2025, de 8 de octubre), en las que se afirma que el interés del artículo 20 LCS ha de aplicarse de oficio cuando en la demanda se reclaman “intereses legales” sin mayor especificación. Frente al razonamiento de la Audiencia Provincial —que había rechazado la aplicación del artículo 20 LCS por considerar vinculante la concreta petición de la parte actora—, el Tribunal advierte que el interés de mora del asegurador es también “legal” y que su imposición no genera incongruencia ultra petita.

En cuanto al dies a quo, el Tribunal estima también el segundo motivo de Comsa y acude al apartado 6 del artículo 20 LCS, que fija como regla general la fecha del siniestro y, subsidiariamente, la fecha de su comunicación a cargo tomador, asegurado o beneficiario. La Sala reitera su doctrina según la cual el conocimiento del siniestro por la aseguradora a través de la comunicación del asegurado o del tomador surte los mismos efectos que la comunicación del perjudicado, de modo que no puede excusarse la mora por la mera ausencia de reclamación directa del tercero. En el caso concreto, se toma como fecha inicial el 1 de junio de 2012, en que Comsa Emte comunicó el siniestro a QBE.

Ratio decidendi y fallo

  • La legitimación activa de Comsa para ejercitar la acción directa del artículo 76 LCS se funda en la ausencia de una delimitación contractual que excluya al socio de control de la categoría de tercero perjudicado y en la existencia de un daño directo, no reflejo, en su patrimonio. El Tribunal privilegia una interpretación funcional del contrato de seguro D&O, atendiendo tanto a la estructura del grupo como a la realidad económica del perjuicio.
  • Los daños causados al patrimonio de Comsa SAU son directos y susceptibles de acción individual
  • La aplicación de los intereses moratorios del artículo 20 LCS se erige en consecuencia necesaria del carácter imperativo del precepto y de la finalidad sancionadora de la mora del asegurador. La Sala afirma que, solicitados genéricamente “intereses legales”, el órgano judicial debe reconducir la pretensión al régimen especial del artículo 20 LCS cuando concurran sus presupuestos objetivos y subjetivos, y fija el dies a quo en la fecha de comunicación del siniestro por el tomador.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de QBE y confirma la condena principal al pago de 12.000.000 euros a favor de Comsa. Asimismo, estima el recurso de casación de Comsa y casa la sentencia de apelación únicamente para declarar que la condena incluye el pago, desde el 1 de junio de 2012, de un interés anual igual al legal del dinero incrementado en un 50% durante los dos primeros años, y, a partir de entonces, un interés mínimo anual del 20%, conforme al artículo 20 LCS.

Valoración crítica

La sentencia profundiza en la construcción del concepto de tercero perjudicado en el ámbito del seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos, proyectándolo sobre situaciones intra-grupo en las que el socio de control soporta un daño patrimonial inmediato. Este enfoque refuerza la función protectora de la acción directa y reduce el espacio para exclusiones tácitas o construidas a partir de la sola estructura del grupo, aunque podría generar cierta inseguridad en la redacción de pólizas si las aseguradoras no precisan contractualmente el círculo de terceros excluidos.

En materia de gastos de defensa de Comsa SAU, que ya fueron rechazados desde la sentencia de primera instancia, si bien el documento consultado no es muy explícito, permite deducir que acertadamente no fue adjudicado el reembolso porque no existía en la póliza una cobertura de entidad  propiamente dicha (sobre esa cobertura, presente en algunos D&O, ver esta entrada anterior 

En materia de intereses de demora, la resolución consolida una línea jurisprudencial estricta con la mora del asegurador, reafirmando el carácter imperativo y la aplicación de oficio del artículo 20 LCS incluso frente a peticiones genéricas de intereses legales. Esta interpretación favorece la tutela del asegurado y del perjudicado, pero obliga a replantear estrategias procesales y de gestión de siniestros por parte de las entidades aseguradoras, que verán incrementado el coste de la mora en litigios complejos de responsabilidad de administradores.

La Directiva (UE) 2025/25: la segunda ola de digitalización societaria en la Unión Europea

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La Directiva (UE) 2025/25 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, se presenta como un hito en la configuración de un Derecho de sociedades europeo adaptado a un entorno jurídico y económico crecientemente digitalizado. No se trata simplemente de continuar la senda iniciada por la Directiva (UE) 2019/1151, centrada en la constitución en línea de sociedades y otras actuaciones puntuales.  Ni se limita a desmaterializar documentos, sino que articula una infraestructura institucional digital que modifica cómo se constituyen, operan y se relacionan las sociedades europeas.

Esta Directiva amplía de forma decisiva el foco y propone una auténtica arquitectura institucional digital para la constitución, la publicidad, el gobierno y la actuación transfronteriza de las sociedades mercantiles en el mercado interior. Su objeto principal es la modificación de las Directivas 2009/102/CE y (UE) 2017/1132, extendiendo y profundizando la digitalización de procedimientos societarios, reforzando la fiabilidad de la información registral y estableciendo instrumentos jurídicos electrónicos uniformes para su uso en toda la Unión. Se sitúa en la transición desde un modelo basado en documentos nacionales, papel y presencia física hacia un sistema basado en datos estructurados, servicios de confianza y registros interconectados.

  1. Contexto, finalidad y alcance de la reforma

La Directiva se aprobó el 19 de diciembre de 2024 y fue publicada en el DOUE el 10 de enero de 2025

Primavera en color anaranjado

Su gestación estuvo marcada por varios vectores regulatorios y tecnológicos que han confluido para impulsar una segunda fase de digitalización societaria. En primer lugar, la consolidación del mercado único digital con el desarrollo del Reglamento eIDAS2, que ha elevado el estándar europeo de identificación digital, autenticación electrónica y verificación remota. Esto ha permitido que determinadas actuaciones —tradicionalmente vinculadas a la presencia física o al soporte documental en papel— puedan realizarse ahora con mayor seguridad jurídica en entornos digitales.  En segundo término, la consolidación de infraestructuras europeas como BRIS (Business Registers Interconnection System), el Registro de Titularidad Real BORIS y el Registro de Insolvencias IRI  en un ecosistema interconectado de información societaria. La Directiva 2025/25 culmina este proceso al asignar a dichas infraestructuras un papel estructural en el  Derecho societario de la Unión.

Por último, esta Directiva responde a una necesidad de reducir la carga administrativa, evitar duplicidades en la presentación de información y garantizar la fiabilidad y actualidad de los datos societarios disponibles en los registros europeos. Se busca que la información fluya entre autoridades sin intervención del administrado, incorporando el principio de «solo una vez» como fundamento operativo de la actuación administrativa digital. Presenta tres finalidades estructurales: profundizar la digitalización de los procedimientos societarios; simplificar y abaratar los trámites que realizan empresas, notarios, registradores y profesionales jurídicos; y reforzar la fiabilidad, actualidad y accesibilidad transfronteriza de la información registral.

 

  1. Novedades materiales: hacia procedimientos plenamente digitales

 2.1. Constitución íntegramente en línea

La modificación más visible y con mayor impacto inmediato es la consolidación de la constitución íntegramente en línea de sociedades de capital. La Directiva no solo legitima esta posibilidad, sino que la convierte en regla general del sistema. La preparación, firma, presentación y verificación de los documentos de constitución pueden realizarse enteramente mediante medios electrónicos, sin exigir normalmente la presencia física de los otorgantes salvo en supuestos excepcionales y debidamente motivados.

 

Esto tiene implicaciones relevantes para la función del notariado y del registro mercantil. La identificación, la comprobación de la capacidad y la verificación de la autenticidad pasan a realizarse a través de firmas electrónicas cualificadas, videoidentificación y otros mecanismos de confianza contemplados en eIDAS, lo que obliga a redefinir la naturaleza del control preventivo y los requisitos de prueba de la identidad y de la representación.

 

La constitución digital deja de ser una opción marginal para convertirse en un estándar europeo, especialmente significativo en el caso de las pymes, que encuentran en esta vía un procedimiento menos costoso y más eficiente.

 

2.2. El principio «solo una vez» como eje estructural

 

La Directiva declara que se reconoce una dimensión nueva al principio «solo una vez». Dejaría de ser una recomendación administrativa para convertirse en norma. Cuando se haya proporcionado cierta información a una autoridad pública o registro interconectado, conforme al nuevo régimen no se podría exigir nuevamente. Serían las administraciones y registros quienes deben obtener esa información mediante BRIS u otros mecanismos de interoperabilidad. De consolidarse, este principio supondría un cambio cultural: el empresario pasa de ser un transmisor de datos relevantes para la constitución a ser el usuario de una infraestructura pública que garantizaría la circulación automática y fiable de la información.

2.3. Ampliación del ámbito subjetivo y homogeneización de la publicidad societaria

Otra novedad destacada es la extensión de determinadas obligaciones de publicidad a formas societarias que, en algunos ordenamientos, habían quedado históricamente fuera de las exigencias de transparencia reservadas a las sociedades de capital. La Directiva permite extender estas obligaciones a sociedades personalistas si los Estados miembros las someten a inscripción como requisito de existencia o de publicidad. Con ello se busca evitar el arbitraje regulatorio que derivaría de la elección estratégica de formas societarias más opacas. Y también, favorecer un estándar mínimo de transparencia independiente de la forma jurídica elegida.

3. Interconexión registral, transparencia e información en tiempo real

La Directiva hace descansar gran parte de su potencial transformador en el fortalecimiento de la arquitectura registral europea. En este sentido, BRIS sería la pieza central del sistema, no ya como un mecanismo de consulta, sino como una plataforma para la circulación automatizada de datos estructurados.

El renovado BRIS se acompaña de su integración con BORIS y con el Registro de Insolvencias IRI. Esta interconexión permite que las autoridades nacionales —registradores, notarios, supervisores, jueces— puedan acceder de manera casi inmediata a información sobre sociedades, titulares reales y situaciones concursales, lo que incrementa la seguridad del tráfico y facilita tanto la actividad económica transfronteriza como el control y la supervisión administrativa.

  • La Directiva introduce, además, la obligación de ofrecer información en línea sobre estructuras de grupo, incluyendo datos esenciales sobre la sociedad matriz en terceros países cuando tenga relevancia para la comprensión de la estructura societaria o del control efectivo de la entidad. Esta mayor visibilidad se coordina con las exigencias europeas de transparencia fiscal, prevención del blanqueo de capitales y control sobre estructuras societarias complejas.
  • Otro aspecto relevante es la actualización dinámica de la información registral. La Directiva impone plazos breves y mecanismos sancionadores armonizados para asegurar que los datos sobre administradores, capital social, domicilio o estatutos se mantengan actualizados. El registro deja de concebirse como un repositorio pasivo y se convierte en un sistema de información viva, cuyo valor reside precisamente en la inmediatez y fiabilidad de sus datos.

  1. El certificado de sociedad de la Unión Europea y el poder digital europeo

Uno de los cambios técnicos más significativos que establece la Directiva es la creación de instrumentos electrónicos uniformes destinados a facilitar la movilidad societaria y el reconocimiento mutuo de documentos.

  • El certificado de sociedad de la Unión Europea es un documento electrónico estandarizado que acredita datos esenciales de la entidad ante cualquier autoridad u operador privado en la Unión. Esta estandarización reduce la necesidad de certificados nacionales múltiples y elimina uno de los principales obstáculos prácticos en operaciones transfronterizas. El certificado, emitido en formato estructurado y verificable digitalmente, funciona como un verdadero «pasaporte societario», cuyo valor reside en su carácter uniforme y en su reconocimiento mutuo automático.
  • El poder de representación digital europeo es un documento electrónico multilingüe que, emitido y verificado mediante servicios de confianza cualificados, debe ser aceptado por todos los Estados miembros para operaciones societarias transfronterizas, ya sea para constitución de sociedades, inscripción de sucursales o realización de fusiones, escisiones o transformaciones. Con él se busca superar la fragmentación derivada de las diferencias nacionales en materia de representación y eliminar la dependencia de formalidades nacionales que dificultan la circulación de documentos.

Por último, la Directiva suprime la exigencia de legalización o apostilla para determinados documentos societarios electrónicos que cumplan los estándares de confianza establecidos. Este cambio es paradigmático: mientras la autenticación tradicional descansaba en cadenas diplomáticas de legalización, la autenticación electrónica se basa en tecnología interoperable y verificable en tiempo real.

 

  1. Entrada en vigor, transposición y desafíos para los Estados miembros

La Directiva entró en vigor el 30 de enero de 2025. Los Estados miembros disponen hasta el 31 de julio de 2027 para su transposición, aunque algunas medidas pueden desplegarse hasta 2028 debido a los exigentes requisitos técnicos necesarios para asegurar la plena interoperabilidad.

Zarzas y lila

La transposición plantea retos sustanciales, y destacadamente estos:

  • Es necesario revisar las normas internas de Derecho de sociedades, notariado y registro para acomodarlas a procedimientos íntegramente digitales y redefinir las funciones de autenticación y control preventivo.
  • Se requiere una inversión tecnológica considerable para adaptar los sistemas nacionales a los estándares de BRIS, BORIS e IRI y para gestionar identidades electrónicas cualificadas. Por último, los intermediarios tradicionales —notarios, registradores, asesores— deberán reconfigurar su papel en un entorno en el que gran parte del control de legalidad se automatiza o se apoya en servicios de confianza transfronterizos.

 

Propuestas para la reforma de la Directiva de redes y sistemas de información (DNIS2) y otras directivas relativas a la ciberseguridad

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La Comisión Europea ha propuesto una modificación de la NIS 2 como parte de un paquete más amplio de reformas del marco de ciberseguridad de la Unión Europea

La propuesta de Directiva que modifica la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) —formalmente Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2022/2555 as regards simplification measures and alignment with the Cybersecurity Act 2 (COM(2026) 13 final)— tiene por objeto introducir medidas de simplificación y una mayor alineación con el marco de ciberseguridad europeo, con el fin de facilitar el cumplimiento para las entidades reguladas, reforzar la seguridad jurídica y mantener un elevado nivel de protección de las redes y sistemas de información en la UE (así se desprende de los considerandos de la Propuesta Directiva)

La reforma se basa en el artículo 114 del TFUE (armonización de las normas dentro del mercado interior) y se alinea con los objetivos esenciales de la NIS 2 de establecer un elevado nivel común de ciberseguridad. Se prevé que los Estados miembros deberán transponer las modificaciones , pero además, que la Directiva NIS 2 en su conjunto seguirá su mecanismo de revisión periódica cada 36 meses.

Arija

Con esta Propuesta de reforma se revisa también el *Reglamento (UE) 2019/881 sobre la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad y la certificación de ciberseguridad (Cybersecurity Act),

 

 

La Comisión Europea ha planteado esta modificación de la NIS 2 como parte de un paquete más amplio de reformas del marco de ciberseguridad de la Unión Europea Cybersecurity Act 2 (Propuesta de Reglamento). También afecta a otras políticas y marcos de la UE relevantes para la resiliencia digital, como la Cyber Resilience Act (CRA), la Cyber Solidarity Act (CSoA) y la estrategia de respuesta a crisis cibernéticas (EU-Cyber Blueprint).  El objetivo es avanzar en la regulación para la ciberseguridad y la convergencia en el mercado interior digital.

Más concretamente, persigue:

  1. Clarificar y armonizar el ámbito de aplicación y las definiciones de la NIS 2.
  2. Reducir la complejidad de cumplimiento para empresas sujetas a múltiples requisitos de ciberseguridad en distintos cuerpos normativos.
  3. Incrementar la coherencia entre NIS 2 y el nuevo marco de certificación europeo de ciberseguridad (Cybersecurity Act 2).
  4. Reforzar la supervisión transfronteriza y la coordinación con la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad (ENISA).
  5. Mejorar la transparencia y la calidad de la información sobre incidentes, en particular los de tipo ransomware.
  6. Facilitar la transición hacia nuevas tecnologías resilientes, como la criptografía poscuántica.

Cambios principales que introduce

  1. Alcance, definiciones y categorías de entidades.  La propuesta introduce ajustes al régimen de alcance de la NIS 2 para proporcionar mayor  proporcionalidad:
    • Pequeñas “mid-caps”: crea una nueva categoría de empresas de tamaño intermedio (“small mid-caps”), que en principio, se considerarán entidades importantes en lugar de esenciales, reduciendo así la carga de supervisión y ciertas obligaciones directas. Esta nueva definición se articula en línea con la Commission Recommendation (EU) 2025/1099 on the definition of small mid-cap enterprises.
    • Proveedor de servicios DNS micro y pequeños: excluye expresamente a este colectivo del ámbito de la NIS 2 para evitar cargas desproporcionadas.
    • Clarificaciones sectoriales: se precisan las reglas de inclusión y exclusión para proveedores sanitarios, productores de electricidad, empresas de hidrógeno y del sector químico, con referencia a las normas sectoriales pertinentes (p. ej., Directive (EU) 2019/944 para energía).
    • Entidades de infraestructura digital crítica: amplía el listado de entidades sujetas a la Directiva incluyendo, independientemente de su tamaño, a proveedores de European Digital Identity Wallets y otros servicios de infraestructura digital de importancia sistémica.

2. Ajuste en las reglas jurisdiccionales y de supervisión transfronteriza, incluida la obligación de designar un representante en la UE para entidades no establecidas que prestan servicios dentro del mercado único.

3. Simplificación y armonización de obligaciones.

  • Un elemento central de la reforma es la armonización de medidas técnicas y metodológicas de gestión de riesgos, en donde se pretende la armonización máxima. Así, se establece que cuando la Comisión adopte actos de ejecución específicos en virtud del artículo 21(5) de la NIS 2 para fijar medidas de gestión de riesgos, los Estados miembros no podrán imponer requisitos adicionales de carácter técnico, metodológico o sectorial a las entidades afectadas por esos actos.
  • Se potencia el uso de esquemas de certificación europeos como instrumento de cumplimiento: los Estados podrán exigir la obtención de certificados de ciberseguridad (“cyber posture”) basados en el marco europeo de certificación (Cybersecurity Act 2), y dichos certificados se reconocerán como prueba de cumplimiento respecto de determinados requisitos supervisores.
  • La Propuesta también prevé que la Comisión emita directrices sobre la seguridad de la cadena de suministro, con el fin de homogenizar las exigencias de información que las entidades trasladan a sus proveedores y reducir cargas administrativas

4. Ransomware: datos, reporte y responsabilidad

Para mejorar la comprensión y respuesta ante ataques de ransomware, la Propuesta introduce requisitos más claros de notificación de ciertos aspectos del ataque (por ejemplo, vector de entrada, medidas de mitigación adoptadas y, a solicitud de la autoridad, detalles sobre demandas de rescate y pago). Se subraya que estas obligaciones de reporte no deben generar automáticamente nuevas responsabilidades jurídicas para las entidades, y que los Estados miembros deben gestionar los riesgos de responsabilidad derivados del reporting dentro de su ordenamiento.

5 Preparación frente a amenazas futuras: Criptografía poscuántica

La Propuesta incorpora la obligación para los Estados miembros de adoptar políticas específicas para la transición a la criptografía poscuántica (PQC) como parte de sus estrategias nacionales de ciberseguridad, alineadas con las hojas de ruta europeas para el periodo 2025-2035.

6 Gobernanza y papel reforzado de ENISA

Se refuerza la dimensión transfronteriza de la supervisión mediante la ampliación de las competencias atribuidas a ENISA. Entre otras medidas, ENISA gestionará un registro ampliado de entidades esenciales e importantes y podrá apoyar a las autoridades nacionales en la supervisión y en la evaluación de medidas de gestión de riesgos, así como en la coordinación de acciones conjuntas.

 

 

PREMIOS DERMERULE 2025- Nuevas Tecnologías en las aulas De Derecho y ¿Porqué asistir a clase?

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En el marco de la Festividad de San Raimundo de Peñafort, celebrada el 30 de enero de 2026 en la Facultad de Derecho de la Universidad de León, tuvo lugar el acto académico institucional en el que se desarrollaron distintas actividades conmemorativas, entre las que se incluyó la entrega de los Premios DerMerUle 2025, dentro del programa oficial de la jornada.Entreda Premio DerMerUle 2026 por el Alcalde de León en la Fiesta de San Raimundo de Peñafort, 2026

Este premio reconoce el talento, la creatividad y el compromiso del estudiantado en el ámbito de las actividades de innovación docente del GID DerMerUle. En esta edición, el proyecto se ha centrado en la aplicación de nuevas tecnologías digitales como apoyo en las aulas jurídicas, consolidando el uso del formato audiovisual como herramienta de aprendizaje activo y reflexión crítica.

Las propuestas premiadas destacaron por la elaboración de vídeos de especial calidad en torno a la temática: “¿Por qué asistir a clases de Derecho?”, utilizando el lenguaje audiovisual para transmitir una reflexión sobre la importancia de la participación activa y la presencialidad en la formación jurídica.

El acto de entrega de los premios fue realizado por el Alcalde, en el marco de la ceremonia institucional de la Facultad de Derecho, lo que reforzó el carácter público y representativo del reconocimiento otorgado al estudiantado.

El equipo galardonado, bajo la denominación “Constitucionalistas en acción”, estuvo integrado por:

  • Noelia Corredera Sánchez (DNI: 44103980P)
  • Valeria Gómez Fernández (DNI: 54158787C)
  • Ndate Dieng (NIE: X7517108H)

La tutoría del trabajo fue realizada por la Profesora Tamara Álvarez Robles, quien acompañó el proceso de elaboración y orientación académica del proyecto.

IA y sector financiero: análisis desde el Parlamento Europeo

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La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en los mercados de valores y de derivados —estrechamente entrelazada con la negociación algorítmica de alta frecuencia (HFT)— ha dejado de ser una innovación periférica para convertirse en un elemento estructural de la microestructura financiera contemporánea, con implicaciones profundas para la estabilidad del sistema, la equidad de los mercados y la función supervisora. En este contexto, el 11 de noviembre de 2025 la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo publicó un informe que incorpora una propuesta de Resolución sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector financiero (Informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la IA en el sector financiero, Report A10-0225/2025). Ese informe es el punto de referencia político más reciente sobre el tema y fue posteriormente seguido por la adopción formal de la Resolución por el Pleno el 25 de noviembre de 2025

Ao solpor

Estos trabajos se insertan en el debate institucional europeo sobre la transformación tecnológica de los servicios financieros y sobre la necesidad de adaptar el marco regulatorio al uso creciente de sistemas de IA en actividades esenciales del sector. Ofrece un análisis sistemático del empleo de estas tecnologías y de sus efectos sobre el funcionamiento de los mercados, al tiempo que examinan el marco normativo aplicable. Desde una perspectiva de política legislativa, el ponente del informe subraya la importancia de facilitar la adopción de la IA en el sector financiero europeo sin menoscabar la protección del consumidor, la estabilidad financiera ni la integridad del mercado. En este sentido, identifica solapamientos normativos y zonas de incertidumbre jurídica, y propone medidas destinadas a clarificar la aplicación de la legislación financiera vigente cuando intervienen sistemas basados en IA.

El informe destaca la rápida implantación de la IA en el ámbito financiero y las oportunidades que ofrece para mejorar la eficiencia, la innovación y la calidad de los servicios. No obstante, insiste en que este potencial solo puede materializarse si se mantiene un equilibrio adecuado entre innovación tecnológica y regulación. Resultan centrales, a este respecto, el cumplimiento normativo, el uso de datos de alta calidad y una gestión rigurosa de los riesgos, con especial atención a la ciberseguridad. Asimismo, se subraya la necesidad de que las Autoridades Europeas de Supervisión refuercen sus capacidades técnicas y sus herramientas de control para acompañar el despliegue creciente de la IA, protegiendo al consumidor y preservando la estabilidad del sistema financiero.

Desde una perspectiva estratégica, el Parlamento apuesta por impulsar la innovación y la inversión en inteligencia artificial dentro del ecosistema europeo, en particular en el marco de la futura Unión de Ahorro e Inversión. El desarrollo de capacidades propias en IA se considera esencial para la competitividad del sector financiero europeo y para reducir la dependencia de proveedores tecnológicos externos. Paralelamente, se insta a la Comisión Europea a elaborar orientaciones claras y operativas sobre la aplicación de la normativa financiera vigente al uso de sistemas de IA, en colaboración con las Autoridades Europeas de Supervisión, las autoridades nacionales competentes y los actores del mercado.

Un eje central del informe es la simplificación y coherencia del marco regulatorio. El texto advierte del riesgo de duplicidades —especialmente en materia de evaluación y notificación de riesgos— y de enfoques uniformes que no reflejan la diversidad de usos y perfiles de riesgo de la IA en el sector financiero. Frente a ello, se propone una supervisión continua del despliegue de estas tecnologías, capaz de identificar lagunas, solapamientos o cargas excesivas, y una coordinación estrecha entre la Comisión y los Estados miembros para ajustar el marco normativo de forma proporcionada y dinámica.

Mongolfiera

El informe pone de relieve que la IA atraviesa múltiples horizontes normativos. Un mismo caso de uso puede activar simultáneamente normas financieras, de protección de datos, de ciberseguridad o de competencia. El riesgo es doble: un exceso de cargas regulatorias puede frenar la innovación, mientras que un vacío normativo puede dejar desprotegido al consumidor y al mercado. De ahí la insistencia del Parlamento en la necesidad de clarificaciones, guías comunes, criterios operativos y convergencia supervisora, articuladas sobre un principio de proporcionalidad que gradúe las exigencias en función de los usos y de sus impactos.

El documento también anima a explorar activamente el potencial de las herramientas basadas en IA en distintos segmentos del sector financiero, como la intermediación, la gestión de carteras o la automatización de funciones de cumplimiento normativo. Esta exploración se vincula a los objetivos estratégicos de la Unión de Ahorro e Inversión y exige un marco regulatorio tecnológicamente neutro, capaz de integrar la innovación sin generar distorsiones en la competencia.

En esta línea, el informe recomienda reducir las barreras de entrada para las iniciativas de innovación financiera basadas en IA dentro de la Unión. Propone, entre otras medidas, la simplificación de los procedimientos de autorización, el apoyo al escalado transfronterizo y la integración de estas iniciativas en espacios de innovación supervisada. Asimismo, sugiere evaluar el valor añadido de entornos de pruebas regulatorios específicos para IA, así como de centros de innovación y mecanismos de experimentación transfronteriza, con el objetivo de facilitar el ensayo de nuevos productos y servicios sin comprometer la protección del consumidor ni la integridad del mercado.

Una atención particular se dedica a los fundamentos técnicos. El dato se identifica como insumo crítico, exigiéndose calidad, trazabilidad, representatividad, control de sesgos y pleno cumplimiento de la normativa de protección de datos. La gestión de modelos ocupa igualmente un lugar central: validación independiente, documentación clara, explicabilidad suficiente, pruebas periódicas, control de cambios y gestión de incidentes se configuran como elementos esenciales para reducir el riesgo de modelo y facilitar la auditoría.

La ciberseguridad constituye otro pilar del enfoque propuesto. Los sistemas de IA introducen nuevas superficies de ataque y riesgos específicos —como el envenenamiento de datos, la extracción de modelos o el fraude aumentado por IA— que obligan a reforzar controles, clasificar activos, realizar pruebas realistas y coordinarse estrechamente con terceros. La resiliencia operativa y la continuidad de negocio se presentan como requisitos indisociables del despliegue responsable de la IA en el sector financiero.

El informe subraya, finalmente, el papel clave de las autoridades europeas y nacionales de supervisión. Estas deben emitir orientaciones armonizadas, compartir buenas prácticas, coordinar pruebas y reforzar sus competencias internas, invirtiendo en herramientas y capacidades técnicas. Esta cooperación contribuye a reducir asimetrías, aumentar la seguridad jurídica y fortalecer la confianza en el sistema.

En conclusión, la propuesta de Resolución del Parlamento Europeo traza una hoja de ruta clara para una innovación financiera basada en inteligencia artificial que sea competitiva, segura y responsable. Sin imponer soluciones cerradas, orienta la acción regulatoria futura hacia un equilibrio exigente entre impulso tecnológico y protección de los valores fundamentales del mercado financiero europeo, situando la proporcionalidad, la coherencia normativa y la resiliencia como ejes vertebradores de ese proceso.