Digitalización societaria en la Unión Europea: certificado de sociedad, poder digital y circulación de información registral (also, lesson2)

La Directiva (UE) 2025/25 ya fue objeto de atención en este blog en la entrada de 11 de marzo de 2026, «La Directiva (UE) 2025/25: la segunda ola de digitalización societaria en la Unión Europea». Retomamos ahora aquella aproximación para desarrollar sus principales instrumentos, precisar su alcance y distinguir las infraestructuras que ya funcionan de las novedades sujetas a transposición y aplicación. Afecta a cuestiones habituales en la actividad empresarial transfronteriza: cómo acreditar que una sociedad está constituida, cómo demostrar las facultades de quien actúa en su nombre, y cómo utilizar en otro Estado miembro información que ya consta en un registro mercantil. Sus respuestas combinan documentos armonizados, intercambio electrónico de datos y controles sobre la fiabilidad de la información.

Compostela

La Directiva (UE) 2025/25, de 19 de diciembre de 2024, publicada en el DO L de 10 de enero de 2025, modifica las Directivas 2009/102/CE y (UE) 2017/1132. Continúa la digitalización impulsada por la Directiva (UE) 2019/1151, con especial atención a la utilización transfronteriza de información societaria y a la reducción de formalidades repetidas.

1. Instrumentos europeos para acreditar la existencia de la sociedad y su representación

1.1. El certificado de sociedad de la Unión Europea

1.1.1. Función y contenido

El nuevo artículo 16 ter de la Directiva (UE) 2017/1132 establece el certificado de sociedad de la Unión Europea. Expedido por los registros nacionales, deberá aceptarse en todos los Estados miembros como prueba suficiente de la constitución de la sociedad y de la información registral comprendida en él, referida al momento de su expedición.

Su contenido reúne datos esenciales para identificar a la entidad y conocer su situación jurídica: denominación, forma jurídica, número de inscripción, Estado miembro de registro, identificador único europeo —EUID—, domicilio, fecha de inscripción y capital suscrito cuando proceda. También comprende información sobre el estado de la sociedad, su duración y su objeto, con las condiciones previstas en el precepto.

Especial relevancia tiene la identificación de las personas autorizadas para representar a la sociedad frente a terceros y en juicio, indicando si pueden actuar individualmente o deben hacerlo conjuntamente. En una operación transfronteriza, conocer la identidad del representante resulta insuficiente si se desconoce cómo debe ejercer sus facultades.

El contenido del certificado se adapta a las particularidades de las sociedades personalistas comprendidas en la reforma.

1.1.2. Formatos, autenticación y gratuidad

El certificado podrá obtenerse en formato electrónico o en papel. La versión electrónica deberá autenticarse mediante los servicios de confianza previstos en el Reglamento eIDAS y ser compatible con la cartera europea de identidad digital. En papel, incorporará medios que permitan comprobar electrónicamente su origen y autenticidad.

La Directiva prevé la gratuidad del certificado electrónico propio, aunque admite una excepción cuando ello cause un perjuicio grave a la financiación de los registros nacionales. En todo caso, cada sociedad podrá obtener gratuitamente su certificado al menos una vez por año natural.

1.1.3. Actualidad de la información acreditada

La fecha de expedición conserva una función decisiva. El certificado acredita información registral en un momento determinado; su utilidad práctica exige valorar la actualidad de esos datos cuando se emplea.

1.2. El poder de representación digital de la Unión Europea

1.2.1. Procedimientos comprendidos y alcance de la autorización

El nuevo artículo 16 quater introduce un modelo común multilingüe de poder de representación digital de la UE. Permitirá que las sociedades autoricen a una persona a representarlas en procedimientos comprendidos en la Directiva que deban realizarse en otro Estado miembro.

Entre los procedimientos expresamente contemplados figuran la constitución de sociedades, el registro o cierre de sucursales y las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. El modelo deberá identificar a la persona autorizada y precisar el alcance y el tipo de representación.

1.2.2. Otorgamiento, modificación y revocación

Su formalización, modificación y revocación seguirán sometidas a los requisitos nacionales. Estos deberán incluir, como mínimo, la comprobación por tribunales, notarios u otras autoridades competentes de la identidad, capacidad jurídica y facultades representativas de quien otorga, modifica o revoca el poder.

El instrumento deberá aceptarse como prueba del derecho de la persona autorizada a representar a la sociedad en los términos que consten en el documento. También se exige su compatibilidad con la cartera europea de identidad digital.

La armonización facilita así la acreditación transfronteriza de la representación, manteniendo los controles nacionales sobre su otorgamiento. Conviene conservar esta delimitación: el precepto regula un instrumento para determinados procedimientos societarios, cuyo alcance debe examinarse atendiendo tanto al documento como al procedimiento en que se utiliza.

2. Circulación transfronteriza y ampliación de la información societaria

2.1. La interconexión registral y el principio de «solo una vez»

2.1.1. BRIS como infraestructura de cooperación

BRIS —Business Registers Interconnection System— es el sistema de interconexión de registros mercantiles, operativo desde junio de 2017. Comunica electrónicamente los registros nacionales y permite acceder a información societaria mediante el Portal Europeo de e-Justicia.

La Directiva de 2025 amplía la información disponible y refuerza su utilización en procedimientos transfronterizos. La conservación de los datos y las funciones registrales siguen correspondiendo a los sistemas nacionales, cuya cooperación se articula mediante la infraestructura europea.

2.1.2. Conexiones con los registros de titularidad real e insolvencia

La reforma prevé conexiones entre BRIS, el sistema de interconexión de registros de titularidad real —BORIS— y el sistema de interconexión de registros de insolvencia —IRI—.

Estas conexiones deberán respetar las normas de acceso aplicables a cada sistema. La posibilidad técnica de relacionar información mantiene, por tanto, las condiciones jurídicas que regulan su consulta.

2.1.3. Obtención de datos en el registro de origen

Una sociedad que constituye otra sociedad o registra una sucursal en un Estado miembro diferente puede verse obligada a aportar documentos sobre su propia existencia, inscripción y representación que ya están depositados en su registro de origen.

La Directiva amplía la aplicación del principio de «solo una vez» para evitar esas aportaciones repetidas. En los supuestos regulados, el registro del Estado de destino deberá obtener los documentos y la información pertinentes mediante el intercambio registral o el acceso directo a las fuentes previstas.

La mejora es especialmente relevante para las pymes, para las que reunir certificaciones y gestionar su presentación en otro Estado puede representar un coste apreciable. Su efectividad dependerá de que los registros puedan localizar, transmitir e interpretar correctamente la información necesaria.

El principio debe entenderse dentro de los procedimientos y datos comprendidos en la regulación. Su formulación no permite afirmar que cualquier información entregada a una administración queda automáticamente disponible para todos los procedimientos posteriores.

2.2. Reducción de formalidades documentales y lingüísticas

2.2.1. Exenciones de legalización y apostilla

El nuevo artículo 16 quinquies establece exenciones de legalización y trámites similares, incluida la apostilla, para los documentos comprendidos en sus previsiones. Entre ellos se encuentran el certificado de sociedad de la UE, el poder digital y determinados documentos utilizados en operaciones transfronterizas.

También se facilita la utilización de copias y extractos registrales y de documentos notariales y administrativos cuando cumplen las condiciones de autenticación exigidas.

2.2.2. Límites a la exigencia de traducciones

En materia lingüística, el artículo 16 octies dispone que los Estados miembros procuren prescindir de traducciones cuando la información necesaria pueda consultarse en el certificado europeo o identificarse mediante las etiquetas explicativas de BRIS.

La traducción jurada de los documentos contemplados únicamente podrá exigirse cuando esté justificada por su finalidad y resulte estrictamente necesaria.

2.2.3. Comprobación de autenticidad y prevención del fraude

La reducción de formalidades se acompaña de procedimientos de comprobación. Ante dudas razonables sobre el origen o la autenticidad de determinados documentos, las autoridades podrán solicitar información a los puntos de contacto previstos. Se mantienen también garantías específicas frente al abuso y el fraude.

2.3. Ampliación de la publicidad societaria

2.3.1. Sociedades personalistas

La reforma introduce requisitos comunes de publicidad para las sociedades personalistas enumeradas en el nuevo anexo II ter, adaptados a sus características. La información comprende aspectos relevantes para terceros, como la representación y determinados datos sobre los socios.

2.3.2. Matrices, filiales y grupos de sociedades

Para los grupos, el nuevo artículo 19 ter prevé información accesible gratuitamente mediante BRIS sobre matrices y filiales. Su ámbito se vincula a los grupos respecto de los cuales las sociedades matrices comprendidas en el precepto están obligadas a elaborar y publicar estados financieros consolidados.

La medida facilita localizar relaciones societarias que actualmente pueden requerir la consulta e interpretación de documentación contable. Los Estados miembros podrán disponer que la información incluya la parte del capital poseída entre la matriz última y cada filial.

2.3.3. Promedio anual de trabajadores

La Directiva contempla asimismo el acceso al promedio anual de trabajadores cuando concurran las condiciones legales y técnicas previstas. La disponibilidad de este dato queda vinculada a su inclusión en los estados financieros conforme al derecho nacional y a la posibilidad de extraerlo en forma de datos.

3. Garantías de fiabilidad y calendario de aplicación

3.1. Control preventivo y actualización registral

3.1.1. Control de legalidad de los documentos societarios

La circulación transfronteriza de datos exige que la información de origen sea fiable. El artículo 10 reformado establece un control preventivo administrativo, judicial o notarial, o una combinación de ellos, sobre la escritura de constitución, los estatutos y sus modificaciones.

Comprende controles formales y sustantivos y se aplica tanto a procedimientos íntegramente en línea como a los demás.

3.1.2. Comunicación, inscripción y publicación de los cambios

La actualización constituye la segunda garantía. Como regla general, con las excepciones previstas, los cambios deberán presentarse al registro en un plazo máximo de quince días hábiles.

Su inscripción y publicación deberán efectuarse en diez días hábiles desde la finalización de los trámites exigidos, con la posibilidad de ampliación en las circunstancias excepcionales contempladas.

Estos plazos deben leerse conjuntamente con sus reglas de cómputo y excepciones. En particular, el plazo registral de diez días comienza una vez concluidos los trámites necesarios.

3.2. Entrada en vigor, transposición y aplicación

3.2.1. Calendario general y disposiciones específicas

El artículo 4 establece un calendario escalonado:

Disposiciones Fecha límite de transposición Inicio de aplicación
Régimen general 31 de julio de 2027 31 de julio de 2028
Información sobre grupos y promedio de trabajadores: artículos 19 ter y 19.2.i) de la Directiva (UE) 2017/1132 1 de agosto de 2028 1 de agosto de 2029

La Directiva está en vigor desde el 30 de enero de 2025, pero esa entrada en vigor debe distinguirse de la aplicación de sus medidas nacionales de transposición.

3.2.2. Situación durante el curso 2026-2027

Durante el curso 2026-2027, BRIS constituye una infraestructura ya operativa, mientras que los nuevos instrumentos y obligaciones deben situarse en su correspondiente calendario.

Como adelantábamos en la entrada anterior de DerMerUle, esta fase de digitalización afecta a la forma de acreditar y utilizar la información societaria en el mercado interior. Su resultado dependerá de que la reducción de trámites vaya acompañada de datos actualizados, representación comprobable y cooperación efectiva entre registros.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. Delaware Court of Chancery en ATG Capital Opportunities Fund LP v. Lane: Actas del consejo de administración y transcripciones mediante inteligencia artificial: deberes fiduciarios, prueba de las deliberaciones y control judicial de las decisiones societarias

Actas del consejo de administración y transcripciones mediante inteligencia artificial: deberes fiduciarios, prueba de las deliberaciones y control judicial de las decisiones societarias

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial a las reuniones de los órganos de administración plantea cuestiones jurídicas que van más allá de la eficiencia en la elaboración de actas y en la gestión de la documentación societaria. La posibilidad de grabar, transcribir y resumir automáticamente las deliberaciones permite conservar información que tradicionalmente no quedaba reflejada en los documentos oficiales del órgano. Al mismo tiempo, introduce nuevos problemas relacionados con la adopción de decisiones, las motivaciones de los administradores, la confidencialidad de las deliberaciones y el control judicial .

Outer

La sentencia de 28 de agosto de 2026, de  la Delaware Court of Chancery en el asunto ATG Capital Opportunities Fund LP v. Lane constituye una manifestación especialmente interesante de este tema.(texto completo aquí)  En el marco de un litigio relativo a la exclusión de candidaturas al consejo de administración de una sociedad cotizada, el tribunal examinó tanto las actas oficiales de las reuniones como las transcripciones obtenidas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La comparación entre ambos documentos evidenció diferencias. Mientras las actas reflejaban los acuerdos y las razones formalmente expresadas para justificarlos, las transcripciones recogían intervenciones de los participantes que aportaban información adicional sobre las deliberaciones y sus posibles motivaciones. La importancia de la resolución no reside en mostrar cómo estos registros pueden incorporarse al material probatorio de un litigio societario y contribuir al examen de la conducta de los administradores.

Además, permite profundizar en la cuestión de los límites de las facultades del consejo cuando su ejercicio puede afectar a la posibilidad de sustituir a sus integrantes (su propio relevo).

Exclusión de candidaturas y el control del consejo de administración

El conflicto surgió en el contexto de una controversia sobre la composición del consejo de administración de Empery Digital Inc., sociedad cotizada cuya estrategia empresarial incluía la tenencia de reservas de bitcoin. Un inversor, ATG Capital Opportunities Fund LP, pretendía promover la sustitución de la totalidad de los integrantes del consejo mediante la presentación de una candidatura alternativa.

El consejo rechazó la propuesta al considerar que el inversor no había facilitado determinada información exigible conforme a las disposiciones estatutarias aplicables a la presentación de candidaturas. Entre las manifestaciones de los administradores figuraban las posibles relaciones entre ATG y otro inversor, Tice Brown, así como la existencia de determinadas posiciones financieras relacionadas con bitcoin. El consejo sospechaba que los inversores podían actuar de manera coordinada y promover una modificación sustancial de la estrategia de la sociedad, incluida la eventual liquidación de sus reservas de bitcoin y la distribución del valor resultante entre los accionistas.

El inversor impugnó judicialmente la decisión de excluir sus candidaturas.

La controversia no se limitaba a determinar si se habían cumplido formalmente determinados requisitos de información. También exigía examinar si el consejo había utilizado legítimamente sus facultades para organizar el procedimiento de nominación o si, por el contrario, había recurrido a ellas para impedir que los accionistas pudieran pronunciarse sobre una candidatura alternativa.

Este tipo de conflictos es especialmente relevante en el Derecho societario de Delaware, donde las disposiciones que disciplinan la legítima presentación de candidaturas pueden convertirse en instrumentos defensivos cuando son utilizadas por los administradores en ejercicio para dificultar su sustitución. La cuestión fundamental consiste, por tanto, en distinguir entre el ejercicio legítimo de las facultades de organización societaria y su utilización para preservar la posición de quienes ocupan el órgano de administración.

Las actas societarias y las transcripciones automatizadas como registros diferentes de una misma deliberación

Durante el procedimiento judicial se aportaron dos clases de documentos relativos a las reuniones del consejo: las actas oficiales y las transcripciones generadas mediante inteligencia artificial, cuya diferencia es jurídicamente significativa.

Las actas de un órgano colegiado tienen por finalidad documentar la celebración de la reunión, los asuntos examinados, las discusiones relevantes y los acuerdos adoptados. No constituyen necesariamente una reproducción literal de todas las intervenciones.

La transcripción automatizada responde a una lógica diferente. Pretende reconstruir, con mayor o menor fidelidad, las manifestaciones realizadas durante la reunión. Su contenido puede incluir comentarios preliminares, hipótesis, discrepancias, observaciones informales y expresiones que no necesariamente representan la posición finalmente asumida por el órgano.

En el litigio examinado, esta diferencia adquirió una relevancia particular.

  • La sentencia identifica una transcripción automatizada correspondiente a la reunión de 2 de febrero de 2026, incorporada al procedimiento como prueba JX 203. Durante aquella reunión, el consejo aprobó un plan defensivo de derechos de los accionistas (rights plan) que se activaría al alcanzarse un determinado umbral de participación.
  • El acta oficial presentaba la medida como una actuación destinada a proteger a los accionistas mientras la sociedad continuaba desarrollando su estrategia empresarial. Sin embargo, la transcripción recogía manifestaciones del presidente, Ryan Lane, que vinculaban la medida con la reducción de los incentivos económicos del inversor activista para promover una candidatura alternativa y con la permanencia del consejo.

La diferencia no era meramente terminológica. La protección de los accionistas puede constituir una justificación legítima para determinadas actuaciones del órgano de administración. La preservación de los cargos de sus propios integrantes plantea, en cambio, un problema relacionado con la utilización de facultades societarias en beneficio de quienes las ejercen.

  • La sentencia también menciona una segunda transcripción automatizada, identificada como prueba JX 495, correspondiente a la reunión de 26 de marzo de 2026, relativa al rechazo de las candidaturas. Según el registro, durante esa reunión se reconoció que ninguna de las deficiencias identificadas en la documentación presentada resultaba necesariamente decisiva por sí sola, aunque se valoraban conjuntamente como expresión de una presentación insatisfactoria. La importancia de esta segunda transcripción es diferente de la primera. No se refiere a la adopción del plan defensivo de derechos, sino al proceso de formación de la decisión de excluir las candidaturas.

Ambos registros permitieron reconstruir aspectos de las deliberaciones que no aparecían reflejados con el mismo detalle en las actas. Ahora bien, una manifestación individual no equivale necesariamente a la voluntad colectiva del consejo. Tampoco permite concluir, por sí sola, que todos sus integrantes compartieran una finalidad de conservación del cargo.

Precisamente por ello, el valor de la transcripción debe situarse en su contexto. Puede aportar indicios relevantes sobre las motivaciones de una decisión, pero su interpretación exige considerar el conjunto de las deliberaciones, las circunstancias del acuerdo y las restantes pruebas disponibles.

La sentencia muestra así la coexistencia de dos registros documentales con funciones diferentes: uno destinado a formalizar la actuación del órgano y otro susceptible de reconstruir las manifestaciones que precedieron a la decisión.

 

El doble control de las decisiones del consejo

Este asunto combina dos técnicas de control de las decisiones societarias que, aunque relacionadas, cumplen funciones diferentes.

  • La primera consiste en comprobar la conformidad de la actuación del consejo con las reglas estatutarias que regulan la presentación de candidaturas.
  • La segunda examina si el ejercicio de las facultades societarias, aun cuando pudiera encontrar cobertura formal en esas reglas, resulta compatible con los deberes fiduciarios de los administradores y con los derechos de los accionistas.

Este doble examen responde al principio, consolidado en la jurisprudencia de Delaware, conforme al cual las actuaciones societarias deben superar tanto un control de legalidad como un control de equidad (twice-tested framework).

El escrutinio reforzado de las medidas defensivas y los límites de las facultades de los administradores

El segundo nivel de control se desarrolla mediante el estándar de enhanced scrutiny, aplicable a determinadas actuaciones defensivas que interfieren en las elecciones societarias o en los derechos de voto de los accionistas. La sentencia se apoya en la jurisprudencia de Coster v. UIP Companies, Inc., 300 A.3d 656 (Del. 2023), y en la doctrina de Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), adaptada a las circunstancias de las controversias electorales. El examen exige que el consejo justifique, en primer término, la existencia de una amenaza real, y no meramente aparente o pretextual, para un interés societario importante o para la obtención de un beneficio corporativo significativo. También exige que sus motivaciones sean legítimas.

Se debe demostrar que la respuesta adoptada guarda una relación razonable con la amenaza identificada y que no produce efectos excluyentes o coercitivos sobre el ejercicio de los derechos de los accionistas. La aplicación de este estándar permite apreciar una diferencia esencial entre considerar perjudicial la estrategia de un inversor activista y estar jurídicamente facultado para impedir que sus candidatos concurran a la elección.

El consejo de Empery Digital temía que los inversores promovieran una modificación radical de la estrategia empresarial, consistente en liquidar las reservas de bitcoin y distribuir el valor resultante entre los accionistas.

El tribunal no negó que esa posibilidad pudiera ser objeto de decisiones de los administradores. Sin embargo, distinguió la valoración empresarial de la estrategia alternativa de la facultad de impedir que los accionistas se pronunciaran sobre ella.

La decisión sobre quién debe integrar el consejo corresponde, en principio, a los accionistas. Los administradores pueden explicar los riesgos que atribuyen a una candidatura, defender la continuidad de su estrategia y recomendar el voto contrario a los candidatos alternativos. Lo que no pueden hacer es sustituir la decisión de los accionistas por su propia valoración de la conveniencia de la candidatura, sin fundamento jurídico suficiente.

La exclusión completa de los candidatos resultaba, además, una respuesta particularmente intensa, porque impedía a los accionistas elegir entre propuestas alternativas. Por ello, el tribunal consideró que la actuación del consejo no superaba el control reforzado y constituía una infracción de sus deberes fiduciarios. La importancia de este razonamiento reside en que la revisión judicial no se limita a comprobar la existencia de una amenaza empresarial o la sinceridad de las preocupaciones de los administradores. También examina la legitimidad de la finalidad perseguida y la proporcionalidad de la respuesta adoptada. En ese examen, la información relativa a las deliberaciones del consejo puede resultar especialmente relevante.

 Enlaces:

 

EU Inc.: la Comisión advierte contra la fragmentación del nuevo régimen societario europeo

La propuesta de creación de un régimen societario europeo opcional, conocido como EU Inc. o 28.º régimen, atraviesa una fase decisiva de negociación.

La Comisión Europea ha advertido del riesgo de que el proyecto pierda su principal razón de ser si termina convertido en una nueva figura societaria sometida a veintisiete configuraciones nacionales diferentes. Así lo indicó la presidenta Ursula von der Leyen, durante su intervención ante el Parlamento Europeo el 6 de octubre de 2026, en el debate preparatorio del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre. No supone una modificación de la propuesta legislativa presentada en marzo, pero deja clara la posición de la Comisión frente a las posibles modificaciones de su contenido.

Las conclusiones del Consejo Europeo, adoptadas los días 15 y 16 de octubre, confirman la importancia política de la iniciativa. Los jefes de Estado y de Gobierno han incluido el 28.º régimen societario entre los expedientes prioritarios para avanzar en la integración del mercado interior y han instado a continuar las negociaciones.

La advertencia de la Comisión: evitar veintisiete versiones de EU Inc.

La Comisión presentó el 18 de marzo de 2026 la propuesta de Reglamento COM(2026) 321 final, destinada a establecer un marco jurídico societario común para el denominado 28.º régimen. Esta iniciativa se acompaña de la Comunicación COM(2026) 320 final, que la sitúa dentro de una estrategia más amplia de competitividad e integración empresarial europea.

Como explicábamos en nuestra entrada anterior, «EU inc, ¿una nueva forma de organización jurídica de las empresas europeas?», publicada en DerMerUle el 8 de abril de 2026, la iniciativa pretende facilitar la constitución, financiación y desarrollo de empresas en el mercado interior mediante una forma societaria opcional, que coexistiría con las figuras nacionales.

La propuesta contempla procedimientos de constitución íntegramente digitales, simplificación de operaciones societarias, transmisión de participaciones por medios electrónicos y mecanismos para facilitar la financiación. La Comisión plantea, entre otras medidas, que la constitución pueda realizarse en un plazo máximo de 48 horas y con un coste administrativo que no supere los 100 euros. Sin embargo, la discusión actual va bastante más allá de la reducción de los costes y plazos de constitución.

En su intervención del 6 de octubre, Von der Leyen se opuso expresamente a la posibilidad de transformar el futuro régimen en una directiva. A su juicio, intentar resolver la fragmentación existente mediante un instrumento que diera lugar a veintisiete versiones nacionales de una misma solución equivaldría a regresar al punto de partida. Defendió un régimen opcional para los empresarios, pero obligatorio para quienes lo aplican desde los Estados miembros. Con esta expresión quiso destacar que la libertad de los fundadores para elegir EU Inc. debe ir acompañada de unas reglas comunes, que no puedan ser reconstruidas de forma sustancialmente diferente en cada ordenamiento nacional.

Su advertencia fue especialmente contundente al señalar que, si la propuesta terminara desprovista de sus elementos esenciales, sería preferible retirarla antes que aprobar una figura europea meramente nominal.

Conviene precisar el alcance de estas declaraciones. No se ha aprobado la transformación del proyecto en una directiva ni se ha producido la retirada de la propuesta. La intervención expresa la posición política de la Comisión durante las negociaciones y su preocupación por el resultado final.

Reglamento, uniformidad societaria y garantías

La discusión sobre el instrumento legislativo elegido tiene consecuencias jurídicas importantes. Conforme al artículo 288 TFUE, el reglamento es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros, mientras que la directiva obliga respecto del resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios.

Esta diferencia explica la preferencia de la Comisión por el reglamento. Ahora bien, tampoco debe darse por supuesto que la aprobación de un reglamento eliminaría todas las diferencias. El grado real de uniformidad dependerá de su contenido, de las materias reguladas directamente, de las remisiones al Derecho nacional y de las opciones que puedan conservar los Estados miembros.

La experiencia de las formas societarias europeas ya existentes demuestra la importancia de estas cuestiones. Una denominación común no garantiza, por sí sola, que las sociedades estén sometidas a condiciones equivalentes de organización y funcionamiento.

Para EU Inc. resulta especialmente importante que la uniformidad no se limite a la constitución. Las diferencias pueden tener consecuencias durante toda la vida de la sociedad: en las relaciones entre socios, el funcionamiento de sus órganos, la financiación, las operaciones sobre el capital o la transmisión de participaciones.

Desde la perspectiva española, el futuro régimen plantea además problemas de coordinación con la Ley de Sociedades de Capital, la legislación registral y los mecanismos de control de legalidad y publicidad societaria.

La simplificación de los procedimientos no debería confundirse con la desaparición de las garantías. Será necesario determinar qué controles pueden sustituirse por procedimientos digitales equivalentes, cuáles pueden armonizarse y qué funciones deben seguir desempeñando las autoridades nacionales.

Las exigencias de identificación, la prevención del fraude, la protección de socios y acreedores y la seguridad de las operaciones societarias siguen siendo relevantes en un régimen concebido para facilitar la actividad transfronteriza.

Estas preocupaciones ya habían aparecido en el debate celebrado en el Consejo de Competitividad el 28 de mayo de 2026. Los Estados miembros acogieron favorablemente los objetivos de simplificación y digitalización, aunque varias delegaciones insistieron en la necesidad de preservar garantías frente al fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, así como de respetar determinadas competencias y normas nacionales.

La dificultad consiste en encontrar una solución que evite duplicidades innecesarias sin debilitar la seguridad jurídica. Para ello será preciso valorar la función de cada exigencia y establecer, cuando proceda, instrumentos equivalentes dentro del marco común.

El Consejo Europeo de octubre y el futuro de EU Inc.

Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2026 han vuelto a situar EU Inc. entre los proyectos prioritarios de la Unión. Dentro de la agenda «Una Europa, un mercado», el Consejo Europeo subraya la importancia de avanzar en las negociaciones del 28.º régimen societario, junto con otras iniciativas destinadas a fortalecer la competitividad y reducir la fragmentación del mercado interior.

Este pronunciamiento confirma el respaldo político a la continuación de los trabajos, pero no supone la aprobación del Reglamento ni resuelve las discrepancias sobre su contenido.

El expediente legislativo 2026/0074(COD) continúa tramitándose mediante el procedimiento legislativo ordinario. La discusión abierta permite, no obstante, identificar uno de los principales problemas que deberán resolverse: hasta dónde puede admitirse la diversidad nacional sin frustrar la finalidad de crear una forma societaria europea verdaderamente reconocible.

Es razonable que los Estados miembros quieran preservar determinadas competencias, controles y garantías. También lo es que la Comisión insista en evitar que esas reservas reproduzcan los obstáculos que la iniciativa pretende superar.

El resultado dependerá del equilibrio que alcance el legislador europeo. La utilidad de EU Inc. no puede medirse exclusivamente por la rapidez de su constitución o por el ahorro inicial de costes. Una forma societaria destinada a facilitar el crecimiento empresarial y la inversión transfronteriza necesita ofrecer reglas suficientemente previsibles sobre su organización, funcionamiento, financiación y relaciones con terceros. El riesgo que ha señalado la Comisión es que el acuerdo político termine conservando el nombre de EU Inc., pero no las ventajas que justificarían su creación.

Fuentes y documentos de consulta

 

CONVERSACIONES CON….. Tecnología, gobierno corporativo y derechos de los accionistas minoritarios: conversación con Pedro Pablo Pérez Carbó

Tecnología, gobierno corporativo y derechos de los accionistas minoritarios: conversación con Pedro Pablo Pérez Carbó

¿Cómo afecta la transformación digital de una empresa a la información que reciben sus accionistas minoritarios? Esta pregunta será el punto de partida de una nueva sesión de «Conversaciones con…», organizada por el GID DerMerUle.

El jueves 24 de septiembre de 2026, recibiremos a Pedro Pablo Pérez Carbó, investigador postdoctoral de la Universidad de los Andes (Chile), para conversar sobre su trabajo «Derechos de información de los accionistas minoritarios y nuevas tecnologías en las empresas de agua potable en Chile: el caso de Aguas Andinas S.A.».

El estudio examina las tecnologías adoptadas por Aguas Andinas S.A. durante el periodo 2019-2023 y el régimen chileno de información de los accionistas. El caso nos permitirá debatir cómo se relacionan la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la protección de los inversores minoritarios en una empresa de servicios esenciales. La sesión tendrá un formato dialogado y el público podrá participar en el coloquio.

Fecha y hora: jueves 24 de septiembre, de 12:00 a 13:15 h.
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de León.
Programa: bienvenida institucional a las 12:00; conversación con el investigador invitado desde las 12:10; cierre previsto a las 13:15.

La entrada presencial es libre hasta completar aforo. Para obtener certificado de participación es necesario inscribirse en ediag@unileon.es. La asistencia en línea, con plazas limitadas, está reservada a alumnado de posgrado y doctorado y profesorado en formación; la inscripción se solicita en eperc@unileon.es. En el mensaje deben indicarse nombre y apellidos, correo electrónico y titulación y curso o situación académica.

La sesión está dirigida por Elena F. Pérez Carrillo, con la coordinación de Elicio Díaz Gómez y la secretaría digital de Sara Ranz Ortego.

La Catedrática de Derecho Mercantil, María Angustias Díaz Gómez, coordinadora del Área; junto con la Decana de la Facultad de Derecho y con la Coordinadora del GID, conforman la comisión académica de la actividad

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO. –SANZ BAYÓN, Pablo, Las situaciones de bloqueo en las sociedades de capital paritarias, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2026, 554 pp., ISBN 979-13-7021-619-1.

Presentar esta obra tiene una dimensión especialmente grata. El profesor Pablo Sanz Bayón es un colega querido y admirado, que ha colaborado generosamente en actividades del Grupo de Innovación Docente GID DerMerUle. Esa cercanía personal permite conocer su rigor y su disposición constante al diálogo académico. No sustituye, desde luego, la valoración objetiva del libro. Sí, explica la satisfacción de dar noticia de una investigación que confirma la solidez de su trayectoria y la seriedad con la que aborda los problemas del Derecho mercantil.

La tensión entre gobierno corporativo, lo tradicional y mecanismos para evitar el conflicto constituye el núcleo en torno al cual se construye la monografía de Pablo Sanz Bayón.

No se limita a estudiar la paralización de los órganos sociales como causa de disolución sino que se adentra en por qué se elige una estructura paritaria, qué posición ocupa cada socio, cuándo el desacuerdo se convierte en abuso y qué instrumentos permiten prevenir o resolver el bloqueo. El resultado es una investigación amplia sobre uno de los problemas centrales del gobierno de las sociedades cerradas.

El bloqueo en las sociedades paritarias: prevenir el conflicto para conservar la empresa.

Las sociedades participadas al cincuenta por ciento son habituales en la práctica. Aparecen en empresas familiares, en proyectos promovidos por dos profesionales, al albur de alianzas entre empresarios y sociedades conjuntas o joint ventures. La distribución igualitaria del capital, y del poder de voto en estas entidades responde muchas veces a una decisión racional. Reconoce la equivalencia de las aportaciones. Impide que uno de los participantes quede subordinado al otro. Reserva las decisiones esenciales al acuerdo de ambos. Sin embargo, la misma regla que protege el equilibrio puede impedir la formación de la voluntad social cuando desaparece la cooperación. Este es el punto de partida de la obra, que consta de cuatro partes y siete capítulos. Su orden tiene valor explicativo: parte de los fundamentos de la sociedad 50/50, construye la posición jurídica del socio paritario, examina la respuesta disolutoria y desplaza finalmente el centro de atención hacia la prevención y la salida. Las reflexiones finales comienzan en la p. 489.

 

La racionalidad y el riesgo de la sociedad 50/50

La primera parte, presenta el bloqueo como una patología típica, pero no inevitable, de las sociedades paritarias. El autor estudia la relevancia de la cuestión, la insuficiencia del principio mayoritario y la racionalidad económica de la distribución 50/50. Recurre a la teoría de los costes de transacción, a la concepción de la sociedad como nexo de contratos y a la teoría de juegos. Estas herramientas permiten explicar que la paridad no es necesariamente fruto de una mala planificación. Cuando ambos socios realizan aportaciones específicas y esenciales —capital, conocimientos, tecnología, clientela o trabajo personal—, atribuir el control estable a uno de ellos puede romper el equilibrio que hace posible el proyecto. La alternativa 51/49 evita el empate, pero crea una mayoría permanente y una minoría estructural. Sustituye el riesgo de bloqueo por el riesgo de abuso de mayoría. La elección debe atender, por ello, a la naturaleza del negocio, a las contribuciones de los participantes y a la confianza que sustenta su relación.

El libro examina también la vocación de estabilidad y el componente personalista de estas sociedades. En muchas de ellas no existe una separación nítida entre propiedad y control. Los socios administran la sociedad, trabajan para ella, aportan activos o mantienen sus relaciones principales. El conflicto societario se proyecta así sobre la gestión diaria, la remuneración, los contratos vinculados y la continuidad profesional de las partes.

La tipología estudiada confirma que no todas las sociedades paritarias plantean los mismos problemas. En una sociedad familiar pesan las relaciones personales o sucesorias. En una sociedad conjunta, el bloqueo puede proceder de estrategias o necesidades de financiación divergentes. La igualdad formal del capital no elimina la diversidad material de los conflictos.

Interés social, fidelidad y abuso de igualdad

La segunda parte ofrece al lector uno de los núcleos dogmáticos más interesantes del libro. El autor revisa el contrato de sociedad, la distribución paritaria del capital y las concepciones del interés social. Tras contrastar las teorías contractualista e institucionalista, propone una orientación ecléctica y estudia su aplicación judicial al conflicto intracorporativo (pp. 133-164).

La cuestión resulta especialmente importante en una sociedad controlada por dos posiciones equivalentes. Ninguno de los socios puede identificarse automáticamente con el interés social. Pero tampoco basta con afirmar que cada uno es libre de votar atendiendo exclusivamente a su interés. El ejercicio del voto puede impedir decisiones necesarias para la continuidad de la empresa. Es preciso distinguir entre la oposición legítima y la utilización oportunista del poder de bloqueo.

El deber de fidelidad del socio paritario (pp.167-179) es diferenciado por el autor del deber de lealtad de los administradores. La distinción es imprescindible porque los socios paritarios integran con frecuencia el órgano de administración. Como administrador, el sujeto queda sometido al régimen legal de diligencia y lealtad. Como socio, puede defender su propio interés, aunque el ejercicio de sus derechos esté limitado por la buena fe, el interés social y la prohibición del abuso. Este deber de fidelidad no impone una obligación general de votar a favor de cuanto proponga el consocio. El desacuerdo es legítimo. Un socio puede oponerse a una inversión, una ampliación de capital o una determinada estrategia cuando entienda que perjudica al proyecto común. El problema aparece cuando el voto, el veto o la inasistencia deliberada se utilizan para obtener ventajas particulares, alterar el equilibrio pactado o forzar la salida del otro.

En este contexto se sitúa una de las aportaciones más sugerentes de la monografía: el «abuso de igualdad» o «abuso de posición paritaria», examinado desde la p. 179. La categoría permite superar el esquema tradicional del enfrentamiento entre mayoría y minoría. En una sociedad 50/50, cada parte puede impedir la formación de la voluntad social. El abuso no se materializa necesariamente en la adopción de un acuerdo perjudicial. Puede consistir en impedir que se adopte cualquier acuerdo.

El control negativo se manifiesta en la posibilidad de bloquear las cuentas, la aplicación del resultado, una modificación estatutaria, una operación sobre el capital u otra decisión esencial. Además, la igualdad formal no garantiza igualdad material. Un socio puede dominar la información o la gestión, controlar activos decisivos o disponer de mayor capacidad financiera para resistir un conflicto prolongado. La valoración jurídica debe considerar estas asimetrías, la relevancia de la decisión impedida, la conducta previa y la finalidad perseguida.

La propuesta adquiere mayor precisión en las reflexiones finales. El autor vincula el deber de fidelidad a la estructura de capital y a la composición de los activos. Su intensidad debe reforzarse cuando la concentración del capital, las inversiones específicas y la facilidad para bloquear la junta incrementan la vulnerabilidad de la inversión (p. 497). Desde esta perspectiva, el socio paritario ocupa una posición paradójica: disfruta de un máximo control negativo y, al mismo tiempo, padece una máxima debilidad.

Esta construcción conduce a la idea de un «gobierno corporativo de sociedades cerradas» (pp. 498-501). El foco no debe situarse únicamente en los costes de agencia verticales entre socios y administradores. En sociedades concentradas adquieren especial importancia los costes horizontales entre socios. El deber de fidelidad serviría para disciplinar tanto el control positivo de la mayoría como el control negativo de minoritarios significativos y socios paritarios. El cambio de enfoque resulta relevante para un tejido empresarial en el que predominan las sociedades cerradas.

El bloqueo de los órganos y la respuesta disolutoria

El capítulo tercero estudia la estructura biorgánica de la sociedad de capital y su incidencia en el bloqueo. Tras analizar el funcionamiento de la junta y del órgano de administración, el libro examina el principio mayoritario, el derecho de voto y los acuerdos negativos. Su taxonomía distingue, entre otros supuestos, la falta de aprobación de las cuentas y de la distribución del resultado y el bloqueo de modificaciones estatutarias u operaciones sobre el capital (pp. 224-228).

La paralización puede producirse en distintas fases. Puede resultar imposible convocar el órgano, constituirlo válidamente o adoptar acuerdos. La distinción tiene consecuencias prácticas. Permite delimitar la causa de disolución y ayuda a seleccionar la cláusula preventiva idónea. No es lo mismo resolver un empate en una votación que suplir la ausencia sistemática de uno de los socios o superar la imposibilidad de renovar el órgano de administración.

A partir de la p.235, el libro se ocupa de la disolución como mecanismo legal de resolución. El análisis abarca el régimen español, los antecedentes y el fundamento de la paralización como causa disolutoria. Desde la p. 279 se estudian los supuestos relativos al órgano de administración y a la junta general, incluidos los problemas de convocatoria, constitución y adopción de acuerdos. También se examinan los requisitos, el momento en que surge la causa y la forma de operar de la disolución.

El artículo 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital exige que la paralización de los órganos sociales haga imposible el funcionamiento de la sociedad. No basta la existencia de enemistad, litigios o discrepancias. Debe producirse una afectación efectiva y suficientemente grave. La dificultad reside en separar la crisis temporal del bloqueo definitivo. Una interpretación demasiado estricta puede mantener artificialmente una organización incapaz de decidir. Una aplicación demasiado amplia puede convertir cualquier conflicto relevante en antesala de la liquidación.

La obra completa el estudio sustantivo con la vertiente procesal: legitimación, competencia, procedimiento, prueba y título inscribible. Añade la responsabilidad de los administradores, la publicidad registral, la liquidación, las medidas cautelares y la reactivación. La disolución no pone fin automáticamente al conflicto, que puede reaparecer durante la venta de los activos y el reparto del patrimonio.

La valoración crítica que efectúa SANZ BAYÓN prepara el tránsito hacia las soluciones convencionales. Explica el autor que la disolución seguida de liquidación no siempre atiende al principio de conservación de la empresa. Puede destruir valor cuando el negocio continúa siendo viable y lo que ha fracasado es la relación entre sus propietarios. Las conclusiones insisten en que la vía legal no responde adecuadamente ni a la conservación empresarial ni a la represión del abuso de igualdad (p.505). De ahí la importancia de anticipar el conflicto mediante la autonomía privada.

Prevenir antes que liquidar

La cuarta parte es la más orientada a la práctica. El capítulo quinto, desde la p. 371, estudia los mecanismos negociales y estatutarios de prevención. Entre los primeros figuran el plan de negocio y la distribución 51/49. Entre los segundos se analizan técnicas relativas al órgano de administración y a la junta: reserva de materias, procedimientos de escala, voto de calidad, consejeros independientes, mayorías reforzadas, restricciones a la transmisibilidad, derechos de veto, clases de acciones y sorteo tras empates reiterados.

El catálogo muestra que ninguna cláusula es neutral ni universal. El voto de calidad evita el empate, pero concede una posición prevalente. El consejero independiente introduce una tercera perspectiva, aunque su eficacia depende de la independencia real y de las facultades reconocidas. Los procedimientos de escala pueden funcionar en sociedades conjuntas cuando la controversia puede elevarse a otros niveles de las entidades participantes. Las mayorías reforzadas protegen decisiones esenciales, pero también pueden multiplicar las posibilidades de bloqueo.

El libro diferencia entre instrumentos de continuidad y de salida. Los primeros intentan restablecer la decisión común. Los segundos permiten terminar la relación sin destruir necesariamente la empresa.

El derecho de separación recibe un examen específico entre las pp. 396 y 415. Puede ser menos destructivo que la disolución porque permite la continuidad de la sociedad. Sin embargo, en una estructura 50/50 plantea problemas delicados. Debe determinarse quién sale, quién adquiere la participación, cómo se fija el valor y cómo se financia el pago. Si el reembolso corresponde a la sociedad, puede generar graves tensiones de liquidez. La separación ad nutum protege frente al encierro, pero puede desestabilizar una empresa dependiente de las aportaciones personales de ambos socios. El autor se muestra favorable, de lege ferenda, al reconocimiento de un derecho de separación ad nutum en las sociedades limitadas como alternativa a la disolución (p. 503), propuesta que invita al debate.

Pactos, cláusulas de salida y solución por terceros

Zarzas y lila

El capítulo sexto comienza en la p. 421 y se dedica a los mecanismos extraestatutarios. Parte de los pactos parasociales y los protocolos familiares. Examina después las cláusulas shoot-out, las opciones call y put, la venta conjunta, las cláusulas tag along y drag along, la mediación, el arbitraje, las acciones judiciales de compraventa, la escisión subjetiva y la fiducia societaria de desempate.

Los pactos parasociales permiten detallar los procedimientos de negociación, los plazos, la información, las valoraciones y las condiciones de adquisición. Su utilidad exige coordinar el plano contractual con el societario. Deben preverse su eficacia entre los firmantes, su relación con los estatutos y las consecuencias del incumplimiento.

Las cláusulas shoot-out, estudiadas desde la p. 429, reciben especial atención. La obra distingue la ruleta rusa, el tiro mejicano, el sale shoot-out y el deterrent approach. En sus formas más conocidas, un socio fija un precio y el otro debe optar entre vender su participación o adquirir la del oferente en condiciones equivalentes. La posibilidad de terminar como comprador o vendedor pretende incentivar una valoración razonable.

La simetría formal, sin embargo, no garantiza justicia material. Las diferencias de información, liquidez o acceso al crédito pueden favorecer al socio financieramente más fuerte. En las reflexiones finales, el autor se inclina por estos mecanismos debido a su eficacia preventiva y disuasoria (p. 506), pero advierte que deben ejecutarse con cautela cuando exista disparidad financiera. La invocación de la cláusula puede ser contraria a la buena fe si un socio conoce que el otro no puede financiar la compra y explota esa debilidad para forzar el bloqueo (p. 507). La observación evita presentar las cláusulas shoot-out como una solución automática.

Las opciones call y put, la venta conjunta y las cláusulas de acompañamiento y arrastre ofrecen otras vías para predeterminar la salida. Su funcionamiento requiere definir el hecho desencadenante, el precio o método de valoración, los plazos y las garantías de pago. La precisión contractual es tan importante como la elección del mecanismo.

La mediación y el arbitraje, examinados desde la p. 459, cumplen funciones distintas. La mediación intenta reconstruir la capacidad negociadora de los socios y permite soluciones flexibles. El arbitraje atribuye a un tercero la resolución de una controversia. El libro expone las posiciones favorables y contrarias y estudia la validez de la cláusula arbitral para deshacer el bloqueo. No basta con declarar arbitrable el conflicto. Es necesario precisar qué puede decidir el árbitro: interpretar el pacto, constatar un incumplimiento, determinar un precio o verificar la activación de un mecanismo de compraventa.

El recorrido concluye con las acciones judiciales de compraventa, la escisión subjetiva y la fiducia de desempate (pp. 474-480). La diversidad confirma la tesis principal: no existe una respuesta única. La solución depende de la actividad, los activos críticos, las aportaciones personales, la financiación y la posición económica de cada socio.

Valoración de conjunto

  • La principal aportación de Las situaciones de bloqueo en las sociedades de capital paritarias reside en integrar perspectivas que a menudo aparecen separadas. El bloqueo se analiza desde la racionalidad económica de la paridad, la estructura contractual, el interés social, los deberes de los socios, el funcionamiento orgánico y el sistema de remedios legales y convencionales. Esta visión impide reducir la paralización a un presupuesto técnico de la disolución. La presenta como un problema de gobierno societario.
  • Resulta especialmente valioso el estudio del poder negativo. El Derecho de sociedades suele fijarse en quien puede aprobar decisiones. La sociedad paritaria obliga a atender también a quien puede impedirlas. El concepto de abuso de igualdad permite valorar ese poder sin trasladar mecánicamente las categorías de mayoría y minoría. Ambos socios pueden comportarse de manera oportunista. Ambos pueden quedar expuestos al bloqueo.
  • La sistematización de los mecanismos preventivos y resolutorios proporciona a la obra una clara utilidad práctica. No se ofrece una cláusula modelo aplicable a cualquier sociedad. Se explican las ventajas, los costes y los riesgos de cada opción. Esa prudencia es un mérito. La cláusula idónea depende de la realidad económica y personal del proyecto.
  • La monografía deja una enseñanza nítida. La igualdad de poder no debe rechazarse, pero necesita una arquitectura de gobierno precisa. Los estatutos y pactos han de identificar las materias sometidas a consenso, ordenar la negociación, acreditar el bloqueo, prever la intervención de terceros y establecer condiciones de salida compatibles con la viabilidad financiera. La decisión debe adoptarse ex ante, cuando existe cooperación, y no cuando el conflicto ya ha destruido la confianza.
  • El libro resulta relevante para la doctrina mercantilista y para quienes redactan estatutos y pactos parasociales, estructuran sociedades conjuntas o intervienen en conflictos societarios. La conexión constante entre fundamento y remedio, unida a la amplitud del análisis, permite calificarlo como un trabajo maduro y de altura. Más que describir una patología, ofrece un marco completo para comprenderla, prevenirla y, cuando sea necesario, resolverla conservando en lo posible el valor de la empresa.

 

Para quienes hemos tenido la oportunidad de contar con el profesor Sanz Bayón en actividades del GID DerMerUle, la publicación produce también una sincera alegría. Esta obra acredita una notable capacidad para ordenar un problema complejo sin simplificarlo y está llamada a convertirse en una referencia sobre el bloqueo societario y el gobierno de las sociedades cerradas.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. Reducción de capital en la SL con devolución de aportaciones, ante el Tribunal Supremo de España

La reducción de capital con devolución de aportaciones constituye una de las operaciones de reestructuración societaria más frecuentes en las sociedades de responsabilidad limitada. Puede utilizarse para facilitar la salida ordenada de un socio, devolver excedentes de tesorería acumulados por la compañía o adecuar la estructura financiera de la sociedad a sus necesidades reales.

Sin embargo, su validez no depende únicamente de la obtención de las mayorías legalmente exigidas. La operación debe respetar el principio de igualdad de trato entre socios y los mecanismos de protección de los acreedores previstos en la Ley de Sociedades de Capital (LSC). La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reforzado significativamente estas exigencias, especialmente en los supuestos de reducción de capital no proporcional,

1.La principal fuente de conflictividad aparece cuando la devolución de aportaciones no afecta por igual a todos los socios.

 

Ao solpor

Es habitual que la reducción de capital se utilice para facilitar la salida de un socio concreto mediante la amortización exclusiva de sus participaciones, permaneciendo inalteradas las del resto. En estos supuestos surge la cuestión fundamental: ¿basta con la mayoría reforzada de la junta o resulta necesario el consentimiento individual de los socios?

El artículo 329 LSC establece:

«Cuando el acuerdo de reducción con devolución del valor de las aportaciones no afecte por igual a todas las participaciones (…), será preciso, en las sociedades de responsabilidad limitada, el consentimiento individual de los titulares de esas participaciones.»

La redacción del precepto dio lugar durante años a una importante controversia interpretativa. Mientras que el antiguo artículo 79.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada exigía expresamente el consentimiento de todos los socios, el vigente artículo 329 LSC utiliza una fórmula menos precisa al referirse al consentimiento individual de los titulares de «esas participaciones».

La discusión ha sido definitivamente resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) núm. 853/2026, de 3 de junio de 2026, recurso de casación 4800/2023, ECLI:ES:TS:2026:2471, que confirma el criterio previamente mantenido por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El Alto Tribunal concluye que el consentimiento exigido por el artículo 329 LSC corresponde a todos los socios de la sociedad y no únicamente a aquellos cuyas participaciones se amortizan o reducen.

La sentencia declara que la reducción de capital con devolución de aportaciones que no afecta por igual a todas las participaciones comporta una alteración de la posición jurídica de todos los socios, por lo que su eficacia exige el consentimiento individual de cada uno de ellos.

  • La posición jurídica de todos los socios resulta afectada
    • La fundamentación del Tribunal Supremo parte de una idea sencilla pero de enorme trascendencia práctica: la reducción asimétrica no afecta únicamente al socio que abandona la sociedad o percibe la devolución de su inversión. Por e contrario, también afecta a quienes permanecen en la compañía, ya que modifica los porcentajes de participación, las relaciones de poder, el reparto del riesgo empresarial y las expectativas económicas derivadas de la condición de socio. Por ello, los titulares de las participaciones afectadas son tanto quienes salen como quienes permanecen en la sociedad.
  • Además, el Tribunal vincula esta interpretación al principio de igualdad de trato recogido en el artículo 97 LSC. Como señala la sentencia, no puede presumirse qué opción resulta más beneficiosa para cada socio. Corresponde a cada uno decidir libremente si prefiere recuperar su inversión y desvincularse de la sociedad o continuar formando parte de ella
  • En consecuencia, cuando la devolución de aportaciones no afecta por igual a todas las participaciones, la mayoría reforzada prevista en el artículo 199.a) LSC constituye una condición necesaria, pero no suficiente. La eficacia de la operación exige además el consentimiento individual de todos los socios.

La situación es distinta cuando la reducción se lleva a cabo de forma proporcional respecto de todas las participaciones sociales.

Si la operación se articula mediante una disminución idéntica del valor nominal de todas las participaciones o mediante una amortización proporcional de las mismas, no se altera la posición relativa de ninguno de los socios. En estos casos no se vulnera el principio de igualdad de trato y resulta suficiente la mayoría reforzada legalmente prevista.

2. Reglas imperativas en la ejecución de la devolución

La aprobación de la reducción de capital tampoco permite que la mayoría decida libremente cómo distribuir el valor objeto de restitución.  El artículo 330 LSC establece que la devolución debe realizarse en proporción al valor desembolsado de las participaciones sociales (pago a prorrata), salvo acuerdo unánime de todos los socios. La finalidad de esta regla es preservar la igualdad económica entre los socios y evitar tratamientos preferenciales injustificados.

Como regla general, la restitución debe efectuarse en metálico. Sin el consentimiento de todos los afectados, no resulta admisible imponer a determinados socios la recepción de bienes concretos, inmuebles, derechos de crédito o compensaciones contables en lugar de dinero.

Ahora bien, el carácter dinerario de la obligación no implica necesariamente que el pago deba realizarse de forma inmediata sino que puede aplazarse

La doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha considerado que el derecho de reembolso constituye un auténtico crédito a favor del socio, por lo que puede pactarse válidamente un calendario de pagos aplazados siempre que exista consentimiento suficiente y se respeten las exigencias legales de la operación.

3. La protección de los acreedores: tres sistemas legales

Toda reducción de capital con devolución de aportaciones implica una salida efectiva de patrimonio social hacia los socios.

Dado que el capital social desempeña una función de garantía frente a terceros, la LSC articula diversos mecanismos destinados a proteger los derechos de los acreedores.

A. Sistema de responsabilidad solidaria

Es el régimen legal aplicable con carácter supletorio.

Los socios que hayan recibido la devolución responderán solidariamente entre sí y con la propia sociedad de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción resulte oponible a terceros. Dicha responsabilidad queda limitada al importe efectivamente percibido por cada socio y se extingue por el transcurso de cinco años.

B. Sistema de reserva indisponible

La sociedad puede evitar el régimen de responsabilidad solidaria constituyendo una reserva con cargo a beneficios o reservas libres por un importe equivalente al valor devuelto a los socios Esta reserva tendrá carácter indisponible durante cinco años desde la publicación de la reducción en el BORME.

C. Derecho estatutario de oposición

Los estatutos sociales pueden reconocer a los acreedores un derecho de oposición similar al previsto legalmente para las sociedades anónimas. En tal caso, la sociedad no podrá ejecutar la devolución hasta que transcurra el plazo de oposición o se garantice adecuadamente el crédito de los acreedores que se hubieran opuesto.

Conclusión

La reducción de capital con devolución de aportaciones continúa siendo una herramienta extraordinariamente útil para reordenar la estructura societaria o facilitar la salida de socios. Sin embargo, la reciente doctrina del Tribunal Supremo obliga a replantear muchas operaciones que tradicionalmente se articulaban mediante reducciones selectivas o asimétricas. La STS 853/2026 ha dejado claro que la reducción con devolución de aportaciones que no afecta por igual a todas las participaciones altera la posición jurídica de todos los socios. Por ello, la mayoría reforzada de la junta ya no puede contemplarse como un presupuesto suficiente para la validez de la operación. La eficacia del acuerdo exige el consentimiento individual de todos los socios afectados, como manifestación concreta del principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 97 LSC.

La solución resulta plenamente coherente con la función tuitiva que inspira el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada. La mayoría conserva su capacidad de decisión, pero no puede imponer a una minoría una alteración sustancial de su posición jurídica mientras otros socios recuperan su inversión o abandonan la sociedad.

Texto redactado y revisado por la autora, con apoyo instrumental de herramientas de inteligencia artificial.

Análisis jurisprudencial: Retribuciones. Administradores independientes (sin conflictos de intereses) para decidir en materia retributiva en Delaware después de la reforma de 2025

La reciente sentencia Ayers v. Foley, dictada el 15 de junio de 2026 por la Delaware Court of Chancery, constituye un hito relevante en la interpretación del concepto legal de administrador independiente de Delaware. Por primera vez, el tribunal ha aplicado la reforma introducida en 2025 en la Section  (144 (d) (2) del Delaware General Corporation Law (DGCL) mediante la Senate Bill 21, en relación con el concepto de administrador independiente.

La reforma de 2025 del DGCL introdujo cambios especialmente relevantes en la Section 144(d)(2), al reforzar la posición del consejo de administración cuando éste declara que un director de una sociedad cotizada cumple los estándares de independencia exigidos por la bolsa en la que la compañía cotiza. Sobre esa declaración, la reforma presume que el director es “desinteresado” a efectos de la operación, salvo que se acrediten circunstancias concretas que demuestren lo contrario. Es decir,  con la nueva redacción, se presume que un director es “disinterested” respecto de una operación si no es parte en la transacción y el consejo determina que cumple los criterios de independencia previstos en las reglas de la bolsa de referencia (NYSE, Nasdaq u otro mercado regulado equivalente).

Esa presunción no es irrebatible: puede quedar desvirtuada si quien impugna la operación aporta hechos concretos, sustanciales y suficientemente individualizados que acrediten que el consejero mantiene un interés material en la transacción o una relación relevante con una parte interesada. Lo decisivo es que, desde la reforma, los criterios de independencia bursátil dejan de operar como un simple indicio orientativo y pasan a tener un auténtico efecto presuntivo en la valoración del conflicto de interés y en la calificación del consejero como desinteresado.

Este cambio es relevante porque, en el derecho de Delaware, las operaciones en las que puede existir un conflicto de interés, como las de este caso que se refieren a la retribuciones estaban sometidas al llamado entire fairness test: el estándar de control más exigente conforme al cual no basta con que la transacción parezca razonable en términos generales: quien la defiende debe acreditar que fue íntegramente justa, tanto desde el punto de vista del precio como del procedimiento seguido para su aprobación. Tradicionalmente, este escrutinio reforzado se activaba con relativa facilidad cuando concurrían vínculos significativos entre los intervinientes o existían dudas serias sobre la independencia de quienes adoptaron la decisión.

La redacción del 2025 eleva ahora el umbral exigido para aplicar el entire fairness test: Si el consejo determina que el director cumple los criterios de independencia de la bolsa o mercado en el que la sociedad cotiza, se refuerza la presunción de que no existe un conflicto material de interés, y quien impugna la operación deberá aportar hechos sustanciales y particularizados para desvirtuarla. En la práctica, esto favorece un entorno de mayor seguridad operativa para quienes promuevan transacciones vinculadas a accionistas de control.

En Ayers v. Foley, el litigio surgió a raíz de una acción derivativa interpuesta por un accionista de Fidelity National Financial, Inc., quien cuestionaba determinados acuerdos retributivos aprobados por el consejo de administración de la entidad. Como suele ocurrir en este tipo de procedimientos, una cuestión central consistía en determinar si una mayoría del consejo estaba en condiciones de ejercer un juicio verdaderamente independiente de los intereses de la sociedad. O, si la decisión implicaba de tal modo los intereses de sus miembros que su imparcialidad quedaba comprometida.

En este asunto concreto, el tribunal concluye que la presunción de independencia reconocida por el legislador en algunos supuestos concretos (safe harbours) no debe entenderse restringida a tales casos en particular que están previstos en la Ley  . Por el contrario, la enumeración legal de situaciones donde el administrador es independiente no empece a la aplicación de la presunción de modo más amplio. La presunción, establece la magistrada ponente, proyecta sus efectos sobre el conjunto del Derecho societario de Delaware. Debe aplicarse incluso en relación con la denominada demand futility, esto es, para valorar si un accionista puede promover directamente una acción derivativa sin haber requerido previamente al consejo de administración para que la ejercite, como sería la regla general en derecho societario  de Delaware.

Esta decisión fortalece y dota de seguridad a la calificación como  independientes o ajenos a conflictos que realice el consejo de una sociedad cotizada. Esta declaración, realizada para indicar que se cumple los criterios de independencia exigidos por los mercados regulados en los que las acciones de la compañía son negociadas —como la New York Stock Exchange (NYSE) o el Nasdaq Stock Market— goza ahora de una presunción especialmente robusta. Para destruirla, el demandante deberá alegar y acreditar hechos concretos, específicos y suficientemente relevantes que permitan inferir la existencia de un interés material o de una relación material susceptible de influir objetivamente en el criterio del administrador.

La Court of Chancery deja claro que no resultan suficientes las meras sospechas, las alegaciones genéricas o la existencia de relaciones profesionales ordinarias. Tampoco bastan, por sí solas, circunstancias como la participación conjunta en otros consejos de administración, inversiones compartidas o vínculos empresariales de escasa entidad económica. Lo determinante para poder impugnar -con éxito- la clasificación como ajeno a conflicto de interés  será demostrar que el conflicto o la relación invocada posee una intensidad tal que pueda comprometer razonablemente la capacidad del consejero para actuar en el mejor interés de la sociedad y de sus accionistas.

Esta decisión pone luz sobre la cuestión de cómo los tribunales van a interpretar la reforma legislativa de Delaware de 2025, que había resondido a la creciente litigiosidad societaria sobre, como en este caso, conflictos de interés y consideración de independiente. Ayers v. Foley confirma que los tribunales de Delaware aplican el nuevo marco normativo a favor de la estabilidad de los órganos de administración. Y, que refuerza la clásica línea de deferencia judicial hacia las decisiones adoptadas por consejeros.

Campos y horizontes

El pronunciamiento trasciende el ámbito del Derecho estadounidense pues Delaware es un auténtico laboratorio jurídico en materia de gobiero corporativo y  administradores.

Aunque los sistemas estadounidense y europeo responden a tradiciones jurídicas distintas, las cuestiones abordadas en esta resolución encuentran claros puntos de conexión con la regulación de los consejeros independientes, la protección de los accionistas minoritarios y los estándares de buen gobierno que se consolidan progresivamente en el plano global.

Ayers v. Foley marca una dirección clara en la evolución del Derecho societario de Delaware: una mayor protección de la independencia formalmente reconocida a los consejeros, una exigencia probatoria más rigurosa para quienes pretendan cuestionarla y una apuesta decidida por la seguridad jurídica como elemento esencial de la competitividad regulatoria. La sentencia refuerza considerablemente el valor jurídico de las determinaciones de independencia formal realizadas conforme a los estándares de la NYSE y Nasdaq. Sin embargo, permanece abierto el debate sobre si la independencia formal reconocida por los mercados coincide siempre con una independencia real o sustantiva.  La  cuestión que deja abierta es hasta qué punto el refuerzo de la presunción de independencia reducirá, en la práctica, la viabilidad de las acciones derivativas. Al elevarse el nivel de detalle y concreción exigido a los demandantes, cabe esperar una disminución de litigios basados en alegaciones genéricas sobre relaciones personales o profesionales entre consejeros. Será especialmente interesante observar cómo los tribunales aplican este nuevo estándar en futuros casos en los que existan vínculos económicos más complejos o indirectos.

Fuentes:

EU inc, ¿una nueva forma de organización jurídica de las empresas europeas?

Aproximadamente una quinta parte de la producción científica mundial tiene su origen en instituciones y centros de investigación situados en los Estados miembros. Ello se complementa con una contribución significativa del tejido empresarial europeo al desarrollo global de la investigación y desarrollo (I+D) y a la generación de activos de propiedad intelectual e industrial, que constituyen uno de los principales indicadores de competitividad tecnológica. Aún queda mucho por avanzar , de ahí la Comunicación de la Comisión que da título a esta entrada.

La Comunicación de la Comunicación COM(2026) 320 final, titulada “Hacia un 28.º régimen para las empresas de la UE” es una pieza central de la Comisión Europea para reforzar la competitividad empresarial y la integración efectiva del mercado interior mediante la creación de un marco societario opcional de dimensión plenamente europea orientado especialmente a las empresas con vocación innovadora.  Configura la EU Inc. como un instrumento jurídico orientado a reducir la fragmentación normativa del mercado interior y a facilitar el desarrollo de empresas innovadoras en un entorno económico globalizado y digitalizado. Su relevancia no reside únicamente en la introducción de una nueva forma societaria, sino en la articulación de un conjunto integrado de reformas institucionales, tecnológicas y financieras destinadas a reforzar la competitividad europea y a consolidar un espacio empresarial verdaderamente único dentro de la Unión.

La iniciativa se inscribe en la lógica histórica de los instrumentos societarios supranacionales —como la sociedad europea o la sociedad cooperativa europea—, pero pretende ir más allá de estos precedentes mediante el diseño de una forma jurídica concebida desde su origen para el entorno digital y para los modelos de negocio innovadores. En este contexto, la propuesta introduce el concepto de EU Inc. como una nueva forma societaria europea, caracterizada por su simplicidad estructural, su portabilidad transfronteriza y su orientación a empresas de rápido crecimiento, particularmente en sectores tecnológicos, digitales o intensivos en conocimiento.

El objetivo fundamental de esta iniciativa consiste en ofrecer a los operadores económicos una forma jurídica única, accesible y homogénea en todo el territorio de la Unión, que permita constituir y gestionar una empresa con independencia del Estado miembro en el que se desarrolle la actividad principal. Para ello, la Comunicación plantea la creación de un sistema de constitución íntegramente digital, basado en un registro central europeo, que permitiría formalizar la constitución de la sociedad en un plazo muy breve —expresado simbólicamente en la meta de 48 horas— y con costes administrativos reducidos. Esta simplificación se articula, además, en torno a la aplicación reforzada del principio de “solo una vez”, de modo que la información empresarial aportada a una autoridad pública no deba volver a presentarse ante otras autoridades, lo que reduce sustancialmente las cargas burocráticas y los costes de transacción asociados al establecimiento y funcionamiento de empresas en el mercado interior. En términos sistemáticos, la propuesta persigue así reforzar la libertad de establecimiento y la eficiencia administrativa mediante herramientas jurídicas y tecnológicas que faciliten la movilidad empresarial y la escalabilidad de los modelos de negocio.

Aunque formalmente abierta a cualquier empresa, la Comunicación subraya que su diseño responde principalmente a las necesidades de startups y scale-ups, especialmente aquellas que operan en entornos digitales o que requieren financiación rápida y flexible. En coherencia con esta orientación, el modelo prevé la digitalización integral de los procesos societarios, incluyendo no solo la constitución, sino también el gobierno corporativo, la adopción de acuerdos sociales y la transmisión de participaciones. La eliminación de intermediarios obligatorios en determinadas operaciones y la incorporación de instrumentos contractuales estandarizados —como los acuerdos de financiación simplificados utilizados en el ecosistema emprendedor— reflejan la voluntad de adaptar el Derecho societario europeo a las prácticas habituales de los mercados de capital riesgo y de innovación.

 

La Comunicación vincula esta nueva forma societaria a un conjunto de medidas complementarias destinadas a mejorar el entorno jurídico y económico de las empresas innovadoras. Entre ellas destaca la creación de un programa europeo de opciones sobre acciones para empleados (EU-ESO), concebido como un mecanismo de incentivo laboral que permite alinear los intereses de los trabajadores con los de la empresa mediante la participación en el capital social. La propuesta contempla, en este ámbito, un tratamiento fiscal específico que difiere la tributación hasta el momento de la realización efectiva de las ganancias, con el fin de evitar cargas fiscales prematuras que puedan desincentivar la participación en este tipo de planes. Asimismo, se prevé la introducción de procedimientos de insolvencia simplificados para empresas innovadoras que adopten esta forma societaria, en coherencia con las iniciativas de armonización europea en materia concursal y con la tendencia general a favorecer la reestructuración temprana y la continuidad empresarial.

 

La iniciativa se inserta, además, en una agenda más amplia orientada a consolidar un ecosistema europeo favorable a la innovación y al crecimiento empresarial. En este sentido, la Comunicación anuncia la adopción de una Recomendación destinada a establecer definiciones armonizadas de conceptos como empresa innovadora, startup innovadora o empresa en expansión innovadora, con el objetivo de asegurar una mayor coherencia en las políticas públicas de apoyo, en los programas de financiación y en la recopilación de datos estadísticos a escala europea. Esta homogeneización conceptual responde a la necesidad de evitar la fragmentación normativa y administrativa que, en la práctica, dificulta la comparabilidad de medidas y la coordinación de instrumentos de política económica entre los Estados miembros.

La Comunicación identifica cuatro ámbitos de actuación complementarios que configuran el entorno operativo de la futura EU Inc.

Zarzas y lila

  • En primer lugar, en materia de digitalización, se prevé el desarrollo de herramientas como la cartera europea para empresas y la utilización de sistemas de intercambio automático de información administrativa, apoyados en tecnologías de inteligencia artificial que permitan, por ejemplo, la traducción automática de documentos societarios y contractuales, reduciendo la dependencia de traducciones juradas y los costes asociados a la actividad transfronteriza.
  • En segundo lugar, en el ámbito financiero, la iniciativa se vincula al proceso de profundización de la Unión de Ahorros e Inversiones, mediante la revisión de los instrumentos de financiación empresarial y el fortalecimiento de los mercados de capital riesgo.
  • En tercer lugar, se contemplan medidas destinadas a facilitar la movilidad del talento y el trabajo transfronterizo, incluyendo la digitalización de los sistemas de seguridad social y la simplificación de los procedimientos migratorios para trabajadores altamente cualificados.
  • Finalmente, en materia fiscal, la Comunicación apunta hacia la construcción progresiva de un marco más coherente de imposición sobre sociedades, con reglas que favorezcan la neutralidad fiscal y la movilidad empresarial dentro del mercado interior.

En su dimensión institucional, la Comunicación subraya la importancia de garantizar un marco jurídico claro, coherente y previsible que proporcione seguridad jurídica a los operadores económicos y a los inversores. Para ello, se invita a los Estados miembros a considerar la especialización de órganos jurisdiccionales en materia mercantil y societaria, así como a aprovechar los instrumentos existentes en el ámbito de la cooperación judicial civil y mercantil, en particular los mecanismos de competencia judicial internacional y reconocimiento de resoluciones previstos en el Reglamento (UE) n.º 1215/2012. Esta referencia pone de relieve que la eficacia de una forma societaria europea no depende únicamente de su diseño normativo, sino también de la existencia de un sistema judicial capaz de ofrecer soluciones rápidas y coherentes a los conflictos transfronterizos.

 

Ideas para la trasposición de la Directiva (UE) 2025/25. Encaje con la LSC y la práctica registral española: notariado, PBC/FT, eIDAS2 y el rol del registrador

La transposición de la Directiva (UE) 2025/25 obliga a reconfigurar el ecosistema societario español en torno a un modelo  digital e interoperable a escala europea. Este proceso no se limita a la digitalización de procedimientos existentes, sino que implica la integración de la práctica societaria nacional en una infraestructura común de datos, basada en la equivalencia funcional de las formalidades jurídicas tradicionales, la interoperabilidad efectiva con los sistemas europeos de información societaria y de titularidad real, la aceptación de instrumentos electrónicos uniformes y la articulación de controles de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en entornos de verificación remota conforme al marco eIDAS2.

Camelia

Camelia

España parte de una base institucional y tecnológica sustentada en normas como la Ley de Sociedades de Capital (arts. 20, 22, 23, 28 y 33 del Real Decreto Legislativo 1/2010), el Reglamento del Registro Mercantil (arts. 5, 6, 58 y concordantes del Real Decreto 1784/1996), la Ley del Notariado (arts. 1, 17 bis y 24) y la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (arts. 2, 3, 4 y 16). No obstante, la Directiva desplaza el foco desde la mera digitalización de trámites hacia la operación nativa en una infraestructura europea de datos, donde la interoperabilidad, la estandarización y la trazabilidad se convierten en elementos estructurales del sistema societario.

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO ESPAÑOL

Fruits de mer

Equivalencia funcional del instrumento público, la representación y la inscripción

El núcleo del régimen societario español descansa en tres pilares jurídicos claramente definidos en la legislación vigente: la exigencia de forma pública para determinados actos societarios (arts. 20 y 22 LSC), la validez jurídica de la representación (arts. 233 y 234 LSC) y la eficacia constitutiva de la inscripción en el Registro Mercantil (art. 33 LSC y art. 9 del Reglamento del Registro Mercantil).

La transición al entorno digital exige reconocer la equivalencia funcional de estas instituciones en soporte electrónico. En este sentido, se entiende que resulta necesario introducir en la LSC y en el Reglamento del Registro Mercantil una cláusula general que reconozca como instrumento público electrónico aquel documento autorizado por notario mediante firma electrónica cualificada, conforme al art. 17 bis de la Ley del Notariado y a los Reglamentos (UE) eIDAS. Ese documento estaría dotado de estructura de datos y metadatos normalizados y acompañado de evidencias verificables de identificación remota.

En cuanto a la representación societaria debe armonizarse con el poder digital europeo, de modo que las facultades conferidas y verificadas en origen mediante servicios de confianza desplieguen efectos en España sin necesidad de legalización o apostilla, en coherencia con el principio de reconocimiento mutuo previsto en el Derecho de la Unión y con las reglas de eficacia del poder representativo recogidas en los arts. 1259 y 1713 del Código Civil y en los arts. 233 y 234 LSC.

Asimismo, el identificador único europeo de sociedades (EUID) y el modelo de datos armonizado deberían integrarse como elementos identificativos esenciales en el contenido mínimo de los asientos registrales, en coherencia con lo previsto en los arts. 94 y 95 del Reglamento del Registro Mercantil, relativos al contenido de las inscripciones.

DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DEL CICLO SOCIETARIO

Constitución íntegramente en línea y prueba electrónica.  La constitución íntegramente en línea constituye uno de los ejes centrales de la Directiva y encuentra ya un antecedente normativo en el art. 15 bis de la Ley de Sociedades de Capital, introducido para permitir la constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada.  La identificación mediante videoidentificación cualificada, el uso de carteras de identidad digital europea y la utilización de firmas electrónicas cualificadas remotas permiten acreditar la identidad y la voluntad de los otorgantes con un nivel de garantía equiparable al modelo presencial, en coherencia con el principio de equivalencia funcional recogido en el art. 3.10 de la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

En este contexto, la LSC debería reconocer expresamente la presunción de autenticidad del conjunto probatorio generado conforme al Reglamento eIDAS, incluyendo firma electrónica cualificada, sello de tiempo y cadena de certificados válidos en las listas de confianza de la Unión Europea, reforzando así la seguridad jurídica del proceso constitutivo.

Aportaciones dinerarias y acreditación electrónica del desembolso. Las aportaciones dinerarias constituyen uno de los puntos críticos en los procesos de constitución societaria. La normativa vigente exige acreditar el desembolso mediante certificación bancaria, conforme al art. 62 LSC. No obstante, la adaptación al entorno digital exige habilitar la acreditación electrónica de dicha aportación mediante mensajes bancarios estructurados firmados electrónicamente por la entidad depositaria, lo que sería coherente con el principio de equivalencia funcional reconocido en el art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con las reglas sobre documentos electrónicos establecidas en la mencionada Ley 6/2020.  Este modelo permitiría ir eliminando los  certificados en soporte papel y reducir riesgos operativos, facilitando la automatización de los procesos de inscripción y la reducción de plazos, en línea con lo previsto en los arts. 18 y 19 del Código de Comercio y en el art. 6 del Reglamento del Registro Mercantil, relativos a la calificación e inscripción registral.

FUNCIONES INSTITUCIONALES EN EL NUEVO ENTORNO DIGITAL

Notariado: control de legalidad digital y obligaciones de diligencia debida. La transformación digital no reduce el papel del notariado, sino que lo reconfigura en torno a un modelo de control de legalidad basado en la verificación de evidencias electrónicas.

El notario continúa siendo sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales, conforme al art. 2.1.o) de la Ley 10/2010, y debe aplicar medidas de diligencia debida en la identificación del cliente y del titular real, de acuerdo con los arts. 3 y 4 de dicha ley. La digitalización de los procedimientos exige adaptar estas obligaciones al entorno remoto, garantizando que la identificación electrónica cumpla niveles equivalentes a los exigidos en el modelo presencial. La consulta al Registro de Titularidades Reales se integra en este proceso como instrumento ordinario de verificación, en coherencia con el art. 4 bis de la Ley 10/2010 y con las disposiciones reglamentarias sobre acceso a la información de titularidad real. Asimismo, la función notarial incorpora la custodia de evidencias electrónicas, en aplicación de los principios de fe pública y conservación documental recogidos en los arts. 1 y 17 bis de la Ley del Notariado.

 Registro Mercantil: del documento al dato estructurado El Registro Mercantil evoluciona hacia un modelo basado en datos estructurados interoperables, lo que implica una transformación de sus funciones tradicionales de calificación y publicidad registral. La calificación registral, regulada en los arts. 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, se apoya progresivamente en validaciones automáticas relativas a la integridad de firmas electrónicas, la coherencia de identificadores y la consistencia de la información con los registros europeos. La interoperabilidad con sistemas europeos exige la adopción de estándares de intercambio de datos y la integración de repositorios electrónicos de poderes, en coherencia con las funciones de publicidad formal previstas en los arts. 23 del Código de Comercio y 79 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

La normativa societaria y registral deberá reconocer como títulos suficientes el certificado de sociedad de la Unión Europea y el poder digital europeo para operaciones transfronterizas, evitando la exigencia de documentos nacionales equivalentes cuando los instrumentos electrónicos cumplan los estándares establecidos en el marco eIDAS.

INTEROPERABILIDAD EUROPEA Y NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DIGITALES

eIDAS2 y la identidad digital europea La implantación del Reglamento eIDAS2 introduce un modelo de identidad digital basado en credenciales verificables y servicios de confianza interoperables. La transposición de la Directiva exige garantizar la aceptación automática de medios de identificación electrónica emitidos en otros Estados miembros cuando alcancen niveles elevados de seguridad, en coherencia con el principio de reconocimiento mutuo previsto en el art. 6 del Reglamento eIDAS y con el régimen jurídico de los servicios electrónicos de confianza establecido en la Ley 6/2020.

La adopción de carteras de identidad digital europea permitirá incorporar atributos verificables, como la condición de administrador o la vigencia de un cargo, que pueden ser utilizados por notarios y registradores para verificar automáticamente la capacidad representativa de los intervinientes.

 Poder digital europeo y registro electrónico de poderes El reconocimiento del poder digital europeo en el Derecho español exige admitir la equivalencia material de sus efectos respecto del apoderamiento notarial tradicional, en coherencia con el régimen jurídico del mandato y la representación recogido en los arts. 1709 y siguientes del Código Civil. La eficacia transfronteriza del poder digital requiere establecer mecanismos de revocación interoperables y sincronizados, lo que implica la creación de un registro electrónico de poderes compatible con los sistemas europeos, en línea con las funciones de publicidad registral previstas en los arts. 94 y 95 del Reglamento del Registro Mercantil.

Certificado de sociedad de la Unión Europea El certificado de sociedad de la Unión Europea está destinado a convertirse en el principal instrumento de acreditación de la existencia y situación jurídica de una sociedad en el ámbito europeo. Su reconocimiento en el Derecho español debe integrarse en el régimen de certificaciones registrales previsto en los arts. 77 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, garantizando su eficacia probatoria y su equivalencia funcional respecto de las certificaciones nacionales.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y GOBIERNO DEL DATO

Integración con el sistema de titularidad real y obligaciones de diligencia debida La intensificación del uso de los registros europeos de titularidad real exige adaptar la normativa española de prevención del blanqueo de capitales para reconocer estas fuentes de información como instrumentos primarios de verificación.

La Ley 10/2010 establece la obligación de identificar al titular real y de conservar documentación acreditativa de las actuaciones realizadas (arts. 4 y 25), lo que se traduce, en el entorno digital, en la necesidad de conservar evidencias verificables de las consultas efectuadas a los registros de titularidad real y de los resultados obtenidos.

 Gobierno del dato registral y seguridad jurídica. La transición hacia un modelo basado en datos estructurados requiere implantar políticas de calidad, auditoría y seguridad de la información que garanticen la fiabilidad del sistema registral. Estas exigencias encuentran fundamento en los principios de seguridad jurídica y publicidad registral recogidos en los arts. 9.3 de la Constitución Española y 20 del Código de Comercio, así como en la normativa de protección de datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018.

Azalea rosita

Azalea rosita

RÉGIMEN TRANSITORIO Y PROPUESTAS NORMATIVAS

Coexistencia de instrumentos analógicos y digitales. La implantación del nuevo modelo exigirá un período transitorio en el que coexistirán instrumentos tradicionales y electrónicos. Durante este período, la normativa deberá reconocer la validez de los instrumentos analógicos existentes y establecer mecanismos de conversión que permitan su integración en el sistema digital. Este régimen transitorio puede apoyarse en las reglas generales sobre validez de los actos jurídicos y conservación de documentos recogidas en los arts. 1216 y siguientes del Código Civil (documentos públicos) y en las normas sobre eficacia temporal de las leyes previstas en el art. 2 del Código Civil.

Resumen de propuestas normativas. La transposición de la Directiva (UE) 2025/25 requerirá una intervención normativa coordinada que afecte, al menos, a las siguientes disposiciones:

— Ley de Sociedades de Capital, en particular los arts. 20, 22, 23, 33, 62 y 233;
— Reglamento del Registro Mercantil, especialmente los arts. 6, 77, 94 y 95;
— Ley del Notariado, en sus arts. 1 y 17 bis;
— Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en relación con los arts. 2, 3, 4 y 25;
— Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

En términos funcionales, las reformas deberían orientarse a: definir legalmente el instrumento público electrónico y su fuerza probatoria;reconocer el poder digital europeo y el certificado de sociedad de la Unión Europea como títulos suficientes en el tráfico jurídico;habilitar la acreditación electrónica de aportaciones dinerarias;integrar los sistemas registrales nacionales en las plataformas europeas de información societaria;y reconocer la identificación remota mediante medios electrónicos cualificados como medio válido de identificación en sede notarial y registral.

La Directiva (UE) 2025/25: la segunda ola de digitalización societaria en la Unión Europea

La Directiva (UE) 2025/25 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, se presenta como un hito en la configuración de un Derecho de sociedades europeo adaptado a un entorno jurídico y económico crecientemente digitalizado. No se trata simplemente de continuar la senda iniciada por la Directiva (UE) 2019/1151, centrada en la constitución en línea de sociedades y otras actuaciones puntuales.  Ni se limita a desmaterializar documentos, sino que articula una infraestructura institucional digital que modifica cómo se constituyen, operan y se relacionan las sociedades europeas.

Esta Directiva amplía de forma decisiva el foco y propone una auténtica arquitectura institucional digital para la constitución, la publicidad, el gobierno y la actuación transfronteriza de las sociedades mercantiles en el mercado interior. Su objeto principal es la modificación de las Directivas 2009/102/CE y (UE) 2017/1132, extendiendo y profundizando la digitalización de procedimientos societarios, reforzando la fiabilidad de la información registral y estableciendo instrumentos jurídicos electrónicos uniformes para su uso en toda la Unión. Se sitúa en la transición desde un modelo basado en documentos nacionales, papel y presencia física hacia un sistema basado en datos estructurados, servicios de confianza y registros interconectados.

  1. Contexto, finalidad y alcance de la reforma

La Directiva se aprobó el 19 de diciembre de 2024 y fue publicada en el DOUE el 10 de enero de 2025

Primavera en color anaranjado

Su gestación estuvo marcada por varios vectores regulatorios y tecnológicos que han confluido para impulsar una segunda fase de digitalización societaria. En primer lugar, la consolidación del mercado único digital con el desarrollo del Reglamento eIDAS2, que ha elevado el estándar europeo de identificación digital, autenticación electrónica y verificación remota. Esto ha permitido que determinadas actuaciones —tradicionalmente vinculadas a la presencia física o al soporte documental en papel— puedan realizarse ahora con mayor seguridad jurídica en entornos digitales.  En segundo término, la consolidación de infraestructuras europeas como BRIS (Business Registers Interconnection System), el Registro de Titularidad Real BORIS y el Registro de Insolvencias IRI  en un ecosistema interconectado de información societaria. La Directiva 2025/25 culmina este proceso al asignar a dichas infraestructuras un papel estructural en el  Derecho societario de la Unión.

Por último, esta Directiva responde a una necesidad de reducir la carga administrativa, evitar duplicidades en la presentación de información y garantizar la fiabilidad y actualidad de los datos societarios disponibles en los registros europeos. Se busca que la información fluya entre autoridades sin intervención del administrado, incorporando el principio de «solo una vez» como fundamento operativo de la actuación administrativa digital. Presenta tres finalidades estructurales: profundizar la digitalización de los procedimientos societarios; simplificar y abaratar los trámites que realizan empresas, notarios, registradores y profesionales jurídicos; y reforzar la fiabilidad, actualidad y accesibilidad transfronteriza de la información registral.

 

  1. Novedades materiales: hacia procedimientos plenamente digitales

 2.1. Constitución íntegramente en línea

La modificación más visible y con mayor impacto inmediato es la consolidación de la constitución íntegramente en línea de sociedades de capital. La Directiva no solo legitima esta posibilidad, sino que la convierte en regla general del sistema. La preparación, firma, presentación y verificación de los documentos de constitución pueden realizarse enteramente mediante medios electrónicos, sin exigir normalmente la presencia física de los otorgantes salvo en supuestos excepcionales y debidamente motivados.

 

Esto tiene implicaciones relevantes para la función del notariado y del registro mercantil. La identificación, la comprobación de la capacidad y la verificación de la autenticidad pasan a realizarse a través de firmas electrónicas cualificadas, videoidentificación y otros mecanismos de confianza contemplados en eIDAS, lo que obliga a redefinir la naturaleza del control preventivo y los requisitos de prueba de la identidad y de la representación.

 

La constitución digital deja de ser una opción marginal para convertirse en un estándar europeo, especialmente significativo en el caso de las pymes, que encuentran en esta vía un procedimiento menos costoso y más eficiente.

 

2.2. El principio «solo una vez» como eje estructural

 

La Directiva declara que se reconoce una dimensión nueva al principio «solo una vez». Dejaría de ser una recomendación administrativa para convertirse en norma. Cuando se haya proporcionado cierta información a una autoridad pública o registro interconectado, conforme al nuevo régimen no se podría exigir nuevamente. Serían las administraciones y registros quienes deben obtener esa información mediante BRIS u otros mecanismos de interoperabilidad. De consolidarse, este principio supondría un cambio cultural: el empresario pasa de ser un transmisor de datos relevantes para la constitución a ser el usuario de una infraestructura pública que garantizaría la circulación automática y fiable de la información.

2.3. Ampliación del ámbito subjetivo y homogeneización de la publicidad societaria

Otra novedad destacada es la extensión de determinadas obligaciones de publicidad a formas societarias que, en algunos ordenamientos, habían quedado históricamente fuera de las exigencias de transparencia reservadas a las sociedades de capital. La Directiva permite extender estas obligaciones a sociedades personalistas si los Estados miembros las someten a inscripción como requisito de existencia o de publicidad. Con ello se busca evitar el arbitraje regulatorio que derivaría de la elección estratégica de formas societarias más opacas. Y también, favorecer un estándar mínimo de transparencia independiente de la forma jurídica elegida.

3. Interconexión registral, transparencia e información en tiempo real

La Directiva hace descansar gran parte de su potencial transformador en el fortalecimiento de la arquitectura registral europea. En este sentido, BRIS sería la pieza central del sistema, no ya como un mecanismo de consulta, sino como una plataforma para la circulación automatizada de datos estructurados.

El renovado BRIS se acompaña de su integración con BORIS y con el Registro de Insolvencias IRI. Esta interconexión permite que las autoridades nacionales —registradores, notarios, supervisores, jueces— puedan acceder de manera casi inmediata a información sobre sociedades, titulares reales y situaciones concursales, lo que incrementa la seguridad del tráfico y facilita tanto la actividad económica transfronteriza como el control y la supervisión administrativa.

  • La Directiva introduce, además, la obligación de ofrecer información en línea sobre estructuras de grupo, incluyendo datos esenciales sobre la sociedad matriz en terceros países cuando tenga relevancia para la comprensión de la estructura societaria o del control efectivo de la entidad. Esta mayor visibilidad se coordina con las exigencias europeas de transparencia fiscal, prevención del blanqueo de capitales y control sobre estructuras societarias complejas.
  • Otro aspecto relevante es la actualización dinámica de la información registral. La Directiva impone plazos breves y mecanismos sancionadores armonizados para asegurar que los datos sobre administradores, capital social, domicilio o estatutos se mantengan actualizados. El registro deja de concebirse como un repositorio pasivo y se convierte en un sistema de información viva, cuyo valor reside precisamente en la inmediatez y fiabilidad de sus datos.
  1. El certificado de sociedad de la Unión Europea y el poder digital europeo

Uno de los cambios técnicos más significativos que establece la Directiva es la creación de instrumentos electrónicos uniformes destinados a facilitar la movilidad societaria y el reconocimiento mutuo de documentos.

  • El certificado de sociedad de la Unión Europea es un documento electrónico estandarizado que acredita datos esenciales de la entidad ante cualquier autoridad u operador privado en la Unión. Esta estandarización reduce la necesidad de certificados nacionales múltiples y elimina uno de los principales obstáculos prácticos en operaciones transfronterizas. El certificado, emitido en formato estructurado y verificable digitalmente, funciona como un verdadero «pasaporte societario», cuyo valor reside en su carácter uniforme y en su reconocimiento mutuo automático.
  • El poder de representación digital europeo es un documento electrónico multilingüe que, emitido y verificado mediante servicios de confianza cualificados, debe ser aceptado por todos los Estados miembros para operaciones societarias transfronterizas, ya sea para constitución de sociedades, inscripción de sucursales o realización de fusiones, escisiones o transformaciones. Con él se busca superar la fragmentación derivada de las diferencias nacionales en materia de representación y eliminar la dependencia de formalidades nacionales que dificultan la circulación de documentos.

Por último, la Directiva suprime la exigencia de legalización o apostilla para determinados documentos societarios electrónicos que cumplan los estándares de confianza establecidos. Este cambio es paradigmático: mientras la autenticación tradicional descansaba en cadenas diplomáticas de legalización, la autenticación electrónica se basa en tecnología interoperable y verificable en tiempo real.

 

  1. Entrada en vigor, transposición y desafíos para los Estados miembros

La Directiva entró en vigor el 30 de enero de 2025. Los Estados miembros disponen hasta el 31 de julio de 2027 para su transposición, aunque algunas medidas pueden desplegarse hasta 2028 debido a los exigentes requisitos técnicos necesarios para asegurar la plena interoperabilidad.

Zarzas y lila

La transposición plantea retos sustanciales, y destacadamente estos:

  • Es necesario revisar las normas internas de Derecho de sociedades, notariado y registro para acomodarlas a procedimientos íntegramente digitales y redefinir las funciones de autenticación y control preventivo.
  • Se requiere una inversión tecnológica considerable para adaptar los sistemas nacionales a los estándares de BRIS, BORIS e IRI y para gestionar identidades electrónicas cualificadas. Por último, los intermediarios tradicionales —notarios, registradores, asesores— deberán reconfigurar su papel en un entorno en el que gran parte del control de legalidad se automatiza o se apoya en servicios de confianza transfronterizos.

 

Otras reformas del régimen europeo de sostenibilidad corporativa, más allá del paquete Omnibus

Junto a las propuestas de simplificación agrupadas en los denominados paquetes ómnibus (ver aqui), el régimen europeo de diligencia debida ha experimentado ya modificaciones normativas que forman parte del Derecho positivo vigente y que inciden de manera directa en la aplicación práctica de las obligaciones empresariales en materia de sostenibilidad. Estas reformas, adoptadas con posterioridad a la aprobación del marco originario de la diligencia debida, no responden a una lógica de reducción sustantiva del contenido de las obligaciones, sino a la necesidad de garantizar una implementación progresiva, coordinada y técnicamente viable del nuevo sistema regulatorio europeo.

Rododendros y azaleas

En este contexto, reviste especial relevancia la Directiva (UE) 2026/470 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información de las empresas en materia de sostenibilidad y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. 

  • Constituye una reforma legislativa que introduce ajustes de carácter transversal en el calendario de aplicación y en la coordinación entre los distintos instrumentos que integran el Derecho europeo de la sostenibilidad empresarial. Forma parte de la ejecución del régimen establecido por la Directiva (UE) 2024/1760 (DDD), sin alterar su estructura básica ni el contenido esencial de las obligaciones previstas en los artículos 5 a 16, relativos al sistema de diligencia debida empresarial. En particular,  introduce mecanismos de ajuste temporal que afectan al calendario de aplicación progresiva de las obligaciones de diligencia debida y de reporte de sostenibilidad, configurando un modelo de puesta en marcha escalonada.
  • Asimismo, refuerza la coordinación entre el régimen de diligencia debida y el sistema europeo de información corporativa en materia de sostenibilidad establecido por la Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD), que modifica la Directiva 2013/34/UE en materia de información financiera y no financiera. Esta coordinación normativa responde a la necesidad de asegurar la coherencia entre el contenido sustantivo de las obligaciones de diligencia debida —en particular las relativas a la identificación y gestión de impactos adversos previstas en los artículos 8 a 11 de la DDD— y su proyección informativa en los informes de sostenibilidad elaborados por las empresas. De este modo, se pretende evitar la duplicidad de obligaciones y garantizar la consistencia entre la gestión interna del riesgo y la divulgación pública de la información.

La evolución normativa reciente se ha completado, además, mediante la adopción de actos delegados y normas técnicas de desarrollo que precisan el contenido y el funcionamiento del sistema de información corporativa en materia de sostenibilidad. Entre estos instrumentos destacan los estándares europeos de reporte de sostenibilidad adoptados mediante el Reglamento Delegado (UE) 2023/2772 de la Comisión, que desarrolla la CSRD y establece los requisitos técnicos aplicables a la elaboración de los informes de sostenibilidad. Estos estándares definen con detalle el contenido de la información que debe divulgarse en relación con los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, así como los procedimientos de verificación y aseguramiento de dicha información..

Tales actos delegados no modifican directamente las obligaciones sustantivas de diligencia debida previstas en las Directivas de primer nivel, pero inciden de manera indirecta en su aplicación práctica al establecer los criterios operativos que determinan cómo deben documentarse, medirse y comunicarse los resultados del sistema de diligencia. En este sentido, la interacción entre la normativa de diligencia debida y el régimen de información corporativa se convierte en un elemento estructural del nuevo modelo regulatorio europeo, en el que la gestión del riesgo y la transparencia informativa aparecen estrechamente interrelacionadas.

Una manifestación particularmente significativa de esta interrelación se observa en la regulación de los planes de transición climática previstos en el artículo 22 de la DDD que obliga a las empresas a adoptar un plan destinado a garantizar la compatibilidad de su modelo de negocio con la transición hacia una economía sostenible y con los objetivos climáticos de la Unión. La evolución reciente del marco regulatorio tiende a integrar estos planes en el sistema general de información corporativa sobre sostenibilidad, de modo que su función se desplaza progresivamente desde una lógica predominantemente operativa —centrada en la ejecución de medidas internas— hacia una lógica informativa y estratégica, vinculada a la divulgación de compromisos y objetivos empresariales en materia climática.

En términos generales, las reformas ya adoptadas fuera del marco ómnibus reflejan una evolución normativa orientada a la coordinación técnica y a la implementación gradual del sistema regulatorio, más que a la redefinición sustantiva de las obligaciones empresariales. Se trata, por tanto, de un proceso de ajuste institucional destinado a asegurar la coherencia interna del Derecho europeo de la sostenibilidad y a facilitar la adaptación progresiva de las empresas a un entorno regulatorio complejo y en rápida transformación.

La evolución del régimen europeo de diligencia debida puede comprenderse adecuadamente si se identifica la coexistencia de tres vectores regulatorios diferenciados, que operan de manera simultánea y complementaria en el desarrollo del nuevo modelo de responsabilidad empresarial en materia de sostenibilidad.

  • El primer vector está constituido por el modelo normativo originario establecido por la DDD, que configura la diligencia debida como un instrumento jurídico integral de gestión de riesgos sociales y ambientales en la cadena de actividades. Este modelo se caracteriza por una concepción amplia del deber de diligencia, por la densidad procedimental de las obligaciones previstas en los artículos 5 a 16, por la existencia de un sistema específico de responsabilidad civil armonizada en el artículo 29 y por la integración de la sostenibilidad en el gobierno corporativo y en la estrategia empresarial.
  • El segundo vector corresponde a las reformas agrupadas en los denominados paquetes ómnibus, que introducen un proceso de simplificación estructural del sistema normativo. Estas iniciativas se orientan principalmente a reducir la intensidad regulatoria del modelo originario, mediante la limitación del alcance práctico de la diligencia debida a los socios comerciales directos, la flexibilización de la periodicidad de las evaluaciones previstas en el artículo 15, la moderación del carácter coercitivo de las medidas correctoras reguladas en el artículo 11 y la revisión del régimen de responsabilidad civil establecido en el artículo 29. En conjunto, estas reformas reflejan una tendencia hacia la reducción de cargas administrativas y hacia la adaptación del sistema regulatorio a las capacidades operativas de las empresas.
  • El tercer vector está constituido por las reformas ya adoptadas y plenamente integradas en el ordenamiento jurídico de la Unión, entre las que destaca la Directiva (UE) 2026/470, así como los actos delegados y normas técnicas que desarrollan el régimen de información corporativa en materia de sostenibilidad. Estas reformas responden a una lógica de ajuste temporal y de coordinación normativa, orientada a garantizar la coherencia funcional del sistema regulatorio y a facilitar su aplicación progresiva en contextos empresariales diversos.

La interacción entre estos tres vectores regulatorios define, en la actualidad, la dinámica evolutiva del Derecho europeo de la sostenibilidad empresarial. Lejos de configurarse como un sistema normativo estático, el régimen de diligencia debida se presenta como un marco jurídico en transformación continua, en el que coexisten impulsos regulatorios de distinta naturaleza: la construcción de un modelo jurídico integral de responsabilidad empresarial, la simplificación estructural de las obligaciones y la adaptación técnica de los mecanismos de implementación. Esta coexistencia explica la complejidad creciente del sistema y pone de manifiesto el carácter progresivo y experimental del proceso de integración normativa en materia de sostenibilidad empresarial.

Hacia la simplificación del ordenamiento europeo de sociedades y los criterios ESG en derecho societario- (las propuestas Omnibus)

Riaño, by Ricardo Castellanos Blanco

La creciente densidad del acervo europeo en materia financiera, societaria y de sostenibilidad ha generado una preocupación creciente por la complejidad y los costes de cumplimiento asociados. En sus recientes comunicaciones e informes sobre simplificación, la COMISIÓN EUROPEA viene anunciando que está sometiendo la legislación vigente a revisión para detectar acumulaciones regulatorias, racionalizar obligaciones y garantizar que las normas sigan siendo proporcionadas y adecuadas a sus fines . Véase, por ejemplo, la Comunicación «Una normativa de la UE más sencilla, eficaz y preparada para el futuro», COM(2025) 47 final, y el Informe sobre simplificación, aplicación y cumplimiento, COM(2025) 871 final). Cada comisario ha asumido, en este contexto, un mandato específico de revisión de su cartera normativa, con prioridad en aquellos ámbitos en los que empresas y partes interesadas perciben mayor carga administrativa, de modo que los resultados de este escrutinio alimentan tanto futuras iniciativas de reforma como sucesivos paquetes “ómnibus” orientados a corregir disfunciones y solapamientos.

Tanto el denominado Informe Draghi sobre competitividad europea (M. Draghi, «The future of European competitiveness. A competitiveness strategy for Europe (Part A)», Informe para la Comisión Europea, 9.9.2024) como la Declaración de Budapest en favor de un nuevo pacto para la competitividad (CONSEJO DE LA UE, “Declaración de Budapest sobre el Nuevo Pacto para la Competitividad Europea”, Comunicado de prensa 838/24, 8.11.2024) han contribuido a reforzar esta orientación, al reclamar una “revolución de la simplificación” y un marco normativo más predecible y menos oneroso, en particular para las pymes.

​En este marco, la reforma conocida como Ómnibus I, articulada a través de una Propuesta de Directiva que modifica, entre otros instrumentos, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la información corporativa sobre sostenibilidad, “CSRD”) y la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, “DDD”), se inserta en una estrategia explícita de simplificación para reducir la carga administrativa asociada a las obligaciones ESG de las empresas europeas (Propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información corporativa y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, COM(2025) 81 final).

Ómnibus I puede leerse como una reacción ponderada, aunque no exenta de controversia, frente a la centralidad adquirida por la sostenibilidad en la agenda regulatoria europea, entendida en los últimos años como un vector destinado a reorientar las prioridades de las sociedades mercantiles combinando la obtención de beneficios económicos, con objetivos ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG)

  • En el ámbito de la información sobre sostenibilidad, la propuesta reduce de forma sustancial el universo de empresas obligadas elevando los umbrales de entrada, de manera que solo queden plenamente sometidas sociedades de gran dimensión —por encima de determinados niveles de plantilla y facturación— incluidas ciertas filiales y sucursales de grupos de terceros países con actividad relevante en la Unión (conforme a los nuevos umbrales que introduce la Propuesta COM(2025) 81 final al modificar la Directiva 2013/34/UE y la Directiva (UE) 2022/2464).
  • Paralelamente, se simplifican los contenidos de la información que deben elaborar las empresas, se flexibilizan determinados estándares sectoriales, se introduce un modelo optativo para la comunicación del grado de alineación con el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo a la taxonomía de actividades sostenibles (“Reglamento de Taxonomía”), y se refuerzan salvaguardias destinadas a evitar el traslado indirecto de obligaciones hacia empresas de menor tamaño a través de la cadena de valor.
  • Se acompaña de medidas de apoyo institucional —como portales digitales con orientaciones y plantillas armonizadas— y de una reprogramación temporal que difiere la plena aplicación del nuevo marco, con el objetivo declarado de ofrecer flexibilidad y permitir una adaptación progresiva, en especial para empresas intermedias o en transición

La reforma proyecta efectos relevantes también sobre el régimen de diligencia debida en materia de sostenibilidad, que pasa a concentrarse en un número más reducido de empresas de gran dimensión, modulando el alcance de la identificación y gestión de riesgos ambientales y sociales, suavizando ciertas consecuencias jurídicas —incluido el régimen sancionador— y precisando las cadenas de relaciones comerciales a las que debe extenderse el deber de vigilancia, mediante las modificaciones introducidas sobre la Directiva (UE) 2024/1760 por la Propuesta COM(2025) 81 final. En paralelo, algunas posiciones nacionales, como la del Bundesrat alemán (BUNDESRAT, “Beitrag des Deutschen Bundesrats zur Überarbeitung der Europäischen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und der CSDDD”, 2025), reclaman una clarificación adicional del perímetro de las obligaciones de diligencia y del contenido de los estándares materiales aplicables, así como la necesidad de directrices uniformes sobre responsabilidad civil para evitar divergencias interpretativas que podrían generar inseguridad jurídica y distorsiones competitivas dentro del mercado interior.​

Con todo, aunque el propósito explícito de estas modificaciones es reforzar la proporcionalidad regulatoria, reducir costes de cumplimiento y preservar la competitividad de las empresas europeas, el sentido de la reforma no está exento de ambivalencias. La elevación de umbrales, la reducción del detalle informativo y el recurso a modelos voluntarios en ámbitos clave pueden traducirse, según advierten diversos sectores académicos, organizaciones ambientales y actores de la sociedad civil, en una pérdida de densidad evaluativa, una menor trazabilidad de impactos y un debilitamiento de los incentivos para integrar de forma sustantiva la sostenibilidad en la estrategia corporativa y en los sistemas de gobernanza. En este sentido, la propuesta  Ómnibus I refleja una opción de política económica que prioriza la reducción de cargas y la estabilidad competitiva frente al impulso transformador que caracterizó las fases iniciales de la agenda europea de sostenibilidad, de manera que su efectividad real dependerá, en última instancia, de cómo empresas y supervisores consigan equilibrar esa simplificación normativa con la preservación de los objetivos ambientales y sociales a medio y largo plazo (tal y como han subrayado diversas valoraciones críticas del paquete, tanto institucionales como académicas).

En cuanto a Ómnibus II,  COMISIÓN EUROPEA: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2015/1017, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695 and (EU) 2021/1153 as regards increasing the efficiency of the Union guarantee under Regulation (EU) 2021/523 and simplifying reporting requirements, COM(2025) 84 final, Bruselas, 2025; modifica —como parte del paquete Omnibus II— el marco normativo que rige el programa InvestEU y otros instrumentos relacionados con la garantía de la UE para facilitar la movilización de inversiones, simplificar requisitos de reporte y reducir cargas administrativas para implementar inversiones estratégicas.