Transici贸n ecol贸gica, pr谩cticas desleales y protecci贸n de consumidores

Hace pocas semanas el DOUE public贸 la Directiva 2024/825 que modifica Directiva 2005/29/CE sobre las pr谩cticas comerciales desleales (la 鈥淒PD鈥); y la Directiva 2011/83/UE relativa a los derechos de los consumidores (la 鈥淒DC鈥). Esta reforma se ocupa de modo especial de la publicidad verde, de la tutela de los consumidores ante los nuevos productos apoyados en software y de las garant铆as legales y comerciales

Merindades burgalesasPara justificar esta reforma, la Comisi贸n Europea advierte entre otras cuestiones que, conforme a los estudios realizados, m谩s de la mitad de pr谩cticas de publicidad que se autodenomina 鈥渧erde鈥 y que hab铆a sido analizada en las investigaciones patrocinadas por la Instituci贸n, u llevadas a cabo por organizaciones independientes, hab铆an resultado ser聽 enga帽osas o carentes de fundamento (芦green washing禄 o eco-impostura). Es ente sentido y tambi茅n para favorecer el consumo sostenible, la DM, ser谩 completada por la futura Directiva sobre alegaciones ecol贸gicas, a煤n objeto de debates prelegislativos. Ambas responden a la creciente atenci贸n que recibe el聽 impacto medioambiental y social de los productos y servicios por parte de los consumidores, inter茅s que se refleja en las pautas de consumo de 茅stos, as铆 como en las estrategias de m谩rqueting de los fabricantes, distribuidores y de los proveedores de bienes y de servicios.

  • Reformas de la DPCD
  • La calidad (claridad, relevancia, fiabilidad) de la informaci贸n ambiental 聽en los contratos celebrados con consumidores es cada vez m谩s relevante y exige ser tutelada para lograr modelos sostenibles de consumo. Dentro de esta informaci贸n, corresponde reforzar y hacer m谩s transparente, conforme a la DM, la informaci贸n precontractual que reciben los consumidores sobre la durabilidad, la reparabilidad, la reciclabilidad, la circularidad y la disponibilidad de actualizaciones de los productos y servicios. En relaci贸n con ello, el art铆culo 1 de la DM modifica los art铆culos 2, 6, 7 y el anexo I de la DPCD para hacer frente a ciertas pr谩cticas comerciales desleales que inducen a error a los consumidores y que les impiden adoptar decisiones de consumo sostenibles, en especial las pr谩cticas asociadas a la obsolescencia temprana de los bienes, las afirmaciones medioambientales enga帽osas (芦ecoimpostura禄), la informaci贸n enga帽osa sobre las caracter铆sticas sociales de los productos o las empresas, o聽 la utilizaci贸n de distintivos de sostenibilidad poco transparentes y poco cre铆bles.
  • Se modifica el apartado 1 del art铆culo 6 DPCD . As铆 se a帽aden caracter铆sticas medioambientales y sociales, y aspectos de circularidad a la lista de las principales caracter铆sticas del producto. Estos rasgos identificados en el precepto se distinguen porque -en su an谩lisis caso a caso, pueden considerarse enga帽osos
  • Se modifica el apartado 2 del art铆culo 6 DPCD para prohibir afirmaciones en cuanto a las caracter铆sticas medioambientales, sociales y de circularidad de un producto, as铆 como como sobre su durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad, cuando no est茅n respaldadas por compromisos y metas claras, objetivas, p煤blicamente disponibles y verificables.
    • Los compromisos y metas deber谩n estar detallados en un plan de ejecuci贸n espec铆fico y realista que demuestre c贸mo se alcanzar谩n, asignando recursos presupuestarios y avances tecnol贸gicos apropiados para tal fin.
    • El plan de ejecuci贸n debe incluir los elementos necesarios para cumplir los compromisos citados, es decir, debe aludirse a los recursos presupuestarios e incluso a la incorporaci贸n de avances tecnol贸gicos, cuando proceda.
    • Por otra parte, y para evitar el ecopostureo las afirmaciones sobre rasgos o propiedades ambientales deben ser verificadas por un tercero experto, independiente y exento de conflictos de intereses. El experto o auditor medioambiental debe disponer de experiencia y competencia en cuestiones medioambientales y estar facultado para supervisar peri贸dicamente los avances del comerciante quien tendr谩 que garantizar el acceso y puesta a disposici贸n de los datos relevantes.
    • Entre las nuevas pr谩cticas expresamente prohibidas por ser potencialmente enga帽osas聽 se encuentra la de anunciar beneficios para los consumidores, cuando sean irrelevantes, o no est谩n directamente relacionados con ninguna caracter铆stica de ese concreto producto o empresa. Se trata de anuncios que, en suma, podr铆an inducir a los consumidores a creer err贸neamente que dicho producto o empresa es m谩s beneficioso para los consumidores, el medio ambiente o la sociedad que otros productos o empresas comerciales del mismo tipo.
  • Comparaci贸n de productos. Se modifica el art铆culo 7 DPCD en relaci贸n con la comparaci贸n de productos y en particular, de sus rasgos relacionados con la聽 circularidad: la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad. La reforma impone a los comerciantes que suministren informaci贸n a los consumidores sobre el m茅todo de comparaci贸n, sobre los productos objeto de la comparaci贸n, sobre los proveedores de dichos productos, y sobre las medidas aplicadas para mantener la informaci贸n actualizada.
  • Pr谩cticas enga帽osas prohibidas en concreto Se modifica el anexo I de la DPCD聽 para prohibir聽 pr谩cticas enga帽osas concretas: a) La exhibici贸n de distintivos de sostenibilidad sin el respaldo de un sistema de certificaci贸n o de las autoridades p煤blicas pertinentes. b) La realizaci贸n de afirmaciones medioambientales gen茅ricas que no est茅n respaldadas por un comportamiento medioambiental reconocido, tales como 鈥渞espetuoso con el medio ambiente鈥 o 鈥渧erde鈥. c) La realizaci贸n de afirmaciones medioambientales sobre la totalidad de un producto, cuando realmente, solo se refieren a un aspecto espec铆fico no representativo de la empresa. d) Todas aquellas afirmaciones basadas en la compensaci贸n de emisiones de gases de efecto invernadero, que establezcan que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente. Se considera que inducen a error a los consumidores, al hacerles creer que tales afirmaciones se refieren al producto en s铆 o al suministro y producci贸n de dicho producto, ya que dan a los consumidores la falsa impresi贸n de que el consumo de ese producto no tiene ning煤n impacto medioambiental.
  • La presentaci贸n se contempla como una caracter铆stica distintiva de la oferta del comerciante de requisitos impuestos por ley a todos los productos de la categor铆a de productos pertinente en el mercado de la Uni贸n, incluidos los productos importados. Se proh铆be, por ejemplo, presentar un producto determinado se帽alando que no incluye una sustancia qu铆mica espec铆fica, cuando dicha sustancia ya est茅 prohibida por la ley para todos los productos de esa categor铆a de productos en la Uni贸n.
  • En relaci贸n con la protecci贸n contra pr谩cticas comerciales desleales en actualizaciones de software, la nueva Directiva extiende la prohibici贸n de ocultar informaci贸n relevante al consumidor sobre el impacto negativo que las actualizaciones de software puedan tener sobre el funcionamiento de bienes con elementos digitales. Este mandato legal impone a los responsables de las actualizaciones de software, la obligaci贸n de disponer o, en su defecto, de obtener de fuentes fiables (como los propios desarrolladores de software, proveedores, o autoridades competentes) informaci贸n veraz sobre las consecuencias de dichas actualizaciones en los bienes o servicios digitales. As铆 se busca prevenir la obsolescencia programada y asegurar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas respecto a las actualizaciones de sus dispositivos o servicios digitales. En relaci贸n con estas actualizaciones, se proh铆be tambi茅n presentar como necesaria una actualizaci贸n de software que solo mejore caracter铆sticas de funcionalidad
  • Durabilidad. Cualquier comunicaci贸n comercial en relaci贸n con un bien que contenga una caracter铆stica introducida para limitar su durabilidad, a pesar de que el comerciante disponga de informaci贸n sobre la caracter铆stica y sus efectos en la durabilidad del bien. Esta prohibici贸n incluye tanto el software dise帽ado para reducir la funcionalidad del bien tras un per铆odo determinado, como defectos de dise帽o o fabricaci贸n no intencionados pero conocidos por el comerciante, que, si no se corrigen, provocar铆an un fallo prematuro del producto. Esta medida se dirige tanto a productores como a comerciantes que dispongan de informaci贸n fiable sobre estas caracter铆sticas, promoviendo as铆 productos m谩s duraderos y sostenibles.
    • Afirmar falsamente que en condiciones normales de uso un bien tiene una durabilidad determinada en t茅rminos de tiempo o intensidad de uso.
    • Se proh铆be la promoci贸n de productos como reparables cuando realmente no lo son.
    • Se proh铆be la inducci贸n al consumidor para que sustituya o repare elementos fungibles de un producto antes de que sea necesario por razones t茅cnicas.
    • Se proh铆be el ocultamiento de informaci贸n relevante al consumidor sobre las limitaciones de funcionalidad de un bien, particularmente cuando se utilizan elementos fungibles, piezas de repuesto o accesorios no suministrados por el fabricante original.

Modificaci贸n de la Directiva DDC

El art铆culo 2 de la nueva Directiva modifica los art铆culos 2, 5, 6, 8 de la DDC. Adem谩s, se introducen nuevos art铆culos 22 bis (sobre avisos armonizados y etiqueta armonizada), y 27 bis (procedimiento de comit茅) para proporcionar a los consumidores una mejor informaci贸n precontractual sobre la durabilidad, la reparabilidad y la disponibilidad de actualizaciones. Por otra parte, dicha informaci贸n debe proporcionarse a los consumidores de manera clara y comprensible, y en consonancia con los requisitos de accesibilidad de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo.

  • Garant铆as. Los comerciantes que vendan bienes deben estar obligados, si el productor pone la informaci贸n a disposici贸n del comerciante, a informar a los consumidores sobre la existencia y la duraci贸n de la garant铆a comercial de durabilidad, ofrecida por el productor sin costes adicionales, que cubra la totalidad del bien y con una duraci贸n superior a dos a帽os. Adem谩s, dicha informaci贸n debe proporcionarse al consumidor mediante una etiqueta armonizada colocada en un lugar visible. Asimismo, los comerciantes deben informar de la existencia y de la duraci贸n de esta garant铆a comercial de durabilidad del productor para la totalidad del bien y no para componentes espec铆ficos del mismo.
  • Para evitar posibles confusiones con la informaci贸n sobre la garant铆a comercial de durabilidad, se establece que tambi茅n debe exhibirse destacadamente un aviso armonizado que debe recordar a los consumidores la existencia de la garant铆a legal de conformidad y sus principales elementos (incluida su duraci贸n m铆nima de dos a帽os y una referencia general a la posibilidad de que la duraci贸n de la garant铆a legal de conformidad sea superior en virtud del Derecho nacional).
  • El productor y el vendedor deben seguir teniendo libertad para ofrecer otros tipos de garant铆as comerciales y servicios posventa.
  • No obstante, la informaci贸n proporcionada al consumidor sobre otras garant铆as no debe confundirle con respecto a la existencia y duraci贸n de la garant铆a comercial de durabilidad ofrecida por el productor sin costes adicionales.

En cuanto a las obligaciones informativas precontractuales sobre durabilidad y actualizaciones de software, la nueva Directiva introduce requisitos espec铆ficos para proporcionar a los consumidores informaci贸n precontractual relativa a la durabilidad y reparabilidad de los bienes, as铆 como sobre el per铆odo de tiempo durante el cual se ofrecer谩n actualizaciones gratuitas de software para bienes con elementos digitales.

  • Esta informaci贸n sobre las actualizaciones de software debe proporcionarse de manera que no sea enga帽osa con arreglo a la DPCD y de modo previo a la contrataci贸n en coherencia con la DDC .
  • Antes de que los consumidores queden vinculados por un contrato, los comerciantes est谩n obligados a proporcionarles informaci贸n sobre (i) la existencia de servicios posventa y sus condiciones, incluidos los servicios de reparaci贸n, cuando se presten dichos servicios y (ii) la puntuaci贸n de reparabilidad del bien proporcionada por el productor.

Se exige que los comerciantes proporcionen toda la informaci贸n pertinente sobre la reparaci贸n de los bienes que el productor ponga a disposici贸n, as铆 como informaci贸n sobre la disponibilidad, el coste estimado y el procedimiento para pedir las piezas de recambio que sean necesarias para mantener la conformidad de los bienes, la disponibilidad de instrucciones de reparaci贸n y mantenimiento y las restricciones a la reparaci贸n. En definitiva, con la nueva regulaci贸n, los comerciantes deben proporcionar a los consumidores la etiqueta armonizada, informaci贸n sobre el per铆odo m铆nimo durante el cual se proporcionen actualizaciones, e informaci贸n sobre la reparaci贸n distinta de la puntuaci贸n de reparabilidad, siempre que el productor o proveedor de los contenidos o servicios digitales, si es diferente del comerciante, hubiera puesto a disposici贸n del comerciante dicha informaci贸n.

  • Asimismo, cuando proceda, los comerciantes deben informar a los consumidores sobre la disponibilidad de opciones de entrega respetuosas con el medio ambiente, como por ejemplo, mediante bicicletas de carga o veh铆culos el茅ctricos de reparto o mediante la posibilidad de optar por env铆os agrupados.

Los Estados miembros deber谩n transponer esta Directiva, a m谩s tardar el 27 de marzo de 2026, no siendo su aplicaci贸n efectiva hasta del 27 de septiembre de 2026.

 

 

 

III edici贸n de las series del Grupo de Innovaci贸n Docente: Sostenibilidad empresa justicia:

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  LLAVES Y CLAVES DE SOSTENIBILIDAD EN LA UNI脫N EUROPEA.聽 Actividad del Grupo de Innovaci贸n Docente DERMERULE para el curso acad茅mico 2023-24. Se inicia el聽 mi茅rcoles 17 de abril de 2024, en el Sal贸n de Grados de la Facultad de … Sigue leyendo

En caso de cancelaci贸n de un vuelo por el transportista a茅reo se considera que el pasajero ha aceptado el reembolso del billete en forma de un bono de viaje cuando, al cumplimentar un formulario en el sitio web del transportista, haya renunciado al reembolso del billete en forma de una suma de dinero

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As铆 se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2024 en el asunto C-76/23 | Cobult La petici贸n de decisi贸n prejudicial, planteada sobre la base del art. 267 TFUE, por el Landgericht Frankfurt am … Sigue leyendo

Empresario casado y responsabilidad patrimonial de la sociedad de gananciales (y de los bienes privativos) respecto de las obligaciones y cargas de la empresa de uno de los c贸nyuges (II).

La Disposici贸n Derogatoria de la reforma de la reciente reforma de la Ley Concursal dej贸 sin efecto los art铆culos 6 a 12 del C贸digo de Comercio. La reforma, que entr贸 en vigor el 26 de septiembre de 2022, afecta al r茅gimen de responsabilidad patrimonial del empresario casado y a la responsabilidad patrimonial de la sociedad de gananciales. Se daba noticia de la derogaci贸n en esta entrada publicada hace unos d铆as: Responsabilidad patrimonial de la sociedad de gananciales del empresario casado, tras la reforma de la Ley Concursal. Aproximaci贸n-apunte禄. A continuaci贸n se ampl铆an aquellas l铆neas iniciales:

Non sempre chove en Compostela

La derogaci贸n comentada afecta especialmente (aunque no exclusivamente) a la responsabilidad patrimonial externa de la sociedad de gananciales cuando uno de los c贸nyuges es empresario. Sin la vigencia del ordenamiento especial mercantil, corresponde la aplicaci贸n -ahora exclusiva y no subsidiaria- del r茅gimen civil o com煤n.

Cabe recordar que dentro del pasivo de la sociedad de gananciales, suele distinguirse entre, por un lado, obligaciones (deudas asumidas individual o conjuntamente que pueden ser ejecutadas por los acreedores sobre el patrimonio ganancial sin perjuicio del car谩cter que revistan ad intra entre los c贸nyuges y de posibles repeticiones en ese 谩mbito interno); y por otro cargas (que se atribuyen de modo definitivo al patrimonio com煤n por ley o por cualquier otro t铆tulo). Esta distinci贸n deriva del propio tenor literal del C贸digo y ha sido acogida en la doctrina judicial y administrativa reflejada, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1陋, de 3 de noviembre de 2004 y de 1 de febrero de 2016; y en la RDGRN 16, febrero,2017 (inter alia). Interesa especialmente, a los efectos de esta entrada, la responsabilidad de los gananciales por cargas (deudas definitivas) derivadas de la actividad de empresa. Para dilucidar su r茅gimen, conviene repasar la naturaleza de la comunidad, las exigencias jur铆dicas que deben cumplirse para vincular bienes comunes a la actividad de uno s贸lo de los c贸nyuges, el modo de identificar o se帽alar cuales son los bienes gananciales.聽 Tambi茅n importan aqu铆 los mecanismos para vincular bienes privativos del no empresario a la actividad de empresa, una vez derogado el antiguo art. 9 Cco.

La sociedad de gananciales viene siendo interpretada como un caso de comunidad germ谩nica, al concurrir en ella una de sus caracter铆sticas definitorias, esto es, el ser los comuneros propietarios de un todo, sin distinci贸n de cuotas. En ausencia de capitulaciones, el r茅gimen civil de la sociedad de gananciales se apoya en el principio de gesti贸n conjunta (art. 1375 Cci.).Y se beneficia de la eficacia de la potestad autorregulatoria que el ordenamiento reconoce a los c贸nyuges, libertad que se traduce de distintos modos: en la admisi贸n de que 茅stos celebren entre s铆 toda clase de contratos (art. 1323 Cci);聽 en que se les permita atribuir de com煤n acuerdo car谩cter ganancial a los bienes que se obtengan a t铆tulo oneroso, sea cual sea la procedencia de la contraprestaci贸n para adquirirlo (art. 1355 Cci); entre otros.

Con todo, tanto la potestad autorreguladora, como el principio de cogesti贸n sobre los gananciales tienen l铆mites:聽

  • La libertad de pactos entre c贸nyuges no representa una licencia legal para granjear beneficios indebidos a la pareja en el marco de sus relaciones patrimoniales, ni para perjudicarles atribuy茅ndoles responsabilidades que no les corresponden. Pero, sobre todo, no justifica los perjuicios a terceros que entren en relaci贸n con esa sociedad o con uno de sus miembros. Protecci贸n de terceros que es, si cabe m谩s relevante en el caso de que uno de los c贸nyuges sea empresario, pues est谩 sometido a un deber reforzado de transparencia (manifestada, entre otros deberes, en el de llevanza de contabilidad que refleje una imagen fiel de la empresa, art铆culo 25-1潞 C de c; o en car谩cter inscribible de las capitulaciones y -al menos hasta ahora- de pactos patrimoniales con el c贸nyuge del empresario art. 87-6潞RRM). Y porque el empresario est谩 sometido a una exigencia de diligencia superior a la del buen padre de familia (diligencia de un ordenado empresario). Coherentemente con tales exigencias de transparencia y de cuidado, los consentimientos, oposiciones y revocaciones que hasta ahora estaban vigentes (arts. 6 a 12 C de c) iban acompa帽ados de exigencias formales y registrales, para su plena eficacia frente a terceros.
  • En cuanto a los l铆mites al principio de cogesti贸n, la doctrina de los Tribunales ha establecido interpretaciones 煤tiles聽 para聽 dilucidar la implicaci贸n del c贸nyuge no empresario, y la regulaci贸n civil establece algunas normas especiales necesarias para dar cabida a la responsabilidad derivada de determinados compromisos de los esposos.

Derogado el r茅gimen jur铆dico especial del C de c procede volver la vista al ordenamiento com煤n y en especial al C贸digo civil, que nunca perdi贸 vigencia, si bien la aplicaci贸n del derecho especial se le superpon铆a -hasta ahora- en aspectos fundamentales de la responsabilidad de los gananciales (y de los bienes privativos del no c贸nyuge) por cargas 聽derivadas de la actividad de empresa de uno de los c贸nyuges.

El C贸digo civil incorpora normas de aplicaci贸n general sobre la responsabilidad de los bienes patrimoniales:

  • El art. 1367 Cci establece que los bienes gananciales responder谩n en todo caso de las obligaciones contra铆das por los dos c贸nyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Se basa en un criterio subjetivo consistente en la asunci贸n por parte de ambos c贸nyuges de las obligaciones. No entra a dirimir el objeto por el que se generaron 茅stas.
  • El art铆culo 1375 refleja la regla general de actuaci贸n conjunta.
  • El art 1375 y el art 1367 Cci exigen la cogesti贸n o el doble consentimiento para vincular los bienes gananciales. Deben interpretarse como clausulas generales para la gesti贸n de la sociedad matrimonial y para afectar bienes gananciales a las resultas de las obligaciones de los c贸nyuges. En ambos preceptos, la doble participaci贸n o el consentimiento se erige en requisito para vincular los bienes gananciales al cumplimiento de obligaciones por parte de la sociedad. Y contribuyen a justificar que su ausencia sea motivo de anulabilidad (art. 1322 Cci). Este r茅gimen resulta, en principio, menos 谩gil que el consentimiento impl铆cito predicado en los antiguos art铆culos 6 a 8 C de c para la vinculaci贸n de la comunidad ganancial a las resultas de la actividad empresarial de uno de los esposos. Incluso teniendo en cuenta que los arts. 1376 y 1377 Cci remiten a la intervenci贸n del juez para los supuestos en los que uno de los c贸nyuges se negase a prestar su consentimiento o estuviese impedido a hacerlo, trasladados sin m谩s al 谩mbito de obligaciones contra铆das en ejercicio de la empresa, tendr铆an consecuencias de dif铆cil encaje con las necesidades del tr谩fico mercantil.

Recu茅rdese que con anterioridad a la reforma, quedaban obligados a las resultas de la actividad comercial o empresarial los bienes privativos del c贸nyuge empresario (en coherencia con lo dispuesto en el art. 1911 Cci.) y, dentro de los gananciales, los obtenidos a resultas de la empresa (art 6 C de c, derogado).聽 Para la afectaci贸n del resto de bienes gananciales era necesario el consentimiento del no empresario (art 7 C de c., derogado), aunque 茅ste pod铆a presumirse cuando la actividad del empresario se realiza abiertamente y sin oposici贸n del otro (art 8 C de C derogado). Y para la afecci贸n de los bienes privativos del no empresario se aplicaba el antiguo art. 9 C de c (consentimiento expreso).

  • Derogados los mencionados preceptos mercantiles no hay duda respecto de la afecci贸n del patrimonio privativo del empresario, conforme al art 1911 Cci.
  • Ahora bien, sin cogesti贸n o sin el concurso de ambos consentimientos no existe una presunci贸n de ganancialidad pasiva general en relaci贸n con las deudas (DGRN de 17 de marzo de 2005).
  • Tras la reforma, y con alguna excepci贸n como la adquisici贸n de bienes gananciales a plazos por un c贸nyuge sin el consentimiento del otro (art 1370Cci), tampoco se establece distinci贸n entre la responsabilidad de los bienes que derivan de la empresa y de otros gananciales. 聽En cambio, quedan vigentes la exigencia del doble consentimiento y cogesti贸n como reglas generales para vincular la totalidad de los gananciales a las obligaciones con terceros que genere la empresa (los mencionados art铆culos 1367 y 1375 Cci.). 驴Significa lo anterior que, en adelante y en ausencia de capitulaciones el c贸nyuge no empresario tendr谩 que participar con el empresario en la asunci贸n de obligaciones de empresa, o cuando menos, en otorgar consentimiento expreso en relaci贸n con cada obligaci贸n derivada de esa actividad, para poder vincular los bienes gananciales conforme a los art铆culos 1367 y 1375 Cci. y evitar que el empresario acuda a la v铆a judicial de consentimiento, o incluso, 驴cabr铆a deducir una suerte de vinculaci贸n t谩cita, funcional, a la actividad de empresa por parte del no empresario?
      • La llamada 鈥渧inculaci贸n funcional鈥, entendida como teor铆a jurisprudencial valiosa, ya ha desplegado efectos 煤tiles en algunos asuntos (como en la STS 594/2017, de 7 de noviembre, que concluy贸 afirmando la vinculaci贸n de la esposa a la empresa; o la STS 314/2018 que teniendo en cuenta la misma doctrina, pero sobre unos hechos muy distintos, consider贸 que no hab铆a vinculaci贸n; o m谩s recientemente en la STS de 28 de mayo STS 203/2020, de 28 de mayo, en relaci贸n con la calificaci贸n del c贸nyuge como consumidor). Precisamente, sobre la denominada 芦vinculaci贸n funcional禄 del c贸nyuge respecto del que se est谩 analizando si ostenta o no la condici贸n legal de consumidor cuando fue adem谩s prestamista de una empresa para hacer frente a actividades mercantiles son adem谩s de seminal inter茅s, el Auto del TJUE de 19 de noviembre de 2015, en el asunto Dumitru Tarcau, y el Auto del TJUE, de 27 de abril de 2017, en el asunto C-535/16,聽Bachman.聽 Y es que, conforme a la acertada doctrina de los Tribunales, se debe atribuir la condici贸n legal de consumidor -y por tanto no empresario- a aquella persona f铆sica que carezca de vinculaci贸n manifiesta con la sociedad a la que se le concedi贸 inicialmente el pr茅stamo para el ejercicio de su actividad, y que actu贸 de ese modo por sus lazos con la persona que controlaba dicha sociedad, as铆 como con quienes suscribieron contratos, como fianzas y garant铆as, accesorios a los contratos de cr茅dito iniciales.
      • La teor铆a jurisprudencial del v铆nculo es id贸nea para resolver supuestos como los que concurr铆an en las resoluciones mencionadas. Pero no parece un mecanismo interpretativo con car谩cter general adecuado para abordar el r茅gimen de responsabilidad de los gananciales frente a las deudas de empresa. La teor铆a del v铆nculo se basa en una ex茅gesis teleol贸gica, anudada al caso concreto, a la protecci贸n del c贸nyuge del empresario cuando no pierde la condici贸n de consumidor, o a su vinculaci贸n en el riesgo de empresa cuando no corresponde admitir que sea persona ajena a la misma.

Junto a las normas generales, coexisten normas especiales, dentro del propio C贸digo Civil, que resultan 煤tiles para el supuesto especial de la vinculaci贸n de bienes gananciales a la actividad de empresa.

  • Frente a lo dispuesto -con car谩cter general- en los art铆culos 1375 y 1367, los art铆culos 1362 y 1365 constituyen norma especial:
    • Conforme al art. 1362.4陋 Cci, corre a cargo de la sociedad de gananciales la explotaci贸n regular de los negocios o el desempe帽o de la profesi贸n, arte u oficio de cada c贸nyuge. Desde el momento en el que 鈥渃orre a cargo鈥, debe entenderse que la sociedad de gananciales recibe y queda afectada por las resultas positivas y negativas de la empresa. Y en particular por las obligaciones y deudas derivadas de la ley y de los contratos de empresa. Coherentemente con este precepto, los gastos derivados de la explotaci贸n regular de una empresa se atribuyen como carga a la totalidad de la sociedad de gananciales, ya que los frutos que producen tienen el mismo car谩cter (art 1347, apartados 1潞 y 2潞 Cci). E, incluso si la empresa hubiera sido iniciada antes del matrimonio de modo que sus activos iniciales fueran privativos, los gastos de mantenimiento durante el tiempo en que permanezca vigente la sociedad de gananciales corresponden a 茅sta (art 1362.3陋 Cci)
    • Seg煤n el art 1365.2潞 Cci, los bienes gananciales responden directamente frente a las deudas en las que incurra cada uno de los dos c贸nyuges en el ejercicio de su profesi贸n arte u oficio. Este precepto ven铆a ya siendo aplicado en relaci贸n con las cargas internas y la responsabilidad subsidiaria de los bienes gananciales, pero remit铆a en bloque a lo dispuesto en el C de c en los preceptos ahora derogados.
  • En relaci贸n con las responsabilidades extracontractuales derivadas de culpa grave o de dolo, cabe a帽adir una particularidad, o norma especial por la especialidad de su objeto. Conforme al art铆culo 1366 Cci las obligaciones extracontractuales derivadas de la gesti贸n de empresa (considerada a estos efectos una actividad a favor de la sociedad de gananciales) corren a cargo de la sociedad, con la excepci贸n de las derivadas de dolo o culpa grave de uno de los c贸nyuges.聽 Dicho de otro modo, dado que la gesti贸n o actividad empresarial del empresario casado en r茅gimen de gananciales constituye una actuaci贸n a favor de tal sociedad de gananciales que percibir谩 sus frutos, las consecuencias tanto de su gesti贸n diligente, como de su gesti贸n levemente negligente revierten en la sociedad de gananciales. En cambio, de las consecuencias de la gesti贸n empresarial gravemente negligente o dolosa, 煤nicamente el empresario responder谩 con su patrimonio (privativo).

Por lo que respecta a la identificaci贸n de los bienes gananciales (que responden ante terceros acreedores de la empresa), se beneficia de una presunci贸n de ganancialidad activa en el sentido del art 1361 Cci conforme al cual son gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos c贸nyuges. Y,聽 seg煤n lo dispuesto en el art 1344 Cci: todos los bienes ingresados durante el matrimonio que no tengan la condici贸n de privativos, son gananciales.聽

  • La jurisprudencia viene insistiendo en que la presunci贸n de ganancialidad del art. 1361 Cci es objeto de interpretaci贸n rigurosa de modo que para desvirtuarla no basta aportar prueba indiciaria, sino que se hace necesaria una prueba expresa y cumplida ( entre otras, SSTS 611/1995, de 20 de junio; 652/1996, de 24 de julio; 1263/2001, de 29 de diciembre; 1265/2002, de 26 de diciembre, STS 3390/2022, de 21 de septiembre, esta 煤ltima en relaci贸n con las aportaciones realizadas a un plan de pensiones privativo durante la vigencia del matrimonio, declarando el TS que en ausencia de la prueba debida, prevalece la presunci贸n de ganancialidad del art 1361 Cci )
  • El art. 1347 Cci, y de modo especial sus apartados 1潞 y 5潞 contribuyen a la identificaci贸n de los gananciales en el 谩mbito de la empresa de uno de los c贸nyuges, por cuanto que el primero (art.聽 1347.1潞 Cci) confirma que deben reputarse gananciales los bienes obtenidos por el trabajo (o por la industria de los c贸nyuges). 聽Y, m谩s espec铆ficamente, el apartado 5 del mismo precepto califica como gananciales las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por uno cualquiera de los c贸nyuges a expensas de los bienes comunes.
  • Completando el r茅gimen de afecci贸n de bienes, si la empresa hubiese sido creada antes del matrimonio, sus frutos durante la vigencia de la sociedad se reputan tambi茅n gananciales (art. 1347 Cci)
  • Cerrando el c铆rculo, derogado el art铆culo 7 C de c queda sin efecto la posibilidad del c贸nyuge de excluir los bienes gananciales que no deriven de la actividad de empresa de la responsabilidad patrimonial derivada de la actividad empresarial del esposo o esposa empresario.聽No cabe ya ni la revocaci贸n de su consentimiento t谩cito ni expreso, ni la oposici贸n a efectos de responsabilidad patrimonial.

 

En lo relativo a la disoluci贸n de la sociedad, como se dec铆a, el art. 1344 Cci da la clave al establecer que las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los c贸nyuges les ser谩n atribuidos por mitad al disolverse aquella.

  • El reparto a mitades opera sin perjuicio de que, si en la creaci贸n de empresa se hubiesen aportado privativos, deba reconocerse alg煤n reembolso al aportante de 茅stos privativos (art铆culos 1354 y 1359 Cci y su interpretaci贸n por la doctrina de nuestro TS, entre otras en la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, n潞 603/2017). Aunque, teniendo en cuenta que, en ausencia de prueba directa y聽 expresa sobre el car谩cter privativo de las aportaciones, prevalezca la presunci贸n del art. 1361 Cci (entre otras, la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo 3390/2022, de 21 de septiembre).
  • La naturaleza ganancial de la empresa y sus frutos tampoco obsta, a que conforme a la jurisprudencia establecida y en casos concretos, ciertos beneficios de la empresa, como las reservas no distribuidas no hayan sido declaradas聽integradas en la sociedad que se disuelve聽 (Sentencia n潞 60/2020 del Pleno de la Sala Primera, de lo Civil de 3 de febrero de 2020; Sentencia 298/2020 de la Sala Primera, de 15 de junio de 2020, y destacadamente entre la jurisprudencia de Audiencias Provinciales, la sentencia de la Audiencia Provincial de Le贸n, de 23 de junio de 2020 (n潞 191/2020), que reproduce y aplica la doctrina del Tribunal Supremo).
  • Y tampoco es obst谩culo para que, en alguna ocasi贸n y con acierto, nuestro alto Tribunal haya entrado a analizar la naturaleza de los bienes objeto de reparto, adoptando criterios de justicia material de protecci贸n del no empresario, por ejemplo, en relaci贸n con las participaciones en una sociedad familiar de responsabilidad limitada (Sentencia Tribunal Supremo, Pleno de la Sala Primera, 458/2020 de 28 julio).

Valporquero

驴Y, qu茅 ocurre con la vinculaci贸n a la empresa de bienes privativos del c贸nyuge no empresario?

  • Como es sabido, el art铆culo 9 C de c (derogado) se ocupaba de la vinculaci贸n de bienes privativos del no c贸nyuge a las resultas de la empresa, siempre que mediase consentimiento expreso y formalizado mediante su elevaci贸n a p煤blico e inscripci贸n (art. 11 c de c derogado).

Aspectos materiales de la vinculaci贸n

  • La vinculaci贸n o afecci贸n (y desafectaci贸n) de los bienes privativos del no empresario debe articularse por la v铆a de la libertad de pactos entre los c贸nyuges. Es coherente con la potestad autorregulatoria de la comunidad germ谩nica,聽 con la libertad de pactos del art. 1323 Cci (1325 Cci si se efect煤a mediante capitulaciones) y con lo establecido en el art 1355 Cci, debi茅ndose materializar siempre dentro de la ley, conforme a las exigencias de buena fe, y聽 sin perjuicio de terceros. Es un negocio jur铆dico at铆pico que tiene una causa propia, distinta de los negocios jur铆dicos habituales traslativos del dominio, la causa matrimonii, cuya nota diferencial es su peculiar r茅gimen de afecci贸n, en tanto que a los bienes gananciales se le somete a un r茅gimen especial respecto a su administraci贸n, disposici贸n, cargas, responsabilidades y liquidaci贸n (Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Secci贸n Segunda, n潞1016/2021, de 3 de marzo de 2021).
  • Tambi茅n despu茅s de derogados los art铆culos 9 y 11 C de c, la aportaci贸n de bienes o activos privativos del no c贸nyuge a la creaci贸n o al mantenimiento de la empresa es (y era)聽 una manifestaci贸n del principio de la autonom铆a de la voluntad privada proclamado con car谩cter general en el art铆culo 1255 Cci.聽No puede desconocerse que es doctrina reiterada de la Direcci贸n General que son v谩lidos y eficaces cualesquiera desplazamientos patrimoniales entre los c贸nyuges y, por ende, entre sus patrimonios privativos y consorcial, siempre que aqu茅llos se produzcan por cualquiera de los medios leg铆timos previstos al efecto, entre ellos, el negocio de aportaci贸n de derechos concretos a una comunidad no personalizada jur铆dicamente, incluso si el mencionado negocio de atribuci贸n fuese gratuito, (RRDGRN 11, marzo,1993, 28, mayo,1993, 21.12.1999, entre otras).聽Consecuencia de la aportaci贸n surgen una serie de derechos del no empresario sobre la empresa ganancial:
    • Por un lado, establece el legislador civil, que, si a la formaci贸n de la empresa o establecimiento concurriesen capital privativo y capital com煤n, 茅sta corresponder谩 pro indiviso a la sociedad de gananciales y al c贸nyuge o c贸nyuges en proporci贸n al valor de las aportaciones respectivas (arts. 1354 y 359 Cci y su interpretaci贸n por la doctrina de nuestro TS, especialmente en la Sentencia del Tribunal Supremo n潞 603/2017, de 10 de noviembre)
    • Por otro lado, el art 1358 Cci reconoce un derecho de reembolso a favor del aportante, cuya ejecuci贸n se manifestar谩 a menudo cuando se procede a la disoluci贸n de la sociedad. Las Sentencias del Tribunal Supremo n潞 295/2019, de 27 de mayo; y 4409/2021, de 9 diciembre recuerdan que la prueba del car谩cter privativo …, (frente a la presunci贸n de ganancialidad del art. 1361 Cci )incumbe al que lo alegue y puede ser determinante para reconocer el derecho de reembolso a favor del aportante ( art. 1358 Cci), aunque a帽aden聽 que cuando consta la voluntad de ambos de atribuir car谩cter ganancial al bien adquirido, si se prueba que para la adquisici贸n se han empleado fondos privativos, el c贸nyuge titular del activo empleado tiene derecho a que se le reintegre el importe actualizado, aunque no hiciera reserva sobre la procedencia del dinero ni sobre su derecho de reembolso.

Aspectos probatorios(y de transparencia) de la vinculaci贸n de bienes privativos del no empresario

  • La prueba de que las aportaciones fueron privativas debe ser expresa y cumplida, conforme a la reiterada jurisprudencia recogida recientemente en la citada STS 3390/2022, de 21 de septiembre. No obstante, no se exige la inscripci贸n mercantil del consentimiento para vincular concretos (o la totalidad de ) bienes privativos del no empresario. Ni para desvincularlos.
  • Derogados los arts.聽 9 a 11 del C de c el antiguo r茅gimen de publicidad registral, adecuado como instrumento probatorio erga omnes de la vinculaci贸n de los privativos del no empresario a la actividad de empresa, la transparencia y publicidad de los pactos y consentimientos de afecci贸n (y de desafecci贸n) sigue siendo muy importante en el tr谩fico mercantil. No en vano, el art铆culo 87, apartado 6潞 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) relativo al contenido de la hoja abierta al empresario individual remite en bloque a los ahora derogados art铆culos 6 a 10 C de c.,聽 similarmente a como prev茅 el art 386, apartado 7潞 RRM.
  • 驴La derogaci贸n del r茅gimen del C de c聽 conduce autom谩ticamente a la imposibilidad de inscribir escrituras de pactos聽 de afecci贸n (y desafecci贸n ) que incorporan consentimientos (y revocaciones) del c贸nyuge en lo relativo a sus bienes privativos?. No tiene porqu茅 ser as铆, ya sea en una interpretaci贸n amplia de los vigentes arts. 87-6潞 y 386-7潞RRM, o cuando menos, en virtud del art. 87-8潞RRM (como pacto que modifique los asientos practicados,聽 al vincular bienes privativos a la las responsabilidades patrimoniales derivadas de la empresa, habi茅ndose inscrito previamente el r茅gimen de gananciales conforme al art. 92, apartado 3 RRM). A los efectos de la transparencia sobre la vinculaci贸n de los bienes privativos del no empresario, la inscripci贸n de un documento p煤blico en el que se manifieste su consentimiento, la oposici贸n o la revocaci贸n relativos a bienes privativos del c贸nyuge,聽 (negocios jur铆dicos de afectaci贸n afectaci贸n o desafectaci贸n de bienes privativos) sigue siendo admisible.聽 Tales inscripciones resultar铆an coherentes, por ejemplo, con lo dispuesto en el art 103-5潞 Cci y contrario sensu, en el art 102 Cci (ambos en relaci贸n con la demanda de divorcio). Dicho de otro modo, en una interpretaci贸n material de los preceptos, sus contenidos y efectos, el consentimiento del derogado art. 9 C de c, y la revocaci贸n del antiguo art 10 C de c ser铆an subsumibles en la figura de los negocios jur铆dicos unilaterales (o bilaterales) de afectaci贸n y desafectaci贸n de bienes privativos. La elevaci贸n a p煤blicos de estos negocios no tendr铆a porque quedar excluida de inscripci贸n. Cierto es que el r茅gimen de los mencionados negocios de afectaci贸n y desafectaci贸n de bienes privativos est谩 determinado 煤nicamente por las previsiones estipuladas por los contratantes dentro de los l铆mites legales (art铆culos 609, 1255 y 1274 del C贸digo Civil) y subsidiariamente por el resto de normativa del C贸digo Civil (RDGRN 14, mayo, 2003),聽 y que su validez no exige聽 la inscripci贸n mercantil. Pero, la falta de exigencia constitutiva no tiene porque ser causa para rechazar la inscripci贸n con base en la interpretaci贸n sugerida del art铆culo 87-6潞 (y 8潞),聽 y del art铆culo 386-7潞RRM, como preceptos habilitantes de la inscripci贸n.

Corresponde seguir atentamente聽 las calificaciones聽 de los Registros Mercantiles y las Resoluciones de la Direcci贸n General de Seguridad Jur铆dica y Fe P煤blica, y de nuestros Tribunales, para una mejor, m谩s ajustada a derecho, y definitiva interpretaci贸n.

 

Trasferencia internacional de datos. Nuevas Cl谩usulas est谩ndar (CTT) de la Comisi贸n Europea

Las 聽CCT 聽son cl谩usulas estandarizadas de protecci贸n de datos que han sido aprobadas por la Comisi贸n Europea. Su inclusi贸n en los acuerdos internacionales de transferencia de datos permite a los responsables y a los encargados del tratamiento cumplir con sus obligaciones en virtud del RGPD.

La Comisi贸n Europea adopt贸 dos conjuntos de CCT el 4 de junio de 2022:

Se acompa帽an ambos de una serie de preguntas y respuestas, que la Comisi贸n Europea pone a disposici贸n con 芦fines informativos generales 煤nicamente禄, pero, no obstante, para 芦proporcionar orientaci贸n pr谩ctica sobre el uso de las CCE y ayudar a las partes interesadas en sus esfuerzos de cumplimiento en virtud del RGPD

Dado que el llamado Escudo de Privacidad EE.UU.-UE fue invalidado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) de 2020, ECLI:EU:C:2020:559,聽 芦Schrems II禄. 聽, las CCT han sido el principal mecanismo para transferir datos de la UE a los EE.UU., en cumplimiento del RGPD . Las directrices anteriores de las autoridades europeas explicaban que las transferencias en el marco de las CCT son aceptables siempre que los datos personales que se transfieren est茅n sujetos a protecciones 芦esencialmente equivalentes禄 a las que tendr铆an en la UE. Para lograr protecciones 芦esencialmente equivalentes禄, el Supervisor Europeo de Protecci贸n de Datos indica que las partes que transfieren datos que pueden necesitar adoptar salvaguardias adicionales, como la codificaci贸n de los datos antes de la transferencia

Para trasferir datos fuera de la UE, 聽las nuevas CCT crean la obligaci贸n, principalmente para el exportador de datos, de llevar a cabo una 芦evaluaci贸n del impacto de la transferencia禄聽 que implica evaluar el marco jur铆dico de protecci贸n de datos de la jurisdicci贸n de destino que regir谩n los datos que se recibir谩n del controlador en la UE. Al realizar este an谩lisis, se deben considerar las circunstancias espec铆ficas de las transferencias contempladas, incluyendo la categor铆a y el formato de los datos, el tipo de destinatario, el sector econ贸mico en el que se produce la transferencia y la longitud de la cadena de tratamiento. Las orientaciones que acompa帽an ambas Decisiones aclaran los tipos de informaci贸n que deben tenerse en cuenta al realizar una evaluaci贸n del impacto de la transferencia. En concreto, las orientaciones se帽alan que las empresas pueden tener en cuenta

  1. informaci贸n cierta sobre la aplicaci贸n de la legislaci贸n nacional del pa铆s de destino en la pr谩ctica, incluida la jurisprudencia y los informes de organismos de supervisi贸n independientes,
  2. la existencia o ausencia de solicitudes de las autoridades p煤blicas del pa铆s de destino para acceder a los datos en el sector correspondiente y, en determinadas condiciones,
  3. la experiencia pr谩ctica documentada del exportador y/o importador de datos. Cuando haya una evaluaci贸n negativa del impacto de la transferencia, las partes s贸lo podr谩n transferir datos bas谩ndose en las CCT 芦si establecen salvaguardias 芦suplementarias禄 adicionales (por ejemplo, medidas t茅cnicas para garantizar la seguridad de los datos, como el cifrado de extremo a extremo) que aborden la situaci贸n y garanticen as铆 el cumplimiento禄 de las CCT.

PERSPECTIVAS

Aunque el panorama de las transferencias internacionales de datos puede cambiar significativamente en los pr贸ximos meses a partir del reciente anuncio de que EE.UU. y la UE han alcanzado un 芦acuerdo de principio禄 sobre un nuevo marco de transferencia bilateral, no puede obviarse que NOYB, la organizaci贸n de Schrems, ya ha redactado una carta abierta en la que se opone al acuerdo de principio y anima a 芦los negociadores de ambos lados del Atl谩ntico a avanzar en las tan necesarias reformas de la legislaci贸n estadounidense禄. Adem谩s, Schrems 芦est谩 dispuesto a impugnar cualquier decisi贸n final de adecuaci贸n que no proporcione la necesaria seguridad jur铆dica禄. Por lo tanto, es probable que los CCT sigan siendo un mecanismo importante para efectuar transferencias de datos de la UE a los Estados Unidos que cumplan con el Reglamento (UE) General de Protecci贸n de Datos

MAS

P贸lizas D&O y defensa de los administradores frente a demandas interpuestas por el administrador concursal. La problem谩tica 芦cobertura de entidad禄 a la luz de un reciente asunto en el Massachusetts Bankruptcy Court

Una reciente decisi贸n judicial en materia concursal en EEUU aborda la problem谩tica del acceso de los administradores sociales a la indemnizaci贸n del seguro D&O para hacer frente a su defensa en un litigio de responsabilidad civil interpuesto contra ellos por un administrador concursal.

En el asunto聽 re National Fish & Seafood, Inc., No. 19-11824, 2021聽(Bankr. D. Mass. 26 de febrero de 2021), el Tribunal Concursal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts (Massachusetts Bankruptcy Court) ) abord贸 la impugnaci贸n por parte del administrador concursal a los intentos de los directores y altos ejecutivos de acceder a la indemnizaci贸n de la p贸liza D&O. En esta decisi贸n se autoriz贸 que los asegurados percibiesen la indemnizaci贸n del seguro para su defensa en el litigio de responsabilidad interpuesto por el administrador concursal. La lectura conjunta de esta resoluci贸n, junto con otros comentarios sobre estas p贸lizas que se referencian en este post, permite identificar la complejidad a帽adida聽 que supone el aseguramiento conjunto de los administradores y de la sociedad administrada y tomadora en una misma p贸liza D&O.聽

By M.A. D铆az

Planteamiento

En mayo de 2019, National Fish and Seafood, Inc. (芦Deudor禄) solicit贸 concurso (procedimiento del llamado 芦Cap铆tulo 7禄) dando lugar al nombramiento de una administrador concursal 芦el administrador禄. En abril de 2020, 茅ste present贸 una demanda de Responsabilidad Civil (RC)聽 contra tres de los antiguos consejeros y ejecutivos del Deudor, alegando que incumplieron sus deberes fiduciarios al autorizar una serie de transacciones en virtud de las cuales se pagaron 31 millones de d贸lares en activos del Deudor. A principios de 2021, los consejeros solicitaron una exenci贸n de la prohibici贸n de la Secci贸n 362 del T铆tulo 11 del C贸digo Concursal de los Estados Unidos, para permitirles recibir la indemnizaci贸n de seguro D&O para hacer frente por adelantado a los costes de defensa de la P贸liza D&O que el Deudor hab铆a contratado y en los que tales consejeros y ejecutivos eran asegurados. El administrador concursal se opuso a esa petici贸n.

Los consejeros y ejecutivos solicitaban a la aseguradora el adelanto de sus gastos de defensa en el Litigio RC, al amparo de la cobertura A, cuyo contenido se explica m谩s abajo en esta entradilla. La aseguradora acept贸 en principio cubrir los gastos de defensa, pero聽 exig铆a para ello que se dictase una orden en el proceso concursal que autorizara dicho abono, con determinaci贸n expresa de que no constitu铆a una violaci贸n de la suspensi贸n autom谩tica de la Secci贸n 362 del T铆tulo 11 del C贸digo Concursal.

Cuestiones preliminares sobre las modernas p贸lizas D&O (recogiendo la estructura de la propia decisi贸n judicial comentada, apartado 3)

Si bien las p贸lizas D&O se redactan de modo , hoy en d铆a, bastante estandarizado, no cabe obviar que tambi茅n han conocido una evoluci贸n considerable. Por ello, corresponde especificar aqu铆 los datos de este contrato en particular, extra铆dos del asunto concreto

  • Todas las p贸lizas de D&O proporcionan una 芦cobertura A 禄 frente a las p茅rdidas sufridas directamente por los directores y funcionarios por sus presuntos actos il铆citos en la medida en que聽 no sean reembolsadas por la empresa. Esta cobertura se conoce como cobertura 芦Side A禄, y en las modernas redacciones de esos condicionados incluyen cobertura de defensa.聽 En cuanto al tratamiento de los gastos de defensa incurridos por los administradores, consejeros y聽 ejecutivos para defenderse de demandas interpuestas por un administrador concursal por incumplimiento de las obligaciones fiduciarias de tales administradores, consejeros y altos ejecutivos (asegurados), la jurisprudencia estadounidense no es un谩nime. No est谩 cerrado el debate sobre si la indemnizaci贸n derivada de este Side A debe considerarse integrante de la masa activa de la entidad tomadora o, si puede abonarse a los asegurados incluso en caso de concurso. Para decidir sobre tal cuesti贸n, los tribunales efect煤an an谩lisis concretos del clausulado espec铆fico de las p贸lizas, as铆 como de otras circunstancias concurrentes, como precisamente sucede en el asunto que nos ocupa.
  • Tambi茅n, la pr谩ctica totalidad de los seguros D&O al menos en Estados Unidos, incluyen una cobertura Side B o de reembolso. Se refiere a las p茅rdidas en las que incurre la empresa, la sociedad tomadora, al indemnizar a sus consejeros y directivos por las p茅rdidas en las que 茅stos incurren por actos de los que sean declarados responsables, pero que realizasen de acuerdo con las disposiciones de gobierno corporativo de la tomadora. En el supuesto de que se haya declarado un concurso, la tomadora (y en su nombre el administrador concursal) puede beneficiarse de la indemnizaci贸n aseguradora de esta cobertura para reembolsarse de sus obligaciones de indemnizaci贸n, por ejemplo si al declararse el concurso ya se hubiesen reembolsado gastos indemnizables a los consejeros, o si incluso en el proceso concursal se derivasen obligaciones de indemnizaci贸n de la tomadora a sus administradores, consejeros y altos ejecutivos.
  • Algunas p贸lizas modernas contienen adem谩s la llamada cobertura Side C 聽芦cobertura de entidad禄 . El objeto de esta cobertura ha conocido evoluciones en el dise帽o de las p贸lizas desde los a帽os 80 del siglo pasado, advertencia necesaria aqu铆, pero en la que ya profundizamos en otros textos y en la que no nos detendremos. En el asunto concreto que se analiza, la Side C estaba prevista, como ocurre en muchas p贸lizas americanas en la actualidad, para situaciones en las que una empresa es demandada junto con sus administradores y ejecutivos.
    • Recu茅rdese que 茅sta es una cobertura actual, pero que no se ofrec铆a en las p贸lizas cl谩sicas que han sido objeto de comentario en聽 varias ocasiones en este mismo blog y otros , adem谩s de en abundantes publicaciones. Ciertas decisiones de los tribunales estadounidenses m谩s antiguas como In Louisiana World Exposition v. Federal Ins. Co. (In re Louisiana World Exposition), 832 F.2d 1391 (5th Cir. 1987), del聽 Quinto Circuito Federal聽 dictaminaron que la indemnizaci贸n del seguro D&O no se puede considerar como activo en la masa activa del concurso de la tomadora, pero debe subrayarse que en re Louisiana World Exposition la p贸liza no conten铆a la 芦entity coverage禄 que si se localiza en el asunto aqu铆 comentado. En cambio, otras decisiones como In re Adelphia Communications Corp., 298 B.R. at 57; In re Pasquinelli Homebuilding, LLC, 463 B.R. 468 (Bankr. N.D. Ill.
      2012); In re Cybermedica, Inc., 280 B.R. 12 (Bankr. D. Mass. 2002) ,聽 citados en la decisi贸n aqu铆 comentada, bloquearon el acceso, en presencia de 芦entity coverage禄 y atendiendo a que el valor de la cobertura incrementaba en t茅rminos globales el valor de los activos del concurso
    • La cobertura C, en muchos casos, como en el aqu铆 comentado, se formula con car谩cter residual en relaci贸n con la suma asegurada, para evitar que una p贸liza ideada para cubrir responsabilidades de directivos acabe siendo 芦vaciada禄 para hacer frente a responsabilidades de la propia empresa. N贸tese, que en la cobertura C, la indemnizaci贸n beneficiar铆a tanto a la empresa tomadora como a sus administradores, consejeros y ejecutivos, por lo que en una situaci贸n concursal ser谩 casi imposible que se permita a los administradores beneficiarse, al menos ilimitadamente de esta cobertura
Sobre la p贸liza en este asunto concreto

La p贸liza de D&O en re National Fish & Seafood, Inc., No. 19-11824, 2021 聽preve铆a una cobertura con suma total asegurada de 3 millones de d贸lares, junto con coberturas parciales incluyendo 500.000 d贸lares que permit铆a el聽 adelanto de los gastos de defensa incurridos en relaci贸n con una reclamaci贸n cubierta. Inclu铆a los tipos de coberturas al uso en este tipo de seguro.聽 Adem谩s, 茅sta p贸liza D&O establec铆a que, en caso de concurrencia de reclamaciones, la indemnizaci贸n derivada de la cobertura A se abonar铆a en primer lugar, la cobertura B en segundo lugar y la cobertura C en 煤ltimo lugar. En el marco del procedimiento concursal, los asegurados y el administrador concursal acordaron que las reclamaciones presentadas en el litigio de RC constitu铆an reclamaciones cubiertas la cobertura A, que no se hab铆an presentado, ni se esperaban reclamaciones por la B (reembolso) o la聽 C (cobertura de 芦entidad)

Lincoln, Ox

En este asunto se autoriz贸 que los consejeros y ejecutivos recibiesen la indemnizaci贸n de la cobertura A para sus gastos de defensa
  • El administrador concursal hab铆a alegado que esa indemnizaci贸n formaba parte de la masa activa del Deudor聽 y por lo tanto su pago o adelanto a los asegurados violar铆a la Secci贸n 362(a)(3) del C贸digo Concursal.聽
  • Sin embargo, en este asunto el Tribunal admiti贸 la exenci贸n sobre la base del聽 art铆culo 362(d)(1) del C贸digo Concursal, aceptando ciertos razonamientos de los consejeros que incluyen el que la p贸liza de D&O prev茅 el pago de los gastos de defensa; que en sus actuaciones como consejeros y dentro de su propio proceso de adopci贸n de decisiones la existencia de la p贸liza formaba parte del c煤mulo de cuestiones que se tuvieron en consideraci贸n; que no se preve铆an reclamaciones en las coberturas B y C; que la intenci贸n real del administrador concursal era preservar la cobertura A para financiar la reclamaci贸n concursal contra los consejeros en el litigio de RC, pero que en 茅sta los asegurados eran 煤nicamente los consejeros y ejecutivos
M谩s:

Tratamiento de datos personales y discriminaci贸n algor铆tmica en el entorno asegurador. A prop贸sito de un libro reciente

JUNQUEIRA, Thiago, Tratamento dos Dados Pessoais e Discriminac茫o Algor铆tmica nos Seguros, Thomson Reuters /Revista dos Tribunais, S茫o Paulo, 2020.

(Prologado por Anderson Schreiber; presentado por Bruno Miragem)

Present谩bamos recientemente para consultor jur铆dico de Brasil,聽聽este libro recientemente recibido de allende los mares. Su autor Thiago Junqueira es Doctor en Derecho por la Universidad del Estado de Rio de Janeiro,聽 Profesor聽 y Abogado socio, del reconocido bufete Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados.聽 Se reproduce a continuaci贸n, con adaptaciones, esa rese帽a, ahora en el marco del blog DerMerUle

Es estudio de Junqueira parte de la idea del car谩cter innovador del mundo asegurador para el Derecho. Justifica su afirmaci贸n en la frecuencia con la que, en efecto, los contratos de seguros suelen anticipar hitos importantes en el devenir de la evoluci贸n de algunas relaciones jur铆dicas especialmente en Derecho聽 privado. A trav茅s de ejemplos y fundamentos doctrinales cl谩sicos, entre los que resulta paradigm谩tica la tendencia objetivadora de la responsabilidad civil asegurada; Junqueira conduce al lector a otros supuestos actuales como es el de a tutela de los datos personales聽 en el marco de la contrataci贸n de seguros. Si esta cuesti贸n ya ha sido objeto de atenci贸n doctrinal en a帽os recientes, mayor reflexi贸n merece a la luz del tratamiento algor铆tmico automatizado que hoy subyace a los c谩lculos matem谩ticos y actuariales esenciales en la industria aseguradora. Y es que, el car谩cter car谩cter necesario de las informaciones (inputs) que necesita la industria para poder asegurar riesgos, no obsta para que el tratamiento que se realice con tales datos deba valorarse a la luz de los derechos que asisten a los asegurados, y en concreto frente a la prohibici贸n de discriminaci贸n.

Las v铆as sugeridas por Junquira para aminorar los riesgos derivados del tratamiento automatizado en el caso de las aseguradoras聽 reflejan una investigaci贸n l煤cida y un profundo conocimiento tanto del 谩mbito jur铆dico de la protecci贸n de datos, como del de la responsabilidad y del asegurador.

El autor de esta obra se basa en聽 el an谩lisis de figuras e institutos jur铆dicos tradicionales, propios de la teor铆a dogm谩tica m谩s cl谩sica en derecho de seguros continental, brasile帽o y anglosaj贸n. No deja de lado, por tanto, 聽cuestiones relativas al an谩lisis de riesgos, la elaboraci贸n de perfiles, o su relaci贸n con el c谩lculo de las primas. Pero adem谩s, introduce en sus reflexiones las formulaciones te贸ricas m谩s avanzadas sobre la privacidad, protecci贸n de datos personales y discriminaci贸n directa e indirecta. Todo ello, a la luz de la reciente aprobaci贸n en el pa铆s brasile帽o de una nueva Ley General de Protecci贸n de Datos Personales 鈥 LGPD, que introduce entre otras instituciones, una regulaci贸n b谩sica sobre la discriminaci贸n directa. Tambi茅n se contemplan en esta obra formulaciones cient铆ficas que se van asentando en la doctrina como la de la llamada 鈥渏usticia actuarial鈥 o de la intimidad inform谩tica, ahora aplicada a los tratamientos con inteligencia artificial.聽 Y es que el 聽panorama actual relativo a la discriminaci贸n por el tratamiento de datos en los seguros聽 tiene sus ra铆ces聽 en formulaciones doctrinales y jurisprudenciales cl谩sicas nacionales y comparadas, y se proyecta hacia nuevos panoramas

El volumen se divide en tres grandes partes.

  • En el primer cap铆tulo se examina la clasificaci贸n de los riesgos por parte del asegurador en la llamada ciencia actuarial. Tras subrayar la base econ贸mica y social de la clasificaci贸n del riesgo, y su apoyo jur铆dico – normativo, el autor聽 aborda una cuesti贸n nuclear: la dificultad de comprensi贸n de los presupuestos y procesos actuariales para el iusprivatista.聽 Conceptos como el de 芦generalizaci贸n del riesgo禄 o ll de la 芦correlaci贸n禄 , propios de formulaciones actuariales van m谩s all谩 de la causalidad jur铆dica. Tambi茅n aborda la relaci贸n entre los criterios de medici贸n actuarial utilizados por la aseguradora, con el deber de protecci贸n de la intimidad del asegurado y con las聽 prohibiciones de discriminaci贸n. En este sentido, destaca Junqueira聽 como聽 algunos datos personales, de g茅nero o de 茅tnica son objeto de tratamiento con consecuencias discriminatorias directas o indirectas.
  • El segundo cap铆tulo se centra en la dicotom铆a entre la necesidad de prevenir discriminaciones en el tratamiento inteligente de datos, y el requisito de valorar riesgos como base de la eficacia y de la sostenibilidad del negocio asegurador. Y, centrando la cuesti贸n, investiga las posibles estrategias para prevenir la discriminaci贸n racial algor铆tmica en la clasificaci贸n de riesgos. A este respecto, Thiago Junqueira formula una proposici贸n innovadora en el sentido de que la tutela frente a la discriminaci贸n en sus diversas facetas, debe observarse no s贸lo en su perspectiva directa, sino tambi茅n en la indirecta. La discriminaci贸n indirecta es聽 m谩s dif铆cil de combatir pues a menudo se basa en datos de apariencia neutra.
  • En la parte final o tercer cap铆tulo, posiblemente la m谩s innovadora del libro, el Doctor ofrece estrategias preventivas en el tratamiento de datos,聽 en particular en lo relativo a evitar la discriminaci贸n racial聽 susceptible de general聽 discriminaci贸n indirecta. As铆, en lugar de una aproximaci贸n de control en cuanto a los inputs, u informaciones de recogida por parte de los aseguradores, presenta la opci贸n de favorecer un control de outputs, esto es de los servicios y ofertas aseguradoras para evitar tambi茅n la discriminaci贸n indirecta. En efecto, frente a la fairness through blindness conocida en el mundo anglosaj贸n,聽 actualmente se proponen reg铆menes de fairness through awareness (FTA). El FTA implica, o puede hacerlo, la necesidad de conocer datos sensibles por parte de la aseguradora, precisamente para equilibrar los c谩lculos actuariales en su programaci贸n automatizada basada en una justicia desde el dise帽o, design fairness o privacy from design. Son abundantes, pertinentes y muy interesantes las reflexiones doctrinales y jurisprudencia bien tra铆da en este libro. Principalmente casos norteamericanos, de los que se evidencia que, frente a prohibiciones de discriminaci贸n directa que posiblemente puedan abordarse con cierto 茅xito desde la 鈥渃eguera鈥, la combinaci贸n de la automatizaci贸n en las decisiones actuariales con la proyecci贸n de la discriminaci贸n indirecta evidencia la insuficiencia de un tratamiento consistente en la mera eliminaci贸n de datos. Apuntar铆a el autor, o eso creo, a favorecer una suerte de discriminaci贸n positiva en el c谩lculo algor铆tmico una 鈥渄iscriminaci贸n (positiva) por concienciaci贸n. Una discriminaci贸n, pero no tanto en lo relativo a los resultados, o dicho de otro modo, no tanto aplicando una reducci贸n en la prima de seguros cuando el asegurado pertenezca a un grupo racial concreto. Sino, contrarrestando algunos efectos que la inteligencia artificial tiende a asignar, que derivan de cuestiones socio econ贸micas y que en realidad, no tendr铆an impactos significativos sobre el riesgo pero que tienen consecuencias en el encarecimiento de los seguros para los grupos humanos en cuesti贸n. En el fondo, se plantea la necesidad de que el legislador efect煤e controles preventivos, m谩s que a posteriori, para lograr un equilibrio entre nuevas tecnolog铆as automatizadas y tutela de derechos fundamentales. Y, de contar con mecanismos comprensibles聽 que no abandonen del todo el 谩mbito del control humano y por tanto de la responsabilidad. En efecto transparencia y accountability se configuran en esta obra, como pilares en el devenir de una industria aseguradora apoyada en la inteligencia artificial,聽 pero no hasta el punto de abrazar sin filtro las inferencias y deducciones que conllevar铆an consecuencias nocivas en el terreno de los Derechos Humanos, entre ellos los derivados de la discriminaci贸n en el tratamiento automatizado de datos personales.

 

Las 煤ltimas p谩ginas del libro se dedican a exponer en modo claro y sucinto el conjunto de 21 conclusiones a las que llega el Doctor, y a recoger la importante bater铆a bibliogr谩fica y documental nacional y comparada, en la que ha basado su investigaci贸n.

Reiteramos nuestra felicitaci贸n y agradecimiento por el regalo de este importante trabajo, quedamos a espera de las futuras obras del Doctor. Y, sin duda animamos a los interesados en tanto en el mundo asegurador, como en el de la inteligencia artificial desde el derecho privado, a utilizar este trabajo que encontrar谩n de gran utilidad.

Ruiz Mu帽oz, De la Vega Justrib贸 et alt.: An谩lisis en profundidad en materia de RSE, econom铆a colaborativa y compliance mercantil.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) Econom铆a colaborativa y cumplimiento normativo, RU脥Z MU脩OZ, M. Y DE LA VEGA JUSTRIB脫 (Directores), B. Tirant lo Blanch, 2019, 601 p谩ginas.

Es siempre un placer dar noticia de los resultados del trabajo de compa帽eros de asignatura y de expertos pr谩cticos. Unos y otros estudian, dan forma y ejecutan las instituciones e instrumentos propios de las nuevas orientaciones en dise帽o y gesti贸n estrat茅gica de empresa, que as铆 pasan de la teor铆a a la realidad y conocen la evoluci贸n y adaptaci贸n exigida por el contexto en el que se aplican.

M谩s satisfactorio es a煤n cuando, como es el caso, nos encontramos ante una cuidada obra en su contenido y presentaci贸n que analiza algunos de los fen贸menos contempor谩neos que m谩s se est谩n desarrollando cuales son la Responsabilidad Social Empresarial (RSE/RSC), la econom铆a colaborativa, el cumplimiento normativo.

El libro del que se da aqu铆 aviso ha sido dirigida desde la Universidad Carlos III, por uno de los equipos m谩s activos en la innovaci贸n jur铆dica, en su estudio y en su acercamiento a alumnos desde la perspectiva del Derecho Mercantil. Felicidades a los autores y en especial a los directores, Profesores Miguel RU脥Z MU脩OZ y B谩rbara DE LA VEGA JUSTRIB脫, quienes han contado con la colaboraci贸n de un conjunto de acad茅micos y profesionales de distintas disciplinas. Siendo el derecho mercantil el hilo conductor de este volumen, todos los autores hab铆an sido participantes en el Seminario Internacional sobre Derecho de los negocios, RSC, econom铆a colaborativa y legal compliance de la universidad Carlos III. El seminario y la obra cient铆fica que se presenta ahora contaron con el apoyo del Proyecto de investigaci贸n: actores econ贸micos internacionales y derechos humanos, Especial Referencia para Espa帽a (Ref. DER 2014-55484-P).

Tendremos ocasi贸n de dedicar m谩s tiempo para comentar con m谩s detalle este libro articulado en 3 partes y 聽23 cap铆tulos. Pero ya avanzamos, que aborda el fen贸meno de la responsabilidad social desde una perspectiva, o m谩s bien desde un conjunto de puntos de vista complementarios y renovadores. Se aportan visiones 煤tiles para comprender la proyecci贸n de la RSE, la econom铆a colaborativa y el compliance en la administraci贸n de empresas, as铆 como 聽su relaci贸n con la estrategia empresarial y con el derecho de los negocios, cuyo n煤cleo fundamental lo constituye el derecho mercantil. Destacable resulta, por otra parte, la dimensi贸n internacional de la obra, que dota de valor a帽adido al estudio de unos fen贸menos tan actuales y trasversales como globales, cada vez m谩s sometidos a la lupa normativa. Junto a trabajos de derecho espa帽ol encontramos estudios de derecho comparado y de la Uni贸n Europea. La bater铆a normativa y bibliogr谩fica que los apuntalan contribuyen al rigor cient铆fico de la obra y a situar este libro entre las referencias obligadas para el estudio y la pr谩ctica de la responsabilidad social, la econom铆a colaborativa y el compliance.

  • En la primera parte de este libro se realiza un an谩lisis profundo de la responsabilidad social. Comprende aspectos redactados por grandes especialistas en derecho mercantil de sociedades y auditor铆a, pero tambi茅n de m谩rquetin estrat茅gico, administraci贸n de sociedades, mercados, innovaci贸n, derecho mar铆timo, o grupos, todo ello sin olvidar la perspectiva internacional o cuestiones 茅ticas y de cumplimiento normativo o insolvencias. Debe llamarse la atenci贸n sobre el fundamento y complementariedad de la RSE con el ordenamiento positivo que se refleja con 茅xito, por ejemplo, en relaci贸n con la transparencia e informaci贸n en los mercados (tambi茅n en relaci贸n con la informaci贸n no financiera) en la selecci贸n y nombramiento de consejeros y administradores, o incluso en la interpretaci贸n de los deberes de diligencia y de lealtad de 茅stos.
  • En la segunda parte del libro est谩 dedicada al fen贸meno com煤nmente conocido como econom铆a colaborativa. 聽Uno de los aspectos que facilitan la comprensi贸n de este tema es la distinci贸n de distintos grados o niveles de modelos de negocio que se autodenominan de econom铆a colaborativa. Si en un sentido estricto las plataformas se limitan a una labor de intermediaci贸n, en otras formulaciones son 茅stas las que prestan aut茅nticamente el servicio, y lo hacen con 谩nimo de lucro. En funci贸n del modelo seguido, las consecuencias jur铆dicas de unos modelos frente a otros conllevan consecuencias jur铆dicas importantes, y muy especialmente en el 谩mbito del derecho de la competencia desleal, como se estudia con detalle en esta obra. Sigue una lucida critica al llamado fen贸meno del prosumidor, adentr谩ndose en las plataformas digitales especialmente en cuanto a la oferta de viviendas de uso tur铆stico, o las implicaciones de la econom铆a colaborativa sobre la econom铆a digital, no se deja de lado la problem谩tica de la resoluci贸n de conflictos y contrataci贸n internacional, que adquieren precisamente en el contexto de la econom铆a colaborativa, 聽matices diferenciadores muy relevantes. As铆 por ejemplo, m谩s all谩 de orientaciones superficiales, estas actividades plantean retos complejos como los requisitos t茅cnicos de inicio y finalizaci贸n de la actividad 鈥 contemplados heterog茅neamente en los ordenamientos auton贸micos, la responsabilidad de quienes la realizan, las consecuencias del fen贸meno en el marco de la obligaci贸n de comportamiento leal en el mercado; o las peculiaridades que se suscitan cuando, de la mano de la econom铆a colaborativa entramos en el 谩mbito de la contrataci贸n internacional, por mencionar algunas.
  • La tercera parte est谩 dedicada al cumplimiento normativo. El compliance,聽 los canales de denuncia o los nuevos mecanismos de desarrollo de negocios dan idea que, en el actual entorno de riesgos crecientes y 鈥揳聽 menudo- dif铆cilmente previsibles- los instrumentos de cumplimiento normativo ofrecen pautas de comportamiento fundamentales para el desarrollo de estrategias empresariales y de los negocios. El peso del compliance civil o mercantil, es decir voluntario, es desatacado en sectores como el del transporte. Y adem谩s,聽 en este ramo de actividad econ贸mica se combinan aspectos de cumplimiento, plataformas e incluso de RSE con lo que facilita la comprensi贸n unitaria de los distintos institutos analizados en este volumen. As铆 el conjunto de consideraciones tecnol贸gicas, metodol贸gicas,聽 de m茅tricas y de RSE que evidencian la cercana relaci贸n con los fen贸menos analizados en las dos primeras partes y la progresiva juridificaci贸n de la RSE, la econom铆a colaborativa y el compliance.

Prologados por Do帽a Arancha Gonz谩lez Laya, el destacado e ilustre numero de autores聽 de los sucesivos cap铆tulos incluyen, adem谩s de a los directores de la obra, a los catedr谩ticos de Derecho Mercantil Profesor Jos茅 Miguel Embid Irujo, Luis Mar铆a Miranda Serrano; de Organizaci贸n de empresas Mar铆a Jos茅 脕lvarez Gil;聽 de Derecho Internacional P煤blico Carlos Fern谩ndez Liesa; a nuestras admiradas mercantilistas Mar铆a Isabel Candelario Mac铆as, Christi Amesti Mendiz谩bal, Mar铆a Jes煤s Blanco S谩nchez, Paula Vals;聽 a profesores extranjeros como la Doctora Virginia Zambrano, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato, Universit脿 degli Studi di Salerno (Italia) y la Doctora Jeannette Valverde Chaves Catedr谩tica de la Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica); por mencionar s贸lo a algunos de los coautores, y con disculpas con el resto que por raz贸n de espacio no detallamos aqu铆. 聽Destacadamente, estos autores pertenecen al mundo acad茅mico, pero tambi茅n al foro, a la CNMC e incluyen聽 a expertos que inciden especialmente en los aspectos relativos a la aplicaci贸n pr谩ctica de la RSC cl谩sica y de reporting, de econom铆a colaborativa y de cumplimiento. Todos ellos bajo la batuta de unos directores que han sabido estructurar las distintas aportaciones聽 para dotar a la obra de unidad sistem谩tica y de contenidos.

Felicitamos a autores y directores, en tanto que quedamos atentos a futuros desarrollos del grupo de investigaci贸n liderado desde el mercantilismo de la Universidad Carlos III.

Aseguradora que no se hace cargo del siniestro por haber infringido el asegurado el deber de declaraci贸n del riesgo, ocultando datos sobre su salud relacionados con la enfermedad que caus贸 su muerte.

 

El Tribunal Supremo ha dictado en materia de seguros la sentencia de 8 de enero de 2020, en la que se pronuncia sobre el deber de declaraci贸n del riesgo y la trascendencia que posee la infracci贸n del deber de declaraci贸n del riesgo por parte del asegurado.
En este caso concreto queda eximida la aseguradora聽 de hacerse cargo del siniestro por haber infringido el asegurado el deber de declaraci贸n del riesgo, ocultando datos sobre su salud conocidos por 茅l (enfermedades infecciosas), que poseen influencia decisiva al valorar el riesgo, y que est谩n relacionados con la enfermedad que caus贸 su muerte.

Mar铆a Angustias D铆az

 

Los antecedentes de hecho fueron los siguientes:

  • A finales de octubre de 2015 D. Anselmo y D.陋 Josefa, padres de D. Desiderio interpusieron demanda contra la aseguradora Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros ante el Juzgado de Primera Instancia n.潞 2 de Oviedo, en la que solicitaban que se dictara sentencia condenando a la aseguradora Caja Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, para que, conforme a las garant铆as cubiertas en dos p贸lizas de seguro de vida temporal liquidase el importe de la deuda contra铆da por el tomador don Desiderio con la Caja Rural de Asturias, pendiente de liquidar a la fecha del siniestro, que ascend铆a a la suma total de 61.482,38鈧 ; que abonase el exceso, 28.517,62 a don Anselmo y do帽a Josefa; 聽c) m谩s los intereses del art铆culo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas que se causen en este procedimiento.
  • El Juzgado de Primera Instancia n.潞 2 de Oviedo, en junio de 2016 estim贸 la demanda, condenando a la demandada a liquidar, conforme a las garant铆as cubiertas en las dos p贸lizas de seguro de vida, el importe de la deuda contra铆da por el tomador, Don Desiderio, con CAJA RURAL de Asturias, que a煤n estaba pendiente de liquidar a la fecha del siniestro y que ascend铆a a 61.482,38 euros y a abonar el exceso, 28.517,62 euros, a los demandantes, con el inter茅s legal del dinero vigente en la fecha del siniestro incrementado en un cincuenta por ciento, a devengar desde la fecha de interposici贸n de la demanda. El Juzgado no realiz贸 expresa condena en costas.
  • Recurrida la sentencia en apelaci贸n por RURAL VIDA, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS ante la Audiencia Provincial de Asturias, 茅sta dict贸 sentencia a principios de octubre de 2016 estimando el recurso y revocando la sentencia de instancia y absolviendo a la aseguradora demandada, al considerar que hab铆a existido infracci贸n del deber de declaraci贸n del riesgo por parte del asegurado. No hizo expresa imposici贸n de costas en ambas instancias. Contra la sentencia de segunda instancia la parte demandante interpuso recurso extraordinario por infracci贸n procesal y recurso de casaci贸n.

El Tribunal Supremo declar贸 probados o no discutidos una serie de hechos. Entre ellos:

  • Que en febrero de 2010 Desiderio suscribi贸 con Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros una p贸liza denominada 芦Seguro de vida temporal禄 que, entre otros riesgos, cubr铆a el de fallecimiento con una suma asegurada de 10.000 euros. El seguro estaba vinculado a un pr茅stamo suscrito por el asegurado con la entidad Caja Rural de Asturias, que pertenec铆a al mismo grupo empresarial al que pertenec铆a la aseguradora. Por esta circunstancia, en la p贸liza se design贸 a la entidad prestamista como primera beneficiaria 芦por el importe de cualquier deuda contra铆da por el tomador y pendiente de liquidar en la fecha del siniestro禄.
  • En noviembre de 2010 asegurado y aseguradora suscribieron una segunda p贸liza que igualmente cubr铆a el riesgo de fallecimiento del primero, por una suma de 80.000 euros y asimismo vinculada a un pr茅stamo concedido por la caja, que por ello aparec铆a tambi茅n designada como primera beneficiaria en los t茅rminos antes expuestos.
  • En los dos casos se incluy贸 una 芦Declaraci贸n del asegurado禄 sobre su estado de salud.

En la primera p贸liza la declaraci贸n ten铆a el siguiente tenor:

芦El asegurado declara que:

(1)- Tiene plena capacidad para trabajar, goza de buena salud y no padece o ha padecido enfermedad o lesi贸n (cardiaca, circulatoria, oncol贸gica, infecciosa, del aparato digestivo o endocrina-diabetes-) que haya precisado tratamiento m茅dico.

(2)- No estar relacionada su profesi贸n con actividades de electricidad de alta tensi贸n, miner铆a subterr谩nea y tauromaquia ni realizar trabajos con materias peligrosas.

(3)- No practica deportes de: alpinismo, escalada, espeleolog铆a, a茅reos, subacu谩ticos ni competiciones de veh铆culos a motor.

(4)- No es consumidor habitual de tabaco y-o bebidas alcoh贸licas (salvo uno o dos vasos de vino o cervezas al d铆a)禄.

En la segunda p贸liza la declaraci贸n presentaba la forma de un cuestionario (con preguntas y respuestas) y textualmente expresaba:

芦1.- [Tiene plena capacidad para trabajar, goza de buena salud y no padece o ha padecido enfermedad o lesi贸n (cardiaca, circulatoria, oncol贸gica, infecciosa, del aparato digestivo o endocrino -diabetes) que haya precisado atenci贸n m茅dica?

芦S铆

芦2.- [Est谩 su profesi贸n relacionada con actividades de electricidad de alta tensi贸n, miner铆a subterr谩nea, tauromaquia o con materiales peligrosos?

芦NO

芦3.- [Practica alguno de los siguientes deportes: Alpinismo, escalada, espeleolog铆a, a茅reos, subacu谩ticos o competiciones de veh铆culos de motor?

芦NO

芦4.- [Es consumidor habitual de tabaco y-o bebidas alcoh贸licas (salvo uno o dos vasos de vino o cerveza al d铆a?

芦S铆禄.

– El asegurado en ambos casos neg贸 padecer enfermedades infecciosas. No obstante, qued贸 probado que ya las padec铆a al tiempo de contratar los seguros y formular las declaraciones sobre su salud. As铆 la s铆filis, ya diagnosticada en 2008 y con tratamiento m茅dico desde ese mismo a帽o, y s铆ndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tambi茅n diagnosticada en esa fecha, estando bajo control m茅dico desde entonces.

– De la misma manera cuando realiz贸 la primera declaraci贸n tambi茅n neg贸 ser fumador habitual y beber alcohol de forma habitual, quedando probado que por entonces el asegurado 芦era fumador (2 paquetes al d铆a) y bebedor de 100 gr. de etanol al d铆a禄, habiendo comenzado el consumo habitual de tabaco a los 16 a帽os.

  • Habiendo fallecido el asegurado, soltero y sin descendencia, el 3 de agosto de 2013, y estando las mencionadas p贸lizas en vigor, sus padres fueron declarados sus herederos 煤nicos y universales.
  • 聽La causa directa de su fallecimiento fue 芦Insuficiencia respiratoria en contexto de hemoptisis masiva. Posible proceso linfoproliferativo diseminado. Infecci贸n v铆rica禄.
  • 聽En la fecha del fallecimiento el importe total de las deudas pendientes de amortizar por el asegurado (incluyendo el saldo pendiente de amortizar por cada uno de los pr茅stamos y el saldo negativo de su libreta de ahorros) era de 61.417,38 euros.
  • 聽Comunicado el siniestro a la aseguradora en el mismo mes de agosto de 2013, 茅sta no se hizo cargo del siniestro, argumentando 聽que los reclamantes no hab铆an atendido sus requerimientos para que aportaran la documentaci贸n referida a los antecedentes de salud relativos a la fecha de diagn贸stico del VIH. Tampoco fue posible la soluci贸n extrajudicial.
  • Con fecha 27 de octubre de 2015 los padres del asegurado promovieron el presente litigio contra la compa帽铆a de seguros en ejercicio de acci贸n de cumplimiento contractual, solicitando que, con arreglo a las garant铆as cubiertas, se la condenara a 芦liquidar el importe de la deuda contra铆da por el tomador禄 (61.482,38 euros en total), y a abonar el exceso (28.517,62 euros) a los demandantes. Todo ello m谩s los intereses del art. 20 LCS.

  • 聽 La sentencia de primera instancia estim贸 la demanda y conden贸 en costas a la demandada. La sentencia de segunda instancia, estimando el recurso de apelaci贸n, desestim贸 铆ntegramente la demanda sin imponer las costas de las instancias a ninguna de las partes.

Las razones que aduce son, entre otras: 鈥(i) de conformidad con el art. 10 LCS y su jurisprudencia, la circunstancia de que los seguros est茅n vinculados a pr茅stamos 芦no empece la obligaci贸n que tiene el tomador del mismo de responder con veracidad a las preguntas que se le formulen禄, pero s铆 obliga a la aseguradora extremar su 芦nivel de claridad, precisi贸n y expresi贸n detallada de las preguntas禄, lo que en este caso se cumple en las dos p贸lizas 芦toda vez que no se limitan a una vaga declaraci贸n de buen estado de salud禄, sino que contienen preguntas y respuestas detalladas y precisas en relaci贸n con enfermedades tambi茅n concretas, en particular cuando se pregunta sobre el padecimiento de enfermedad o lesi贸n infecciosa que haya precisado tratamiento m茅dico; (ii) la validez del cuestionario no depende de la forma que adopte, aunque se trate de un formulario tipo o preimpreso; (iii) lo esencial para que el cuestionario sea v谩lido es que se constate que fue cumplimentado por el asegurado personalmente o por el empleado del agente de seguros pero con las respuestas facilitadas por el asegurado, es decir, que no fue el agente el que lo rellen贸 por su cuenta limit谩ndose el asegurado a firmarlo; (iv) aquel requisito se cumple en este caso porque tanto la declaraci贸n de salud (primera p贸liza) como el cuestionario (segunda p贸liza) fueron firmados por el asegurado mediante firma que no se ha probado por los demandantes que fuera falsa, y de esto cabe deducir, ante la falta de prueba en contrario, que s铆 se le formularon las preguntas contenidas en ellos y que tambi茅n fue 茅l quien facilit贸 las respuestas al empleado, lo que significa que fue 茅l quien neg贸 haber padecido o padecer enfermedad alguna infecciosa por la que hubiera recibido tratamiento, ocultando con esta respuesta que en 2008 (dos a帽os antes) fue diagnosticado de VIH y de s铆filis, as铆 como que fue tratado (incluso con vacuna de VHA en 2009), y, por tanto, impidiendo que la aseguradora conociera un antecedente sobre su salud que finalmente tuvo incidencia en la causa de su fallecimiento (el linfoma B, provocado por la inmunodeficiencia derivada de la infecci贸n con el virus del VIH); y (iv) en suma, existi贸 芦una clara infracci贸n del deber de contestaci贸n veraz禄, pues el tomador asegurado ocult贸 datos sobre salud que conoc铆a y por los que expresamente se le pregunt贸, impidiendo con ello que la aseguradora pudiera valorar debidamente el riesgo, lo que, conforme a los arts. 10 y 89 LCS, la exime de indemnizar.

 

  • 聽Los demandantes interpusieron contra dicha sentencia recurso extraordinario por infracci贸n procesal y recurso de casaci贸n.

El Tribunal Supremo, partiendo de los hechos probados afirma que 鈥渓a raz贸n decisoria de la sentencia recurrida consiste en que el asegurado, al realizar la declaraci贸n de salud contenida en la primera p贸liza y contestar al cuestionario incluido en la segunda, y antes de firmar ambos documentos, ocult贸 datos sobre su salud por 茅l conocidos al tiempo de suscribir ambas p贸lizas, cuya influencia en la valoraci贸n del riesgo razonablemente pod铆a conocer y que estaban directamente relacionados con la enfermedad que determin贸 su fallecimiento鈥.

Se deduce, en lo que aqu铆 interesa que 鈥渇ue preguntado espec铆ficamente acerca de si padec铆a o hab铆a padecido enfermedad infecciosa y que, pese a haber sido diagnosticado al menos dos a帽os antes de dos enfermedades de ese tipo (s铆filis e infecci贸n por VIH) y constar que tambi茅n hab铆a recibido tratamiento (en un caso, incluso profil谩ctico), sin embargo contest贸 negando tales padecimientos, lo que para el tribunal sentenciador entra帽a una ocultaci贸n dolosa del riesgo que deb铆a valorar la aseguradora y que finalmente tuvo incidencia causal en el fallecimiento del asegurado, pues se debi贸 a un linfoma tipo B provocado por una inmunodeficiencia derivada de la infecci贸n por VIH鈥.

Se帽ala el Tribunal Supremo que 鈥渓a parte recurrente, para negar que se le presentara al asegurado un cuestionario materialmente v谩lido, sostiene que las preguntas fueron gen茅ricas o ambiguas, lo que le habr铆a impedido representarse sus antecedentes de salud como objetivamente influyentes para valorar el riesgo, sobre todo porque, seg煤n se aduce, el asegurado no fue tratado m茅dicamente por las enfermedades que le hab铆an diagnosticado con anterioridad. Sin embargo, la sentencia recurrida, y la sola lectura de los documentos correspondientes, despeja cualquier duda acerca de la concreci贸n de las preguntas, pues estas no se limitaron a recabar la opini贸n del asegurado sobre su salud en general, sino que versaron espec铆ficamente sobre si padec铆a determinadas enfermedades, entre ellas las 芦infecciosas禄, lo que el asegurado neg贸 al contratar los dos seguros pese a ser plenamente consciente de que s铆 las padec铆a (pues fue diagnosticado en 2008) y pese a haber recibido tratamiento m茅dico (una vacuna espec铆fica en el caso del VIH), incurriendo as铆 en el dolo a que se refiere el art. 10 LCS, como resulta tambi茅n de que en varios informes m茅dicos conste que el paciente hab铆a mostrado al personal sanitario su inter茅s para que no se divulgara que padec铆a VIH.

En estas circunstancias, dado que tambi茅n se ha probado que la causa de la muerte fue un linfoma cuya aparici贸n suele asociarse con la inmunodeficiencia derivada de la infecci贸n por VIH, la apreciaci贸n de dolo por el tribunal sentenciador se ajusta plenamente a la jurisprudencia de esta sala鈥.

El Tribunal Supremo declara en su fallo que procede confirmar la sentencia recurrida 聽y desestimar el recurso extraordinario por infracci贸n procesal y el recurso de casaci贸n interpuestos por los demandantes D. Anselmo y D.陋 Josefa contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias e imponer las costas a la parte recurrente.

Se trata de una sentencia ciertamente de inter茅s en esta materia, con pronunciamientos clarificadores聽 en materia de declaraci贸n del riesgo por el asegurado; en este caso ocultando datos sobre su salud, que le son conocidos y extraordinariamente importantes a la hora de valorar el riesgo,聽 y que, adem谩s, en este concreto caso, estaban relacionados con la enfermedad que caus贸 su muerte.

Puede verse la sentencia aqu铆:

http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/derecho%20mercantil/1/AN

 

Es responsable la compa帽铆a a茅rea por los da帽os ocasionados por un vaso de caf茅 caliente que se derrama y causa quemaduras

As铆 se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en su sentencia dictada el 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-532/18, Niki Luftfahrt, al estimar que una compa帽铆a a茅rea es responsable de las quemaduras causadas al derramarse por causas desconocidas un caf茅 caliente durante un vuelo, responsabilidad que no es necesario que se haya materializado por un accidente relacionado con un riesgo t铆pico de la aviaci贸n.

By M.A. D铆az

By M.A. D铆az

Los hechos fueron los siguientes:

  • En 2015, la demandante, que entonces ten铆a 6 a帽os, viajaba a bordo de una aeronave, sentada al lado de su padre, en un viaje entre Mallorca (Espa帽a) y Viena (Austria) efectuado con la compa帽铆a a茅rea Niki Luftfahrt. Durante el vuelo, se sirvi贸 al padre un vaso de caf茅 caliente que, colocado sobre la bandeja plegable situada delante de 茅l, se volc贸 sobre el muslo derecho y el pecho de la ni帽a, ocasion谩ndole quemaduras de segundo grado. No pudo determinarse si el vaso de caf茅 se hab铆a volcado por un defecto en la bandeja plegable o por las vibraciones del avi贸n.
  • La demandante, representada a efectos legales por su padre, interpuso demanda, conforme al art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, de 28 de mayo de 1999, solicitando que se condenase a la compa帽铆a a茅rea, en situaci贸n concursal, a reparar el perjuicio causado abonando un importe estimado de 8500 euros.
  • La demandada adujo que, habida cuenta que no se hab铆a producido ning煤n accidente, no pod铆an exig铆rsele responsabilidades basadas en aquella norma. A este prop贸sito, entendi贸 que no hubo ning煤n incidente repentino e inesperado que produjera el deslizamiento del vaso de caf茅 y el posterior derramamiento de su contenido. Por tanto, seg煤n la demandada, no existi贸 aqu铆 芦accidente禄, en el sentido del art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, que exige que se materialice un riesgo t铆pico de la aviaci贸n.
  • La sentencia de 15 de diciembre de 2015, del Landesgericht Korneuburg (Tribunal Regional de Korneuburg, Austria) estim贸 la demanda de indemnizaci贸n por da帽os y perjuicios de la demandante, considerando que los da帽os causados a la ni帽a derivaban de un accidente causado por un acontecimiento inhabitual y provocado desde el exterior.

– A su juicio, tuvo lugar un riesgo t铆pico de la aviaci贸n, toda vez que, desde el punto de vista operativo, una aeronave presenta distintas inclinaciones que dar lugar a 聽que objetos situados sobre una superficie horizontal del avi贸n se deslicen sin necesidad de una maniobra especial. A ello a帽adi贸 que no exist铆a culpa de la compa帽铆a a茅rea, porque servir bebidas calientes en recipientes que carecen de tapa es una pr谩ctica habitual y socialmente aceptada.

  • Recurrida la sentencia, el Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria), en sentencia de 30 de agosto de 2016, revoc贸 la resoluci贸n de primera instancia. Argument贸 que,聽 el art. 17 del Convenio de Montreal es de aplicaci贸n tan s贸lo a los accidentes causados por un riesgo t铆pico de la aviaci贸n y que, en el caso de autos, la demandante no pudo demostrar tal extremo. As铆 las cosas, consider贸 que no exist铆a responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea demandada.
  • La demandante recurri贸 la sentencia en casaci贸n ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) solicitando que se declarara la responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea y la procedencia de su pretensi贸n de reparaci贸n del perjuicio sufrido.
  • El Oberster Gerichtshof reconoci贸 que es controvertida la interpretaci贸n del art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal en cuanto a si el concepto de 芦accidente禄, se limita a los casos en los que se materializa un riesgo t铆pico de la aviaci贸n. A este respecto, el citado 贸rgano jurisdiccional expone dos enfoques interpretativos distintos.

– As铆, seg煤n el primero, el concepto de 芦accidente禄, comprender铆a 煤nicamente las situaciones en las que se materializa un riesgo t铆pico de la aviaci贸n. Seg煤n esta interpretaci贸n accidentes, como el del procedimiento principal, sin relaci贸n con la actividad de transporte a茅reo y producidos en otras circunstancias no generar铆an la responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea. Seg煤n un segundo enfoque no ser铆a necesaria la materializaci贸n de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n para que se genere la responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea, dado que el tenor literal del art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, no lo exige.

– Adem谩s, para un sector doctrinal, estar铆amos en caso de 芦accidente禄, ex art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, cuando se produce el vertido de bebidas o platos calientes sobre el cuerpo de un pasajero, lo que as铆 interpretado llevar铆a a reconocer la responsabilidad de la demandada.

– Al margen de las anteriores interpretaciones, el referido 贸rgano jurisdiccional contempl贸, asimismo, como 芦soluci贸n intermedia禄, una interpretaci贸n conforme a la cual la responsabilidad se originar铆a por el hecho de que un accidente se haya producido a bordo del avi贸n o con ocasi贸n de la utilizaci贸n de las instalaciones de embarque y de desembarque, sin que se exija la materializaci贸n de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n, si bien, para quedar liberada de responsabilidad, la compa帽铆a a茅rea tendr铆a que probar que no existe un v铆nculo con la explotaci贸n o la naturaleza de la aeronave. Ello conducir铆a en este caso a responsabilizar a la demandada, al no poder concretarse la 聽causa del accidente.

By M.A. D铆az

  • Llegados a este punto, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria) acord贸 suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuesti贸n prejudicial siguiente:

芦驴Se trata de un 鈥渁ccidente鈥 del que se deriva la responsabilidad del transportista a茅reo, en el sentido del art铆culo 17, apartado 1, del [Convenio de Montreal], si un vaso de caf茅 caliente situado sobre la bandeja fijada al asiento delantero de un avi贸n en vuelo se desliza y vuelca por causas desconocidas, causando quemaduras a un pasajero?禄

 

  • El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria) solicita as铆 que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea delimite y precise el concepto de 芦accidente禄 en el sentido del Convenio de Montreal, a falta de una definici贸n en el mismo.

 

  • Seg煤n el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), dado que el Convenio de Montreal no ofrece ninguna definici贸n del concepto de 芦accidente禄, hay que remitirse al sentido ordinario de este concepto en el contexto en el que se inscribe y en funci贸n del objeto y la finalidad que persigue dicho Convenio. Y, precisamente, 鈥渆l sentido ordinario que se atribuye al concepto de 芦accidente禄 es el de un acontecimiento involuntario, perjudicial e imprevisto鈥.

– Reafirm谩ndose en las conclusiones del Abogado General, el TJUE declara que supeditar la responsabilidad de la compa帽铆a a茅rea al requisito de que el da帽o se derive de la materializaci贸n de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n o de la existencia de una relaci贸n entre el 芦accidente禄 y la explotaci贸n o el movimiento de la aeronave ni es conforme con el sentido ordinario del concepto de 芦accidente禄, contemplado en el art. 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, ni es compatible con los objetivos que este persigue.

-Adem谩s, como se帽ala el TJUE no hay que olvidar que el Convenio de Montreal pretende implantar un r茅gimen de responsabilidad objetiva de las compa帽铆as a茅reas garantizando, al mismo tiempo, un 芦equilibrio de intereses equitativo禄.

– As铆 las cosas, el TJUE concluye que tanto el sentido ordinario del concepto de 芦accidente禄 como los objetivos del Convenio de Montreal se oponen a que la responsabilidad de las compa帽铆as a茅reas quede condicionada a que el da帽o est茅 originado por la materializaci贸n de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n o a la existencia de una relaci贸n entre el 芦accidente禄 y la explotaci贸n o el movimiento de la aeronave. A este respecto, como tambi茅n recuerda el TJUE, el Convenio de Montreal permite a las compa帽铆as a茅reas excluir o limitar su responsabilidad. As铆, una compa帽铆a a茅rea puede limitar su responsabilidad o quedar exonerada de ella si demuestra que el propio pasajero fue el causante del da帽o o contribuy贸 a que se produjera. Y asimismo la compa帽铆a a茅rea puede limitar su responsabilidad a 100 000 芦derechos especiales de giro禄聽 si prueba que el da帽o no se debi贸 a una negligencia por su parte o que se debi贸 煤nicamente a la negligencia de un tercero. Y ello entendiendo, a estos efectos, seg煤n el FMI, a comienzos de diciembre de 2019, que un derecho especial de giro correspond铆a aproximadamente a 1,24euros. V茅ase nota de prensa.

Por todo ello, el TJUE responde al Oberster Gerichtshof que el concepto de 芦accidente禄 en cuesti贸n comprende todas las situaciones que se dan a bordo de una aeronave en las que un objeto utilizado para el servicio a los pasajeros ha causado una lesi贸n corporal a un pasajero, sin que sea necesario determinar si dichas situaciones son consecuencia de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n.

 

As铆 expresa textualmente:

鈥淓l art铆culo 17, apartado 1, del Convenio para la unificaci贸n de ciertas reglas para el transporte a茅reo internacional, celebrado en Montreal el 28 de mayo de 1999, suscrito por la Comunidad Europea el 9 de diciembre de 1999 y aprobado, en su nombre, mediante la Decisi贸n 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de 芦accidente禄, a efectos de dicha disposici贸n, comprende todas las situaciones que se producen a bordo de una aeronave en las que un objeto utilizado para el servicio a los pasajeros ha causado una lesi贸n corporal a un pasajero, sin que sea necesario dilucidar si estas situaciones derivan de un riesgo t铆pico de la aviaci贸n鈥.

Sobre el asunto, v茅ase nota de prensa y sentencia completa (aqu铆 y aqu铆).

Existe un contrato de transporte de viajeros, incluso si no se adquiri贸 billete. TJUE

Existencia de un contrato de transporte. Calificaci贸n (juez nacional) de las sanciones por no comprar billete y, en caso de considerarse sometidas a la Directiva de clausulas abusivas de la contrataci贸n con consumidores, deber de inaplicaci贸n

Catedral de Santiago de Compostela. Fachada g贸tica

Sentencia del TJUE聽 de 9 de noviembre de 2019 en los asuntos acumulados C鈥349/18 a C鈥351/18, que tienen por objeto sendas peticiones de decisi贸n prejudicial planteadas, con arreglo al art铆culo 267聽TFUE, por el vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, B茅lgica), en los procedimientos entre Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)聽 y Mbutuku Kanyeba聽(asunto C鈥349/18), Larissa Nijs聽(asunto C鈥350/18), Jean-Louis Anita Dedroog聽(asunto C鈥351/18),

Se trata de calificar (como medida contractual o reglamentaria) la imposici贸n de sanciones por utilizar un transporte ferroviario sin billete.聽 En efecto, la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, que es la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas (NMBS) sanciona a los viajeros que realizan un trayecto en tren sin un t铆tulo de transporte v谩lido. Se les ofrec铆a la posibilidad de regularizar su situaci贸n pagando inmediatamente el precio del trayecto, m谩s un recargo denominado 芦tarifa a bordo禄 o, bien, en un plazo de catorce d铆as desde la comisi贸n de la infracci贸n, un importe a tanto alzado de 75 euros. O, una vez transcurrido ese plazo de catorce d铆as, quedaba la posibilidad de pagar un importe a tanto alzado de 225 euros.

Ninguno de los tres demandados , Kanyeba, Nijs ni Dedroog satisficieron el precio ni las cantidades adicionales. La NMBS present贸 demanda contra ellos ante el Vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, B茅lgica), solicitando que fueran condenados a pagarle las respectivas cantidades de 880,20 euros, 1 103,90 euros y 2 394,00 euros. En el marco de dichas demandas, la NMBS alega que las relaciones jur铆dicas entre ella y cada uno de los viajeros聽 no son de naturaleza contractual, sino reglamentaria, ya que 茅stos no hab铆an adquirido un t铆tulo de transporte.

El Juez de 聽Amberes se pregunta sobre la naturaleza de la relaci贸n jur铆dica entre la NMBS y los viajeros sin t铆tulo de transporte. A este respecto, se plantea si el Reglamento (CE) n.潞 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril 聽debe interpretarse en el sentido de que cuando el 聽viajero accede a un tren para realizar un trayecto sin haber adquirido un billete nos encontramos ante un聽 芦contrato de transporte禄 y en ese caso entrar铆an en juego la segunda cuesti贸n cual es, a聽 la luz de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores cual ser谩 el tratamiento en caso de que la cl谩usula sancionadora del contrato revista car谩cter abusivo.

  • El 聽Tribunal de Justicia se帽ala que si existe un contrato de transporte concluido por las voluntades concordantes, por un lado de 聽dejar libre acceso a su tren; 聽y por otro de 聽subir a 茅ste para viajar.聽 El billete constituir铆a seg煤n el TJUE un elemento formal accesorio, pero no esencial pues聽 el concepto de 芦contrato de transporte禄 es independiente de si el viajero posee un billete y, por lo tanto, comprende una situaci贸n en la que un viajero sube a un tren de 1 Art铆culo 3, punto 8, del Reglamento (CE) n.潞 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO 2007, L 315, p. 14). 2 Art铆culo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29). www.curia.europa.eu libre acceso con el fin de realizar un trayecto sin haber adquirido un billete. A falta de disposiciones a este respecto en el Reglamento n.潞 1371/2007, esta interpretaci贸n no afecta a la validez de dicho contrato, ni a las consecuencias que pueden derivarse de que una de las partes incumpla sus obligaciones contractuales, que siguen rigi茅ndose por el Derecho nacional aplicable. En lo que ata帽e a la facultad del 贸rgano jurisdiccional nacional de modular la cl谩usula penal que pueda, en su caso, ser abusiva,
  • En cuanto a las disposiciones sancionadoras por no adquirir el billete, el Tribunal de Justicia declara que forman parte de las condiciones generales de transporte de la NMBS. El 聽Juez de Paz de Amberes hab铆a precisado 聽que se 芦consideran de aplicaci贸n general en virtud de su naturaleza reglamentaria禄 que son objeto de 芦comunicaci贸n en una publicaci贸n oficial del Estado禄. Estas sanciones, aun constituyendo condicionados contractuales podr铆an interpretarse como que reflejan disposiciones legales o reglamentarias imperativas por lo que no estar铆an sujetas a las disposiciones de la Directiva. No obstante, seg煤n la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que queden excluidas del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva es preciso que 聽la cl谩usula contractual debe reflejar una disposici贸n legal o reglamentaria imperativa.

 

Dice el TJUE que 聽si 聽el 贸rgano jurisdiccional nacional considera que no concurren esos requisitos, y si 聽estima que la cl谩usula penal est谩 comprendida dentro del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva, el Tribunal de Justicia recuerda que el juez nacional no puede modular el importe de la sanci贸n considerada abusiva, ni puede sustituir esa cl谩usula por una disposici贸n de Derecho nacional de car谩cter supletorio con arreglo a principios de su Derecho contractual. Por el contrario, corresponder铆a聽 descartar la aplicaci贸n sin m谩s de la cl谩usula abusiva (salvo que el contrato no pueda subsistir si se elimina la cl谩usula abusiva y si la anulaci贸n del contrato en su conjunto expone al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales).

Exoneracion de pasivo insatisfecho en concurso (apunte)

Concurso de persona natural. Exoneraci贸n de pasivo insatisfecho **

El deudor persona natural puede obtener el beneficio de exoneraci贸n de pasivo insatisfecho, conforme al Art铆culo 178 bis LC, una vez concluido el concurso por liquidaci贸n o por insuficiencia de la masa activa.

A tal efecto el deudor presenta la solicitud de exoneraci贸n en el plazo del聽art铆culo 152.3 LC y demostrar谩 que es deudor de buena fe y cumple al efecto los requisitos del 178 bis: En primer lugar, que el concurso no haya sido declarado culpable, aunque si hubiera sido declarado culpable por aplicaci贸n del art铆culo 165.1.1.潞 (es decir, por no haber instado la solicitud de concurso conforme al art 2 LC), el juez podr谩 conceder el beneficio atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor. En segundo lugar que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioecon贸mico, de falsedad documental, contra la Hacienda P煤blica y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 a帽os anteriores a la declaraci贸n de concurso. Y, si existe un proceso penal pendiente, el juez del concurso debe suspender su decisi贸n respecto a la exoneraci贸n hasta que recaiga sentencia penal firme. Que cumpla los requisitos del art铆culo 231 LC y conforme al mismo haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.(ver esta entrada).

En cuanto al los cr茅ditos que deben haberse abonado para poder optar a la exoneraci贸n de otros, existen v铆as distintas, que conducen a la exoneraci贸n inmediata,聽 y mediata y p煤blica que puede prolongarse 5 a帽os conforme a un plan de pagos

  • Inmediata: Por una parte, conforme al numeral 4.潞 del 178 bis, si el deudor ha satisfecho en su integridad los cr茅ditos contra la masa y los cr茅ditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos satisfizo el 25 por ciento del importe de los cr茅ditos concursales ordinarios.
  • Mediata聽 (y p煤blica) Por otra parte, la alternativa del apartado 5潞 del 178 bis. Conforme a esta v铆a, el deudor debe someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6; probar que no ha incumplido las obligaciones de colaboraci贸n (del art 42 LC), ni ha obtenido este beneficio dentro de los diez 煤ltimos a帽os; ni ha rechazado dentro de los cuatro a帽os anteriores a la declaraci贸n de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad. Adem谩s se le exige que acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneraci贸n del pasivo insatisfecho, que la obtenci贸n de este beneficio se har谩 constar en la secci贸n especial del Registro P煤blico Concursal por un plazo de cinco a帽os. De esta forma el deudor acepta que su situaci贸n sea objeto de publicidad registral, si bien, s贸lo tienen acceso a esta secci贸n las personas que tengan inter茅s leg铆timo en averiguar la situaci贸n del deudor, como aquellos que realicen una oferta en firme al deudor ya sea de cr茅dito o de cualquier otra entrega de bienes o prestaci贸n de servicios, que tenga que ser remunerada o devuelta por 茅ste y que est茅 condicionada a su solvencia, as铆 como las Administraciones P煤blicas y 贸rganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la informaci贸n necesaria para el ejercicio de sus funciones. 聽De la solicitud del deudor se dar谩 traslado por el Letrado de la AJ a la Administraci贸n concursal y a los acreedores personados por un plazo de cinco d铆as para que aleguen cuanto estimen oportuno en relaci贸n a la concesi贸n del beneficio.聽Si la Administraci贸n concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petici贸n del deudor o no se oponen a la misma, el juez del concurso conceder谩, con car谩cter provisional, el beneficio de la exoneraci贸n del pasivo insatisfecho en la resoluci贸n, declarando la conclusi贸n del concurso por fin de la fase de liquidaci贸n.聽La oposici贸n solo podr谩 fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado聽3 y se le dar谩 el tr谩mite del incidente concursal. No podr谩 dictarse auto de conclusi贸n del concurso hasta que gane firmeza la resoluci贸n que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio.

El beneficio de la exoneraci贸n del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el n煤mero 5.潞 del apartado 3 se extender谩 a la parte insatisfecha de los siguientes cr茅ditos:

1.潞 Los cr茅ditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusi贸n del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los cr茅ditos de derecho p煤blico y por alimentos.

2.潞 Respecto a los cr茅ditos enumerados en el art铆culo聽90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecuci贸n de la garant铆a quedar谩 exonerada salvo que quedara incluida, seg煤n su naturaleza, en alguna categor铆a distinta a la de cr茅dito ordinario o subordinado.

Los acreedores cuyos cr茅ditos se extingan no podr谩n iniciar ning煤n tipo de acci贸n dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos. No obstante, quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podr谩n invocar el beneficio de exoneraci贸n del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado ni subrogarse por el pago posterior a la liquidaci贸n en los derechos que el acreedor tuviese contra aqu茅l, salvo que se revocase la exoneraci贸n concedida. El beneficio si se extiende al c贸nyuge en gananciales聽, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaraci贸n de concurso de las que debiera responder el patrimonio com煤n.

Si no existen m谩s deudas, el procedimiento concluye

Plan de pagos Si quedan deudas sin satisfacer y sin exonerar conforme al 178bis 5, 茅stas deber谩n ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco a帽os siguientes a la conclusi贸n del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco a帽os siguientes a la conclusi贸n del concurso estas deudas pendientes no podr谩n devengar inter茅s.

A tal efecto, el deudor deber谩 presentar una propuesta de plan de pagos que, o铆das las partes por plazo de聽10 d铆as, ser谩 aprobado por el juez en los t茅rminos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas.

Respecto a los cr茅ditos de derecho p煤blico, la tramitaci贸n de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regir谩 por lo dispuesto en su normativa espec铆fica.

Revocaci贸n. Cualquier acreedor concursal estar谩 legitimado para solicitar del juez del concurso la revocaci贸n del beneficio de exoneraci贸n del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco a帽os siguientes a su concesi贸n se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados (salvo los inembargables conforme a los art铆culos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).聽Tambi茅n podr谩 solicitarse la revocaci贸n si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos el deudor incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la concesi贸n del beneficio de la exoneraci贸n del pasivo insatisfecho; o si incumpliese la obligaci贸n de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos; o si mejorase sustancialmente la situaci贸n econ贸mica del deudor por causa de herencia, legado o donaci贸n; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

En caso de que el juez acuerde la revocaci贸n del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los cr茅ditos no satisfechos a la conclusi贸n del concurso.

Car谩cter definitivo de la exoneraci贸n: Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petici贸n del deudor concursado, dictar谩 auto reconociendo con car谩cter definitivo la exoneraci贸n del pasivo insatisfecho en el concurso.

Car谩cter definitivo adelantado: Tambi茅n podr谩, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneraci贸n definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco a帽os desde la concesi贸n provisional del beneficio que no tuviesen la consideraci贸n de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el art铆culo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci贸n de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A los efectos de este art铆culo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el art铆culo聽1 del Real Decreto-ley聽8/2011, de聽1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p煤blico y cancelaci贸n de deudas con empresas y aut贸nomos contra铆das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci贸n y de simplificaci贸n administrativa.

Firmeza:聽 Contra la resoluci贸n de exoneraci贸n, que se publicar谩 en el Registro P煤blico Concursal, no cabr谩 recurso alguno. No obstante, la exoneraci贸n definitiva podr谩 revocarse cuando concurra la causa prevista en el p谩rrafo primero del apartado anterior.

** Entrada redactada en el contexto de Proyecto de investigaci贸n 鈥淟ibertad de mercado y sobreendeudamiento de consumidores: estrategias jur铆dico-econ贸micas para garantizar una segunda oportunidad鈥 (No. Ref. DER2016-80568-R). Ministerio de Econom铆a y Competitividad. Periodo: 21/12/2016 a 31/12/2019.聽