STJUE, elaboraci贸n de perfiles crediticios y decisiones apoyadas en actos o hechos automatizados

La聽Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de diciembre de 2023, OQ contra Land Hessen (asunto C-634/21) resulta de especial inter茅s para la protecci贸n de datos en las decisiones apoyadas en la automatizaci贸n. Esta STJUE responde a una Petici贸n de decisi贸n prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Wiesbaden, y resultar谩 influyente en relaci贸n con los retos de la digitalizaci贸n y de la IA.

Los hechos subyacentes giran en torno a la influencia de las decisiones de una agencia de rating聽que elabora perfiles crediticios de consumidores. Concretamente,聽 SCHUFA era una empresa dedicada a facilitar informaci贸n sobre la solvencia (scoring) de los consumidores. Para realizar sus an谩lisis se apoyaba en procedimientos matem谩ticos y estad铆sticos, mediante los que clasificaba a las personas f铆sicas en atenci贸n a su comportamiento pasado e infer铆a la probabilidad de comportamientos futuros similares (generaci贸n de valor de probabilidad) .

Entre los clientes de SCHUFA se encontraban entidades financieras del sector de cr茅dito a consumidores.

En el asunto analizado, una persona f铆sica cuya solicitud de pr茅stamo fue negada por uno de los clientes de SCHUFA (sobre la base del scoring proporcionado por 茅sta) ejerci贸 su derecho de acceso a datos ante esta evaluadora de calidad crediticia. Pero SCHUFA le facilit贸 s贸lo informaci贸n gen茅rica y se neg贸 a divulgar los distintos datos que ten铆a del afectado, as铆 como la ponderaci贸n de estos que hab铆a realizado en forma de valores de probabilidad. La negativa de SCHUFA se apoyaba en que quien hab铆a denegado el cr茅dito eran sus clientes, y no la propia entidad (y al amparo de la legislaci贸n alemana s贸lo se regula el 芦uso禄 del valor de probabilidad, pero no su generaci贸n).

El tribunal alem谩n pregunt贸 si la actividad de SCHUFA deb铆a entenderse sometida al art 22 RGPD,聽 dado que no era ella la que adoptaba la 芦decisi贸n automatizada禄, sino que s贸lo genera el valor de probabilidad. Y esta pregunta se vert铆a para conocer si SCHUFA estaba o no obligada a dar acceso al afectado

Roset贸n Sur. Pulchra Leonina

En esta sentencia el TJUE record贸 que聽 el art 22 RGPD protege a las personas contra los riesgos espec铆ficos que afecten a sus intereses y derechos leg铆timos, en particular el derecho a no ser discriminados. Establece lo que es una 芦decisi贸n individual禄 sometida al art 22, que debe entenderse en sentido amplio. Y aclara que cuando el valor de probabilidad es generado por una agencia de informaci贸n comercial / crediticia. Y cuando as铆 es comunicado a un banco o entidad que concede cr茅ditos, y desempe帽a un papel determinante en la concesi贸n de un cr茅dito, la generaci贸n propiamente dicha de ese valor de probabilidad聽 es una decisi贸n que produce 芦efectos jur铆dicos禄 en un interesado o que聽 le afecta significativamente de modo similar

    • Conforme al TJUE las garant铆as del RGPD abarcan actos, hechos o datos que sustentan las decisiones automatizadas, como los perfiles o ponderaciones automatizadas que han estado en la base de la decisi贸n finalmente adoptada. Por ello, a pesar de que formalmente la decisi贸n se adopte por otra entidad o haya pasado por un proceso de aparente decisi贸n humana, si el componente automatizado es determinante, no puede considerarse como excluido de las garant铆as exigidas en el RGPD.
    • El concepto de 芦decisi贸n禄 聽no est谩 restringido a聽 los actos que producen efectos jur铆dicos directos en un interesado, sino que abarca tambi茅n hechos que cuya influencia en la decisi贸n que finalmente se adopta es relevante. Un ejemplo de esa influencia es la que se dilucidaba en esta sentencia, es decir, la denegaci贸n de una solicitud de cr茅dito en l铆nea (por estar apoyada en un tratamiento automatizado de datos de solvencia)
    • El concepto amplio de 芦decisi贸n禄 incluye la elaboraci贸n de perfiles cuyo valor de probabilidad produce 芦efectos jur铆dicos禄 sobre la decisi贸n final (aqu铆 la concesi贸n o no concesi贸n de un cr茅dito) cuando esa decisi贸n final se base de un modo determinante en ese valor de probabilidad.聽 Lo que es m谩s, la 聽generaci贸n del valor de probabilidad no es 煤nicamente un acto preparatorio; sino que es un acto de tratamiento de datos al que el interesado tiene derecho de acceso.

Por tanto, y teniendo en cuenta que el聽 RGPD establece el derecho de las personas a no ser objeto de una decisi贸n basada 煤nicamente en un tratamiento automatizado, la聽 generaci贸n de un valor de probabilidad聽 o rating (en este caso en relaci贸n con el cr茅dito de las personas f铆sicas) queda comprendido en el 谩mbito de aplicaci贸n del RGPD .聽 Ello implica que est谩 prohibida la adopci贸n de decisiones crediticias apoyadas 煤nicamente en el tratamiento automatizado.聽 La prohibici贸n alcanza a los tratamientos automatizados efectuados por terceros, cuando influyen determinantemente en la decisi贸n final.聽 Aunque, quedan excluidas de la prohibici贸n las decisiones amparadas en alguna de las excepciones previstas en la norma, que se cumplan los requisitos espec铆ficos establecidos en el RGPD.

La cuesti贸n prejudicial giraba tambi茅n sobre el margen de regulaci贸n nacional sobre el art铆culo 22, por la posible actuaci贸n excesiva del legislador alem谩n, al someter la generaci贸n de valor de probabilidad a requisitos de licitud m谩s estrictos que el RGPD. Y es que, conforme al art铆culo 22, el Derecho nacional puede autorizar decisiones automatizadas y, para ello, establecer medidas adecuadas. Y debe legitimar en casos particulares el tratamiento de categor铆as especiales de datos del art铆culo 9.

G贸tico
      • La STJUE recuerda que el legislador nacional 芦debe establecer medidas adecuadas禄 en el 谩mbito del art 22 pero adem谩s queda vinculado por los art铆culos 5 (principios) y 6 (legitimaci贸n).
      • En cambio, trat谩ndose de una norma europea de m谩ximos, los Estados no est谩n facultados para establecer normas complementarias ni pueden apartarse de las exigencias que resultan de la jurisprudencia.
      • En este caso concreto, es el juez nacional es quien debe comprobar que la regulaci贸n nacional es acorde con las exigencias del Reglamento

 

M谩s:

 

Nuevo Reglamento General de Seguridad de los Productos en la UE

El 23 de mayo de 2023, la UE public贸 el nuevo Reglamento general de seguridad de los productos (RGSP).聽Este Reglamento entr贸 en vigor el 12 de junio de 2023 y establece un periodo transitorio de 18 meses de adaptaci贸n para los Estados miembros de la UE y entidades que deban cumplirlo. Su plena aplicaci贸n comenzar谩 el 13 de diciembre de 2024.

No establece obligaciones contractuales de derecho privado relativas a la seguridad. 脡stas deber谩n buscarse en la futura Directiva聽 de productos defectuosos. (Propuesta de Directiva sobre responsabilidad por los da帽os causados por productos defectuosos, publicada el 28.09.2022). Sin embargo, al imponer el RGSP que聽 s贸lo se pueden comercializar en la UE los productos que puedan calificarse como seguros viene a imponer impl铆citamente un est谩ndar de seguridad. Adem谩s, este Reglamento plantea nuevos requisitos relacionados con la notificaci贸n de efectos adversos, las evaluaciones de riesgos previos a la comercializaci贸n, las retiradas de circulaci贸n de productos como consecuencia de fallos en la seguridad; as铆 como otros relacionados con el etiquetado y con la documentaci贸n de los productos. El RDSP聽 incluye expresamente disposiciones que permiten entablar acciones colectivas

Camelia
SEGURIDAD DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN LA UE

 

  • El art 5 define el principio universal de que s贸lo se pueden introducir o comercializar聽 en la UE productos que sean seguros. A continuaci贸n, y a lo聽 largo del texto articulado, este principio va tomando forma y adoptando manifestaciones concretas. Destacadamente establece presunciones de seguridad, en el sentido de que la conformidad con las normas de certificaci贸n聽 publicadas en el DOUE en relaci贸n con determinados riesgos (conforme al art 10, apartado 7, Reglamento 1025/2012); y la conformidad con normas nacionales de similar alcance tienen como efecto activar tal presunci贸n.
  • Los fabricantes deber谩n informar 芦sin demora禄 de los 芦accidentes causados por un producto禄 si 茅ste est谩 relacionado聽 o implicado en un incidente con resultado de muerte o 芦efectos adversos graves para la salud y la seguridad禄.
    • Los productos s贸lo pueden ser introducidos en el mercado de la UE cuando exista un operador econ贸mico establecido en la Uni贸n que sea responsable de las tareas establecidas en el art铆culo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/1020 respecto de dicho producto.

 

 

  • La Comisi贸n podr谩 introducir requisitos de trazabilidad para determinados productos o categor铆as o grupos de productos que pueden presentar un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores, habida cuenta de los accidentes registrados en el portal Safety Business Gateway, las estad铆sticas de Safety Gate, los resultados de las actividades conjuntas en materia de seguridad de los productos y otros indicadores o pruebas pertinentes, y despu茅s de consultar a la Red de Seguridad de los Consumidores y a los grupos de expertos y partes interesadas pertinentes (Art 18.1)
  • Si la Comisi贸n tuviera conocimiento de un producto o de una categor铆a o grupo espec铆fico de productos que presente un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores, podr谩 adoptar, por iniciativa propia o a petici贸n de los Estados miembros y mediante actos de ejecuci贸n, medidas adecuadas adaptadas a la gravedad y a la urgencia de la situaci贸n en los t茅rminos del art 28.
RECUPERACI脫N DESPU脡S DE UN SINIESTRO

El Reglamento crea la categor铆a del operador de recuperaci贸n o聽 芦responsable禄 de la recuperaci贸n. Este responsable es quien elabora y comunica a los consumidores el restablecimiento o聽 aviso de recuperaci贸n. En el aviso de recuperaci贸n se ofrecen soluciones entre las que el consumidor puede elegir (art 37 ). El operador de recuperaci贸n puede ser distinto del que haya emitido una 芦advertencia de seguridad禄.

    • Opciones para el consumidor:
      • El operador econ贸mico debe ofrecer al consumidor la elecci贸n entre al menos dos de estas soluciones: a) la reparaci贸n del producto sujeto a recuperaci贸n; b) la sustituci贸n del producto sujeto a recuperaci贸n por un producto seguro del mismo tipo y de, al menos, igual valor y calidad, o c) el reembolso adecuado del valor del producto sujeto a recuperaci贸n, siempre que el importe del reembolso sea al menos igual al precio abonado por el consumidor. S贸lo excepcionalmente, el operador econ贸mico podr谩 ofrecer al consumidor una 煤nica soluci贸n cuando otras soluciones no sean posibles o cuando acarreen costes desproporcionados para el operador responsable, en comparaci贸n con la soluci贸n ofrecida,聽 y considerando todas las circunstancias concurrentes
    • Las opciones que se deben ofrecer no obstan para la aplicaci贸n de la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales; y de la Directiva ; y de la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.掳 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE
    • Alertas y web con incidentes. Conforme a los arts 25 y ss la Comisi贸n mantendr谩 en funcionamiento un sistema de alertas r谩pidas con la denominaci贸n de Safety Gate.
      • Tambi茅n, y conforme al art 34, un Portal Safety Gate que permitir谩 al p煤blico en general consultar, gratuitamente y sin restricciones, la informaci贸n esencial sobre productos inseguros (informaci贸n seleccionada y notificada de conformidad con el art铆culo 26).
      • Adicionalmente, la Comisi贸n mantendr谩 un Portal Safety Business Gateway en el que los operadores econ贸micos y los prestadores de mercados en l铆nea puedan proporcionar de manera sencilla a las autoridades de vigilancia del mercado y a los consumidores determinada informaci贸n (art 27)
MERCADOS EN L脥NEA

Los prestadores de mercados en l铆nea tambi茅n deben cooperar en las recuperaciones de productos y la notificaci贸n de accidentes. El art铆culo 22 del Reglamento impone obligaciones espec铆ficas a los operadores de mercados en l铆nea:聽 una obligaci贸n amplia de notificar 芦accidentes causados por un producto… que provoquen un riesgo grave o un da帽o real para la salud o la seguridad de un consumidor禄. Por otro lado: los prestadores de mercados en l铆nea designar谩n un punto 煤nico de contacto que permita la comunicaci贸n directa, por medios electr贸nicos, con las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros en relaci贸n con cuestiones de seguridad de los productos

COMUNICACIONES RELATIVAS A PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN SUPUESTOS ESPECIALES

los operadores econ贸micos y los prestadores de mercados en l铆nea deben garantizar que incluyen la posibilidad de ponerse directamente en contacto con los consumidores en caso de recuperaci贸n o advertencia de seguridad que les afecte, en los programas de fidelizaci贸n y los sistemas de registro de productos existentes, a trav茅s de los cuales se pide a los clientes que, tras haber adquirido un producto, comuniquen voluntariamente al fabricante determinada informaci贸n, como su nombre, informaci贸n de contacto, el modelo del producto o el n煤mero de serie.

SOBRE LA APLICACI脫N DE ESTE REGLAMENTO
  • Pese a la aplicaci贸n general de 茅ste Reglamento, 茅sta se entender谩 sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el Derecho de la UE en materia de protecci贸n de los consumidores, y del principio de cautela.
  • Se aplica a los productos (nuevos, usados, reparados, reacondicionados)聽 que se introduzcan en el mercado o que se comercialicen en la UE, en la medida en que no existan disposiciones espec铆ficas con la misma finalidad en el Derecho de la UE. Es decir, es derecho general subsidiario que se aplica en toda la UE cuando no existan disposiciones espec铆ficas que regulen la seguridad de los productos. En el caso de que determinados productos est茅n sujetos a requisitos espec铆ficos de seguridad impuestos por el Derecho de la UE, el reglamento se aplicar谩 煤nicamente a los aspectos, riesgos o categor铆as de riesgo que no est茅n cubiertos por esos requisitos. Pero, por lo que respecta a los productos que ya est茅n sujetos a requisitos espec铆ficos impuestos por otra legislaci贸n de armonizaci贸n de la UE:
      • no se les aplica el cap铆tulo II (Requisitos de seguridad) en cuanto a los riesgos o categor铆as de riesgo cubiertos por legislaci贸n de armonizaci贸n de la UE;
      • no se les aplican el cap铆tulo III (Obligaciones de los operadores econ贸micos), secci贸n 1 (Obligaciones de los fabricantes), los cap铆tulos (Vigilancia del mercado y ejecuci贸n) y VII (Funci贸n de la Comisi贸n y coordinaci贸n de la garant铆a del cumplimiento), ni los cap铆tulos IX a XI (Cooperaci贸n internacional, Disposiciones financieras y Disposiciones finales).

聽 聽 聽Tampoco se aplica a:

Hugo’s pool
      • medicamentos de uso humano o veterinario;
      • alimentos;
      • piensos;
      • plantas y animales vivos, organismos modificados gen茅ticamente y microorganismos modificados gen茅ticamente en utilizaci贸n confinada, as铆 como productos procedentes de vegetales y animales directamente relacionados con su futura reproducci贸n;
      • subproductos animales y productos derivados;
      • productos fitosanitarios;
      • equipos en los que los consumidores montan o en los que viajan, cuando dichos equipos sean manejados directamente por un prestador de servicios en el contexto de un servicio de transporte prestado a los consumidores, y no por los propios consumidores;
      • aeronaves;
      • antig眉edades.

 

 

 

VER un comentario inicial (y parcial) del Profesor 脕ngel Carrasco Perera

TJUE . Los llamados 芦programas de fidelizaci贸n禄. El concepto de consumidor revisitado. Case Law on Lesson 5 IBL

El TJUE revisita el concepto de consumidor en la sentencia de 8 de junio de 2023 vertida el聽 en el asunto聽 聽C鈥455/21. Resuelve as铆 una petici贸n de decisi贸n prejudicial planteada, con arreglo al art铆culo 267 TFUE, por el Tribunal de Distrito de Olt, Ruman铆a

Merindades burgalesas
Merindades burgalesas
ANTECEDENTES, HECHOS, FUNDAMENTOS

El demandante en el litigio principal,聽 una persona f铆sica, un ingeniero mec谩nico, y alega que no act煤a en desarrollo de actividades comerciales a t铆tulo profesional a los efectos de este litigio

El demandante celebr贸 con la mercantil Lyoness Europe (demandada en el litigio principal subyacente) un contrato de adhesi贸n a un programa de fidelizaci贸n llamado sistema Lyoness que permit铆a a los 芦clientes fieles禄 beneficiarse de reembolsos en las compras, comisiones y otras ventajas en las empresas que formaban parte del sistema. Estos clientes tambi茅n pod铆an actuar como intermediarios para la adhesi贸n de otras personas a 茅l. Seg煤n el contrato de adhesi贸n, el Derecho aplicable a la relaci贸n contractual entre las partes del litigio principal es el Derecho suizo.

Recu茅rdese que el art铆culo 6 de la Directiva 93/13 establece:聽芦1.聽聽聽聽聽聽Los Estados miembros establecer谩n que no vincular谩n al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cl谩usulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondr谩n que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos t茅rminos, si este puede subsistir sin las cl谩usulas abusivas.聽2.聽聽聽聽聽聽Los Estados miembros adoptar谩n las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protecci贸n que ofrece la presente Directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al contrato cuando el contrato mantenga una estrecha relaci贸n con el territorio de un Estado miembro de la Comunidad.禄.聽

En cuanto al Reglamento Roma I (Reglamento (CE) n.潞 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (considerandos 7 y 25): 芦El 谩mbito de aplicaci贸n material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) n.潞 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuci贸n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil禄…. 芦Los consumidores deben quedar protegidos por las disposiciones del pa铆s de su residencia habitual que no puedan excluirse mediante acuerdo, siempre que el contrato se haya celebrado en el marco de las actividades comerciales o profesionales ejercidas por el profesional en el pa铆s de que se trata禄.聽

El art铆culo 6 apartado 1 del Reglamento Roma 1 establece: 芦…., el contrato celebrado por una persona f铆sica para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional (鈥渆l consumidor鈥) con otra persona (鈥渆l profesional鈥) que act煤e en ejercicio de su actividad comercial o profesional, se regir谩 por la ley del pa铆s en que el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el profesional: a) ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el pa铆s donde el consumidor tenga su residencia habitual, o b) por cualquier medio dirija estas actividades a ese pa铆s o a distintos pa铆ses, incluido ese pa铆s, y el contrato estuviera comprendido en el 谩mbito de dichas actividades禄.

En este asunto, el demandante consider贸 que diversas cl谩usulas incluidas en el contrato de adhesi贸n, titulado 芦Condiciones generales de venta para los clientes Lyoness禄 (en su versi贸n de noviembre de 2009), as铆 como en el anexo de este, titulado 芦Reembolsos Lyoness y condiciones de pago禄, eran 芦abusivas禄, en el sentido del art铆culo 1, apartado 3, de la Ley n.潞 193/2000. Por ello, present贸 una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Slatina, Ruman铆a, solicitando que declarase que tales cl谩usulas est谩n prohibidas en virtud de dicha disposici贸n.

La demandada en el litigio principal sosten铆a que el demandante carec铆a de la condici贸n de 芦consumidor禄 en el sentido de la Ley n.潞 193/2000. Por el contrario, estima que en el funcionamiento del sistema Lyoness que permite atraer nuevos adherentes, el demandante ejerc铆a una actividad econ贸mica de manera independiente y sistem谩tica con sus propios recursos sociales y financieros para obtener聽 beneficios en forma de 芦ingreso pasivo禄: su objetivo no eran exclusivamente los descuentos. Por otro lado, la demandada aleg贸 que la adhesi贸n al sistema Lyoness es gratuita, y las cantidades de dinero depositadas por los miembros de dicho sistema constituyen anticipos a cuenta de las compras futuras que realicen, con la 煤nica obligaci贸n de utilizar esas cantidades en el marco del programa de fidelizaci贸n y de efectuar sus compras a sus socios comerciales. Seg煤n la demandada el sistema Lyoness y sus miembros constituyen una comunidad de compradores para obtener beneficios rec铆procos. Seg煤n la demandada en el litigio principal, el demandante en el litigio principal disfrut贸 de las ventajas derivadas de su adhesi贸n al sistema Lyoness, a saber, reembolsos por sus propias compras, ventajas ampliadas sobre las compras de los miembros recomendados (芦prima de amistad禄) y ventajas conferidas por la condici贸n de miembro.

RAZONAMIENTOS Y JURISPRUDENCIA PREVIA

Sanabria
  • una cl谩usula que designa como Derecho aplicable al contrato el Derecho de un pa铆s tercero no puede privar a un consumidor de la protecci贸n que le otorga la Directiva 93/13. Ante tal cl谩usula, corresponde al juez nacional velar por que se garantice la protecci贸n prevista en el art铆culo 6, apartado 2, del Reglamento Roma I y en el art铆culo 6, apartado 2, de la Directiva 93/13.
  • el sistema de protecci贸n establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situaci贸n de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociaci贸n como al nivel de informaci贸n, situaci贸n que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas (sentencia de 3 de septiembre de 2015, Costea, C鈥110/14, EU:C:2015:538, apartado 18 y jurisprudencia citada)
  • como indica el d茅cimo considerando de la Directiva 93/13, sin perjuicio de las excepciones que en ese mismo considerando se enuncian, las normas uniformes sobre cl谩usulas abusivas deben aplicarse a 芦todos los contratos禄 celebrados entre un profesional y un consumidor conforme a la definici贸n que de ellos ofrece el art铆culo 2, letras聽b) y聽c), de aquella [sentencia de 27 de octubre de 2022, S.聽V. (Inmueble en r茅gimen de propiedad horizontal), C鈥485/21, EU:C:2022:839, apartado 22 y jurisprudencia citada].
  • la Directiva 93/13 define los contratos a los que se aplica atendiendo a la condici贸n de los contratantes, seg煤n act煤en o no en el marco de su actividad profesional (sentencia de 21 de marzo de 2019, Pouvin y Dijoux, C鈥590/17, EU:C:2019:232, apartado 23 y jurisprudencia citada)
  • en este asunto, en virtud del contrato de adhesi贸n, el demandante que no ejerce una actividad comercial con car谩cter profesional, tiene derecho a participar en la 芦comunidad de compras禄 operada por la demandada, para adquirir bienes y servicios de comerciantes que tengan una relaci贸n contractual con esta demandada . Y tiene derecho (sin perder la condici贸n de consumidor)聽 a actuar como intermediario respecto de otras personas en un sistema que 芦promete禄 la obtenci贸n de ingresos econ贸micos en forma de reembolsos en las compras, comisiones y otras ventajas promocionales. (apartados 51 y siguientes)
FALLO:
En el concepto de 芦consumidor禄, con arreglo a la Directiva 93/13 est谩 comprendida una persona f铆sica que se adhiere a un sistema establecido por una sociedad mercantil y que permite, en particular, disfrutar de determinadas ventajas financieras en el marco de la adquisici贸n, por esa persona f铆sica o por otras personas que por recomendaci贸n suya participan en ese sistema, de bienes y servicios de los socios comerciales de esa sociedad, cuando dicha persona f铆sica act煤a con fines ajenos a su actividad profesional.

Inversiones sostenibles y el derecho de la UE (I).

Del Pacto verde al Nuevo Reglamento en materia de inversiones sostenibles

La Uni贸n Europea se ha propuesto convertirse en el primer bloque clim谩ticamente neutro en 2050. A tales efectos se han ido configurando mecanismos de gobernanza y de financiaci贸n para las grandes trasformaciones venideras que afectar谩n al sector p煤blico y al sector privado .

En su Comunicaci贸n de 8 de marzo de 2018, la Comisi贸n public贸 su 芦Plan de Acci贸n: Financiar el crecimiento sostenible禄, con el que inicia una estrategia ambiciosa e integral respecto de las finanzas sostenibles. Entre los objetivos fijados en dicho plan de acci贸n es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles y el聽 establecimiento de un sistema de clasificaci贸n unificado de las actividades sostenibles.

Esta iniciativa se une al聽Acuerdo de Par铆s sobre el Cambio Clim谩tico聽y聽la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible; el Marco de la UE en materia de clima y de energ铆a para 2030, el Plan de acci贸n de la econom铆a circular聽y la聽Aplicaci贸n por la UE de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y, el Plan de acci贸n forma parte de los trabajos para una Uni贸n de Mercados de Capitales (UMC)聽 y pone en com煤n las finanzas con las necesidades espec铆ficas de sostenibilidad ambiental,econ贸mica y socia del la econom铆a europea.

El Plan de acci贸n se apoy贸 en el informe de final de enero de 2018 realizado por el Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, creado en 2016 . Y sus principales elementos incluyen: Establecer un sistema de clasificaci贸n unificado para las finanzas sostenibles que defina lo que es sostenible y se帽ale los 谩mbitos聽 de mayor repercusi贸n; crear etiquetas de la UE para productos financieros verdes para su mejor聽 聽identificaci贸n; reforzar los requisitos en materia de divulgaci贸n de informaci贸n y sostenibilidad en el proceso de inversi贸n de los gestores activos y los inversores institucionales; establecer la obligaci贸n por parte de las empresas de seguros e inversi贸n del asesoramiento a sus clientes en materia de sostenibilidad; integrar la sostenibilidad en los requisitos prudenciales de bancos y compa帽铆as de seguros, con el objetivo de examinar la viabilidad de recalibrar los requisitos de capital aplicables para las inversiones sostenibles, desde el punto de vista del riesgo y velando al mismo tiempo por la estabilidad financiera de la entidad; fomentar una mayor transparencia en la informaci贸n financiera y no financiera anual (en paralelo se realiz贸 una consulta p煤blica para la revisi贸n de Directrices sobre la presentaci贸n de informes no financieros, para ajustarse a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera sobre Divulgaci贸n de Informaci贸n Financiera relacionada con el clima).

El Plan de Acci贸n se completa con el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, en聽su triple perspectiva

  1. Aspectos sobre financiaci贸n: Se trata de movilizar grandes inversiones y gasto p煤blico en la acci贸n por el clima y en favor del medio ambiente con cargo al presupuesto de la UE y al Banco Europeo de Inversiones 聽y para aglutinar financiaci贸n privada, en lo que desempe帽ar谩 un papel clave el Banco Europeo de Inversiones.
  2. Incentivos para reorientar las inversiones p煤blicas y privadas.
  3. Apoyo pr谩ctico de聽 la Comisi贸n a las autoridades p煤blicas y a los promotores de proyectos con vistas a la planificaci贸n, dise帽o y ejecuci贸n de proyectos sostenibles.

Tambi茅n en el Mecanismo para una Transici贸n Justa que proporcionar谩 apoyo espec铆fico para contribuir a la movilizaci贸n de inversiones durante el per铆odo 2021-2027 en las regiones m谩s afectadas, a fin de mitigar el impacto socioecon贸mico de la transici贸n. Contribuir谩聽 a dar soluciones para los trabajadores y 聽las comunidades que dependen de la cadena de valor de los combustibles f贸siles. Sus fuentes principales de financiaci贸n son:

 

  1. El Fondo de Transici贸n Justa, que recibir谩 7聽500 millones de euros de nuevos fondos de la UE, adem谩s de la propuesta de la Comisi贸n para el pr贸ximo presupuesto a largo plazo de la UE. Los Estados miembros , consultando con la Comisi贸n, determinar谩n los territorios elegibles a trav茅s de planes territoriales de transici贸n espec铆ficos. Tambi茅n tendr谩n que comprometerse a aportar un euro por cada euro del Fondo de Transici贸n Justa con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo Plus, adem谩s de proporcionar recursos nacionales adicionales. En conjunto, esto proporcionar谩 entre 30聽000 y 50聽000 millones de euros de financiaci贸n, lo que a su vez movilizar谩 incluso m谩s inversiones. El Fondo conceder谩 principalmente subvenciones a las regiones, para capacitar a los trabajadores, apoyar las inversiones en energ铆as limpias, entre otros
  2. El R茅gimen de transici贸n espec铆fico con cargo a InvestEU, para atraer inversiones privadas, por ejemplo, en energ铆a sostenible y transporte, que beneficien a estas regiones y ayuden a sus econom铆as a encontrar nuevas fuentes de crecimiento.
  3. El mecanismo de pr茅stamos al sector p煤blico del Banco Europeo de Inversiones respaldado por el presupuesto de la UE, para conceder pr茅stamos al sector p煤blico, por ejemplo, para inversiones en las redes de calefacci贸n urbana y la renovaci贸n de edificios.

M谩s

 

 

Lesson 5 IBL. Perusing. International Contracts. B3_s2

LECCI脫N 5陋: R脡GIMEN JUR脥DICO DE LA CONTRATACI脫N COMERCIAL INTERNACIONAL.
1. Marco jur铆dico general de los contratos mercantiles internacionales. Especial referencia al 谩mbito de la UE
2. Principales contratos mercantiles internacionales.
2.1. Compraventa internacional de mercader铆as. Marco normativo. Incoterms
2.2. Otros contratos, en especial contratos de transporte y contratos de seguros

 

Los contratos internacionales se concluyen y ejecutan en un mundo jur铆dicamente fraccionado. No hay un Derecho de los contratos universal, sino que cada Estado tiene su propio Derecho de los contratos. Para facilitar la contrataci贸n utilizamos normas nacionales e internacionales.

  • De armonizaci贸n o聽 聽normas de conflicto. Sirven para identificar聽la ley estatal que se va a aplicar a un contrato internacional. En el Derecho espa帽ol el texto fundamental es el Reglamento 593/2008, de 17 de junio de 2008, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (conocido como Reglamento Roma I). Unifica la ley aplicable a los contratos internacionales en todos los Estados de la Uni贸n Europea. Sus ejes son
    1. Se aplica en primer lugar la autonom铆a de la voluntad (Art 3) y en su defecto una serie de normas聽clasificadas por el tipo de contrato al efecto de aplicar la Ley del Estado donde se ubica el n煤cleo de cada categor铆a de contrato. Se cierra con una cl谩usula de escape (Art 4)
    2. Despu茅s cuatro reg铆menes especiales para cuatro categor铆as de contratos,鈥 por la necesidad de protecci贸n de una de las partes en el contrato: contratos de transporte (Art. 5), contratos de consumo (Art. 6), contratos de seguro (Art. 7) y contratos de trabajo (Art. 8). Estas reglas especiales corrigen los fallos que presenta el principio de autonom铆a de la voluntad en situaciones de asimetr铆a contractual.
    3. Finalmente, protecci贸n de intereses generales o 聽鈥渘ormas de polic铆a鈥, que operan al margen de esas normas de conflicto ordinarias (Art. 9) (corrigen tambi茅n la autonom铆a de la voluntad)
  • De armonizaci贸n del Derecho material. Establecen un r茅gimen contractual uniforme al margen de los Derechos nacionales y com煤n para todos los Estados parte. Es un Derecho de los contratos supranacional. El texto m谩s relevante es el Convenio de Viena de 11 de abril de 1980 sobre compraventa internacional de mercader铆as. Regula聽la formaci贸n del contrato y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato (art. 4). Este texto, como la mayor铆a del Derecho contractual, es dispositivo: las partes pueden excluir total o parcialmente su aplicaci贸n (art. 6).

Enlaces de inter茅s:聽

Sobreendeudamiento de consumidores. Estrategias para garantizar una segunda oportunidad

Saliendo de imprenta,

VVAA Carballo Fidalgo , Marta聽 (coord) Sobreendeudamiento de consumidores. Estrategias para garantizar una segunda oportunidad, Bosch, 2019 (ISBN9788412126082)

Fue un honor participar como ponente, por invitaci贸n de la Profesora Carballo Fidalgo,聽 en el I Congreso Internacional 芦Sobreendeudamiento de consumidores: estrategias para garantizar una segunda oportunidad禄, celebrado en Santiago de Compostela el d铆a 23 de septiembre de 2019. Es motivo ahora de especial satisfacci贸n la salida a librer铆as de聽 esta obra, en la que el impulso de su coordinadora ha sido esencial. Con este libro culmina el Proyecto de investigaci贸n 芦Libertad de mercado y sobreendeudamiento de consumidores: estrategias jur铆dico-econ贸micas para garantizar una segunda oportunidad禄 (DER2016-80568-R), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades. .
  • Esta obra es fruto de una cuidada reflexi贸n. Elaborada sobre los trabajos realizados con el proyecto, concedido inicialmente a la Profesora Laura Carballo, acreditada catedr谩tica de Derecho Internacional Privado y liderada enseguida por la Profesora Marta Carballo; responde a una estructura en bloques y cap铆tulos presentando un resultado cient铆fico que suma m谩s all谩 de los componentes invitados a colaborar en ella. Se nota, sin duda, la mano de la coordinadora, iusprivatista compostelana brillante.
  • Los tres primeros cap铆tulos sirven para analizar los mecanismos que procuran la concesi贸n responsable, transparente y equilibrada del cr茅dito, como enfoque preventivo del endeudamiento patol贸gico del prestatario.聽 El segundo bloque tem谩tico nos sit煤a en el momento en que se activan las soluciones preconcursales y concursales que podr谩n desembocar en el beneficio de la exoneraci贸n del pasivo insatisfecho. La obra se completa con tres trabajos que trasladan el foco de estudio al plano internacional y comparado.

Junto a la coordinadora de la obra, somos co-autores: JOS脡 MANUEL BUSTO LAGO;MARTA MADRI脩脕N V脕ZQUEZ;MARTA CARBALLO FIDALGO;PATRICIA BENAVIDES VELASCO;V脥CTOR BASTANTE GRANELL;ELENA F. P脡REZ CARRILLO;M脫NICA GARC脥A GOLDAR;ANTONIO FERRE脩O SEOANE;LAURA CARBALLO PI脩EIRO;FRAN脟OISE P脡ROCHON;RENATO MANGANO

Llega estos d铆as a las librer铆as. Lectura recomendada.

Existe un contrato de transporte de viajeros, incluso si no se adquiri贸 billete. TJUE

Existencia de un contrato de transporte. Calificaci贸n (juez nacional) de las sanciones por no comprar billete y, en caso de considerarse sometidas a la Directiva de clausulas abusivas de la contrataci贸n con consumidores, deber de inaplicaci贸n

Catedral de Santiago de Compostela. Fachada g贸tica

Sentencia del TJUE聽 de 9 de noviembre de 2019 en los asuntos acumulados C鈥349/18 a C鈥351/18, que tienen por objeto sendas peticiones de decisi贸n prejudicial planteadas, con arreglo al art铆culo 267聽TFUE, por el vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, B茅lgica), en los procedimientos entre Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)聽 y Mbutuku Kanyeba聽(asunto C鈥349/18), Larissa Nijs聽(asunto C鈥350/18), Jean-Louis Anita Dedroog聽(asunto C鈥351/18),

Se trata de calificar (como medida contractual o reglamentaria) la imposici贸n de sanciones por utilizar un transporte ferroviario sin billete.聽 En efecto, la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, que es la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas (NMBS) sanciona a los viajeros que realizan un trayecto en tren sin un t铆tulo de transporte v谩lido. Se les ofrec铆a la posibilidad de regularizar su situaci贸n pagando inmediatamente el precio del trayecto, m谩s un recargo denominado 芦tarifa a bordo禄 o, bien, en un plazo de catorce d铆as desde la comisi贸n de la infracci贸n, un importe a tanto alzado de 75 euros. O, una vez transcurrido ese plazo de catorce d铆as, quedaba la posibilidad de pagar un importe a tanto alzado de 225 euros.

Ninguno de los tres demandados , Kanyeba, Nijs ni Dedroog satisficieron el precio ni las cantidades adicionales. La NMBS present贸 demanda contra ellos ante el Vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, B茅lgica), solicitando que fueran condenados a pagarle las respectivas cantidades de 880,20 euros, 1 103,90 euros y 2 394,00 euros. En el marco de dichas demandas, la NMBS alega que las relaciones jur铆dicas entre ella y cada uno de los viajeros聽 no son de naturaleza contractual, sino reglamentaria, ya que 茅stos no hab铆an adquirido un t铆tulo de transporte.

El Juez de 聽Amberes se pregunta sobre la naturaleza de la relaci贸n jur铆dica entre la NMBS y los viajeros sin t铆tulo de transporte. A este respecto, se plantea si el Reglamento (CE) n.潞 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril 聽debe interpretarse en el sentido de que cuando el 聽viajero accede a un tren para realizar un trayecto sin haber adquirido un billete nos encontramos ante un聽 芦contrato de transporte禄 y en ese caso entrar铆an en juego la segunda cuesti贸n cual es, a聽 la luz de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores cual ser谩 el tratamiento en caso de que la cl谩usula sancionadora del contrato revista car谩cter abusivo.

  • El 聽Tribunal de Justicia se帽ala que si existe un contrato de transporte concluido por las voluntades concordantes, por un lado de 聽dejar libre acceso a su tren; 聽y por otro de 聽subir a 茅ste para viajar.聽 El billete constituir铆a seg煤n el TJUE un elemento formal accesorio, pero no esencial pues聽 el concepto de 芦contrato de transporte禄 es independiente de si el viajero posee un billete y, por lo tanto, comprende una situaci贸n en la que un viajero sube a un tren de 1 Art铆culo 3, punto 8, del Reglamento (CE) n.潞 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO 2007, L 315, p. 14). 2 Art铆culo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29). www.curia.europa.eu libre acceso con el fin de realizar un trayecto sin haber adquirido un billete. A falta de disposiciones a este respecto en el Reglamento n.潞 1371/2007, esta interpretaci贸n no afecta a la validez de dicho contrato, ni a las consecuencias que pueden derivarse de que una de las partes incumpla sus obligaciones contractuales, que siguen rigi茅ndose por el Derecho nacional aplicable. En lo que ata帽e a la facultad del 贸rgano jurisdiccional nacional de modular la cl谩usula penal que pueda, en su caso, ser abusiva,
  • En cuanto a las disposiciones sancionadoras por no adquirir el billete, el Tribunal de Justicia declara que forman parte de las condiciones generales de transporte de la NMBS. El 聽Juez de Paz de Amberes hab铆a precisado 聽que se 芦consideran de aplicaci贸n general en virtud de su naturaleza reglamentaria禄 que son objeto de 芦comunicaci贸n en una publicaci贸n oficial del Estado禄. Estas sanciones, aun constituyendo condicionados contractuales podr铆an interpretarse como que reflejan disposiciones legales o reglamentarias imperativas por lo que no estar铆an sujetas a las disposiciones de la Directiva. No obstante, seg煤n la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que queden excluidas del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva es preciso que 聽la cl谩usula contractual debe reflejar una disposici贸n legal o reglamentaria imperativa.

 

Dice el TJUE que 聽si 聽el 贸rgano jurisdiccional nacional considera que no concurren esos requisitos, y si 聽estima que la cl谩usula penal est谩 comprendida dentro del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva, el Tribunal de Justicia recuerda que el juez nacional no puede modular el importe de la sanci贸n considerada abusiva, ni puede sustituir esa cl谩usula por una disposici贸n de Derecho nacional de car谩cter supletorio con arreglo a principios de su Derecho contractual. Por el contrario, corresponder铆a聽 descartar la aplicaci贸n sin m谩s de la cl谩usula abusiva (salvo que el contrato no pueda subsistir si se elimina la cl谩usula abusiva y si la anulaci贸n del contrato en su conjunto expone al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales).

Plataformas P2P 芦crowdfunding禄 y regulaci贸n financiera para la protecci贸n minorista.

La FCA anuncia medidas de regulaci贸n de las plataformas P2P

 

Houses of Parliament

La FCA, Autoridad supervisora del Reino Unido confirma, tras haber recibido los resultados de su reciente consulta p煤blica, que intervendr谩 en el sector de las plataformas de financiaci贸n colectiva, P2P. Las l铆neas generales de la acci贸n que se anuncia pueden deducirse del documento estrat茅gico 鈥淧olicy Statement鈥澛 Loan-based (鈥榩eer-to-peer鈥) and investment-based crowdfunding platforms: Feedback to CP18/20 and final rules .

Entre las medidas regulatorias previstas est谩n el establecimiento de l铆mites a las inversiones en plataformas 聽P2P para clientes minoristas sin experiencia en el sector que no hayan 聽recibido asesoramiento financiero regulado. Por otra parte; tambi茅n apunta la FCA hacia la imposici贸n de requisitos expl铆citos sobre los sistemas de control y de gesti贸n de riesgos de las聽 plataformas, al menos de unos requisitos m铆nimos que ofrezcan la posibilidad de evaluar el conocimiento y la experiencia de los inversores por parte de las plataformas.

Junto a las previsiones m谩s directamente relacionadas con la protecci贸n directa de inversores minoristas, destacamos otras cuales son los planes de contingencia y cierre de las P2P.

  • Redactado con el apoyo del Proyecto de Investigaci贸n 芦Libertad de Mercado y sobreendeudamiento de consumidores: estrategias jur铆dico-econ贸micas para garantizar una segunda oportunidad禄 (N煤m. Ref. DER2016-80568-R). Ministerio de Econom铆a y Competitividad (Espa帽a) del que la autora forma parte como investigadora.

M谩s:聽

Conducta exigible a intermediarios que asesoren a minoristas. SEC

La SEC aprueba聽 su Reglamento sobre el est谩ndar de conducta exigible a los intermediarios financieros que asesoran a clientes minoritas: 17 CFR Part 240 [Release No. 34-86031; File No. S7-07-18] RIN 3235-AM35 Regulation Best Interest: The Broker-Dealer Standard of Conduct聽(05.06.2019)

Damos noticia de este Reglamento de la SEC,聽 cuya adopci贸n exigi贸 recorrer un camino largo, desde la presentaci贸n de la propuesta en abril de 2018. En 茅l, abundaron los debates sobre la soluci贸n t茅cnica que correspond铆a adoptar y en especial sobre cual deber铆a ser es est谩ndar de cuidado exigible a estos intermediarios de entre los que ya se utilizan para valorar la diligencia en distintos sectores del ordenamiento estadounidense, o introducir un nuevo est谩ndar. 聽En su texto definitivo, el supervisor y regulador, -la SEC- se帽ala que las obligaciones que est谩 introduciendo con este texto superan el nivel anterior de exigencia de evaluaci贸n de idoneidad, y que ser谩 exigible a los intermediarios en sus relaciones con clientes minoristas.

Catedral de Le贸n by M.A. D铆az
Catedral de Le贸n by M.A. D铆az

El Reglamento se basa en cuatro obligaciones b谩sicas de los intermediarios financieros que asesoren a minoristas .

  • La obligaci贸n de divulgaci贸n.聽 Se traduce en la obligaci贸n de los corredores o intermediarios supervisados por la SEC (registrados) de 芦divulgar, por escrito, todos los hechos relevantes relativos al 聽alcance y los t茅rminos de su relaci贸n con el cliente禄, antes o simult谩neamente a realizar una recomendaci贸n de inversi贸n a minoristas. As铆, deber谩 revelar la condici贸n en la que interviene, posibles conflictos sustantivos y costes para el cliente en su totalidad
  • La obligaci贸n de diligencia o cuidado.聽Conforme al Reglamento, esta obligaci贸n requiere que el intermediario-asesor 芦ejerza una diligencia, cuidado y habilidad razonables al hacer una recomendaci贸n a un cliente minorista禄. Es por ello que se le exige, entre otras, que antes de efectuar una recomendaci贸n, el corredor-agente eval煤e las alternativas a la recomendaci贸n que va a emitir. Ahora bien, la valoraci贸n tendr谩 en cuenta las circunstancias pasadas y concurrentes sin que en ning煤n caso pueda exigirse conocimientos de hechos o circunstancias futuras.
  • Bruselas.
  • La obligaci贸n de dar a conocer conflictos de intereses: 聽Exige que el asesor establezca, haga cumplir y mantenga pol铆ticas y procedimientos escritos para hacer frente a los conflictos de intereses relacionados con las recomendaciones que realice a clientes minoristas. Estas pol铆ticas y procedimientos deben dise帽arlas para identificar todos los conflictos y para aminorar en especial los que crean un incentivo mayor para que el intermediario anteponga sus intereses a los del cliente minorista. As铆 por ejemplo, deben eliminar el reconocimiento de bonificaciones, premios y compensaciones no monetarias basadas en la venta de valores espec铆ficos en un periodo de tiempo limitado.
  • La obligaci贸n de cumplimiento: Impone al corredor-agente establecer, implementar y hacer cumplir un segundo conjunto de pol铆ticas y procedimientos dise帽ados para lograr el cumplimiento del Reglamento en su conjunto.

 

Redactado con el apoyo del Proyecto de Investigaci贸n 芦Libertad de Mercado y sobreendeudamiento de consumidores: estrategias jur铆dico-econ贸micas para garantizar una segunda oportunidad禄 (N煤m. Ref. DER2016-80568-R). Ministerio de Econom铆a y Competitividad (Espa帽a) del que la autora forma parte como investigadora.

Prosumers de energ铆a renovable y ayudas de Estado en Alemania. UE

La Comisi贸n Europea aprueba (por 12 meses adicionales) los planes para reducir sobrecostes a los prosumers de energ铆a renovable en Alemania,聽 conforme a un principio de acuerdo anterior, de 7 de mayo de 2018.

Ship Street – Cornmarket Street Old tavern, Ox

Debe recordarse que Alemania cuenta con una legislaci鈥檕n de energ鈥檌as obtenidas con聽 fuentes renovables , que vienen connociendo modificaciones. La Erneuerbare-Energien-Gesetz,聽EEG, que entr贸 en vigor por primera vez el 1 de abril de 2000,聽 聽garantizaba la conexi贸n a la red, el despacho preferencial y una tarifa de alimentaci贸n fijada por el gobierno por 20 a帽os, dependiendo de la tecnolog铆a y el volumen del proyecto.聽 Su aplicaci贸n inicial fue financiada inicialmente por un recargo sobre el consumo de electricidad en industrias de consumo intensivo y en ferrocarriles.

  • La EEG fue precedida por la Electricity Feed-in Act (1991), que entr贸 en vigor el 1 de enero de 1991, estableciendo el primer sistema de tarifas de alimentaci贸n de electricidad verde en el mundo para avanzar en la adopci贸n de energ铆a e贸lica y fotovoltaica, ofreciendo tambien un regimen para las energ铆as producidas por biomasa (incluida la cogeneraci贸n), hidroelectricidad y energ铆a geot茅rmica.
  • El 1 de agosto de 2014 entr贸 en vigor una revisi贸n significativa del EEG que supone entre otros, una modificacion sustancial de las tarifas, que pasaron a financierse por subasta. Los operadores de las centrales comercializan su producci贸n directamente y reciben una prima de mercado para compensar la diferencia entre su precio de oferta y el precio medio mensual de mercado al contado de la electricidad (que se vende desde 2014 con un sobrecargo para todos los conumidores). En aquel momento -2014-, la Comisi贸n aprob贸 (ver) las reducciones para los prosumidores (instalaciones de cogeneraci贸n utilizadas para el autoabastecimiento de electricidad), durante un per铆odo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2017. Y, Alemania se comprometi贸 a volver a notificarlas para el per铆odo posterior a 2018
  • La nueva comunicaci贸n聽 ha sido objeto de analisis por parte de la Comision Europea, con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales, y en particular conforme a las Directrices de 2014 sobre ayudas estatales en medio ambiente y energ铆a.
  • El聽ejecutivo europeo basa su razonamiento en que Directrices, y el ordenamiento comunitario general permiten apoyar las instalaciones de cogeneraci贸n, siempre y cuando la ayuda sea necesaria para ponerlas en marcha, y ademas, no den lugar a una compensaci贸n excesiva, concluyendo que:
  1. El r茅gimen de ayuda alem谩n tiene en cuenta varios criterios que influyen en la rentabilidad del autoabastecedor: la intensidad el茅ctrica del sector en el que opera (de conformidad con las Directrices), la capacidad el茅ctrica instalada y el n煤mero de horas de funcionamiento de la instalaci贸n. Bas谩ndose en estos criterios, el r茅gimen define varias categor铆as de instalaciones y concede un nivel adecuado de reducci贸n del recargo de la EEG.
  2. Para las instalaciones que entraron en funcionamiento entre agosto de 2014 y diciembre de 2017, la Comisi贸n aprob贸 en 2014 un plan de ajuste notificado por Alemania, que garantiza un aumento anual del recargo de la EEG hasta 2017.
  3. El r茅gimen de ayudas alem谩n tiene por objeto evitar la compensaci贸n excesiva de los autoproveedores que utilizan la cogeneraci贸n de alta eficiencia y, se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE, al tiempo que se minimiza cualquier falseamiento de la competencia causado por las ayudas p煤blicas. Y en consecuencia,聽la Comision autoriza聽 el r茅gimen transitorio durante un a帽o adicional.

Ver tambien

We thank the European and Comparative Law Institute, Oxford University, for the support and materials made available to us. August 2018

Texto redactado con el apoyo del Programa Erasmus +

La Directiva sobre cl谩usulas abusivas se aplica a centros educativos que ofrecen cr茅dito a sus estudiantes

En su reciente sentencia en el asunto C-147/16 Karel de Grote-Hogeschool VZW / Susan Romy Jozef Kuijpers, el TJUE establece que la Directiva sobre cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores es aplicable聽 a una instituci贸n educativa (que cuenta con聽 financiaci贸n p煤blica) que ofrece un contrato de cr茅dito a sus estudiantes

 

Pulcra leonina

Con esta sentencia de 17 de mayo de 2018, el TJUE clarifica el 谩mbito de aplicaci贸n de la聽Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29)

Los hechos subyacentes en esta decisi贸n jurisprudencial consisten sucintamente en que una estudiante,聽 D帽a Susan Kuijpers, que cursaba estudios en una instituci贸n educativa de B茅lgica (Karel de GroteHogeschool) durante los cursos acad茅micos 2012/2013 y 2013/2014 obtuvo un cr茅dito de tal instituci贸n para hacer frente a determinados gastos educativos. Ante la imposibilidad de saldar el importe total de 1 546 euros que adeudaba en concepto de tasas de matr铆cula y de gastos correspondientes a un viaje de fin de estudios, la Sra. Kuijpers y Karel de GroteHogeschool concluyeron un contrato acordando saldar esa cantidad conforme a un plan de pago a plazos, sin intereses remuneratorios.

Seg煤n lo estipulado contractualmente:

  • La instituci贸n educativa adelant贸 el importe de matr铆cula y gastos de viaje de estudios (1546鈧) a Do帽a Susan.
  • La estudiante se compromet铆a a reintegrar en 7 cuotas mensuales de 200 euros y el resto (146 euros) el 25 de septiembre de 2014.
  • El contrato estipulaba unos intereses a un tipo del 10 % anual en caso de impago (sin necesidad de requerimiento) y una indemnizaci贸n en concepto de gastos de cobro (10 % del importe impagado, con un m铆nimo de 100 euros).

Pese a haber recibido un escrito de requerimiento, la Sra. Kuijpers no efectu贸 los pagos. En 2015, la entidad educativa present贸 una demanda ante el vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, B茅lgica) contra la Sra. Kuijpers con objeto de que se la condenara a abonarle el importe adeudado en concepto de principal (1 546 euros), m谩s los intereses de demora a un tipo del 10 %, devengados desde el 25 de febrero de 2014 (269,81 euros) y una indemnizaci贸n (154,60 euros). La Sra. Kuijpers no compareci贸 personalmente ni por representaci贸n ante ese 贸rgano jurisdiccional.

El juez belga decidi贸 plantear una cuesti贸n prejudicial al Tribunal de Justicia.

  • El juez se pregunta, en primer lugar, si puede examinar de oficio, en el marco de un procedimiento en el que una de las partes ha sido declarada en rebeld铆a, si el contrato est谩 comprendido en el 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva 93/13/CE sobre cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
  • En segundo lugar, el juez se pregunta si una instituci贸n educativa principalmente financiada con fondos p煤blicos puede considerarse 芦profesional禄, en el sentido de la Directiva 93/13/CE, cuando pacta un plan de pago a plazos.

El TJUE comienza recuerda que, conforme a su reiterada jurisprudencia,聽el juez nacional debe apreciar de oficio el car谩cter abusivo de esa cl谩usula contractual, verificaci贸n que supone que el juez nacional tambi茅n est谩 obligado a examinar si el contrato que contiene la cl谩usula est谩 o no comprendido en el 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En este sentido afirma expresamente (apartado 25):

  • la situaci贸n de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional s贸lo puede compensarse mediante una intervenci贸n positiva, ajena a las partes del contrato.聽聽Esta intervenci贸n positiva consiste en el examen de oficio efectuado por el juez de la cuesti贸n de si un contrato est谩 incluido en el 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva 93/13 y de la equidad de sus cl谩usulas. En efecto, la protecci贸n que la Directiva confiere a los consumidores se extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor no invoque el car谩cter abusivo de la citada cl谩usula bien porque ignore sus derechos, bien porque los gastos que acarrea el ejercicio de una acci贸n ante los tribunales le disuadan de defenderlos.
Catedral Zamora

Tambi茅n se pregunta sobre la apreciaci贸n de oficio de la abusividad de las cl谩usulas en supuestos donde no existe, de hecho, contradicci贸n por haber sido una de las partes declarada en rebeld铆a. En este sentido recuerda su Sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C鈥40/08, EU:C:2009:615), recordando que el聽principio de efectividad聽no puede llegar hasta el extremo de exigir que un 贸rgano jurisdiccional nacional聽supla聽 铆ntegramente la absoluta pasividad del consumidor, pero que a煤n as铆,聽 el聽principio de equivalencia聽exige que, en la medida en que el juez nacional que conozca de una demanda ….,聽 deba, con arreglo a las normas procesales internas, apreciar de oficio el car谩cter abusivo …, desde el punto de vista de la Directiva,聽si dispone聽 de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Apoy谩ndose en聽ERSTE Bank Hungary聽Sentencia de 1 de octubre de 2015, ERSTE Bank Hungary (C鈥32/14, EU:C:2015:637), confirma que en virtud del principio de tutela de la Directiva 93/13 debe atenderse especialmente ala protecci贸n del consumidor cuando no es la parte que incoa el procedimiento, ya que si sufre聽sus聽consecuencias y por ello 芦El hecho de que el consumidor no fuese la parte que inco贸 el procedimiento, no compareciera en la vista o no invocase la Directiva 93/13 no puede modificar esta conclusi贸n禄 (apartado 34).

El TJUE 聽subraya que el legislador de la Uni贸n pretendi贸 conferir en al concepto de 芦profesional禄 un sentido amplio. En efecto, se trata de un concepto funcional que requiere que se determine si la relaci贸n contractual forma parte de las actividades que una persona ejerce con car谩cter profesional. Adem谩s, se帽ala que en este asunto no se refiere directamente al cometido educativo de la instituci贸n en cuesti贸n, sino a una prestaci贸n concedida por esa instituci贸n, con car谩cter complementario y accesorio a su actividad educativa, consistente en ofrecer mediante contrato la posibilidad de que una estudiante le devuelva a plazos y sin intereses unos importes adeudados. Pues bien, esta prestaci贸n supone, por definici贸n, la concesi贸n de facilidades de pago de una deuda existente y constituye esencialmente un contrato de cr茅dito. Por tanto, dejando a salvo la comprobaci贸n de este extremo por el juez nacional, el Tribunal de Justicia considera que, al conceder tal prestaci贸n complementaria y accesoria de su actividad educativa, la instituci贸n educativa act煤a como 芦profesional禄 en el sentido de la Directiva. El Tribunal de Justicia subraya que en este caso se identifica, en principio, una desigualdad entre la instituci贸n educativa y el estudiante, debido a la asimetr铆a entre estas partes en materia de informaci贸n y de competencias t茅cnicas.

La inclusi贸n en los registros de morosos no puede constituir una presi贸n ileg铆tima para que los clientes paguen deudas controvertidas

En la sentencia del Tribunal Supremo聽 de 23 de marzo de este a帽o este Tribunal聽 tiene ocasi贸n de pronunciarse sobre las consecuencias de la inclusi贸n en los registros de morosos de datos personales de supuestos deudores por cr茅ditos dudosos.

Dinero. By M.A. D铆az.

Se enjuicia aqu铆 un caso cuyos antecedentes de hecho resumidamente expuestos son los siguientes:

  1. .- Una persona (D.陋 Valentina) firm贸 un contrato de telefon铆a con la empresa Vodafone en abril de 2011. Desde que se inici贸 la relaci贸n contractual existieron irregularidades en la facturaci贸n emitida por Vodafone, comunicadas por D.陋聽 Valentina聽 a la operadora de telefon铆a, lo que supuso que la empresa tuviese que emitir diversas facturas rectificativas, a fin de eliminar cargos indebidos.
  • A煤n as铆, D.陋聽 Valentina se dio de baja en el servicio en agosto de 2012, al no estar satisfecha con la actuaci贸n de Vodafone. Cursada la baja, Vodafone le gir贸 varias facturas, en las que inclu铆a cantidades correspondientes a penalizaciones. De estas facturas D.陋聽 Valentina solo pag贸 parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

2.- Vodafone cedi贸 a Sierra Capital Management 2012 S.L. (en lo sucesivo, Sierra Capital) un cr茅dito por valor de 297,80 euros, que seg煤n dicha entidad ten铆a frente a D.陋 Valentina. En julio de 2013 Sierra Capital remiti贸 a D.陋聽 Valentina聽 una carta comunic谩ndole la cesi贸n del cr茅dito, reclam谩ndole el pago de 297,80 euros, 聽con la advertencia de 聽que si no efectuaba el pago en diez d铆as incluir铆a sus datos en un registro de morosos. D.陋聽 Valentina pag贸 煤nicamente la cantidad de 97,80 euros por sus discrepancias con las penalizaciones que se le pretend铆an cobrar.

3.- Sierra Capital comunic贸 los datos de D.陋 Valentina聽 a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en 2013, y Experian, en 2015, por una deuda de 200 euros. A su vez, estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades de cr茅dito. D.陋聽 Valentina solicit贸 una tarjeta de cr茅dito en Banco Popular en junio de 2015, que 聽le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos.

4.- D.陋聽 Valentina interpuso demanda contra Sierra Capital ante el Juzgado de Primera Instancia n煤m. 1 de Lena, por entender que la inclusi贸n de sus datos en esos registros de morosos no fue l铆cita y vulner贸 su derecho al honor y, por ello, solicit贸 que se condenara a Sierra Capital a indemnizarle en diez mil euros.

5.- El Juzgado de Primera Instancia estim贸 la demanda al considerar que la deuda en la que se bas贸 la inclusi贸n de los datos personales de la demandante en los registros de morosos era dudosa y no pac铆fica.

6.- Recurrida la sentencia de primera instancia en apelaci贸n por la representaci贸n de Sierra Capital, se estim贸 por la Audiencia Provincial de Oviedo, considerando que, aunque durante la vigencia del contrato hubo discrepancias entre las partes sobre las cantidades facturadas, lleg谩ndose incluso a rectificar por Vodafone varias facturas, una vez emitidas las 煤ltimas facturas no constan nuevas reclamaciones. Entiende la Audiencia que el pago parcial de dos facturas por importe superior a 255 euros m谩s IVA 芦que se desconoce de d贸nde la extraer (sic)禄, que ha realizado el cliente de la operadora telef贸nica cuando Sierra Capital comunic贸 la cesi贸n del cr茅dito y le reclam贸 el pago har铆a presumir que D.陋聽 Valentina asume que es correcta la deuda reclamada. Todo lo cual puede interpretarse, a聽 juicio de la Audiencia, en el sentido de que concurrir铆a el requisito de que la deuda fuera veraz, exacta, vencida y exigible.

Para la Audiencia Provincial, en suma, no puede considerarse que la actuaci贸n de聽 Sierra Capital fuera il铆cita, al haber requerido de pago a D.陋聽 Valentina y advertirle que, de no pagar, incluir铆a sus datos personales en un registro de morosos.

7.- La representaci贸n de D陋 Valentina interpuso recurso de casaci贸n contra la sentencia de la Audiencia Provincial:

  • alegando que no puede calificarse la deuda como veraz, toda vez que ni siquiera se sabe a qu茅 responde, al no haber aportado al proceso el contrato donde se estipularan las penalizaciones cargadas a D帽a. Valentina, no bastando que figuren en las facturas, por no poder incluirse en estas 聽partidas no previstas en el contrato. Y todav铆a m谩s cuando, junto a ello, la demandante hizo sucesivas reclamaciones, a las que siguieron sucesivas facturas rectificativas de la operadora al incluirse en las originales cargos indebidos.
  • La entidad recurrida, Sierra Capital, se opone al entender que la veracidad de la deuda se desprende de las facturas emitidas por Vodafone que la propia demandante aport贸 con su demanda, y de los pagos parciales realizados, que acreditan 聽la existencia cierta de la deuda. Y a ello se suma, en opini贸n de Sierra Capital, que Vodafone, empresa con la que la demandante firm贸 el contrato y que cedi贸 el cr茅dito a Sierra Capital, asegur贸 la veracidad de la deuda.
  • La recurrente aduce, adem谩s, como motivo del recurso, que se infringen los arts. 4.1 y 29.4 de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal , as铆 como el art. 8.4 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci贸n de datos de car谩cter personal.禄
  • A este respecto, la recurrente afirma que la deuda de 200 euros no era significativa de su insolvencia, puesto que constaban las serias discrepancias que ella ten铆a sobre los importes facturados por la operadora pr谩cticamente desde el inicio de la relaci贸n contractual. Y ello porque as铆 聽se deduce de las sucesivas facturas rectificativas de otras anteriores, no pag谩ndose las 煤ltimas facturas por recogerse cargos penalizadores injustificados.
  • La recurrida manifiesta, por su parte, que los pagos parciales hechos por la recurrente son actos propios reconocedores de la deuda.

FALLO O DECISI脫N DEL TRIBUNAL SUPREMO:

La decisi贸n del Tribunal Supremo se asienta en el principio de calidad de los datos, aludiendo a la improcedencia de incluir en los registros de morosos los datos personales relativos a supuestos deudores por cr茅ditos dudosos.
As铆 聽lo fundamenta la sentencia:

 

1.- Respecto a la posible vulneraci贸n del derecho al honor a ra铆z de la inclusi贸n de los datos personales en un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias por no respetar la normativa de protecci贸n de datos personales, proclama:

芦Esta sala ha establecido una jurisprudencia relativamente extensa sobre la vulneraci贸n del derecho al honor como consecuencia de la inclusi贸n de los datos personales en un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias sin respetar las exigencias derivadas de la normativa de protecci贸n de datos personales鈥. En esta l铆nea recuerda el Tribunal Supremo que 鈥渦no de los ejes fundamentales de la regulaci贸n del tratamiento automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse 芦principio de calidad de los datos禄. Los datos deber ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados鈥. Y ello聽 con apoyo en la Ley Org谩nica de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal.

2.- En cuanto a la calidad de los datos en los registros de morosos, declara:

鈥淓ste principio, y los derechos que de 茅l se derivan para los afectados, son aplicables a todas las modalidades de tratamiento automatizado de datos de car谩cter personal. Pero tienen una especial trascendencia cuando se trata de los llamados 芦registros de morosos禄, esto es, los ficheros de 芦datos de car谩cter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien act煤e por su cuenta o inter茅s禄.

El art. 29.4 LOPD establece que 芦s贸lo se podr谩n registrar y ceder los datos de car谩cter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia econ贸mica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a m谩s de seis a帽os, siempre que respondan con veracidad a la situaci贸n actual de aqu茅llos禄.

Pero, adem谩s, los arts. 38 y 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci贸n de datos de car谩cter personal, cuando desarrollan el art. 29 LOPD , determinan que para poder proceder a tal 聽inclusi贸n en los ficheros de datos de car谩cter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia econ贸mica del afectado, ha de existir 聽una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada, y que se haya requerido de pago al deudor, inform谩ndole que de no producirse el pago en el t茅rmino fijado, los datos relativos al impago podr谩n ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

3.- Afinando, a prop贸sito del principio de calidad de los datos incluidos en este tipo de registros, manifiesta:

芦Este principio de calidad de datos de los datos en este tipo de registros no se constri帽e a exigir la veracidad de la deuda, requiri茅ndose 鈥渓a pertinencia de los datos respecto de la finalidad del fichero鈥.

As铆, se帽ala, que puede ocurrir que聽 ciertos datos sean ciertos y exactos y, sin embargo, no sean pertinentes, por no ser聽 determinantes para enjuiciar la solvencia econ贸mica de los interesados, es decir, la imposibilidad o negativa infundada a pagar la deuda.

Invoca el TS algunas sentencias en las que se formulan consideraciones generales sobre el tema, al declarar que la LOPD descansa en principios de prudencia, ponderaci贸n y veracidad, debiendo ser estos 聽datos objeto de tratamiento aut茅nticos, exactos, veraces, debiendo estar siempre actualizados, con el consiguiente derecho del interesado a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna rectificaci贸n o cancelaci贸n en caso de error o inexactitud.

Y a帽ade: 鈥淐uando se trata de ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda debe ser adem谩s de vencida y exigible, cierta, es decir, inequ铆voca, indudable, siendo necesario adem谩s el previo requerimiento de pago. Por tal raz贸n, no cabe incluir en estos registros datos personales por raz贸n de deudas inciertas, dudosas, no pac铆ficas o sometidas a litigio. Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificaci贸n de la inclusi贸n de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza鈥.

Trat谩ndose de una deuda que es objeto de controversia, por considerar leg铆timamente el titular de los datos que 茅l no debe lo que se le reclama, la falta de pago no supone insolvencia del afectado. Puede suceder que la deuda sea cierta y pueda considerarse como un dato veraz. No obstante, puede tratarse de un dato no pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constataci贸n de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello 鈥渟olo es pertinente la inclusi贸n en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que leg铆timamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuant铆a de la deuda鈥.

 

4.- Invocando doctrina establecida en otras sentencias, declara: 鈥淟a inclusi贸n en los registros de morosos no puede constituir una presi贸n ileg铆tima para que los clientes paguen deudas controvertidas鈥

芦La inclusi贸n en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, ampar谩ndose en el temor al descr茅dito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegaci贸n del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal pr谩ctica los gastos que conllevar铆a la iniciaci贸n del correspondiente procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de las deudas que reclaman.

Por tanto, esta Sala estima que acudir a este m茅todo de presi贸n representa en el caso que nos ocupa una intromisi贸n ileg铆tima en el derecho al honor […] 禄.

鈥淟a inclusi贸n de los datos personales de la demandante en los registros de morosos, cuando se hab铆an producido reiteradas irregularidades en la facturaci贸n de sus servicios, que provocaron las protestas de la demandante y la emisi贸n de facturas rectificativas, y, en definitiva, determinaron la disconformidad de la cliente con el servicio prestado y con las facturas emitidas, puede interpretarse como una presi贸n ileg铆tima para que la demandante pagara una deuda que hab铆a cuestionado, sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada鈥 .

5.- En cuanto al pago parcial, clarifica: 鈥淓l pago parcial de las facturas discutidas no constituye un reconocimiento de la veracidad de la deuda鈥

鈥淐onsta que las relaciones entre la demandante y la operadora telef贸nica con la que contrat贸 fueron conflictivas, puesto que, como consecuencia de las reclamaciones de la demandante, la operadora hubo de emitir sucesivas facturas rectificativas en las que elimin贸 partidas indebidamente incluidas en las facturas. Consta tambi茅n que en las 煤ltimas facturas, emitidas despu茅s de que la demandante se diera de baja en el servicio como consecuencia de las irregularidades que se ven铆an produciendo, se incluyeron penalizaciones cuya procedencia se ignora puesto que la acreedora no ha aportado el contrato en el que se previeran tales penalizaciones. Tampoco se ha podido comprobar que se cumpliera el requisito de proporcionalidad en este tipo de penalizaciones que exige el art 74.4 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios鈥 .

鈥淧or tanto, la postura del cliente que no aprovecha la existencia de incorrecciones en la facturaci贸n para dejar de pagar cualquier cantidad, sino que paga aquellas partidas que considera correctas y no paga las que razonablemente considera que no lo son, no puede perjudicarle y ser interpretada como un reconocimiento de la deuda. Por el contrario, constituye un indicio de la seriedad de su postura, puesto que no ha buscado la excusa de la incorrecci贸n de algunas partidas para dejar de pagar por completo los servicios que efectivamente ha utilizado鈥.

6.- En lo que toca a la conducta exigible al cliente, matiza: 鈥淣o es exigible al cliente una conducta exhaustiva, propia de un profesional, en sus reclamaciones a la empresa acreedora鈥.

A la vista de las irregularidades sucesivas y de las reclamaciones que hubo de realizar la cliente, 鈥渘o es exigible que cuando se vuelven a emitir facturas con partidas no justificadas (puesto que no existe dato alguno que permita considerar justificada la pretensi贸n de Vodafone de cobrar una abultada cantidad como penalizaci贸n por la baja en el servicio), la cliente deba seguir realizando reclamaciones documentadas (en la sentencia de la Audiencia Provincial se habla de burofaxes o cartas certificadas con acuse de recibo) y si no lo hace se considere que la deuda que se reclama es veraz, vencida y exigible a efectos de su inclusi贸n en un registro de morosos.

A los particulares no les es exigible la misma profesionalidad y exhaustividad en sus relaciones con las empresas que la que es exigible a estas, como consecuencia de su profesionalidad y habitualidad en el tr谩fico mercantil. Basta con que hayan mostrado razonablemente su disconformidad con la conducta de la empresa y que el cr茅dito que el acreedor pretende tener carezca de base suficiente para que, sin perjuicio del derecho que la empresa tiene a reclamar su pago, tal cr茅dito no pueda dar lugar a la inclusi贸n de los datos del cliente en un registro de morosos, dadas las graves consecuencias que tal inclusi贸n tiene para la esfera moral y patrimonial del afectado por ese tratamiento de datos.

Teniendo en cuenta las cuant铆as de las partidas controvertidas, exigir la utilizaci贸n reiterada de medios de reclamaci贸n que permitan su documentaci贸n (correo certificado, burofax, telegrama) resulta una exigencia excesiva鈥.

 

7.- A prop贸sito de la eventual importancia de que la demandada, recurrida, sea la cesionaria del cr茅dito, mantiene la聽 irrelevancia de esta circunstancia:

鈥淭ampoco puede servir de excusa a la demandada el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente le haya asegurado la veracidad del cr茅dito. Sierra Capital, antes de incluir los datos personales de la demandante en dos registros de morosos, hubo de asegurarse de que se cumplieran los principios de calidad de datos de car谩cter personal, entre ellos los de veracidad y pertinencia de los datos. Para ello no basta afirmar que la cedente le asegur贸 la concurrencia de esos requisitos, sino que es necesario que se cerciorara de las incidencias de las relaciones comerciales que dieron lugar a la deuda antes de incluir los datos personales de la demandante en sendos registros de morosos. Al no haberlo hecho, incumpli贸 la normativa de protecci贸n de datos de car谩cter personal, incluy贸 indebidamente los datos de la demandante en un registro de morosos y, con ello, vulner贸 su derecho al honor鈥.

Y con buen criterio se帽ala: 鈥淟as reclamaciones que Sierra Capital pueda realizar frente a Vodafone con base en sus relaciones internas derivadas de la cesi贸n del cr茅dito constituyen una cuesti贸n ajena a la acci贸n ejercitada por la cliente frente a quien incluy贸 sus datos en los registros de morosos鈥.

Por todas las razones expuestas el Tribunal Supremo decide:

1潞- Estimar el recurso de casaci贸n interpuesto por D.陋聽 Valentina聽 , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, en recurso de apelaci贸n.
2潞- Casar dicha sentencia, dej谩ndola sin valor ni efecto, y, en su lugar, desestimar el recurso de apelaci贸n interpuesto por Sierra Capital contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n煤m. 1 de Lena, que queda as铆 confirmada.
Adem谩s, declara que 鈥渓a indemnizaci贸n fijada por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia se ajusta a los par谩metros establecidos en nuestra jurisprudencia, a la vista de las incidencias habidas en la relaci贸n entre la demandante y Vodafone, el n煤mero de registros de morosos en que fueron incluidos los datos personales de la demandante, el periodo durante el que se prolong贸 tal inclusi贸n, las consultas que terceras empresas hicieron de esos datos y las consecuencias que la inclusi贸n de sus datos en los registros de morosos tuvo para la demandante, tanto de orden moral como patrimonial鈥.
3潞.聽聽聽聽聽 No imponer las costas del recurso de casaci贸n. Condenar a Sierra Capital al pago de las costas del recurso de apelaci贸n.
4潞.聽聽聽聽聽 Devolver al recurrente el dep贸sito constituido para interponer el recurso.

 

En cuanto a la valoraci贸n de esta sentencia, merece a nuestro juicio un juicio positivo, toda vez que clarifica aspectos ciertamente importantes de la inclusi贸n de datos personales en los registros de morosos. M谩s a煤n, trat谩ndose de un supuesto, como el que se resuelve en esta sentencia, situado聽 en el contexto de un contrato de telefon铆a, sector muy familiar para el gran p煤blico y que, por tanto, reviste un extraordinario inter茅s.