En caso de cancelaci贸n de un vuelo por el transportista a茅reo se considera que el pasajero ha aceptado el reembolso del billete en forma de un bono de viaje cuando, al cumplimentar un formulario en el sitio web del transportista, haya renunciado al reembolso del billete en forma de una suma de dinero

As铆 se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2024 en el asunto C-76/23 | Cobult

La petici贸n de decisi贸n prejudicial, planteada sobre la base del art. 267 TFUE, por el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fr谩ncfort del Meno, Alemania), tiene por objeto la interpretaci贸n de los art铆culos 7, apartado 3, y 8, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.潞 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensaci贸n y asistencia a los pasajeros a茅reos en caso de denegaci贸n de embarque y de cancelaci贸n o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.潞 295/91.Catedral de Le贸n. Semana Santa. By M.A. D铆az

    • Tal petici贸n fue presentada en el marco de un litigio entre Cobult UG, cesionaria de los derechos de un pasajero, y TAP Air Portugal SA, un transportista a茅reo, en relaci贸n con el reembolso del billete de ese pasajero cuyo vuelo fue cancelado. Para situar la petici贸n, se trataba de que un pasajero reserv贸 con TAP Air Portugal, por 1447,02 euros, un vuelo con conexi贸n directa programado para el 1 de julio de 2020 con salida desde Fortaleza (Brasil) y con destino a Fr谩ncfort del Meno (Alemania) v铆a Lisboa (Portugal), que fue cancelado.
    • Desde el 19 de mayo de 2020, el citado transportista a茅reo puso a disposici贸n de los pasajeros, en la p谩gina de inicio de su sitio web, un procedimiento para presentar las solicitudes de reembolso, particularmente respecto a los vuelos cancelados. Conforme a dicho procedimiento, los pasajeros pueden optar entre un reembolso inmediato en forma de bonos de viaje cumplimentando un formulario en l铆nea y un reembolso en forma distinta, por ejemplo, una suma de dinero, siempre que contacten previamente con su servicio de atenci贸n al cliente, para que este 煤ltimo compruebe los hechos.
    • Las condiciones de reembolso, s贸lo en lengua inglesa, que el pasajero debe aceptar despu茅s de haber facilitado la informaci贸n requerida (n煤mero del billete, apellido, direcci贸n de correo electr贸nico y n煤mero de tel茅fono), advierten que, en caso de optar por el reembolso en forma de un bono de viaje, se excluye el reembolso del billete en dinero.
    • Seg煤n TAP Air Portugal, el pasajero afectado solicit贸, el 4 de junio de 2020, el reembolso mediante un bono de viaje, que recibi贸 por correo electr贸nico por un importe de 1737,52 euros, correspondiente al precio del billete inicial, m谩s un recargo.
    • El 30 de julio de 2020, el pasajero cedi贸 sus derechos frente a TAP Air Portugal a Cobult, que ese mismo d铆a solicit贸 al transportista a茅reo que, en el plazo de catorce d铆as, reembolsara en dinero el precio del vuelo cancelado.
    • Ante la negativa de TAP Air Portugal a dicho reembolso, Cobult present贸 una demanda ante el 贸rgano jurisdiccional de primera instancia competente, que fue desestimada por considerar que los derechos del pasajero cedente se hab铆an extinguido con el reembolso en forma de bono de viaje.
    • Interpuesto recurso de apelaci贸n por聽Cobult contra esa sentencia ante el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fr谩ncfort del Meno, Alemania), a este 贸rgano jurisdiccional se le suscitan dudas respecto a la interpretaci贸n del art. 7, apartado 3, del Reglamento n.潞 261/2004, en virtud del cual el billete solo puede reembolsarse en forma de un bono de viaje 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄. Particularmente, se pregunta por el alcance del concepto de 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄 (芦mit schriftlichem Einverst盲ndnis禄 en la versi贸n en lengua alemana del Reglamento) para apreciar si las modalidades de reembolso impuestas por TAP Air Portugal en su sitio web se ajustan a dicha norma. Y ello porque, en opini贸n del 贸rgano jurisdiccional, si se plantea de una determinada manera, podr铆a entenderse que la exigencia de un previo acuerdo firmado por el pasajero constituye un requisito de forma adicional dirigido a proteger al pasajero frente a una elecci贸n precipitada e irreflexiva de un bono de viaje; modalidad de reembolso que el legislador de la Uni贸n consider贸 menos favorable para el pasajero. En estas circunstancias, el art. 7, apartado 3, del citado Reglamento se opone, seg煤n el 贸rgano jurisdiccional, a un procedimiento de reembolso del billete en forma de un bono de viaje como el realizado por TAP Air Portugal. En cambio, si se plantea de otra manera, el exigir un previo acuerdo firmado por el pasajero transmitido por correo postal o por v铆a electr贸nica puede alargar los plazos de reembolso con la consiguiente carga derivada de la gesti贸n administrativa de los reembolsos para los transportistas a茅reos. As铆 interpretado, seg煤n el 贸rgano jurisdiccional remitente, puede considerarse que un procedimiento de reembolso en l铆nea, compuesto de varias etapas, como el controvertido en el litigio principal, cumple los requisitos del art. 7, apartado 3, del referido Reglamento.

As铆 las cosas, el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fr谩ncfort del Meno) decidi贸 suspender el procedimiento y plantear al聽Tribunal de Justicia la siguiente cuesti贸n prejudicial:

芦驴Debe interpretarse el art铆culo 7, apartado 3, del [Reglamento n.潞 261/2004], en el sentido de que existe un previo acuerdo firmado por el pasajero para el reembolso del coste del billete con arreglo al art铆culo 8, apartado 1, letra a), primer guion [de ese Reglamento], en forma de un bono de viaje si el pasajero elige dicho bono, con exclusi贸n del reembolso posterior del coste del billete en dinero, en el sitio web del transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo y lo recibe por correo electr贸nico, mientras que el reembolso del coste del billete en dinero solo es posible previo contacto con el transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo?禄

Le贸n. Semana Santa. By M.A. D铆az

Lo que est谩 preguntando el 贸rgano jurisdiccional, a trav茅s de la cuesti贸n prejudicial, es si el art. 7, apartado 3, en relaci贸n con el art. 8, apartado 1, letra a) del referido Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de cancelaci贸n de un vuelo por el transportista a茅reo, se considera que existi贸 el 芦previo acuerdo firmado禄 por el pasajero para el reembolso del billete en forma de un bono de viaje cuando este cumpliment贸 un formulario en l铆nea en el sitio web del transportista a茅reo, a trav茅s del cual eligi贸 esta modalidad de reembolso, con exclusi贸n del reembolso en forma de una suma de dinero, mientras que esta 煤ltima modalidad de reembolso quedaba supeditada a un procedimiento que inclu铆a etapas adicionales cuya tramitaci贸n deb铆a realizarse con el servicio de atenci贸n al cliente del transportista a茅reo.

Como recuerda el Tribunal, conforme al art. 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n. 261/2004, en relaci贸n con el art. 5, apartado 1, letra a), de ese Reglamento, el pasajero dispone, en caso de cancelaci贸n de un vuelo, de un derecho al reembolso del billete en siete d铆as, seg煤n las modalidades previstas en el art. 7, apartado 3, de dicho Reglamento, por el precio al que se compr贸. Refiri茅ndose a las modalidades de reembolso del billete en caso de cancelaci贸n, esta 煤ltima disposici贸n indica que se abonar谩 en met谩lico, por transferencia bancaria electr贸nica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios. Y ello teniendo presente que el reembolso del billete se efectuar谩, principalmente, en forma de una suma de dinero, de modo que el reembolso en forma de bonos de viaje constituye una modalidad subsidiaria de reembolso, que est谩 supeditado al requisito de un 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄.

El Reglamento n.潞 261/2004 no define qu茅 debe entenderse por 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄. Aclara el Tribunal, que el concepto de 芦acuerdo禄 en el contexto del art. 7, apartado 3, del Reglamento, requiere el consentimiento libre e informado del pasajero dirigido a obtener el reembolso de su billete en forma de un bono de viaje. Indica tambi茅n, en cuanto a la exigencia del acuerdo 芦firmado禄 del pasajero, que si bien existe divergencia entre las versiones ling眉铆sticas de esta disposici贸n, tal divergencia debe interpretarse en funci贸n de la estructura general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte. Y en esta l铆nea, resulta, de los considerandos 1, 2 y 4 del Reglamento que 茅ste tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protecci贸n de los pasajeros, protegiendo sus derechos en situaciones varias en que se vean gravemente perturbados. Y precisamente del considerando 20 del citado Reglamento resulta que a los pasajeros cuyo vuelo haya sido cancelado se les debe informar exhaustivamente de sus derechos, en orden a ejercerlos eficazmente.

A este respecto, el Tribunal de Justicia se帽ala que el transportista a茅reo debe proporcionar a los pasajeros la informaci贸n necesaria que les permita elegir debidamente y con conocimiento de causa, 鈥渟in que la posibilidad de disfrutar de ese derecho al reembolso exija del pasajero una contribuci贸n activa鈥. Y, declara el Tribunal que, teniendo presente el objetivo de garantizar un elevado nivel de protecci贸n de los pasajeros a茅reos y del deber de informaci贸n que compete al transportista a茅reo, 鈥減rocede considerar que el concepto de 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄, tal como se establece en el art铆culo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, presupone, en primer lugar, que ese pasajero haya podido elegir debidamente y con conocimiento de causa el reembolso de su billete en forma de un bono de viaje en vez de en forma de una suma de dinero y que, por consiguiente, haya podido dar su consentimiento libre e informado鈥. En este sentido, indica el Tribunal que 鈥渋ncumbe a dicho transportista a茅reo aportar, de manera leal, al pasajero cuyo vuelo ha sido cancelado informaci贸n clara y completa sobre las distintas modalidades de reembolso de su billete de las que dispone en virtud del art铆culo 7, apartado 3, del citado Reglamento鈥. En el supuesto de que no proporcionase esa informaci贸n 鈥渘o cabe considerar que el pasajero tenga la posibilidad de elegir debidamente y con conocimiento de causa el reembolso en forma de un bono de viaje y, por consiguiente, de dar su consentimiento libre e informado鈥.

A juicio del Tribunal 鈥渘o puede entenderse que existe el 芦previo acuerdo禄 de un pasajero, en el sentido del art铆culo 7, apartado 3, del Reglamento, cuando el transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo presenta, en particular, en su sitio web, informaci贸n sobre las modalidades de reembolso del billete de modo ambiguo o parcial o en una lengua que no puede esperarse razonablemente que el pasajero domine, o incluso de manera desleal, en especial supeditando el reembolso de dicho billete en forma de una suma de dinero a un procedimiento que incluye etapas adicionales al del reembolso en forma de un bono de viaje鈥. En esta direcci贸n, se帽ala el Tribunal que a帽adir 鈥渆tapas adicionales鈥 puede dificultar el reembolso mediante una suma de dinero e invertir as铆 la relaci贸n entre las dos modalidades de reembolso fijadas por el legislador de la Uni贸n, lo que ir铆a en contra de la finalidad de garantizar un elevado nivel de protecci贸n de los pasajeros a茅reos perseguido por el Reglamento.

En lo que concierne a la forma del acuerdo del pasajero, determina el Tribunal de Justicia que 鈥渟iempre que dicho pasajero haya recibido informaci贸n clara y completa, su 芦previo acuerdo firmado禄, puede cubrir su aceptaci贸n expresa, definitiva y un铆voca del reembolso del billete en forma de un bono de viaje, mediante el env铆o de un formulario cumplimentado por el pasajero en el sitio web del transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo sin que dicho formulario contenga la firma manuscrita o digitalizada del pasajero鈥.

En palabras del Tribunal esta interpretaci贸n 鈥渞espeta el equilibrio entre los intereses de los pasajeros a茅reos y de los transportistas a茅reos encargados de efectuar un vuelo que el legislador de la Uni贸n pretend铆a alcanzar mediante la adopci贸n del Reglamento鈥. Y, continuando con esta argumentaci贸n manifiesta que 鈥渘o solo parece excesivo, sino tambi茅n inapropiado excluir que el 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄 para el reembolso del billete en forma de un bono de viaje pueda adoptar la forma de un formulario que el pasajero deba cumplimentar en el sitio web del transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo, ya que tal exclusi贸n aumentar铆a la carga vinculada a la gesti贸n administrativa de los reembolsos para ese transportista a茅reo y podr铆a retrasar el proceso de reembolso para el pasajero, lo que, en 煤ltima instancia, podr铆a resultar contrario a los intereses de 茅ste鈥.

Semana Santa. By M.A. D铆az

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia declara que el art. 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.潞 261/2004, puesto聽en relaci贸n con el art. 8, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento y en conexi贸n con el considerando 20 de 茅ste,聽debe interpretarse en el sentido de que:

芦en caso de cancelaci贸n de un vuelo por el transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo, se considera que existi贸 el 芦previo acuerdo firmado禄 por el pasajero para el reembolso del billete en forma de un bono de viaje cuando este cumpliment贸 un formulario en l铆nea en el sitio de web de dicho transportista a茅reo, mediante el cual eligi贸 esta modalidad de reembolso, con exclusi贸n del reembolso en forma de una suma de dinero, siempre que ese pasajero haya podido elegir debidamente y con conocimiento de causa el reembolso en forma de un bono de viaje en lugar del reembolso en dinero, y que, por consiguiente, haya podido dar su consentimiento libre e informado, lo que implica que dicho transportista a茅reo haya facilitado, de manera leal, a dicho pasajero, informaci贸n clara y completa sobre las distintas modalidades de reembolso que est谩n a su disposici贸n鈥.

La Sentencia completa y, en su caso, el resumen puede verse aqu铆.

Lesson 5 IBL. Perusing. International Contracts. B3_s2

LECCI脫N 5陋: R脡GIMEN JUR脥DICO DE LA CONTRATACI脫N COMERCIAL INTERNACIONAL.
1. Marco jur铆dico general de los contratos mercantiles internacionales. Especial referencia al 谩mbito de la UE
2. Principales contratos mercantiles internacionales.
2.1. Compraventa internacional de mercader铆as. Marco normativo. Incoterms
2.2. Otros contratos, en especial contratos de transporte y contratos de seguros

 

Los contratos internacionales se concluyen y ejecutan en un mundo jur铆dicamente fraccionado. No hay un Derecho de los contratos universal, sino que cada Estado tiene su propio Derecho de los contratos. Para facilitar la contrataci贸n utilizamos normas nacionales e internacionales.

  • De armonizaci贸n o聽 聽normas de conflicto. Sirven para identificar聽la ley estatal que se va a aplicar a un contrato internacional. En el Derecho espa帽ol el texto fundamental es el Reglamento 593/2008, de 17 de junio de 2008, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (conocido como Reglamento Roma I). Unifica la ley aplicable a los contratos internacionales en todos los Estados de la Uni贸n Europea. Sus ejes son
    1. Se aplica en primer lugar la autonom铆a de la voluntad (Art 3) y en su defecto una serie de normas聽clasificadas por el tipo de contrato al efecto de aplicar la Ley del Estado donde se ubica el n煤cleo de cada categor铆a de contrato. Se cierra con una cl谩usula de escape (Art 4)
    2. Despu茅s cuatro reg铆menes especiales para cuatro categor铆as de contratos,鈥 por la necesidad de protecci贸n de una de las partes en el contrato: contratos de transporte (Art. 5), contratos de consumo (Art. 6), contratos de seguro (Art. 7) y contratos de trabajo (Art. 8). Estas reglas especiales corrigen los fallos que presenta el principio de autonom铆a de la voluntad en situaciones de asimetr铆a contractual.
    3. Finalmente, protecci贸n de intereses generales o 聽鈥渘ormas de polic铆a鈥, que operan al margen de esas normas de conflicto ordinarias (Art. 9) (corrigen tambi茅n la autonom铆a de la voluntad)
  • De armonizaci贸n del Derecho material. Establecen un r茅gimen contractual uniforme al margen de los Derechos nacionales y com煤n para todos los Estados parte. Es un Derecho de los contratos supranacional. El texto m谩s relevante es el Convenio de Viena de 11 de abril de 1980 sobre compraventa internacional de mercader铆as. Regula聽la formaci贸n del contrato y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato (art. 4). Este texto, como la mayor铆a del Derecho contractual, es dispositivo: las partes pueden excluir total o parcialmente su aplicaci贸n (art. 6).

Enlaces de inter茅s:聽

Es responsable la compa帽铆a a茅rea por los da帽os ocasionados por un vaso de caf茅 caliente que se derrama y causa quemaduras

As铆 se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en su sentencia dictada el 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-532/18, Niki Luftfahrt, al estimar que una compa帽铆a a茅rea es responsable de las quemaduras causadas al derramarse por causas desconocidas un caf茅 caliente durante un vuelo, responsabilidad que no es necesario que se haya materializado por un accidente relacionado con un riesgo t铆pico de la aviaci贸n.

By M.A. D铆az
By M.A. D铆az

Los hechos fueron los siguientes:

  • En 2015, la demandante, que entonces ten铆a 6 a帽os, viajaba a bordo de una aeronave, sentada al lado de su padre, en un viaje entre Mallorca (Espa帽a) y Viena (Austria) efectuado con la compa帽铆a a茅rea Niki Luftfahrt. Durante el vuelo, se sirvi贸 al padre un vaso de caf茅 caliente que, colocado sobre la bandeja plegable situada delante de 茅l, se volc贸 sobre el muslo derecho y el pecho de la ni帽a, ocasion谩ndole quemaduras de segundo grado. No pudo determinarse si el vaso de caf茅 se hab铆a volcado por un defecto en la bandeja plegable o por las vibraciones del avi贸n.
  • La demandante, representada a efectos legales por su padre, interpuso demanda, conforme al art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, de 28 de mayo de 1999, solicitando que se condenase a la compa帽铆a a茅rea, en situaci贸n concursal, a reparar el perjuicio causado abonando un importe estimado de 8500 euros.
  • La demandada adujo que, habida cuenta que no se hab铆a producido ning煤n accidente, no pod铆an exig铆rsele responsabilidades basadas en aquella norma. A este prop贸sito, entendi贸 que no hubo ning煤n incidente repentino e inesperado que produjera el deslizamiento del vaso de caf茅 y el posterior derramamiento de su contenido. Por tanto, seg煤n la demandada, no existi贸 aqu铆 芦accidente禄, en el sentido del art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, que exige que se materialice un riesgo t铆pico de la aviaci贸n.
  • La sentencia de 15 de diciembre de 2015, del Landesgericht Korneuburg (Tribunal Regional de Korneuburg, Austria) estim贸 la demanda de indemnizaci贸n por da帽os y perjuicios de la demandante, considerando que los da帽os causados a la ni帽a derivaban de un accidente causado por un acontecimiento inhabitual y provocado desde el exterior.

– A su juicio, tuvo lugar un riesgo t铆pico de la aviaci贸n, toda vez que, desde el punto de vista operativo, una aeronave presenta distintas inclinaciones que dar lugar a 聽que objetos situados sobre una superficie horizontal del avi贸n se deslicen sin necesidad de una maniobra especial. A ello a帽adi贸 que no exist铆a culpa de la compa帽铆a a茅rea, porque servir bebidas calientes en recipientes que carecen de tapa es una pr谩ctica habitual y socialmente aceptada.

  • Recurrida la sentencia, el Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria), en sentencia de 30 de agosto de 2016, revoc贸 la resoluci贸n de primera instancia. Argument贸 que,聽 el art. 17 del Convenio de Montreal es de aplicaci贸n tan s贸lo a los accidentes causados por un riesgo t铆pico de la aviaci贸n y que, en el caso de autos, la demandante no pudo demostrar tal extremo. As铆 las cosas, consider贸 que no exist铆a responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea demandada.
  • La demandante recurri贸 la sentencia en casaci贸n ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) solicitando que se declarara la responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea y la procedencia de su pretensi贸n de reparaci贸n del perjuicio sufrido.
  • El Oberster Gerichtshof reconoci贸 que es controvertida la interpretaci贸n del art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal en cuanto a si el concepto de 芦accidente禄, se limita a los casos en los que se materializa un riesgo t铆pico de la aviaci贸n. A este respecto, el citado 贸rgano jurisdiccional expone dos enfoques interpretativos distintos.

– As铆, seg煤n el primero, el concepto de 芦accidente禄, comprender铆a 煤nicamente las situaciones en las que se materializa un riesgo t铆pico de la aviaci贸n. Seg煤n esta interpretaci贸n accidentes, como el del procedimiento principal, sin relaci贸n con la actividad de transporte a茅reo y producidos en otras circunstancias no generar铆an la responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea. Seg煤n un segundo enfoque no ser铆a necesaria la materializaci贸n de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n para que se genere la responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea, dado que el tenor literal del art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, no lo exige.

– Adem谩s, para un sector doctrinal, estar铆amos en caso de 芦accidente禄, ex art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, cuando se produce el vertido de bebidas o platos calientes sobre el cuerpo de un pasajero, lo que as铆 interpretado llevar铆a a reconocer la responsabilidad de la demandada.

– Al margen de las anteriores interpretaciones, el referido 贸rgano jurisdiccional contempl贸, asimismo, como 芦soluci贸n intermedia禄, una interpretaci贸n conforme a la cual la responsabilidad se originar铆a por el hecho de que un accidente se haya producido a bordo del avi贸n o con ocasi贸n de la utilizaci贸n de las instalaciones de embarque y de desembarque, sin que se exija la materializaci贸n de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n, si bien, para quedar liberada de responsabilidad, la compa帽铆a a茅rea tendr铆a que probar que no existe un v铆nculo con la explotaci贸n o la naturaleza de la aeronave. Ello conducir铆a en este caso a responsabilizar a la demandada, al no poder concretarse la 聽causa del accidente.

By M.A. D铆az
  • Llegados a este punto, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria) acord贸 suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuesti贸n prejudicial siguiente:

芦驴Se trata de un 鈥渁ccidente鈥 del que se deriva la responsabilidad del transportista a茅reo, en el sentido del art铆culo 17, apartado 1, del [Convenio de Montreal], si un vaso de caf茅 caliente situado sobre la bandeja fijada al asiento delantero de un avi贸n en vuelo se desliza y vuelca por causas desconocidas, causando quemaduras a un pasajero?禄

 

  • El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) solicita as铆 que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea delimite y precise el concepto de 芦accidente禄 en el sentido del Convenio de Montreal, a falta de una definici贸n en el mismo.

 

  • Seg煤n el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), dado que el Convenio de Montreal no ofrece ninguna definici贸n del concepto de 芦accidente禄, hay que remitirse al sentido ordinario de este concepto en el contexto en el que se inscribe y en funci贸n del objeto y la finalidad que persigue dicho Convenio. Y, precisamente, 鈥渆l sentido ordinario que se atribuye al concepto de 芦accidente禄 es el de un acontecimiento involuntario, perjudicial e imprevisto鈥.

– Reafirm谩ndose en las conclusiones del Abogado General, el TJUE declara que supeditar la responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea al requisito de que el da帽o se derive de la materializaci贸n de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n o de la existencia de una relaci贸n entre el 芦accidente禄 y la explotaci贸n o el movimiento de la aeronave ni es conforme con el sentido ordinario del concepto de 芦accidente禄, contemplado en el art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, ni es compatible con los objetivos que este persigue.

-Adem谩s, como se帽ala el TJUE no hay que olvidar que el Convenio de Montreal pretende implantar un r茅gimen de responsabilidad objetiva de las compa帽铆as a茅reas garantizando, al mismo tiempo, un 芦equilibrio de intereses equitativo禄.

– As铆 las cosas, el TJUE concluye que tanto el sentido ordinario del concepto de 芦accidente禄 como los objetivos del Convenio de Montreal se oponen a que la responsabilidad de las compa帽铆as a茅reas quede condicionada a que el da帽o est茅 originado por la materializaci贸n de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n o a la existencia de una relaci贸n entre el 芦accidente禄 y la explotaci贸n o el movimiento de la aeronave. A este respecto, como tambi茅n recuerda el TJUE, el Convenio de Montreal permite a las compa帽铆as a茅reas excluir o limitar su responsabilidad. As铆, una compa帽铆a a茅rea puede limitar su responsabilidad o quedar exonerada de ella si demuestra que el propio pasajero fue el causante del da帽o o contribuy贸 a que se produjera. Y asimismo la compa帽铆a a茅rea puede limitar su responsabilidad a 100 000 芦derechos especiales de giro禄聽 si prueba que el da帽o no se debi贸 a una negligencia por su parte o que se debi贸 煤nicamente a la negligencia de un tercero. Y ello entendiendo, a estos efectos, seg煤n el FMI, a comienzos de diciembre de 2019, que un derecho especial de giro correspond铆a aproximadamente a 1,24euros. V茅ase nota de prensa.

Por todo ello, el TJUE responde al Oberster Gerichtshof que el concepto de 芦accidente禄 en cuesti贸n comprende todas las situaciones que se dan a bordo de una aeronave en las que un objeto utilizado para el servicio a los pasajeros ha causado una lesi贸n corporal a un pasajero, sin que sea necesario determinar si dichas situaciones son consecuencia de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n.

 

As铆 expresa textualmente:

鈥淓l art铆culo 17, apartado 1, del Convenio para la unificaci贸n de ciertas reglas para el transporte a茅reo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999, suscrito por la Comunidad Europea el 9 de diciembre de 1999 y aprobado, en su nombre, mediante la Decisi贸n 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de 芦accidente禄, a efectos de dicha disposici贸n, comprende todas las situaciones que se producen a bordo de una aeronave en las que un objeto utilizado para el servicio a los pasajeros ha causado una lesi贸n corporal a un pasajero, sin que sea necesario dilucidar si estas situaciones derivan de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n鈥.

Sobre el asunto, v茅ase nota de prensa y sentencia completa (aqu铆 y aqu铆).

Propuesta de la segunda edici贸n del programa de financiaci贸n de proyectos clave en los 谩mbitos del transporte, la tecnolog铆a digital y la energ铆a mediante el mecanismo 芦Conectar Europa禄 (MCE) para el periodo 2021 a 2027.

 

Como pone de manifiesto el Consejo de la UE en el Comunicado de prensa de 13 de marzo de 2019 (aqu铆) se prorroga el programa de financiaci贸n de proyectos clave en los 谩mbitos del transporte, la tecnolog铆a digital y la energ铆a mediante el mecanismo 芦Conectar Europa禄 (MCE) para el periodo 聽2021 a 2027.

By M.A. D铆az

El Comit茅 de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER), 贸rgano interno del Consejo de la Uni贸n Europea, ha confirmado que han llegado a una interpretaci贸n com煤n con el Parlamento respecto a la pr贸rroga del programa emblem谩tico, el Mecanismo 芦Conectar Europa禄.

Como se recordar谩, el Comit茅 de Representantes Permanentes o Coreper (art铆culo 240 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, TFUE) (aqu铆), se encarga de preparar los trabajos del Consejo de la Uni贸n Europea. Est谩 constituido por los representantes de los pa铆ses de la UE ante la Uni贸n Europea, que tienen rango de embajadores, y lo preside el pa铆s de la UE que ejerce la presidencia del Consejo de la Uni贸n Europea.

La UE quiere asegurarse de que este programa estrella, el Mecanismo 芦Conectar Europa禄 (MCE), siga financiando proyectos clave en los 谩mbitos del transporte, la tecnolog铆a digital y la energ铆a despu茅s de 2020. El Comit茅 de Representantes Permanentes del Consejo confirma as铆 la interpretaci贸n com煤n alcanzada por la Presidencia rumana y el Parlamento Europeo sobre la propuesta de iniciar la segunda edici贸n del programa, que comenzar谩 en 2021 y finalizar谩 en 2027.

Exponemos a continuaci贸n los extremos destacados en el mencionado Comunicado de prensa:

  • La interpretaci贸n com煤n afecta a todas las disposiciones del Reglamento excepto las cuestiones financieras y horizontales, que se est谩n abordando en otro contexto; a saber: 聽de las negociaciones sobre el pr贸ximo marco financiero plurianual (MFP), que cubrir谩 el per铆odo 2021-2027.
  • En cuanto al transporte, el MCE persigue el fomento de la interoperabilidad y la multimodalidad de las redes para desarrollar y modernizar las infraestructuras ferroviarias, de carretera, de v铆as navegables interiores y mar铆timas, as铆 como una movilidad segura y protegida. La prioridad se centra fundamentalmente en un mayor desarrollo de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T), poniendo especial 茅nfasis en los proyectos transfronterizos con valor a帽adido europeo. Conforme a estos objetivos se parte de que el MCE 2.0 va a garantizar que, una vez se haya adaptado la infraestructura para mejorar la movilidad militar dentro de la Uni贸n, 茅sta sea compatible con el doble uso, atendiendo a las necesidades tanto civiles como militares.
  • En relaci贸n con el sector de la energ铆a, se entiende que el programa va a coadyuvar a 聽una mayor integraci贸n del mercado europeo de la energ铆a, mejorando la interoperabilidad de las redes energ茅ticas a trav茅s de las fronteras y los sectores, facilitando la descarbonizaci贸n y garantizando la seguridad del suministro. Asimismo, con el programa se persigue financiar proyectos transfronterizos en el 谩mbito de las energ铆as renovables. Los criterios de adjudicaci贸n especificados pasan por tener en cuenta la coherencia con los planes de energ铆a y clima nacionales y de la UE, incluido el principio de 芦primero, la eficiencia energ茅tica禄. Se prev茅 que la Comisi贸n evaluar谩 de aqu铆 a 2020 si la normativa en materia de redes transeuropeas de transporte (RTE-T) se ajusta a los objetivos clim谩ticos y energ茅ticos de la UE.
  • En cuanto a la conectividad digital, se ampl铆a el alcance del programa en aras a lograr la transformaci贸n digital de la econom铆a y la sociedad, que va a depender -en buena medida- 聽del acceso universal a redes fiables y asequibles de alta o muy alta capacidad. Se tiene presente que la conectividad digital constituye un factor decisivo para colmar las diferencias econ贸micas, sociales y territoriales. Se establece que para que un proyecto pueda optar a recibir ayuda del MCE, tendr谩 que contribuir al mercado 煤nico digital y a los objetivos de conectividad de la UE. Se consideran prioritarios los proyectos que creen cobertura geogr谩fica adicional para los hogares.
  • Se帽aladamente, el programa concede particular relevancia a las sinergias entre los sectores del transporte, la energ铆a y la tecnolog铆a digital, en orden a maximizar 聽la eficacia de la acci贸n de la UE y optimizar los costes de ejecuci贸n. En esta l铆nea, contempla 聽posibles programas de trabajo intersectoriales con el fin de intervenir en 谩mbitos como la movilidad conectada y automatizada o los combustibles alternativos.
  • Junto a lo anterior, la propuesta trata de integrar la acci贸n por el clima, teniendo en cuenta los compromisos de descarbonizaci贸n a largo plazo de la UE, como el Acuerdo de Par铆s.
  • Aunque habr谩 que esperar qu茅 sucede en las etapas siguientes, del Comunicado de prensa se infiere que el Consejo conf铆a en que las negociaciones con el pr贸ximo Parlamento Europeo se inicien lo antes posible, y prosigan en el sentido de continuar por los derroteros y avances que han quedado plasmados en la interpretaci贸n com煤n.
  • Finalmente se se帽ala que durante las negociaciones ha de tenerse presente 聽el acuerdo global relativo al marco financiero plurianual para el per铆odo 2021-2027.
By M.A. D铆az

Para m谩s detalles, v茅anse:

Proyecto de Reglamento por el que se establece el Mecanismo 芦Conectar Europa禄: informe de situaci贸n

Marco financiero plurianual: determinaci贸n del gasto de la UE (informaci贸n de referencia)

La inclusi贸n en los registros de morosos no puede constituir una presi贸n ileg铆tima para que los clientes paguen deudas controvertidas

En la sentencia del Tribunal Supremo聽 de 23 de marzo de este a帽o este Tribunal聽 tiene ocasi贸n de pronunciarse sobre las consecuencias de la inclusi贸n en los registros de morosos de datos personales de supuestos deudores por cr茅ditos dudosos.

Dinero. By M.A. D铆az.

Se enjuicia aqu铆 un caso cuyos antecedentes de hecho resumidamente expuestos son los siguientes:

  1. .- Una persona (D.陋 Valentina) firm贸 un contrato de telefon铆a con la empresa Vodafone en abril de 2011. Desde que se inici贸 la relaci贸n contractual existieron irregularidades en la facturaci贸n emitida por Vodafone, comunicadas por D.陋聽 Valentina聽 a la operadora de telefon铆a, lo que supuso que la empresa tuviese que emitir diversas facturas rectificativas, a fin de eliminar cargos indebidos.
  • A煤n as铆, D.陋聽 Valentina se dio de baja en el servicio en agosto de 2012, al no estar satisfecha con la actuaci贸n de Vodafone. Cursada la baja, Vodafone le gir贸 varias facturas, en las que inclu铆a cantidades correspondientes a penalizaciones. De estas facturas D.陋聽 Valentina solo pag贸 parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

2.- Vodafone cedi贸 a Sierra Capital Management 2012 S.L. (en lo sucesivo, Sierra Capital) un cr茅dito por valor de 297,80 euros, que seg煤n dicha entidad ten铆a frente a D.陋 Valentina. En julio de 2013 Sierra Capital remiti贸 a D.陋聽 Valentina聽 una carta comunic谩ndole la cesi贸n del cr茅dito, reclam谩ndole el pago de 297,80 euros, 聽con la advertencia de 聽que si no efectuaba el pago en diez d铆as incluir铆a sus datos en un registro de morosos. D.陋聽 Valentina pag贸 煤nicamente la cantidad de 97,80 euros por sus discrepancias con las penalizaciones que se le pretend铆an cobrar.

3.- Sierra Capital comunic贸 los datos de D.陋 Valentina聽 a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en 2013, y Experian, en 2015, por una deuda de 200 euros. A su vez, estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades de cr茅dito. D.陋聽 Valentina solicit贸 una tarjeta de cr茅dito en Banco Popular en junio de 2015, que 聽le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos.

4.- D.陋聽 Valentina interpuso demanda contra Sierra Capital ante el Juzgado de Primera Instancia n煤m. 1 de Lena, por entender que la inclusi贸n de sus datos en esos registros de morosos no fue l铆cita y vulner贸 su derecho al honor y, por ello, solicit贸 que se condenara a Sierra Capital a indemnizarle en diez mil euros.

5.- El Juzgado de Primera Instancia estim贸 la demanda al considerar que la deuda en la que se bas贸 la inclusi贸n de los datos personales de la demandante en los registros de morosos era dudosa y no pac铆fica.

6.- Recurrida la sentencia de primera instancia en apelaci贸n por la representaci贸n de Sierra Capital, se estim贸 por la Audiencia Provincial de Oviedo, considerando que, aunque durante la vigencia del contrato hubo discrepancias entre las partes sobre las cantidades facturadas, lleg谩ndose incluso a rectificar por Vodafone varias facturas, una vez emitidas las 煤ltimas facturas no constan nuevas reclamaciones. Entiende la Audiencia que el pago parcial de dos facturas por importe superior a 255 euros m谩s IVA 芦que se desconoce de d贸nde la extraer (sic)禄, que ha realizado el cliente de la operadora telef贸nica cuando Sierra Capital comunic贸 la cesi贸n del cr茅dito y le reclam贸 el pago har铆a presumir que D.陋聽 Valentina asume que es correcta la deuda reclamada. Todo lo cual puede interpretarse, a聽 juicio de la Audiencia, en el sentido de que concurrir铆a el requisito de que la deuda fuera veraz, exacta, vencida y exigible.

Para la Audiencia Provincial, en suma, no puede considerarse que la actuaci贸n de聽 Sierra Capital fuera il铆cita, al haber requerido de pago a D.陋聽 Valentina y advertirle que, de no pagar, incluir铆a sus datos personales en un registro de morosos.

7.- La representaci贸n de D陋 Valentina interpuso recurso de casaci贸n contra la sentencia de la Audiencia Provincial:

  • alegando que no puede calificarse la deuda como veraz, toda vez que ni siquiera se sabe a qu茅 responde, al no haber aportado al proceso el contrato donde se estipularan las penalizaciones cargadas a D帽a. Valentina, no bastando que figuren en las facturas, por no poder incluirse en estas 聽partidas no previstas en el contrato. Y todav铆a m谩s cuando, junto a ello, la demandante hizo sucesivas reclamaciones, a las que siguieron sucesivas facturas rectificativas de la operadora al incluirse en las originales cargos indebidos.
  • La entidad recurrida, Sierra Capital, se opone al entender que la veracidad de la deuda se desprende de las facturas emitidas por Vodafone que la propia demandante aport贸 con su demanda, y de los pagos parciales realizados, que acreditan 聽la existencia cierta de la deuda. Y a ello se suma, en opini贸n de Sierra Capital, que Vodafone, empresa con la que la demandante firm贸 el contrato y que cedi贸 el cr茅dito a Sierra Capital, asegur贸 la veracidad de la deuda.
  • La recurrente aduce, adem谩s, como motivo del recurso, que se infringen los arts. 4.1 y 29.4 de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal , as铆 como el art. 8.4 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci贸n de datos de car谩cter personal.禄
  • A este respecto, la recurrente afirma que la deuda de 200 euros no era significativa de su insolvencia, puesto que constaban las serias discrepancias que ella ten铆a sobre los importes facturados por la operadora pr谩cticamente desde el inicio de la relaci贸n contractual. Y ello porque as铆 聽se deduce de las sucesivas facturas rectificativas de otras anteriores, no pag谩ndose las 煤ltimas facturas por recogerse cargos penalizadores injustificados.
  • La recurrida manifiesta, por su parte, que los pagos parciales hechos por la recurrente son actos propios reconocedores de la deuda.

FALLO O DECISI脫N DEL TRIBUNAL SUPREMO:

La decisi贸n del Tribunal Supremo se asienta en el principio de calidad de los datos, aludiendo a la improcedencia de incluir en los registros de morosos los datos personales relativos a supuestos deudores por cr茅ditos dudosos.
As铆 聽lo fundamenta la sentencia:

 

1.- Respecto a la posible vulneraci贸n del derecho al honor a ra铆z de la inclusi贸n de los datos personales en un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias por no respetar la normativa de protecci贸n de datos personales, proclama:

芦Esta sala ha establecido una jurisprudencia relativamente extensa sobre la vulneraci贸n del derecho al honor como consecuencia de la inclusi贸n de los datos personales en un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias sin respetar las exigencias derivadas de la normativa de protecci贸n de datos personales鈥. En esta l铆nea recuerda el Tribunal Supremo que 鈥渦no de los ejes fundamentales de la regulaci贸n del tratamiento automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse 芦principio de calidad de los datos禄. Los datos deber ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados鈥. Y ello聽 con apoyo en la Ley Org谩nica de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal.

2.- En cuanto a la calidad de los datos en los registros de morosos, declara:

鈥淓ste principio, y los derechos que de 茅l se derivan para los afectados, son aplicables a todas las modalidades de tratamiento automatizado de datos de car谩cter personal. Pero tienen una especial trascendencia cuando se trata de los llamados 芦registros de morosos禄, esto es, los ficheros de 芦datos de car谩cter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien act煤e por su cuenta o inter茅s禄.

El art. 29.4 LOPD establece que 芦s贸lo se podr谩n registrar y ceder los datos de car谩cter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia econ贸mica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a m谩s de seis a帽os, siempre que respondan con veracidad a la situaci贸n actual de aqu茅llos禄.

Pero, adem谩s, los arts. 38 y 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci贸n de datos de car谩cter personal, cuando desarrollan el art. 29 LOPD , determinan que para poder proceder a tal 聽inclusi贸n en los ficheros de datos de car谩cter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia econ贸mica del afectado, ha de existir 聽una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada, y que se haya requerido de pago al deudor, inform谩ndole que de no producirse el pago en el t茅rmino fijado, los datos relativos al impago podr谩n ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

3.- Afinando, a prop贸sito del principio de calidad de los datos incluidos en este tipo de registros, manifiesta:

芦Este principio de calidad de datos de los datos en este tipo de registros no se constri帽e a exigir la veracidad de la deuda, requiri茅ndose 鈥渓a pertinencia de los datos respecto de la finalidad del fichero鈥.

As铆, se帽ala, que puede ocurrir que聽 ciertos datos sean ciertos y exactos y, sin embargo, no sean pertinentes, por no ser聽 determinantes para enjuiciar la solvencia econ贸mica de los interesados, es decir, la imposibilidad o negativa infundada a pagar la deuda.

Invoca el TS algunas sentencias en las que se formulan consideraciones generales sobre el tema, al declarar que la LOPD descansa en principios de prudencia, ponderaci贸n y veracidad, debiendo ser estos 聽datos objeto de tratamiento aut茅nticos, exactos, veraces, debiendo estar siempre actualizados, con el consiguiente derecho del interesado a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna rectificaci贸n o cancelaci贸n en caso de error o inexactitud.

Y a帽ade: 鈥淐uando se trata de ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda debe ser adem谩s de vencida y exigible, cierta, es decir, inequ铆voca, indudable, siendo necesario adem谩s el previo requerimiento de pago. Por tal raz贸n, no cabe incluir en estos registros datos personales por raz贸n de deudas inciertas, dudosas, no pac铆ficas o sometidas a litigio. Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificaci贸n de la inclusi贸n de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza鈥.

Trat谩ndose de una deuda que es objeto de controversia, por considerar leg铆timamente el titular de los datos que 茅l no debe lo que se le reclama, la falta de pago no supone insolvencia del afectado. Puede suceder que la deuda sea cierta y pueda considerarse como un dato veraz. No obstante, puede tratarse de un dato no pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constataci贸n de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello 鈥渟olo es pertinente la inclusi贸n en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que leg铆timamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuant铆a de la deuda鈥.

 

4.- Invocando doctrina establecida en otras sentencias, declara: 鈥淟a inclusi贸n en los registros de morosos no puede constituir una presi贸n ileg铆tima para que los clientes paguen deudas controvertidas鈥

芦La inclusi贸n en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, ampar谩ndose en el temor al descr茅dito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegaci贸n del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal pr谩ctica los gastos que conllevar铆a la iniciaci贸n del correspondiente procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de las deudas que reclaman.

Por tanto, esta Sala estima que acudir a este m茅todo de presi贸n representa en el caso que nos ocupa una intromisi贸n ileg铆tima en el derecho al honor […] 禄.

鈥淟a inclusi贸n de los datos personales de la demandante en los registros de morosos, cuando se hab铆an producido reiteradas irregularidades en la facturaci贸n de sus servicios, que provocaron las protestas de la demandante y la emisi贸n de facturas rectificativas, y, en definitiva, determinaron la disconformidad de la cliente con el servicio prestado y con las facturas emitidas, puede interpretarse como una presi贸n ileg铆tima para que la demandante pagara una deuda que hab铆a cuestionado, sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada鈥 .

5.- En cuanto al pago parcial, clarifica: 鈥淓l pago parcial de las facturas discutidas no constituye un reconocimiento de la veracidad de la deuda鈥

鈥淐onsta que las relaciones entre la demandante y la operadora telef贸nica con la que contrat贸 fueron conflictivas, puesto que, como consecuencia de las reclamaciones de la demandante, la operadora hubo de emitir sucesivas facturas rectificativas en las que elimin贸 partidas indebidamente incluidas en las facturas. Consta tambi茅n que en las 煤ltimas facturas, emitidas despu茅s de que la demandante se diera de baja en el servicio como consecuencia de las irregularidades que se ven铆an produciendo, se incluyeron penalizaciones cuya procedencia se ignora puesto que la acreedora no ha aportado el contrato en el que se previeran tales penalizaciones. Tampoco se ha podido comprobar que se cumpliera el requisito de proporcionalidad en este tipo de penalizaciones que exige el art 74.4 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios鈥 .

鈥淧or tanto, la postura del cliente que no aprovecha la existencia de incorrecciones en la facturaci贸n para dejar de pagar cualquier cantidad, sino que paga aquellas partidas que considera correctas y no paga las que razonablemente considera que no lo son, no puede perjudicarle y ser interpretada como un reconocimiento de la deuda. Por el contrario, constituye un indicio de la seriedad de su postura, puesto que no ha buscado la excusa de la incorrecci贸n de algunas partidas para dejar de pagar por completo los servicios que efectivamente ha utilizado鈥.

6.- En lo que toca a la conducta exigible al cliente, matiza: 鈥淣o es exigible al cliente una conducta exhaustiva, propia de un profesional, en sus reclamaciones a la empresa acreedora鈥.

A la vista de las irregularidades sucesivas y de las reclamaciones que hubo de realizar la cliente, 鈥渘o es exigible que cuando se vuelven a emitir facturas con partidas no justificadas (puesto que no existe dato alguno que permita considerar justificada la pretensi贸n de Vodafone de cobrar una abultada cantidad como penalizaci贸n por la baja en el servicio), la cliente deba seguir realizando reclamaciones documentadas (en la sentencia de la Audiencia Provincial se habla de burofaxes o cartas certificadas con acuse de recibo) y si no lo hace se considere que la deuda que se reclama es veraz, vencida y exigible a efectos de su inclusi贸n en un registro de morosos.

A los particulares no les es exigible la misma profesionalidad y exhaustividad en sus relaciones con las empresas que la que es exigible a estas, como consecuencia de su profesionalidad y habitualidad en el tr谩fico mercantil. Basta con que hayan mostrado razonablemente su disconformidad con la conducta de la empresa y que el cr茅dito que el acreedor pretende tener carezca de base suficiente para que, sin perjuicio del derecho que la empresa tiene a reclamar su pago, tal cr茅dito no pueda dar lugar a la inclusi贸n de los datos del cliente en un registro de morosos, dadas las graves consecuencias que tal inclusi贸n tiene para la esfera moral y patrimonial del afectado por ese tratamiento de datos.

Teniendo en cuenta las cuant铆as de las partidas controvertidas, exigir la utilizaci贸n reiterada de medios de reclamaci贸n que permitan su documentaci贸n (correo certificado, burofax, telegrama) resulta una exigencia excesiva鈥.

 

7.- A prop贸sito de la eventual importancia de que la demandada, recurrida, sea la cesionaria del cr茅dito, mantiene la聽 irrelevancia de esta circunstancia:

鈥淭ampoco puede servir de excusa a la demandada el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente le haya asegurado la veracidad del cr茅dito. Sierra Capital, antes de incluir los datos personales de la demandante en dos registros de morosos, hubo de asegurarse de que se cumplieran los principios de calidad de datos de car谩cter personal, entre ellos los de veracidad y pertinencia de los datos. Para ello no basta afirmar que la cedente le asegur贸 la concurrencia de esos requisitos, sino que es necesario que se cerciorara de las incidencias de las relaciones comerciales que dieron lugar a la deuda antes de incluir los datos personales de la demandante en sendos registros de morosos. Al no haberlo hecho, incumpli贸 la normativa de protecci贸n de datos de car谩cter personal, incluy贸 indebidamente los datos de la demandante en un registro de morosos y, con ello, vulner贸 su derecho al honor鈥.

Y con buen criterio se帽ala: 鈥淟as reclamaciones que Sierra Capital pueda realizar frente a Vodafone con base en sus relaciones internas derivadas de la cesi贸n del cr茅dito constituyen una cuesti贸n ajena a la acci贸n ejercitada por la cliente frente a quien incluy贸 sus datos en los registros de morosos鈥.

Por todas las razones expuestas el Tribunal Supremo decide:

1潞- Estimar el recurso de casaci贸n interpuesto por D.陋聽 Valentina聽 , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, en recurso de apelaci贸n.
2潞- Casar dicha sentencia, dej谩ndola sin valor ni efecto, y, en su lugar, desestimar el recurso de apelaci贸n interpuesto por Sierra Capital contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n煤m. 1 de Lena, que queda as铆 confirmada.
Adem谩s, declara que 鈥渓a indemnizaci贸n fijada por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia se ajusta a los par谩metros establecidos en nuestra jurisprudencia, a la vista de las incidencias habidas en la relaci贸n entre la demandante y Vodafone, el n煤mero de registros de morosos en que fueron incluidos los datos personales de la demandante, el periodo durante el que se prolong贸 tal inclusi贸n, las consultas que terceras empresas hicieron de esos datos y las consecuencias que la inclusi贸n de sus datos en los registros de morosos tuvo para la demandante, tanto de orden moral como patrimonial鈥.
3潞.聽聽聽聽聽 No imponer las costas del recurso de casaci贸n. Condenar a Sierra Capital al pago de las costas del recurso de apelaci贸n.
4潞.聽聽聽聽聽 Devolver al recurrente el dep贸sito constituido para interponer el recurso.

 

En cuanto a la valoraci贸n de esta sentencia, merece a nuestro juicio un juicio positivo, toda vez que clarifica aspectos ciertamente importantes de la inclusi贸n de datos personales en los registros de morosos. M谩s a煤n, trat谩ndose de un supuesto, como el que se resuelve en esta sentencia, situado聽 en el contexto de un contrato de telefon铆a, sector muy familiar para el gran p煤blico y que, por tanto, reviste un extraordinario inter茅s.

Comentarios desde el GID Febrero 2018. Control de transparencia de cl谩usulas suelo.

Comentarios desde el GID

Febrero 2018

Control de transparencia de cl谩usulas suelo. Insuficiencia de la utilizaci贸n de negrilla y subrayado en la escritura de pr茅stamo.

  • (A prop贸sito de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 1 de febrero de 2018)

Plaza de Toros de Le贸n (By M.A. D铆az).

Mar铆a Angustias D铆az G贸mez

Catedr谩tica de Derecho Mercantil

Coordinadora del Grupo de Innovaci贸n Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de Le贸n,聽(GID-DerMerUle)

 

Esta Sentencia, de la que fue Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, resulta de inter茅s, de una parte, por los temas sobre los que se pronuncia, ciertamente relevantes sobre cl谩usulas suelo (control de transparencia, c贸mo destacarlas, consecuencias de la Sentencia de 8 de junio de 2017 en los litigios pendientes en los que se est茅 ejercitando una acci贸n individual respecto de cl谩usulas suelo utilizadas por el Banco Popular).鈥╕, por otra, por la claridad de dicho pronunciamiento, no ajena a la necesaria remisi贸n, para un examen m谩s detallado de algunas cuestiones, a la doctrina de esta Sala, recogida fundamentalmente en aquella Sentencia. Leer m谩s

El Parlamento Europeo es consciente de la urgencia en reformar el transporte por carretera en la Uni贸n Europea.

Santiago de Compostela. Fotograf铆a: M.A. D铆az.
En fechas bastante recientes el Parlamento Europeo, en su Resoluci贸n de 18 de mayo de 2017, sobre el transporte por carretera en la Uni贸n Europea聽, se ha hecho eco de la necesidad de presentar con car谩cter urgente propuestas legislativas sobre el mercado del transporte de mercanc铆as por carreteras para afrontar los nuevos retos de este sector de actividad.

 

  • En聽 la UE este sector representa 5 millones de empleos directos y representa casi el 2 % del PIB de la UE, con unas 344000 empresas de transporte de viajeros y otras 560000 de transporte de mercanc铆as. Un sector en el que la seguridad vial es un tema de primer orden para la UE, con 135000 heridos graves y 26100 v铆ctimas mortales en 2015 y que lidera la generaci贸n de nuevo crecimiento econ贸mico y empleo y el fomento de la competitividad y la cohesi贸n territorial. Es adem谩s 鈥揷omo reconoce el Parlamento Europeo- un sector en el que Europa ejerce un liderazgo a escala mundial.
  • Asimismo, el Parlamento Europeo constata que en el transporte internacional de mercanc铆as por carretera existen, cada vez m谩s barreras regulatorias en los Estados miembros.
  • Hace hincapi茅, adem谩s, en los efectos positivos que cabe esperar de las redes multimodales y la integraci贸n de distintos servicios y modos de transporte.
  • Observa, adem谩s, el Parlamento Europeo que los Estados miembros no aplican la legislaci贸n de la UE sobre cabotaje.
  • Y aprecia tambi茅n las grandes diferencias existentes en la UE al aplicar la legislaci贸n vigente sobre condiciones laborales, derechos sociales y seguridad vial.

Partiendo de estas premisas pone el acento en lo siguiente:

I. Mejora de la competitividad y la innovaci贸n en el sector del transporte por carretera

– Impulsando un sector europeo de transporte por carretera m谩s sostenible, seguro, innovador y competitivo, desarrollando infraestructuras viarias europeas m谩s eficientes, garantizando condiciones equitativas para los operadores en el mercado mundial y logrando un mejor funcionamiento del mercado interior del transporte por carretera.

-En este contexto insiste en la conveniencia de aumentar la interoperabilidad de los sistemas y modalidades de transporte y garantizar el acceso de las pymes al mercado del transporte;

– Recuerda que estas iniciativas no pueden hacerse a espaldas de la Resoluci贸n del Parlamento, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicaci贸n del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte y la Resoluci贸n del Parlamento de 14 de septiembre de 2016 sobre d煤mping social en la Uni贸n Europea;

– Teniendo en cuenta el peso espec铆fico del sector del transporte por carretera en la creaci贸n de empleo y al crecimiento en la UE insta a, que se elaboren pol铆ticas proactivas para apoyar y desarrollar un sector de transporte por carretera sostenible con competencia leal, en especial para las pymes.

– Solicita al sector del transporte por carretera que aproveche las oportunidades de la digitalizaci贸n; insta tambi茅n a la Comisi贸n a desarrollar una adecuada infraestructura de comunicaciones, solicitando asimismo a la Comisi贸n que establezca un marco regulador adecuado para nuevos modelos de econom铆a colaborativa.

– Pide a la Comisi贸n que mejore la armonizaci贸n en el transporte de viajeros y mercanc铆as聽 y, en particular, en los sistemas de peaje electr贸nico en la UE, animando al uso de las tecnolog铆as digitales garantizando un mercado interior operativo;

II. Facilitaci贸n de la movilidad transfronteriza en el transporte por carretera

– solicita la colaboraci贸n de los Estados miembros para una aplicaci贸n m谩s exhaustiva de las normas la UE, correspondiendo a la Comisi贸n una supervisi贸n m谩s intensa de la ejecuci贸n, debiendo incoar procedimientos de infracci贸n contra las leyes y las medidas que distorsionan el mercado;

– Insta a los Estados miembros a que cooperen m谩s estrechamente con el Euro Contr么le Route y con la Red Europea de Polic铆as de Tr谩fico (Tispol).

– Solicita de los Estados miembros un mayor control, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los tiempos de conducci贸n y descanso, normas de cabotaje, aplicando las sanciones pertinentes; e insta a la Comisi贸n para que agilice la obligatoriedad en el uso a bordo de los veh铆culos de dispositivos digitales tales como los tac贸grafos inteligentes y las cartas de porte electr贸nicas.

– Insta a la Comisi贸n a que armonice las normas existentes en materia de equipamiento de seguridad obligatorio.

– Solicita de la Comisi贸n que estudie las posibilidades de reducir las cargas burocr谩ticas y financieras de las diferentes legislaciones nacionales, con el prop贸sito de garantizar la libre prestaci贸n de servicios de transporte en toda la UE;

– Destaca que un sistema de tarificaci贸n coherente, justo, transparente, no discriminatorio y no burocr谩tico aplicado en la UE y proporcional al uso de la carretera y a los costes externos generados por camiones, autobuses y turismos (principios de 芦quien utiliza paga禄 y de 芦quien contamina paga禄) tendr铆a un efecto positivo en la lucha contra el deterioro de las infraestructuras viarias, la congesti贸n y la contaminaci贸n.

– Pide a la Comisi贸n que proponga una revisi贸n de la Directiva relativa al Servicio Europeo de Telepeaje (SET), en el que se recoja un elemento de coste externo basado en el principio de 芦quien contamina paga禄.

– pide a la Comisi贸n que en sus iniciativas de transporte por carretera recoja un mecanismo que alivie las cargas soportadas por las operaciones de transporte por carretera desde la periferia.

– Pide a la Comisi贸n que revise la normativa sobre los veh铆culos alquilados; normativa que en la actualidad permite que los Estados miembros proh铆ban el uso de este tipo de veh铆culos para las operaciones de transporte internacional.

– Expresa su preocupaci贸n por la falta de actuaci贸n de las autoridades nacionales en relaci贸n con el fraude derivado de los tac贸grafos y las operaciones de cabotaje, instando a la Comisi贸n a que aborde estos problemas.

– Muestra su preocupaci贸n, por la posibilidad de que sigan existiendo razones para eximir a los veh铆culos industriales ligeros de la aplicaci贸n de distintas normas europeas, teniendo en cuenta que estos veh铆culos se usan cada vez m谩s en el transporte internacional de mercanc铆as.

III. Mejora de las condiciones sociales y las normas en materia de seguridad

Como no pod铆a ser de otra forma, advierte que la libre prestaci贸n de servicios de transporte en toda la Uni贸n no debe justificar la violaci贸n de los derechos fundamentales de los trabajadores ni el incumplimiento de la normativa que les resulta aplicable.

– Muestra su preocupaci贸n por las pr谩cticas empresariales socialmente problem谩ticas que puedan suponer un riesgo para la seguridad vial, principalmente a prop贸sito de las normas de cabotaje y las que se vienen designando como empresas 芦buz贸n禄, que pueden dar lugar a competencia desleal.

– solicita a la Comisi贸n un esfuerzo normativo en temas como cabotaje y normas de acceso a la profesi贸n de transportista.

– Subraya que las diferencias entre las legislaciones nacionales generan unas barreras administrativas considerables y desproporcionadas para los operadores, sobre todo para las pymes, con la consiguiente complejidad del marco jur铆dico, en detrimento de la creaci贸n de un mercado interior en el sector del transporte por carretera en la Uni贸n y, en 煤ltimo t茅rmino, creando obst谩culos para la libre circulaci贸n de servicios y mercanc铆as;

– Es proclive a la elaboraci贸n de propuestas que permitan establecer la oportuna distinci贸n entre la libertad de prestaci贸n de servicios y la libertad de establecimiento.

– Solicita a la Comisi贸n que revise la Directiva 92/106/CEE sobre transporte combinado, con vistas a aumentar el transporte multimodal y acabar con las pr谩cticas injustas.

– Pide a la Comisi贸n que eval煤e la creaci贸n de un 芦archivo de operadores electr贸nico e integrado禄 para todos los operadores que operen con el permiso comunitario.

– Insta a la revisi贸n urgente del Reglamento (CE) n.潞 661/2009 sobre seguridad general.

– Incide en la necesidad de mejorar la seguridad en las carreteras de la Uni贸n y de alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el n煤mero de v铆ctimas mortales y heridos graves para 2020.

IV. Promoci贸n de un transporte por carretera con bajas emisiones

Es partidario de adoptar medidas concretas para garantizar la aplicaci贸n de los principios de 芦quien utiliza paga禄 y de 芦quien contamina paga禄 en el transporte por carretera.

– Opina que el uso compartido de veh铆culos y los trayectos compartidos son mecanismos muy solventes para el desarrollo sostenible de las conexiones, por ejemplo en las regiones ultraperif茅ricas, monta帽osas y rurales;

– Observa que sistemas de transporte inteligentes, pueden desempe帽ar una funci贸n muy importante de cara a conseguir mayor eficiencia, seguridad y el rendimiento medioambiental del sistema de transporte.

Un Juzgado de lo Mercantil considera abusivo y desproporcionado el cargo de 40 鈧 a un pasajero de Ryanair por imprimir la tarjeta de embarque.

Santiago de Compostela, by M.A. D铆az.
As铆 se pronuncia el Juzgado de lo Mercantil de Valencia, en Sentencia de 16 de febrero de 2017, al resolver la demanda planteada por un pasajero a Ryanair Limited, en la que reclama la cantidad de 90 euros que tuvo que pagar por imprimir la tarjeta de embarque en las dependencias de la demandada en un aeropuerto, debido a que, con car谩cter previo a la facturaci贸n y embarque, no hab铆a procedido a su impresi贸n.
El Juzgado estim贸 la demanda interpuesta por el pasajero y conden贸 a Ryanair Limited a indemnizarle con la cantidad de 90 euros, al tipo del inter茅s legal del dinero, a contar desde la interposici贸n de la demanda, imponiendo tambi茅n a Ryanair el pago de todas las costas causadas en esta instancia.

 

  1. Aunque Ryanair aduc铆a que era aplicable el Derecho irland茅s y no el espa帽ol, el Juez declara aplicable nuestro Derecho, al considerar que la cl谩usula que se refiere a la aplicaci贸n de la ley irlandesa es nula al generar un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato. Tal desequilibrio se producir铆a l贸gicamente si se impusiese al consumidor espa帽ol, con residencia habitual en Espa帽a, que contrata con la demandada, a someter la resoluci贸n de su litigio a una normativa que no conoce.
  2. Es verdad que el Juez considera que, desde la perspectiva de la normativa protectora de los consumidores y usuarios ( arts. 80 y 82 del RDL 1/2007), la obligaci贸n advertida suficientemente y con antelaci贸n al pasajero, de imprimir la tarjeta de embarque desde la p谩gina web en que contrat贸 el vuelo, y llevarla consigo al aeropuerto, no constituye un gravamen desproporcionado, ni implica un desequilibrio importante entre las prestaciones, ni limita injustificadamente sus derechos, no siendo, pues abusiva en el sentido del art. 83 del RDL 1/2007. Se trata sencillamente de que el pasajero autogestione la obtenci贸n o recepci贸n de la tarjeta de embarque emitida por la compa帽铆a, antes del vuelo, introduciendo los datos de la reserva e imprimiendo la tarjeta, de manera que pueda llevar al aeropuerto el documento impreso que la incorpora, con 谩nimo de ahorro de costes y de tiempo en el momento del embarque.
  3. As铆 pues el Juez rechaza que sea nula la cl谩usula que establece la necesidad de imprimir la tarjeta de embarque, entrando a analizar si es desproporcionado el cobro de los 40 鈧 a quienes 聽no lleven tarjeta de embarque cuando el coste del servicio puede no llegar a un c茅ntimo.
  • Considera el Juez que, trat谩ndose de una compa帽铆a de bajo coste o 芦low cost禄, el precio de 40 鈧 por la reimpresi贸n de la tarjeta de embarque es muchas veces muy superior al precio del trayecto, dado que esta compa帽铆a llega a ofrecer vuelos a un precio que oscila entre 8 y 20 鈧.
  • La cl谩usula que recoge en la Tarifa de Cargos de estos 40 鈧 por imprimir la tarjeta de embarque impone una indemnizaci贸n desproporcionada y abusiva, debiendo declararse la nulidad del cargo de 40 鈧 que se establece en la Tabla de Cargos que figura en el anexo de las condiciones generales de la contrataci贸n.
Considera el Juez que 鈥渓a cantidad impuesta por la falta de impresi贸n es abusiva a todas luces pues es desproporcionada dado que no se prueba ni es razonable pensar que la cantidad que tiene que satisfacer cada viajero resulta equivalente a los gastos que esta prestaci贸n de servicios le cuesta a la compa帽铆a. Como se dice en la sentencia invocada, en cantidad de ocasiones, esta cantidad es superior a la del vuelo. As铆 es dif铆cilmente imaginable pensar que los costes para la compa帽铆a en tierra de facturaci贸n y embarque son superiores a los del desplazamiento鈥.

Una lectura completa de la Sentencia puede realizarse 聽aqu铆.

La colisi贸n entre una aeronave y un ave es una circunstancia extraordinaria que exime al transportista a茅reo de la obligaci贸n de compensaci贸n a los pasajeros en caso de que el vuelo se retrase tres horas o m谩s.

 

En este sentido se pronunci贸 la Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2017, que聽 tiene por objeto una petici贸n de decisi贸n prejudicial planteada por el Obvodn铆 soud pro Prahu 6 (Tribunal de Distrito de Praga 6, Rep煤blica Checa), en el procedimiento entre Pe拧kov谩 y Pe拧ka y Travel Service聽a.s..

Fotograf铆a: M.A. D铆az

En agosto de 2013, la Sra. M. Pe拧kov谩 y el Sr. J. Pe拧k谩 viajaron de Burgas (Bulgaria) a Ostrava (Rep煤blica Checa) en un vuelo de la compa帽铆a a茅rea checa Travel Service. El avi贸n en el que se realiz贸 el vuelo ya hab铆a efectuado los trayectos de Praga a Burgas, de Burgas a Brno (Rep煤blica Checa) y de Brno a Burgas.

Durante el vuelo de Praga a Burgas se detect贸 una aver铆a t茅cnica de una v谩lvula. En reparar esta aver铆a se tard贸 una hora y cuarenta y cinco minutos. Seg煤n Travel Service, la aeronave colision贸 poco despu茅s con un ave durante el aterrizaje del vuelo de Burgas a Brno, por lo que fue necesario hacer un control del estado t茅cnico del aparato. Inicialmente el control se realiz贸 por una empresa local autorizada al efecto. Pero, la empresa Sunwing propietaria del avi贸n insisti贸 en que un t茅cnico de Travel Service se desplazara a Brno desde otra ciudad checa para verificar si la aeronave estaba efectivamente en condiciones de volar. Ni uno ni otro control cuestionaron que la idoneidad de la aeronave para volar.

Debido a estas dos incidencias, el vuelo de la Sra. Pe拧kov谩 y del Sr. Pe拧k谩 sufri贸 un retraso de cinco horas y veinte minutos a su llegada a Ostrava.

La Sra. Pe拧kov谩 y el Sr. Pe拧k谩 interpusieron un recurso ante el Obvodn铆 soud pro Prahu 6 (Tribunal de distrito de Praga 6, Rep煤blica Checa) para reclamar a Travel Service el pago de una cantidad de 6 825 coronas checas (aproximadamente 250 euros). A su juicio, el Reglamento (CE) n潞 261/2004, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensaci贸n y asistencia a los pasajeros a茅reos en caso de denegaci贸n de embarque y de cancelaci贸n o gran retraso de los vuelos, les confiere el derecho a esa indemnizaci贸n, habida cuenta que su vuelo lleg贸 a su destino con un retraso de tres horas o m谩s.

En este contexto, el 贸rgano jurisdiccional checo, antes citado, plantea varias cuestiones al Tribunal de Justicia. Entre ellas, una nada desde帽able referida a si la colisi贸n entre una aeronave y un ave es una circunstancia extraordinaria que, de producirse, puede eximir a la compa帽铆a a茅rea de la obligaci贸n de compensaci贸n cuando el vuelo se retrase tres horas o m谩s. Conforme proclaman el Reglamento y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, declara que el transportista a茅reo no est谩 obligado a pagar una compensaci贸n si el retraso se debe a circunstancias extraordinarias que no podr铆an haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables al efecto.

Para el Tribunal de Justicia las circunstancias extraordinarias aludidas en el Reglamento se refieren a acontecimientos que, por su naturaleza o su origen, no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista a茅reo y escapen al control efectivo de 茅ste.

Junto a ello manifiesta que no constituye una circunstancia extraordinaria la prematura deficiencia de alguna de las piezas de una aeronave, habida cuenta que dicha aver铆a sigue estando intr铆nsecamente ligada al sistema de funcionamiento del aparato. Y ello, adem谩s, teniendo en cuenta que聽 los transportistas a茅reos tienen la responsabilidad de garantizar el mantenimiento y el buen funcionamiento de la aeronave.

En cambio, el Tribunal de Justicia declara que una colisi贸n entre una aeronave y un ave y los da帽os que puedan seguir de dicha colisi贸n no est谩n intr铆nsecamente ligados al sistema de funcionamiento del aparato, por lo que dicha colisi贸n no es, por su naturaleza o su origen, inherente al ejercicio de la actividad del transportista a茅reo y escapa a su control efectivo.

Concluye as铆 que la colisi贸n entre una aeronave y un ave que suponga un retraso de vuelo igual o superior a tres horas a la llegada est谩 comprendida en el concepto de 芦circunstancias extraordinarias禄.

Para el Tribunal de Justicia el transportista a茅reo s贸lo est谩 exento de su obligaci贸n de compensaci贸n a los pasajeros si consigue acreditar lo siguiente: a) que la cancelaci贸n o el retraso del vuelo igual o superior a tres horas se debi贸 a una circunstancia extraordinaria que no podr铆a haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables; y, b), que se tomaron todas las medidas para evitar que tales circunstancias extraordinarias provocaran la cancelaci贸n del vuelo o un retraso del mismo igual o superior a tres horas.

En lo que ata帽e a la cuesti贸n de si Travel Service adopt贸 todas las medidas razonables tras la colisi贸n para evitar el retraso del vuelo, el Tribunal de Justicia se帽ala que la aeronave de que se trata parece haber sido objeto de un control en el aeropuerto de Brno por un experto local autorizado. Aqu铆 el Tribunal de Justicia manifiesta que no era necesario un segundo control de la aeronave para garantizar la idoneidad del aparato para volar, lo que significa que el retraso derivado de tal control no est谩 justificado a efectos de la obligaci贸n de compensaci贸n prevista por el Reglamento. Declara el Tribunal 鈥que la cancelaci贸n o el gran retraso de un vuelo no se debe a circunstancias extraordinarias, cuando esa cancelaci贸n o ese retraso resulta del recurso por parte de un transportista a茅reo a un experto de su elecci贸n para efectuar las comprobaciones de seguridad que una colisi贸n con un ave requiere, una vez que tales comprobaciones han sido ya efectuadas por un experto autorizado conforme a la normativa aplicable鈥.

Respecto a si Travel Service adopt贸 todas las medidas razonables para prevenir la mencionada colisi贸n, el Tribunal de Justicia hace hincapi茅 en que dicho transportista no puede verse obligado a adoptar medidas que le impongan aceptar sacrificios insoportables para las capacidades de su empresa. Sin embargo, aun cuando el transportista a茅reo pueda estar obligado a adoptar algunas medidas preventivas para reducir e incluso prevenir los riesgos de eventuales colisiones con aves, no es responsable de que otras entidades (concretamente, los gestores de aeropuerto o los controladores a茅reos competentes) incumplan sus obligaciones de adoptar las medidas preventivas que les competan.

Finalmente, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre el supuesto en que el gran retraso se produzca tanto por una circunstancia extraordinaria como por otras circunstancias. Al respecto declara que, en el caso de que el gran retraso de una aeronave se deba no s贸lo a una circunstancia extraordinaria que no podr铆a haberse evitado tomando las medidas apropiadas a la situaci贸n y que fue objeto, por parte del transportista a茅reo, de todas las medidas razonables para evitar sus consecuencias (colisi贸n entre la aeronave y un ave), sino tambi茅n a otra circunstancia cuya concurrencia le fuese imputable (problema t茅cnico de la aeronave), el retraso vinculado a la circunstancia extraordinaria debe descontarse del tiempo total de retraso a la llegada del vuelo para verificar si la parte del retraso imputable al transportista es igual o superior a tres horas y, por lo tanto, ha de ser objeto de una compensaci贸n. El texto 铆ntegro de la sentencia puede verse aqu铆.

Se excluye el error invalidante del consentimiento cuando el cliente haya obtenido informaci贸n sobre el producto financiero, aunque no se la haya suministrado el banco.

As铆 se pronunci贸 el Tribunal Supremo en la Sentencia de 21 de febrero de 2017, que, respecto a un producto financiero, en este caso bonos canjeables ligados a acciones, rechaz贸 la existencia de error invalidante del consentimiento cuando el聽 cliente obtuvo informaci贸n sobre el聽 producto. Y ello aunque dicha聽 informaci贸n no se la hubiese suministrado el banco, sino聽 que el cliente la hubiese obtenido por su cuenta聽 o porque, como en este caso, se la hubiese suministrado un tercero, que -en este supuesto- era precisamente su hermano.

 

Fotograf铆a by M.A. D铆az

Los hechos que dieron origen a la sentencia fueron los siguientes: una persona聽 (D. Juan Miguel) celebr贸 con la entidad Banif S.A. (hoy Banco Santander S.A.), un contrato de compraventa de trece bonos canjeables ligados a acciones de Fortis y Total el 11 de marzo de 2008. En la misma fecha, celebr贸 tambi茅n con el Banco Santander un contrato de pr茅stamo personal a tipo variable y de constituci贸n de prenda sobre diez de los trece bonos adquiridos. Estos contratos se celebraron por iniciativa de D. Juan Miguel, quien fue informado del producto financiero y sus caracter铆sticas por su hermano, que tambi茅n se hab铆a interesado por este producto. D. Juan Miguel perdi贸 el dinero invertido en la compra de los bonos, debido a que las empresas a cuyas acciones estaba ligado el bono fue intervenida, y dej贸 de abonar las cuotas del pr茅stamo, por lo que la prenda fue ejecutada.

  • Juan Miguel interpuso demanda contra Banco Santander, solicitando 鈥揷on car谩cter principal- que se declarara la nulidad tanto del contrato de compraventa de los bonos canjeables como del contrato de pr茅stamo suscrito para la adquirir los bonos, y, que el Banco Santander le restituyera sesenta y cinco mil euros m谩s los intereses legales devengados desde el 11 de marzo de 2008, reintegrando as铆 la posici贸n originaria del demandante, anterior a la fecha de adquisici贸n de los bonos.

Adujo el demandante, como causas de nulidad, la infracci贸n de la normativa MiFID (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros), reguladora de las obligaciones de informaci贸n de las entidades financieras, toda vez que la informaci贸n proporcionada por el Banco, al adquirir el demandante los bonos, solo se refer铆a a la posibilidad de obtener una importante rentabilidad, sin advertirle de los riesgos, ni de la posibilidad de venta anticipada de los productos. La demanda se basaba, por tanto, en la existencia, de error vicio, de conformidad con los art铆culos 1261 y 1266 del C贸digo Civil; la infracci贸n del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre, Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y de la Ley 7/1998, de 13 abril, sobre Condiciones Generales de la Contrataci贸n; y la vulneraci贸n de la doctrina de los actos propios. Subsidiariamente, el demandante solicit贸 la resoluci贸n de esos contratos, con las mismas consecuencias restitutorias.

El Juzgado de Primera Instancia, pese a constatar que no quedaba probada la realizaci贸n del test de idoneidad, ello resultaba irrelevante ya que la normativa que desarrollaba la Directiva MiFID no era aplicable al no estar en vigor cuando se celebr贸 el contrato de compraventa de los bonos. El Juzgado, tras valorar la informaci贸n de la que dispon铆a el demandante antes de suscribir el contrato, procedente de su hermano, y las advertencias sobre el riesgo de p茅rdida del total de la inversi贸n que ven铆an recogidas en la propia orden de compra del producto, excluy贸 la existencia de error en el consentimiento. Se desestim贸, por tanto, la demanda, si bien no se conden贸 al demandante al pago de las costas.

  • El demandante recurri贸 en apelaci贸n desestimando el recurso la Audiencia Provincial, con imposici贸n de costas al apelante. La Audiencia, si bien consider贸 que estaba en vigor la normativa que traspon铆a la Directiva MiFID cuando se celebr贸 el contrato, lleg贸 a una conclusi贸n distinta de la del Juzgado respecto a la realizaci贸n del test de idoneidad. Valorando conjuntamente las declaraciones testificales de empleados del banco y la documentaci贸n bancaria en la que se recog铆an datos del demandante, dif铆ciles de conseguir sin la realizaci贸n del test obtenidos, y que sirvieron para calificar al demandante como 鈥渃liente minorista e inversor de perfil agresivo que aceptaba un mayor grado de riesgo de sus inversiones a cambio de una potencial rentabilidad superior鈥, el Tribunal de Apelaci贸n concluy贸 que el demandante fue sometido al test de idoneidad por v铆a telef贸nica. Seg煤n el Tribunal la informaci贸n que pose铆a el demandante sobre la naturaleza y riesgos del producto era suficiente, tanto por la informaci贸n obtenida de su hermano como por la que se conten铆a en la documentaci贸n informativa que le fue entregada por el banco. La sentencia de apelaci贸n invoca la informaci贸n de riesgos que figuraba en un documento suscrito por el demandante, donde se advert铆a, con caracteres tipogr谩ficos resaltados, del elevado riesgo del producto, aludiendo expresamente de que la 芦p茅rdida […] podr谩 ser total si la referencia final de la acci贸n con peor comportamiento al vencimiento fuera igual a cero禄, que es lo que de hecho sucedi贸, al resultar intervenida Fortis. Adem谩s, como constata la sentencia de apelaci贸n, que los empleados del banco le ofrecieron al cliente la reestructuraci贸n del bono mediante la sustituci贸n de los productos subyacentes, lo que rechaz贸 el cliente.
  • Contra esta sentencia el demandante interpuso recurso extraordinario por infracci贸n procesal y de casaci贸n, que fueron desestimados.

    El Supremo efect煤a b谩sicamente dos pronunciamientos de gran inter茅s: por un lado, que desconoce el recurrente lo declarado por la sentencia de apelaci贸n, que estima que, si bien el hermano del demandante le inform贸 sobre las caracter铆sticas del producto financiero contratado, tambi茅n se帽ala que el banco le suministr贸 informaci贸n por escrito advirti茅ndole de los serios riesgos del producto, justificados por las elevadas ganancias que eventualmente cab铆a obtener, como las conseguidas por otro familiar con un bono estructurado vendido por Banif ligado a ciertas acciones.

    Y, por otro, entiende el Alto Tribunal que 鈥渓o relevante para decidir en estos casos si ha existido error que vicie el consentimiento no es que la informaci贸n haya sido suministrada al cliente por el banco, sino que el cliente tenga la informaci贸n que excluya la existencia del error. Esto 煤ltimo puede ocurrir porque el cliente haya obtenido por su cuenta la informaci贸n o porque se la haya suministrado un tercero, que en este caso ser铆a su hermano.

    Por tanto, incluso aunque hubiera sido cierto que el banco no cumpli贸 adecuadamente las obligaciones de informaci贸n que le impone la normativa MiFID, si esa informaci贸n lleg贸 al cliente por otra v铆a, no concurrir铆a error invalidante del consentimiento鈥.

Adem谩s, la Sentencia impone al recurrente las costas del recurso extraordinario por infraccio虂n procesal y el recurso de casacio虂n.

La Sentencia completa puede verse aqu铆.

 

Futbolistas e intermediarios. Derecho del agente a cobrar determinadas indemnizaciones. STS

Una reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (24 febrero 2017, STS 697/2017 – ECLI: ES:TS:2017:697) confirm贸 la condena a un jugador de f煤tbol (F谩bregas) a indemnizar a su representante por retribuciones fijas percibidas en su contrataci贸n con un equipo ingl茅s (Arsenal FC), y retribuciones variables recibidas del mismo Club hasta la fecha en la que finaliz贸 su relaci贸n con el intermediario. Tambi茅n la gestora de derechos de imagen debe indemnizar en funci贸n聽de las retribuciones percibidas del club de f煤tbol ingl茅s.

Cascada el Salt贸n. Redipuertas,Le贸n By R Castellanos Blanco

El Juzgado de primera Instancia n煤mero 8 de Bilbao hab铆a desestimado la demanda al considerar que la mercantil reclamante no hab铆a intermediado en la suscripci贸n de los contratos en nombre del futbolista, sino del del Club, y tampoco admiti贸 las reclamaciones por derechos de imagen. La聽Audiencia Provincial de Bizkaia estim贸 parcialmente el recurso de al considerar聽que los contratos se firmaron con la intervenci贸n de la demandante defendiendo los intereses del futbolista, pese a que formalmente apareciese como representando al Arsenal por motivos fiscales que hacen que el club asuma total o parcialmente el pago de las comisiones al agente.

El TS limita la percepci贸n de cantidades que reconoce al momento en el que se firma un segundo contrato sin mediaci贸n del Agente demandante, apoy谩ndose en el Reglamento FIFA vigente en ese momento 芦si聽el agente de jugadores y el jugador no optan por un pago 煤nico y el contrato de trabajo del jugador negociado por el agente de jugadores en su nombre durase m谩s que el contrato de representaci贸n suscrito entre el agente de jugadores y el jugador, el agente de jugadores tendr谩 derecho a su remuneraci贸n anual incluso despu茅s de haber vencido el contrato de representaci贸n. Este derecho durar谩 hasta que el contrato de trabajo objeto del contrato de representaci贸n venza o hasta que el jugador firme un nuevo contrato de trabajo sin la intervenci贸n del mismo agente de jugadores鈥.

Seguros de cr茅dito, seguros de cauci贸n. Apunte

Seguros de Cauci贸n.-

Rasgos destacados:

  • 麓Exist铆an en la pr谩ctica anterior. Se tipifica en 1980 con el聽Art 68 LCS:聽Por el seguro de cauci贸n el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a t铆tulo de resarcimiento o penalidad los da帽os patrimoniales sufridos dentro de los l铆mites establecidos en la Ley o en el contrato. An谩di茅ndose:聽麓Todo pago hecho por el asegurador deber谩 serle reembolsado por el tomador del seguro.
  • Junto a integrase en articulado y secci贸n independiente en LCS, es adem谩s un ramo asegurador independiente (Ramo 15, actual Anexo LOSSEAR)
  • 聽Doctrinalmente, si bien con abundantes debates, suele entenderse como un seguro en inter茅s ajeno; una garant铆a indemnizatoria por incumplimiento de una obligaci贸n previa.
  • Se ha destacado su similitud con el contrato de 鈥渇ianza鈥 (1822.1 cci) , en especial en cuanto a sus funciones.
  • Ejemplos en la contrataci贸n de seguros de cauci贸n: cauciones a favor de los Organismos P煤blicos para licitar y ejecutar obras p煤blicas; cauci贸n de cantidades anticipadas por los particulares para la construcci贸n de viviendas, (aseguradora devolver谩 las cantidades si la obra no se inicia o la vivienda no se entrega en los plazos convenidos).
  • En principio el S Cauci贸n no cubrir铆a el riesgo propio del tomador, por el incumplimiento de un acreedor de 茅ste, (pues estar铆amos ante un seguro en propio inter茅s del tomador y no por inter茅s de tercero). No obstante, en la pr谩ctica aseguradora si se encuentran ese tipo de coberturas en 芦llamadas p贸lizas de cauci贸n禄, 聽en base al principio de autonom铆a de la voluntad (y siguiendo el modelo alem谩n introducido entre nosotros por el Prof Garrigues que tiende a incluir la cauci贸n como subtipo de los S cr茅dito)
  • Bibliograf铆a de inter茅s. BARRES BELLOCH, P,聽R茅gimen jur铆dico del Seguro de Cauci贸n,聽Aranzadi, 1996

Seguros de Cr茅dito.-

Rasgos destacados

  • 麓Tiene por objeto garantizar a una persona el pago de los cr茅ditos que tenga a su favor cuando se produzca la insolvencia de sus deudores禄 Es un seguro en inter茅s propio del tomador (o del asegurado).
  • El Art 69 LCS establece que por el seguro de cr茅dito el asegurador se obliga, dentro de los l铆mites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado las p茅rdidas finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores.聽Clarifica el Art 70 las circunstancias en las que se reputa que la insolvencia es definitiva
  • Seg煤n el Art 71 LCS 聽la indemnizaci贸n vendr谩 determinada por un porcentaje establecido en el contrato, de la p茅rdida final que resulte de a帽adir al cr茅dito impagado los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos procesales y cualesquiera otros expresamente pactados.聽Dicho porcentaje no podr谩 comprender los beneficios del asegurado, ni ser inferior al cincuenta por ciento de la p茅rdida final.
  • 聽Obligaciones. Seg煤n el Art 72 LCS, el asegurado, y en su caso el tomador del seguro, queda obligado: 1. A exhibir, a requerimiento del asegurador, los libros y cualesquiera otros documentos que poseyere relativos al cr茅dito o cr茅ditos asegurados. 2. A prestar la colaboraci贸n necesaria en los procedimientos judiciales encaminados a obtener la soluci贸n de la deuda, cuya direcci贸n ser谩 asumida por el asegurador. 3. A ceder al asegurador, cuando 茅ste lo solicite, el cr茅dito que tenga contra el deudor una vez satisfecha la indemnizaci贸n.
  • Ofrece coberturas adicionales como sistemas de prevenci贸n y evaluaci贸n del riesgo de empresas que componen el聽tejido empresarial. Servicios de informaci贸n y gesti贸n en los procesos vinculados al ciclo de riesgos. Servicio de recobro para aminorar las p茅rdidas derivadas de las declaraciones de insolvencia, etc.聽En la pr谩ctica, la聽empresa asegurada se apoya en la aseguradora de Cr茅dito para realizar todas las gestiones tendentes a la recuperaci贸n de la deuda, soportando 茅sta inicialmente todos los costes derivados de la reclamaci贸n al deudor.

Modalidades

  • Compra venta a cr茅dito
  • Exportaci贸n
  • Exceso de p茅rdidas. Se aseguran las p茅rdidas (superiores a un determinado l铆mite a autoaseguro o franquicia) relativas a ventas u operaciones concertadas durante la vigencia, aunque la insolvencia se produzca con posterioridad
  • Exceso de p茅rdidas por siniestro. Excess loss. El reasegurador asume una 鈥渇ranja del coste del siniestro鈥 . No act煤a proporcionalmente sino por tramos
  • Riesgo pol铆tico (como cobertura accesoria o en otra p贸liza)

Exclusiones habituales (autonom铆a de la voluntad)

  • 麓Riesgos excluidos por causas relativas al comprador
  • 麓Administraciones P煤blicas y sus organismos dependientes.
  • 麓Clientes particulares
  • 麓Clientes no clasificados por la aseguradora
  • 麓Clientes con los que se mantenga un impagado sin regularizar durante m谩s de 120 贸 180 d铆as desde su vencimiento
  • 麓Empresas vinculadas sobre las que se ejerza un control efectivo.
  • 麓Riesgos excluidos por causas relativas a la operaci贸n
  • 麓Operaciones al margen del negocio del asegurado.
  • 麓Operaciones con cobro anticipado o al contrato.
  • 麓Operaciones del importe a la cifra m铆nima de cr茅dito individual. Riesgos excluidos por su naturaleza
  • 麓Intereses y penalizaciones de cualquier clase
  • 麓Riesgos catastr贸ficos o actos de terrorismo.
  • 麓Riesgo de cambio.

Ver tambi茅n:聽Seguros de cr茅dito y seguros de cauci贸n, Prof Jes煤s Alfaro, Almac茅n de Derecho

Contratos con funciones similares

Factoring.– El vendedor, ya sea fabricante, comerciante o prestador de servicios, cede al factor sus derechos sobre ciertos cr茅ditos (cesi贸n de cr茅ditos) generalmente 聽a cambio de que 茅ste le abone su importe anticipadamente a la fecha pactada para el cobro, previa deducci贸n de una comisi贸n anteriormente fijada.

  • Frente al Seguro de 聽Cr茅dito que suele contratarse sobre toda la cartera el factoring funciona habitualmente operaci贸n a operaci贸n

Cr茅dito documentario. documento emitido por una entidad financiera que, a petici贸n de un cliente y de conformidad con sus instrucciones, contrae las obligaciones de efectuar pagos a terceros o a su orden, y a pagar o aceptar letras de cambio libradas por un beneficiario, as铆 como a autorizar a otro banco a realizar esas actividades. Es decir,聽en la relaci贸n comercial entre dos empresas, un tercero, generalmente una entidad financiera, se compromete el pago si se produce la operaci贸n.

Confirming.-una entidad financiera facilita a sus clientes la gesti贸n del pago de sus compras, ofreciendo a los proveedores la posibilidad del cobro de sus facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento. Se desarroll贸 en Espa帽a en la d茅cada de los noventa y se difundi贸 por todo el mundo, principalmente en el sur de Europa y Latinoam茅rica, paralelamente a la expansi贸n internacional de las grandes entidades financieras espa帽olas. Esencialmente, es el reverso del 鈥榝actoring鈥, pues es el cliente final quien lo inicia y no el proveedor, por lo que en ingl茅s a este servicio se le denomina 鈥榬everse factoring鈥).