Congreso de Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo Los Deberes de los Administradores de las Sociedades de Capital

El Congreso Nacional de Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo abordar谩 en esta edici贸n 2021 el tema de 芦Los Deberes de los Administradores禄.

11 y 12 noviembre 2021. Presencial y online

 

Dirigido por los Magistrados especialistas en lo Mercantil por el CGPJ, la Profesora Asociada de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcal谩 Amanda Cohen Benchetrit y聽 D Alfonso Mu帽oz Paredes.

La edici贸n 2021 de 茅ste Congreso Nacional聽 cuenta en su Comit茅 Cient铆fico con juristas de primer铆simo nivel, tanto en la academia como en la judicatura y notariado, entre los que se que incluyen聽 los catedr谩ticos de Derecho Mercantil, Carmen聽 Alonso, C谩ndido Paz-Ares, 脕ngel Rojo, Jos茅 Massaguer,聽 Jos茅 Miguel Embid, Andr茅s Recalde, Juan S谩nchez-Calero, Javier Garc铆a De Enterr铆a, Antonio Roncero,聽 Reyes Pal谩, Javier Juste, Fernando Cerd谩 o Santiago Hierro.聽 La relevancia de la tem谩tica escogida en las ponencias ya anunciadas en el programa, la participaci贸n de los principales Despachos Jur铆dicos especializados en Derecho Societario聽 y el apoyo editorial de Revista de Derecho de Sociedades, Revista de Derecho Mercantil y Revista de Derecho Bancario y Burs谩til son algunos rasgos destacables que incitan, cuando menos a consultar el sitio Web (aqu铆) , para esta edici贸n

    • Sin 谩nimo de exhaustividad,聽 corresponde poner el valor que la tem谩tica objeto de an谩lisis en este Congreso Nacional incide en el n煤cleo de
      NYC

      problemas de Gobierno Corporativo y administraci贸n societaria: Deber de lealtad, inter茅s social y retribuci贸n de administradores; Inter茅s social y de la Empresa; Tutela de acreedores; responsabilidad de administradores en sus distintas perspectivas (sin olvidar la procesal) son s贸lo algunas de las cuestiones que ser谩n objeto de debate.

  • Destacamos tambi茅n, que con la inscripci贸n se facilitar谩 el acceso electr贸nico聽 a dos obras fundamentales de nuestra doctrina en materia de Derecho Societario y de Grupos; y Retribuci贸n de Consejeros; y聽 tambi茅n el acceso con precio reducido a todo el cat谩logo de e-learning de la casa editorial Aranzadi.
  • La actual edici贸n del Congreso Nacional de Derecho De Sociedades y Gobierno Corporativo est谩 abierto ya abierta a inscripciones (con cuota especial para Profesores universitarios).
  • En breve se dar谩 la informaci贸n relativa a la presentaci贸n聽 de Comunicaciones y su edici贸n.

 

Felicitamos a los organizadores por esta iniciativa que promete ser un hito en las actividades del mercantilismo y derecho societario patrio.

Junta General electr贸nica en sociedades no cotizadas y el RDL 11/2020. Algunas cuestiones (COVID-19. Derecho de Sociedades. IV)

La Disposici贸n final 1 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo modifica parcialmente el art 40 del Real Decreto Ley 8/2020, que coment谩bamos aqu铆聽 聽por haber adaptado, a su vez, el funcionamiento de los 贸rganos de direcci贸n de determinadas personas jur铆dicas, entre otras de las sociedades de capital, a la crisis del COVID19 .

Resoluci贸n de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci贸n del Acuerdo de convalidaci贸n del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 谩mbito social y econ贸mico para hacer frente al COVID-19.

La reforma que entr贸 en vigor el 02.04.2020 es de inter茅s y utilidad, y adem谩s suscita algunas dudas interpretativas, seguramente propias de la normativa aprobada en las presentes circunstancias de alarma.

Junta general a distancia.聽
Semana Santa, encuentro. Cortes铆a TurisLe贸n, v铆a H茅ctorLSu谩rezP茅rez

El RDL11/2020 a帽ade un segundo p谩rrafo al art. 40.1 RDL 8/2020 en virtud del cual , ahora ya expl铆citamente, no s贸lo los 贸rganos de administraci贸n de las personas jur铆dicas afectadas, incluyendo las SL y SA no cotizadas,聽 sino tambi茅n las juntas generales y 贸rganos asamblearios en otras personas jur铆dicas afectadas pueden realizarse enteramente a distancia o por medios electr贸nicos (videoconferencia o por llamada telef贸nica m煤ltiple) durante el periodo de alarma聽 鈥Aunque los estatutos no lo hubieran previsto,….禄聽

La flexibilidad reconocida聽 en el Real Decreto Ley 11/2020 que modifica el art 40.1 del RDL 8/2020 en un estado de alarma como el actual resulta en conjunto positiva. Pero, de cara a una permanencia de estas medidas, que al menos en parte podr铆an resultar de utilidad pr谩ctica, cabr铆a clarificar algunas cuestiones.

  • Exigencias de legalidad de聽 la JG a distancia.聽Las exigencias para poder celebrar juntas enteramente a distancia (por multiconferencia telef贸nica o por videoconferencia) 聽actualmente, es decir durante el periodo de alarma y desde el 2 de abril de 2020 son, en t茅rminos casi literales:
    • que todas las personas que tuvieren derecho de asistencia o quienes los representen聽dispongan de los medios necesarios para conectarse
    • que el secretario reconozca la identidad de aquellos con derecho a asistencia y de sus representantes, y 聽as铆 lo exprese en 聽acta,
    • que el secretario remita de inmediato a las direcciones de correo electr贸nico de cada uno de los concurrentes su reconocimiento de la identidad de los concurrentes
Catedral de Le贸n by M.A. D铆az

Estas exigencias incluyen impl铆citamente, parecer铆a, varios otros requisitos previos y posteriores, cuanto menos de car谩cter聽 organizativo:

  • Por un lado, que adem谩s de poder conectarse los socios, representantes y otros legitimados para asistir a la JG, todos ellos cuenten con unos medios de conexi贸n seguros y con una m铆nima calidad t茅cnica que garantice el seguimiento de la reuni贸n audiovisual o telef贸nica. Surgir铆an aqu铆 cuestiones susceptibles de entorpecer la convocatoria como resultado de la voluntad, o ausencia de voluntad de los socios (como por ejemplo el supuesto de alg煤n socio que queriendo retrasar la convocatoria no comunica su correo o tel茅fono, o lo desconecta, o causa baja), situaciones que, sin perjuicio de su calificaci贸n y consecuencias, no resultan impensables y que quiz谩s merecer铆an atenci贸n m谩s detallada, de lege ferenda o cuando menos en futuras reformas estatutarias, incluidas reformas en los formularios de estatutos tipo.(en esta otra entradilla, aunque en relaci贸n con cotizadas de EEUU ve铆amos c贸mo la pr谩ctica de JG virtuales no es siempre bien recibida)
  • Que la posibilidad de conexi贸n no s贸lo exista, sino que sea conocida por el secretario y el 贸rgano de administraci贸n convocante en su conjunto, y tenga un m铆nimo de calidad t茅cnica y de seguridad.

Parecer铆a lo m谩s l贸gico que, para cumplir con las exigencias mencionadas, al menos en sociedades peque帽as, o que no se apoyan habitualmente en medios electr贸nicos seguros para su gobernanza, 聽implicar谩 tareas adicionales cuanto menos del secretario del consejo si lo hubiera, o聽 en todo caso, del 贸rgano convocante. En apoyo de estos procesos preparativos (ya sea de la convocatoria o ya sea directamente de la celebraci贸n,聽 corresponder铆a un acuerdo previo 聽habilitador (o al menos organizador) del 贸rgano de administraci贸n que impulsa la convocatoria y en 煤ltimo t茅rmino es responsable de ella:.

  • Sin perjuicio de lo anterior, el secretario deber谩 adoptar,聽 antes de la celebraci贸n, dir铆amos, cuando menos unas medidas razonables de diligencia a efectos del reconocimiento de la identidad de las personas con derecho de asistencia y de sus medios t茅cnicos de conexi贸n, de cara a la redacci贸n de la lista de asistentes. N贸tese que con la articulaci贸n de estos medios, hoy extraordinarios en nuestro ordenamiento, se est谩 afectando a derechos tanto de car谩cter pol铆tico y representativo, como de naturaleza econ贸mica de los socios. Y, en estos tiempos de escasa estabilidad en los que muchas entidades deber谩n reformular cuentas, retrasar aplicaciones de resultados, por mencionar algunas de las incidencias que veremos estos d铆as, 聽la posibilidad de error o de conflicto no hacen sino aumentar. Pensemos, por ejemplo en el caso de problemas adicionales en un supuesto de representaci贸n general preconcedida, pese a la que聽 el socio que finalmente decide asistir; procesos de transmisi贸n mortis causa聽 y similares, etc. En conjunto,聽 la gobernanza en los tr谩mites previos a la JG a distancia exigen聽 una diligencia espec铆fica del consejo, y del secretario.
  • En cuando al secretario de la JG, convendr铆a que tuviese deber谩 adem谩s contar con los correos electr贸nicos de los concurrentes (para la posterior comunicaci贸n). Y aqu铆 volvemos a encontrar la posibilidad de que se produzcan ya sean errores o sean conductas de obstrucci贸n como ya se dijo, que en todo caso habr铆a que prever y procurar evitar.
  • Los medios para comunicar la convocatoria, el cumplimiento de la notificaci贸n del secretario, o de las comunicaciones previas a la celebraci贸n sobre los 鈥渕edios necesarios para conectarse鈥 , o la propia seguridad de esos medios no son objeto de atenci贸n en el RDL.聽 Deber谩 entenderse que se exigen unos requisitos m铆nimos de seguridad, certeza, estabilidad de las comunicaciones; pero el est谩ndar de estos t茅rminos jur铆dicamente indeterminados no consta en la norma. Ni tampoco aparecen los medios de prueba en relaci贸n con tales comunicaciones y medios, por lo que servir谩 cualquier medio de prueba aceptado en derecho, aunque quiz谩s ser铆a recomendable al menos alg煤n tipo de acreditaci贸n fehaciente del env铆o del mensaje electr贸nico de la convocatoria o por el acuse de recibo del socio (en los t茅rminos empleados por el legislador en el art 446 LSC respecto de la convocatoria de JG en la SLNE).

Tiempos en la preparaci贸n de la Junta General a distancia. Una pregunta que podr铆a surgir es si estas mencionadas tareas (la identificaci贸n, la verificaci贸n de medios electr贸nicos, de correos de remisi贸n) deben realizarse necesariamente antes de la publicaci贸n de la convocatoria, o si cabr铆a realizarse con posterioridad a publicar la convocatoria y antes de su celebraci贸n.

  • La primera opci贸n puede resultar m谩s prudente a efectos de seguridad y viabilidad de la convocatoria de la JG a distancia y a efectos de evitar futuras impugnaciones. Pero puede resultar dif铆cil de realizar, salvo en supuestos de personas jur铆dicas con un n煤mero muy reducido de socios,聽 o en aquellas que cuenten ya con medios de comunicaci贸n electr贸nica con los accionistas (porque 茅stos ya hayan accedido estatutariamente a las comunicaciones por medios electr贸nicos, o cuenten con una web oficial que incorpore foros u otros mecanismos que garanticen la comunicaci贸n electr贸nica con los socios, etc.). 聽Esta opci贸n intensifica adem谩s una cuesti贸n de derecho transitorio 聽y es que, la necesidad de obtener los datos y聽 de realizar las verificaciones indicadas puede conducir, especialmente en la SA, a que de hecho, la JG a distancia se celebre despu茅s de superado el estado de alarma. Es de esperar que nuestro legislador excepcional tenga estas circunstancias en cuenta al efecto de mantener la聽 validez de la JG convocada al amparo de la reforma del RDL 11/2020 y evite el recurso interpretativo doctrinal.
  • La segunda, conlleva otros peligros que se materializar铆an una vez publicada la convocatoria. As铆, el riesgo de no poder obtener algunos de los correos, o de no poder proceder con certeza a identificaci贸n (por ejemplo por errores o porque un socio se desconecte antes de haber dado su correo,聽 etc.) lo que podr铆a llegar a tener consecuencias sobre validez, mayor铆as,y qu贸rum (y por tanto efectos conforme al art 204.3,-a- LSC) e incluso de exigencias de responsabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo resulta relativamente m谩s realista en el sentido de que nos encontramos, en principio, en un procedimiento de regulaci贸n transitoria y vigencia presumiblemente corta que no tendr铆a porque prorrogarse, al menos en sus t茅rminos literales. En virtud de este 煤ltimo razonamiento, por ejemplo, en una convocatoria JG a distancia para una SL 鈥損or los plazos legales m谩s reducidos para convocar- , el poder realizar las verificaciones despu茅s de publicada la convocatoria facilitar铆a la celebraci贸n dentro de un posible estado de alarma es decir dentro del previsible periodo de vigencia de los RRDDL.
  • Relacionado con estas preparaciones, el RDL parece dejar en suspenso impl铆citamente lo dispuesto en el art 11 bis LSC, como ya ha expresado el Profesor Farrando de Miguel para Almac茅n de Derecho:聽 La nueva regulaci贸n presenta convocatorias, posibilitadas incluso en sociedades que carecen de web oficial o estatutaria en el sentido del art 11 bis LSC, ya que como vienen subrayando los mencionados RRDDL, estamos ante medidas legales en un estado de alerta declarado que se aplican por encima de, y sin perjuicio de lo establecido en los estatutos sociales.
  • Nada se dice de juntas en cuya convocatoria interviene el Registrador mercantil o el Letrado de la Administraci贸n de justicia a instancia de la minor铆a

Celebraci贸n y acta.聽Una de las obligaciones del secretario es la de verificar聽 la identidad de los concurrentes por videoconferencia o multi-llamada y hacerlo constar en acta:

B贸veda. Catedral de Le贸n
  • De cara a la elaboraci贸n de la lista de asistentes y constituci贸n del 贸rgano, ya ha puesto de manifiesto nuestra mejor doctrina que聽 en el supuesto, de que 聽la JG no cuente con un secretario, por ejemplo en sociedades sin consejo en o en supuestos en los que los asistentes no nombren secretario conforme al art聽 191 LSC, corresponder铆a el reconocimiento y la constancia en acta al presidente de la JG. Como tambi茅n recuerda la misma fuente que la certificaci贸n sobre identidad no sustituye a la declaraci贸n de v谩lida constituci贸n de la JG que deber谩 realizar el Presidente de la JG, incorporando, debe 聽entenderse, constancia de la verificaci贸n por parte del secretario sobre la identidad de los asistentes y representados y sobre la viabilidad de los medios t茅cnicos de conexi贸n. Tales t茅rminos se a帽adir谩n creer铆amos a la lista de asistentes (socios, representados, otros legitimados ).
  • Por lo que respecta a la participaci贸n y voto, resulta aplicable lo establecido en los arts 189.2 LSC (y a帽adiendo la seguridad el 521 LSC), dejando a salvo de que precisamente el RDL 11/2020 se aprueba para聽 supuestos en los que no existe previsi贸n estatutaria.
  • En cuanto a la comunicaci贸n, a posteriori 聽que debe realizar el secretario a los concurrentes en聽 la JG, tambi茅n surgen algunas dudas interpretativas, que una posible reforma, quiz谩s ya en la LSC de lege ferenda 聽ayudar铆a a aclarar:
    • La expresi贸n 鈥渕edios necesarios para conectarse鈥 plantear铆a abundantes preguntas. Parece l贸gico que la exigencia no consiste s贸lo en una conexi贸n, sino de 茅sta cumpla un m铆nimo de requisitos t茅cnicos. Pero adem谩s, 驴qui茅n debe certificar que existen esos medios? 驴ser铆a suficiente una declaraci贸n de los llamados a concurrir o se debe exigir alguna otra verificaci贸n en sentido t茅cnico? La cuesti贸n no es balad铆, ni por sus consecuencias sobre la responsabilidad del secretario, ni sobre la v谩lida constituci贸n de la JG
    • En cuanto a la verificaci贸n de identidades electr贸nicas o telef贸nicas, puede entenderse que se realiza en el acta de la JG. Pero tambi茅n, cabe interpretar que se trata de un acta distinta, de la que se deba tomar constancia a los efectos de lista de asistentes y constituci贸n de la JG primero; y de acta de la JG, despu茅s. O, al menos de una secci贸n del acta de la JG – en el sentido del art 198 RRM para la lista de asistentes- susceptible de comunicaci贸n independiente para, con sus formalidades, dar cumplimiento a la notificaci贸n a los concurrentes por correo electr贸nico incluso si el propio acta de la JG se comunicase despu茅s.
    • El acta de verificaci贸n de identidades se debe remitir de inmediato a los concurrentes. Y en la definici贸n de esa inmediatez podr铆an surgir tambi茅n otras dudas que seguramente se resolver铆an por la v铆a interpretativa de que, sea cual sea la v铆a de firma del acta, deber谩 procurarse una rapidez superior a la exigible en otras circunstancias, por ejemplo, sin consumir los 15 d铆as facultativos y m谩ximos del art 202.2 LSC, o remitiendo cuanto antes el acta notarial del art 203 LSC. En todo caso, a efectos del acta de la JG聽 ser谩 de aplicaci贸n el art 100 del Reglamento del Registro Mercantil.

Juntas postpuestas y revocadas A diferencia de los que ocurre para las JG de Sociedades Cotizadas, aqui no聽se aborda directamente la posibilidad de que las JG ya convocadas se puedan revocar para sustituir聽 la celebraci贸n presencial por una celebraci贸n a distancia con el mismo orden del d铆a. Ni que la posibilidad de retraso (que si se contempla en ambos RRDL) se acompa帽e聽 de otra convocatoria distinta de JG electr贸nica con聽 un orden del d铆a distinto.

  • El apartado 6 de la redacci贸n del art 40 del RDL 8/2020 establece que si la JG se hubiera publicado antes del 16 de marzo 2020 y su celebraci贸n estuviera prevista para despu茅s declarado el estado de alarma, el 贸rgano de administraci贸n puede cambiar la hora y la fecha de la reuni贸n. En principio se tratar谩 de un retraso en la celebraci贸n, o de un nuevo local para la reuni贸n. Pero no se indica expresamente que ese 鈥渓ugar鈥 pueda ser electr贸nico. No resulta descabellado aceptar esta posibilidad, pero tampoco lo es que en entornos litigiosos donde abunden las disputas, el cambio pueda verse obstaculizado聽 por socios, o fundamentar futuros intentos de impugnaci贸n, con mayor o menor fortuna en cuanto a sus resultados.
  • El mismo apartado 6聽 a帽ade ahora聽 la posibilidad de que los administradores revoquen el acuerdo de convocatoria (public谩ndolo as铆 en ambos casos de cambio o de revocaci贸n), con 48 horas de antelaci贸n a la fecha prevista de su celebraci贸n, en la p谩gina web de la sociedad o, en su defecto, en el BOE; y en este caso con la obligaci贸n de convocar de nuevo dentro del mes siguiente a la finalizaci贸n de la alarma declarada.聽 Ahora bien, revocada una JG que deba ser convocada de nuevo despu茅s del estado de alarma, 驴puede celebrarse una JG a distancia (intermedia) con el mismo o con distinto orden del d铆a?.
      • En relaci贸n con una聽 convocatoria para JG electr贸nica 鈥 en principio extraordinaria por las fechas en las que nos encontramos- en fecha intermedia y con otro orden del d铆a distinto de la cancelada, no parece que exista inconveniente. Especialmente porque el nuevo art 6 bis menciona expresamente la posibilidad de convocar JG durante el estado de alarma
      • Sin embargo,聽 se echa mucho de menos una redacci贸n m谩s expl铆cita del precepto sobre la posibilidad de que el 贸rgano de administraci贸n sustituya la junta revocada por otra a distancia con el mismo orden del d铆a.(recu茅rdese que el apartado 6 impone la convocatoria de JGO revocada), transformando incluso en alg煤n caso la convocatoria revocada (que hubiera sido JGO, por las fechas) en una JGE (por celebrarse la ordinaria en el periodo de alarma en modo a distancia) en la que quiz谩s si se podr铆a remitir la reformulaci贸n de propuesta de aplicaci贸n de resultados, o las cuentas cuando hayan sido reformuladas en su conjunto.

Cuentas, auditor铆a 聽y sustituci贸n de la aplicaci贸n de resultados Con la reforma del RDL 11/2020, el art. 40.3 RDL 8/2020 a帽ade a su redacci贸n inicial que podr谩n formularse cuentas durante el estado de alarma, as铆 como procederse a su auditor铆a obligatoria (o ahora tambi茅n voluntaria) 聽en el plazo normal de un mes del art 270 LSC, o en plazo el ampliado 聽de dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma (art 40,4 RDL modificado por RDL 11/2020).

En cuanto a los cambios en la aplicaci贸n de resultados, el nuevo art 6 bis establece聽 la obligatoriedad de un escrito de auditor铆a y distingue dos situaciones, en linea con el comunicado conjunto de la CNMV y el聽 Colegio de Registradores del que nos hac铆amos eco:

  1. que聽 las sociedades mercantiles que ya hayan sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir del 1 abril 2020. En este caso pueden sustituir la propuesta de aplicaci贸n del resultado por otra propuesta, pero, el 贸rgano de administraci贸n lo deber谩 justificar con base a la situaci贸n creada por el COVID-19 y deber谩 tambi茅n acompa帽arse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habr铆a modificado su opini贸n de auditor铆a si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta. Impl铆citamente, este supuesto supone que ya exist铆a un informe de auditor铆a sobre las cuentas formuladas, pues el precepto alude a un simple 芦escrito禄 y no a un nuevo informe de verificaci贸n.
  2. que las sociedades tuvieran ya 聽JGO聽 convocada, en cuyo caso, el 贸rgano de administraci贸n podr谩 retirar del orden del d铆a la propuesta de aplicaci贸n del resultado y someter una nueva a la aprobaci贸n de otra JG, dentro del plazo legalmente previsto para la celebraci贸n de la junta general ordinaria
    • ese plazo ser铆a el m谩ximo de聽 los tres meses posteriores al estado de alarma que prescribe el mismo RDL .
    • esa informaci贸n debe publicarse antes de la JG ya convocada y -como novedad- acompa帽谩ndola de un escrito del auditores en los t茅rminos ya mencionados.
    • se entiende que en las JG que no se postpongan ni se revoquen sino que 煤nicamente se sustituya la propuesta de aplicaci贸n, la certificaci贸n del 贸rgano de administraci贸n a efectos del dep贸sito de cuentas se limitar谩, en su caso, a la aprobaci贸n de las cuentas anuales, present谩ndose posteriormente en el Registro Mercantil certificaci贸n complementaria relativa a la aprobaci贸n de la propuesta de aplicaci贸n del resultado.
Catedral de Le贸n by M.A. D铆az
Catedral de Le贸n by M.A. D铆az

Junta Universal.聽Los RRDDL, tambi茅n sugieren alguna reflexi贸n en relaci贸n con la posibilidad de JG Universal celebrada por medios electr贸nicos. No cabe duda, conforme al art 40.1 segundo p谩rrafo redactado por el RDL 11/2020 de que si concurren todos los socios, lo que suceder谩 聽con toda probabilidad s贸lo en una sociedad de pocos socios, el tr谩mite de identificaci贸n y verificaci贸n del secretario, as铆 como su reflejo en acta y comunicaci贸n, son viables. A煤n en ausencia de convocatoria formal en los t茅rminos de la LSC, convendr谩 realizar los preparativos previos para la reuni贸n electr贸nica y entendemos que la JGU podr谩 celebrarse.

M谩s sobre este tema:

Traslado de domicilio social dentro del territorio espa帽ol. Apunte e impresiones a vuelapluma, a prop贸sito del Real Decreto Ley 15/2017

La reforma del art铆culo 285.2 LSC y los聽anunciados traslados desde la CA Catalana a otras CCAA dan pie a esta reflexi贸n a la espera de si se formulan (y de c贸mo se resuelvan en la practica) las incidencias que quiz谩s puedan tener lugar.

 

El聽Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores econ贸micos dentro del territorio nacional realiza, en palabra de sus redactores, una clarificaci贸n del contenido del art铆culo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital聽tras su reforma mediante 聽la disposici贸n final 1 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo: 禄聽2. Por excepci贸n a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposici贸n contraria de los estatutos, el 贸rgano de administraci贸n ser谩 competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional禄.聽

Conocemos un primer comentario del Real Decreto ley, a cargo de Fernando Gom谩 Lanz贸n聽y otro del Doctor Jos茅 Mar铆a L贸pez

Santiago de Compostela.聽 Semblanza desde la Alameda

El legislador de 2015 hab铆a introducido una norma especial en la regulaci贸n de las modificaciones estatutarias y de cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, muy bien recogida por el Prof L Cazorla. Frente a la regla general que atribuye competencias a la Junta General para la modificaci贸n estatutaria, se introduc铆a la posibilidad de cambio de domicilio en Espa帽a dentro de las competencias ejecutivas del 贸rgano de administraci贸n.

Algunas de las perspectivas de aquella reforma de 2015 fueron objeto de 煤tiles comentarios doctrinales, por ejemplo del Profesor Jes煤s Alfaro (aqu铆, aqu铆, aqu铆, aqu铆), o del Profesor Miquel, o de los Profesores Francisco Javier Arias Varona y Alina Martiniva en la Revista de Sociedades. ;聽En muchos casos se vert铆an concretamente al hilo de la聽RDGRN de 30 de marzo de 2016聽, o de forma m谩s general en relaci贸n con la interpretaci贸n de la atribuci贸n competencial expresa, literal o por referencia a la ley en los Estatutos sociales.

La聽redacci贸n del art铆culo 282.5 LSC que deriva del聽Real Decreto Ley 15/2017 viene a aclarar algunas dudas de abogados, registradores y profesores al atribuir la competencia sobre el cambio de domicilio dentro de Espa帽a, expresamente y de modo originario, al 贸rgano de administraci贸n. Tal atribuci贸n opera desde el d铆a 7 de octubre de 2017. S贸lo puede evitarse mediante prohibici贸n o disposici贸n contraria en los estatutos. Y lo que es m谩s, en virtud de la DT 煤nica de este Real Decreto- Ley聽鈥渟e entender谩 que hay disposici贸n contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificaci贸n estatutaria que expresamente declare que el 贸rgano de administraci贸n no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional鈥. Es decir, en aquellas sociedades cuyos Estatutos incluyesen hasta ahora una atribuci贸n espec铆fica a la Junta, o excluyesen expresamente al 贸rgano de administraci贸n, la competencia tambi茅n recae ahora sobre los administradores. Para revertir la competencia deber谩n manifestarse expresamente los accionistas, mediante la aprobaci贸n de una nueva disposici贸n estatutaria posterior al 7 de octubre de 2017. S贸lo as铆 se puede eliminar la competencia que el Real Decreto Ley acaba de atribuir al 贸rgano de administraci贸n.

驴Qu茅 efectos tendr谩, previsiblemente, la reforma de 2017 sobre la implantaci贸n real de las sociedades en unos u en otros municipios, y sobre la interpretaci贸n de los deberes de los administradores y consejeros?,聽impresiones a vuelapluma聽

Como es sabido, el apartado 1 del art铆culo 9 de la LSC establece que las聽sociedades de capital fijar谩n su domicilio dentro del territorio espa帽ol en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administraci贸n y direcci贸n, o en el que radique su principal establecimiento o explotaci贸n. A帽ade el art铆culo 10 del mismo cuerpo legal聽 que en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que corresponder铆a seg煤n el art铆culo anterior, los terceros podr谩n considerar como domicilio cualquiera de ellos. 聽En efecto, seg煤n se ha se帽alado聽lo relevante para una sociedad no es s贸lo que exista un domicilio, al ser una menci贸n estatutaria obligatoria, sino tambi茅n que ese domicilio sea real en el sentido de que se corresponda con el centro efectivo de la actividad social, bien porque all铆 radique su efectiva administraci贸n o direcci贸n, o bien porque se encuentre su principal establecimiento.聽Aun cuando la situaci贸n normal sea que el domicilio social coincida con el efectivo domicilio real de la empresa en el sentido visto, puede no darse esta coincidencia( v茅ase, entre otros, el auto TS, S Civil, ss 1,聽Auto de 27 abril 2016).

Sin embargo, las聽operaciones de traslado plantean cuestiones diversas. Incluso si la entidad que decida efectuar el traslado disocia el domicilio social de la sede real o de administraci贸n, surgir谩n consecuencias. Algunas,聽como las derivadas de la aplicaci贸n del art铆culo 19 del Reglamento del Registro Mercantil聽 en relaci贸n con el dep贸sito de cuentas cuando ha mediado un traslado han sido objeto de RRDGRN聽 y聽 de comentarios (por ejemplo del Profesor S Calero, o en esta entradilla DerMerUle). Otras, tienen que ver con la celebraci贸n de la Junta General, ya que el art铆culo 175 LSC, establece que salvo disposici贸n contraria de los estatutos, la junta general se celebrar谩 en el t茅rmino municipal donde la sociedad tenga su domicilio,聽 y por lo tanto el incumplimiento puede llegar a conllevar la nulidad de la Junta (v茅ase la SAP M谩laga, Sentencia n煤m. 838/2015 de 28 diciembre).

No corresponde aqu铆 detallar minuciosamente todas estas consecuencias del traslado de domicilio. Ni tampoco las relativas a la (tambi茅n posible) disociaci贸n entre domicilio social y fiscal como excepci贸n a lo establecido en el art铆culo 48 de la Ley General Tributaria. Vamos a plantear m谩s bien alguna pregunta relativa a las posibles consecuencias o incidencias de esta nueva atribuci贸n del 贸rgano de administraci贸n de las sociedades en nuestro pa铆s. Subrayemos que, lejos de la excepcionalidad extrema que alguno pueda querer ver,聽 la nueva competencia no viene sino a ampliar la que (dentro de un mismo municipio) ya ten铆an los administradores sociales desde 1956. El聽art铆culo 105 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956 dispuso que no tendr铆a car谩cter de modificaci贸n estatutaria聽…, el traslado del domicilio de la sociedad 芦dentro de la misma poblaci贸n, salvo pacto estatutario en contrario禄,聽el art铆culo 149 del texto refundido de la Ley de Sociedades An贸nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre atribuy贸 a los administradores, salvo disposici贸n contraria de los estatutos, la facultad de acordar el traslado de domicilio dentro del mismo t茅rmino municipal, si bien as铆 deb铆a constar en escritura p煤blica y en la correspondiente inscripci贸n en el Registro Mercantil.

Con todo,聽pese a que jur铆dicamente no estamos ante una atribuci贸n desorbitada, en virtud de聽 las circunstancias concurrentes en Espa帽a en el momento de la aprobaci贸n del Real Decreto Ley (aunque no exclusivamente por ese motivo) cabe imaginar alg煤n potencial conflicto societario derivado del nuevo 谩mbito de decisiones y de ejecuci贸n del 贸rgano de administraci贸n

Cant谩brico (Asturias)
  • Por un lado cabe preguntarse si ir谩n siempre acompa帽ados los traslados estatutarios o registrales de mudanzas reales en las sedes聽 o en los lugares de administraci贸n central de las sociedades, o si por el contrario veremos m谩s discordancias entre unos y otros. O incluso, si las sociedades mantendr谩n su sedes de administraci贸n real, trasladando exclusivamente las reuniones de sus 贸rganos al nuevo domicilio.
  • Adem谩s, y acompa帽ando a聽los debates p煤blicos y privados que se est谩n produciendo, y que se suceder谩n con mucha probabilidad, intriga saber si veremos un incremento en la conflictividad societaria, por ejemplo mediante聽impugnaciones del acuerdo de traslado por parte de administradores que no lo hubieran apoyado, o por parte de聽 accionistas. La impugnaci贸n de acuerdos es un derecho, y puede llegar a ser un deber. Pero, su ejercicio conforme a criterios o siguiendo motivaciones aleatorias o esp煤reas representa un riesgo de consecuencias dif铆ciles de prever. Recordemos en este punto que algunas de las entidades que estos d铆as anuncian el cambio de domicilio tiene fuertes lazos con entes y administraciones p煤blicas (por tanto, que no son del todo ajenas a las pol铆ticas p煤blicas). Y,聽 que la inversi贸n efectuada por inversores institucionales, incluidos los fondos soberanos puede perfectamente responder a intereses muy distintos de los de la administraci贸n, accionistas de largo plazo, o sociedad. Seg煤n el art铆culo 251 LSC聽1. Los administradores podr谩n impugnar los acuerdos del consejo de administraci贸n , … Igualmente podr谩n impugnar tales acuerdos los socios que representen un uno por ciento del聽capital聽social,… Es sabido que dentro de las causas de impugnaci贸n, hay alguna sujeta a fuertes dosis de subjetividad y que son de聽dif铆cil concreci贸n a priori como es el caso de la causa de impugnaci贸n por de聽lesi贸n del inter茅s social que, en los t茅rminos del art铆culo 204 LSC ni siquiera exige la materializaci贸n de da帽os al patrimonio social.聽
  • En una l铆nea semejante, cabe cuestionarse si se la nueva atribuci贸n legal de competencias es susceptible de incrementar las聽acciones de responsabilidad contra los administradores.聽De as铆 ocurrir, por ejemplo en estos primeros momentos despu茅s de la aprobaci贸n del Real Decreto-Ley (pero no exclusivamente en esos instantes), muy posiblemente estos se defender谩n justificando su actuaci贸n en el deber legal de diligencia y en que actuaron conforme a lo que a su juicio exig铆a el art铆culo 225.2 LSC.聽聽Los administradores deber谩n tener la dedicaci贸n adecuada y adoptar谩n las medidas precisas para la buena direcci贸n y el control de la sociedad. Concretamente (aunque no exclusivamente)en el caso de las sociedades que estos d铆as anuncian su traslado desde Catalu帽a a diversos municipios de otras Comunidades Aut贸nomas a la luz de los acontecimientos de octubre de 2017, habr谩 que ver y leer las diversas interpretaciones del inter茅s social que unos y otros aporten, en caso de formularse formalmente tales cuestiones.
  • Situaciones como el posible ejercicio abusivo de la competencia, costes del traslado,聽 negocios jur铆dicos sobre las sedes antigua o nueva, entre otros, son susceptibles de dar lugar a trabajo jur铆dico futuro.

Estaremos atentas a comentarios que se ir谩n produciendo estos d铆as, para incorporarlos dentro de lo posible a esta entradilla

Post scriptum, sobre este tema:

Casa da Parra. Santiago.

Interconexi贸n de registros mercantiles. Clarificaci贸n de su aplicaci贸n en Espa帽a mediante instrucci贸n de la DGRN.

La Directiva 2012/17/UE establece un sistema de interconexi贸n de registros mercantiles de los Estados miembros de la Uni贸n Europea. T茅cnicamente se apoya en el Portal de justicia en red europea, 聽en la Plataforma central europea y en los registros mercantiles nacionales. Est谩 destinada a dar publicidad 聽a los datos y a los documentos de los registros mercantiles de los Estados de la Uni贸n Europea. Tambi茅n a hacer realidad la la comunicaci贸n entre registros y, a聽coordinar la informaci贸n relevante en materias afectadas por la legislaci贸n societaria armonizada ( como la publicidad de matrices y sucursales; o las fusiones transfronterizas).

 

Por su parte, el art 17.5 del C贸digo de Comercio incorporado 聽mediante la disposici贸n final primera de la Ley 19/2015, establece 芦El Registro Mercantil asegurar谩 la interconexi贸n con la plataforma central europea en la forma que se determine por las normas de la Uni贸n Europea y las normas reglamentarias que las desarrollen. El intercambio de informaci贸n a trav茅s del sistema de interconexi贸n facilitar谩 a los interesados la obtenci贸n de informaci贸n sobre las indicaciones referentes a nombre y forma jur铆dica de la sociedad, su domicilio social, el Estado miembro en el que estuviera registrada y su n煤mero de registro.禄禄

Dando cumplimiento a los plazos de ejecuci贸n de la Directiva 2012/12/UE la聽Instrucci贸n de 9 de mayo de 2017, de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado, sobre interconexi贸n de los registros mercantiles.聽clarifica los documentos a los que afecta la interconexi贸n as铆 como la interconexi贸n relativa a datos de sociedades matrices con sucursales en otros Estados miembros de la UE; y la relativa a datos de sucursales de sociedades de otros Estados miembros y a fusiones transfronterizas.聽Consecuencia de la interconexi贸n, las sociedades tendr谩n un c贸digo identificativo 煤nico que en el caso de Espa帽a estar谩 compuesto por los elementos siguientes:
  • prefijo del pa铆s (ES);

    Calle Escalerillas, Le贸n. By Ricardo Castellanos Blanco
  • c贸digo del Registro Mercantil seguido de un punto;
  • identificador 煤nico de sociedad o c贸digo de sujeto.

La informaci贸n que los聽Registros Mercantiles pondr谩n a disposici贸n del p煤blico, a trav茅s del sistema de interconexi贸n incluye los actos e indicaciones establecidos en el Art 2 de la Directiva 2009/101/CE (sustituida por la Directiva de consolidaci贸n en 2017) como escritura de constituci贸n y estatutos con sus modificaciones, el nombramiento y cese de administradores, cambios de domicilio, resoluci贸n judicial de nulidad, entre otras a cuya consulta remitimos. Tambi茅n los datos sobre sucursales como son su聽direcci贸n postal de la sucursal;聽actividades de la sucursal; el聽registro en el que el expediente haya sido abierto para la sociedad y su n煤mero de inscripci贸n en ese registro; la聽denominaci贸n y la forma de la sociedad as铆 como la denominaci贸n de la sucursal si esta 煤ltima no corresponde a la de la sociedad; el聽nombramiento, el cese en funciones, as铆 como la identidad de las personas que tengan poder para obligar a la sociedad frente a terceros y de representarla en juicio ya sea聽como 贸rgano de la sociedad legalmente previsto o como miembros de tal 贸rgano, o聽como聽representantes permanentes de la sociedad para la actividad de la sucursal, con indicaci贸n del contenido de sus poderes; entre otros.

Podr谩 disponerse gratuitamente de la informaci贸n relativa a nombre y forma jur铆dica de la sociedad, domicilio social de la sociedad y Estado miembro en el que est茅 registrada y n煤mero de registro.

Adem谩s de la simplificaci贸n en la puesta de informaci贸n a disposici贸n del p煤blico, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles establecer谩 un punto de acceso propio para el sistema de interconexi贸n de registros mercantiles.Y ciertos datos (de matrices con filiales en otro estado miembro, de sucursales de sociedades de otro estado y de fusiones transfronterizas, 聽se聽remitir谩 a la Plataforma Central Europea y se recibir谩 de la misma a trav茅s de la Sede Electr贸nica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa帽a

Nos encontramos culminado el proceso que se inici贸 en 2009, con la publicaci贸n de un Libro Verde en el que se exploraban opciones para mejorar el acceso a informaci贸n de las distintas empresas.

No hay derecho al olvido respecto a los datos personales que figuran en el Registro de Sociedades.

 

Colecci贸n de llaves, Monasterio cisterciense de Santa Mar铆a de Gradefes (Le贸n). By M.A. D铆az
聽El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) se ha pronunciado, en el contexto de un procedimiento prejudicial, sobre la cuesti贸n del derecho al olvido respecto a sociedades, se帽alando que no existe derecho al olvido respecto a los datos personales que figuran en el Registro de Sociedades, si bien con alguna matizaci贸n.
聽En efecto, el TJUE en la reciente sentencia de 9 de marzo de 2017, en el asunto Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce / Salvatore Manni, declara que no existe derecho al olvido respecto a los datos personales que figuran en el Registro de Sociedades. Con todo, efect煤a una puntualizaci贸n; a saber: que tras la expiraci贸n de un plazo suficientemente largo desde la liquidaci贸n de la sociedad de que se trate, los Estados miembros pueden establecer el acceso restringido de terceros a estos datos en casos excepcionales.

 

El caso que dio origen a la sentencia del Tribunal de Justicia, fue el siguiente: En 2007, D. Salvatore Manni, administrador 煤nico de una sociedad a la que se adjudic贸 un contrato para la construcci贸n de un complejo tur铆stico en Italia, interpuso una demanda contra la C谩mara de Comercio de Lecce. Y ello porque, en su opini贸n, los inmuebles de dicho complejo no se vend铆an porque en el Registro de Sociedades constaba que hab铆a sido administrador de otra sociedad, declarada en concurso de acreedores en 1992 y liquidada en 2005.

El Tribunale de Lecce (Tribunal de Lecce, Italia) orden贸 a la C谩mara de Comercio de Lecce que hiciera an贸nimos los datos que vinculaban al Sr. Manni con el procedimiento concursal de la primera sociedad y la conden贸 a indemnizar el perjuicio causado al Sr. Manni. La C谩mara de Comercio de Lecce plante贸 recurso de casaci贸n contra dicha sentencia ante la Corte Suprema di Cassazione (Tribunal de Casaci贸n italiano). En este contexto, la Corte Suprema di Cassazione plante贸 al TJUE varias cuestiones prejudiciales. En lo que aqu铆 interesa, lo que fundamentalmente se plantea a trav茅s de ellas es si la Directiva relativa a la protecci贸n de los datos de las personas f铆sicas de 24 de octubre de 1995, y la Directiva sobre la publicidad de los actos de las sociedades Directiva, de 9 de marzo de 1968 (Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garant铆as exigidas en los Estados miembros a las sociedades鈥 para proteger los intereses de socios y terceros en su versi贸n modificada por la Directiva de 15 de julio de 2003), se oponen a que cualquier persona pueda acceder, sin l铆mite en el tiempo, a los datos relativos a las personas f铆sicas que figuran en el Registro de Sociedades. En esencia, el tribunal remitente lo que desea saber, es si conforme a estas Directivas los Estados miembros pueden, o deben, permitir a determinadas personas f铆sicas que participan en sociedades solicitar a la autoridad responsable del registro de sociedades que limite, al expirar un plazo determinado tras la liquidaci贸n de la sociedad, y sobre la base de una apreciaci贸n caso por caso, el acceso por parte de terceros a los datos personales que les conciernen inscritos en dicho registro.

Lo que el TJUE deja bien claro en su sentencia es que, ante todo, la publicidad de los Registros de Sociedades tiene por objeto garantizar la seguridad jur铆dica en las relaciones entre las sociedades y los terceros y proteger, en particular, los intereses de los terceros en relaci贸n con las sociedades an贸nimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Y ello habida cuenta que estas sociedades 煤nicamente van a responder frente a los acreedores con su patrimonio social. En este sentido, manifiesta el Tribunal de Justicia que la publicidad registral ha de permitir a los terceros conocer los actos esenciales de la sociedad y algunos datos de la misma, particularmente la identidad de las personas que tienen el poder de obligarla.

Matiza tambi茅n el TJUE que pueden producirse situaciones en las que se necesita disponer de datos personales recogidos en el Registro de Sociedades incluso muchos a帽os despu茅s de que una empresa se haya liquidado. La justificaci贸n de ello la encuentra el Tribunal, por una parte, en que existen multitud de derechos y relaciones jur铆dicas que pueden vincular a una sociedad con actores en varios Estados miembros (aun tras su liquidaci贸n); 聽y, por otra parte, en que los plazos de prescripci贸n previstos por las diferentes normativas nacionales son muy heterog茅neos, de suerte que resulta imposible identificar un plazo 煤nico a cuya expiraci贸n haga que la inscripci贸n de estos datos en el Registro y su publicidad ya no sea necesaria.

As铆 las cosas, los Estados miembros no pueden garantizar a las personas f铆sicas -cuyos datos est谩n inscritos en el Registro de Sociedades- el derecho a obtener, tras un determinado plazo a contar desde la liquidaci贸n de la sociedad de que se trate, la supresi贸n de los datos personales que les conciernen.

El Tribunal de Justicia considera que esta injerencia en los derechos fundamentales de los interesados (concretamente, en el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protecci贸n de datos personales) no es desproporcionada. Y ello por dos motivos: 1潞) porque en el Registro de Sociedades s贸lo est谩 inscrito un n煤mero limitado de datos personales; y 2潞) porque est谩 justificado que las personas f铆sicas que deciden involucrarse en los intercambios econ贸micos mediante una sociedad an贸nima o una sociedad de responsabilidad limitada, algunas de esas personas incluso con poder de obligar a la empresa, est茅n obligadas a hacer p煤blicos los datos relativos a su identidad y a sus funciones. Y lo est谩 porque en estas sociedades el patrimonio social es la 煤nica garant铆a frente a terceros.

Sentado lo anterior, sin embargo, el Tribunal de Justicia no excluye que, en situaciones concretas, razones leg铆timas propias de la situaci贸n particular del interesado puedan justificar, excepcionalmente, que el acceso a los datos personales que le conciernen inscritos en el este tipo de Registros (Registro Central, Registro Mercantil o del Registro de Sociedades), al expirar un plazo suficientemente largo tras la liquidaci贸n de la sociedad en cuesti贸n, se limite permitiendo el acceso s贸lo a los terceros que justifiquen un inter茅s espec铆fico en su consulta. 聽Eso s铆, matiza que tal limitaci贸n del acceso a los datos personales habr谩 de efectuarse sobre la base de una apreciaci贸n caso por caso. Y se帽ala tambi茅n que incumbe a cada Estado miembro, y m谩s concretamente al legislador nacional, decidir si desea establecer esta limitaci贸n del acceso a los datos de dichas personas f铆sicas.

Ci帽茅ndonos al caso que nos ocupa, el Tribunal de Justicia resuelve que el hecho de que los inmuebles del complejo tur铆stico no se vendan debido a que los potenciales adquirentes de estos inmuebles tienen acceso a los datos del Sr. Manni recogidos en el Registro de Sociedades no sirve para justificar la limitaci贸n del acceso de terceros a estos datos. Y ello porque ha de considerarse concretamente el inter茅s leg铆timo de dichos terceros a disponer de esa informaci贸n.

Puede consultarse la sentencia aqu铆

No inscribible la cooptaci贸n de administradores sociales, mediando Juntas Generales anteriores. Ficha – apunte

La Resoluci贸n de 8 de febrero de 2017, de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Barcelona a inscribir el nombramiento de un administrador de una sociedad,

 

Astorga

Desestimando el recurso, 聽la DGRN resuelve que聽no es inscribible la designaci贸n de un administrador de una聽sociedad an贸nima cotizada por el sistema de cooptaci贸n cuando despu茅s de la fecha en que se produjo la vacante se han celebrado dos juntas generales.聽

芦La facultad que legalmente se atribuye al consejo de administraci贸n para el nombramiento de administradores por el sistema de cooptaci贸n se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad y perfecto funcionamiento de aquel 贸rgano 鈥揺n el n煤mero y forma previamente definidos por los estatutos o por los acuerdos de la junta general鈥 cuando se han producido vacantes en su seno. Tal facultad se encuentra revestida de un cierto car谩cter de excepcionalidad respecto de las reglas generales que atribuyen a la junta general la competencia para la elecci贸n de los administradores (cfr. art铆culo 214 de la Ley de Sociedades de Capital) y respecto de la duraci贸n del cargo, pues se extiende solo hasta que se re煤na la primera junta general (cfr. art铆culos 244, i.f., de la misma Ley, y 139 y 145.2 del Reglamento del Registro Mercantil), lo que demuestra el criterio restrictivo que debe presidir la interpretaci贸n y aplicaci贸n de las normas que regulan su ejercicio. 芦

 

Arintero y la Ba帽a

…, 芦cuando se produce una vacante en el 贸rgano colegiado de administraci贸n no existe una obligaci贸n legal por parte de la junta general de nombrar inmediatamente un administrador para cubrir dicha vacante, hecho que contrasta con la obligaci贸n que sobre la designaci贸n de administradores por el sistema de cooptaci贸n se impone a la primera junta general que se re煤na una vez producida tal nombramiento. Confirma esta interpretaci贸n el art铆culo 171 de la Ley de Sociedades de Capital que solo para el caso de muerte o cese de la mayor铆a de miembros del consejo de administraci贸n habilita a cualquier socio para instar la convocatoria judicial de junta, confirmando que el consejo no puede constituirse v谩lidamente (y, por ende, como ha quedado expuesto, no puede designarse administradores de la sociedad an贸nima por el sistema de cooptaci贸n), de modo que corresponde a los consejeros subsistentes tomar las medidas para evitarlo en ejercicio de su deber de diligente administraci贸n (art铆culos 167 y 225 de la Ley de Sociedades de Capital) y para evitar incurrir en responsabilidad para lo que el ordenamiento les dota de amplias facultades (art铆culo 171 segundo p谩rrafo de la misma Ley).禄

 

Nombramiento administradores SRL. RDGRN

Dest谩case laResoluci贸n de 8 de junio de 2016, de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III de Alicante a inscribir una escritura de constituci贸n de una sociedad de responsabilidad limitada. La DGRN聽estima el recurso y revoca la calificaci贸n impugnada.

El Art 233聽2.d) LSC聽establece que 聽en la SRL con m谩s de 2 administradores conjuntos聽el poder de representaci贸n se ejercer谩 mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos. En este caso,聽el registrador rechazaba la inscripci贸n 聽porque considera que la expresi贸n 芦el poder de representaci贸n se ejercer谩 mancomunadamente, al menos, por dos de ellos禄 es indeterminada, y聽que debe indicarse el n煤mero concreto de administradores a quienes corresponder谩 el ejercicio de dicho poder. Adem谩s del resto de consideraciones del 贸rgano administrativo que resuelve, extraemos la cita literal que constituye una referencia principal a la anterior doctrina de la DGRN que mantiene aqu铆.

芦… ha de reiterarse, la forma de ejercitar el poder de representaci贸n es competencia de los estatutos que no pueden delegar en la junta general, ni tan siquiera sobre la base de atribuir a la misma la facultad de elegir entre diversas alternativas previamente configuradas al modo como permite el art铆culo 57.2 de la misma Ley (hoy art铆culo 210. 3 de la Ley de Sociedades de Capital) para optar entre los diversos modos de organizar la administraci贸n previstos por el legislador禄. En consecuencia, de la expresi贸n estatutaria seg煤n la cual la 芦… representaci贸n se ejercer谩 mancomunadamente al menos por dos de ellos禄, no debe deducirse que se permita que la junta general pueda, sin modificaci贸n estatutaria, establecer que la actuaci贸n se ejerza mancomunadamente por tres, cuatro, etc., o de manera diferente a lo estatutariamente previsto, sino que en tal caso de utilizaci贸n de la f贸rmula legal, la forma de actuaci贸n de los administradores mancomunados forzosamente habr谩 de ser por s贸lo dos o m谩s de ellos

Y, en relaci贸n con lo anterior la DGRN 聽ha admitido que el poder de representaci贸n se atribuya, por ejemplo, a 芦dos cualesquiera禄 de los administradores conjuntos; pero de la norma legal no resulta que la atribuci贸n del poder de representaci贸n no pueda ser objeto de otras modalizaciones en caso de administradores mancomunados, entre las cuales debe incluirse indudablemente la ahora cuestionada que implica que se exige la actuaci贸n de un n煤mero de administradores igual o superior a dos, sin que tal circunstancia ofrezca duda alguna seg煤n los t茅rminos literales de la cl谩usula

Nombramiento de administrador. Convocatoria de la Junta General. El R茅gimen legal no es alternativo al estatutario. RRDGRN

La DGRN viene se帽alando en sus resoluciones que en presencia de clausula estatutaria que prevea que la convocatoria de la junta se realice mediante carta certificada a cada uno de los socios, 茅sta previsi贸n no puede sustituirse por publicaciones en el 芦Bolet铆n Oficial del Registro Mercantil禄 y un peri贸dico que conforman el r茅gimen legal supletorio. Prevalece por tanto la disposici贸n estatutaria, que rige la vida de la sociedad durante su existencia. El r茅gimen estatutario de convocatoria, es imperativo聽incluso cuando la convocatoria tenga su origen de una decisi贸n judicial

Barakaldo_PortuVer por su propio m茅rito y tambi茅n por el inter茅s de las Resoluciones citadas y referidas la Resoluci贸n de 27 de enero de 2016, de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci贸n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Vizcaya, por la que se deniega la inscripci贸n de un acta notarial de junta general de una sociedad en la que se cesa a su administrador 煤nico y se nombra a otro. Esta Resoluci贸n de la que se informa聽 recuerda que si bien algunas Resoluciones RDGN admitieron notificaciones personales del juzgado al socio (en lugar de la notificaci贸n por correo certificado prevista estatutariamente) , tal asimilaci贸n no puede equipararse a la aplicaci贸n del r茅gimen legal supletorio.

 

Ofrece un excelente comentario sobre esta resoluci贸n, y sobre el problema de fondo que resuelve, el Prof. Luis Cazorla en su Blog, aqu铆

FTSE 100: sin cotizadas 芦mono g茅nero禄

cabanas1Se anunciaba hace poco que quedan a煤n 23 cotizadas en el 铆ndice FTSE 250 sin ninguna mujer en su 贸rgano de administraci贸n; y que en el 铆ndice 350 la tendencia es a eliminar la presencia exclusiva de hombres.聽En el caso de las cotizadas en el FTSE 100, todas cuentan con al menos una representante femenina en el consejo.

 

Estaremos atentas a iniciativas en nuestro pa铆s para avanzar en una v铆a semejante.

Recuperamos unas reflexiones de hace algunos a帽os, para el Diario El Mundo, y aqu铆

Retribuci贸n del administrador no basada en participaci贸n en beneficios. Determinaci贸n de su cuant铆a en los estatutos sociales. Competencias de la Junta general.

El聽 sistema de retribuci贸n de los administradores de las sociedades de capital debe estar claramente establecido en estatutos, para destruir la presunci贸n de gratuidad, y para que no quede a la voluntad de la Junta general la elecci贸n o la opci贸n entre los distintos sistemas retributivos, cumulativos (no alternativos).

  • Cuando la retribuci贸n tenga como base una participaci贸n en los beneficios es necesario que los propios estatutos la concreten con el l铆mite m谩ximo del diez por ciento de los repartibles entre los socios
  • Cuando la retribuci贸n no se base en una participaci贸n en los beneficios, ser谩 fijada para cada ejercicio por la Junta general.Esto no permite entender que corresponda a la Junta la determinaci贸n del concreto sistema -sueldo, dietas, aportaciones a planes de pensiones, primas de seguros de vida, etc., en que la retribuci贸n ha de consistir, sino tan solo la fijaci贸n de la cuant铆a concreta de la misma para el ejercicio correspondiente, pero siempre de acuerdo con el sistema o modalidad de retribuci贸n previsto en los estatutos, y ello como garant铆a tanto para los socios como para los propios administradores
  • Corresponde a la junta general y no a los propios administradores la competencia para fijar la cantidad exacta de la remuneraci贸n, pero solo en los casos en que la modalidad retributiva prevista en los estatutos exija esa determinaci贸n concreta.
  • Es l铆cito que los estatutos como norma rectora de la estructura y funcionamiento de la sociedad que establezcan un sistema retributivo consistente en una cantidad concreta determinada: no solo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social escogido, sino que garantiza una mayor certidumbre y seguridad tanto para los socios actuales o futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribuci贸n, en su aspecto cuantitativo concreto, depender铆a de las concretas mayor铆as que se formen en el seno de la junta general. (Resoluci贸n de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado, de 19 de febrero de 2015)