Se inaugura aquí un conjunto de entradas destinadas a examinar las relaciones entre la problemática jurídica del Sáhara Occidental y diversos sectores del Derecho Mercantil. El propósito es analizar cómo una controversia territorial pendiente de solución se proyecta sobre cuestiones concretas de la actividad económica: la contratación, la explotación de recursos naturales, la aplicación de acuerdos comerciales, la identificación del origen de las mercancías y la valoración de los riesgos asociados a una operación.
El Sáhara Occidental permite advertir con particular claridad que el estatuto jurídico de un territorio no constituye un elemento externo o secundario de su régimen económico. La determinación del ámbito territorial de un acuerdo internacional puede condicionar la aplicación de preferencias comerciales; la identificación del pueblo titular del derecho a la libre determinación puede resultar decisiva para apreciar el consentimiento requerido para aplicar ese acuerdo; y la procedencia territorial de un producto puede determinar la información que debe figurar en su etiquetado.
La incertidumbre política no reduce la necesidad de precisión jurídica, sino que la incrementa. Para una empresa, una administración o una entidad financiadora, no basta con comprobar que una actividad puede desarrollarse materialmente o que dispone de una autorización expedida por la autoridad que ejerce el control efectivo. También es necesario identificar el territorio al que se refiere la operación, el fundamento de los derechos invocados y el alcance de las normas cuya aplicación se pretende. Las controversias, por tanto, no se agotan en las cuestiones de soberanía y autodeterminación. Alcanzan a la articulación de las relaciones económicas internacionales y a las condiciones bajo las cuales determinados actos pueden producir efectos. Su estudio exige distinguir tres planos conceptualmente autónomos: el control efectivo del territorio, su estatuto internacional y los derechos de su pueblo. La jurisprudencia europea y los antecedentes de Naciones Unidas muestran que estos planos no pueden confundirse ni sustituirse entre sí.
Esa distinción constituye el punto de partida de las entradas que siguen. No se trata de trasladar automáticamente una conclusión de Derecho internacional público a cualquier relación privada, sino de precisar cuándo y de qué manera aquella condiciona una cuestión mercantil determinada.
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La terminación del mandato de la MINURSO y sus límites jurídicos
El 30 de octubre de 2026, la Federación de Rusia vetó en el Consejo de Seguridad el proyecto presentado por los Estados Unidos, que preveía renovar por un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental y modificar su denominación. La propuesta alternativa rusa, dirigida a prorrogar el mandato existente durante otro año, tampoco fue aprobada: obtuvo tres votos favorables, uno contrario y once abstenciones, sin alcanzar el mínimo de votos necesario. La falta de acuerdo determinó que el mandato expirase el 31 de octubre y que se iniciaran las actuaciones de liquidación de la misión. Debe distinguirse, a este respecto, entre la terminación del mandato operativo y el proceso posterior de retirada del personal, cierre de instalaciones y disposición de los medios materiales. La finalización de las funciones encomendadas no implica que todas las operaciones administrativas y logísticas puedan concluir de forma inmediata.
La terminación de una operación de mantenimiento de la paz afecta a un instrumento de intervención de Naciones Unidas no equivale a una decisión sobre la soberanía del territorio ni sustituye el proceso de determinación de su estatuto definitivo. El derecho a la libre determinación examinado por la Corte Internacional de Justicia y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no deriva de la existencia de esa misión. También desde el punto de vista del análisis mercantil, conviene mantener separadas ambas cuestiones. Los cambios en la presencia internacional pueden alterar el contexto en el que se desarrolla una actividad económica; no permiten, por sí solos, dar por resueltos los problemas relativos al ámbito territorial de los tratados, a los derechos sobre los recursos o a las condiciones jurídicas de comercialización de los productos.
2. Administración, soberanía y libre determinación
- La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975 constituye un antecedente fundamental. La Corte reconoció la existencia de determinados vínculos jurídicos históricos, incluidos vínculos de lealtad entre el sultán de Marruecos y algunas de las tribus del territorio. También identificó ciertos derechos que constituían vínculos jurídicos con la entidad mauritana. No obstante, concluyó que los elementos examinados no demostraban vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o la entidad mauritana.
La precisión es importante porque impide equiparar la existencia de relaciones históricas, políticas o personales con la acreditación de un título de soberanía territorial. La Corte tampoco apreció vínculos jurídicos capaces de impedir la aplicación del principio de libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.
La distinción entre administración y soberanía reaparece en el dictamen del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas de 29 de enero de 2002, contenido en el documento S/2002/161. Conforme a ese documento, los Acuerdos de Madrid de 1975 no transfirieron la soberanía sobre el Sáhara Occidental ni confirieron a sus signatarios la condición de potencia administradora. La transferencia de autoridad administrativa tampoco alteró el estatuto internacional del territorio como territorio no autónomo.
De estos antecedentes se desprende una consecuencia metodológica esencial: el ejercicio material de funciones administrativas no permite inferir, por sí solo, la existencia de un título de soberanía reconocido por el ordenamiento internacional. Del mismo modo, la capacidad práctica de autorizar una actividad no responde necesariamente a todas las preguntas sobre su encaje jurídico internacional.
Para el estudio de una operación económica, esto obliga a formular preguntas diferentes. Una cosa es determinar qué autoridad controla el lugar donde se ejecutará un contrato; otra, identificar qué competencia invoca para autorizarlo; y otra distinta, establecer qué efectos tendrá esa autorización ante un tribunal, una administración aduanera o una institución de la Unión Europea. La respuesta a una de ellas no debe darse por suficiente para resolver las restantes.
3. El estatuto «separado y distinto» y su proyección en la Unión Europea
- En el ámbito de la Unión Europea, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, asunto C‑104/16 P, extrajo consecuencias comerciales de la singularidad jurídica del territorio. El Tribunal consideró que, debido al estatuto separado y distinto del Sáhara Occidental, la referencia al «territorio del Reino de Marruecos» contenida en el Acuerdo de Asociación no podía interpretarse en el sentido de incluirlo.
La importancia de esta doctrina reside en que convierte la delimitación territorial del acuerdo en una cuestión jurídica sustantiva. No basta con identificar a las partes contratantes ni con comprobar la existencia de relaciones comerciales entre ellas: también debe determinarse el espacio al que se aplican los derechos y obligaciones pactados.
Por ello, la existencia de relaciones económicas con Marruecos no autoriza a presumir que todos los instrumentos que las regulan comprendan igualmente al Sáhara Occidental. La aplicación territorial de cada acuerdo exige examinar su contenido y su compatibilidad con las reglas internacionales relevantes. Precisamente la aplicación de acuerdos entre la Unión y Marruecos al Sáhara Occidental volvió a ser objeto de control en las sentencias de 4 de octubre de 2024.
Ahora bien, el reconocimiento de un estatuto separado y distinto debe emplearse con precisión. Resulta más adecuado hablar de un estatuto jurídico internacional propio que deducir, sin más, la existencia de un ordenamiento estatal unitario y plenamente efectivo. El objeto inmediato de la doctrina europea es determinar las consecuencias del estatuto territorial sobre la interpretación y aplicación de los acuerdos, no resolver de forma general todas las cuestiones relativas a la organización jurídica interna del territorio.
Tampoco cabe convertir esa doctrina en una declaración de invalidez universal de cualquier acto realizado en el Sáhara Occidental. El análisis de una autorización, un contrato o un documento registral requiere delimitar la cuestión concreta: qué autoridad lo expide, sobre qué materia versa, qué derechos pretende constituir o acreditar y ante qué ordenamiento se solicita su reconocimiento.
La cautela debe operar, por tanto, en ambas direcciones: ni el control efectivo basta para justificar cualquier efecto jurídico, ni la controversia territorial permite concluir automáticamente que todo acto carece de eficacia.
- Las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2024 relativas a los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos profundizaron en la relación entre estatuto territorial, recursos naturales y consentimiento. El Tribunal confirmó que la aplicación de esos acuerdos al Sáhara Occidental requería el consentimiento de su pueblo y que los acuerdos controvertidos no cumplían las condiciones exigidas.
Una de las distinciones centrales es la que separa al pueblo titular del derecho a la libre determinación de la población que reside actualmente en el territorio. Ambas categorías no son jurídicamente intercambiables. El Tribunal advirtió que la población del territorio puede no representar adecuadamente al pueblo al que corresponde ese derecho; por ello, una consulta a residentes o actores económicos no equivale necesariamente a obtener el consentimiento jurídicamente pertinente. Esta precisión afecta a la manera de valorar los argumentos económicos utilizados para justificar un acuerdo. La creación de empleo, el incremento de las exportaciones o la ejecución de infraestructuras pueden ser datos relevantes para describir sus efectos. Sin embargo, no permiten, por sí solos, identificar a los titulares de los derechos ni demostrar que estos hayan consentido la aplicación del acuerdo.
El Tribunal admitió que el consentimiento no tiene que ser explícito en todos los supuestos. Puede presumirse bajo condiciones estrictas: el acuerdo no debe imponer obligaciones al pueblo afectado y debe prever en su favor una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable, derivada de la explotación de los recursos naturales y proporcional a la importancia de esa explotación. La ventaja debe acompañarse, además, de garantías de sostenibilidad y de un mecanismo de control regular que permita comprobar su realidad.
No se trata, por tanto, de una presunción fundada en la mera invocación del desarrollo económico. Es necesario poder identificar qué beneficio se atribuye al pueblo, cómo se determina, qué relación guarda con los recursos explotados y mediante qué procedimiento se verifica. El Tribunal constató que los acuerdos examinados no contemplaban una ventaja que reuniera esas características y, por ello, no podía presumirse el consentimiento.
Conviene precisar el alcance de esta doctrina: se refiere al consentimiento para la aplicación de los acuerdos internacionales examinados. Su proyección sobre una operación empresarial concreta exige identificar la relación de esa operación con el acuerdo y con las demás normas aplicables; no procede trasladar mecánicamente el razonamiento a cualquier contrato privado.
Las implicaciones de este marco para la extracción y explotación de recursos naturales, la determinación del origen y el etiquetado de los productos, así como para las estructuras societarias y la transparencia de su titularidad real, serán objeto de entradas posteriores. En ellas se incorporarán, cuando resulte pertinente, referencias comparadas que permitan precisar los problemas examinados sin equiparar situaciones jurídicas distintas.















