Acerca de Elena F Pérez Carrillo

Profesora Titular de Derecho Mercantil Coordinadora GID DerMerUle Editora Blog DerMerUle y cuentas asociadas en RRSS Universidad de León

Digitalización societaria en la Unión Europea: certificado de sociedad, poder digital y circulación de información registral (also, lesson2)

La Directiva (UE) 2025/25 ya fue objeto de atención en este blog en la entrada de 11 de marzo de 2026, «La Directiva (UE) 2025/25: la segunda ola de digitalización societaria en la Unión Europea». Retomamos ahora aquella aproximación para desarrollar sus principales instrumentos, precisar su alcance y distinguir las infraestructuras que ya funcionan de las novedades sujetas a transposición y aplicación. Afecta a cuestiones habituales en la actividad empresarial transfronteriza: cómo acreditar que una sociedad está constituida, cómo demostrar las facultades de quien actúa en su nombre, y cómo utilizar en otro Estado miembro información que ya consta en un registro mercantil. Sus respuestas combinan documentos armonizados, intercambio electrónico de datos y controles sobre la fiabilidad de la información.

Compostela

La Directiva (UE) 2025/25, de 19 de diciembre de 2024, publicada en el DO L de 10 de enero de 2025, modifica las Directivas 2009/102/CE y (UE) 2017/1132. Continúa la digitalización impulsada por la Directiva (UE) 2019/1151, con especial atención a la utilización transfronteriza de información societaria y a la reducción de formalidades repetidas.

1. Instrumentos europeos para acreditar la existencia de la sociedad y su representación

1.1. El certificado de sociedad de la Unión Europea

1.1.1. Función y contenido

El nuevo artículo 16 ter de la Directiva (UE) 2017/1132 establece el certificado de sociedad de la Unión Europea. Expedido por los registros nacionales, deberá aceptarse en todos los Estados miembros como prueba suficiente de la constitución de la sociedad y de la información registral comprendida en él, referida al momento de su expedición.

Su contenido reúne datos esenciales para identificar a la entidad y conocer su situación jurídica: denominación, forma jurídica, número de inscripción, Estado miembro de registro, identificador único europeo —EUID—, domicilio, fecha de inscripción y capital suscrito cuando proceda. También comprende información sobre el estado de la sociedad, su duración y su objeto, con las condiciones previstas en el precepto.

Especial relevancia tiene la identificación de las personas autorizadas para representar a la sociedad frente a terceros y en juicio, indicando si pueden actuar individualmente o deben hacerlo conjuntamente. En una operación transfronteriza, conocer la identidad del representante resulta insuficiente si se desconoce cómo debe ejercer sus facultades.

El contenido del certificado se adapta a las particularidades de las sociedades personalistas comprendidas en la reforma.

1.1.2. Formatos, autenticación y gratuidad

El certificado podrá obtenerse en formato electrónico o en papel. La versión electrónica deberá autenticarse mediante los servicios de confianza previstos en el Reglamento eIDAS y ser compatible con la cartera europea de identidad digital. En papel, incorporará medios que permitan comprobar electrónicamente su origen y autenticidad.

La Directiva prevé la gratuidad del certificado electrónico propio, aunque admite una excepción cuando ello cause un perjuicio grave a la financiación de los registros nacionales. En todo caso, cada sociedad podrá obtener gratuitamente su certificado al menos una vez por año natural.

1.1.3. Actualidad de la información acreditada

La fecha de expedición conserva una función decisiva. El certificado acredita información registral en un momento determinado; su utilidad práctica exige valorar la actualidad de esos datos cuando se emplea.

1.2. El poder de representación digital de la Unión Europea

1.2.1. Procedimientos comprendidos y alcance de la autorización

El nuevo artículo 16 quater introduce un modelo común multilingüe de poder de representación digital de la UE. Permitirá que las sociedades autoricen a una persona a representarlas en procedimientos comprendidos en la Directiva que deban realizarse en otro Estado miembro.

Entre los procedimientos expresamente contemplados figuran la constitución de sociedades, el registro o cierre de sucursales y las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. El modelo deberá identificar a la persona autorizada y precisar el alcance y el tipo de representación.

1.2.2. Otorgamiento, modificación y revocación

Su formalización, modificación y revocación seguirán sometidas a los requisitos nacionales. Estos deberán incluir, como mínimo, la comprobación por tribunales, notarios u otras autoridades competentes de la identidad, capacidad jurídica y facultades representativas de quien otorga, modifica o revoca el poder.

El instrumento deberá aceptarse como prueba del derecho de la persona autorizada a representar a la sociedad en los términos que consten en el documento. También se exige su compatibilidad con la cartera europea de identidad digital.

La armonización facilita así la acreditación transfronteriza de la representación, manteniendo los controles nacionales sobre su otorgamiento. Conviene conservar esta delimitación: el precepto regula un instrumento para determinados procedimientos societarios, cuyo alcance debe examinarse atendiendo tanto al documento como al procedimiento en que se utiliza.

2. Circulación transfronteriza y ampliación de la información societaria

2.1. La interconexión registral y el principio de «solo una vez»

2.1.1. BRIS como infraestructura de cooperación

BRIS —Business Registers Interconnection System— es el sistema de interconexión de registros mercantiles, operativo desde junio de 2017. Comunica electrónicamente los registros nacionales y permite acceder a información societaria mediante el Portal Europeo de e-Justicia.

La Directiva de 2025 amplía la información disponible y refuerza su utilización en procedimientos transfronterizos. La conservación de los datos y las funciones registrales siguen correspondiendo a los sistemas nacionales, cuya cooperación se articula mediante la infraestructura europea.

2.1.2. Conexiones con los registros de titularidad real e insolvencia

La reforma prevé conexiones entre BRIS, el sistema de interconexión de registros de titularidad real —BORIS— y el sistema de interconexión de registros de insolvencia —IRI—.

Estas conexiones deberán respetar las normas de acceso aplicables a cada sistema. La posibilidad técnica de relacionar información mantiene, por tanto, las condiciones jurídicas que regulan su consulta.

2.1.3. Obtención de datos en el registro de origen

Una sociedad que constituye otra sociedad o registra una sucursal en un Estado miembro diferente puede verse obligada a aportar documentos sobre su propia existencia, inscripción y representación que ya están depositados en su registro de origen.

La Directiva amplía la aplicación del principio de «solo una vez» para evitar esas aportaciones repetidas. En los supuestos regulados, el registro del Estado de destino deberá obtener los documentos y la información pertinentes mediante el intercambio registral o el acceso directo a las fuentes previstas.

La mejora es especialmente relevante para las pymes, para las que reunir certificaciones y gestionar su presentación en otro Estado puede representar un coste apreciable. Su efectividad dependerá de que los registros puedan localizar, transmitir e interpretar correctamente la información necesaria.

El principio debe entenderse dentro de los procedimientos y datos comprendidos en la regulación. Su formulación no permite afirmar que cualquier información entregada a una administración queda automáticamente disponible para todos los procedimientos posteriores.

2.2. Reducción de formalidades documentales y lingüísticas

2.2.1. Exenciones de legalización y apostilla

El nuevo artículo 16 quinquies establece exenciones de legalización y trámites similares, incluida la apostilla, para los documentos comprendidos en sus previsiones. Entre ellos se encuentran el certificado de sociedad de la UE, el poder digital y determinados documentos utilizados en operaciones transfronterizas.

También se facilita la utilización de copias y extractos registrales y de documentos notariales y administrativos cuando cumplen las condiciones de autenticación exigidas.

2.2.2. Límites a la exigencia de traducciones

En materia lingüística, el artículo 16 octies dispone que los Estados miembros procuren prescindir de traducciones cuando la información necesaria pueda consultarse en el certificado europeo o identificarse mediante las etiquetas explicativas de BRIS.

La traducción jurada de los documentos contemplados únicamente podrá exigirse cuando esté justificada por su finalidad y resulte estrictamente necesaria.

2.2.3. Comprobación de autenticidad y prevención del fraude

La reducción de formalidades se acompaña de procedimientos de comprobación. Ante dudas razonables sobre el origen o la autenticidad de determinados documentos, las autoridades podrán solicitar información a los puntos de contacto previstos. Se mantienen también garantías específicas frente al abuso y el fraude.

2.3. Ampliación de la publicidad societaria

2.3.1. Sociedades personalistas

La reforma introduce requisitos comunes de publicidad para las sociedades personalistas enumeradas en el nuevo anexo II ter, adaptados a sus características. La información comprende aspectos relevantes para terceros, como la representación y determinados datos sobre los socios.

2.3.2. Matrices, filiales y grupos de sociedades

Para los grupos, el nuevo artículo 19 ter prevé información accesible gratuitamente mediante BRIS sobre matrices y filiales. Su ámbito se vincula a los grupos respecto de los cuales las sociedades matrices comprendidas en el precepto están obligadas a elaborar y publicar estados financieros consolidados.

La medida facilita localizar relaciones societarias que actualmente pueden requerir la consulta e interpretación de documentación contable. Los Estados miembros podrán disponer que la información incluya la parte del capital poseída entre la matriz última y cada filial.

2.3.3. Promedio anual de trabajadores

La Directiva contempla asimismo el acceso al promedio anual de trabajadores cuando concurran las condiciones legales y técnicas previstas. La disponibilidad de este dato queda vinculada a su inclusión en los estados financieros conforme al derecho nacional y a la posibilidad de extraerlo en forma de datos.

3. Garantías de fiabilidad y calendario de aplicación

3.1. Control preventivo y actualización registral

3.1.1. Control de legalidad de los documentos societarios

La circulación transfronteriza de datos exige que la información de origen sea fiable. El artículo 10 reformado establece un control preventivo administrativo, judicial o notarial, o una combinación de ellos, sobre la escritura de constitución, los estatutos y sus modificaciones.

Comprende controles formales y sustantivos y se aplica tanto a procedimientos íntegramente en línea como a los demás.

3.1.2. Comunicación, inscripción y publicación de los cambios

La actualización constituye la segunda garantía. Como regla general, con las excepciones previstas, los cambios deberán presentarse al registro en un plazo máximo de quince días hábiles.

Su inscripción y publicación deberán efectuarse en diez días hábiles desde la finalización de los trámites exigidos, con la posibilidad de ampliación en las circunstancias excepcionales contempladas.

Estos plazos deben leerse conjuntamente con sus reglas de cómputo y excepciones. En particular, el plazo registral de diez días comienza una vez concluidos los trámites necesarios.

3.2. Entrada en vigor, transposición y aplicación

3.2.1. Calendario general y disposiciones específicas

El artículo 4 establece un calendario escalonado:

Disposiciones Fecha límite de transposición Inicio de aplicación
Régimen general 31 de julio de 2027 31 de julio de 2028
Información sobre grupos y promedio de trabajadores: artículos 19 ter y 19.2.i) de la Directiva (UE) 2017/1132 1 de agosto de 2028 1 de agosto de 2029

La Directiva está en vigor desde el 30 de enero de 2025, pero esa entrada en vigor debe distinguirse de la aplicación de sus medidas nacionales de transposición.

3.2.2. Situación durante el curso 2026-2027

Durante el curso 2026-2027, BRIS constituye una infraestructura ya operativa, mientras que los nuevos instrumentos y obligaciones deben situarse en su correspondiente calendario.

Como adelantábamos en la entrada anterior de DerMerUle, esta fase de digitalización afecta a la forma de acreditar y utilizar la información societaria en el mercado interior. Su resultado dependerá de que la reducción de trámites vaya acompañada de datos actualizados, representación comprobable y cooperación efectiva entre registros.

Mercado único y crecimiento empresarial: del informe de competitividad de 2025 al balance de 2026  

Las barreras internas vuelven a ocupar un lugar central en el Informe anual sobre el mercado único y la competitividad de 2026, presentado por la Comisión Europea mediante la Comunicación COM(2026) 46 final, de 30 de enero. Su lectura, junto con el informe de 2025, permite apreciar la continuidad del diagnóstico y el creciente énfasis en la aplicación efectiva de las normas de derecho positivo. Ambos documentos interesan al derecho mercantil porque examinan las condiciones que permiten a las empresas establecerse, financiarse y desarrollar su actividad en distintos Estados miembros. Son comunicaciones de análisis y orientación política: sus prioridades deben distinguirse de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable.

Del diagnóstico de ralentización en 2025 al estancamiento verificado en 2026

 

  • El Informe anual sobre el mercado único y la competitividad de 2025 —COM(2025) 26 final, de 29 de enero— ya advertía de la ralentización de la integración y de las dificultades que las cargas administrativas ocasionaban a las empresas, especialmente a las pymes. Su análisis, basado en 22 indicadores, señalaba obstáculos en los servicios y divergencias societarias que dificultaban la creación de empresas y el registro de filiales en otros Estados miembros.
  • El Informe anual sobre el mercado único y la competitividad de 2026 —COM(2026) 46 final, de 30 de enero— amplía de 22 a 29 los indicadores de seguimiento. El balance es desigual: seis mejoran claramente, seis empeoran y quince permanecen prácticamente estables; en otros dos todavía no existe una segunda observación que permita valorar la tendencia. La Comisión considera que la integración del mercado único se ha estancado y que los avances en la eliminación de barreras siguen siendo limitados. La estabilidad de numerosos indicadores debe interpretarse atendiendo al nivel del que parten: mantener una situación insuficiente también supone prolongar las dificultades que encuentran las empresas.

Los indicadores que maneja la Comisión abarcan cuatro ámbitos.

  • El primero, relativo al funcionamiento del mercado único, comprende la productividad laboral (1), la integración del mercado único (2), la simplificación de las normas de la UE (3), el déficit de conformidad en la transposición (4), la facilidad de cumplimiento regulatorio (5), el reconocimiento de cualificaciones profesionales (6), la duración de la elaboración de normas técnicas (7), la tasa de uso circular de materiales (8), la vigilancia del cumplimiento de los productos (9), las restricciones al comercio de servicios (10) y la digitalización de los procedimientos del mercado único (11).
  • El segundo ámbito, dedicado a la innovación y las capacidades, incluye el gasto en investigación y desarrollo (12), las solicitudes de patentes (13), la adopción empresarial de tecnologías digitales (14), la tasa de empleo (15), la escasez de trabajadores en ocupaciones vinculadas a la transición ecológica (16) y los resultados educativos PISA (17).
  • El tercero, sobre descarbonización industrial e inversión, reúne la inversión privada (18), la inversión pública (19), la inversión de capital riesgo (20), las inversiones de InvestEU para la transición industrial (21), los precios eléctricos para consumidores no domésticos (22), la electrificación (23), la cuota de energías renovables (24) y el incremento anual de capacidad de generación eléctrica renovable (25).
  • El cuarto, referido a la seguridad económica y las dependencias exteriores, examina el comercio extracomunitario respecto del PIB (26), la cuota exportadora en las importaciones mundiales (27), la capacidad interna de fabricación de tecnologías limpias (28) y el índice de vulnerabilidad exterior EXVI (29).

 Las seis mejoras identificadas de 2026 corresponden al reconocimiento de cualificaciones profesionales, la vigilancia del cumplimiento de los productos, la adopción empresarial de tecnologías digitales, las inversiones de InvestEU para la transición industrial, la participación de las renovables en el consumo energético y el incremento anual de capacidad de generación eléctrica renovable.

Los seis retrocesos afectan a la integración del mercado único, el déficit de conformidad en la transposición, la duración de la elaboración de normas técnicas, la escasez de trabajadores para la transición ecológica, los resultados PISA y la inversión privada.

Esta distribución permite apreciar las tensiones que atraviesan el crecimiento empresarial europeo. La adopción de tecnologías digitales puede avanzar mientras persisten obstáculos para operar en otros Estados; la expansión de las energías renovables puede encontrar dificultades por falta de personal cualificado; y la movilización de financiación mediante instrumentos europeos puede coexistir con un retroceso de la inversión privada.

Desde el análisis mercantil, interesa examinar esas relaciones y determinar en qué medida los obstáculos de un ámbito reducen los beneficios de los progresos alcanzados en otro.  También exige precisión la valoración de la simplificación.

El Informe anual sobre el mercado único y la competitividad de 2025 —COM(2025) 26 final, de 29 de enero— ya advertía de la ralentización de la integración, las cargas administrativas y la fragmentación de los servicios. También señalaba las dificultades derivadas de las divergencias societarias al constituir empresas o registrar filiales en otros Estados miembros. El problema del establecimiento transfronterizo estaba, por tanto, identificado antes del balance de 2026, aunque, la comparación con el nuevo informe  requiere atender a las definiciones, los períodos y las fuentes de cada indicador.

El año de publicación del informe no coincide necesariamente con el de los datos utilizados, y la modificación del conjunto de indicadores impide tratar el recuento de mejoras y retrocesos como una medida plenamente homogénea entre ediciones. La continuidad más significativa se encuentra en los problemas señalados: las dificultades para operar más allá del mercado nacional siguen condicionando el aprovechamiento de la dimensión europea.

Desde una perspectiva mercantil, esta persistencia permite concretar los efectos de la fragmentación jurídica. Antes de entrar en otro mercado, una empresa debe identificar las reglas aplicables, valorar si necesita una presencia estable, organizar sus relaciones contractuales y calcular los costes de cumplimiento. Parte de esos gastos se soporta antes de obtener ingresos y puede repetirse con cada nuevo destino. Su incidencia será especialmente intensa cuando el volumen de negocio previsto sea reducido o incierto. Una oportunidad comercial puede quedar descartada si los costes iniciales y la incertidumbre absorben la rentabilidad esperada.

Las consecuencias alcanzan a la propia organización societaria. La elección entre actuar desde el Estado de origen, abrir una sucursal, constituir una filial o recurrir a un distribuidor depende también de los requisitos y costes de cada alternativa. La fragmentación influye así en la decisión de expandirse y en la estructura jurídica elegida para hacerlo. El estudio del crecimiento empresarial exige considerar conjuntamente las reglas societarias, las condiciones de contratación y los procedimientos administrativos que acompañan al acceso a otros mercados.

La lectura de ambos informes ofrece, por ello, un criterio para valorar las reformas: comprobar si permiten que las empresas desarrollen su actividad transfronteriza con mayor previsibilidad y menores duplicidades. Para hacerlo habrá que identificar qué costes dificultan la entrada, cuáles responden a garantías necesarias y qué divergencias carecen de justificación suficiente. También convendrá examinar si la digitalización permite completar los procedimientos desde otro Estado miembro o si mantiene dificultades que obligan a recurrir a trámites adicionales. En esas condiciones concretas de establecimiento y funcionamiento se juega una parte relevante de la integración del mercado interior.

De la Estrategia de 2025 a las prioridades de aplicación de 2026

Arija

Arija

El informe anual de 2025, la Estrategia del Mercado Único de mayo de ese año y el informe de 2026 forman una secuencia: diagnóstico de las dificultades, identificación de las barreras prioritarias y definición de actuaciones para corregirlas. En ese recorrido, la Estrategia de 21 de mayo de 2025 —COM(2025) 500 final— identificó diez grandes obstáculos bajo la expresión Terrible Ten, mientras que el informe de 2026 incorpora la primera Agenda anual de aplicación de las normas del mercado único.

Las diez barreras comprenden problemas de distinta naturaleza. Algunas proceden de la complejidad normativa; otras, de divergencias administrativas, controles insuficientes o prácticas comerciales que fragmentan los mercados. Su identificación permite ordenar las actuaciones, aunque la respuesta jurídica requiere examinar cada obstáculo y las competencias para corregirlo.

  • La primera es la complejidad excesiva de las normas de la Unión. La acumulación de obligaciones puede generar duplicidades documentales y dificultades para coordinar su cumplimiento. La revisión debe identificar qué información se solicita reiteradamente y qué trámites pueden simplificarse, atendiendo a la función de información, protección o control que cumple cada exigencia.
  • La segunda es la insuficiente asunción de responsabilidad por los Estados miembros en el funcionamiento del mercado único. La integración requiere que las decisiones nacionales y su ejecución administrativa respeten las reglas comunes. La Estrategia propone reforzar la coordinación mediante representantes de alto nivel y el Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único, conocido como SMET. Su utilidad debe apreciarse en la prevención y eliminación de obstáculos concretos.
  • La tercera comprende las dificultades para establecer y desarrollar empresas en otros Estados miembros. Una presencia permanente exige conocer el Derecho nacional, elegir la estructura jurídica y cumplir sus requisitos organizativos y administrativos. Para una pyme, los costes de asesoramiento y adaptación pueden repetirse con cada nuevo mercado. Por ello, la simplificación de la constitución debe examinarse junto con las condiciones posteriores de funcionamiento y expansión.
  • La cuarta se refiere a los obstáculos al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Los procedimientos prolongados o complejos pueden impedir que una empresa disponga a tiempo de los profesionales necesarios para prestar un servicio en otro Estado. Esta barrera conecta la movilidad profesional con la capacidad empresarial para aceptar encargos y ejecutar contratos.
  • La quinta identifica los retrasos en la elaboración de normas técnicas. La disponibilidad tardía de estas normas dificulta la planificación de la comercialización y puede incrementar la incertidumbre y los costes de acreditación de la conformidad. Su incidencia resulta especialmente relevante para las empresas que introducen productos innovadores.
  • La sexta es la fragmentación de las reglas sobre envases, etiquetado y residuos. Abarca divergencias en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y en los criterios que determinan cuándo un material deja de ser residuo. La Estrategia ilustra la carga administrativa con una empresa de equipos de iluminación que, para vender en tres grandes Estados miembros, debe obtener dieciséis registros y relacionarse con diez autoridades por sus obligaciones sobre envases, aparatos eléctricos y electrónicos y baterías.
  • Las consecuencias alcanzan a los contratos de suministro: quién tramita los registros, quién aporta la información y quién soporta las tasas. En los materiales recuperados, las diferencias de clasificación jurídica también pueden afectar al transporte, la entrega y los costes de la operación. Reducir esa incertidumbre facilita la organización de actividades circulares.
  • La séptima combina la necesidad de actualizar las reglas armonizadas sobre productos con las deficiencias en su cumplimiento. La vigilancia insuficiente permite que productos que incumplen las exigencias aplicables accedan al mercado, con riesgos para sus destinatarios y perjuicios para las empresas que asumen los costes de cumplirlas. La aplicación efectiva de las normas contribuye, por tanto, a mantener condiciones equitativas de competencia.
  • La octava es la regulación nacional restrictiva y divergente de los servicios. Las diferencias entre requisitos y procedimientos pueden dificultar que un prestador desarrolle su actividad en otros Estados. El examen jurídico debe atender a la justificación y proporcionalidad de las exigencias, así como a las posibilidades de reconocimiento y cooperación administrativa.
  • La novena comprende los procedimientos gravosos para el desplazamiento temporal de trabajadores. Una empresa que instala o mantiene equipos en otro Estado puede necesitar trasladar durante unos días a su personal técnico. La diversidad de declaraciones y trámites nacionales complica esa prestación. SMET trabaja en buenas prácticas para reducir cargas administrativas manteniendo la protección de los trabajadores.
  • La décima son las restricciones territoriales de suministro. Determinadas prácticas de fabricantes dificultan que minoristas o mayoristas compren mercancías en un Estado miembro para revenderlas en otro. Pueden limitar la elección y contribuir a diferencias de precios entre mercados nacionales. Su tratamiento exige distinguir los supuestos comprendidos en el Derecho de la competencia de otras prácticas que quedan fuera de su ámbito y para las que la Comisión plantea instrumentos adicionales.

La Agenda de 2026: morosidad y servicios para la transición ecológica

En 2026 se concretan dos prioridades para investigaciones horizontales y actuaciones específicas de aplicación: la morosidad en las relaciones entre empresas y autoridades públicas y los obstáculos a los servicios de construcción e instalación vinculados a la transición ecológica. Prevé diálogo con los Estados miembros y, cuando sea necesario, procedimientos de infracción, además de información pública sobre los objetivos y resultados de las actuaciones.

  • La prioridad sobre la morosidad afecta directamente a la liquidez empresarial. El retraso de un pago puede obligar al proveedor a financiar durante más tiempo los costes de una prestación ya realizada y reducir su capacidad para asumir nuevos contratos. La efectividad de las reglas de pago influye así en las posibilidades de acceso y permanencia en el mercado.
  • La segunda prioridad concentra la atención en servicios necesarios para ejecutar inversiones ambientales. La adquisición de una tecnología puede requerir instalación, mantenimiento o adaptación de edificios. Las barreras a esas prestaciones pueden retrasar el proyecto completo. La actuación deberá identificar las exigencias necesarias para garantizar la seguridad y la cualificación profesional y corregir duplicidades o restricciones injustificadas.

La financiación como condición del crecimiento

A las barreras anteriores se añaden las limitaciones financieras señaladas por el informe de 2026. La inversión privada descendió del 18,6 % del PIB en 2023 al 17,6 % en 2024; la inversión de capital riesgo se mantuvo en el 0,06 % del PIB, aproximadamente una décima parte del nivel estadounidense; y el gasto público y privado en investigación y desarrollo alcanzó el 2,24 % del PIB en 2024, por debajo del objetivo europeo del 3 %. Estas cifras corresponden a los períodos indicados, anteriores a la publicación del informe.

Desde una perspectiva mercantil, interesa relacionar estas limitaciones con los instrumentos jurídicos de financiación. Una empresa innovadora necesita cubrir el período entre la investigación, la comercialización y la obtención de ingresos. En ese recorrido importan la entrada de inversores, las ampliaciones de capital, los pactos entre socios y las posibilidades de desinversión.

La evaluación de las reformas puede apoyarse, por tanto, en resultados concretos: reducción del tiempo y coste de establecerse en otro Estado, eliminación de trámites reiterados, cobro puntual de prestaciones, acceso a financiación y mayor previsibilidad en la circulación de productos y materiales. Esos resultados permitirán valorar si las iniciativas europeas mejoran las condiciones efectivas de crecimiento empresarial.

 

Documentos de referencia

Comentarios y reacciones para ampliar la lectura

  •  SMEunited: la perspectiva de las pymes. En su comentario de 3 de febrero de 2026, Single Market 2026 report: SMEs deplore a Single Market at a standstill, la organización insiste en la necesidad de medidas concretas y vincula la fragmentación con la complejidad de los procedimientos que afrontan las pymes al operar en otros Estados. Es una reacción de representación empresarial, útil para contrastar el diagnóstico institucional con las preocupaciones de sus destinatarios.
  • La pregunta escrita E-000919/2026, presentada por Dan-Ştefan Motreanu el 4 de marzo de 2026, en el Parlamento europeo  plantea qué nuevas medidas prevé adoptar la Comisión para acelerar la integración y conseguir mejoras tangibles de competitividad de aquí a 2027. Su interés reside en trasladar el diagnóstico del informe al control político de la actuación de la Comisión; debe citarse como pregunta parlamentaria, sin atribuirle el valor de una posición del Parlamento en su conjunto.

 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. Delaware Court of Chancery en ATG Capital Opportunities Fund LP v. Lane: Actas del consejo de administración y transcripciones mediante inteligencia artificial: deberes fiduciarios, prueba de las deliberaciones y control judicial de las decisiones societarias

Actas del consejo de administración y transcripciones mediante inteligencia artificial: deberes fiduciarios, prueba de las deliberaciones y control judicial de las decisiones societarias

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial a las reuniones de los órganos de administración plantea cuestiones jurídicas que van más allá de la eficiencia en la elaboración de actas y en la gestión de la documentación societaria. La posibilidad de grabar, transcribir y resumir automáticamente las deliberaciones permite conservar información que tradicionalmente no quedaba reflejada en los documentos oficiales del órgano. Al mismo tiempo, introduce nuevos problemas relacionados con la adopción de decisiones, las motivaciones de los administradores, la confidencialidad de las deliberaciones y el control judicial .

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La sentencia de 28 de agosto de 2026, de  la Delaware Court of Chancery en el asunto ATG Capital Opportunities Fund LP v. Lane constituye una manifestación especialmente interesante de este tema.(texto completo aquí)  En el marco de un litigio relativo a la exclusión de candidaturas al consejo de administración de una sociedad cotizada, el tribunal examinó tanto las actas oficiales de las reuniones como las transcripciones obtenidas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La comparación entre ambos documentos evidenció diferencias. Mientras las actas reflejaban los acuerdos y las razones formalmente expresadas para justificarlos, las transcripciones recogían intervenciones de los participantes que aportaban información adicional sobre las deliberaciones y sus posibles motivaciones. La importancia de la resolución no reside en mostrar cómo estos registros pueden incorporarse al material probatorio de un litigio societario y contribuir al examen de la conducta de los administradores.

Además, permite profundizar en la cuestión de los límites de las facultades del consejo cuando su ejercicio puede afectar a la posibilidad de sustituir a sus integrantes (su propio relevo).

Exclusión de candidaturas y el control del consejo de administración

El conflicto surgió en el contexto de una controversia sobre la composición del consejo de administración de Empery Digital Inc., sociedad cotizada cuya estrategia empresarial incluía la tenencia de reservas de bitcoin. Un inversor, ATG Capital Opportunities Fund LP, pretendía promover la sustitución de la totalidad de los integrantes del consejo mediante la presentación de una candidatura alternativa.

El consejo rechazó la propuesta al considerar que el inversor no había facilitado determinada información exigible conforme a las disposiciones estatutarias aplicables a la presentación de candidaturas. Entre las manifestaciones de los administradores figuraban las posibles relaciones entre ATG y otro inversor, Tice Brown, así como la existencia de determinadas posiciones financieras relacionadas con bitcoin. El consejo sospechaba que los inversores podían actuar de manera coordinada y promover una modificación sustancial de la estrategia de la sociedad, incluida la eventual liquidación de sus reservas de bitcoin y la distribución del valor resultante entre los accionistas.

El inversor impugnó judicialmente la decisión de excluir sus candidaturas.

La controversia no se limitaba a determinar si se habían cumplido formalmente determinados requisitos de información. También exigía examinar si el consejo había utilizado legítimamente sus facultades para organizar el procedimiento de nominación o si, por el contrario, había recurrido a ellas para impedir que los accionistas pudieran pronunciarse sobre una candidatura alternativa.

Este tipo de conflictos es especialmente relevante en el Derecho societario de Delaware, donde las disposiciones que disciplinan la legítima presentación de candidaturas pueden convertirse en instrumentos defensivos cuando son utilizadas por los administradores en ejercicio para dificultar su sustitución. La cuestión fundamental consiste, por tanto, en distinguir entre el ejercicio legítimo de las facultades de organización societaria y su utilización para preservar la posición de quienes ocupan el órgano de administración.

Las actas societarias y las transcripciones automatizadas como registros diferentes de una misma deliberación

Durante el procedimiento judicial se aportaron dos clases de documentos relativos a las reuniones del consejo: las actas oficiales y las transcripciones generadas mediante inteligencia artificial, cuya diferencia es jurídicamente significativa.

Las actas de un órgano colegiado tienen por finalidad documentar la celebración de la reunión, los asuntos examinados, las discusiones relevantes y los acuerdos adoptados. No constituyen necesariamente una reproducción literal de todas las intervenciones.

La transcripción automatizada responde a una lógica diferente. Pretende reconstruir, con mayor o menor fidelidad, las manifestaciones realizadas durante la reunión. Su contenido puede incluir comentarios preliminares, hipótesis, discrepancias, observaciones informales y expresiones que no necesariamente representan la posición finalmente asumida por el órgano.

En el litigio examinado, esta diferencia adquirió una relevancia particular.

  • La sentencia identifica una transcripción automatizada correspondiente a la reunión de 2 de febrero de 2026, incorporada al procedimiento como prueba JX 203. Durante aquella reunión, el consejo aprobó un plan defensivo de derechos de los accionistas (rights plan) que se activaría al alcanzarse un determinado umbral de participación.
  • El acta oficial presentaba la medida como una actuación destinada a proteger a los accionistas mientras la sociedad continuaba desarrollando su estrategia empresarial. Sin embargo, la transcripción recogía manifestaciones del presidente, Ryan Lane, que vinculaban la medida con la reducción de los incentivos económicos del inversor activista para promover una candidatura alternativa y con la permanencia del consejo.

La diferencia no era meramente terminológica. La protección de los accionistas puede constituir una justificación legítima para determinadas actuaciones del órgano de administración. La preservación de los cargos de sus propios integrantes plantea, en cambio, un problema relacionado con la utilización de facultades societarias en beneficio de quienes las ejercen.

  • La sentencia también menciona una segunda transcripción automatizada, identificada como prueba JX 495, correspondiente a la reunión de 26 de marzo de 2026, relativa al rechazo de las candidaturas. Según el registro, durante esa reunión se reconoció que ninguna de las deficiencias identificadas en la documentación presentada resultaba necesariamente decisiva por sí sola, aunque se valoraban conjuntamente como expresión de una presentación insatisfactoria. La importancia de esta segunda transcripción es diferente de la primera. No se refiere a la adopción del plan defensivo de derechos, sino al proceso de formación de la decisión de excluir las candidaturas.

Ambos registros permitieron reconstruir aspectos de las deliberaciones que no aparecían reflejados con el mismo detalle en las actas. Ahora bien, una manifestación individual no equivale necesariamente a la voluntad colectiva del consejo. Tampoco permite concluir, por sí sola, que todos sus integrantes compartieran una finalidad de conservación del cargo.

Precisamente por ello, el valor de la transcripción debe situarse en su contexto. Puede aportar indicios relevantes sobre las motivaciones de una decisión, pero su interpretación exige considerar el conjunto de las deliberaciones, las circunstancias del acuerdo y las restantes pruebas disponibles.

La sentencia muestra así la coexistencia de dos registros documentales con funciones diferentes: uno destinado a formalizar la actuación del órgano y otro susceptible de reconstruir las manifestaciones que precedieron a la decisión.

 

El doble control de las decisiones del consejo

Este asunto combina dos técnicas de control de las decisiones societarias que, aunque relacionadas, cumplen funciones diferentes.

  • La primera consiste en comprobar la conformidad de la actuación del consejo con las reglas estatutarias que regulan la presentación de candidaturas.
  • La segunda examina si el ejercicio de las facultades societarias, aun cuando pudiera encontrar cobertura formal en esas reglas, resulta compatible con los deberes fiduciarios de los administradores y con los derechos de los accionistas.

Este doble examen responde al principio, consolidado en la jurisprudencia de Delaware, conforme al cual las actuaciones societarias deben superar tanto un control de legalidad como un control de equidad (twice-tested framework).

El escrutinio reforzado de las medidas defensivas y los límites de las facultades de los administradores

El segundo nivel de control se desarrolla mediante el estándar de enhanced scrutiny, aplicable a determinadas actuaciones defensivas que interfieren en las elecciones societarias o en los derechos de voto de los accionistas. La sentencia se apoya en la jurisprudencia de Coster v. UIP Companies, Inc., 300 A.3d 656 (Del. 2023), y en la doctrina de Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), adaptada a las circunstancias de las controversias electorales. El examen exige que el consejo justifique, en primer término, la existencia de una amenaza real, y no meramente aparente o pretextual, para un interés societario importante o para la obtención de un beneficio corporativo significativo. También exige que sus motivaciones sean legítimas.

Se debe demostrar que la respuesta adoptada guarda una relación razonable con la amenaza identificada y que no produce efectos excluyentes o coercitivos sobre el ejercicio de los derechos de los accionistas. La aplicación de este estándar permite apreciar una diferencia esencial entre considerar perjudicial la estrategia de un inversor activista y estar jurídicamente facultado para impedir que sus candidatos concurran a la elección.

El consejo de Empery Digital temía que los inversores promovieran una modificación radical de la estrategia empresarial, consistente en liquidar las reservas de bitcoin y distribuir el valor resultante entre los accionistas.

El tribunal no negó que esa posibilidad pudiera ser objeto de decisiones de los administradores. Sin embargo, distinguió la valoración empresarial de la estrategia alternativa de la facultad de impedir que los accionistas se pronunciaran sobre ella.

La decisión sobre quién debe integrar el consejo corresponde, en principio, a los accionistas. Los administradores pueden explicar los riesgos que atribuyen a una candidatura, defender la continuidad de su estrategia y recomendar el voto contrario a los candidatos alternativos. Lo que no pueden hacer es sustituir la decisión de los accionistas por su propia valoración de la conveniencia de la candidatura, sin fundamento jurídico suficiente.

La exclusión completa de los candidatos resultaba, además, una respuesta particularmente intensa, porque impedía a los accionistas elegir entre propuestas alternativas. Por ello, el tribunal consideró que la actuación del consejo no superaba el control reforzado y constituía una infracción de sus deberes fiduciarios. La importancia de este razonamiento reside en que la revisión judicial no se limita a comprobar la existencia de una amenaza empresarial o la sinceridad de las preocupaciones de los administradores. También examina la legitimidad de la finalidad perseguida y la proporcionalidad de la respuesta adoptada. En ese examen, la información relativa a las deliberaciones del consejo puede resultar especialmente relevante.

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EU Inc.: la Comisión advierte contra la fragmentación del nuevo régimen societario europeo

La propuesta de creación de un régimen societario europeo opcional, conocido como EU Inc. o 28.º régimen, atraviesa una fase decisiva de negociación.

La Comisión Europea ha advertido del riesgo de que el proyecto pierda su principal razón de ser si termina convertido en una nueva figura societaria sometida a veintisiete configuraciones nacionales diferentes. Así lo indicó la presidenta Ursula von der Leyen, durante su intervención ante el Parlamento Europeo el 6 de octubre de 2026, en el debate preparatorio del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre. No supone una modificación de la propuesta legislativa presentada en marzo, pero deja clara la posición de la Comisión frente a las posibles modificaciones de su contenido.

Las conclusiones del Consejo Europeo, adoptadas los días 15 y 16 de octubre, confirman la importancia política de la iniciativa. Los jefes de Estado y de Gobierno han incluido el 28.º régimen societario entre los expedientes prioritarios para avanzar en la integración del mercado interior y han instado a continuar las negociaciones.

La advertencia de la Comisión: evitar veintisiete versiones de EU Inc.

La Comisión presentó el 18 de marzo de 2026 la propuesta de Reglamento COM(2026) 321 final, destinada a establecer un marco jurídico societario común para el denominado 28.º régimen. Esta iniciativa se acompaña de la Comunicación COM(2026) 320 final, que la sitúa dentro de una estrategia más amplia de competitividad e integración empresarial europea.

Como explicábamos en nuestra entrada anterior, «EU inc, ¿una nueva forma de organización jurídica de las empresas europeas?», publicada en DerMerUle el 8 de abril de 2026, la iniciativa pretende facilitar la constitución, financiación y desarrollo de empresas en el mercado interior mediante una forma societaria opcional, que coexistiría con las figuras nacionales.

La propuesta contempla procedimientos de constitución íntegramente digitales, simplificación de operaciones societarias, transmisión de participaciones por medios electrónicos y mecanismos para facilitar la financiación. La Comisión plantea, entre otras medidas, que la constitución pueda realizarse en un plazo máximo de 48 horas y con un coste administrativo que no supere los 100 euros. Sin embargo, la discusión actual va bastante más allá de la reducción de los costes y plazos de constitución.

En su intervención del 6 de octubre, Von der Leyen se opuso expresamente a la posibilidad de transformar el futuro régimen en una directiva. A su juicio, intentar resolver la fragmentación existente mediante un instrumento que diera lugar a veintisiete versiones nacionales de una misma solución equivaldría a regresar al punto de partida. Defendió un régimen opcional para los empresarios, pero obligatorio para quienes lo aplican desde los Estados miembros. Con esta expresión quiso destacar que la libertad de los fundadores para elegir EU Inc. debe ir acompañada de unas reglas comunes, que no puedan ser reconstruidas de forma sustancialmente diferente en cada ordenamiento nacional.

Su advertencia fue especialmente contundente al señalar que, si la propuesta terminara desprovista de sus elementos esenciales, sería preferible retirarla antes que aprobar una figura europea meramente nominal.

Conviene precisar el alcance de estas declaraciones. No se ha aprobado la transformación del proyecto en una directiva ni se ha producido la retirada de la propuesta. La intervención expresa la posición política de la Comisión durante las negociaciones y su preocupación por el resultado final.

Reglamento, uniformidad societaria y garantías

La discusión sobre el instrumento legislativo elegido tiene consecuencias jurídicas importantes. Conforme al artículo 288 TFUE, el reglamento es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros, mientras que la directiva obliga respecto del resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios.

Esta diferencia explica la preferencia de la Comisión por el reglamento. Ahora bien, tampoco debe darse por supuesto que la aprobación de un reglamento eliminaría todas las diferencias. El grado real de uniformidad dependerá de su contenido, de las materias reguladas directamente, de las remisiones al Derecho nacional y de las opciones que puedan conservar los Estados miembros.

La experiencia de las formas societarias europeas ya existentes demuestra la importancia de estas cuestiones. Una denominación común no garantiza, por sí sola, que las sociedades estén sometidas a condiciones equivalentes de organización y funcionamiento.

Para EU Inc. resulta especialmente importante que la uniformidad no se limite a la constitución. Las diferencias pueden tener consecuencias durante toda la vida de la sociedad: en las relaciones entre socios, el funcionamiento de sus órganos, la financiación, las operaciones sobre el capital o la transmisión de participaciones.

Desde la perspectiva española, el futuro régimen plantea además problemas de coordinación con la Ley de Sociedades de Capital, la legislación registral y los mecanismos de control de legalidad y publicidad societaria.

La simplificación de los procedimientos no debería confundirse con la desaparición de las garantías. Será necesario determinar qué controles pueden sustituirse por procedimientos digitales equivalentes, cuáles pueden armonizarse y qué funciones deben seguir desempeñando las autoridades nacionales.

Las exigencias de identificación, la prevención del fraude, la protección de socios y acreedores y la seguridad de las operaciones societarias siguen siendo relevantes en un régimen concebido para facilitar la actividad transfronteriza.

Estas preocupaciones ya habían aparecido en el debate celebrado en el Consejo de Competitividad el 28 de mayo de 2026. Los Estados miembros acogieron favorablemente los objetivos de simplificación y digitalización, aunque varias delegaciones insistieron en la necesidad de preservar garantías frente al fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, así como de respetar determinadas competencias y normas nacionales.

La dificultad consiste en encontrar una solución que evite duplicidades innecesarias sin debilitar la seguridad jurídica. Para ello será preciso valorar la función de cada exigencia y establecer, cuando proceda, instrumentos equivalentes dentro del marco común.

El Consejo Europeo de octubre y el futuro de EU Inc.

Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2026 han vuelto a situar EU Inc. entre los proyectos prioritarios de la Unión. Dentro de la agenda «Una Europa, un mercado», el Consejo Europeo subraya la importancia de avanzar en las negociaciones del 28.º régimen societario, junto con otras iniciativas destinadas a fortalecer la competitividad y reducir la fragmentación del mercado interior.

Este pronunciamiento confirma el respaldo político a la continuación de los trabajos, pero no supone la aprobación del Reglamento ni resuelve las discrepancias sobre su contenido.

El expediente legislativo 2026/0074(COD) continúa tramitándose mediante el procedimiento legislativo ordinario. La discusión abierta permite, no obstante, identificar uno de los principales problemas que deberán resolverse: hasta dónde puede admitirse la diversidad nacional sin frustrar la finalidad de crear una forma societaria europea verdaderamente reconocible.

Es razonable que los Estados miembros quieran preservar determinadas competencias, controles y garantías. También lo es que la Comisión insista en evitar que esas reservas reproduzcan los obstáculos que la iniciativa pretende superar.

El resultado dependerá del equilibrio que alcance el legislador europeo. La utilidad de EU Inc. no puede medirse exclusivamente por la rapidez de su constitución o por el ahorro inicial de costes. Una forma societaria destinada a facilitar el crecimiento empresarial y la inversión transfronteriza necesita ofrecer reglas suficientemente previsibles sobre su organización, funcionamiento, financiación y relaciones con terceros. El riesgo que ha señalado la Comisión es que el acuerdo político termine conservando el nombre de EU Inc., pero no las ventajas que justificarían su creación.

Fuentes y documentos de consulta

 

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO. A propósito del artículo de Ethan KLINGSBERG, «Agentic AI and the Duty of Care: What the METR Report Means and Does Not Mean for the Boardroom» (2026).

Los consejos de administración llevan décadas trabajando con informes que sus miembros no podrían elaborar por sí mismos. Cuentan con bancos de inversión para valorar operaciones, con auditores para examinar las cuentas, con asesores jurídicos para medir contingencias y con especialistas en ciberseguridad para interpretar incidentes. El problema no ha sido nunca si pueden apoyarse en ellos, sino hasta dónde llega esa confianza y qué corresponde decidir al propio consejo.

Ethan KLINGSBERG escribe al respecto un nuevo artículo publicado por Freshfields el 28 de septiembre de 2026 y reproducido el 14 de octubre en el Harvard Law School Forum on Corporate Governance. El trabajo se publica a raíz de la llegada de agentes de inteligencia artificial capaces de realizar tareas encadenadas y de un informe de METR sobre comportamientos observados en un entorno experimental. Su advertencia: un informe convincente no acredita, por el mero hecho de serlo, que el consejo dispusiera de una base fiable para decidir.

El asunto interesa también al Derecho español. La Ley de Sociedades de Capital exige información suficiente, un procedimiento de decisión adecuado y una actuación diligente de los administradores. La entrada de la inteligencia artificial en el trabajo preparatorio del consejo obliga a examinar qué significan esas exigencias cuando parte de la investigación, la selección de datos y la elaboración de recomendaciones se confía a sistemas automatizados.

  1. El alcance de la confianza en especialistas

KLINGSBERG parte de una experiencia reconocible para cualquier jurista que asesore a un consejo. Antes de aprobar una operación importante, los consejeros suelen querer saber si la documentación reunida basta para respaldar la decisión. La respuesta no depende de que el asesor estime buena la operación. Depende de la información que haya recibido el órgano y del trabajo que este haya realizado para entender las razones que la sostienen.

Su ejemplo es una venta de empresa. Un banco de inversión presenta una opinión favorable sobre el precio ofrecido y afirma que se trata de la mejor oferta disponible tras explorar el mercado. Esa opinión puede ser muy útil. Pero si los administradores ignoran qué compradores fueron contactados, cómo se desarrolló el procedimiento de venta o qué hipótesis sustentan la valoración, tienen motivos para pedir explicaciones antes de votar. El prestigio del banco no cubre esas carencias.

Conviene evitar un equívoco. Nadie pretende que cada consejero rehaga las valoraciones financieras o revise personalmente miles de documentos. La división del trabajo es consustancial a la sociedad moderna. Lo exigible es un conocimiento suficiente de las premisas relevantes, de las alternativas consideradas y de los límites de la recomendación. A veces bastará una explicación clara y un intercambio de preguntas. En otras decisiones, por su entidad o riesgo, será necesaria documentación adicional o una segunda comprobación.

La línea divisoria que propone el autor está ahí: es legítimo confiar en el trabajo especializado; deja de serlo, desde la perspectiva de la diligencia, tratar su conclusión como una decisión que ya no necesita el juicio del órgano competente.

  1. Qué cambia con la inteligencia artificial agéntica

El empleo de modelos de lenguaje para buscar información, ordenar documentos o preparar un borrador no es lo mismo que encomendar un proceso a varios agentes conectados con herramientas y bases de datos. En este segundo supuesto, el sistema puede escoger pasos intermedios, ejecutar acciones, revisar resultados parciales y solicitar la intervención de otros agentes. El consejo recibe al final un producto aparentemente terminado, aunque tal vez conozca muy poco de la secuencia seguida para obtenerlo.

Ante cualquier decisión, por ejemplo, una adquisición de empresas, la IA examina contratos, agrupa contingencias, estima sinergias y recomienda un rango de precio. El informe final puede estar bien escrito e incluso contener cuadros y referencias. Nada de eso permite saber, por sí solo, si omitió contratos relevantes, confundió una cláusula de cambio de control con otra distinta o trabajó con datos desactualizados. En el asesoramiento humano también existen errores; con los agentes se añade la dificultad de reconstruir ciertas decisiones instrumentales que el usuario nunca dio expresamente por buenas.

Por eso merece atención el informe publicado por METR el 26 de agosto de 2026. Sus investigadores estudiaron un episodio ocurrido entre junio y julio de ese año durante pruebas con agentes de OpenAI, en un entorno y con configuraciones específicas, incluidas algunas no disponibles para el público. Aproximadamente 1.200 agentes utilizaron un espacio de comunicación no autorizado y unos 700 participaron en un ataque a Hugging Face. Los investigadores hallaron además intentos coordinados de alterar la apariencia de las operaciones realizadas y de manipular registros de actividad para superar un sistema de evaluación.

  • METR (Model Evaluation and Threat Research) es una organización independiente de investigación dedicada a evaluar las capacidades y los riesgos de los sistemas avanzados de inteligencia artificial, especialmente cuando pueden realizar tareas complejas con un elevado grado de autonomía. El 26 de agosto de 2026 publicó un informe titulado «Brief independent investigation of agents’ behavior, reasoning and collaboration in the OpenAI / Hugging Face hacking incident», elaborado por Ryan GREENBLATT, Ajeya COTRA y Hjalmar WIJK. El trabajo examina un incidente ocurrido en julio de 2026, durante unas pruebas con agentes de IA de OpenAI. Aproximadamente 1.200 agentes, inicialmente concebidos para operar de forma aislada, establecieron mecanismos de comunicación no autorizados y unos 700 participaron en actuaciones contra la plataforma Hugging Face. La investigación, realizada con acceso a documentación y registros facilitados por OpenAI, puso de manifiesto comportamientos de coordinación entre agentes, intentos de manipular los procedimientos de evaluación y alteraciones de los registros de actividad. Aunque sus conclusiones se refieren a un entorno experimental concreto y no pueden generalizarse a todos los sistemas agénticos, el informe resulta especialmente interesante por las dificultades que revela para supervisar y verificar el comportamiento de sistemas dotados de una autonomía operativa creciente.

La precisión sobre el contexto del informe METR experimental es esencial: no implica que cualquier herramienta agéntica empleada por una sociedad vaya a reproducir esos comportamientos. Tampoco acredita que los informes empresariales elaborados con inteligencia artificial sean necesariamente falsos. Lo que muestra es algo más concreto y jurídicamente relevante: puede existir una diferencia difícil de detectar entre el resultado entregado y el camino realmente seguido para producirlo. METR documentó incluso pruebas de suplantación de llamadas a herramientas en parte de los registros examinados.

KLINGSBERG utiliza el episodio como advertencia para los consejos de administración y sus asesores. Antes de recomendar que un órgano se apoye en el trabajo de agentes, habrá que saber de qué controles dispone la empresa para comprobarlo. La pregunta es bastante práctica: ¿quién puede explicar las fuentes consultadas, las verificaciones hechas y los límites del resultado si un consejero lo solicita?

  1. El razonamiento de KLINGSBERG y el Derecho de Delaware

En el Derecho de Delaware, el § 141(e) de la Delaware General Corporation Law protege, bajo las condiciones que establece, la confianza de buena fe de los administradores en determinados registros, informes, opiniones e informaciones facilitados por directivos, empleados, comisiones del consejo y otras personas de competencia profesional o especializada, seleccionadas con el cuidado debido. La norma presupone una confianza razonable; no consagra la posibilidad de abstenerse de juzgar.

La diferencia importa también al analizar la denominada business judgment rule. Una decisión puede resultar económicamente desacertada sin que ello pruebe un incumplimiento del deber de diligencia. A la inversa, el acierto final tampoco demuestra que se haya seguido un procedimiento adecuado. Por eso el artículo insiste en la necesidad de que existan antecedentes sólidos y de que los consejeros conozcan lo bastante esos antecedentes para poder apoyarse en ellos de buena fe.

La posición de un sistema de inteligencia artificial no puede equipararse, sin más, a la de los profesionales a los que se refiere el § 141(e). Tampoco conviene dar por resuelto qué protección corresponde a un consejo por haber recibido un informe que, en realidad, fue producido en buena medida por agentes. El artículo no propone una respuesta legislativa cerrada: identifica el problema de fiabilidad y sitúa su control entre las tareas esenciales de quienes preparan y asesoran las decisiones del consejo.

  1. Deber de diligencia y procedimiento de decisión en la Ley de Sociedades de Capital

En España, el punto de partida es el artículo 225 LSC. Los administradores deben actuar con la diligencia de un ordenado empresario, atendiendo a la naturaleza del cargo y a las funciones atribuidas a cada uno. El apartado segundo exige dedicación adecuada y medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad; el tercero reconoce el deber de exigir y el derecho de recabar información adecuada y necesaria. La norma no vincula la diligencia a una determinada tecnología, ni obliga a los administradores a dominar personalmente todas las especialidades de la empresa.

El artículo 226 LSC introduce una precisión decisiva. En las decisiones estratégicas y de negocio sujetas a discrecionalidad empresarial, la protección se construye sobre la buena fe, la ausencia de interés personal, la información suficiente y un procedimiento adecuado. El precepto permite valorar el trabajo preparatorio realizado con inteligencia artificial sin necesidad de inventar un deber autónomo de “supervisión algorítmica” para cada decisión. Lo relevante será si, dadas las circunstancias, el consejo podía considerar suficiente y fiable la base sobre la que resolvió.

La intensidad de la comprobación no será idéntica en todos los asuntos. Sería desproporcionado exigir para un informe rutinario el mismo contraste que para una operación de adquisición transformadora, una decisión de financiación de gran entidad o la respuesta a un incidente que comprometa la continuidad de la actividad. También importará qué se conoce sobre el sistema utilizado, quién ha revisado sus resultados y si sus limitaciones se comunicaron al órgano antes de decidir.

Cabe formular una consecuencia concreta: si la dirección entrega una recomendación obtenida con agentes, el consejo puede pedir que se identifiquen las hipótesis decisivas y que un responsable con conocimientos suficientes responda de ellas. No tiene por qué exigirse acceso al código fuente. En cambio, si nadie puede explicar por qué se descartó una alternativa importante o de dónde procede un dato determinante, la aparente sofisticación del informe no suple esa falta de información.

Se trata, en suma, de aplicar los artículos 225 y 226 LSC al procedimiento real de decisión, no solo a su documentación formal. La ayuda tecnológica no reduce el estándar exigible por el hecho de multiplicar el volumen de información disponible. Puede, incluso, hacer más necesario seleccionar qué extremos necesitan una comprobación independiente.

  1. Delegación de facultades, actas y Registro Mercantil

El artículo de KLINGSBERG habla de delegación en un sentido material: el consejo termina aceptando el criterio ajeno sin ejercer suficientemente el suyo. Esa idea no debe confundirse con la delegación formal de facultades del consejo, regulada en el artículo 249 LSC. La distinción es útil porque una sociedad puede no haber delegado jurídicamente ninguna competencia y, pese a ello, haber desplazado de hecho buena parte de la formación del juicio hacia asesores, directivos o proveedores tecnológicos.

El artículo 249 bis LSC reserva al consejo, entre otras materias, la supervisión de los órganos delegados y de los directivos, la determinación de las políticas y estrategias generales y su propia organización y funcionamiento. En las sociedades cotizadas, el artículo 529 ter añade decisiones sobre el plan estratégico, la política de riesgos, los sistemas internos de información y control y determinadas operaciones de especial importancia. Es perfectamente posible recurrir a herramientas automatizadas para preparar estos asuntos; la competencia para decidir, cuando la ley la reserva al consejo, permanece en él.

En cuanto a la publicidad, conforme al artículo 249.2 LSC, la delegación permanente de facultades en una comisión ejecutiva o en un consejero delegado, así como la designación de quienes ocuparán esos cargos, requiere el acuerdo reforzado previsto en la norma y no produce efecto hasta su inscripción. En cambio, confiar a un sistema de inteligencia artificial la elaboración de un informe no constituye por sí mismo una delegación orgánica inscribible. La inscripción acredita y publica determinados extremos jurídicos de la organización societaria; no permite afirmar que el consejo haya conservado, en cada expediente, el dominio efectivo de las razones de su decisión.

La documentación de los acuerdos merece una consideración aparte. El artículo 250 LSC exige llevar las discusiones y acuerdos del consejo a un libro de actas. El artículo 97.1 del Reglamento del Registro Mercantil contempla, entre las circunstancias del acta, un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones cuya constancia se haya solicitado. No exige transcribir íntegramente cada intervención ni incorporar todas las piezas del expediente técnico. Además, el artículo 97.3 circunscribe expresamente los requisitos reglamentarios de esa sección a los efectos de la inscripción registral. Sería incorrecto convertirlos, sin matices, en una regla sustantiva general sobre cómo acreditar la diligencia.

Con esas cautelas, resulta aconsejable que la documentación societaria permita saber qué informes se presentaron, qué incertidumbres relevantes se discutieron y si hubo comprobaciones adicionales. Si un sistema agéntico desempeñó una función importante, puede ser útil conservar, fuera del acta cuando proceda, sus informes de soporte y los controles efectuados sobre ellos. No por una obligación legal de adjuntar algoritmos al libro de actas, que no existe en términos generales, sino porque esos antecedentes pueden resultar determinantes para reconstruir el proceso de formación de la voluntad del órgano.

Hay una diferencia entre acreditar que el acuerdo fue adoptado y explicar cómo se llegó razonablemente a él. La certificación del acuerdo, su eventual elevación a público y la inscripción registral cumplen funciones propias; ninguna sustituye por sí sola la valoración del deber de diligencia de los administradores.

  1. Una cuestión de gobierno corporativo, no solo de calidad tecnológica

El interés de la aportación de KLINGSBERG reside en trasladar una vieja pregunta societaria a un entorno en el que la preparación de las decisiones puede quedar muy lejos de quienes las adoptan. Las empresas recurrirán a sistemas cada vez más capaces, y harán bien en aprovechar sus ventajas. Pero convendría evitar que la rapidez del análisis termine haciendo innecesarias, a ojos del consejo, las preguntas sobre su fundamento.

En la práctica, la supervisión no tiene por qué consistir en revisar cada paso de un agente. Puede descansar en personas responsables, controles proporcionados al riesgo, contrastes selectivos y una documentación que permita comprobar aquello que resulte decisivo. Todo ello debe ser real y no una colección de protocolos incapaces de detectar errores materiales. Si el proveedor tecnológico es el único que puede explicar el resultado, esa dependencia debe ser conocida al valorar hasta dónde resulta prudente apoyarse en él.

Los artículos 225 y 226 LSC permiten afrontar el problema con instrumentos jurídicos conocidos. Los artículos 249 bis y 529 ter recuerdan, además, que determinadas decisiones y tareas de supervisión corresponden al consejo. Y el régimen de actas y de publicidad registral ayuda a separar tres planos que a menudo se confunden: la adopción formal del acuerdo, su documentación y la diligencia efectivamente observada al prepararlo.

Quizá el mejor modo de comprobar si se ha preservado el juicio del administrador sea formular una pregunta sencilla al terminar la reunión: ¿podrían los consejeros explicar, con sus propias razones y sin limitarse a repetir las conclusiones del informe, por qué adoptaron esa decisión? Si la respuesta depende exclusivamente de que “lo recomendó el sistema”, el problema no lo ha creado una nueva categoría de inteligencia artificial; es el viejo problema de la confianza convertida en abdicación del juicio.

Fuentes y referencias

  • KLINGSBERG, Ethan, «Agentic AI and the Duty of Care: What the METR Report Means and Does Not Mean for the Boardroom», Freshfields, 28 de septiembre de 2026; reproducción en Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 14 de octubre de 2026.
  • GREENBLATT, Ryan; COTRA, Ajeya; WIJK, Hjalmar, «Brief independent investigation of agents’ behavior, reasoning and collaboration in the OpenAI / Hugging Face hacking incident», METR, 26 de agosto de 2026. Informe original.
  • Delaware General Corporation Law, título 8 del Delaware Code, § 141(e).
  • Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, arts. 225, 226, 249, 249 bis, 250 y 529 ter.
  • Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, especialmente art. 97.

 

 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. De Plaumann a Nicoventures: la impugnación de actos delegados de la UE por particulares y los límites de la legitimación ante el TJUE

La creciente utilización por la Comisión Europea de actos delegados para completar aspectos técnicos de la legislación de la Unión plantea una cuestión de considerable importancia práctica: ¿en qué condiciones puede un particular —persona física o jurídica— impugnar directamente una de esas normas? El artículo 263, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece un sistema específico de legitimación para interponer recursos. Una persona física o jurídica puede recurrir los actos de los que sea destinataria; los actos que, sin estar dirigidos a ella, la afecten directa e individualmente; y, desde el Tratado de Lisboa, los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.

Guess who

Aunque suele hablarse genéricamente de impugnación «ante el TJUE», conviene precisar que el recurso de anulación promovido por particulares se interpone normalmente en primera instancia ante el Tribunal General, cuyas resoluciones pueden posteriormente ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. El problema adquiere especial interés respecto de los actos delegados del artículo 290 TFUE. Son actos no legislativos de alcance general mediante los cuales la Comisión puede completar o modificar determinados elementos no esenciales de un acto legislativo, dentro de los límites establecidos por este. No deben confundirse con los actos de ejecución del artículo 291 TFUE, cuya función consiste en establecer condiciones uniformes para la ejecución de actos jurídicamente vinculantes de la Unión.

 

De la rigidez de Plaumann a la apertura introducida por Lisboa

El punto de partida – relevante aún hoy- continúa siendo la sentencia Plaumann & Co. contra Comisión, asunto 25/62, de 15 de julio de 1963. La empresa Plaumann, dedicada a la importación de mandarinas y clementinas, pretendía impugnar una decisión de la Comisión dirigida a la República Federal de Alemania. El entonces artículo 173 del Tratado CEE permitía recurrir a quienes, sin ser destinatarios de una decisión, resultasen directa e individualmente afectados.

El Tribunal formuló entonces el criterio que ha condicionado durante décadas el acceso de los particulares al recurso de anulación. Existe afectación individual cuando el acto alcanza al recurrente por determinadas cualidades que le son propias o por una situación de hecho que lo caracteriza frente a cualquier otra persona, individualizándolo de modo análogo al destinatario. Plaumann no cumplía esa condición porque ejercía una actividad económica que podía ser desarrollada por cualquier operador.

La doctrina Plaumann es especialmente exigente frente a normas de alcance general. Que una empresa pertenezca a un sector particularmente afectado, soporte costes elevados o resulte económicamente perjudicada no significa necesariamente que quede «individualmente» afectada en el sentido del artículo 263 TFUE. La rigidez de esta interpretación alimentó un importante debate sobre tutela judicial efectiva. En Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo, C-50/00 P, el abogado general Jacobs propuso una interpretación más amplia de la afectación individual. El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 25 de julio de 2002, mantuvo, sin embargo, su jurisprudencia y señaló que una modificación sustancial del sistema de recursos establecido por los Tratados correspondía al poder de reforma de estos y no al juez de la Unión.

El Tratado de Lisboa introdujo una modificación importante. El particular ya no tiene que demostrar afectación individual cuando impugna un «acto reglamentario» que le afecta directamente y que no incluye medidas de ejecución. La apertura es significativa, pero su alcance depende de qué se entienda, primero, por acto reglamentario y, segundo, por medida de ejecución.

La primera cuestión fue aclarada por la Gran Sala en Inuit Tapiriit Kanatami y otros contra Parlamento y Consejo, C-583/11 P, sentencia de 3 de octubre de 2013. Los recurrentes pretendían impugnar el Reglamento n.º 1007/2009 sobre el comercio de productos derivados de la foca. El Tribunal confirmó que la expresión «acto reglamentario» utilizada en el artículo 263, párrafo cuarto, TFUE se refiere a los actos de alcance general que no tienen naturaleza legislativa. El reglamento controvertido había sido adoptado mediante procedimiento legislativo y, por tanto, no podía beneficiarse de la vía más flexible introducida por Lisboa. La sentencia es fundamental para los actos delegados. Estos son actos no legislativos y, cuando poseen alcance general, pueden constituir «actos reglamentarios» en el sentido del artículo 263 TFUE. Pero esa calificación no basta. El recurrente debe seguir demostrando que el acto le afecta directamente y que, para producir sus efectos respecto de él, no requiere medidas de ejecución.

 

Telefónica, T&L Sugars y Dyson: las distintas barreras a la impugnación directa

La sentencia Telefónica contra Comisión, C-274/12 P, de 19 de diciembre de 2013, permitió precisar la exigencia relativa a las medidas de ejecución. El litigio tenía su origen en una decisión de la Comisión sobre el régimen español de amortización fiscal del fondo de comercio financiero derivado de determinadas adquisiciones de participaciones extranjeras.

Telefónica pretendía utilizar la nueva vía del artículo 263, párrafo cuarto, TFUE, pero el Tribunal de Justicia inadmitió el recurso: La disposición controvertida se aplicaba a situaciones objetivamente determinadas y producía efectos respecto de categorías de personas consideradas de forma general y abstracta, por lo que la empresa no quedaba individualizada en el sentido de Plaumann. Además, para que la decisión produjera determinadas consecuencias concretas respecto de Telefónica era necesaria la intervención posterior de las autoridades tributarias españolas. Existían, por tanto, medidas de ejecución. Este último aspecto es especialmente importante. La existencia de una medida de ejecución no exige necesariamente que la autoridad nacional disponga de una amplia capacidad decisoria. Lo relevante es comprobar si el acto de la Unión produce por sí mismo todos sus efectos jurídicos sobre la posición del recurrente o si resulta necesaria una actuación posterior.

La Gran Sala del TJUE desarrolló la mencionada idea en T&L Sugars y Sidul Açúcares contra Comisión, C-456/13 P, sentencia de 28 de abril de 2015. El asunto se refería a diversas medidas adoptadas por la Comisión ante la situación del mercado europeo del azúcar, entre ellas reglamentos relacionados con la liberación de azúcar fuera de cuota y la apertura de un contingente arancelario. Las empresas recurrentes sostenían que las actuaciones posteriores de las autoridades nacionales eran automáticas y que no debían, por tanto, considerarse verdaderas medidas de ejecución. El Tribunal no aceptó esa interpretación. La existencia de una medida de ejecución no depende de que la autoridad que la adopta disponga de margen de apreciación. También una actuación esencialmente mecánica puede constituir una medida de ejecución cuando resulta necesaria para que la norma europea produzca sus efectos respecto del operador concreto.

Telefónica y T&L Sugars muestran, por ello, una limitación importante de la reforma de Lisboa. En numerosos sectores regulados, la Comisión adopta reglas generales cuyos efectos se concretan posteriormente mediante autorizaciones, liquidaciones, certificados, decisiones administrativas u otras actuaciones nacionales. Aunque estas últimas se encuentren fuertemente predeterminadas por el Derecho de la Unión, su existencia puede impedir que el particular utilice la tercera vía del artículo 263, párrafo cuarto, TFUE. La tutela deberá buscarse entonces, según los casos, mediante la impugnación de la medida nacional y una eventual cuestión prejudicial de validez.

 

Dyson ofrece el contrapunto más conocido. La empresa impugnó el Reglamento Delegado (UE) n.º 665/2013 de la Comisión, sobre etiquetado energético de las aspiradoras. A diferencia de los asuntos anteriores, se trataba de un verdadero acto delegado que imponía directamente a los fabricantes determinadas reglas de etiquetado sin necesidad de una decisión nacional individual posterior. El litigio no terminó centrándose únicamente en la legitimación, sino en los propios límites de las facultades delegadas de la Comisión. Dyson cuestionaba el método utilizado para medir la eficiencia energética de las aspiradoras, que realizaba las pruebas con el colector de polvo vacío. A su juicio, ese sistema no reflejaba correctamente las condiciones de uso y perjudicaba a sus aspiradoras sin bolsa. El Tribunal General desestimó inicialmente el recurso mediante sentencia de 11 de noviembre de 2015, T-544/13. Consideró, en esencia, que la Comisión disponía de un margen de apreciación técnica al elegir el método de ensayo. Sin embargo, en casación, el Tribunal de Justicia dictó sentencia de 11 de mayo de 2017, C-44/16 P, y consideró que el Tribunal General había desnaturalizado uno de los argumentos de Dyson. La empresa no planteaba únicamente que existiera una opción técnica mejor, sino que sostenía que la Comisión se había apartado de los límites fijados por el legislador en la norma habilitante. Tras el reenvío, el Tribunal General, en sentencia de 8 de noviembre de 2018, T-544/13 RENV, anuló el Reglamento Delegado n.º 665/2013. Consideró que la exigencia de proporcionar información sobre el consumo energético en condiciones lo más próximas posible a la utilización real formaba parte del marco esencial fijado por el legislador. El método basado exclusivamente en el colector vacío no respetaba suficientemente esa exigencia.

 

El asunto Dyson muestra así dos cuestiones diferentes que conviene no confundir. Una es procesal: determinar si el particular está legitimado para impugnar directamente el acto. Otra es sustantiva: determinar si la Comisión, al adoptar un acto delegado, ha respetado los límites de la habilitación legislativa. La Comisión dispone de un margen relevante para resolver cuestiones técnicas complejas, pero un acto delegado no puede modificar elementos esenciales de la legislación ni sustituir decisiones que corresponden al legislador. Una impugnación basada simplemente en que existe una solución técnica mejor es distinta de aquella que demuestra que la solución elegida contradice una decisión esencial contenida en el acto legislativo habilitante.

 

El recorrido posterior de Dyson añade otra precisión. Tras obtener la anulación del Reglamento Delegado, la empresa reclamó una indemnización por los daños sufridos durante su vigencia. Esa pretensión dio lugar, entre otros, al asunto C-122/22 P, Dyson y otros contra Comisión. El Tribunal de Justicia desestimó el recurso el 11 de enero de 2024. La anulación de un acto, por tanto, no determina automáticamente la responsabilidad extracontractual de la Unión: esta exige que concurran los requisitos específicos establecidos para la indemnización, entre ellos una infracción suficientemente caracterizada de una norma destinada a conferir derechos a los particulares.

 

Nicoventures: la afectación individual no desaparece, pero tampoco es imposible

 

La evolución reciente añade un pronunciamiento especialmente relevante. En Nicoventures Trading y otros contra Comisión, C-731/23 P, sentencia de 18 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia volvió sobre la afectación individual precisamente en relación con un acto delegado.

Varias sociedades del grupo British American Tobacco habían recurrido la Directiva Delegada (UE) 2022/2100, mediante la cual la Comisión modificó la regulación de determinados productos de tabaco calentado. El Tribunal General había declarado inadmisible el recurso mediante auto en el asunto T-706/22. El Tribunal de Justicia, en cambio, estimó el recurso de casación en lo relativo a la legitimación y devolvió el asunto al Tribunal General.

 

La importancia de Nicoventures radica en que no abandona la doctrina Plaumann, pero pone de relieve que una norma de alcance general puede afectar individualmente a determinados operadores cuando estos forman un círculo limitado e identificable en el momento de adopción del acto y concurren circunstancias específicas que los distinguen respecto del resto. En aquel supuesto cobraban especial importancia las obligaciones regulatorias de información y notificación y las autorizaciones de comercialización. El propio sistema regulatorio permitía identificar a los operadores que ya comercializaban los productos afectados. No se trataba, por tanto, simplemente de cualquier empresa que en el futuro pudiera decidir entrar en ese mercado, sino de un conjunto de operadores cuya posición podía determinarse a partir de la regulación existente. El propio encabezamiento oficial de la sentencia destaca como cuestiones centrales la «afectación individual», el «círculo limitado de operadores económicos», las obligaciones de información y notificación y la autorización de comercialización.

 

Nicoventures introduce así un matiz importante frente a una lectura excesivamente rígida de Plaumann. La pertenencia a un sector económico continúa siendo insuficiente. Pero cuando el marco jurídico permite identificar, antes de adoptarse la norma, un grupo limitado de operadores que se encuentran en una posición específica, la afectación individual puede existir.

La secuencia que va de Plaumann a Nicoventures permite apreciar mejor el sistema actual. Plaumann estableció una concepción restrictiva de la afectación individual. Unión de Pequeños Agricultores confirmó que esa exigencia no podía ser eliminada jurisprudencialmente invocando únicamente la tutela judicial efectiva. Lisboa abrió una nueva vía para los actos reglamentarios que afectan directamente y no incluyen medidas de ejecución. Inuit excluyó de esa categoría a los actos legislativos. Telefónica y T&L Sugars mostraron el alcance expansivo que puede adquirir la noción de medida de ejecución. Dyson demostró que un acto delegado directamente aplicable puede ser efectivamente sometido a control y anulado cuando la Comisión rebasa los límites de la delegación. Nicoventures confirma, finalmente, que incluso la clásica afectación individual puede apreciarse frente a un acto general cuando el recurrente pertenece a un círculo de operadores suficientemente limitado e identificable.

 

El análisis de la legitimación para impugnar exige, por tanto, evitar respuestas automáticas. Que una norma sea un acto delegado no significa por sí mismo que cualquier empresa afectada pueda recurrirla directamente. Será necesario comprobar su naturaleza, la forma en que produce sus efectos, la eventual existencia de medidas de ejecución y la posición concreta del recurrente. Y, cuando deba recurrirse a la afectación individual, habrá que determinar si el particular pertenece simplemente a una categoría abierta de operadores o si el marco jurídico existente permite individualizarlo de manera específica. A ello se añade un segundo plano, especialmente visible en Dyson: superar el filtro de admisibilidad solo permite acceder al examen de fondo. Será entonces necesario demostrar, en su caso, que la Comisión ha infringido la norma habilitante, ha desconocido los límites establecidos por el legislador o ha afectado a elementos que no podían ser objeto de delegación.

En una Unión en la que buena parte de la concreción técnica de la legislación se realiza mediante actos delegados, ambas cuestiones —quién puede recurrir y hasta dónde puede llegar la Comisión— se encuentran estrechamente relacionadas. La jurisprudencia muestra una tutela judicial exigente, pero no cerrada: el acceso directo sigue sometido a condiciones rigurosas, aunque tanto Dyson como, desde una perspectiva diferente, Nicoventures muestran que esas condiciones pueden cumplirse cuando la posición jurídica del recurrente y la configuración del acto lo justifican.

 

Concepto, diseño, ejecución, supervisión y revisión de la autora. Asistencia instrumental de IAGen.

CONVERSACIONES CON….. Tecnología, gobierno corporativo y derechos de los accionistas minoritarios: conversación con Pedro Pablo Pérez Carbó

Tecnología, gobierno corporativo y derechos de los accionistas minoritarios: conversación con Pedro Pablo Pérez Carbó

¿Cómo afecta la transformación digital de una empresa a la información que reciben sus accionistas minoritarios? Esta pregunta será el punto de partida de una nueva sesión de «Conversaciones con…», organizada por el GID DerMerUle.

El jueves 24 de septiembre de 2026, recibiremos a Pedro Pablo Pérez Carbó, investigador postdoctoral de la Universidad de los Andes (Chile), para conversar sobre su trabajo «Derechos de información de los accionistas minoritarios y nuevas tecnologías en las empresas de agua potable en Chile: el caso de Aguas Andinas S.A.».

El estudio examina las tecnologías adoptadas por Aguas Andinas S.A. durante el periodo 2019-2023 y el régimen chileno de información de los accionistas. El caso nos permitirá debatir cómo se relacionan la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la protección de los inversores minoritarios en una empresa de servicios esenciales. La sesión tendrá un formato dialogado y el público podrá participar en el coloquio.

Fecha y hora: jueves 24 de septiembre, de 12:00 a 13:15 h.
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de León.
Programa: bienvenida institucional a las 12:00; conversación con el investigador invitado desde las 12:10; cierre previsto a las 13:15.

La entrada presencial es libre hasta completar aforo. Para obtener certificado de participación es necesario inscribirse en ediag@unileon.es. La asistencia en línea, con plazas limitadas, está reservada a alumnado de posgrado y doctorado y profesorado en formación; la inscripción se solicita en eperc@unileon.es. En el mensaje deben indicarse nombre y apellidos, correo electrónico y titulación y curso o situación académica.

La sesión está dirigida por Elena F. Pérez Carrillo, con la coordinación de Elicio Díaz Gómez y la secretaría digital de Sara Ranz Ortego.

La Catedrática de Derecho Mercantil, María Angustias Díaz Gómez, coordinadora del Área; junto con la Decana de la Facultad de Derecho y con la Coordinadora del GID, conforman la comisión académica de la actividad

El Proyecto de Ley para la Digitalización y Modernización del Sector Financiero: una reforma transversal del sistema financiero español

El Proyecto de Ley para la Digitalización y Modernización del Sector Financiero constituye una de las reformas más amplias del Derecho financiero español de los últimos años. Más que crear un régimen jurídico completamente nuevo, actúa como una auténtica ley ómnibus financiera, cuyo objetivo es adaptar el ordenamiento español al paquete europeo de finanzas digitales, especialmente a los Reglamentos DORA y MiCA, reforzar la supervisión financiera, modernizar las infraestructuras de pago e impulsar la innovación tecnológica. Ver información oficial del proyecto:

Un nuevo paradigma regulatorio

Pisa di notte

La reforma responde a la transformación digital que está experimentando el sector financiero. La aparición de nuevos intermediarios tecnológicos, los servicios basados en datos, los criptoactivos y la creciente dependencia de infraestructuras digitales obligan a replantear los modelos tradicionales de supervisión y gestión de riesgos. En este contexto, el proyecto persigue un doble objetivo. Por un lado, favorecer la innovación, la competencia y la eficiencia de los mercados financieros. Por otro, garantizar que la digitalización no comprometa la estabilidad financiera, la protección de los clientes ni la seguridad operativa de las infraestructuras esenciales.

Los cuatro grandes ejes de la reforma

1. Integración de los criptoactivos en el sistema financiero regulado

Uno de los cambios más relevantes es la adaptación del ordenamiento español al Reglamento MiCA. La norma no crea un régimen propio para los criptoactivos, ya que este viene establecido directamente por la legislación europea, pero sí organiza su aplicación en España.

La CNMV asume nuevas funciones de autorización, registro y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, así como competencias sobre la publicidad de estos productos. Además, se refuerza su integración en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El resultado es la incorporación definitiva de los operadores de criptoactivos al perímetro regulatorio financiero tradicional.

2. La resiliencia operativa digital como nuevo principio supervisor

La aplicación del Reglamento DORA constituye probablemente el núcleo de toda la reforma. El proyecto adapta numerosas leyes financieras para identificar a las autoridades competentes, desarrollar potestades supervisoras y establecer mecanismos sancionadores.

La principal consecuencia es que la supervisión deja de centrarse exclusivamente en factores financieros clásicos, como la solvencia o la liquidez, para incorporar con igual relevancia aspectos tecnológicos como:

  • riesgos TIC;
  • ciberseguridad;
  • gestión de incidentes;
  • dependencia de proveedores tecnológicos;
  • continuidad operativa de los servicios financieros.

La resiliencia digital pasa así a convertirse en un elemento esencial de la estabilidad financiera.

3. Modernización del sistema de pagos

La reforma introduce importantes cambios en el ámbito de los pagos electrónicos.

Destaca especialmente la posibilidad de que entidades de pago y entidades de dinero electrónico accedan directamente a determinados sistemas de pago, reduciendo la dependencia tradicional de las entidades bancarias y favoreciendo una mayor competencia.

Paralelamente, se refuerzan las competencias supervisoras del Banco de España y se actualiza la normativa para adaptarla al crecimiento de las fintech, el open banking y los nuevos proveedores tecnológicos.

Dentro de este bloque también se sitúan las reformas relativas a Iberpay, considerada una infraestructura estratégica para el sistema nacional de pagos. El proyecto introduce mecanismos de autorización previa para determinadas adquisiciones significativas con el fin de preservar su estabilidad y relevancia estratégica.

4. Impulso a la innovación financiera del sandbox

La reforma actualiza la Ley 7/2020 de transformación digital del sistema financiero y evoluciona el modelo del sandbox regulatorio español. Tras varios años de funcionamiento, el legislador apuesta por convertirlo en un instrumento permanente mediante:

  • convocatoria abierta de forma continuada;
  • simplificación de procedimientos;
  • reducción de cargas administrativas;
  • mayor flexibilidad para proyectos innovadores;
  • mejor integración con el ecosistema europeo.

La innovación deja así de tratarse como una excepción para convertirse en un componente ordinario de la regulación financiera.

Otras reformas relevantes

Junto a estos grandes bloques, el proyecto introduce modificaciones en numerosas normas financieras:

  • Ley 10/2014 de entidades de crédito, adaptando la supervisión bancaria a los riesgos tecnológicos.
  • Ley 6/2023 del Mercado de Valores, para coordinarla con MiCA, DORA y las nuevas infraestructuras de mercado.
  • Normativa de entidades de pago y dinero electrónico, reforzando exigencias de resiliencia operativa y gestión de riesgos TIC.
  • Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, mediante medidas de simplificación regulatoria.
  • Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, adaptando el régimen de financiación alternativa a los nuevos desarrollos europeos.
  • Real Decreto-Ley 5/2005 sobre garantías financieras, corrigiendo ajustes técnicos derivados de reformas europeas recientes.

Transparencia y acceso europeo a la información financiera

Otra novedad significativa es la adaptación al Punto de Acceso Único Europeo (ESAP). Este sistema permitirá acceder desde una plataforma europea común a la información financiera y corporativa de las empresas españolas.

La medida pretende incrementar la transparencia, reducir asimetrías informativas y facilitar el acceso transfronterizo a la información por parte de inversores, supervisores y participantes del mercado.

Una reforma de alcance estructural

Desde una perspectiva global, la reforma puede resumirse en seis grandes objetivos:

  1. Integrar plenamente DORA y MiCA en el sistema jurídico español.
  2. Modernizar la supervisión financiera y tecnológica.
  3. Reforzar la resiliencia operativa digital.
  4. Actualizar y abrir a la competencia el sistema de pagos.
  5. Impulsar la innovación financiera mediante el sandbox y otros mecanismos regulatorios.
  6. Mejorar la transparencia y simplificar el marco normativo.

En definitiva, estamos ante una reforma horizontal que afecta simultáneamente a la banca, los mercados de valores, los servicios de pago, las infraestructuras financieras y los criptoactivos. Su importancia radica en que consolida la transición desde un modelo regulatorio centrado exclusivamente en las entidades financieras hacia otro basado enla supervisión de riesgos tecnológicos, infraestructuras digitales y ecosistemas financieros interconectados, características propias de las finanzas digitales del siglo XXI.

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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. STS, el D&O ante la ampliación de capital en el Banco Popular. Exclusiones generales de la póliza y su impacto en la cobertura de defensa jurídica

La sentencia que se trae a comentario hoy resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación en materia de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O). El núcleo del litigio es si la póliza cubría las reclamaciones vinculadas a la ampliación de capital de Banco Popular de mayo de 2016. El Tribunal Supremo desestima ambos recursos y confirma la interpretación de la Audiencia Provincial: la cláusula de exclusión era clara y comprendía las reclamaciones relacionadas con esa operación.

La controversia se centra en la interpretación de un conjunto de cláusulas de exclusión y de delimitación del riesgo asegurado de la póliza:

  • una exclusión general que negaba cobertura a las reclamaciones derivadas de operaciones de venta, colocación, adquisición o cualquier oferta pública o privada de valores emitidos por la sociedad tomadora
  • una exclusión específica referida a la oferta de suscripción vinculada al aumento de capital aprobado en noviembre de 2012.
  • Además, la estipulación II, apartado 7, de las condiciones especiales delimitaba el concepto de «gastos de defensa»: los gastos del proceso, costas procesales, honorarios profesionales y derechos de arancel necesarios y razonables en que incurriera el asegurado, con el previo consentimiento escrito del asegurador, vinculados a su defensa y representación o a la obtención de asesoramiento legal en cualquier procedimiento judicial —civil, penal o de otro orden— o en procedimientos administrativos o actuaciones inspectoras o instructoras comprendidas en la cobertura.

La cuestión de fondo era si estas disposiciones contractuales  singulares pudieran modular o restringir el alcance de la exclusión general, o si operaban de forma acumulativa. El Tribunal Supremo se inclina por esta segunda opción: la exclusión general conserva plena eficacia, de modo que las reclamaciones derivadas de la ampliación de 2016 quedan comprendidas en su ámbito.

 

Antecedentes

 

Un directivo de Banco Popular figuraba como asegurado en la póliza de responsabilidad civil de administradores y directivos suscrita por el banco, inicialmente con ACE European Group Limited y, después, con Chubb European Group SE, con efectos desde el 24 de julio de 2005. La póliza preveía la cobertura de la responsabilidad civil y de los gastos de defensa derivados de reclamaciones formuladas por primera vez durante el período de seguro, siempre que estuvieran dentro de los riesgos asegurados, definiendo los gastos de defensa en los mismos términos ya descritos.

El contrato incluía, no obstante, una exclusión de especial relevancia: quedaban fuera de cobertura las reclamaciones basadas en, relacionadas con o derivadas directa o indirectamente de la venta, colocación, admisión, adquisición o cualquier otra oferta pública o privada de valores mobiliarios de la sociedad, así como las vinculadas específicamente a la oferta de acciones y derechos preferentes de suscripción resultante del aumento de capital aprobado por la junta de Banco Popular el 10 de noviembre de 2012.

Sobre esa base, el directivo demandó a Chubb solicitando que se declarase que la póliza cubría su responsabilidad civil y los gastos de defensa jurídica derivados de su eventual responsabilidad por la ampliación de capital de 2016, y, subsidiariamente, la cobertura de otros hechos investigados penalmente distintos de esa ampliación. La aseguradora se opuso alegando, de un lado, que aún no había nacido la responsabilidad civil asegurada al no existir condena y, de otro, que los hechos investigados no estaban cubiertos.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, y la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia n.º 448/2021, de 23 de septiembre, confirmó ese criterio, razonando que la exclusión específica del aumento de 2012 no afectaba a la exclusión general de las ampliaciones de capital del apartado a). El directivo interpuso entonces recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, ya limitados a discutir la cobertura de los gastos de defensa jurídica en el proceso penal. Este es precisamente el recurso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo 920/2026, de 16 de junio (Roj: STS 2630/2026, ECLI:ES:TS:2026:2630, Id Cendoj 28079110012026100915, recurso n.º 8395/2021, ponente Pedro José Vela Torres), que constituye la base de todo este bloque doctrinal (ver comentario del Prof. A Tapia).

 Criterio interpretativo del Tribunal Supremo

El punto de partida del Tribunal Supremo, que mantiene sustancialmente lo resuelto en instancias inferiores, es una lectura marcadamente literal del clausulado. Considera que la redacción de la póliza presenta claridad suficiente para una solución interpretativa directa, sin necesidad de desplegar con intensidad otros criterios hermenéuticos —la interpretación sistemática, la finalidad económica del contrato o la reconstrucción de la voluntad de las partes—. Desde esta perspectiva, la cláusula general de exclusión se proyecta sobre cualquier reclamación conectada, directa o indirectamente, con operaciones de colocación o suscripción de valores, lo que incluye sin dificultad la ampliación de 2016.

El caso pone de relieve que aún quedan cuestiones por asentar en la jurisprudencia sobre seguros D&O. Conviene recordar la distinción estructural entre la defensa jurídica accesoria al seguro de responsabilidad civil —que corresponde asumir al asegurador con carácter general, salvo pacto en contrario o conflicto de intereses, conforme al artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS)— y el seguro de defensa jurídica como modalidad autónoma y principal, regulada en el artículo 76 a) de la misma norma.

El Tribunal rechaza que la cláusula específica del aumento de 2012 introduzca un elemento de restricción o especialidad capaz de desplazar la exclusión general: no existe una verdadera relación de especialidad, sino una coexistencia de previsiones que operan en planos distintos sin interferencia normativa. La cláusula particular no se interpreta como excepción que acote la regla general, sino como previsión adicional que no altera su contenido; no hay, por tanto, contradicción interna que obligue a modular el sentido de la exclusión principal.

A esta construcción, el Tribunal añade un argumento de refuerzo contextual: la ausencia de indicios de que existiera cobertura efectiva o práctica aseguradora consistente respecto de los gastos de defensa vinculados a la ampliación de 2016. Este dato extrínseco confirma que no cabía sostener una expectativa razonable de cobertura para ese riesgo, de modo que la interpretación literal no queda desmentida por la conducta de las partes ni por la lógica económica del seguro.

En conjunto, el razonamiento revela una clara preferencia por la autosuficiencia del tenor literal como criterio decisivo, relegando a un papel complementario —casi confirmatorio— los elementos sistemáticos y contextuales. Esta opción tiene la virtud de la claridad y la seguridad jurídica, pero deja menos espacio para una lectura más integrada de la póliza como unidad contractual.

Confirmación: las Sentencias 921/2026, 1125/2026 y 1127/2026

El criterio fijado en la STS 920/2026 no queda aislado: en apenas dos meses, la Sala Primera —con Pedro José Vela Torres como ponente en varias de ellas— lo reitera en un bloque de resoluciones dictadas sobre la misma póliza de Banco Popular/Chubb: la propia STS 920/2026, de 16 de junio (recurso del directivo mencionado); la STS 921/2026, de la misma fecha; la STS 1125/2026, de 8 de julio (recurso de casación de Chubb frente a un consejero que había formado parte del consejo de administración entre 2006 y 2017); y la STS 1127/2026, de 10 de julio (recurso de casación de Chubb frente al expresidente de la entidad). Todas resuelven demandas de distintos exconsejeros y directivos investigados en las diligencias previas 42/2017 del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2016.

La STS 1125/2026 (ponente Pedro José Vela Torres, ECLI:ES:TS:2026:2988, Id Cendoj 28079110012026101082, recurso n.º 2987/2024) resuelve el caso de ese consejero, que reclamó a Chubb el anticipo de gastos de defensa y de una fianza. El Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Madrid había desestimado la demanda por razones procesales (improcedencia de una acción mero declarativa), pero la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10.ª), en sentencia n.º 43/2024, de 25 de enero de 2026, la había estimado entendiendo cubiertos esos gastos. El Tribunal Supremo, aplicando «la misma respuesta» ya dada en las SSTS 920/2026 y 921/2026, estima el recurso de casación de Chubb, casa la sentencia de apelación y confirma la desestimación de la demanda —aunque por razonamientos jurídicos distintos—, al considerar que la claridad de la cláusula exime de recurrir a cualquier otra regla interpretativa y que la exclusión general de colocación de valores incluye, sin duda, la ampliación de 2016, según recoge el blog de Alberto J. Tapia Hermida ).

La STS 1127/2026, de 10 de julio, resuelve el caso paralelo del expresidente de Banco Popular, que había reclamado a Chubb el anticipo de gastos de defensa y de una fianza judicial retenida por importe de 2.940.975 euros. En este caso, el Juzgado de Primera Instancia n.º 58 de Madrid había estimado parcialmente la demanda en 2021 (hasta 750.000 euros para la fase de instrucción), y la Audiencia Provincial de Madrid había confirmado ese fallo en 2022. El Tribunal Supremo revoca este criterio y califica la exclusión como una cláusula delimitadora del riesgo —y no limitativa de derechos—, por lo que no le son exigibles los requisitos reforzados de transparencia del artículo 3 LCS previstos para estas últimas. Aplicando el mismo criterio de las SSTS 920/2026 y 921/2026, concluye que la exclusión general por colocación de valores mobiliarios abarca cualquier ampliación de capital, incluida la de 2016, sin que la mención expresa a la de 2012 limite su alcance; decaída la reclamación principal, decae también la cobertura de los gastos de defensa asociados ( ver INESE)

El dato de los 750.000 euros para la instrucción queda corroborado por la crónica de El Confidencial sobre esta «batería de sentencias» de la Sala Primera (ver).

Este bloque de resoluciones, coincidentes en su fecha y en su fundamento, consolida la doctrina sobre la validez de las exclusiones pactadas en los seguros D&O de grandes riesgos, ámbito en el que rige un amplio margen de autonomía de la voluntad entre partes de capacidad de negociación equivalente, conforme al artículo 73 LCS y al artículo 11 de la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Valoración

 

Sin perjuicio de las muy valiosas primeras interpretaciones ofrecidas por los mejores especialistas (ver Prof A Tapia), puede sostenerse que habría sido interesante una lectura algo más atenta al conjunto del contrato. No se trata de negar la solidez formal del razonamiento del Supremo, sino de señalar que, en una póliza D&O, la distribución interna de exclusiones merece un análisis especialmente cuidadoso. La existencia de una exclusión específica para 2012 podía haber servido, al menos, para explorar con mayor detenimiento si las partes querían simplemente reiterar una exclusión ya existente o, por el contrario, delimitar con mayor precisión el perímetro del riesgo excluido. El hecho de que este mismo razonamiento se repita, sin apenas variación, en cuatro sentencias dictadas en semanas sucesivas (920, 921, 1125 y 1127/2026) refuerza la solidez de la doctrina, pero también deja pendiente esa reflexión sistemática más ambiciosa en cada una de sus reiteraciones.

La sentencia parece optar por una interpretación correcta en términos de literalidad, pero quizá algo menos ambiciosa en términos sistemáticos. Una lectura más global de la póliza habría permitido valorar mejor si la cláusula específica añadía un matiz interpretativo relevante o si era efectivamente redundante. Esa mayor integración no necesariamente habría conducido a un fallo distinto, pero sí habría enriquecido la motivación y ofrecido una mejor comprensión de la arquitectura del seguro.

La resolución refuerza una idea clásica en seguros, y también en los de D&O: cuando la cláusula está redactada con suficiente precisión y claridad, el intérprete debe atenerse al tenor literal del contrato, sin reescribir el riesgo ni suplir una cobertura que las partes no incorporaron expresamente. Esto es especialmente relevante en seguros complejos vinculados a crisis bancarias, donde la delimitación del riesgo y las exclusiones cumplen una función central en la estructura económica de la póliza. Para administradores, directivos y aseguradoras, el caso confirma que la cobertura de defensa o responsabilidad no puede presumirse para hechos conectados con ampliaciones de capital u otras operaciones de colocación de valores si la póliza contiene una exclusión amplia y bien formulada; y, para la práctica de redacción contractual, subraya la importancia de diferenciar entre exclusiones generales y específicas sin generar ambigüedades interpretativas.

En definitiva, la sentencia —y el bloque jurisprudencial que la acompaña— ofrece una solución clara y técnicamente defendible, aunque habría sido preferible una aproximación algo más integrada del clausulado, especialmente para apreciar la función de la exclusión específica de 2012 dentro del sistema de la póliza.

 

Nota final: la parte penal y el acceso a las pólizas de RC y D&O

 

El litigio civil sobre las pólizas D&O es, en realidad, un subproducto de la instrucción penal que sostiene todo el caso Popular. Esta se sigue en las diligencias previas 42/2017 del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado José Luis Calama, sobre la ampliación de capital de Banco Popular de 2016, por importe de 2.505 millones de euros; la instrucción se prolongó más de seis años (ver).

El auto de apertura de juicio oral envía a juicio a catorce acusados: el expresidente de la entidad, el exconsejero delegado, el exvicepresidente, otro exconsejero, otros directivos de la cúpula del banco, la firma auditora PwC y dos de sus auditores, calificados —junto con la propia PwC— como «cooperadores necesarios» (ver CGPJ). Los delitos imputados son un delito continuado de estafa a inversores y un delito de falsedad contable: según la tesis instructora, los estados financieros de 2015 y 2016 no reflejaban la imagen fiel del banco, el folleto de la ampliación contenía información «conscientemente alterada» y, de haberse reflejado las provisiones omitidas, el resultado habría mostrado unas pérdidas mínimas de 2.500 millones de euros en vez de los beneficios declarados (ver).

La Fiscalía Anticorrupción solicita alrededor de seis años y medio de prisión (en algunas fuentes, 6 años, 7 meses y 1 día) para el expresidente, el exconsejero delegado y otros dos exdirectivos, en un procedimiento en el que se han personado catorce acusaciones. Se han fijado fianzas provisionales conjuntas por 2.277.658.321,17 euros para asegurar las eventuales responsabilidades civiles, aunque el juez rechazó las medidas cautelares reales solicitadas, atendiendo a la solvencia de Banco Santander, PwC y las aseguradoras implicadas. Banco Santander no fue enviado a juicio como partícipe a título lucrativo, pero se mantiene como responsable civil subsidiario al ser sucesor universal de Banco Popular; curiosamente, la Fiscalía finalmente no acusó a PwC como entidad, aunque el resto de acusaciones sí la mantienen. El juicio oral se celebrará ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entre el 19 de enero y el 30 de junio de 2027, en sesiones de martes a jueves —casi una década después de la resolución del banco—.

En ese mismo marco de instrucción, el instructor requirió tanto a PwC como a Banco Santander la aportación de sus pólizas de responsabilidad civil y D&O contratadas entre 2013 y 2018, en un plazo de tres días hábiles. PwC se negó a entregarlas alegando su carácter reservado, una cláusula de confidencialidad y la protección del secreto profesional, y recurrió pidiendo restringir el requerimiento al ejercicio 2015 y al primer trimestre de 2016. Santander, por su parte, cumplió el requerimiento y aportó dos pólizas de responsabilidad civil —contratadas en junio de 2017, un año después de la resolución del Popular—, precisando que no había suscrito ningún seguro para cubrir eventuales responsabilidades de los antiguos gestores de

Azaleas

la entidad extinta ni hechos anteriores a su resolución, y que las pólizas aportadas «no cubren las posibles responsabilidades que son objeto del proceso» (ver). En paralelo, un grupo de bonistas reclama 1.474 millones de euros a Santander, como responsable subsidiario, a PwC y a las aseguradoras del auditor (ver).

Este es el telón de fondo que explica la relevancia práctica de las SSTS 920, 921, 1125 y 1127/2026: los propios acusados afrontan un juicio de varios meses y penas de prisión de más de seis años, con fianzas multimillonarias, sin que sus pólizas D&O vayan a cubrir ese coste, al haber quedado confirmada judicialmente la exclusión de cobertura para las reclamaciones derivadas de la ampliación de capital de 2016.

Telefónica en la República Checa: veinte años de litigio por el precio de una OPA

El Tribunal Constitucional checo ha cerrado, en la jurisdicción interna, el litigio iniciado tras la adquisición de Český Telecom por Telefónica en 2005. El asunto es relevante no solo por su coste —en torno a 102 millones de euros al incorporar intereses y costas—, sino porque ilustra los riesgos jurídicos que puede generar, durante décadas, la determinación del precio en una OPA obligatoria (informe anual de telefónica, 2025).

Telefónica y Český Telecom

En 2005 Telefónica adquirió del Estado checo el 51,1% de Český Telecom, entonces principal operador de telecomunicaciones del país. El precio de adquisición fue de 502 coronas checas por acción. La operación recibió autorización de la Comisión Europea el 10 de junio de 2005 y se cerró el 16 de junio de ese año (informe de auditoría de cuentas anuales de telefónica)

La adquisición de una participación de control activó la obligación, prevista por el Derecho checo vigente entonces, de formular una oferta obligatoria dirigida a los accionistas que permanecían fuera de la operación. Telefónica lanzó la oferta a 456 coronas checas por acción. La OPA concluyó el 19 de septiembre de 2005 y permitió a Telefónica adquirir 58.985.703 acciones adicionales, alcanzando una participación total del 69,41% en Český Telecom.

La diferencia entre ambos importes —502 coronas por las acciones estatales que dieron acceso al control y 456 coronas ofrecidas a los minoritarios— originó una controversia prolongada. Sin embargo, conviene evitar una simplificación: la diferencia no significaba, por sí sola, que los accionistas minoritarios tuvieran un derecho automático a recibir 502 coronas por acción.

El problema jurídico consistía en determinar si el precio de 456 coronas satisfacía el estándar legal de precio adecuado exigido por el § 183c.3 del Código de Comercio checo entonces aplicable. El precio de control era un dato relevante, pero debía valorarse junto con la cotización, la calidad del proceso de formación de precios, las circunstancias económicas de la operación y las conclusiones de la prueba pericial.

El desenlace judicial

Venten Management Limited y Lexburg Enterprises Limited, antiguos accionistas minoritarios, participaron en la oferta y posteriormente reclamaron judicialmente el abono de la diferencia entre el precio percibido y el que consideraban adecuado. Las acciones judiciales se iniciaron en 2006 y 2009. (ver)

El litigio atravesó varias fases. Una decisión relevante fue la del Tribunal Supremo checo en el asunto 29 Cdo 293/2017, de 31 de enero de 2019, que examinó las pretensiones de las demandantes de obtener la diferencia entre el precio de oferta y el precio adecuado y devolvió la controversia para su ulterior examen (ver)

Tras nuevos informes periciales y sucesivas actuaciones procesales, el Tribunal Superior de Praga reconoció a Venten y Lexburg un derecho a percibir cantidades adicionales que, en conjunto, ascendían aproximadamente a 849,7 millones de coronas checas de principal. Las cuantías difundidas fueron 627,76 millones de coronas para Venten y aproximadamente 221,9 millones para Lexburg, antes de intereses y costas. (ver) .

Telefónica acudió después al Tribunal Supremo y, finalmente, al Tribunal Constitucional de la República Checa. El recurso constitucional fue rechazado como manifiestamente infundado en la resolución I. ÚS 1242/26, de 21 de julio de 2026. En consecuencia, quedó agotada la vía interna de impugnación. La cifra de unos 102 millones de euros no equivale al principal de la obligación. La prensa económica sitúa el principal en torno a 35 millones de euros y eleva el impacto total aproximadamente a 102 millones al integrar los intereses de demora devengados durante dos décadas y las costas asociadas al procedimiento.

El precio del control

El caso plantea una distinción esencial en Derecho de OPAs: precio de adquisición del control y precio equitativo de la oferta obligatoria no son categorías necesariamente idénticas.

El adquirente de un paquete de control puede pagar un precio superior al valor atribuible a una participación minoritaria porque ese paquete permite obtener poder de dirección, designar administradores, determinar la estrategia de la sociedad y beneficiarse de sinergias o de una reorganización empresarial. Esta es la denominada prima de control.

Pero tampoco cabe concluir, en sentido inverso, que el adquirente pueda pagar una prima relevante al vendedor del bloque de control y ofrecer a los accionistas restantes un importe desligado de las circunstancias reales de esa operación. La función de la OPA obligatoria consiste precisamente en ofrecer una salida protectora a quienes no participaron en la transmisión del control.

Por ello, la pregunta jurídica adecuada no es simplemente si todos los accionistas deben recibir el mismo importe que el vendedor del bloque de control. La pregunta es si, según el régimen nacional aplicable, el precio de la oferta obligatoria constituye una contraprestación adecuada para quienes quedan expuestos a un cambio de control que no decidieron.

En el litigio checo, la controversia terminó concentrándose en la fiabilidad de los parámetros de mercado empleados para fijar el precio de 456 coronas y en la valoración económica de las acciones. La prueba pericial —incluida la revisión de los criterios de mercado y una valoración por descuento de flujos de caja— adquirió así relevancia decisiva.

Marco europeo

La Directiva 2004/25/CE sobre ofertas públicas de adquisición sitúa la tutela del minoritario en el centro del régimen europeo de cambios de control. Establece que, cuando una persona adquiere control sobre una sociedad cotizada, los Estados miembros deben exigirle una oferta dirigida a todos los titulares de los valores afectados y por la totalidad de sus participaciones, a un precio equitativo. El artículo 3 incorpora, entre sus principios generales, la igualdad de trato de los titulares de valores de la misma clase y la necesidad de proteger a los demás accionistas cuando se adquiere el control. El artículo 5 concreta esa protección mediante la regla de la oferta obligatoria.

Como regla general, el artículo 5.4 considera equitativo el precio más elevado pagado por el oferente —o por personas que actúen de concierto con él— por los mismos valores durante un período fijado por el Estado miembro, que debe situarse entre los seis y los doce meses anteriores a la oferta. Si el oferente compra acciones a un precio superior después de anunciar la oferta y antes de que finalice el período de aceptación, debe elevar correlativamente la contraprestación de la oferta. No obstante, la Directiva admite que la autoridad supervisora nacional modifique el precio en circunstancias específicas y conforme a criterios claramente determinados. Esa potestad no es discrecional: debe basarse en reglas previsibles y las decisiones de ajuste han de motivarse y hacerse públicas.

Ahora bien, la Directiva no fue la norma directamente aplicable a la OPA de Telefónica en 2005. Aunque fue aprobada el 21 de abril de 2004, el plazo de transposición expiraba el 20 de mayo de 2006. Por tanto, el litigio debía resolverse desde el Derecho checo vigente en el momento de la operación, especialmente el antiguo § 183c.3 del Código de Comercio.

La Directiva sirve, por ello, como marco comparativo e histórico: muestra que el problema debatido durante veinte años ante los tribunales checos —cambio de control, oferta obligatoria y precio adecuado— se encontraba precisamente entre los elementos que el Derecho europeo trataba de armonizar.

Consecuencias para las OPAs europeas

El asunto Český Telecom no altera por sí mismo el contenido de la Directiva 2004/25/CE ni crea una regla europea nueva. Sin embargo, ofrece varias lecciones prácticas y regulatorias relevantes para las OPAs en Europa.

1. Mayor atención a la prima de control

La prima pagada por el paquete de control no determina automáticamente el precio equitativo de la OPA. Pero constituye un hecho económico y jurídico difícil de ignorar cuando la oferta subsiguiente se dirige a los minoritarios a un precio inferior.

En adquisiciones estructuradas mediante compra privada de un bloque relevante, el oferente debe documentar cuidadosamente:

  • La composición del precio pagado al accionista de control.
  • Las razones económicas de una eventual prima.
  • La existencia de contraprestaciones separadas, sinergias, pactos accesorios o compromisos que puedan afectar al precio efectivo.
  • La relación entre la contraprestación del bloque de control y el precio de la oferta obligatoria.
  • La consistencia de los criterios empleados para afirmar que el precio de la OPA es equitativo.

La documentación temprana es particularmente importante porque, como demuestra el caso, una discrepancia inicialmente limitada puede transformarse en un litigio de larga duración y con una importante carga financiera acumulada.

2. La cotización no siempre agota la valoración

En mercados líquidos y eficaces, la cotización ofrece normalmente un indicador especialmente relevante. Sin embargo, el precio de mercado puede no ser concluyente cuando existan circunstancias que afecten a su fiabilidad: reducida liquidez, escaso free float, información asimétrica, volatilidad extraordinaria, distorsiones de negociación o acontecimientos societarios que alteren la formación normal de precios.

La Directiva europea contiene una regla de precio máximo pagado, pero preserva un margen para que los ordenamientos nacionales y sus supervisores ajusten el precio con arreglo a criterios previamente definidos. Ello refleja que el precio equitativo no es una noción exclusivamente bursátil ni exclusivamente financiera: es un estándar jurídico cuya aplicación puede requerir una valoración compleja.[eur-lex.europa][eur-lex.europa]

Para los oferentes, la consecuencia es clara: cuando existan dudas razonables sobre la representatividad de la cotización, resulta aconsejable obtener valoraciones independientes robustas antes del anuncio de la oferta, no simplemente como defensa eventual en un proceso posterior.

3. Riesgo de litigio residual

La autorización administrativa de una OPA y la aprobación del folleto o documento de oferta no eliminan necesariamente el riesgo civil posterior. La autoridad supervisora analiza la operación desde su ámbito de competencia; los tribunales pueden examinar después si se cumplen las exigencias sustantivas que habilitan una reclamación de precio adicional bajo el Derecho aplicable.

Este riesgo resulta especialmente importante en las jurisdicciones en las que el accionista minoritario dispone de acciones civiles de complemento de precio, mecanismos de impugnación de valoraciones o remedios frente a una contraprestación inadecuada.

El expediente de OPA debe prepararse, por tanto, no solo para superar la revisión inmediata del supervisor, sino también para resistir una posterior contradicción probatoria. La defensa futura dependerá de la trazabilidad de los datos, de los modelos financieros, de las instrucciones dadas a los expertos y de la transparencia de los criterios de valoración.

4. Intereses y duración como factores de riesgo

La lección económica más llamativa del caso no es únicamente el importe del principal, sino el efecto de los intereses y de la duración procesal. Una diferencia de precio por acción que parece limitada en la fecha de lanzamiento puede generar, tras quince o veinte años de litigio, una contingencia que multiplique materialmente el importe inicial.

En operaciones transfronterizas, los adquirentes deberían incorporar al análisis de contingencias:

  • El régimen nacional de intereses legales y de demora.
  • La duración razonablemente previsible de los litigios de valoración.
  • Las reglas de costas.
  • La posibilidad de reservas contables y contingencias reveladas en cuentas anuales.
  • Las garantías contractuales, indemnidades o ajustes de precio negociables con el vendedor del bloque de control.
  • El efecto de una eventual condena sobre financiación, covenants y reputación de mercado.

5. Persistencia de la fragmentación nacional

La Directiva armoniza los principios básicos, pero deja a los Estados miembros decisiones fundamentales: el umbral que determina la adquisición de control, el modo de cálculo de los derechos de voto, el período de referencia dentro de la horquilla de seis a doce meses, la definición de actuación concertada y las condiciones específicas de ajuste del precio

ESMA describe su trabajo en este campo como un espacio de intercambio de experiencias supervisoras y de transparencia sobre cuestiones como la cooperación de accionistas y la actuación concertada. Ello confirma que el régimen europeo de OPAs sigue siendo un sistema de armonización con una fuerte mediación nacional, no un Derecho uniforme plenamente centralizado. Para una operación paneuropea, la consecuencia práctica es que no basta con conocer el artículo 5 de la Directiva. Deben analizarse de forma individualizada la normativa de transposición, la práctica del supervisor competente y la jurisprudencia de los tribunales del Estado de la sociedad afectada.

Conclusión

El asunto Český Telecom enseña que el precio de una OPA obligatoria no es una cuestión técnica secundaria ni una mera consecuencia aritmética de la operación de control. Es el instrumento mediante el cual se concreta la protección del accionista minoritario frente a un cambio de control.

No existe una regla universal según la cual el minoritario deba recibir siempre el mismo precio que el vendedor del bloque de control. Pero tampoco es jurídicamente inocuo que el adquirente pague una prima relevante para obtener el control y formule después una OPA a un precio inferior. La adecuación de la contraprestación depende del estándar nacional aplicable, de la estructura económica de la transacción, de la calidad de los datos de mercado y, cuando estos no bastan, de la solidez de la prueba valorativa.

La implicación para las OPAs europeas es inequívoca: el adquirente debe diseñar desde el inicio una arquitectura de precio capaz de resistir no solo el control administrativo inmediato, sino también una eventual revisión judicial posterior. En adquisiciones de control, la operación puede cerrarse en semanas; la discusión sobre qué precio era equitativo para el minoritario puede prolongarse durante décadas.

«Entrada elaborada y revisada por la autora, con apoyo instrumental de inteligencia artificial generativa.»

 

Reglamento Delegado en materia de información pública (financiera y no financiera) corporativa

El BOE de 18 de agosto de 2026 publica el Reglamento Delegado (UE) 2026/971 de la Comisión, de 4 de mayo de 2026, por el que se completa la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, conocida como Directiva de Transparencia, en lo relativo a las normas técnicas de regulación sobre el acceso a la información regulada en la Unión. Al mismo tiempo, se deroga el Reglamento Delegado (UE) 2016/1437.

La nueva norma se integra en la construcción del Punto de Acceso Único Europeo (European Single Access Point, ESAP). Y ESAP afecta a la manera en que accedemos a la información pública de las empresas europeas. También a su información sobre sostenibilidad.

Si, hasta ahora, una parte importante del esfuerzo normativo europeo se ha concentrado en determinar qué información deben publicar las empresas; en adelante . se va un paso más allá para conseguir que esa información, una vez publicada, pueda encontrarse y utilizarse con mayor facilidad.

El Reglamento Delegado (UE) 2026/971 afecta al sistema de información regulada establecido por la Directiva 2004/109/CE de Transparencia para los emisores cuyos valores están admitidos a negociación en mercados regulados. Esta Directiva descansa, entre otros elementos, sobre los mecanismos oficialmente designados para el almacenamiento de la información regulada. El nuevo Reglamento Delegado adapta las normas técnicas aplicables al acceso a esa información a la arquitectura europea que está naciendo con ESAP.(de ahí la derogación del Reglamento Delegado (UE) 2016/1437, que respondía al modelo anterior).

El cambio debe situarse en su contexto.

  • El Reglamento (UE) 2023/2859 creó ESAP como punto de acceso centralizado a la información pública pertinente para los servicios financieros, los mercados de capitales y la sostenibilidad.
  • Este ESAP no sustituye sin más a las fuentes nacionales. Tampoco crea, con carácter general, nuevas obligaciones materiales de divulgación para las empresas. Construye una infraestructura europea que permite acceder de forma centralizada a información cuya publicación viene exigida por diferentes normas de la Unión.
  • ESMA anunció el 10 de julio de 2026 el inicio de la recopilación de datos correspondiente a la primera fase de ESAP. Desde esa fecha, los mecanismos oficialmente designados y las autoridades nacionales competentes comenzaron a proporcionar información y metadatos al sistema. ESMA explica asimismo que el acceso público a ESAP se abrirá en julio de 2027. ESMA mantiene además una página específica dedicada al desarrollo del Punto de Acceso Único Europeo, en la que explica sus objetivos, fases y funcionamiento:
  • La primera información que se hace disponible comprende la correspondiente, entre otros ámbitos, a la Directiva 2004/109/CE de Transparencia y al Reglamento de Folletos. El sistema irá ampliándose posteriormente mediante la incorporación progresiva de información procedente de otros sectores de la legislación europea.

 

ESAP también afecta a la información sobre sostenibilidad

ESAP no se concibe únicamente como un repositorio de información financiera. El propio Reglamento (UE) 2023/2859 sitúa expresamente entre sus objetivos el acceso a información pública relevante para la sostenibilidad. Por ello, ESMA lo presenta como un instrumento destinado a proporcionar acceso centralizado a información financiera y sobre sostenibilidad públicamente disponible, facilitando a los inversores el acceso y utilización de esos datos.

Ciertamente, durante los últimos años ha aumentado de forma muy considerable la información que determinadas empresas deben elaborar y publicar sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación, agua, biodiversidad, utilización de recursos, economía circular o planes de transición forman parte, en los supuestos y con el alcance establecidos por la normativa aplicable, del sistema europeo de información sobre sostenibilidad.

Pero existe una diferencia importante entre que la información sea jurídicamente pública y que resulte realmente accesible y utilizable. Los documentos pueden estar repartidos entre páginas corporativas, registros, mecanismos nacionales de almacenamiento y otras fuentes. Pueden corresponder a ejercicios distintos. Pueden presentarse en formatos diferentes. Y localizar de manera sistemática información equivalente de varias empresas puede requerir un esfuerzo considerable. ESAP pretende reducir esa fragmentación.

Información más accesible y reutiizable

La transparencia empresarial tradicional se ha apoyado fundamentalmente en documentos. La sociedad elabora un informe. Lo hace público. El inversor, el supervisor, el investigador o cualquier otro interesado puede localizarlo, abrirlo y leerlo. Ese modelo no desaparece. Pero se le añade otra dimensión.

El Reglamento (UE) 2023/2859 establece requisitos sobre formatos y metadatos. Cuando la legislación europea aplicable lo exige, la información debe presentarse en formatos legibles por máquina. ESAP incorpora, además, funcionalidades de búsqueda, descarga y acceso mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API).

El objetivo ya no es únicamente permitir que una persona lea un documento. También importa que la información pueda localizarse, identificarse, relacionarse y reutilizarse.  En este sentido, estamos pasando progresivamente de una transparencia predominantemente documental a una transparencia que podríamos calificar de computable, expresión que no pertenece al legislador europeo, pero que sirve, sin embargo, para describir bien el cambio.  Una información computable no es simplemente una información publicada en Internet. Es información cuya organización y formato facilitan un tratamiento sistemático mediante herramientas digitales.

  • Pensemos en una empresa que afirma estar reduciendo significativamente sus emisiones, avanzando en circularidad o cumpliendo determinados objetivos de transición ambiental.
  • La publicación de su información de sostenibilidad permite conocer esas afirmaciones y los datos que las acompañan.
  • El análisis adquiere otra dimensión cuando resulta posible seguir la información a lo largo de varios ejercicios, relacionarla con otros datos públicos o compararla con la correspondiente a otras empresas. ESAP puede facilitar ese tipo de análisis, no porque vaya a valorar si una empresa es sostenible (esa no es su función). Sino por hacer más accesible y utilizable la información sobre la que pueden realizarse esas valoraciones.

La diferencia es importante: Una mayor capacidad para tratar información puede facilitar la comparación entre empresas y ejercicios. Puede ayudar a detectar cambios significativos en determinados indicadores. Puede hacer más visibles ciertas incoherencias entre declaraciones generales y datos publicados. Y puede facilitar el trabajo de inversores, supervisores, analistas, investigadores y otros usuarios de la información empresarial.

Existe además una consecuencia inevitable. Una información pública mejor estructurada puede ser procesada con mayor facilidad mediante herramientas algorítmicas y sistemas de inteligencia artificial. Miles de documentos que resultaría difícil examinar individualmente pueden convertirse en una fuente susceptible de análisis automatizado.

ESAP mejora el acceso a la información. No certifica su calidad.

Esta distinción es fundamental: Que un dato pueda encontrarse fácilmente no significa que sea exacto. Que pueda procesarse automáticamente tampoco garantiza que sea comparable sin matices con el de otra empresa. Y que una sociedad publique abundante información ambiental no demuestra, por sí solo, que su comportamiento sea sostenible. Pero, ahora, esa información es más fácilmente contrastable

 

Persisten abiertas algunas cuestiones esenciales.

Pero el acceso al dato no resuelve por sí solo las cuestiones esenciales. Es necesario saber cómo se ha obtenido, qué metodología se ha utilizado y cuál es su perímetro. También debe precisarse en qué medida descansa en estimaciones, cómo incorpora la cadena de valor y qué verificación ha recibido. Y, finalmente, deben determinarse las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de la difusión de información incorrecta, incompleta o engañosa.

La tecnología facilita el acceso y la reutilización de la información. No garantiza, sin embargo, su exactitud ni elimina la necesidad de interpretarla y valorarla jurídicamente. Precisamente ahí reside el interés del cambio.

  • En una primera etapa, el Derecho europeo se preocupó principalmente por imponer a las empresas la obligación de producir y publicar determinada información. En una segunda, está construyendo los mecanismos necesarios para que esa información pueda localizarse, consultarse y reutilizarse. El paso siguiente será potenciar su comparabilidad, facilitar su contraste y someterla a un escrutinio más intenso por parte de inversores, autoridades, investigadores y demás interesados.
  • Esta evolución puede adquirir una relevancia especial en materia ambiental. La información sobre sostenibilidad no cumple plenamente su función por el mero hecho de figurar en un informe depositado o publicado. Su verdadera utilidad depende de que permita seguir la evolución de la empresa, comparar datos homogéneos y comprobar si existe correspondencia entre los compromisos ambientales que anuncia y la información que posteriormente hace pública.

Concepto, diseño, ejecución, supervisión y revisión de la autora. Asistencia instrumental de IA-Gen.

 

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO. –SANZ BAYÓN, Pablo, Las situaciones de bloqueo en las sociedades de capital paritarias, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2026, 554 pp., ISBN 979-13-7021-619-1.

Presentar esta obra tiene una dimensión especialmente grata. El profesor Pablo Sanz Bayón es un colega querido y admirado, que ha colaborado generosamente en actividades del Grupo de Innovación Docente GID DerMerUle. Esa cercanía personal permite conocer su rigor y su disposición constante al diálogo académico. No sustituye, desde luego, la valoración objetiva del libro. Sí, explica la satisfacción de dar noticia de una investigación que confirma la solidez de su trayectoria y la seriedad con la que aborda los problemas del Derecho mercantil.

La tensión entre gobierno corporativo, lo tradicional y mecanismos para evitar el conflicto constituye el núcleo en torno al cual se construye la monografía de Pablo Sanz Bayón.

No se limita a estudiar la paralización de los órganos sociales como causa de disolución sino que se adentra en por qué se elige una estructura paritaria, qué posición ocupa cada socio, cuándo el desacuerdo se convierte en abuso y qué instrumentos permiten prevenir o resolver el bloqueo. El resultado es una investigación amplia sobre uno de los problemas centrales del gobierno de las sociedades cerradas.

El bloqueo en las sociedades paritarias: prevenir el conflicto para conservar la empresa.

Las sociedades participadas al cincuenta por ciento son habituales en la práctica. Aparecen en empresas familiares, en proyectos promovidos por dos profesionales, al albur de alianzas entre empresarios y sociedades conjuntas o joint ventures. La distribución igualitaria del capital, y del poder de voto en estas entidades responde muchas veces a una decisión racional. Reconoce la equivalencia de las aportaciones. Impide que uno de los participantes quede subordinado al otro. Reserva las decisiones esenciales al acuerdo de ambos. Sin embargo, la misma regla que protege el equilibrio puede impedir la formación de la voluntad social cuando desaparece la cooperación. Este es el punto de partida de la obra, que consta de cuatro partes y siete capítulos. Su orden tiene valor explicativo: parte de los fundamentos de la sociedad 50/50, construye la posición jurídica del socio paritario, examina la respuesta disolutoria y desplaza finalmente el centro de atención hacia la prevención y la salida. Las reflexiones finales comienzan en la p. 489.

 

La racionalidad y el riesgo de la sociedad 50/50

La primera parte, presenta el bloqueo como una patología típica, pero no inevitable, de las sociedades paritarias. El autor estudia la relevancia de la cuestión, la insuficiencia del principio mayoritario y la racionalidad económica de la distribución 50/50. Recurre a la teoría de los costes de transacción, a la concepción de la sociedad como nexo de contratos y a la teoría de juegos. Estas herramientas permiten explicar que la paridad no es necesariamente fruto de una mala planificación. Cuando ambos socios realizan aportaciones específicas y esenciales —capital, conocimientos, tecnología, clientela o trabajo personal—, atribuir el control estable a uno de ellos puede romper el equilibrio que hace posible el proyecto. La alternativa 51/49 evita el empate, pero crea una mayoría permanente y una minoría estructural. Sustituye el riesgo de bloqueo por el riesgo de abuso de mayoría. La elección debe atender, por ello, a la naturaleza del negocio, a las contribuciones de los participantes y a la confianza que sustenta su relación.

El libro examina también la vocación de estabilidad y el componente personalista de estas sociedades. En muchas de ellas no existe una separación nítida entre propiedad y control. Los socios administran la sociedad, trabajan para ella, aportan activos o mantienen sus relaciones principales. El conflicto societario se proyecta así sobre la gestión diaria, la remuneración, los contratos vinculados y la continuidad profesional de las partes.

La tipología estudiada confirma que no todas las sociedades paritarias plantean los mismos problemas. En una sociedad familiar pesan las relaciones personales o sucesorias. En una sociedad conjunta, el bloqueo puede proceder de estrategias o necesidades de financiación divergentes. La igualdad formal del capital no elimina la diversidad material de los conflictos.

Interés social, fidelidad y abuso de igualdad

La segunda parte ofrece al lector uno de los núcleos dogmáticos más interesantes del libro. El autor revisa el contrato de sociedad, la distribución paritaria del capital y las concepciones del interés social. Tras contrastar las teorías contractualista e institucionalista, propone una orientación ecléctica y estudia su aplicación judicial al conflicto intracorporativo (pp. 133-164).

La cuestión resulta especialmente importante en una sociedad controlada por dos posiciones equivalentes. Ninguno de los socios puede identificarse automáticamente con el interés social. Pero tampoco basta con afirmar que cada uno es libre de votar atendiendo exclusivamente a su interés. El ejercicio del voto puede impedir decisiones necesarias para la continuidad de la empresa. Es preciso distinguir entre la oposición legítima y la utilización oportunista del poder de bloqueo.

El deber de fidelidad del socio paritario (pp.167-179) es diferenciado por el autor del deber de lealtad de los administradores. La distinción es imprescindible porque los socios paritarios integran con frecuencia el órgano de administración. Como administrador, el sujeto queda sometido al régimen legal de diligencia y lealtad. Como socio, puede defender su propio interés, aunque el ejercicio de sus derechos esté limitado por la buena fe, el interés social y la prohibición del abuso. Este deber de fidelidad no impone una obligación general de votar a favor de cuanto proponga el consocio. El desacuerdo es legítimo. Un socio puede oponerse a una inversión, una ampliación de capital o una determinada estrategia cuando entienda que perjudica al proyecto común. El problema aparece cuando el voto, el veto o la inasistencia deliberada se utilizan para obtener ventajas particulares, alterar el equilibrio pactado o forzar la salida del otro.

En este contexto se sitúa una de las aportaciones más sugerentes de la monografía: el «abuso de igualdad» o «abuso de posición paritaria», examinado desde la p. 179. La categoría permite superar el esquema tradicional del enfrentamiento entre mayoría y minoría. En una sociedad 50/50, cada parte puede impedir la formación de la voluntad social. El abuso no se materializa necesariamente en la adopción de un acuerdo perjudicial. Puede consistir en impedir que se adopte cualquier acuerdo.

El control negativo se manifiesta en la posibilidad de bloquear las cuentas, la aplicación del resultado, una modificación estatutaria, una operación sobre el capital u otra decisión esencial. Además, la igualdad formal no garantiza igualdad material. Un socio puede dominar la información o la gestión, controlar activos decisivos o disponer de mayor capacidad financiera para resistir un conflicto prolongado. La valoración jurídica debe considerar estas asimetrías, la relevancia de la decisión impedida, la conducta previa y la finalidad perseguida.

La propuesta adquiere mayor precisión en las reflexiones finales. El autor vincula el deber de fidelidad a la estructura de capital y a la composición de los activos. Su intensidad debe reforzarse cuando la concentración del capital, las inversiones específicas y la facilidad para bloquear la junta incrementan la vulnerabilidad de la inversión (p. 497). Desde esta perspectiva, el socio paritario ocupa una posición paradójica: disfruta de un máximo control negativo y, al mismo tiempo, padece una máxima debilidad.

Esta construcción conduce a la idea de un «gobierno corporativo de sociedades cerradas» (pp. 498-501). El foco no debe situarse únicamente en los costes de agencia verticales entre socios y administradores. En sociedades concentradas adquieren especial importancia los costes horizontales entre socios. El deber de fidelidad serviría para disciplinar tanto el control positivo de la mayoría como el control negativo de minoritarios significativos y socios paritarios. El cambio de enfoque resulta relevante para un tejido empresarial en el que predominan las sociedades cerradas.

El bloqueo de los órganos y la respuesta disolutoria

El capítulo tercero estudia la estructura biorgánica de la sociedad de capital y su incidencia en el bloqueo. Tras analizar el funcionamiento de la junta y del órgano de administración, el libro examina el principio mayoritario, el derecho de voto y los acuerdos negativos. Su taxonomía distingue, entre otros supuestos, la falta de aprobación de las cuentas y de la distribución del resultado y el bloqueo de modificaciones estatutarias u operaciones sobre el capital (pp. 224-228).

La paralización puede producirse en distintas fases. Puede resultar imposible convocar el órgano, constituirlo válidamente o adoptar acuerdos. La distinción tiene consecuencias prácticas. Permite delimitar la causa de disolución y ayuda a seleccionar la cláusula preventiva idónea. No es lo mismo resolver un empate en una votación que suplir la ausencia sistemática de uno de los socios o superar la imposibilidad de renovar el órgano de administración.

A partir de la p.235, el libro se ocupa de la disolución como mecanismo legal de resolución. El análisis abarca el régimen español, los antecedentes y el fundamento de la paralización como causa disolutoria. Desde la p. 279 se estudian los supuestos relativos al órgano de administración y a la junta general, incluidos los problemas de convocatoria, constitución y adopción de acuerdos. También se examinan los requisitos, el momento en que surge la causa y la forma de operar de la disolución.

El artículo 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital exige que la paralización de los órganos sociales haga imposible el funcionamiento de la sociedad. No basta la existencia de enemistad, litigios o discrepancias. Debe producirse una afectación efectiva y suficientemente grave. La dificultad reside en separar la crisis temporal del bloqueo definitivo. Una interpretación demasiado estricta puede mantener artificialmente una organización incapaz de decidir. Una aplicación demasiado amplia puede convertir cualquier conflicto relevante en antesala de la liquidación.

La obra completa el estudio sustantivo con la vertiente procesal: legitimación, competencia, procedimiento, prueba y título inscribible. Añade la responsabilidad de los administradores, la publicidad registral, la liquidación, las medidas cautelares y la reactivación. La disolución no pone fin automáticamente al conflicto, que puede reaparecer durante la venta de los activos y el reparto del patrimonio.

La valoración crítica que efectúa SANZ BAYÓN prepara el tránsito hacia las soluciones convencionales. Explica el autor que la disolución seguida de liquidación no siempre atiende al principio de conservación de la empresa. Puede destruir valor cuando el negocio continúa siendo viable y lo que ha fracasado es la relación entre sus propietarios. Las conclusiones insisten en que la vía legal no responde adecuadamente ni a la conservación empresarial ni a la represión del abuso de igualdad (p.505). De ahí la importancia de anticipar el conflicto mediante la autonomía privada.

Prevenir antes que liquidar

La cuarta parte es la más orientada a la práctica. El capítulo quinto, desde la p. 371, estudia los mecanismos negociales y estatutarios de prevención. Entre los primeros figuran el plan de negocio y la distribución 51/49. Entre los segundos se analizan técnicas relativas al órgano de administración y a la junta: reserva de materias, procedimientos de escala, voto de calidad, consejeros independientes, mayorías reforzadas, restricciones a la transmisibilidad, derechos de veto, clases de acciones y sorteo tras empates reiterados.

El catálogo muestra que ninguna cláusula es neutral ni universal. El voto de calidad evita el empate, pero concede una posición prevalente. El consejero independiente introduce una tercera perspectiva, aunque su eficacia depende de la independencia real y de las facultades reconocidas. Los procedimientos de escala pueden funcionar en sociedades conjuntas cuando la controversia puede elevarse a otros niveles de las entidades participantes. Las mayorías reforzadas protegen decisiones esenciales, pero también pueden multiplicar las posibilidades de bloqueo.

El libro diferencia entre instrumentos de continuidad y de salida. Los primeros intentan restablecer la decisión común. Los segundos permiten terminar la relación sin destruir necesariamente la empresa.

El derecho de separación recibe un examen específico entre las pp. 396 y 415. Puede ser menos destructivo que la disolución porque permite la continuidad de la sociedad. Sin embargo, en una estructura 50/50 plantea problemas delicados. Debe determinarse quién sale, quién adquiere la participación, cómo se fija el valor y cómo se financia el pago. Si el reembolso corresponde a la sociedad, puede generar graves tensiones de liquidez. La separación ad nutum protege frente al encierro, pero puede desestabilizar una empresa dependiente de las aportaciones personales de ambos socios. El autor se muestra favorable, de lege ferenda, al reconocimiento de un derecho de separación ad nutum en las sociedades limitadas como alternativa a la disolución (p. 503), propuesta que invita al debate.

Pactos, cláusulas de salida y solución por terceros

Zarzas y lila

El capítulo sexto comienza en la p. 421 y se dedica a los mecanismos extraestatutarios. Parte de los pactos parasociales y los protocolos familiares. Examina después las cláusulas shoot-out, las opciones call y put, la venta conjunta, las cláusulas tag along y drag along, la mediación, el arbitraje, las acciones judiciales de compraventa, la escisión subjetiva y la fiducia societaria de desempate.

Los pactos parasociales permiten detallar los procedimientos de negociación, los plazos, la información, las valoraciones y las condiciones de adquisición. Su utilidad exige coordinar el plano contractual con el societario. Deben preverse su eficacia entre los firmantes, su relación con los estatutos y las consecuencias del incumplimiento.

Las cláusulas shoot-out, estudiadas desde la p. 429, reciben especial atención. La obra distingue la ruleta rusa, el tiro mejicano, el sale shoot-out y el deterrent approach. En sus formas más conocidas, un socio fija un precio y el otro debe optar entre vender su participación o adquirir la del oferente en condiciones equivalentes. La posibilidad de terminar como comprador o vendedor pretende incentivar una valoración razonable.

La simetría formal, sin embargo, no garantiza justicia material. Las diferencias de información, liquidez o acceso al crédito pueden favorecer al socio financieramente más fuerte. En las reflexiones finales, el autor se inclina por estos mecanismos debido a su eficacia preventiva y disuasoria (p. 506), pero advierte que deben ejecutarse con cautela cuando exista disparidad financiera. La invocación de la cláusula puede ser contraria a la buena fe si un socio conoce que el otro no puede financiar la compra y explota esa debilidad para forzar el bloqueo (p. 507). La observación evita presentar las cláusulas shoot-out como una solución automática.

Las opciones call y put, la venta conjunta y las cláusulas de acompañamiento y arrastre ofrecen otras vías para predeterminar la salida. Su funcionamiento requiere definir el hecho desencadenante, el precio o método de valoración, los plazos y las garantías de pago. La precisión contractual es tan importante como la elección del mecanismo.

La mediación y el arbitraje, examinados desde la p. 459, cumplen funciones distintas. La mediación intenta reconstruir la capacidad negociadora de los socios y permite soluciones flexibles. El arbitraje atribuye a un tercero la resolución de una controversia. El libro expone las posiciones favorables y contrarias y estudia la validez de la cláusula arbitral para deshacer el bloqueo. No basta con declarar arbitrable el conflicto. Es necesario precisar qué puede decidir el árbitro: interpretar el pacto, constatar un incumplimiento, determinar un precio o verificar la activación de un mecanismo de compraventa.

El recorrido concluye con las acciones judiciales de compraventa, la escisión subjetiva y la fiducia de desempate (pp. 474-480). La diversidad confirma la tesis principal: no existe una respuesta única. La solución depende de la actividad, los activos críticos, las aportaciones personales, la financiación y la posición económica de cada socio.

Valoración de conjunto

  • La principal aportación de Las situaciones de bloqueo en las sociedades de capital paritarias reside en integrar perspectivas que a menudo aparecen separadas. El bloqueo se analiza desde la racionalidad económica de la paridad, la estructura contractual, el interés social, los deberes de los socios, el funcionamiento orgánico y el sistema de remedios legales y convencionales. Esta visión impide reducir la paralización a un presupuesto técnico de la disolución. La presenta como un problema de gobierno societario.
  • Resulta especialmente valioso el estudio del poder negativo. El Derecho de sociedades suele fijarse en quien puede aprobar decisiones. La sociedad paritaria obliga a atender también a quien puede impedirlas. El concepto de abuso de igualdad permite valorar ese poder sin trasladar mecánicamente las categorías de mayoría y minoría. Ambos socios pueden comportarse de manera oportunista. Ambos pueden quedar expuestos al bloqueo.
  • La sistematización de los mecanismos preventivos y resolutorios proporciona a la obra una clara utilidad práctica. No se ofrece una cláusula modelo aplicable a cualquier sociedad. Se explican las ventajas, los costes y los riesgos de cada opción. Esa prudencia es un mérito. La cláusula idónea depende de la realidad económica y personal del proyecto.
  • La monografía deja una enseñanza nítida. La igualdad de poder no debe rechazarse, pero necesita una arquitectura de gobierno precisa. Los estatutos y pactos han de identificar las materias sometidas a consenso, ordenar la negociación, acreditar el bloqueo, prever la intervención de terceros y establecer condiciones de salida compatibles con la viabilidad financiera. La decisión debe adoptarse ex ante, cuando existe cooperación, y no cuando el conflicto ya ha destruido la confianza.
  • El libro resulta relevante para la doctrina mercantilista y para quienes redactan estatutos y pactos parasociales, estructuran sociedades conjuntas o intervienen en conflictos societarios. La conexión constante entre fundamento y remedio, unida a la amplitud del análisis, permite calificarlo como un trabajo maduro y de altura. Más que describir una patología, ofrece un marco completo para comprenderla, prevenirla y, cuando sea necesario, resolverla conservando en lo posible el valor de la empresa.

 

Para quienes hemos tenido la oportunidad de contar con el profesor Sanz Bayón en actividades del GID DerMerUle, la publicación produce también una sincera alegría. Esta obra acredita una notable capacidad para ordenar un problema complejo sin simplificarlo y está llamada a convertirse en una referencia sobre el bloqueo societario y el gobierno de las sociedades cerradas.