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Ruiz Muñoz, De la Vega Justribó et alt.: Análisis en profundidad en materia de RSE, economía colaborativa y compliance mercantil.

el 11 mayo, 2020 en Banca y Seguros, Ciberseguridad en la empresa. Master U en Ciberseguridad, Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, DM3- Contratos mercantiles. Grado en Derecho, DM_ADE, DM_Publicidad, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) Economía colaborativa y cumplimiento normativo, RUÍZ MUÑOZ, M. Y DE LA VEGA JUSTRIBÓ (Directores), B. Tirant lo Blanch, 2019, 601 páginas.

Es siempre un placer dar noticia de los resultados del trabajo de compañeros de asignatura y de expertos prácticos. Unos y otros estudian, dan forma y ejecutan las instituciones e instrumentos propios de las nuevas orientaciones en diseño y gestión estratégica de empresa, que así pasan de la teoría a la realidad y conocen la evolución y adaptación exigida por el contexto en el que se aplican.

Más satisfactorio es aún cuando, como es el caso, nos encontramos ante una cuidada obra en su contenido y presentación que analiza algunos de los fenómenos contemporáneos que más se están desarrollando cuales son la Responsabilidad Social Empresarial (RSE/RSC), la economía colaborativa, el cumplimiento normativo.

El libro del que se da aquí aviso ha sido dirigida desde la Universidad Carlos III, por uno de los equipos más activos en la innovación jurídica, en su estudio y en su acercamiento a alumnos desde la perspectiva del Derecho Mercantil. Felicidades a los autores y en especial a los directores, Profesores Miguel RUÍZ MUÑOZ y Bárbara DE LA VEGA JUSTRIBÓ, quienes han contado con la colaboración de un conjunto de académicos y profesionales de distintas disciplinas. Siendo el derecho mercantil el hilo conductor de este volumen, todos los autores habían sido participantes en el Seminario Internacional sobre Derecho de los negocios, RSC, economía colaborativa y legal compliance de la universidad Carlos III. El seminario y la obra científica que se presenta ahora contaron con el apoyo del Proyecto de investigación: actores económicos internacionales y derechos humanos, Especial Referencia para España (Ref. DER 2014-55484-P).

Tendremos ocasión de dedicar más tiempo para comentar con más detalle este libro articulado en 3 partes y  23 capítulos. Pero ya avanzamos, que aborda el fenómeno de la responsabilidad social desde una perspectiva, o más bien desde un conjunto de puntos de vista complementarios y renovadores. Se aportan visiones útiles para comprender la proyección de la RSE, la economía colaborativa y el compliance en la administración de empresas, así como  su relación con la estrategia empresarial y con el derecho de los negocios, cuyo núcleo fundamental lo constituye el derecho mercantil. Destacable resulta, por otra parte, la dimensión internacional de la obra, que dota de valor añadido al estudio de unos fenómenos tan actuales y trasversales como globales, cada vez más sometidos a la lupa normativa. Junto a trabajos de derecho español encontramos estudios de derecho comparado y de la Unión Europea. La batería normativa y bibliográfica que los apuntalan contribuyen al rigor científico de la obra y a situar este libro entre las referencias obligadas para el estudio y la práctica de la responsabilidad social, la economía colaborativa y el compliance.

  • En la primera parte de este libro se realiza un análisis profundo de la responsabilidad social. Comprende aspectos redactados por grandes especialistas en derecho mercantil de sociedades y auditoría, pero también de márquetin estratégico, administración de sociedades, mercados, innovación, derecho marítimo, o grupos, todo ello sin olvidar la perspectiva internacional o cuestiones éticas y de cumplimiento normativo o insolvencias. Debe llamarse la atención sobre el fundamento y complementariedad de la RSE con el ordenamiento positivo que se refleja con éxito, por ejemplo, en relación con la transparencia e información en los mercados (también en relación con la información no financiera) en la selección y nombramiento de consejeros y administradores, o incluso en la interpretación de los deberes de diligencia y de lealtad de éstos.
  • En la segunda parte del libro está dedicada al fenómeno comúnmente conocido como economía colaborativa.  Uno de los aspectos que facilitan la comprensión de este tema es la distinción de distintos grados o niveles de modelos de negocio que se autodenominan de economía colaborativa. Si en un sentido estricto las plataformas se limitan a una labor de intermediación, en otras formulaciones son éstas las que prestan auténticamente el servicio, y lo hacen con ánimo de lucro. En función del modelo seguido, las consecuencias jurídicas de unos modelos frente a otros conllevan consecuencias jurídicas importantes, y muy especialmente en el ámbito del derecho de la competencia desleal, como se estudia con detalle en esta obra. Sigue una lucida critica al llamado fenómeno del prosumidor, adentrándose en las plataformas digitales especialmente en cuanto a la oferta de viviendas de uso turístico, o las implicaciones de la economía colaborativa sobre la economía digital, no se deja de lado la problemática de la resolución de conflictos y contratación internacional, que adquieren precisamente en el contexto de la economía colaborativa,  matices diferenciadores muy relevantes. Así por ejemplo, más allá de orientaciones superficiales, estas actividades plantean retos complejos como los requisitos técnicos de inicio y finalización de la actividad – contemplados heterogéneamente en los ordenamientos autonómicos, la responsabilidad de quienes la realizan, las consecuencias del fenómeno en el marco de la obligación de comportamiento leal en el mercado; o las peculiaridades que se suscitan cuando, de la mano de la economía colaborativa entramos en el ámbito de la contratación internacional, por mencionar algunas.
  • La tercera parte está dedicada al cumplimiento normativo. El compliance,  los canales de denuncia o los nuevos mecanismos de desarrollo de negocios dan idea que, en el actual entorno de riesgos crecientes y –a  menudo- difícilmente previsibles- los instrumentos de cumplimiento normativo ofrecen pautas de comportamiento fundamentales para el desarrollo de estrategias empresariales y de los negocios. El peso del compliance civil o mercantil, es decir voluntario, es desatacado en sectores como el del transporte. Y además,  en este ramo de actividad económica se combinan aspectos de cumplimiento, plataformas e incluso de RSE con lo que facilita la comprensión unitaria de los distintos institutos analizados en este volumen. Así el conjunto de consideraciones tecnológicas, metodológicas,  de métricas y de RSE que evidencian la cercana relación con los fenómenos analizados en las dos primeras partes y la progresiva juridificación de la RSE, la economía colaborativa y el compliance.

Prologados por Doña Arancha González Laya, el destacado e ilustre numero de autores  de los sucesivos capítulos incluyen, además de a los directores de la obra, a los catedráticos de Derecho Mercantil Profesor José Miguel Embid Irujo, Luis María Miranda Serrano; de Organización de empresas María José Álvarez Gil;  de Derecho Internacional Público Carlos Fernández Liesa; a nuestras admiradas mercantilistas María Isabel Candelario Macías, Christi Amesti Mendizábal, María Jesús Blanco Sánchez, Paula Vals;  a profesores extranjeros como la Doctora Virginia Zambrano, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di Salerno (Italia) y la Doctora Jeannette Valverde Chaves Catedrática de la Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica); por mencionar sólo a algunos de los coautores, y con disculpas con el resto que por razón de espacio no detallamos aquí.  Destacadamente, estos autores pertenecen al mundo académico, pero también al foro, a la CNMC e incluyen  a expertos que inciden especialmente en los aspectos relativos a la aplicación práctica de la RSC clásica y de reporting, de economía colaborativa y de cumplimiento. Todos ellos bajo la batuta de unos directores que han sabido estructurar las distintas aportaciones  para dotar a la obra de unidad sistemática y de contenidos.

Felicitamos a autores y directores, en tanto que quedamos atentos a futuros desarrollos del grupo de investigación liderado desde el mercantilismo de la Universidad Carlos III.

Apertura de expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al mercado de intermediación inmobiliaria

el 25 febrero, 2020 en DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, DM_ADE, Introducción al Derecho Mercantil. G Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

 

La Comisión Nacional de los  Mercados y la Competencia (CNMC), en fecha muy reciente, da cuenta de que se ha incoado un expediente sancionador contra siete empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de la intermediación inmobiliaria (nota de prensa de 19 de febrero de 2020). Esta decisión se adopta tras las inspecciones llevadas a cabo en noviembre de 2019 (nota de prensa relativa a las inspecciones).

 

By M.A. Díaz

  • En aquel momento la CNMC llevó a cabo inspecciones en la sede de varias empresas empresas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria que operan en el ámbito nacional, regional y local y que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles, así como el posible empleo de algoritmos para posibilitar la práctica investigada. En particular, se investiga si el diseño de determinado software inmobiliario y sus algoritmos habría podido facilitar esta fijación directa o indirecta de comisiones y condiciones comerciales, así como su mantenimiento.
  • Las prácticas investigadas consistirían en la coordinación de precios y otras condiciones comerciales por parte de intermediarios inmobiliarios. Dicha coordinación habría podido tener lugar, como se señala, entre otros medios, a través del uso de software y de plataformas informáticas y habría sido facilitada por empresas especializadas en soluciones informáticas mediante el diseño del programa informático de gestión inmobiliaria y de sus algoritmos. En ese contexto, se considera que uso de algoritmos habría tenido especial relevancia en la conducta ilícita que se investiga.

 

El expediente sancionador se inicia contra siete empresas: CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA; Look & Find primera red inmobiliaria SA; Aplicaciones Inmovilla SL; Idealista SA; Witei Solutions SL; Anaconda Services and Real Estate Technologies SL; y Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS).

  • Se trataría de investigar con este expediente sancionador la existencia de posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y asimismo  el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
  • Como recuerda la CNMC, la normativa de defensa de la competencia prevé un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.
  • By M. A. DíazAsimismo, como esta misma normativa contempla, y destaca la CNMC, los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia. Así, se establece que pueden sancionarse con multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La CNMC, pone de relieve que la investigación de los cárteles es una de las prioridades de actuación por la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Informa también de la trascendencia que posee el denominado “Programa de Clemencia”  , a través del cual las empresas que integran un cártel pueden beneficiarse de la exención del pago de la multa, o de una reducción de su importe, siempre que se cumplan los presupuestos legalmente establecidos.

Al margen de esto, la CNMC hace hincapié en que existe una Plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles en la que, de forma anónima, se puede aportar información sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.

 

Aseguradora que no se hace cargo del siniestro por haber infringido el asegurado el deber de declaración del riesgo, ocultando datos sobre su salud relacionados con la enfermedad que causó su muerte.

el 13 febrero, 2020 en Banca y Seguros, DM3- Contratos mercantiles. Grado en Derecho, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

 

El Tribunal Supremo ha dictado en materia de seguros la sentencia de 8 de enero de 2020, en la que se pronuncia sobre el deber de declaración del riesgo y la trascendencia que posee la infracción del deber de declaración del riesgo por parte del asegurado.
En este caso concreto queda eximida la aseguradora  de hacerse cargo del siniestro por haber infringido el asegurado el deber de declaración del riesgo, ocultando datos sobre su salud conocidos por él (enfermedades infecciosas), que poseen influencia decisiva al valorar el riesgo, y que están relacionados con la enfermedad que causó su muerte.

María Angustias Díaz

 

Los antecedentes de hecho fueron los siguientes:

  • A finales de octubre de 2015 D. Anselmo y D.ª Josefa, padres de D. Desiderio interpusieron demanda contra la aseguradora Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Oviedo, en la que solicitaban que se dictara sentencia condenando a la aseguradora Caja Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, para que, conforme a las garantías cubiertas en dos pólizas de seguro de vida temporal liquidase el importe de la deuda contraída por el tomador don Desiderio con la Caja Rural de Asturias, pendiente de liquidar a la fecha del siniestro, que ascendía a la suma total de 61.482,38€ ; que abonase el exceso, 28.517,62 a don Anselmo y doña Josefa;  c) más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas que se causen en este procedimiento.
  • El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Oviedo, en junio de 2016 estimó la demanda, condenando a la demandada a liquidar, conforme a las garantías cubiertas en las dos pólizas de seguro de vida, el importe de la deuda contraída por el tomador, Don Desiderio, con CAJA RURAL de Asturias, que aún estaba pendiente de liquidar a la fecha del siniestro y que ascendía a 61.482,38 euros y a abonar el exceso, 28.517,62 euros, a los demandantes, con el interés legal del dinero vigente en la fecha del siniestro incrementado en un cincuenta por ciento, a devengar desde la fecha de interposición de la demanda. El Juzgado no realizó expresa condena en costas.
  • Recurrida la sentencia en apelación por RURAL VIDA, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS ante la Audiencia Provincial de Asturias, ésta dictó sentencia a principios de octubre de 2016 estimando el recurso y revocando la sentencia de instancia y absolviendo a la aseguradora demandada, al considerar que había existido infracción del deber de declaración del riesgo por parte del asegurado. No hizo expresa imposición de costas en ambas instancias. Contra la sentencia de segunda instancia la parte demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El Tribunal Supremo declaró probados o no discutidos una serie de hechos. Entre ellos:

  • Que en febrero de 2010 Desiderio suscribió con Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros una póliza denominada «Seguro de vida temporal» que, entre otros riesgos, cubría el de fallecimiento con una suma asegurada de 10.000 euros. El seguro estaba vinculado a un préstamo suscrito por el asegurado con la entidad Caja Rural de Asturias, que pertenecía al mismo grupo empresarial al que pertenecía la aseguradora. Por esta circunstancia, en la póliza se designó a la entidad prestamista como primera beneficiaria «por el importe de cualquier deuda contraída por el tomador y pendiente de liquidar en la fecha del siniestro».
  • En noviembre de 2010 asegurado y aseguradora suscribieron una segunda póliza que igualmente cubría el riesgo de fallecimiento del primero, por una suma de 80.000 euros y asimismo vinculada a un préstamo concedido por la caja, que por ello aparecía también designada como primera beneficiaria en los términos antes expuestos.
  • En los dos casos se incluyó una «Declaración del asegurado» sobre su estado de salud.

En la primera póliza la declaración tenía el siguiente tenor:

«El asegurado declara que:

(1)- Tiene plena capacidad para trabajar, goza de buena salud y no padece o ha padecido enfermedad o lesión (cardiaca, circulatoria, oncológica, infecciosa, del aparato digestivo o endocrina-diabetes-) que haya precisado tratamiento médico.

(2)- No estar relacionada su profesión con actividades de electricidad de alta tensión, minería subterránea y tauromaquia ni realizar trabajos con materias peligrosas.

(3)- No practica deportes de: alpinismo, escalada, espeleología, aéreos, subacuáticos ni competiciones de vehículos a motor.

(4)- No es consumidor habitual de tabaco y-o bebidas alcohólicas (salvo uno o dos vasos de vino o cervezas al día)».

En la segunda póliza la declaración presentaba la forma de un cuestionario (con preguntas y respuestas) y textualmente expresaba:

«1.- [Tiene plena capacidad para trabajar, goza de buena salud y no padece o ha padecido enfermedad o lesión (cardiaca, circulatoria, oncológica, infecciosa, del aparato digestivo o endocrino -diabetes) que haya precisado atención médica?

«Sí

«2.- [Está su profesión relacionada con actividades de electricidad de alta tensión, minería subterránea, tauromaquia o con materiales peligrosos?

«NO

«3.- [Practica alguno de los siguientes deportes: Alpinismo, escalada, espeleología, aéreos, subacuáticos o competiciones de vehículos de motor?

«NO

«4.- [Es consumidor habitual de tabaco y-o bebidas alcohólicas (salvo uno o dos vasos de vino o cerveza al día?

«Sí».

– El asegurado en ambos casos negó padecer enfermedades infecciosas. No obstante, quedó probado que ya las padecía al tiempo de contratar los seguros y formular las declaraciones sobre su salud. Así la sífilis, ya diagnosticada en 2008 y con tratamiento médico desde ese mismo año, y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), también diagnosticada en esa fecha, estando bajo control médico desde entonces.

– De la misma manera cuando realizó la primera declaración también negó ser fumador habitual y beber alcohol de forma habitual, quedando probado que por entonces el asegurado «era fumador (2 paquetes al día) y bebedor de 100 gr. de etanol al día», habiendo comenzado el consumo habitual de tabaco a los 16 años.

  • Habiendo fallecido el asegurado, soltero y sin descendencia, el 3 de agosto de 2013, y estando las mencionadas pólizas en vigor, sus padres fueron declarados sus herederos únicos y universales.
  •  La causa directa de su fallecimiento fue «Insuficiencia respiratoria en contexto de hemoptisis masiva. Posible proceso linfoproliferativo diseminado. Infección vírica».
  •  En la fecha del fallecimiento el importe total de las deudas pendientes de amortizar por el asegurado (incluyendo el saldo pendiente de amortizar por cada uno de los préstamos y el saldo negativo de su libreta de ahorros) era de 61.417,38 euros.
  •  Comunicado el siniestro a la aseguradora en el mismo mes de agosto de 2013, ésta no se hizo cargo del siniestro, argumentando  que los reclamantes no habían atendido sus requerimientos para que aportaran la documentación referida a los antecedentes de salud relativos a la fecha de diagnóstico del VIH. Tampoco fue posible la solución extrajudicial.
  • Con fecha 27 de octubre de 2015 los padres del asegurado promovieron el presente litigio contra la compañía de seguros en ejercicio de acción de cumplimiento contractual, solicitando que, con arreglo a las garantías cubiertas, se la condenara a «liquidar el importe de la deuda contraída por el tomador» (61.482,38 euros en total), y a abonar el exceso (28.517,62 euros) a los demandantes. Todo ello más los intereses del art. 20 LCS.

  •   La sentencia de primera instancia estimó la demanda y condenó en costas a la demandada. La sentencia de segunda instancia, estimando el recurso de apelación, desestimó íntegramente la demanda sin imponer las costas de las instancias a ninguna de las partes.

Las razones que aduce son, entre otras: “(i) de conformidad con el art. 10 LCS y su jurisprudencia, la circunstancia de que los seguros estén vinculados a préstamos «no empece la obligación que tiene el tomador del mismo de responder con veracidad a las preguntas que se le formulen», pero sí obliga a la aseguradora extremar su «nivel de claridad, precisión y expresión detallada de las preguntas», lo que en este caso se cumple en las dos pólizas «toda vez que no se limitan a una vaga declaración de buen estado de salud», sino que contienen preguntas y respuestas detalladas y precisas en relación con enfermedades también concretas, en particular cuando se pregunta sobre el padecimiento de enfermedad o lesión infecciosa que haya precisado tratamiento médico; (ii) la validez del cuestionario no depende de la forma que adopte, aunque se trate de un formulario tipo o preimpreso; (iii) lo esencial para que el cuestionario sea válido es que se constate que fue cumplimentado por el asegurado personalmente o por el empleado del agente de seguros pero con las respuestas facilitadas por el asegurado, es decir, que no fue el agente el que lo rellenó por su cuenta limitándose el asegurado a firmarlo; (iv) aquel requisito se cumple en este caso porque tanto la declaración de salud (primera póliza) como el cuestionario (segunda póliza) fueron firmados por el asegurado mediante firma que no se ha probado por los demandantes que fuera falsa, y de esto cabe deducir, ante la falta de prueba en contrario, que sí se le formularon las preguntas contenidas en ellos y que también fue él quien facilitó las respuestas al empleado, lo que significa que fue él quien negó haber padecido o padecer enfermedad alguna infecciosa por la que hubiera recibido tratamiento, ocultando con esta respuesta que en 2008 (dos años antes) fue diagnosticado de VIH y de sífilis, así como que fue tratado (incluso con vacuna de VHA en 2009), y, por tanto, impidiendo que la aseguradora conociera un antecedente sobre su salud que finalmente tuvo incidencia en la causa de su fallecimiento (el linfoma B, provocado por la inmunodeficiencia derivada de la infección con el virus del VIH); y (iv) en suma, existió «una clara infracción del deber de contestación veraz», pues el tomador asegurado ocultó datos sobre salud que conocía y por los que expresamente se le preguntó, impidiendo con ello que la aseguradora pudiera valorar debidamente el riesgo, lo que, conforme a los arts. 10 y 89 LCS, la exime de indemnizar.

 

  •  Los demandantes interpusieron contra dicha sentencia recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El Tribunal Supremo, partiendo de los hechos probados afirma que “la razón decisoria de la sentencia recurrida consiste en que el asegurado, al realizar la declaración de salud contenida en la primera póliza y contestar al cuestionario incluido en la segunda, y antes de firmar ambos documentos, ocultó datos sobre su salud por él conocidos al tiempo de suscribir ambas pólizas, cuya influencia en la valoración del riesgo razonablemente podía conocer y que estaban directamente relacionados con la enfermedad que determinó su fallecimiento”.

Se deduce, en lo que aquí interesa que “fue preguntado específicamente acerca de si padecía o había padecido enfermedad infecciosa y que, pese a haber sido diagnosticado al menos dos años antes de dos enfermedades de ese tipo (sífilis e infección por VIH) y constar que también había recibido tratamiento (en un caso, incluso profiláctico), sin embargo contestó negando tales padecimientos, lo que para el tribunal sentenciador entraña una ocultación dolosa del riesgo que debía valorar la aseguradora y que finalmente tuvo incidencia causal en el fallecimiento del asegurado, pues se debió a un linfoma tipo B provocado por una inmunodeficiencia derivada de la infección por VIH”.

Señala el Tribunal Supremo que “la parte recurrente, para negar que se le presentara al asegurado un cuestionario materialmente válido, sostiene que las preguntas fueron genéricas o ambiguas, lo que le habría impedido representarse sus antecedentes de salud como objetivamente influyentes para valorar el riesgo, sobre todo porque, según se aduce, el asegurado no fue tratado médicamente por las enfermedades que le habían diagnosticado con anterioridad. Sin embargo, la sentencia recurrida, y la sola lectura de los documentos correspondientes, despeja cualquier duda acerca de la concreción de las preguntas, pues estas no se limitaron a recabar la opinión del asegurado sobre su salud en general, sino que versaron específicamente sobre si padecía determinadas enfermedades, entre ellas las «infecciosas», lo que el asegurado negó al contratar los dos seguros pese a ser plenamente consciente de que sí las padecía (pues fue diagnosticado en 2008) y pese a haber recibido tratamiento médico (una vacuna específica en el caso del VIH), incurriendo así en el dolo a que se refiere el art. 10 LCS, como resulta también de que en varios informes médicos conste que el paciente había mostrado al personal sanitario su interés para que no se divulgara que padecía VIH.

En estas circunstancias, dado que también se ha probado que la causa de la muerte fue un linfoma cuya aparición suele asociarse con la inmunodeficiencia derivada de la infección por VIH, la apreciación de dolo por el tribunal sentenciador se ajusta plenamente a la jurisprudencia de esta sala”.

El Tribunal Supremo declara en su fallo que procede confirmar la sentencia recurrida  y desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por los demandantes D. Anselmo y D.ª Josefa contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias e imponer las costas a la parte recurrente.

Se trata de una sentencia ciertamente de interés en esta materia, con pronunciamientos clarificadores  en materia de declaración del riesgo por el asegurado; en este caso ocultando datos sobre su salud, que le son conocidos y extraordinariamente importantes a la hora de valorar el riesgo,  y que, además, en este concreto caso, estaban relacionados con la enfermedad que causó su muerte.

Puede verse la sentencia aquí:

http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/derecho%20mercantil/1/AN

 

Sanción a RTVE por emitir mensajes publicitarios en dos partidos de fútbol de la selección española

el 14 enero, 2020 en DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, DM_Publicidad, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

 

En nota de prensa de 23 de diciembre de 2019 la CNMC da cuenta de la Resolución del Procedimiento Sancionador incoado a la Corporación de Radio y Televisión Española,  S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

 

– Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE):
  • Realizó hasta 40 sobreimpresiones publicitarias en los encuentros de España contra Noruega y Malta de marzo de 2019.
  • Se trata, según la CNMC, una infracción administrativa continuada de carácter leve.

    By M.A. Díaz

    By M.A. Díaz

  • Por ello se le impone una multa cuya cuantía asciende a 100.000 euros.

– Las infracciones tuvieron lugar los días 23 y 26 de marzo de 2019, correspondiendo a las emisiones de los partidos España-Noruega y España-Malta de la fase clasificatoria de la “Copa de la UEFA” (Eurocopa). Más detalladamente, la CNMC constata que CRTVE incumplió la prohibición de emitir comunicaciones comerciales audiovisuales, emitiendo hasta 40 sobreimpresiones publicitarias en el tiempo de retransmisión de los dos partidos de fútbol.

– Las campañas emitidas fueron las siguientes: SEAT; CAIXABANK; BET365; PELAYO; BOOKING.COM; DANONE 100 AÑOS; DOMINO’S PIZZA.

—  Estas conductas, como subraya la CNMC, constituyen una vulneración del artículo 43.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que regula la financiación de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual (SNC/DTSA/058/19).

—  Así las cosas, la CNMC impuso  a la Corporación Pública 100.000 euros, que es la cantidad máxima prevista para este tipo de infracción.

— Tuvo a este respecto en consideración, al fijar y cuantificar la multa, los siguientes criterios de graduación de la sanción:

  • la reiteración de la conducta, toda vez que ya se le ha sancionado por resolución administrativa firme por el mismo tipo de infracción en el plazo de los tres años anteriores, una de ellas ya firme en vía judicial;
  • la continuidad en la conducta infractora
  • y la repercusión social, habida cuenta el ámbito de la cobertura. En cuanto a la repercusión social de la conducta infractora, sopesó el   ámbito de cobertura de las emisiones, los horarios de emisión, el número de inserciones comerciales realizadas (40 en total), la duración total de cada inserción de la publicidad (240 segundos) y la elevada audiencia de las emisiones (4.229.000 personas en el partido España-Noruega, y 4.607.000 personas en el partido Malta-España)

— Naturalmente, como señala la CNCM, esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer RTVE recurso contencioso administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación. Puede verse la Resolución completa, con imágenes de anuncios  cuestionados,  aquí.

 

 

 

 

Existe un contrato de transporte de viajeros, incluso si no se adquirió billete. TJUE

el 20 noviembre, 2019 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM3- Contratos mercantiles. Grado en Derecho, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

Existencia de un contrato de transporte. Calificación (juez nacional) de las sanciones por no comprar billete y, en caso de considerarse sometidas a la Directiva de clausulas abusivas de la contratación con consumidores, deber de inaplicación

Catedral de Santiago de Compostela. Fachada gótica

Sentencia del TJUE  de 9 de noviembre de 2019 en los asuntos acumulados C‑349/18 a C‑351/18, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, Bélgica), en los procedimientos entre Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)  y Mbutuku Kanyeba (asunto C‑349/18), Larissa Nijs (asunto C‑350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (asunto C‑351/18),

Se trata de calificar (como medida contractual o reglamentaria) la imposición de sanciones por utilizar un transporte ferroviario sin billete.  En efecto, la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, que es la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas (NMBS) sanciona a los viajeros que realizan un trayecto en tren sin un título de transporte válido. Se les ofrecía la posibilidad de regularizar su situación pagando inmediatamente el precio del trayecto, más un recargo denominado «tarifa a bordo» o, bien, en un plazo de catorce días desde la comisión de la infracción, un importe a tanto alzado de 75 euros. O, una vez transcurrido ese plazo de catorce días, quedaba la posibilidad de pagar un importe a tanto alzado de 225 euros.

Ninguno de los tres demandados , Kanyeba, Nijs ni Dedroog satisficieron el precio ni las cantidades adicionales. La NMBS presentó demanda contra ellos ante el Vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, Bélgica), solicitando que fueran condenados a pagarle las respectivas cantidades de 880,20 euros, 1 103,90 euros y 2 394,00 euros. En el marco de dichas demandas, la NMBS alega que las relaciones jurídicas entre ella y cada uno de los viajeros  no son de naturaleza contractual, sino reglamentaria, ya que éstos no habían adquirido un título de transporte.

El Juez de  Amberes se pregunta sobre la naturaleza de la relación jurídica entre la NMBS y los viajeros sin título de transporte. A este respecto, se plantea si el Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril  debe interpretarse en el sentido de que cuando el  viajero accede a un tren para realizar un trayecto sin haber adquirido un billete nos encontramos ante un  «contrato de transporte» y en ese caso entrarían en juego la segunda cuestión cual es, a  la luz de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores cual será el tratamiento en caso de que la cláusula sancionadora del contrato revista carácter abusivo.

  • El  Tribunal de Justicia señala que si existe un contrato de transporte concluido por las voluntades concordantes, por un lado de  dejar libre acceso a su tren;  y por otro de  subir a éste para viajar.  El billete constituiría según el TJUE un elemento formal accesorio, pero no esencial pues  el concepto de «contrato de transporte» es independiente de si el viajero posee un billete y, por lo tanto, comprende una situación en la que un viajero sube a un tren de 1 Artículo 3, punto 8, del Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO 2007, L 315, p. 14). 2 Artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29). www.curia.europa.eu libre acceso con el fin de realizar un trayecto sin haber adquirido un billete. A falta de disposiciones a este respecto en el Reglamento n.º 1371/2007, esta interpretación no afecta a la validez de dicho contrato, ni a las consecuencias que pueden derivarse de que una de las partes incumpla sus obligaciones contractuales, que siguen rigiéndose por el Derecho nacional aplicable. En lo que atañe a la facultad del órgano jurisdiccional nacional de modular la cláusula penal que pueda, en su caso, ser abusiva,
  • En cuanto a las disposiciones sancionadoras por no adquirir el billete, el Tribunal de Justicia declara que forman parte de las condiciones generales de transporte de la NMBS. El  Juez de Paz de Amberes había precisado  que se «consideran de aplicación general en virtud de su naturaleza reglamentaria» que son objeto de «comunicación en una publicación oficial del Estado». Estas sanciones, aun constituyendo condicionados contractuales podrían interpretarse como que reflejan disposiciones legales o reglamentarias imperativas por lo que no estarían sujetas a las disposiciones de la Directiva. No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que queden excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva es preciso que  la cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria imperativa.

 

Dice el TJUE que  si  el órgano jurisdiccional nacional considera que no concurren esos requisitos, y si  estima que la cláusula penal está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, el Tribunal de Justicia recuerda que el juez nacional no puede modular el importe de la sanción considerada abusiva, ni puede sustituir esa cláusula por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio con arreglo a principios de su Derecho contractual. Por el contrario, correspondería  descartar la aplicación sin más de la cláusula abusiva (salvo que el contrato no pueda subsistir si se elimina la cláusula abusiva y si la anulación del contrato en su conjunto expone al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales).

Comentarios desde el GID, septiembre 2019

el 3 octubre, 2019 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

Comentarios desde el GID

septiembre 2019

 

LOS MODELOS DE PRENDAS DE VESTIR NO SON SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN MEDIANTE DERECHOS DE AUTOR POR EL HECHO DE QUE, MÁS ALLÁ DE SU FINALIDAD PRÁCTICA, GENEREN UN EFECTO ESTÉTICO ESPECÍFICO

(A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019).

 

María Angustias Díaz Gómez
Catedrática de Derecho Mercantil
Coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de León (GID-DerMerUle)

 

Conviene llamar la atención sobre esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal), en el procedimiento entre Cofemel — Sociedade de Vestuário, S.A., y G-Star Raw CV, en el que se cuestiona si se han respetado los derechos de autor reivindicados por G‑Star. El objeto de esta petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Aquí  texto completo.

     Para el TJUE el hecho de que un modelo, como los modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal, genere -más allá de su finalidad práctica-, un efecto visual propio y considerable en el aspecto estético no justifica que se califique de «obra» protegible por derechos de autor en el sentido de la Directiva 2001/29.

Lee el resto de la entrada →

International Business Law (International Trade Degree-ULE). Lesson 1. (1.1 and 1.2). Notes for non jurists.

el 12 septiembre, 2019 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

1. Foreword. Structure of International Business Law.

Foreword

  • Law is the science that deals with facts, acts and relationships between different subjects. It analyzes them according to legal systems.
  • International trade is a discipline related to International Transactions of an economic nature.
  • Actors in International Trade include individuals,  companies, States, International Organisations, among others
  • International business law, studies the relationships between private entities with cross-border implications

Institutional Structure of IBL

The main actors of International Business Law are:

States
  • The sovereign States are among the Institutional actors of International Law.  They are also actors in International Trade, but they are mainly excluded as subjects of study in this course (IBL), except in so far as they approve Laws and Regulations, they have justice-making powers through Courts of Justice and Judges etc.
  • States regulate IBL. In Spain, in accordance with Article 149-1, the State has exclusive competence over (…) : 3 International Relations. 6 Commercial Law. 9. Legislation on Intellectual Property. 10. Customs and tariff regime, foreign trade.
International Organisations and «multilateral arrangements», both of the public sector:  
  • Its Members are States,
  • They belong to the «Public Sector» of the economy
  • They can have legislative power when this power has been recognised to them by the States that create the International Organisation. Most times they prepare International Agreements and Treaties that do not acquire legal mandatory status until they are ratified by the States. Also, the International Organisations are a source of Recommendations, Guides, Model Laws and other pieces of «soft law».
  • Some International Organisations become members of other nternational Organisations.
  • Examples:
  • GATT,  General Agreement on Trade and  Tariffs  This is an International,  Multilateral Agreement. Originally signed in 1948, covering International Trade on Goods. The Gatt itself is not an International Organisation. Before 1995, its members met up in «Rounds» to deal with specific aspects of IT. In 1995 by the end of its «Uruguay Round», at the Marrakech Summit, its members created the World Trade Organisation (WTO), an International Organisation with main Headquarters. After 1995. Today,  GATT operates through a General Council, within WTO
  • G 20. The G20 (or G-20 or Group of Twenty) is an international forum for the Financial Ministers and Central  Bank Governors from 20 major economies. Founded in 1999, the G20 aims to discuss policy issues pertaining to the promotion of international financial stability. after its inaugural leaders’ summit in 2008, its leaders announced on 25 September 2009 that the group would replace the G8 as the main economic council of wealthy nations.
Please note that there are different types of International Organisations. Here, we classify them in «generations»
  • 1st generation of International Organisations. They are created through Bilateral Tariff Agreements.
    • Examples: Common Wealth, Francophonie, etc
  • 2nd generation. They are multilateral/purilateral. Generally they involve the creation of Free Zone Area, which can later evolve into a more complex organization.
    • Examples are: ASEAN (Association of Southeast Asian Nations); – TLCAN/ NAFTA (North American Free Trade Agreement) whose Members are Canada, EEUU, México – EFTA (European Free Trade Association) whose members are Switzerland, Norway, Liechtenstein, Island
  • 3rd generation. Multilateral/plurilateral. They create a free zone area and also they set  common external tarifs. They can receive legislative powers from its Member States(ie:EU)
    • EU, EUROPEAN UNION. Regional supra-national Organization with legislative powers vested by its Member States

Private Sector Organizations with International Impact.

  • Its members are Private entities (ie: Companies). They are very prestigious. So, their resolutions and documents are great influencers in International Business Law, mainly in the fields of Contracts and Dispute Resolution.They can never power to legislate.They draft Soft Law
    • Example of these Organisations:
    • ICC. International Chamber of Commerce. Founded in 1919 in Paris. It is a known center of International Arbitration since 1923, it acts as a consultative body to UN since 1946.    ICC drafts Soft Law  in the form of Contractual Clauses  such as the «International Commercial Terms, INCOTERMS widely used in the International Trade of Goods
    • International Standization Office (ISO), International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), among others

 

2 International Business Law, Actors, Objectives, Crossborder implications

  • International Business  actors are natural persons and legal persons: citizens, traders, entrepreneurs, companies, groups of companies. It is, therefore, important to identify their legal capacity, their nationality, etc.
  • Objectives: Development of trade in a cross border environment. IB takes place in markets, therefore it must be developed within the Laws of Free Competition, the Laws on Intellectual Property,  the Laws on Financial Stability, etc. IBLrules the relationships between its actors (people, companies, etc)  through contracts, companies, associations, secure payment systems, conflict resolution mechanisms (judicial, arbitration, etc.)
  • IBL involves a  cross-border element that deeply affects international business relations. Legally, it is fundamental to identify the applicable legal system or systems to each International Business Law Operation.
    • Ie:,  we must find out which Law is applicable ( that of a specific State, or bilateral Conventions or Treaties, or Conventions approved by an International -Multilateral Organization) Sometimes IBL is ruled by  «soft» norms or recommendations that may have their origin in the State, or in International Organizations , or even in private sector entities. We must also understand how potential conflicts are resolved (which court or arbitrator, etc

(To complete with 1.3/ Sources of IBL in the classroom)

El Programa de Asistencia a Inventores da sus primeros frutos: primeras patentes concedidas a inventores con escasos recursos.

el 6 junio, 2019 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha dado cuenta recientemente (aquí) de que su Programa de Asistencia a Inventores (PAI) ha comenzado a fructificar en forma de patentes.

Imagen extraída de página Web  de la OMPI

Así lo ha reconocido la jefa de la Sección de Asesoramiento en materia de Política y Legislación de la División de Derecho de Patentes de la OMPI, al manifestar que han obtenido protección vía patente  las creaciones de cinco inventores de América del Sur acogidos a dicho Programa.

  • Ha de recordarse que con este Programa de Asistencia a Inventores, iniciado oficialmente en 2016, se pretende allanar el camino conducente a la obtención de patentes por parte de aquellos inventores que, pese a tener grandes ideas, no disponen de recursos económicos para patentar. La importancia de la ayuda propiciada por la OMPI a dichos inventores es fundamental, facilitando que puedan disponer de asistencia profesional de especialistas en patentes que les asesoran jurídicamente de manera gratuita. Este apoyo, supone desde luego un importante acicate para que estos innovadores prosigan en su creación,  siendo además crucial para el desarrollo económico de estos países en crecimiento.
  • Como se pone de manifiesto desde la OMPI, la inmersión en el sistema de patentes  se ha realizado gracias al Programa de Asistencia a Inventores. Y ello, incluso en los países en desarrollo donde funciona perfectamente el sistema de patentes, y en los que el mayor número de patentes se conceden a extranjeros. Ocurre, en dichos países, que los inventores locales, no disponen normalmente de fondos suficientes para contratar a profesionales de la propiedad intelectual, que encaucen la protección de sus creaciones vía patente, lo que les lleva a desistir del intento de patentarlas por lo complejo del procedimiento.
  • Precisamente con este  Programa de Asistencia a Inventores la OMPI logra solventar esta problemática, se asocian los inventores de los países en desarrollo que carecen de recursos suficientes a un especialista que les ayuda a redactar y tramitar las solicitudes de patente. Se trata de voluntarios que gratuitamente prestan asistencia ante la oficina local de patentes del inventor y en determinadas jurisdicciones. En el momento actual el programa funciona en cinco países: Ecuador, Colombia, Filipinas, Marruecos y Sudáfrica. Y además, en caso de que los inventores pretendan proteger su invención a escala internacional, el PAI también les facilita la entrada en la fase nacional y regional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en los Estados Unidos de América y en Europa, estando previsto, en un futuro próximo, ampliar el programa al Japón.
  • Con el  PAI ya se ha ayudado a 39 inventores, y hasta el momento se han concedido cinco patentes en Colombia. Se trata de invenciones consistentes en:
          • – un dispositivo que estabiliza los vehículos en carreteras mojadas y embarradas,
          • – un aparato específico para cocinar lasaña,
          • – una máquina que ayuda a las personas con discapacidad visual a distinguir las monedas,
          • – muebles modulares y
          • – un cobertor automático para vehículos, cuyo inventor es Iván Rizo, quien fue ayudado por un importante despacho de abogados colombiano para lograr la protección de su invención. Este inventor, además, ha sido galardonado con una medalla de la OMPI por su patente obtenida en el marco del Programa de Asistencia a Inventores por su potencial de impacto comercial.
  • Además de apoyar a los inventores con escasos recursos, como se destaca desde la OMPI, el PAI ayuda a los países participantes a impulsar y fomentar su ecosistema de innovación. Así, por ejemplo, la Oficina Marroquí de Propiedad Industrial y Comercial (OMPIC) consideró que el PAI era una oportunidad para atraer a sus inventores más prolíficos, asociando en Marruecos, dicho programa a los inventores experimentados y a las personas que se inician en el mundo de la innovación, animando a estos a seguir la senda de los primeros.
  • Y como recuerda también la OMPI, con el PAI no sólo se facilita la posibilidad de obtener una patente, sino también la posibilidad de su aplicación y uso.

En este sentido cobra significado la afirmación del Sr. David Kappos, presidente del Comité Directivo del PAI, “el PAI es el único programa del mundo que aúna grandes ideas con recursos jurídicos a fin de protegerlas para que den lugar a nuevos productos y servicios en pro de la humanidad”.

De lo que precede, no cabe más que concluir que consideramos sumamente positiva esta iniciativa puesta en práctica por la OMPI, a través del PAI, por la ayuda que supone para los inventores locales de los países en desarrollo  en la obtención de sus patentes y, unido a ello, por la repercusión económica favorable que puede suponer para estos países la protección de dichas patentes así obtenidas y su explotación.

Sanción a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por prácticas anticompetitivas en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual.

el 4 junio, 2019 en DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

Como publica la CNMC (aquí), en su Resolución del pasado 30 de mayo (aquí) se ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por abusar de posición de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales.
Este abuso se manifiesta en la imposición de condiciones contractuales que obligan al autor a confiarle la gestión de la totalidad de los derechos de sus obras. Asimismo abusa al exigir la venta conjunta y sin desglose de autorizaciones para la reproducción y comunicación pública de contenidos musicales y audiovisuales.
La sanción impuesta asciende a 2,95 millones de euros.

Lupa, by María Angustias Díaz

 

La investigación comenzó en 2017, a raíz de las denuncias de las entidades Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Entidad de Gestión (DAMA) y Unison Rights, en relación con determinadas actuaciones realizadas por la SGAE en los mercados en que goza de posición de dominio; a saber, en los mercados de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales y los mercados de concesión de autorizaciones y remuneración de los derechos de reproducción y comunicación pública sobre las mismas obras.

Abuso en la imposición a los autores de las condiciones estatutarias y contractuales

  • Según la CNMC, abusó al imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que restringen injustificadamente la libertad de sus socios, a la hora de decidir si le atribuyen o le retiran en parte la gestión de sus derechos.
  • Este abuso concurre no sólo en la atribución inicial de la gestión, sino también durante la vigencia del contrato, al impedirles la retirada parcial de parte de los derechos, viéndose obligado el autor a atribuir a la SGAE la gestión de la totalidad sus derechos de propiedad intelectual. La SGAE agrupa previamente los derechos en determinadas categorías a través de sus Estatutos, no permitiendo que se separen para su gestión.
  • Al quedar obligado a sujetarse a esta  clasificación queda cercenada la libertad de los socios titulares, al agruparse derechos y modos de explotación distintos en una misma categoría, lo que viene a impedir una gestión separada de ellos. Dicho proceder de la SGAE, ha supuesto obstáculos a la libre gestión de derechos y al desarrollo de entidades de gestión alternativas a la SGAE, con las consiguientes trabas a la competencia.

Reproducción pública

  • Asimismo, según la CNMC, la SGAE ha abusado de su posición dominante en la concesión de autorizaciones y remuneración de los derechos de reproducción y comunicación pública de autores y editores de obras musicales y audiovisuales. A su juicio, dicho abuso se produjo a través de dos actuaciones: la venta conjunta (paquetización) de autorizaciones de reproducción y comunicación pública de los derechos de propiedad intelectual que gestiona y la ausencia de desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical.
  • La venta conjunta se produjo tanto en el sector del hospedaje como en el sector de la restauración. Al no existir tarifas desglosadas para el repertorio audiovisual y musical, el usuario (el restaurante u hotel con aparatos de reproducción musical o audiovisual) ni podía conocer los costes reales derivados de su utilización, ni tampoco podía comparar con otras posibles ofertas de eventuales competidores de SGAE.
  • Por lo demás, la venta conjunta en paquetes obliga al establecimiento de hostelería o de restauración que pretenda ofrecer contenidos musicales para sus clientes a adquirir simultáneamente los derechos audiovisuales. Al ser SGAE el único operador que ofrece derechos de reproducción y comunicación pública de fonogramas o contenidos musicales, impide ofertas alternativas de otras entidades.
  • Entiende la CNMC que la venta conjunta y sin desglose de tarifas, y la aplicación de las categorías de derechos que impiden su gestión separada se encaminan a reforzar la posición de la SGAE y entorpecer la entrada de otras entidades de gestión alternativas, de nuevos operadores en los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual de autores y editores, distorsionando, a la postre, la actividad de los mercados de hospedaje y restauración.

By M A Díaz

Por todo ello, la CNMC resuelve que queda acreditada una infracción única y continuada del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por parte de la SGAE consistente en un abuso de posición dominante:

    • mediante imposición a los socios de condiciones que restringen injustificadamente no sólo la atribución inicial a SGAE de la gestión de derechos de propiedad de forma parcial, sino también la revocación o la retirada parcial de la gestión de los mismos.
    • a través de la venta conjunta y sin desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical en la concesión de autorizaciones y remuneración de los derechos de reproducción y comunicación pública en el sector del hospedaje.
    • mediante la venta conjunta y una estructura tarifaria que viene a dificultar la comparación y contratación con otros operadores en la concesión de autorizaciones y remuneración de los derechos de reproducción y comunicación pública en el sector de la restauración.

Así las cosas, la CNMC impone a la SGAE una sanción de 2,9 millones de euros y le insta a que se abstenga de realizar conductas semejantes a la sancionada. (S/DC/0590/16).

Como es sabido, y como pone de manifiesto la CNMC, contra esta Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

 

Es nulo el registro por parte de un tercero de la marca «NEYMAR»

el 21 mayo, 2019 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, DM_ADE, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

Así se pronuncia el Tribunal General de la UE, en sentencia de 14 de mayo de 2019 (asunto Carlos Moreira/EUIPO), que confirma -en efecto- la nulidad del registro por parte de un tercero de la marca «NEYMAR» (aquí).

  • Catedral de León by M.A. Díaz

    Catedral de León by M.A. Díaz

    A finales de 2012, D. Carlos Moreira, residente en Guimarães (Portugal), solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro como marca de la Unión del signo denominativo «NEYMAR» para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. La marca fue registrada en abril de 2013.

  • En febrero de 2016, el Sr. Neymar Da Silva Santos Júnior presentó ante la EUIPO una solicitud de declaración de nulidad contra esta marca respecto de la totalidad de los productos que designa. La EUIPO estimó dicha solicitud de nulidad.
  • Con posterioridad, el Sr. Moreira presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea recurso de anulación contra la resolución de la EUIPO. Pues bien, justamente esta sentencia del Tribunal General de la que ahora estamos dando cuenta, confirma la resolución de la EUIPO, en la que se declaraba que el Sr. Moreira actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca «NEYMAR».

– Manifiesta el Sr. Moreira que, si bien cuando presentó la solicitud de inscripción de la marca «NEYMAR», sabía de la existencia del Sr. Da Silva Santos Júnior, desconocía que el brasileño fuese en ese momento una estrella ascendente del fútbol, dotada de talento reconocido internacionalmente, señalando que el jugador en aquel momento no era conocido en Europa. Sin embargo, a juicio del Tribunal General no es ésta la conclusión que cabe extraer de la resolución de la EUIPO, toda vez que de las pruebas aportadas para fundamentar la solicitud de declaración de nulidad presentada ante la EUIPO se desprende, claramente, que el Sr. Da Silva Santos Júnior ya era conocido en Europa en la aquella fecha, concretamente por sus resultados obtenidos con la selección brasileña de fútbol, habiéndole dedicado gran atención los medios de comunicación en Europa entre los años 2009 y 2012, sobre todo en Francia, en España y en el Reino Unido. El Sr. Da Silva Santos Júnior se consideraba ya entonces un futbolista muy prometedor, fijándose en él grandes clubes de fútbol europeo, a efectos de un eventual fichaje, todo ello varios años antes de que se incorporara al FC Barcelona en 2013.

Catedral de León by M.A. Díaz

– Además, el Tribunal General confirma también que el Sr. Moreira tenía en aquella fecha algo más que un conocimiento limitado del mundo del fútbol, lo que se demuestra al comprobar que el mismo día que solicitó el registro de la marca «NEYMAR» presentó también una solicitud de registro de la marca denominativa «IKER CASILLAS», marca esta última que se corresponde con el nombre de otro famoso futbolista.

 

– Según el Tribunal General, las consideraciones precedentes, así como la circunstancia de que la marca —formada únicamente por el elemento denominativo «NEYMAR»—se correspondiese exactamente con el nombre con el que el Sr. Da Silva Santos Júnior se dio a conocer en el mundo del futbol, no llevan a pensar que el Sr. Moreira ignorase la existencia del futbolista al presentar la solicitud de registro de la marca «NEYMAR».

– A su vez, el Sr. Moreira niega haber solicitado el registro de la marca «NEYMAR» con el único fin de explotar el renombre del futbolista brasileño, declarando que eligió el nombre «NEYMAR» solamente por su fonética y no porque hiciera referencia al futbolista. La elección de este nombre como marca es para el Sr. Moreira una mera coincidencia, sin existir propósito de hacer uso del nombre de un futbolista conocido. No comparte esta opinión el Tribunal General, habida cuenta que el futbolista ya era notoriamente conocido en la en aquella fecha en el mundo del fútbol, incluyendo Europa. Así las cosas, según el Tribunal General, no es posible mantener que ignoraba quién era el Sr. Da Silva Santos Júnior. El Tribunal General insiste en que la marca únicamente se integra por el elemento denominativo «NEYMAR», que precisamente es idéntico al nombre con el que el futbolista brasileño ha adquirido renombre internacional. Hace igualmente hincapié el Tribunal General en que el Sr. Moreira no ha presentado ningún argumento convincente para rebatir la apreciación de la EUIPO, para la cual no se concibe ningún otro motivo diferente de la voluntad de explotar de forma parasitaria el renombre del futbolista que sirva para explicar su solicitud de registro de la marca. Finalmente, el Tribunal General rechaza la alegación del Sr. Moreira según la cual la EUIPO se basó en meras conjeturas para considerar, equivocadamente, que su intención era aprovecharse indebidamente de la reputación del futbolista y obtener así ventajas económicas. Declara el Tribunal General que las conclusiones alcanzadas  al respecto por la EUIPO, se apoyan, fundamentalmente en elementos objetivos. Así se fundamentan en la documentación probatoria formada por artículos de prensa y artículos difundidos en línea, sin olvidar -además-, como argumento, el hecho de que el Sr.Moreira  presentó el mismo día una solicitud de registro de la marca denominativa «IKER CASILLAS»y una solicitud de registro de la marca «NEYMAR».

La sentencia completa puede verse aquí

 

 

Puesta en marcha por la Comisión Europea de una nueva herramienta en línea para los procedimientos de clemencia y transacción en cárteles y procedimientos de cooperación no relacionados con cárteles

el 2 mayo, 2019 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

El 19 de marzo de 2019 la Comisión Europea puso en marcha el programa «eLeniency» (aquí), que constituye una nueva herramienta en línea para facilitar que las empresas y sus representantes legales presenten declaraciones y documentos en los procedimientos de clemencia y transacción en casos de cártel, y en los supuestos de cooperación no relacionados con cárteles.

 

Primavera by M.A. Díaz

Con esta nueva herramienta (eLeniency) las empresas implicadas en procedimientos de cártel y sus abogados podrán presentar declaraciones y alegaciones en línea, ya sea a propósito de las solicitudes de clemencia, a fin de obtener una dispensa del pago de las multas o una reducción de las mismas, o ya sea en los procedimientos de transacción relativos a cárteles o de cooperación no relacionados con cárteles. De esta manera, las empresas o sus abogados podrán no personarse en los locales de la Comisión para presentar declaraciones orales, como venía haciéndose hasta la fecha.

    • En cuanto a las solicitudes de clemencia, se permite a los usuarios de eLeniency formular directamente declaraciones de empresa y cargar los documentos justificativos en un servidor seguro de la Comisión. Asimismo cabe hacer uso de eLeniency para responder a las solicitudes de información efectuadas conforme a la Comunicación de la Comisión sobre clemencia.
    • Respecto a los procedimientos de transacción en casos de cártel, esta herramienta eLeniency permite realizar la transmisión de documentos, formular observaciones o presentar formalmente solicitudes de transacción a la Comisión.
    • Asimismo, eLeniency puede utilizarse para transmitir declaraciones de empresa, realizar observaciones o presentar formalmente solicitudes formales de transacción a la Comisión cuando una empresa coopere en procedimientos no relacionados con cárteles dirigidos a reconocer una infracción del artículo 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El acceso a esta herramienta eLeniency es seguro y está restringido. Se deja constancia de que el sistema eLeniency ofrece las mismas garantías de confidencialidad y protección jurídica que las propias del procedimiento tradicional. Los datos son transferidos de manera segura, sin que sea posible su copia o impresión.

Primavera by M.A. Díaz

Las declaraciones de empresa realizadas a través de  eLeniency están protegidas contra la divulgación en litigios civiles, al mismo nivel en que lo están las alegaciones orales.

Respecto a las garantías y salvaguardias de la confidencialidad y la protección jurídica se detallan en el sitio web de competencia de la Comisión, siendo equivalentes a la fase oral actual.

eLeniencyestá disponible en https://eleniency.ec.europa.eu las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

eLeniency se integra dentro de las soluciones digitales en línea apoyadas por el programa ISA 2 -para la modernización de las administraciones públicas-. Con este programa ISA 2 se permite a las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos de Europa realizar comunicaciones por vía digital, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes. Se prevé su implantación en los años 2019 y 2020 para facilitar el envío de documentos confidenciales (plataforma de intercambio eTrustEx) y la tramitación de las solicitudes de confidencialidad (eConfidentiality) y las solicitudes de información (eRFI) en el marco de los procedimientos de competencia de la UE.

En cualquier caso, se pone de relieve que la utilización de este  sistema eLeniency es voluntaria. De esta suerte, las empresas y sus abogados podrán, si prefieren, continuar presentando declaraciones y alegaciones por el procedimiento oral actual.

 

Reforma de la normativa sobre pagos en la UE para abaratar las comisiones y aumentar la transparencia

el 11 abril, 2019 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM3- Contratos mercantiles. Grado en Derecho, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

La UE se ha puesto manos a la obra para lograr que los pagos en euros sean más baratos, en un intento de hacer posible que el pago o la retirada en efectivo en euros en cualquier territorio de la UE tenga el mismo coste que si se hiciese en el propio país.

 

Así se pone de relieve en el reciente comunicado de prensa de 4 de marzo de 2019 del Consejo de la UE (aquí).

A tal fin, el Consejo ha adoptado en la fecha mencionada un Reglamento para armonizar los costes de los pagos transfronterizos en euros entre los países de la zona del euro y los que no pertenecen a ella, y para lograr una mayor transparencia de las comisiones por los servicios de conversión de divisas en toda la UE.

PAGOS O RETIRADA DE EFECTIVOS EN EUROS:

  • Como se reconoce en dicho comunicado, desde 2002, es cierto que vienen aplicándose las mismas comisiones a los pagos transfronterizos y nacionales en euros dentro de la zona del euro, pero lo es también que a los pagos transfronterizos en euros procedentes de países no pertenecientes a la zona del euro se les aplica comisiones elevadas.

    Primavera en el Bierzo (León). By M.A. Díaz

  • Con la reforma acometida, como advierte el comunicado del Consejo, se trata precisamente de armonizar las comisiones cobradas por los pagos transfronterizos en euros para servicios tales como las transferencias, los pagos con tarjeta o las retiradas de efectivo con las comisiones cobradas por los pagos nacionales equivalentes de igual cuantía en la moneda nacional  del Estado miembro en el que se encuentre el proveedor de servicios de pago a un usuario de estos servicios.
  • Según los datos que pone de manifiesto el Consejo, con esta medida, se extenderán las ventajas de las transferencias transfronterizas baratas en euros a 150 millones de consumidores adicionales de países no pertenecientes a la zona del euro y potencialmente a 2500 millones de transacciones más al año.

TRANSPARENCIA:

  • Al margen de lo expuesto, la reforma se encamina a introducir nuevos requisitos de transparencia para las comisiones por servicios de conversión de divisas. Se establecen normas para el caso de pagos con tarjeta o retirada de efectivo en el extranjero, en las que los consumidores pueden elegir si desean pagar en la moneda local o en su moneda nacional.

    Primavera en el Bierzo (León). By M.A. Díaz

  • A tenor de la nueva regulación, ha de informarse a dichos consumidores respecto a las comisiones aplicables antes de que tengan que elegir.

En este sentido, se incorpora la obligación de comunicar las comisiones aplicadas en forma de margen porcentual de todas las comisiones de conversión de divisas sobre el último tipo de cambio disponible del BCE.

Y con el refuerzo de la obligación de transparencia, como se aclara por el Consejo, se persigue sensibilizar a los consumidores, favoreciendo la  competencia entre los distintos proveedores de servicios de conversión de divisas.

Se señala, eso sí, que la mayoría de las disposiciones se aplicarán a partir del 15 de diciembre de 2019.  Puede verse esta normativa adoptada por el Consejo aquí.