Congreso de Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo Los Deberes de los Administradores de las Sociedades de Capital

El Congreso Nacional de Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo abordar√° en esta edici√≥n 2021 el tema de ¬ęLos Deberes de los Administradores¬Ľ.

11 y 12 noviembre 2021. Presencial y online

 

Dirigido por los Magistrados especialistas en lo Mercantil por el CGPJ, la Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcal√° Amanda Cohen Benchetrit y¬† D Alfonso Mu√Īoz Paredes.

La edici√≥n 2021 de √©ste Congreso Nacional¬† cuenta en su Comit√© Cient√≠fico con juristas de primer√≠simo nivel, tanto en la academia como en la judicatura y notariado, entre los que se que incluyen¬† los catedr√°ticos de Derecho Mercantil, Carmen¬† Alonso, C√°ndido Paz-Ares, √Āngel Rojo, Jos√© Massaguer,¬† Jos√© Miguel Embid, Andr√©s Recalde, Juan S√°nchez-Calero, Javier Garc√≠a De Enterr√≠a, Antonio Roncero,¬† Reyes Pal√°, Javier Juste, Fernando Cerd√° o Santiago Hierro.¬† La relevancia de la tem√°tica escogida en las ponencias ya anunciadas en el programa, la participaci√≥n de los principales Despachos Jur√≠dicos especializados en Derecho Societario¬† y el apoyo editorial de Revista de Derecho de Sociedades, Revista de Derecho Mercantil y Revista de Derecho Bancario y Burs√°til son algunos rasgos destacables que incitan, cuando menos a consultar el sitio Web (aqu√≠) , para esta edici√≥n

    • Sin √°nimo de exhaustividad,¬† corresponde poner el valor que la tem√°tica objeto de an√°lisis en este Congreso Nacional incide en el n√ļcleo de

      NYC

      problemas de Gobierno Corporativo y administración societaria: Deber de lealtad, interés social y retribución de administradores; Interés social y de la Empresa; Tutela de acreedores; responsabilidad de administradores en sus distintas perspectivas (sin olvidar la procesal) son sólo algunas de las cuestiones que serán objeto de debate.

  • Destacamos tambi√©n, que con la inscripci√≥n se facilitar√° el acceso electr√≥nico¬† a dos obras fundamentales de nuestra doctrina en materia de Derecho Societario y de Grupos; y Retribuci√≥n de Consejeros; y¬† tambi√©n el acceso con precio reducido a todo el cat√°logo de e-learning de la casa editorial Aranzadi.
  • La actual edici√≥n del Congreso Nacional de Derecho De Sociedades y Gobierno Corporativo est√° abierto ya abierta a inscripciones (con cuota especial para Profesores universitarios).
  • En breve se dar√° la informaci√≥n relativa a la presentaci√≥n¬† de Comunicaciones y su edici√≥n.

 

Felicitamos a los organizadores por esta iniciativa que promete ser un hito en las actividades del mercantilismo y derecho societario patrio.

Junta General electrónica en sociedades no cotizadas y el RDL 11/2020. Algunas cuestiones (COVID-19. Derecho de Sociedades. IV)

La Disposición final 1 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo modifica parcialmente el art 40 del Real Decreto Ley 8/2020, que comentábamos aquí   por haber adaptado, a su vez, el funcionamiento de los órganos de dirección de determinadas personas jurídicas, entre otras de las sociedades de capital, a la crisis del COVID19 .

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

La reforma que entró en vigor el 02.04.2020 es de interés y utilidad, y además suscita algunas dudas interpretativas, seguramente propias de la normativa aprobada en las presentes circunstancias de alarma.

Junta general a distancia. 

Semana Santa, encuentro. Cortesía TurisLeón, vía HéctorLSuárezPérez

El RDL11/2020 a√Īade un segundo p√°rrafo al art. 40.1 RDL 8/2020 en virtud del cual , ahora ya expl√≠citamente, no s√≥lo los √≥rganos de administraci√≥n de las personas jur√≠dicas afectadas, incluyendo las SL y SA no cotizadas,¬† sino tambi√©n las juntas generales y √≥rganos asamblearios en otras personas jur√≠dicas afectadas pueden realizarse enteramente a distancia o por medios electr√≥nicos (videoconferencia o por llamada telef√≥nica m√ļltiple) durante el periodo de alarma¬† ‚ÄúAunque los estatutos no lo hubieran previsto,….¬Ľ¬†

 La flexibilidad reconocida  en el Real Decreto Ley 11/2020 que modifica el art 40.1 del RDL 8/2020 en un estado de alarma como el actual resulta en conjunto positiva. Pero, de cara a una permanencia de estas medidas, que al menos en parte podrían resultar de utilidad práctica, cabría clarificar algunas cuestiones.

  • Exigencias de legalidad de¬† la JG a distancia.¬†Las exigencias para poder celebrar juntas enteramente a distancia (por multiconferencia telef√≥nica o por videoconferencia) ¬†actualmente, es decir durante el periodo de alarma y desde el 2 de abril de 2020 son, en t√©rminos casi literales:
    • que todas las personas que tuvieren derecho de asistencia o quienes los representen¬†dispongan de los medios necesarios para conectarse
    • que el secretario reconozca la identidad de aquellos con derecho a asistencia y de sus representantes, y ¬†as√≠ lo exprese en ¬†acta,
    • que el secretario remita de inmediato a las direcciones de correo electr√≥nico de cada uno de los concurrentes su reconocimiento de la identidad de los concurrentes

Catedral de León by M.A. Díaz

Estas exigencias incluyen implícitamente, parecería, varios otros requisitos previos y posteriores, cuanto menos de carácter  organizativo:

  • Por un lado, que adem√°s de poder conectarse los socios, representantes y otros legitimados para asistir a la JG, todos ellos cuenten con unos medios de conexi√≥n seguros y con una m√≠nima calidad t√©cnica que garantice el seguimiento de la reuni√≥n audiovisual o telef√≥nica. Surgir√≠an aqu√≠ cuestiones susceptibles de entorpecer la convocatoria como resultado de la voluntad, o ausencia de voluntad de los socios (como por ejemplo el supuesto de alg√ļn socio que queriendo retrasar la convocatoria no comunica su correo o tel√©fono, o lo desconecta, o causa baja), situaciones que, sin perjuicio de su calificaci√≥n y consecuencias, no resultan impensables y que quiz√°s merecer√≠an atenci√≥n m√°s detallada, de lege ferenda o cuando menos en futuras reformas estatutarias, incluidas reformas en los formularios de estatutos tipo.(en esta otra entradilla, aunque en relaci√≥n con cotizadas de EEUU ve√≠amos c√≥mo la pr√°ctica de JG virtuales no es siempre bien recibida)
  • Que la posibilidad de conexi√≥n no s√≥lo exista, sino que sea conocida por el secretario y el √≥rgano de administraci√≥n convocante en su conjunto, y tenga un m√≠nimo de calidad t√©cnica y de seguridad.

Parecer√≠a lo m√°s l√≥gico que, para cumplir con las exigencias mencionadas, al menos en sociedades peque√Īas, o que no se apoyan habitualmente en medios electr√≥nicos seguros para su gobernanza, ¬†implicar√° tareas adicionales cuanto menos del secretario del consejo si lo hubiera, o¬† en todo caso, del √≥rgano convocante. En apoyo de estos procesos preparativos (ya sea de la convocatoria o ya sea directamente de la celebraci√≥n,¬† corresponder√≠a un acuerdo previo ¬†habilitador (o al menos organizador) del √≥rgano de administraci√≥n que impulsa la convocatoria y en √ļltimo t√©rmino es responsable de ella:.

  • Sin perjuicio de lo anterior, el secretario deber√° adoptar,¬† antes de la celebraci√≥n, dir√≠amos, cuando menos unas medidas razonables de diligencia a efectos del reconocimiento de la identidad de las personas con derecho de asistencia y de sus medios t√©cnicos de conexi√≥n, de cara a la redacci√≥n de la lista de asistentes. N√≥tese que con la articulaci√≥n de estos medios, hoy extraordinarios en nuestro ordenamiento, se est√° afectando a derechos tanto de car√°cter pol√≠tico y representativo, como de naturaleza econ√≥mica de los socios. Y, en estos tiempos de escasa estabilidad en los que muchas entidades deber√°n reformular cuentas, retrasar aplicaciones de resultados, por mencionar algunas de las incidencias que veremos estos d√≠as, ¬†la posibilidad de error o de conflicto no hacen sino aumentar. Pensemos, por ejemplo en el caso de problemas adicionales en un supuesto de representaci√≥n general preconcedida, pese a la que¬† el socio que finalmente decide asistir; procesos de transmisi√≥n mortis causa¬† y similares, etc. En conjunto,¬† la gobernanza en los tr√°mites previos a la JG a distancia exigen¬† una diligencia espec√≠fica del consejo, y del secretario.
  • En cuando al secretario de la JG, convendr√≠a que tuviese deber√° adem√°s contar con los correos electr√≥nicos de los concurrentes (para la posterior comunicaci√≥n). Y aqu√≠ volvemos a encontrar la posibilidad de que se produzcan ya sean errores o sean conductas de obstrucci√≥n como ya se dijo, que en todo caso habr√≠a que prever y procurar evitar.
  • Los medios para comunicar la convocatoria, el cumplimiento de la notificaci√≥n del secretario, o de las comunicaciones previas a la celebraci√≥n sobre los ‚Äúmedios necesarios para conectarse‚ÄĚ , o la propia seguridad de esos medios no son objeto de atenci√≥n en el RDL.¬† Deber√° entenderse que se exigen unos requisitos m√≠nimos de seguridad, certeza, estabilidad de las comunicaciones; pero el est√°ndar de estos t√©rminos jur√≠dicamente indeterminados no consta en la norma. Ni tampoco aparecen los medios de prueba en relaci√≥n con tales comunicaciones y medios, por lo que servir√° cualquier medio de prueba aceptado en derecho, aunque quiz√°s ser√≠a recomendable al menos alg√ļn tipo de acreditaci√≥n fehaciente del env√≠o del mensaje electr√≥nico de la convocatoria o por el acuse de recibo del socio (en los t√©rminos empleados por el legislador en el art 446 LSC respecto de la convocatoria de JG en la SLNE).

Tiempos en la preparación de la Junta General a distancia. Una pregunta que podría surgir es si estas mencionadas tareas (la identificación, la verificación de medios electrónicos, de correos de remisión) deben realizarse necesariamente antes de la publicación de la convocatoria, o si cabría realizarse con posterioridad a publicar la convocatoria y antes de su celebración.

  • La primera opci√≥n puede resultar m√°s prudente a efectos de seguridad y viabilidad de la convocatoria de la JG a distancia y a efectos de evitar futuras impugnaciones. Pero puede resultar dif√≠cil de realizar, salvo en supuestos de personas jur√≠dicas con un n√ļmero muy reducido de socios,¬† o en aquellas que cuenten ya con medios de comunicaci√≥n electr√≥nica con los accionistas (porque √©stos ya hayan accedido estatutariamente a las comunicaciones por medios electr√≥nicos, o cuenten con una web oficial que incorpore foros u otros mecanismos que garanticen la comunicaci√≥n electr√≥nica con los socios, etc.). ¬†Esta opci√≥n intensifica adem√°s una cuesti√≥n de derecho transitorio ¬†y es que, la necesidad de obtener los datos y¬† de realizar las verificaciones indicadas puede conducir, especialmente en la SA, a que de hecho, la JG a distancia se celebre despu√©s de superado el estado de alarma. Es de esperar que nuestro legislador excepcional tenga estas circunstancias en cuenta al efecto de mantener la¬† validez de la JG convocada al amparo de la reforma del RDL 11/2020 y evite el recurso interpretativo doctrinal.
  • La segunda, conlleva otros peligros que se materializar√≠an una vez publicada la convocatoria. As√≠, el riesgo de no poder obtener algunos de los correos, o de no poder proceder con certeza a identificaci√≥n (por ejemplo por errores o porque un socio se desconecte antes de haber dado su correo,¬† etc.) lo que podr√≠a llegar a tener consecuencias sobre validez, mayor√≠as,y qu√≥rum (y por tanto efectos conforme al art 204.3,-a- LSC) e incluso de exigencias de responsabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo resulta relativamente m√°s realista en el sentido de que nos encontramos, en principio, en un procedimiento de regulaci√≥n transitoria y vigencia presumiblemente corta que no tendr√≠a porque prorrogarse, al menos en sus t√©rminos literales. En virtud de este √ļltimo razonamiento, por ejemplo, en una convocatoria JG a distancia para una SL ‚Äďpor los plazos legales m√°s reducidos para convocar- , el poder realizar las verificaciones despu√©s de publicada la convocatoria facilitar√≠a la celebraci√≥n dentro de un posible estado de alarma es decir dentro del previsible periodo de vigencia de los RRDDL.
  • Relacionado con estas preparaciones, el RDL parece dejar en suspenso impl√≠citamente lo dispuesto en el art 11 bis LSC, como ya ha expresado el Profesor Farrando de Miguel para Almac√©n de Derecho:¬† La nueva regulaci√≥n presenta convocatorias, posibilitadas incluso en sociedades que carecen de web oficial o estatutaria en el sentido del art 11 bis LSC, ya que como vienen subrayando los mencionados RRDDL, estamos ante medidas legales en un estado de alerta declarado que se aplican por encima de, y sin perjuicio de lo establecido en los estatutos sociales.
  • Nada se dice de juntas en cuya convocatoria interviene el Registrador mercantil o el Letrado de la Administraci√≥n de justicia a instancia de la minor√≠a

Celebración y acta. Una de las obligaciones del secretario es la de verificar  la identidad de los concurrentes por videoconferencia o multi-llamada y hacerlo constar en acta:

Bóveda. Catedral de León

  • De cara a la elaboraci√≥n de la lista de asistentes y constituci√≥n del √≥rgano, ya ha puesto de manifiesto nuestra mejor doctrina que¬† en el supuesto, de que ¬†la JG no cuente con un secretario, por ejemplo en sociedades sin consejo en o en supuestos en los que los asistentes no nombren secretario conforme al art¬† 191 LSC, corresponder√≠a el reconocimiento y la constancia en acta al presidente de la JG. Como tambi√©n recuerda la misma fuente que la certificaci√≥n sobre identidad no sustituye a la declaraci√≥n de v√°lida constituci√≥n de la JG que deber√° realizar el Presidente de la JG, incorporando, debe ¬†entenderse, constancia de la verificaci√≥n por parte del secretario sobre la identidad de los asistentes y representados y sobre la viabilidad de los medios t√©cnicos de conexi√≥n. Tales t√©rminos se a√Īadir√°n creer√≠amos a la lista de asistentes (socios, representados, otros legitimados ).
  • Por lo que respecta a la participaci√≥n y voto, resulta aplicable lo establecido en los arts 189.2 LSC (y a√Īadiendo la seguridad el 521 LSC), dejando a salvo de que precisamente el RDL 11/2020 se aprueba para¬† supuestos en los que no existe previsi√≥n estatutaria.
  • En cuanto a la comunicaci√≥n, a posteriori ¬†que debe realizar el secretario a los concurrentes en¬† la JG, tambi√©n surgen algunas dudas interpretativas, que una posible reforma, quiz√°s ya en la LSC de lege ferenda ¬†ayudar√≠a a aclarar:
    • La expresi√≥n ‚Äúmedios necesarios para conectarse‚ÄĚ plantear√≠a abundantes preguntas. Parece l√≥gico que la exigencia no consiste s√≥lo en una conexi√≥n, sino de √©sta cumpla un m√≠nimo de requisitos t√©cnicos. Pero adem√°s, ¬Ņqui√©n debe certificar que existen esos medios? ¬Ņser√≠a suficiente una declaraci√≥n de los llamados a concurrir o se debe exigir alguna otra verificaci√≥n en sentido t√©cnico? La cuesti√≥n no es balad√≠, ni por sus consecuencias sobre la responsabilidad del secretario, ni sobre la v√°lida constituci√≥n de la JG
    • En cuanto a la verificaci√≥n de identidades electr√≥nicas o telef√≥nicas, puede entenderse que se realiza en el acta de la JG. Pero tambi√©n, cabe interpretar que se trata de un acta distinta, de la que se deba tomar constancia a los efectos de lista de asistentes y constituci√≥n de la JG primero; y de acta de la JG, despu√©s. O, al menos de una secci√≥n del acta de la JG – en el sentido del art 198 RRM para la lista de asistentes- susceptible de comunicaci√≥n independiente para, con sus formalidades, dar cumplimiento a la notificaci√≥n a los concurrentes por correo electr√≥nico incluso si el propio acta de la JG se comunicase despu√©s.
    • El acta de verificaci√≥n de identidades se debe remitir de inmediato a los concurrentes. Y en la definici√≥n de esa inmediatez podr√≠an surgir tambi√©n otras dudas que seguramente se resolver√≠an por la v√≠a interpretativa de que, sea cual sea la v√≠a de firma del acta, deber√° procurarse una rapidez superior a la exigible en otras circunstancias, por ejemplo, sin consumir los 15 d√≠as facultativos y m√°ximos del art 202.2 LSC, o remitiendo cuanto antes el acta notarial del art 203 LSC. En todo caso, a efectos del acta de la JG¬† ser√° de aplicaci√≥n el art 100 del Reglamento del Registro Mercantil.

Juntas postpuestas y revocadas A diferencia de los que ocurre para las JG de Sociedades Cotizadas, aqui no¬†se aborda directamente la posibilidad de que las JG ya convocadas se puedan revocar para sustituir¬† la celebraci√≥n presencial por una celebraci√≥n a distancia con el mismo orden del d√≠a. Ni que la posibilidad de retraso (que si se contempla en ambos RRDL) se acompa√Īe¬† de otra convocatoria distinta de JG electr√≥nica con¬† un orden del d√≠a distinto.

  • El apartado 6 de la redacci√≥n del art 40 del RDL 8/2020 establece que si la JG se hubiera publicado antes del 16 de marzo 2020 y su celebraci√≥n estuviera prevista para despu√©s declarado el estado de alarma, el √≥rgano de administraci√≥n puede cambiar la hora y la fecha de la reuni√≥n. En principio se tratar√° de un retraso en la celebraci√≥n, o de un nuevo local para la reuni√≥n. Pero no se indica expresamente que ese ‚Äúlugar‚ÄĚ pueda ser electr√≥nico. No resulta descabellado aceptar esta posibilidad, pero tampoco lo es que en entornos litigiosos donde abunden las disputas, el cambio pueda verse obstaculizado¬† por socios, o fundamentar futuros intentos de impugnaci√≥n, con mayor o menor fortuna en cuanto a sus resultados.
  • El mismo apartado 6¬† a√Īade ahora¬† la posibilidad de que los administradores revoquen el acuerdo de convocatoria (public√°ndolo as√≠ en ambos casos de cambio o de revocaci√≥n), con 48 horas de antelaci√≥n a la fecha prevista de su celebraci√≥n, en la p√°gina web de la sociedad o, en su defecto, en el BOE; y en este caso con la obligaci√≥n de convocar de nuevo dentro del mes siguiente a la finalizaci√≥n de la alarma declarada.¬† Ahora bien, revocada una JG que deba ser convocada de nuevo despu√©s del estado de alarma, ¬Ņpuede celebrarse una JG a distancia (intermedia) con el mismo o con distinto orden del d√≠a?.
      • En relaci√≥n con una¬† convocatoria para JG electr√≥nica ‚Äď en principio extraordinaria por las fechas en las que nos encontramos- en fecha intermedia y con otro orden del d√≠a distinto de la cancelada, no parece que exista inconveniente. Especialmente porque el nuevo art 6 bis menciona expresamente la posibilidad de convocar JG durante el estado de alarma
      • Sin embargo,¬† se echa mucho de menos una redacci√≥n m√°s expl√≠cita del precepto sobre la posibilidad de que el √≥rgano de administraci√≥n sustituya la junta revocada por otra a distancia con el mismo orden del d√≠a.(recu√©rdese que el apartado 6 impone la convocatoria de JGO revocada), transformando incluso en alg√ļn caso la convocatoria revocada (que hubiera sido JGO, por las fechas) en una JGE (por celebrarse la ordinaria en el periodo de alarma en modo a distancia) en la que quiz√°s si se podr√≠a remitir la reformulaci√≥n de propuesta de aplicaci√≥n de resultados, o las cuentas cuando hayan sido reformuladas en su conjunto.

Cuentas, auditor√≠a ¬†y sustituci√≥n de la aplicaci√≥n de resultados Con la reforma del RDL 11/2020, el art. 40.3 RDL 8/2020 a√Īade a su redacci√≥n inicial que podr√°n formularse cuentas durante el estado de alarma, as√≠ como procederse a su auditor√≠a obligatoria (o ahora tambi√©n voluntaria) ¬†en el plazo normal de un mes del art 270 LSC, o en plazo el ampliado ¬†de dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma (art 40,4 RDL modificado por RDL 11/2020).

En cuanto a los cambios en la aplicación de resultados, el nuevo art 6 bis establece  la obligatoriedad de un escrito de auditoría y distingue dos situaciones, en linea con el comunicado conjunto de la CNMV y el  Colegio de Registradores del que nos hacíamos eco:

  1. que¬† las sociedades mercantiles que ya hayan sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir del 1 abril 2020. En este caso pueden sustituir la propuesta de aplicaci√≥n del resultado por otra propuesta, pero, el √≥rgano de administraci√≥n lo deber√° justificar con base a la situaci√≥n creada por el COVID-19 y deber√° tambi√©n acompa√Īarse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habr√≠a modificado su opini√≥n de auditor√≠a si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta. Impl√≠citamente, este supuesto supone que ya exist√≠a un informe de auditor√≠a sobre las cuentas formuladas, pues el precepto alude a un simple ¬ęescrito¬Ľ y no a un nuevo informe de verificaci√≥n.
  2. que las sociedades tuvieran ya  JGO  convocada, en cuyo caso, el órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado y someter una nueva a la aprobación de otra JG, dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria
    • ese plazo ser√≠a el m√°ximo de¬† los tres meses posteriores al estado de alarma que prescribe el mismo RDL .
    • esa informaci√≥n debe publicarse antes de la JG ya convocada y -como novedad- acompa√Ī√°ndola de un escrito del auditores en los t√©rminos ya mencionados.
    • se entiende que en las JG que no se postpongan ni se revoquen sino que √ļnicamente se sustituya la propuesta de aplicaci√≥n, la certificaci√≥n del √≥rgano de administraci√≥n a efectos del dep√≥sito de cuentas se limitar√°, en su caso, a la aprobaci√≥n de las cuentas anuales, present√°ndose posteriormente en el Registro Mercantil certificaci√≥n complementaria relativa a la aprobaci√≥n de la propuesta de aplicaci√≥n del resultado.
Catedral de León by M.A. Díaz

Catedral de León by M.A. Díaz

Junta Universal.¬†Los RRDDL, tambi√©n sugieren alguna reflexi√≥n en relaci√≥n con la posibilidad de JG Universal celebrada por medios electr√≥nicos. No cabe duda, conforme al art 40.1 segundo p√°rrafo redactado por el RDL 11/2020 de que si concurren todos los socios, lo que suceder√° ¬†con toda probabilidad s√≥lo en una sociedad de pocos socios, el tr√°mite de identificaci√≥n y verificaci√≥n del secretario, as√≠ como su reflejo en acta y comunicaci√≥n, son viables. A√ļn en ausencia de convocatoria formal en los t√©rminos de la LSC, convendr√° realizar los preparativos previos para la reuni√≥n electr√≥nica y entendemos que la JGU podr√° celebrarse.

M√°s sobre este tema:

Traslado de domicilio social dentro del territorio espa√Īol. Apunte e impresiones a vuelapluma, a prop√≥sito del Real Decreto Ley 15/2017

La reforma del artículo 285.2 LSC y los anunciados traslados desde la CA Catalana a otras CCAA dan pie a esta reflexión a la espera de si se formulan (y de cómo se resuelvan en la practica) las incidencias que quizás puedan tener lugar.

 

El¬†Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores econ√≥micos dentro del territorio nacional realiza, en palabra de sus redactores, una clarificaci√≥n del contenido del art√≠culo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital¬†tras su reforma mediante ¬†la disposici√≥n final 1 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo: ¬Ľ¬†2. Por excepci√≥n a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposici√≥n contraria de los estatutos, el √≥rgano de administraci√≥n ser√° competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional¬Ľ.¬†

Conocemos un primer comentario del Real Decreto ley, a cargo de Fernando Gomá Lanzón y otro del Doctor José María López

Santiago de Compostela.  Semblanza desde la Alameda

El legislador de 2015 hab√≠a introducido una norma especial en la regulaci√≥n de las modificaciones estatutarias y de cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, muy bien recogida por el Prof L Cazorla. Frente a la regla general que atribuye competencias a la Junta General para la modificaci√≥n estatutaria, se introduc√≠a la posibilidad de cambio de domicilio en Espa√Īa dentro de las competencias ejecutivas del √≥rgano de administraci√≥n.

Algunas de las perspectivas de aquella reforma de 2015 fueron objeto de √ļtiles comentarios doctrinales, por ejemplo del Profesor Jes√ļs Alfaro (aqu√≠, aqu√≠, aqu√≠, aqu√≠), o del Profesor Miquel, o de los Profesores Francisco Javier Arias Varona y Alina Martiniva en la Revista de Sociedades. ;¬†En muchos casos se vert√≠an concretamente al hilo de la¬†RDGRN de 30 de marzo de 2016¬†, o de forma m√°s general en relaci√≥n con la interpretaci√≥n de la atribuci√≥n competencial expresa, literal o por referencia a la ley en los Estatutos sociales.

La¬†redacci√≥n del art√≠culo 282.5 LSC que deriva del¬†Real Decreto Ley 15/2017 viene a aclarar algunas dudas de abogados, registradores y profesores al atribuir la competencia sobre el cambio de domicilio dentro de Espa√Īa, expresamente y de modo originario, al √≥rgano de administraci√≥n. Tal atribuci√≥n opera desde el d√≠a 7 de octubre de 2017. S√≥lo puede evitarse mediante prohibici√≥n o disposici√≥n contraria en los estatutos. Y lo que es m√°s, en virtud de la DT √ļnica de este Real Decreto- Ley¬†‚Äúse entender√° que hay disposici√≥n contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificaci√≥n estatutaria que expresamente declare que el √≥rgano de administraci√≥n no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional‚ÄĚ. Es decir, en aquellas sociedades cuyos Estatutos incluyesen hasta ahora una atribuci√≥n espec√≠fica a la Junta, o excluyesen expresamente al √≥rgano de administraci√≥n, la competencia tambi√©n recae ahora sobre los administradores. Para revertir la competencia deber√°n manifestarse expresamente los accionistas, mediante la aprobaci√≥n de una nueva disposici√≥n estatutaria posterior al 7 de octubre de 2017. S√≥lo as√≠ se puede eliminar la competencia que el Real Decreto Ley acaba de atribuir al √≥rgano de administraci√≥n.

¬ŅQu√© efectos tendr√°, previsiblemente, la reforma de 2017 sobre la implantaci√≥n real de las sociedades en unos u en otros municipios, y sobre la interpretaci√≥n de los deberes de los administradores y consejeros?,¬†impresiones a vuelapluma¬†

Como es sabido, el apartado 1 del art√≠culo 9 de la LSC establece que las¬†sociedades de capital fijar√°n su domicilio dentro del territorio espa√Īol en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administraci√≥n y direcci√≥n, o en el que radique su principal establecimiento o explotaci√≥n. A√Īade el art√≠culo 10 del mismo cuerpo legal¬† que en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que corresponder√≠a seg√ļn el art√≠culo anterior, los terceros podr√°n considerar como domicilio cualquiera de ellos. ¬†En efecto, seg√ļn se ha se√Īalado¬†lo relevante para una sociedad no es s√≥lo que exista un domicilio, al ser una menci√≥n estatutaria obligatoria, sino tambi√©n que ese domicilio sea real en el sentido de que se corresponda con el centro efectivo de la actividad social, bien porque all√≠ radique su efectiva administraci√≥n o direcci√≥n, o bien porque se encuentre su principal establecimiento.¬†Aun cuando la situaci√≥n normal sea que el domicilio social coincida con el efectivo domicilio real de la empresa en el sentido visto, puede no darse esta coincidencia( v√©ase, entre otros, el auto TS, S Civil, ss 1,¬†Auto de 27 abril 2016).

Sin embargo, las¬†operaciones de traslado plantean cuestiones diversas. Incluso si la entidad que decida efectuar el traslado disocia el domicilio social de la sede real o de administraci√≥n, surgir√°n consecuencias. Algunas,¬†como las derivadas de la aplicaci√≥n del art√≠culo 19 del Reglamento del Registro Mercantil¬† en relaci√≥n con el dep√≥sito de cuentas cuando ha mediado un traslado han sido objeto de RRDGRN¬† y¬† de comentarios (por ejemplo del Profesor S Calero, o en esta entradilla DerMerUle). Otras, tienen que ver con la celebraci√≥n de la Junta General, ya que el art√≠culo 175 LSC, establece que salvo disposici√≥n contraria de los estatutos, la junta general se celebrar√° en el t√©rmino municipal donde la sociedad tenga su domicilio,¬† y por lo tanto el incumplimiento puede llegar a conllevar la nulidad de la Junta (v√©ase la SAP M√°laga, Sentencia n√ļm. 838/2015 de 28 diciembre).

No corresponde aqu√≠ detallar minuciosamente todas estas consecuencias del traslado de domicilio. Ni tampoco las relativas a la (tambi√©n posible) disociaci√≥n entre domicilio social y fiscal como excepci√≥n a lo establecido en el art√≠culo 48 de la Ley General Tributaria. Vamos a plantear m√°s bien alguna pregunta relativa a las posibles consecuencias o incidencias de esta nueva atribuci√≥n del √≥rgano de administraci√≥n de las sociedades en nuestro pa√≠s. Subrayemos que, lejos de la excepcionalidad extrema que alguno pueda querer ver,¬† la nueva competencia no viene sino a ampliar la que (dentro de un mismo municipio) ya ten√≠an los administradores sociales desde 1956. El¬†art√≠culo 105 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956 dispuso que no tendr√≠a car√°cter de modificaci√≥n estatutaria¬†…, el traslado del domicilio de la sociedad ¬ędentro de la misma poblaci√≥n, salvo pacto estatutario en contrario¬Ľ,¬†el art√≠culo 149 del texto refundido de la Ley de Sociedades An√≥nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre atribuy√≥ a los administradores, salvo disposici√≥n contraria de los estatutos, la facultad de acordar el traslado de domicilio dentro del mismo t√©rmino municipal, si bien as√≠ deb√≠a constar en escritura p√ļblica y en la correspondiente inscripci√≥n en el Registro Mercantil.

Con todo,¬†pese a que jur√≠dicamente no estamos ante una atribuci√≥n desorbitada, en virtud de¬† las circunstancias concurrentes en Espa√Īa en el momento de la aprobaci√≥n del Real Decreto Ley (aunque no exclusivamente por ese motivo) cabe imaginar alg√ļn potencial conflicto societario derivado del nuevo √°mbito de decisiones y de ejecuci√≥n del √≥rgano de administraci√≥n

Cant√°brico (Asturias)

  • Por un lado cabe preguntarse si ir√°n siempre acompa√Īados los traslados estatutarios o registrales de mudanzas reales en las sedes¬† o en los lugares de administraci√≥n central de las sociedades, o si por el contrario veremos m√°s discordancias entre unos y otros. O incluso, si las sociedades mantendr√°n su sedes de administraci√≥n real, trasladando exclusivamente las reuniones de sus √≥rganos al nuevo domicilio.
  • Adem√°s, y acompa√Īando a¬†los debates p√ļblicos y privados que se est√°n produciendo, y que se suceder√°n con mucha probabilidad, intriga saber si veremos un incremento en la conflictividad societaria, por ejemplo mediante¬†impugnaciones del acuerdo de traslado por parte de administradores que no lo hubieran apoyado, o por parte de¬† accionistas. La impugnaci√≥n de acuerdos es un derecho, y puede llegar a ser un deber. Pero, su ejercicio conforme a criterios o siguiendo motivaciones aleatorias o esp√ļreas representa un riesgo de consecuencias dif√≠ciles de prever. Recordemos en este punto que algunas de las entidades que estos d√≠as anuncian el cambio de domicilio tiene fuertes lazos con entes y administraciones p√ļblicas (por tanto, que no son del todo ajenas a las pol√≠ticas p√ļblicas). Y,¬† que la inversi√≥n efectuada por inversores institucionales, incluidos los fondos soberanos puede perfectamente responder a intereses muy distintos de los de la administraci√≥n, accionistas de largo plazo, o sociedad. Seg√ļn el art√≠culo 251 LSC¬†1. Los administradores podr√°n impugnar los acuerdos del consejo de administraci√≥n , … Igualmente podr√°n impugnar tales acuerdos los socios que representen un uno por ciento del¬†capital¬†social,… Es sabido que dentro de las causas de impugnaci√≥n, hay alguna sujeta a fuertes dosis de subjetividad y que son de¬†dif√≠cil concreci√≥n a priori como es el caso de la causa de impugnaci√≥n por de¬†lesi√≥n del inter√©s social que, en los t√©rminos del art√≠culo 204 LSC ni siquiera exige la materializaci√≥n de da√Īos al patrimonio social.¬†
  • En una l√≠nea semejante, cabe cuestionarse si se la nueva atribuci√≥n legal de competencias es susceptible de incrementar las¬†acciones de responsabilidad contra los administradores.¬†De as√≠ ocurrir, por ejemplo en estos primeros momentos despu√©s de la aprobaci√≥n del Real Decreto-Ley (pero no exclusivamente en esos instantes), muy posiblemente estos se defender√°n justificando su actuaci√≥n en el deber legal de diligencia y en que actuaron conforme a lo que a su juicio exig√≠a el art√≠culo 225.2 LSC.¬†¬†Los administradores deber√°n tener la dedicaci√≥n adecuada y adoptar√°n las medidas precisas para la buena direcci√≥n y el control de la sociedad. Concretamente (aunque no exclusivamente)¬†en el caso de las sociedades que estos d√≠as anuncian su traslado desde Catalu√Īa a diversos municipios de otras Comunidades Aut√≥nomas a la luz de los acontecimientos de octubre de 2017, habr√° que ver y leer las diversas interpretaciones del inter√©s social que unos y otros aporten, en caso de formularse formalmente tales cuestiones.
  • Situaciones como el posible ejercicio abusivo de la competencia, costes del traslado,¬† negocios jur√≠dicos sobre las sedes antigua o nueva, entre otros, son susceptibles de dar lugar a trabajo jur√≠dico futuro.

Estaremos atentas a comentarios que se irán produciendo estos días, para incorporarlos dentro de lo posible a esta entradilla

Post scriptum, sobre este tema:

Casa da Parra. Santiago.

Interconexi√≥n de registros mercantiles. Clarificaci√≥n de su aplicaci√≥n en Espa√Īa mediante instrucci√≥n de la DGRN.

La Directiva 2012/17/UE establece un sistema de interconexión de registros mercantiles de los Estados miembros de la Unión Europea. Técnicamente se apoya en el Portal de justicia en red europea,  en la Plataforma central europea y en los registros mercantiles nacionales. Está destinada a dar publicidad  a los datos y a los documentos de los registros mercantiles de los Estados de la Unión Europea. También a hacer realidad la la comunicación entre registros y, a coordinar la información relevante en materias afectadas por la legislación societaria armonizada ( como la publicidad de matrices y sucursales; o las fusiones transfronterizas).

 

Por su parte, el art 17.5 del C√≥digo de Comercio incorporado ¬†mediante la disposici√≥n final primera de la Ley 19/2015, establece ¬ęEl Registro Mercantil asegurar√° la interconexi√≥n con la plataforma central europea en la forma que se determine por las normas de la Uni√≥n Europea y las normas reglamentarias que las desarrollen. El intercambio de informaci√≥n a trav√©s del sistema de interconexi√≥n facilitar√° a los interesados la obtenci√≥n de informaci√≥n sobre las indicaciones referentes a nombre y forma jur√≠dica de la sociedad, su domicilio social, el Estado miembro en el que estuviera registrada y su n√ļmero de registro.¬Ľ¬Ľ

Dando cumplimiento a los plazos de ejecuci√≥n de la Directiva 2012/12/UE la¬†Instrucci√≥n de 9 de mayo de 2017, de la Direcci√≥n General de los Registros y del Notariado, sobre interconexi√≥n de los registros mercantiles.¬†clarifica los documentos a los que afecta la interconexi√≥n as√≠ como la interconexi√≥n relativa a datos de sociedades matrices con sucursales en otros Estados miembros de la UE; y la relativa a datos de sucursales de sociedades de otros Estados miembros y a fusiones transfronterizas.¬†Consecuencia de la interconexi√≥n, las sociedades tendr√°n un c√≥digo identificativo √ļnico que en el caso de Espa√Īa estar√° compuesto por los elementos siguientes:
  • prefijo del pa√≠s (ES);

    Calle Escalerillas, León. By Ricardo Castellanos Blanco

  • c√≥digo del Registro Mercantil seguido de un punto;
  • identificador √ļnico de sociedad o c√≥digo de sujeto.

La informaci√≥n que los¬†Registros Mercantiles pondr√°n a disposici√≥n del p√ļblico, a trav√©s del sistema de interconexi√≥n incluye los actos e indicaciones establecidos en el Art 2 de la Directiva 2009/101/CE (sustituida por la Directiva de consolidaci√≥n en 2017) como escritura de constituci√≥n y estatutos con sus modificaciones, el nombramiento y cese de administradores, cambios de domicilio, resoluci√≥n judicial de nulidad, entre otras a cuya consulta remitimos. Tambi√©n los datos sobre sucursales como son su¬†direcci√≥n postal de la sucursal;¬†actividades de la sucursal; el¬†registro en el que el expediente haya sido abierto para la sociedad y su n√ļmero de inscripci√≥n en ese registro; la¬†denominaci√≥n y la forma de la sociedad as√≠ como la denominaci√≥n de la sucursal si esta √ļltima no corresponde a la de la sociedad; el¬†nombramiento, el cese en funciones, as√≠ como la identidad de las personas que tengan poder para obligar a la sociedad frente a terceros y de representarla en juicio ya sea¬†como √≥rgano de la sociedad legalmente previsto o como miembros de tal √≥rgano, o¬†como¬†representantes permanentes de la sociedad para la actividad de la sucursal, con indicaci√≥n del contenido de sus poderes; entre otros.

Podr√° disponerse gratuitamente de la informaci√≥n relativa a nombre y forma jur√≠dica de la sociedad, domicilio social de la sociedad y Estado miembro en el que est√© registrada y n√ļmero de registro.

Adem√°s de la simplificaci√≥n en la puesta de informaci√≥n a disposici√≥n del p√ļblico, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles establecer√° un punto de acceso propio para el sistema de interconexi√≥n de registros mercantiles.Y ciertos datos (de matrices con filiales en otro estado miembro, de sucursales de sociedades de otro estado y de fusiones transfronterizas, ¬†se¬†remitir√° a la Plataforma Central Europea y se recibir√° de la misma a trav√©s de la Sede Electr√≥nica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa√Īa

Nos encontramos culminado el proceso que se inició en 2009, con la publicación de un Libro Verde en el que se exploraban opciones para mejorar el acceso a información de las distintas empresas.

No hay derecho al olvido respecto a los datos personales que figuran en el Registro de Sociedades.

 

Colección de llaves, Monasterio cisterciense de Santa María de Gradefes (León). By M.A. Díaz

¬†El Tribunal de Justicia de la Uni√≥n Europea (TJUE) se ha pronunciado, en el contexto de un procedimiento prejudicial, sobre la cuesti√≥n del derecho al olvido respecto a sociedades, se√Īalando que no existe derecho al olvido respecto a los datos personales que figuran en el Registro de Sociedades, si bien con alguna matizaci√≥n.
¬†En efecto, el TJUE en la reciente sentencia de 9 de marzo de 2017, en el asunto Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce / Salvatore Manni, declara que no existe derecho al olvido respecto a los datos personales que figuran en el Registro de Sociedades. Con todo, efect√ļa una puntualizaci√≥n; a saber: que tras la expiraci√≥n de un plazo suficientemente largo desde la liquidaci√≥n de la sociedad de que se trate, los Estados miembros pueden establecer el acceso restringido de terceros a estos datos en casos excepcionales.

 

El caso que dio origen a la sentencia del Tribunal de Justicia, fue el siguiente: En 2007, D. Salvatore Manni, administrador √ļnico de una sociedad a la que se adjudic√≥ un contrato para la construcci√≥n de un complejo tur√≠stico en Italia, interpuso una demanda contra la C√°mara de Comercio de Lecce. Y ello porque, en su opini√≥n, los inmuebles de dicho complejo no se vend√≠an porque en el Registro de Sociedades constaba que hab√≠a sido administrador de otra sociedad, declarada en concurso de acreedores en 1992 y liquidada en 2005.

El Tribunale de Lecce (Tribunal de Lecce, Italia) ordenó a la Cámara de Comercio de Lecce que hiciera anónimos los datos que vinculaban al Sr. Manni con el procedimiento concursal de la primera sociedad y la condenó a indemnizar el perjuicio causado al Sr. Manni. La Cámara de Comercio de Lecce planteó recurso de casación contra dicha sentencia ante la Corte Suprema di Cassazione (Tribunal de Casación italiano). En este contexto, la Corte Suprema di Cassazione planteó al TJUE varias cuestiones prejudiciales. En lo que aquí interesa, lo que fundamentalmente se plantea a través de ellas es si la Directiva relativa a la protección de los datos de las personas físicas de 24 de octubre de 1995, y la Directiva sobre la publicidad de los actos de las sociedades Directiva, de 9 de marzo de 1968 (Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades… para proteger los intereses de socios y terceros en su versión modificada por la Directiva de 15 de julio de 2003), se oponen a que cualquier persona pueda acceder, sin límite en el tiempo, a los datos relativos a las personas físicas que figuran en el Registro de Sociedades. En esencia, el tribunal remitente lo que desea saber, es si conforme a estas Directivas los Estados miembros pueden, o deben, permitir a determinadas personas físicas que participan en sociedades solicitar a la autoridad responsable del registro de sociedades que limite, al expirar un plazo determinado tras la liquidación de la sociedad, y sobre la base de una apreciación caso por caso, el acceso por parte de terceros a los datos personales que les conciernen inscritos en dicho registro.

Lo que el TJUE deja bien claro en su sentencia es que, ante todo, la publicidad de los Registros de Sociedades tiene por objeto garantizar la seguridad jur√≠dica en las relaciones entre las sociedades y los terceros y proteger, en particular, los intereses de los terceros en relaci√≥n con las sociedades an√≥nimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Y ello habida cuenta que estas sociedades √ļnicamente van a responder frente a los acreedores con su patrimonio social. En este sentido, manifiesta el Tribunal de Justicia que la publicidad registral ha de permitir a los terceros conocer los actos esenciales de la sociedad y algunos datos de la misma, particularmente la identidad de las personas que tienen el poder de obligarla.

Matiza tambi√©n el TJUE que pueden producirse situaciones en las que se necesita disponer de datos personales recogidos en el Registro de Sociedades incluso muchos a√Īos despu√©s de que una empresa se haya liquidado. La justificaci√≥n de ello la encuentra el Tribunal, por una parte, en que existen multitud de derechos y relaciones jur√≠dicas que pueden vincular a una sociedad con actores en varios Estados miembros (aun tras su liquidaci√≥n); ¬†y, por otra parte, en que los plazos de prescripci√≥n previstos por las diferentes normativas nacionales son muy heterog√©neos, de suerte que resulta imposible identificar un plazo √ļnico a cuya expiraci√≥n haga que la inscripci√≥n de estos datos en el Registro y su publicidad ya no sea necesaria.

Así las cosas, los Estados miembros no pueden garantizar a las personas físicas -cuyos datos están inscritos en el Registro de Sociedades- el derecho a obtener, tras un determinado plazo a contar desde la liquidación de la sociedad de que se trate, la supresión de los datos personales que les conciernen.

El Tribunal de Justicia considera que esta injerencia en los derechos fundamentales de los interesados (concretamente, en el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protecci√≥n de datos personales) no es desproporcionada. Y ello por dos motivos: 1¬ļ) porque en el Registro de Sociedades s√≥lo est√° inscrito un n√ļmero limitado de datos personales; y 2¬ļ) porque est√° justificado que las personas f√≠sicas que deciden involucrarse en los intercambios econ√≥micos mediante una sociedad an√≥nima o una sociedad de responsabilidad limitada, algunas de esas personas incluso con poder de obligar a la empresa, est√©n obligadas a hacer p√ļblicos los datos relativos a su identidad y a sus funciones. Y lo est√° porque en estas sociedades el patrimonio social es la √ļnica garant√≠a frente a terceros.

Sentado lo anterior, sin embargo, el Tribunal de Justicia no excluye que, en situaciones concretas, razones leg√≠timas propias de la situaci√≥n particular del interesado puedan justificar, excepcionalmente, que el acceso a los datos personales que le conciernen inscritos en el este tipo de Registros (Registro Central, Registro Mercantil o del Registro de Sociedades), al expirar un plazo suficientemente largo tras la liquidaci√≥n de la sociedad en cuesti√≥n, se limite permitiendo el acceso s√≥lo a los terceros que justifiquen un inter√©s espec√≠fico en su consulta. ¬†Eso s√≠, matiza que tal limitaci√≥n del acceso a los datos personales habr√° de efectuarse sobre la base de una apreciaci√≥n caso por caso. Y se√Īala tambi√©n que incumbe a cada Estado miembro, y m√°s concretamente al legislador nacional, decidir si desea establecer esta limitaci√≥n del acceso a los datos de dichas personas f√≠sicas.

Ci√Ī√©ndonos al caso que nos ocupa, el Tribunal de Justicia resuelve que el hecho de que los inmuebles del complejo tur√≠stico no se vendan debido a que los potenciales adquirentes de estos inmuebles tienen acceso a los datos del Sr. Manni recogidos en el Registro de Sociedades no sirve para justificar la limitaci√≥n del acceso de terceros a estos datos. Y ello porque ha de considerarse concretamente el inter√©s leg√≠timo de dichos terceros a disponer de esa informaci√≥n.

Puede consultarse la sentencia aquí

No inscribible la cooptación de administradores sociales, mediando Juntas Generales anteriores. Ficha Рapunte

La Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Barcelona a inscribir el nombramiento de un administrador de una sociedad,

 

Astorga

Desestimando el recurso,  la DGRN resuelve que no es inscribible la designación de un administrador de una sociedad anónima cotizada por el sistema de cooptación cuando después de la fecha en que se produjo la vacante se han celebrado dos juntas generales. 

¬ęLa facultad que legalmente se atribuye al consejo de administraci√≥n para el nombramiento de administradores por el sistema de cooptaci√≥n se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad y perfecto funcionamiento de aquel √≥rgano ‚Äďen el n√ļmero y forma previamente definidos por los estatutos o por los acuerdos de la junta general‚Äď cuando se han producido vacantes en su seno. Tal facultad se encuentra revestida de un cierto car√°cter de excepcionalidad respecto de las reglas generales que atribuyen a la junta general la competencia para la elecci√≥n de los administradores (cfr. art√≠culo 214 de la Ley de Sociedades de Capital) y respecto de la duraci√≥n del cargo, pues se extiende solo hasta que se re√ļna la primera junta general (cfr. art√≠culos 244, i.f., de la misma Ley, y 139 y 145.2 del Reglamento del Registro Mercantil), lo que demuestra el criterio restrictivo que debe presidir la interpretaci√≥n y aplicaci√≥n de las normas que regulan su ejercicio. ¬ę

 

Arintero y la Ba√Īa

…, ¬ęcuando se produce una vacante en el √≥rgano colegiado de administraci√≥n no existe una obligaci√≥n legal por parte de la junta general de nombrar inmediatamente un administrador para cubrir dicha vacante, hecho que contrasta con la obligaci√≥n que sobre la designaci√≥n de administradores por el sistema de cooptaci√≥n se impone a la primera junta general que se re√ļna una vez producida tal nombramiento. Confirma esta interpretaci√≥n el art√≠culo 171 de la Ley de Sociedades de Capital que solo para el caso de muerte o cese de la mayor√≠a de miembros del consejo de administraci√≥n habilita a cualquier socio para instar la convocatoria judicial de junta, confirmando que el consejo no puede constituirse v√°lidamente (y, por ende, como ha quedado expuesto, no puede designarse administradores de la sociedad an√≥nima por el sistema de cooptaci√≥n), de modo que corresponde a los consejeros subsistentes tomar las medidas para evitarlo en ejercicio de su deber de diligente administraci√≥n (art√≠culos 167 y 225 de la Ley de Sociedades de Capital) y para evitar incurrir en responsabilidad para lo que el ordenamiento les dota de amplias facultades (art√≠culo 171 segundo p√°rrafo de la misma Ley).¬Ľ

 

Nombramiento administradores SRL. RDGRN

Destácase la  Resolución de 8 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III de Alicante a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. La DGRN estima el recurso y revoca la calificación impugnada.

El Art 233¬†2.d) LSC¬†establece que ¬†en la SRL con m√°s de 2 administradores conjuntos¬†el poder de representaci√≥n se ejercer√° mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos. En este caso,¬†el registrador rechazaba la inscripci√≥n ¬†porque considera que la expresi√≥n ¬ęel poder de representaci√≥n se ejercer√° mancomunadamente, al menos, por dos de ellos¬Ľ es indeterminada, y¬†que debe indicarse el n√ļmero concreto de administradores a quienes corresponder√° el ejercicio de dicho poder. Adem√°s del resto de consideraciones del √≥rgano administrativo que resuelve, extraemos la cita literal que constituye una referencia principal a la anterior doctrina de la DGRN que mantiene aqu√≠.

¬ę… ha de reiterarse, la forma de ejercitar el poder de representaci√≥n es competencia de los estatutos que no pueden delegar en la junta general, ni tan siquiera sobre la base de atribuir a la misma la facultad de elegir entre diversas alternativas previamente configuradas al modo como permite el art√≠culo 57.2 de la misma Ley (hoy art√≠culo 210. 3 de la Ley de Sociedades de Capital) para optar entre los diversos modos de organizar la administraci√≥n previstos por el legislador¬Ľ. En consecuencia, de la expresi√≥n estatutaria seg√ļn la cual la ¬ę… representaci√≥n se ejercer√° mancomunadamente al menos por dos de ellos¬Ľ, no debe deducirse que se permita que la junta general pueda, sin modificaci√≥n estatutaria, establecer que la actuaci√≥n se ejerza mancomunadamente por tres, cuatro, etc., o de manera diferente a lo estatutariamente previsto, sino que en tal caso de utilizaci√≥n de la f√≥rmula legal, la forma de actuaci√≥n de los administradores mancomunados forzosamente habr√° de ser por s√≥lo dos o m√°s de ellos

Y, en relaci√≥n con lo anterior la DGRN ¬†ha admitido que el poder de representaci√≥n se atribuya, por ejemplo, a ¬ędos cualesquiera¬Ľ de los administradores conjuntos; pero de la norma legal no resulta que la atribuci√≥n del poder de representaci√≥n no pueda ser objeto de otras modalizaciones en caso de administradores mancomunados, entre las cuales debe incluirse indudablemente la ahora cuestionada que implica que se exige la actuaci√≥n de un n√ļmero de administradores igual o superior a dos, sin que tal circunstancia ofrezca duda alguna seg√ļn los t√©rminos literales de la cl√°usula

Nombramiento de administrador. Convocatoria de la Junta General. El Régimen legal no es alternativo al estatutario. RRDGRN

La DGRN viene se√Īalando en sus resoluciones que en presencia de clausula estatutaria que prevea que la convocatoria de la junta se realice mediante carta certificada a cada uno de los socios, √©sta previsi√≥n no puede sustituirse por publicaciones en el ¬ęBolet√≠n Oficial del Registro Mercantil¬Ľ y un peri√≥dico que conforman el r√©gimen legal supletorio. Prevalece por tanto la disposici√≥n estatutaria, que rige la vida de la sociedad durante su existencia. El r√©gimen estatutario de convocatoria, es imperativo¬†incluso cuando la convocatoria tenga su origen de una decisi√≥n judicial

Barakaldo_PortuVer por su propio m√©rito y tambi√©n por el inter√©s de las Resoluciones citadas y referidas la Resoluci√≥n de 27 de enero de 2016, de la Direcci√≥n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci√≥n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Vizcaya, por la que se deniega la inscripci√≥n de un acta notarial de junta general de una sociedad en la que se cesa a su administrador √ļnico y se nombra a otro. Esta Resoluci√≥n de la que se informa¬† recuerda que si bien algunas Resoluciones RDGN admitieron notificaciones personales del juzgado al socio (en lugar de la notificaci√≥n por correo certificado prevista estatutariamente) , tal asimilaci√≥n no puede equipararse a la aplicaci√≥n del r√©gimen legal supletorio.

 

 Ofrece un excelente comentario sobre esta resolución, y sobre el problema de fondo que resuelve, el Prof. Luis Cazorla en su Blog, aquí

FTSE 100: sin cotizadas ¬ęmono g√©nero¬Ľ

cabanas1Se anunciaba hace poco que quedan a√ļn 23 cotizadas en el √≠ndice FTSE 250 sin ninguna mujer en su √≥rgano de administraci√≥n; y que en el √≠ndice 350 la tendencia es a eliminar la presencia exclusiva de hombres.¬†En el caso de las cotizadas en el FTSE 100, todas cuentan con al menos una representante femenina en el consejo.

 

Estaremos atentas a iniciativas en nuestro país para avanzar en una vía semejante.

Recuperamos unas reflexiones de hace algunos a√Īos, para el Diario El Mundo, y aqu√≠

Retribución del administrador no basada en participación en beneficios. Determinación de su cuantía en los estatutos sociales. Competencias de la Junta general.

El  sistema de retribución de los administradores de las sociedades de capital debe estar claramente establecido en estatutos, para destruir la presunción de gratuidad, y para que no quede a la voluntad de la Junta general la elección o la opción entre los distintos sistemas retributivos, cumulativos (no alternativos).

  • Cuando la retribuci√≥n tenga como base una participaci√≥n en los beneficios es necesario que los propios estatutos la concreten con el l√≠mite m√°ximo del diez por ciento de los repartibles entre los socios
  • Cuando la retribuci√≥n no se base en una participaci√≥n en los beneficios, ser√° fijada para cada ejercicio por la Junta general.Esto no permite entender que corresponda a la Junta la determinaci√≥n del concreto sistema -sueldo, dietas, aportaciones a planes de pensiones, primas de seguros de vida, etc., en que la retribuci√≥n ha de consistir, sino tan solo la fijaci√≥n de la cuant√≠a concreta de la misma para el ejercicio correspondiente, pero siempre de acuerdo con el sistema o modalidad de retribuci√≥n previsto en los estatutos, y ello como garant√≠a tanto para los socios como para los propios administradores
  • Corresponde a la junta general y no a los propios administradores la competencia para fijar la cantidad exacta de la remuneraci√≥n, pero solo en los casos en que la modalidad retributiva prevista en los estatutos exija esa determinaci√≥n concreta.
  • Es l√≠cito que los estatutos como norma rectora de la estructura y funcionamiento de la sociedad que establezcan un sistema retributivo consistente en una cantidad concreta determinada: no solo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social escogido, sino que garantiza una mayor certidumbre y seguridad tanto para los socios actuales o futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribuci√≥n, en su aspecto cuantitativo concreto, depender√≠a de las concretas mayor√≠as que se formen en el seno de la junta general. (Resoluci√≥n de la Direcci√≥n General de los Registros y del Notariado, de 19 de febrero de 2015)