Hacia la Directiva de Diligencia Debida de las empresas (Derechos Humanos y Medio Ambiente)

La Directiva de Diligencia Debida (DDD) se presenta como un instrumento transversal de protecci贸n frente a los impactos de las empresas en materia de Derechos Humanos (DH) y en materia de medioambiente (Ma). Introduce una nueva forma de gobernanza para las grandes empresas y聽 para las cadenas de valor que tengan sede en la UE (as铆 como para las que mantengan relaciones comerciales con la UE). Las organizaciones que queden sometidas a esta DDD tendr谩n que cumplir con una serie de obligaciones jur铆dicas vinculantes (y por lo tanto responder谩n en caso de incumplimiento).

Hace apenas algunas semanas, el futuro de esta Directiva pend铆a de un hilo. Fueron las abstenciones de Alemania y de Italia, en una votaci贸n crucial del Consejo (15.03.2024),聽 las que abrieron la puerta a la pr贸xima publicaci贸n de la Directiva. Se espera que el Parlamento Europeo apruebe el texto del borrador definitivo el 24 de abril de 2024, completando as铆 el proceso legislativo formal, que incorpore las reformas pactadas en el Consejo

驴Qu茅 es la diligencia debida en materia de sostenibilidad?

La 芦diligencia debida en materia de sostenibilidad禄, que se menciona en el t铆tulo de la DDD, se refiere a los procesos y actuaciones que deben ponerse en marcha en las empresas para identificar y para gestionar riesgos para los DH y para el Ma, riesgos que derivan de su propia actividad y de la actividad de sus cadenas de valor. Se considera como un elemento crucial de la 芦empresa responsable禄 y as铆 se desprende de diversos marcos internacionales.

Dentro de los marcos que precedieron a la DDD, y que en buena medida sirven de apoyo a sus postulados, destacan los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (llamados tambi茅n 芦Global Pact禄 (como en su versi贸n de 2011); o las Directrices de la OCDE (especialmente en la edici贸n actualizada en 2023).

MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE DDD INTRODUCIDAS EN EL CONSEJO

Azaleas

La Propuesta DDD ha sido objeto de cr铆ticas por distintos motivos. Por ejemplo, fue acusada de aumentar, sin sentido, la 芦burocracia禄 en la gesti贸n de empresa.

Sin embargo, dadas las expectativas y debates que ha despertado, si esta iniciativa quedase paralizada ahora, la agenda EU de sostenibilidad perder铆a credibilidad. Y, en un a帽o de elecciones al Parlamento Europeo, hubiera tenido consecuencias en el plano de la desafectaci贸n de la opini贸n p煤blica, que a su vez desincentiva la participaci贸n ciudadana en las elecciones.

Posiblemente tales razonamientos subyacen en el acuerdo alcanzado en el seno del聽 Consejo de ministros el 15.03.2024, y que ha implicado modificar algunos aspectos, especialmente espinosos, de la Propuesta de la Comisi贸n:

      1. La implantaci贸n de medidas de diligencia en materia de Ma y DH se retrasa. En algunos casos no ser谩n exigibles hasta pasados 7 a帽os desde la publicaci贸n de la DDD. Adem谩s, se eleva el umbral del volumen de las empresas a las que se aplicar谩. La versi贸n final negociada en el Consejo de Ministros de la UE se aplicar谩 a las empresas que tengan al menos 1.000 empleados. Y cuyo volumen de negocios alcance al menos los 450 millones de euros de volumen de negocios facturados en la UE. 聽Con todo, la DDD desplegar谩 algunos efectos meta europeos pues se aplicar谩 tambi茅n a las empresas no pertenecientes a la UE con un volumen de negocios en la UE de al menos 450 millones de euros. Y su 谩mbito de aplicaci贸n tambi茅n incluye a las empresas que no alcanzan el umbral de volumen de negocios pero que son la sociedad matriz 煤ltima de un grupo.
      2. Otra modificaci贸n significativa que se introdujo en el Consejo consiste en la supresi贸n del enfoque de los sectores de alto riesgo. Significa que la DDD no se centrar谩 espec铆ficamente en las industrias con una mayor probabilidad de impactos ambientales o sociales adversos, frente a lo que hab铆a sido propuesto por la Comisi贸n.
      3. Adem谩s, la definici贸n de la cadena de suministro se ha limitado aplic谩ndose 煤nicamente a los socios comerciales que realicen actividades para la empresa o en su nombre.
      4. Por otro lado el texto acordado tambi茅n introduce un planteamiento por etapas:
            • un periodo de aplicaci贸n de tres a帽os para las empresas con m谩s de 5000 empleados y 1500 millones de euros de volumen de negocios;
            • un periodo de aplicaci贸n de cuatro a帽os para las empresas con m谩s de 3000 empleados y 900 millones de euros de volumen de negocios; y
            • un periodo de aplicaci贸n de cinco a帽os para las empresas con m谩s de 1000 empleados y 450 millones de euros de volumen de negocios.

REPASO A LOS CONTENIDOS DE LA DDD

Rododendro

La DDD ser谩 una disposici贸n armonizadora cuya eficacia depender谩 de la incorporaci贸n del derecho europeo en cada Estado. En efecto, conforme a la Propuesta se exige a los Estados miembros de la UE (art 4) 聽que velen por que las empresas ejerzan la diligencia debida en materia de DH y Ma, mediante el cumplimiento de los requisitos espec铆ficos de los art铆culos 5 a 11 de la Directiva. Los requisitos contemplados en esos art铆culos est谩n muy relacionados con las pol铆ticas empresariales -que ser谩n actualizadas anualmente-. Y con la integraci贸n horizontal de la diligencia mediante la adopci贸n c贸digos de conducta y procedimientos (que deber谩n seguir todos los miembros del personal de cada organizaci贸n o de cada grupo).

DOBLE MATERIALIDAD

La futura Directiva pretende implantar la 鈥渄oble materialidad鈥 es decir, la obligaci贸n de las empresas de averiguar los efectos negativos sobre los DH y sobre el Ma (art 6), de modo que, una vez conocidos, la organizaci贸n aplique esfuerzos para prevenirlos y mitigarlos (art 7) o para eliminarlos cuando no se puedan evitar (art 8).聽 Y, abre la v铆a a las demandas -individuales o colectivas- cuando los efectos negativos sobre la empresa o sobre su cadena de valor afecten y da帽en a terceros. Tambi茅n establece la obligaci贸n de realizar verificaciones peri贸dicas en las empresas.

Cada Estado tendr谩 que legislar en su territorios (art 10), obligando a que se publiquen los resultados conforme a la legislaci贸n de trasparencia (Dir 2013/34/UE) o conforme a la propia Directiva de Diligencia Debida.

CLAUSULAS TIPO Y ORIENTACIONES DE LA COMISI脫N EUROPEA
Torre de San Miguel, Palencia

Para facilitar el cumplimiento, la Comisi贸n publicar谩 clausulas contractuales tipo (no vinculantes, en si mismas). Y podr谩 emitir orientaciones o directrices destinadas a sectores concretos(Art 13). Estas cl谩usulas ser谩n redactadas previa consulta con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, la Agencia Europea de Medio Ambiente o, con organismos internacionales especializados en materia de diligencia debida.

Por otra parte, los Estados y la propia Comisi贸n tendr谩n que aprobar y poner en marcha 鈥渕edidas de acompa帽amiento鈥 hechas p煤blicas en webs y lugares de f谩cil acceso de modo que sean visibles e identificables. Estas medidas deben aprobarlas las empresas que quedan dentro del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva pero tambi茅n las organizaciones que formen parte de las cadenas de valor mundiales y que se vean indirectamente afectados por las obligaciones de la Directiva

En t茅rminos espec铆ficos del medio ambiente, el art 15 de la Propuesta de DDD establece que los Estados miembros velar谩n por que determinadas empresas adopten un plan para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con la transici贸n a una econom铆a sostenible y con la limitaci贸n del calentamiento global a 1,5C en consonancia con el Acuerdo de Par铆s.

En la Propuesta de DDD se regula la obligaci贸n de nombrar a un representante en la UE, por parte de las empresas extranjeras que vayan a operar en territorio de la UE (art 16) as铆 como autoridades nacionales de control (art 17 y 18) y la necesidad de establecer canales de denuncia de las empresas ante el estado en relaci贸n con lo mandado en la Directiva

DEBER DE DILIGENCIA DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

El art 25聽 de la DDD, conforme a la Propuesta, se centra en el deber de diligencia de administradores:

        • Apartado1.Los Estados miembros velar谩n por que, al cumplir su deber de actuar en el mejor inter茅s de la empresa, los administradores de las que est茅n sujetas a la DDD (son aquellas聽 a las que se refiere el art铆culo 2, apartado 1), tengan en cuenta las consecuencias de sus decisiones en materia de sostenibilidad, incluidas, cuando proceda, las consecuencias para los derechos humanos, el cambio clim谩tico y el medio ambiente a corto, medio y largo plazo.
        • Apartado 2.Los Estados miembros se asegurar谩n de que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulen el incumplimiento de las obligaciones de los administradores se apliquen tambi茅n a lo dispuesto en el presente art铆culo.

El art铆culo 26 establece la obligaci贸n de los administradores de las empresas de la UE de poner en marcha y supervisar la ejecuci贸n de los procesos y de las medidas de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Y,聽 de adaptar la estrategia de la empresa a la diligencia debida.

 

RELACIONES CON OTROS ACTOS

La DDD no se entiende por s铆 sola. Acompa帽a a la Taxonom铆a verde o ambiental y los European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Las tres, desde diferentes 谩ngulos, forman parte de un conjunto de directivas, promovidas por la EFRAG y la Comisi贸n Europea

Azalea rosa

Los European Sustainability Reporting Standards pretenden dar respuesta a las demandas de informaci贸n de la comunidad inversora y otros stakeholders, d谩ndoles acceso a datos fiables y comparables. La denominada 鈥淭axonom铆a verde鈥 europea, est谩, por su parte, enfocada en los impactos ambientales, permitiendo a inversores y empresas diferenciar qu茅 proyectos afectan al clima y al medio ambiente.

M谩s

 

En caso de cancelaci贸n de un vuelo por el transportista a茅reo se considera que el pasajero ha aceptado el reembolso del billete en forma de un bono de viaje cuando, al cumplimentar un formulario en el sitio web del transportista, haya renunciado al reembolso del billete en forma de una suma de dinero

As铆 se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2024 en el asunto C-76/23 | Cobult

La petici贸n de decisi贸n prejudicial, planteada sobre la base del art. 267 TFUE, por el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fr谩ncfort del Meno, Alemania), tiene por objeto la interpretaci贸n de los art铆culos 7, apartado 3, y 8, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.潞 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensaci贸n y asistencia a los pasajeros a茅reos en caso de denegaci贸n de embarque y de cancelaci贸n o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.潞 295/91.Catedral de Le贸n. Semana Santa. By M.A. D铆az

    • Tal petici贸n fue presentada en el marco de un litigio entre Cobult UG, cesionaria de los derechos de un pasajero, y TAP Air Portugal SA, un transportista a茅reo, en relaci贸n con el reembolso del billete de ese pasajero cuyo vuelo fue cancelado. Para situar la petici贸n, se trataba de que un pasajero reserv贸 con TAP Air Portugal, por 1447,02 euros, un vuelo con conexi贸n directa programado para el 1 de julio de 2020 con salida desde Fortaleza (Brasil) y con destino a Fr谩ncfort del Meno (Alemania) v铆a Lisboa (Portugal), que fue cancelado.
    • Desde el 19 de mayo de 2020, el citado transportista a茅reo puso a disposici贸n de los pasajeros, en la p谩gina de inicio de su sitio web, un procedimiento para presentar las solicitudes de reembolso, particularmente respecto a los vuelos cancelados. Conforme a dicho procedimiento, los pasajeros pueden optar entre un reembolso inmediato en forma de bonos de viaje cumplimentando un formulario en l铆nea y un reembolso en forma distinta, por ejemplo, una suma de dinero, siempre que contacten previamente con su servicio de atenci贸n al cliente, para que este 煤ltimo compruebe los hechos.
    • Las condiciones de reembolso, s贸lo en lengua inglesa, que el pasajero debe aceptar despu茅s de haber facilitado la informaci贸n requerida (n煤mero del billete, apellido, direcci贸n de correo electr贸nico y n煤mero de tel茅fono), advierten que, en caso de optar por el reembolso en forma de un bono de viaje, se excluye el reembolso del billete en dinero.
    • Seg煤n TAP Air Portugal, el pasajero afectado solicit贸, el 4 de junio de 2020, el reembolso mediante un bono de viaje, que recibi贸 por correo electr贸nico por un importe de 1737,52 euros, correspondiente al precio del billete inicial, m谩s un recargo.
    • El 30 de julio de 2020, el pasajero cedi贸 sus derechos frente a TAP Air Portugal a Cobult, que ese mismo d铆a solicit贸 al transportista a茅reo que, en el plazo de catorce d铆as, reembolsara en dinero el precio del vuelo cancelado.
    • Ante la negativa de TAP Air Portugal a dicho reembolso, Cobult present贸 una demanda ante el 贸rgano jurisdiccional de primera instancia competente, que fue desestimada por considerar que los derechos del pasajero cedente se hab铆an extinguido con el reembolso en forma de bono de viaje.
    • Interpuesto recurso de apelaci贸n por聽Cobult contra esa sentencia ante el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fr谩ncfort del Meno, Alemania), a este 贸rgano jurisdiccional se le suscitan dudas respecto a la interpretaci贸n del art. 7, apartado 3, del Reglamento n.潞 261/2004, en virtud del cual el billete solo puede reembolsarse en forma de un bono de viaje 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄. Particularmente, se pregunta por el alcance del concepto de 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄 (芦mit schriftlichem Einverst盲ndnis禄 en la versi贸n en lengua alemana del Reglamento) para apreciar si las modalidades de reembolso impuestas por TAP Air Portugal en su sitio web se ajustan a dicha norma. Y ello porque, en opini贸n del 贸rgano jurisdiccional, si se plantea de una determinada manera, podr铆a entenderse que la exigencia de un previo acuerdo firmado por el pasajero constituye un requisito de forma adicional dirigido a proteger al pasajero frente a una elecci贸n precipitada e irreflexiva de un bono de viaje; modalidad de reembolso que el legislador de la Uni贸n consider贸 menos favorable para el pasajero. En estas circunstancias, el art. 7, apartado 3, del citado Reglamento se opone, seg煤n el 贸rgano jurisdiccional, a un procedimiento de reembolso del billete en forma de un bono de viaje como el realizado por TAP Air Portugal. En cambio, si se plantea de otra manera, el exigir un previo acuerdo firmado por el pasajero transmitido por correo postal o por v铆a electr贸nica puede alargar los plazos de reembolso con la consiguiente carga derivada de la gesti贸n administrativa de los reembolsos para los transportistas a茅reos. As铆 interpretado, seg煤n el 贸rgano jurisdiccional remitente, puede considerarse que un procedimiento de reembolso en l铆nea, compuesto de varias etapas, como el controvertido en el litigio principal, cumple los requisitos del art. 7, apartado 3, del referido Reglamento.

As铆 las cosas, el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fr谩ncfort del Meno) decidi贸 suspender el procedimiento y plantear al聽Tribunal de Justicia la siguiente cuesti贸n prejudicial:

芦驴Debe interpretarse el art铆culo 7, apartado 3, del [Reglamento n.潞 261/2004], en el sentido de que existe un previo acuerdo firmado por el pasajero para el reembolso del coste del billete con arreglo al art铆culo 8, apartado 1, letra a), primer guion [de ese Reglamento], en forma de un bono de viaje si el pasajero elige dicho bono, con exclusi贸n del reembolso posterior del coste del billete en dinero, en el sitio web del transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo y lo recibe por correo electr贸nico, mientras que el reembolso del coste del billete en dinero solo es posible previo contacto con el transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo?禄

Le贸n. Semana Santa. By M.A. D铆az

Lo que est谩 preguntando el 贸rgano jurisdiccional, a trav茅s de la cuesti贸n prejudicial, es si el art. 7, apartado 3, en relaci贸n con el art. 8, apartado 1, letra a) del referido Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de cancelaci贸n de un vuelo por el transportista a茅reo, se considera que existi贸 el 芦previo acuerdo firmado禄 por el pasajero para el reembolso del billete en forma de un bono de viaje cuando este cumpliment贸 un formulario en l铆nea en el sitio web del transportista a茅reo, a trav茅s del cual eligi贸 esta modalidad de reembolso, con exclusi贸n del reembolso en forma de una suma de dinero, mientras que esta 煤ltima modalidad de reembolso quedaba supeditada a un procedimiento que inclu铆a etapas adicionales cuya tramitaci贸n deb铆a realizarse con el servicio de atenci贸n al cliente del transportista a茅reo.

Como recuerda el Tribunal, conforme al art. 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n. 261/2004, en relaci贸n con el art. 5, apartado 1, letra a), de ese Reglamento, el pasajero dispone, en caso de cancelaci贸n de un vuelo, de un derecho al reembolso del billete en siete d铆as, seg煤n las modalidades previstas en el art. 7, apartado 3, de dicho Reglamento, por el precio al que se compr贸. Refiri茅ndose a las modalidades de reembolso del billete en caso de cancelaci贸n, esta 煤ltima disposici贸n indica que se abonar谩 en met谩lico, por transferencia bancaria electr贸nica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios. Y ello teniendo presente que el reembolso del billete se efectuar谩, principalmente, en forma de una suma de dinero, de modo que el reembolso en forma de bonos de viaje constituye una modalidad subsidiaria de reembolso, que est谩 supeditado al requisito de un 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄.

El Reglamento n.潞 261/2004 no define qu茅 debe entenderse por 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄. Aclara el Tribunal, que el concepto de 芦acuerdo禄 en el contexto del art. 7, apartado 3, del Reglamento, requiere el consentimiento libre e informado del pasajero dirigido a obtener el reembolso de su billete en forma de un bono de viaje. Indica tambi茅n, en cuanto a la exigencia del acuerdo 芦firmado禄 del pasajero, que si bien existe divergencia entre las versiones ling眉铆sticas de esta disposici贸n, tal divergencia debe interpretarse en funci贸n de la estructura general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte. Y en esta l铆nea, resulta, de los considerandos 1, 2 y 4 del Reglamento que 茅ste tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protecci贸n de los pasajeros, protegiendo sus derechos en situaciones varias en que se vean gravemente perturbados. Y precisamente del considerando 20 del citado Reglamento resulta que a los pasajeros cuyo vuelo haya sido cancelado se les debe informar exhaustivamente de sus derechos, en orden a ejercerlos eficazmente.

A este respecto, el Tribunal de Justicia se帽ala que el transportista a茅reo debe proporcionar a los pasajeros la informaci贸n necesaria que les permita elegir debidamente y con conocimiento de causa, 鈥渟in que la posibilidad de disfrutar de ese derecho al reembolso exija del pasajero una contribuci贸n activa鈥. Y, declara el Tribunal que, teniendo presente el objetivo de garantizar un elevado nivel de protecci贸n de los pasajeros a茅reos y del deber de informaci贸n que compete al transportista a茅reo, 鈥減rocede considerar que el concepto de 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄, tal como se establece en el art铆culo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, presupone, en primer lugar, que ese pasajero haya podido elegir debidamente y con conocimiento de causa el reembolso de su billete en forma de un bono de viaje en vez de en forma de una suma de dinero y que, por consiguiente, haya podido dar su consentimiento libre e informado鈥. En este sentido, indica el Tribunal que 鈥渋ncumbe a dicho transportista a茅reo aportar, de manera leal, al pasajero cuyo vuelo ha sido cancelado informaci贸n clara y completa sobre las distintas modalidades de reembolso de su billete de las que dispone en virtud del art铆culo 7, apartado 3, del citado Reglamento鈥. En el supuesto de que no proporcionase esa informaci贸n 鈥渘o cabe considerar que el pasajero tenga la posibilidad de elegir debidamente y con conocimiento de causa el reembolso en forma de un bono de viaje y, por consiguiente, de dar su consentimiento libre e informado鈥.

A juicio del Tribunal 鈥渘o puede entenderse que existe el 芦previo acuerdo禄 de un pasajero, en el sentido del art铆culo 7, apartado 3, del Reglamento, cuando el transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo presenta, en particular, en su sitio web, informaci贸n sobre las modalidades de reembolso del billete de modo ambiguo o parcial o en una lengua que no puede esperarse razonablemente que el pasajero domine, o incluso de manera desleal, en especial supeditando el reembolso de dicho billete en forma de una suma de dinero a un procedimiento que incluye etapas adicionales al del reembolso en forma de un bono de viaje鈥. En esta direcci贸n, se帽ala el Tribunal que a帽adir 鈥渆tapas adicionales鈥 puede dificultar el reembolso mediante una suma de dinero e invertir as铆 la relaci贸n entre las dos modalidades de reembolso fijadas por el legislador de la Uni贸n, lo que ir铆a en contra de la finalidad de garantizar un elevado nivel de protecci贸n de los pasajeros a茅reos perseguido por el Reglamento.

En lo que concierne a la forma del acuerdo del pasajero, determina el Tribunal de Justicia que 鈥渟iempre que dicho pasajero haya recibido informaci贸n clara y completa, su 芦previo acuerdo firmado禄, puede cubrir su aceptaci贸n expresa, definitiva y un铆voca del reembolso del billete en forma de un bono de viaje, mediante el env铆o de un formulario cumplimentado por el pasajero en el sitio web del transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo sin que dicho formulario contenga la firma manuscrita o digitalizada del pasajero鈥.

En palabras del Tribunal esta interpretaci贸n 鈥渞espeta el equilibrio entre los intereses de los pasajeros a茅reos y de los transportistas a茅reos encargados de efectuar un vuelo que el legislador de la Uni贸n pretend铆a alcanzar mediante la adopci贸n del Reglamento鈥. Y, continuando con esta argumentaci贸n manifiesta que 鈥渘o solo parece excesivo, sino tambi茅n inapropiado excluir que el 芦previo acuerdo firmado por el pasajero禄 para el reembolso del billete en forma de un bono de viaje pueda adoptar la forma de un formulario que el pasajero deba cumplimentar en el sitio web del transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo, ya que tal exclusi贸n aumentar铆a la carga vinculada a la gesti贸n administrativa de los reembolsos para ese transportista a茅reo y podr铆a retrasar el proceso de reembolso para el pasajero, lo que, en 煤ltima instancia, podr铆a resultar contrario a los intereses de 茅ste鈥.

Semana Santa. By M.A. D铆az

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia declara que el art. 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.潞 261/2004, puesto聽en relaci贸n con el art. 8, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento y en conexi贸n con el considerando 20 de 茅ste,聽debe interpretarse en el sentido de que:

芦en caso de cancelaci贸n de un vuelo por el transportista a茅reo encargado de efectuar el vuelo, se considera que existi贸 el 芦previo acuerdo firmado禄 por el pasajero para el reembolso del billete en forma de un bono de viaje cuando este cumpliment贸 un formulario en l铆nea en el sitio de web de dicho transportista a茅reo, mediante el cual eligi贸 esta modalidad de reembolso, con exclusi贸n del reembolso en forma de una suma de dinero, siempre que ese pasajero haya podido elegir debidamente y con conocimiento de causa el reembolso en forma de un bono de viaje en lugar del reembolso en dinero, y que, por consiguiente, haya podido dar su consentimiento libre e informado, lo que implica que dicho transportista a茅reo haya facilitado, de manera leal, a dicho pasajero, informaci贸n clara y completa sobre las distintas modalidades de reembolso que est谩n a su disposici贸n鈥.

La Sentencia completa y, en su caso, el resumen puede verse aqu铆.

Subasta de datos personales con fines publicitarios: El Tribunal de Justicia aclara las normas sobre subasta en l铆nea instant谩nea y automatizada de perfiles de usuarios para la compraventa de espacios publicitarios en Internet conforme al Reglamento (UE) 2016/679

Las cuestiones fundamentales que trata de despejar el Tribunal de Justicia en esta Sentencia son, fundamentalmente, las siguientes:

    • 驴Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci贸n de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protecci贸n de datos) (en adelante 芦RGPD禄) constituye un dato personal una cadena de letras y caracteres que capta, de manera estructurada y legible mec谩nicamente, las preferencias de un usuario de Internet relativas al consentimiento de dicho usuario en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales? y
    • 驴Qui茅n es 鈥渞esponsable鈥 o 鈥渃orresponsable del tratamiento?

En efecto, a estos extremos se refiere el Tribunal de Justicia en la Sentencia del de 7 de marzo de 2024 en el asunto C-604/22 (IAB Europe), con motivo de una petici贸n de decisi贸n prejudicial planteada conforme al art铆culo 267 TFUE, por el hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelaci贸n de Bruselas, B茅lgica).

Jara en el Bierzo (Le贸n). By M.A. D铆az
Jara en el Bierzo (Le贸n). By M.A. D铆az

Esta petici贸n de decisi贸n prejudicial tiene por objeto la interpretaci贸n de los arts 4, puntos 1 y 7, y 24, apartado 1, del RGPD, y en consonancia con los arts. 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea.

Esta petici贸n se present贸 en el contexto de un litigio entre IAB Europe y la Gegevensbeschermingsautoriteit (Autoridad de Protecci贸n de Datos, B茅lgica; en adelante, 芦APD禄) en relaci贸n con una resoluci贸n de la Sala de Controversias de la APD adoptada contra IAB Europe por la presunta infracci贸n de varias disposiciones del RGPD.

IAB Europe es una asociaci贸n sin 谩nimo de lucro, establecida en B茅lgica, que representa a las empresas del sector de la publicidad y del marketing digitales a nivel europeo. Son miembros de IAB Europe tanto empresas pertenecientes al sector publicitario (as铆 editores, empresas de comercio electr贸nico y de marketing e intermediarios) como asociaciones nacionales, entre ellas las IAB (Interactive Advertising Bureau) nacionales, entre cuyos miembros figuran empresas de dicho sector. Y precisamente entre los miembros de IAB Europe se incluyen empresas que generan ingresos importantes mediante la venta de espacios publicitarios en sitios de Internet o en aplicaciones.

IAB Europe ha elaborado el Transparency & Consent Framework (Marco de Transparencia y Consentimiento; en adelante, 芦TCF禄), que es un marco de normas compuesto por directrices, instrucciones, especificaciones t茅cnicas, protocolos y obligaciones contractuales que permiten tanto al proveedor de un sitio de Internet o de una aplicaci贸n como a los intermediarios de datos o incluso a las plataformas publicitarias tratar legalmente los datos personales de un usuario de un sitio de Internet o de una aplicaci贸n.

Idh煤n. 驴Primavera ya? By M.A. D铆az

El TCF pretende fundamentalmente favorecer el cumplimiento del RGPD cuando esos operadores recurren al protocolo Open RTB, uno de los m谩s utilizados para el Real Time Bidding, que es un sistema de subasta en l铆nea instant谩nea y automatizada de perfiles de usuarios para la compraventa de espacios publicitarios en Internet. A la vista de determinadas pr谩cticas realizadas por miembros de IAB Europe en el marco de este sistema de intercambio masivo de datos personales relativos a perfiles de usuarios, IAB Europe present贸 el TCF como una soluci贸n para adaptar el sistema de subastas al RGPD. Y ello teniendo en consideraci贸n que t茅cnicamente cuando un usuario consulta un sitio de Internet o una aplicaci贸n que contiene un espacio publicitario, las empresas de tecnolog铆a publicitaria, y en concreto los intermediarios de datos y las plataformas publicitarias, que representan a miles de anunciantes, pueden pujar en tiempo real, sin ser vistos, por la obtenci贸n de ese espacio publicitario a trav茅s de un sistema de subastas automatizado que utiliza algoritmos, con un objetivo claro: difundir en ese espacio publicidad dirigida adaptada espec铆ficamente al perfil de tal usuario.

Eso s铆, antes de mostrar esa publicidad dirigida, habr谩 de obtenerse el consentimiento del usuario, de forma que cuando 茅ste consulta un sitio de Internet o una aplicaci贸n por primera vez, una plataforma de gesti贸n del consentimiento llamada 芦Consent Management Platform禄 (en adelante, 芦CMP禄) aparece en una ventana emergente en la cual el usuario, puede o bien dar su consentimiento al proveedor del sitio de Internet o de la aplicaci贸n para la recogida y el tratamiento de sus datos personales (localizaci贸n del usuario, edad, historial de b煤squedas y sus compras recientes) con fines previamente definidos -como la comercializaci贸n o publicidad- o para el intercambio de esos datos con determinados proveedores, o bien oponerse a diferentes tipos de tratamiento de datos o al intercambio de dichos datos.

De esta manera, el TCF constituye un marco para un tratamiento de datos personales a gran escala y facilita el registro de las preferencias de los usuarios a trav茅s de la CMP. Posteriormente, estas preferencias se codifican y almacenan en una cadena compuesta por una combinaci贸n de letras y caracteres, designada por IAB Europe con el nombre de Transparency and Consent String(en adelante, 芦TC String禄), que se comparte con intermediarios de datos personales y plataformas publicitarias que participan en el protocolo OpenRTB, para que estos conozcan en qu茅 ha consentido el usuario o a qu茅 se ha opuesto. La CMP coloca tambi茅n una cookie (euconsent-v2) en el dispositivo del usuario. Cuando se combinan, la TC String y la cookie euconsent-v2 pueden vincularse a la direcci贸n IP de ese usuario.

As铆 las cosas, el TCF tiene protagonismo en el funcionamiento del protocolo OpenRTB, pues permite transcribir las preferencias del usuario para su comunicaci贸n a potenciales vendedores y alcanzar diferentes objetivos de tratamiento, particularmente, ofrecer publicidad a medida. El TCF se dirige, principalmente a garantizar a los intermediarios de datos personales y a las plataformas publicitarias el cumplimiento del RGPD a trav茅s de la TC String.

Enumerada las circunstancias que sit煤an estos temas, cabe rese帽ar que las cuestiones prejudiciales a que se debe esta Sentencia del Tribuna de Justicia 聽responden, b谩sicamente, a una serie de hechos que han venido produci茅ndose desde 2019, en relaci贸n con estos temas, que van a describirse a continuaci贸n.

  • La APD ha recibido varias denuncias contra IAB Europe, respecto a la conformidad del TCF con el RGPD, originarias no s贸lo de B茅lgica sino tambi茅n de terceros pa铆ses. Examinadas estas denuncias, la APD, como autoridad de control principal, en el sentido del art. 56, apartado 1, del RGPD, activ贸 el mecanismo de cooperaci贸n y coherencia, derivado de los arts. 60 a 63 de dicho Reglamento, a fin de llegar a una decisi贸n com煤n aprobada conjuntamente por las veintiuna autoridades de control nacionales que participan en este mecanismo. Pues bien, la Sala de Controversias de la APD, por resoluci贸n de 2 de febrero de 2022, declar贸 que IAB Europe actuaba como responsable del tratamiento de los datos personales en relaci贸n con el registro del consentimiento, de las objeciones y de las preferencias de los usuarios individuales a trav茅s de una TC String, la cual, seg煤n la Sala de Controversias de la APD, est谩 asociada a un usuario identificable. Adem谩s, en esa resoluci贸n, la Sala de Controversias de la APD orden贸 a IAB Europe, conforme al art. 100.1, punto 9.潞, de la Ley APD, que adecuara a las disposiciones del RGPD el tratamiento de datos personales efectuado en el marco del TCF y le impuso varias medidas correctoras y una multa administrativa.
  • IAB Europe interpuso recurso contra dicha resoluci贸n ante el hof van beroep te Brussel(Tribunal de Apelaci贸n de Bruselas, B茅lgica). IAB Europe solicita a dicho 贸rgano jurisdiccional que anule la resoluci贸n de 2 de febrero de 2022, oponi茅ndose a que se considere que actu贸 como responsable del tratamiento y, manteniendo adem谩s que, al declarar que la TC String es un dato personal, en el sentido del art铆culo 4.1 del RGPD, dicha resoluci贸n no est谩 suficientemente matizada ni motivada y que es err贸nea. Destaca asimismo IAB Europe que s贸lo los dem谩s participantes en el TCF podr铆an combinar la TC String con una direcci贸n IP para transformarla en un dato personal, que la TC String no es espec铆fica de un usuario y que ella no tiene la posibilidad de acceder a los datos tratados en este contexto por sus miembros. En esta l铆nea de razonamiento argumenta la APD lo siguiente: que las TC Strings constituyen datos personales en la medida en que las CMP pueden vincular las TC Strings a las direcciones IP; que, adem谩s, los participantes en el TCF tambi茅n pueden identificar a los usuarios sobre la base de otros datos; que IAB Europe tiene acceso a la informaci贸n requerida para ello y que esta identificaci贸n del usuario es precisamente la finalidad de la TC String, encaminada a facilitar la venta de la publicidad dirigida. Aparte de esto, la APD manifiesta que el hecho de que IAB Europe deba ser considerada responsable del tratamiento en el sentido del RGPD se desprende de su funci贸n determinante en el tratamiento de las TC Strings. Y junto a ello la APD aduce que esta organizaci贸n determina, respectivamente, los fines y los medios del tratamiento, el modo en que se generan, modifican y leen las TC Strings, de qu茅 forma y d贸nde se almacenan las cookiesnecesarias, qui茅n recibe los datos personales y sobre la base de qu茅 criterios pueden establecerse los plazos de conservaci贸n de las TC String.
  • El 贸rgano jurisdiccional hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelaci贸n de Bruselas) alberga dudas sobre si una TC String, combinada o no con una direcci贸n IP, constituye un dato personal y, de ser as铆, si IAB Europe debe ser calificada de responsable del tratamiento de los datos personales en el marco del TCF, en particular en relaci贸n con el tratamiento de la TC String.Y ello porque entiende dicho 贸rgano jurisdiccional que aunque la resoluci贸n de 2 de febrero de 2022 refleja la posici贸n com煤n adoptada conjuntamente por las diferentes autoridades de control nacionales implicadas en el caso de autos, el Tribunal de Justicia a煤n no ha tenido ocasi贸n de pronunciarse sobre esta nueva tecnolog铆a intrusiva que constituye la TC String.
  • En este contexto, el Tribunal de Apelaci贸n de Bruselas decidi贸 suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

    Primavera ya, Idh煤n. By M.A. D铆az

芦1) a) 驴Debe interpretarse el art铆culo 4, punto 1, del [RGPD], en relaci贸n con los art铆culos 7 y 8 de la [Carta], en el sentido de que una cadena de caracteres que recoge las preferencias de un usuario de Internet en relaci贸n con el tratamiento de sus datos personales de forma estructurada y legible mec谩nicamente constituye un dato personal en el sentido de la citada disposici贸n en relaci贸n con (1) una organizaci贸n sectorial que pone a disposici贸n de sus miembros un est谩ndar por el que les prescribe las modalidades pr谩cticas y t茅cnicas conforme a las que debe generarse, almacenarse o difundirse tal cadena de caracteres, y (2) las partes que han aplicado dicho est谩ndar en sus sitios web o en sus aplicaciones y, de este modo, tienen acceso a dicha cadena de caracteres?

        1. b) 驴Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que la aplicaci贸n del est谩ndar implique que esta cadena de caracteres est茅 disponible junto a una direcci贸n IP?
        2. c) 驴Ser铆a distinta la respuesta a las [letras a) y b) de la primera cuesti贸n] si esta organizaci贸n sectorial normativa no tuviera ella misma acceso legal a los datos personales tratados por sus miembros en el marco de dicho est谩ndar?

2) a) 驴Deben interpretarse los art铆culos 4, punto 7, y 24, apartado 1, del [RGPD], en relaci贸n con los art铆culos 7 y 8 de la [Carta], en el sentido de que una organizaci贸n sectorial normativa debe ser calificada de responsable del tratamiento cuando ofrece a sus miembros un est谩ndar para la gesti贸n del consentimiento que, adem谩s de un marco t茅cnico vinculante, comprende disposiciones en las que se establece con detalle el modo en que deben almacenarse y difundirse estos datos de consentimiento que constituyen datos personales?

        1. b) 驴Ser铆a distinta la respuesta a la [letra a) de la segunda cuesti贸n prejudicial] si esta organizaci贸n sectorial no tuviera ella misma acceso legal a los datos personales que son tratados por sus miembros en el marco de este est谩ndar?
        2. c) Si se califica (o si debe calificarse) a la organizaci贸n sectorial normativa de responsable o de corresponsable del tratamiento respecto a las preferencias de los usuarios de Internet, 驴se extiende esta responsabilidad o corresponsabilidad de la organizaci贸n sectorial normativa autom谩ticamente a los tratamientos ulteriores por terceros para los que se obtienen las preferencias de los usuarios de Internet, como la publicidad en l铆nea dirigida, realizada por editores y vendedores?禄
聽 聽El Tribunal de Justicia en su sentencia responde a estas cuestiones prejudiciales:
    • confirmando, en primer lugar, que la TC String contiene informacio虂n relativa a un usuario identificable, por lo que constituye un dato personal en el sentido del RGPD. Y ello porque, cuando la informacio虂n contenida en una TC String se asocia con un identificador, como, en particular, la direccio虂n IP del dispositivo del usuario, puede permitir crear un perfil de dicho usuario e identificarlo.
    • En segundo lugar, manifiesta que IAB Europe debe ser considerada 芦corresponsable del tratamiento禄, en el sentido del RGPD. En este sentido, indica que, sin perjuicio de las comprobaciones que competen al tribunal belga, parece que IAB Europe influye en las operaciones de tratamiento de datos, en el momento del registro de las preferencias en materia de consentimiento de los usuarios en una TC String, y determina, junto con sus miembros, tanto los fines de esas operaciones como los medios que esta虂n en el origen de las mismas. As铆 las cosas, mantiene que, al margen de la eventual responsabilidad civil derivada del Derecho nacional, IAB Europe no puede ser considerada responsable, en el sentido del RGPD, de las operaciones de tratamiento de datos que acontezcan despue虂s de que se registren en una TC String las preferencias en materia de consentimiento de los usuarios, salvo que pueda acreditarse que dicha asociacio虂n ha influido en la determinacio虂n de los fines de los tratamientos ulteriores y de las modalidades de su ejercicio.

En efecto, as铆 se pronuncia el Tribunal de Justicia, cuando declara literalmente:

芦1) El art铆culo 4, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci贸n de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protecci贸n de datos), debe interpretarse en el sentido de que una cadena compuesta por una combinaci贸n de letras y caracteres, como la TC String (Transparency and Consent String), que contiene las preferencias de un usuario de Internet o de una aplicaci贸n relativas al consentimiento de dicho usuario en el tratamiento de datos personales que le conciernen por proveedores de sitios de Internet o de aplicaciones, as铆 como por intermediarios de tales datos y por plataformas publicitarias, constituye un dato personal, en el sentido de esta disposici贸n, en la medida en que, cuando puede asociarse, por medios razonables, a un identificador, como en particular la direcci贸n IP del dispositivo de dicho usuario, permite identificar al interesado. En tales circunstancias, el hecho de que, sin una contribuci贸n externa, una organizaci贸n sectorial que posee esta cadena no pueda acceder a los datos tratados por sus miembros en el marco de las normas que ella ha establecido ni combinar dicha cadena con otros elementos no impide que la mencionada cadena constituya un dato personal en el sentido de la referida disposici贸n.

2) Los art铆culos 4, punto 7, y 26, apartado 1, del Reglamento 2016/679聽deben interpretarse en el sentido de聽que,

      • por una parte, una organizaci贸n sectorial, en la medida en que propone a sus miembros un marco normativo que ella ha establecido en materia de consentimiento en el tratamiento de datos personales, que contiene no solo normas t茅cnicas vinculantes, sino tambi茅n normas que precisan de manera detallada las modalidades de almacenamiento y de difusi贸n de los datos personales referentes a dicho consentimiento, debe calificarse de 芦corresponsable del tratamiento禄, en el sentido de estas disposiciones, si, habida cuenta de las circunstancias particulares del caso concreto, influye, atendiendo a sus propios objetivos, en el tratamiento de los datos personales en cuesti贸n y determina, as铆, junto con sus miembros, los fines y medios de dicho tratamiento. El hecho de que la propia organizaci贸n sectorial no tenga acceso directo a los datos personales tratados por sus miembros en el marco de dichas normas no obsta a que pueda tener la condici贸n de corresponsable del tratamiento en el sentido de dichas disposiciones;
      • por otra parte, la corresponsabilidad de dicha organizaci贸n sectorial no se extiende autom谩ticamente a los tratamientos ulteriores de datos personales efectuados por terceros 鈥攃omo los proveedores de sitios de Internet o de aplicaciones鈥 en lo que respecta a las preferencias de los usuarios a efectos de la publicidad dirigida en l铆nea禄.

Como puede apreciarse, esta Sentencia posee una relevancia nada desde帽able respecto a la clarificaci贸n de los temas planteados, particularmente la interpretaci贸n del concepto de datos personales y la responsabilidad que, conforme al RGPD, pueda acarrear el tratamiento de dichos datos, especialmente, a efectos publicitarios.

El texto 铆ntegro de la sentencia puede verse aqu铆.

Anulaci贸n de un dibujo o modelo comunitario de zapatillas deportivas registrado por Puma por divulgaci贸n anticipada por la artista Rihanna

As铆 se pronuncia el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2024 en el asunto T-647/22 (Puma / EUIPO Handelsmaatschappij J. Van Hilst), 聽confirmando la resoluci贸n de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni贸n Europea (EUIPO).

  • La empresa de los Pa铆ses Bajos Handelsmaatschappij J. Van Hilst (HJVH) solicit贸 la declaraci贸n de nulidad de un dibujo o modelo comunitario de zapatillas deportivas que hab铆a sido registrado a nombre de la empresa alemana Puma en agosto de 2016.

    Fuente: Sentencia del Tribunal General.
    Fuente: Sentencia del Tribunal General.

– Fundamentaba la solicitud en el art. 25.1, b), del Reglamento (CE) n煤m. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, le铆do conjuntamente con el art. 4.1, seg煤n el cual el dibujo o modelo sera虂 protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee cara虂cter singular. Seg煤n la empresa de los Pa铆ses Bajos Handelsmaatschappij J. Van Hilst el dibujo o modelo estaba desprovisto de car谩cter singular en el sentido del art. 4.1 del Reglamento, puesto en relaci贸n con el art. 6 del Reglamento puesto que hab铆a sido divulgado por el solicitante antes del plazo de doce meses a que se refiere el art. 7.2, b) del Reglamento (el denominado 鈥減eriodo de gracia鈥).

– Con el fin de argumentar y apoyar su solicitud de declaraci贸n de nulidad, HJVH hab铆a aportado im谩genes extra铆das de tres publicaciones en la cuenta de Instagram 芦badgalriri禄 subidas a mediados de diciembre de 2014, que contaban con m谩s de 300000 me gusta, en las que publicitaba el nombramiento de Rihanna como nueva directora art铆stica de Puma. En dichas im谩genes, publicadas en varios art铆culos en peri贸dicos en l铆nea, se pod铆a ver a Rihanna con un par de zapatillas de deporte blancas con una suela negra gruesa.

  • Por decisi贸n de 19 de marzo de 2021 la Divisi贸n de Anulaci贸n de la EUIPO admiti贸 la solicitud de declaraci贸n de nulidad considerando b谩sicamente que el dibujo o modelo no pose铆a el car谩cter singular exigido por el art. 6 del Reglamento n煤m. 6/2002, teniendo en cuenta la comparaci贸n entre la impresi贸n global producida por el dibujo o modelo en cuesti贸n y la impresi贸n global creada por el dibujo o modelo que aparec铆a en las im谩genes a que se hac铆a referencia m谩s arriba.
  • Contra la decisi贸n de la Division de anulaci贸n 聽Puma formul贸 recurso ante la C谩mara de Recursos de la EUIPO el 21 abril 2021, que fue desestimado 铆ntegramente. La EUIPO, en Resoluci贸n de 11 de agosto de 2022, declar贸 la nulidad de dicho dibujo o modelo comunitario, fundamentando su Resoluci贸n en que se hab铆a producido una divulgaci贸n antes de los doces meses anteriores a la presentaci贸n de la solicitud de registro. Y ello porque Robyn Rihanna Fenty (m谩s conocida como Rihanna) se hab铆a exhibido llevando unos zapatos representativo de un dibujo o modelo anterior de id茅nticas caracter铆sticas que el dibujo o modelo registrado. As铆 las cosas, la EUIPO resolvi贸 que dicho dibujo o modelo anterior se hab铆a hecho p煤blico, raz贸n por la cual proced铆a anular el dibujo o modelo registrado.
  • Interpuesto recurso por Puma contra dicha Resoluci贸n el Tribunal General lo desestima, considerando, -como lo hab铆a hecho la EUIPO- que las im谩genes aportadas por HJVH bastan para demostrar que el dibujo o modelo anterior hab铆a sido divulgado y que los c铆rculos especializados del sector en cuesti贸n pudieron tener conocimiento de esa divulgaci贸n.

    Zapatillas Puma. Rihanna. Fuente: sentencia del Tribunal General

El Tribunal General confirma la apreciaci贸n de la EUIPO de que las referidas im谩genes bastan para constatar que el dibujo o modelo anterior hab铆a sido divulgado y que los c铆rculos especializados del sector de que se trata pudieron tener conocimiento de esa divulgaci贸n. A juicio del Tribunal las im谩genes extra铆das de la cuenta de Instagram 芦badgalriri禄, difundidas en diciembre de 2014, permiten identificar, a simple vista o realizando una ampliaci贸n de las fotos, todas las caracter铆sticas esenciales del dibujo o modelo anterior. Y ello en contra de la opini贸n de Puma, para quien estas im谩genes no permiten reconocer todas las car谩cter铆sticas del modelo o dibujo en cuesti贸n.

Por todo ello, el Tribunal General desestima las alegaciones de Puma conforme a las cuales nadie se interes贸 en el calzado de Rihanna en diciembre de 2014 y, consiguientemente, nadie se percat贸 del dibujo o modelo anterior. A este prop贸sito, como declara el Tribunal, en diciembre de 2014 Rihanna era una estrella del pop mundialmente conocida y eso supone que entre sus fans y los c铆rculos especializados en el 谩mbito de la moda se hab铆a despertado ya en esa fecha un inter茅s particular por los zapatos que llevaba el d铆a de la firma del contrato por el que se erigi贸 en la directora art铆stica de Puma.

zapatillas Puma
Fuente: Sentencia Tribunal General

Teniendo esto en cuenta es razonable pensar que buena parte de las personas que se interesan por la m煤sica o la persona de Rihanna y en su vestimenta, se ha interesado en 2014 tambi茅n por las fotos en cuesti贸n fij谩ndose en los zapatos que la estrella llevaba, reconociendo as铆 las caracter铆sticas del dibujo o modelo

 

A la vista de todas estas consideraciones, el Tribunal General manifiesta que 聽la EUIPO pudo considerar fundadamente que el dibujo o modelo anterior hab铆a sido divulgado en diciembre de 2014, raz贸n por la cual queda justificada la anulaci贸n del dibujo o modelo registrado por Puma para zapatillas deportivas.

Contra esta Resoluci贸n del Tribunal General cabe interponer recurso de casaci贸n ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez d铆as a partir de la notificaci贸n de la resoluci贸n.

El resumen de la sentencia puede verse aqu铆. El texto 铆ntegro de la sentencia puede verse aqu铆.

El Reglamento de 2004, sobre control de concentraciones, no se opone a que una concentracio虂n de empresas de dimensio虂n no comunitaria pueda ser considerada por una autoridad de competencia de un Estado miembro como constitutiva de un abuso de posici贸n dominante prohibido por el art铆culo 102 TFUE.

As铆 lo ha declarado la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 16 de marzo de 2023 en el asunto C-449/21, Towercast.

Foto by M.A. D铆az
Foto by M.A. D铆az

Veamos los hechos que dieron lugar a la cuesti贸n prejudicial planteada y a la Sentencia del Tribunal de Justicia:

    • A partir de 2005 se despleg贸 en Francia la plataforma de Televisio虂n Digital Terrestre (TDT). El principal operador de la red de TDT es la sociedad TDF, que hasta entonces ven铆a disfrutando de un monopolio estatal sobre el mercado france虂s de la teledifusio虂n por vi虂a hertziana.
    • Al liberalizarse el espacio audiovisual france虂s permiti贸 el acceso al mercado de la difusio虂n de otros operadores competidores de TDF, como Towercast e Itas. En 2016, TDF adquiri贸 el control exclusivo de Itas mediante una operacio虂n de adquisicio虂n que quedaba por debajo de los umbrales fijados en el Reglamento comunitario de concentraciones 聽y en el Co虂digo de Comercio france虂s, raz贸n por la cual no fue objeto de notificacio虂n ni de un control previo de la concentraci贸n. Por lo dem谩s, dicha operacio虂n tampoco se sujet贸 al procedimiento de remisio虂n del expediente a la Comisio虂n previsto en el arti虂culo 22 del Reglamento.
    • En opini贸n de Towercast la toma de control de Itas por TDF infringe la prohibicio虂n de abuso de posicio虂n dominante impuesta por el Derecho primario de la Unio虂n (arti虂culo 102 TFUE). Y ello porque, segu虂n Towercast, TDF obstaculiza la competencia en los mercados mayoristas, de produccio虂n y de distribucio虂n, de difusio虂n de los servicios de TDT, habida cuenta que su posicio虂n ya de por si虂 dominante en esos mercados ha quedado significativamente reforzada.
    • La Autoridad de Competencia francesa desestimo虂 la denuncia presentada por Towercast, de modo que 茅sta recurrio虂 ante la cour d鈥檃ppel de Paris (el Tribunal de Apelacio虂n de Pari虂s) (Francia).
    • 聽El Tribunal de Apelaci贸n de Par铆s decidi贸 suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuesti贸n prejudicial:

芦Debe interpretarse el art铆culo 21, apartado 1, del Reglamento [n.潞聽139/2004] en el sentido de que se opone a que una operaci贸n de concentraci贸n carente de dimensi贸n comunitaria a efectos del art铆culo 1 del [Reglamento citado], que no alcanza los umbrales de control聽ex ante聽obligatorio establecidos por el Derecho nacional y que no ha dado lugar a un procedimiento de remisi贸n a la Comisi贸n Europea con arreglo al art铆culo 22 de dicho Reglamento, sea considerada por una autoridad nacional de competencia como constitutiva de un abuso de posici贸n dominante prohibido por el art铆culo 102聽TFUE, a la luz de la estructura de la competencia en un mercado de dimensi贸n nacional?禄

聽聽 Este o虂rgano jurisdiccional lo que, en definitiva, plantea al Tribunal de Justicia es si una autoridad nacional de competencia puede examinar ulteriormente, a la vista de la prohibicio虂n de abuso de posicio虂n dominante establecida por el Derecho de la Unio虂n, una operacio虂n de concentracio虂n llevada a cabo por una empresa que goza de posicio虂n dominante, cuando tal concentracio虂n se sit煤a por debajo de los umbrales de volumen de negocios fijados en el Reglamento (CE) n煤m. 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (芦Reglamento comunitario de concentraciones禄) (DO 2004, L 24, p. 1) y en la normativa nacional sobre control de concentraciones y, por tanto, no haya sido objeto de un control previo en este sentido.

Foto by M.A. D铆az
Foto by M.A. D铆az

 

En su Sentencia, el Tribunal de Justicia reconoce que una operacio虂n de concentracio虂n de dimensio虂n no comunitaria puede ser objeto de control por las autoridades nacionales de defensa de la competencia y por los tribunales nacionales en virtud del efecto directo de la prohibicio虂n de abuso de posicio虂n dominante contemplada por el Derecho de la Unio虂n, bas谩ndose en sus propias normas de procedimiento.

聽聽 El Tribunal de Justicia subraya, en este sentido, que, no obstante el principio de aplicacio虂n exclusiva del Reglamento a las operaciones de concentracio虂n, es el Derecho en materia de procedimiento de los Estados miembros el que se aplica a las concentraciones de dimensio虂n no comunitaria.

聽聽聽 A este prop贸sito, el Tribunal pone de relieve que el sistema de 芦ventanilla u虂nica禄 previsto por el Reglamento constituye un instrumento procedimental especi虂fico, encaminado a ser aplicado con cara虂cter exclusivo a las concentraciones de empresas que impliquen modificaciones estructurales importantes cuyo efecto en el mercado alcance ma虂s alla虂 de las fronteras nacionales de un Estado miembro. Con todo, a帽ade, de ello no se desprende que el legislador de la Unio虂n haya querido dejar sin objeto el control realizado a escala nacional de una operacio虂n de concentracio虂n basada en la prohibicio虂n de abuso de posicio虂n dominante impuesta por el Derecho primario.

聽聽聽 As铆 las cosas, manifiesta el Tribunal de Justicia que el control previo de las operaciones de dimensio虂n comunitaria establecido por el Reglamento no excluye un control ulterior de las operaciones de concentracio虂n que no alcancen dicho umbral, toda vez que determinadas concentraciones que pueden quedar libres de un control previo, sin embargo pueden ser objeto de un control posterior.

聽聽 Precisamente, conforme a la Sentencia, habr谩 de tenerse en cuenta que al realizar el control ulterior basado en la prohibicio虂n del abuso de posicio虂n dominante, la autoridad nacional que conoce del asunto habr谩 de comprobar si el adquirente, con posicio虂n dominante en un mercado determinado y que ha adquirido el control de otra empresa en dicho mercado, ha obstaculizado sustancialmente la competencia en ese mercado, a resultas de ese comportamiento

聽 Considerado lo anterior, el Tribunal de Justicia declara:

鈥淓l art铆culo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) n.潞聽139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, debe interpretarse en el sentido de聽que

no se opone a que una operaci贸n de concentraci贸n de empresas carente de dimensi贸n comunitaria a efectos del art铆culo 1 de dicho Reglamento, que no alcanza los umbrales de control聽ex ante聽obligatorio previstos por el Derecho nacional y que no ha dado lugar a un procedimiento de remisi贸n a la Comisi贸n con arreglo al art铆culo 22 de dicho Reglamento, sea considerada por una autoridad de competencia de un Estado miembro como constitutiva de un abuso de posici贸n dominante prohibido por el art铆culo 102聽TFUE, a la luz de la estructura de la competencia en un mercado de dimensi贸n nacional鈥.

La Sentencia completa puede verse aqu铆.

TJUE: RGPD y Despido del Delegado de Protecci贸n de Datos

En su sentencia de 22 de junio de 2022 (asunto C-534/20; Leistritz), el TJUE se pronunci贸 sobre si el RGPD permite la aplicabilidad de las disposiciones alemanas que rigen la terminaci贸n del empleo de un responsable de la protecci贸n de datos (DPO) de conformidad con el art铆culo 38 (2) y el art铆culo 6 (4) frase 2 de la Ley Federal de Protecci贸n de Datos (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

No Eume- Ponte do Eume

Antecedentes

La decisi贸n del TJUE se basa en la petici贸n de decisi贸n prejudicial del Tribunal Federal de Trabajo alem谩n (Bundesarbeitsgericht, BAG) formulada mediante la decisi贸n de 30 de julio de 2020 (2 AZR 225/20). El BAG deb铆a pronunciarse sobre la legalidad del despido de una DPO por parte de su empleador.

  • El empleador, una sociedad de Derecho privado que, con arreglo a la legislaci贸n alemana, est谩 obligada a nombrar a un DPO, hab铆a puesto fin a la relaci贸n laboral de la DPO con la debida antelaci贸n debido a una medida de reestructuraci贸n. Los tribunales de primera instancia consideraron que la rescisi贸n no era v谩lida porque eran aplicables las disposiciones que regulan la rescisi贸n de la relaci贸n laboral de un DPO con arreglo al art铆culo 38, apartado 2, y al art铆culo 6, apartado 4, segunda frase, de la BDSG, por lo que la relaci贸n laboral s贸lo pod铆a haberse rescindido por 鈥渃ausa justificada鈥, en el sentido de la BDSG y el RGPD.
            • El art铆culo 6 (4) de la BDSG, establece:鈥No se pondr谩 fin a la relaci贸n laboral del responsable de la protecci贸n de datos a menos que existan hechos que den al organismo 鈥. una causa justa para poner fin a la relaci贸n laboral sin previo aviso. […]禄
  • El BAG ten铆a dudas sobre la compatibilidad de esta disposici贸n (art铆culo 6 (4) de la BDSG) con el art铆culo 38, apartado 3, frase 2, del RGPD (芦El responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento no podr谩 despedirlo ni sancionarlo por el desempe帽o de sus funciones芦), ya que las disposiciones alemanas imponen requisitos m谩s estrictos al cese del empleo de un DPO que la disposici贸n de la legislaci贸n de la UE. En este contexto, el BAG plante贸 la siguiente pregunta al TJCE*:

芦驴Debe interpretarse el art铆culo 38, apartado 3, segunda frase, [del RGPD] en el sentido de que se opone a una disposici贸n de Derecho nacional, como el art铆culo 38, apartados 1 y 2, en relaci贸n con el art铆culo 6, apartado 4, segunda frase, de la [BDSG], que declara inadmisible la rescisi贸n ordinaria del contrato de trabajo del delegado de protecci贸n de datos por el responsable del tratamiento, que es su empleador, con independencia de que su contrato se rescinda por el desempe帽o de sus funciones?禄.

En sus razonamientos, el TJUE recuerda que el numeral 97 de los considerandos del RGPD establece que 聽聽los delegados de protecci贸n de datos, sean o no empleados del responsable del tratamiento, deben estar en condiciones de desempe帽ar sus funciones y cometidos de manera independiente.聽Y que el l art铆culo 37 del RGPD, titulado 芦Designaci贸n del delegado de protecci贸n de datos禄, tiene el siguiente tenor: 1.- El responsable y el encargado del tratamiento designar谩n un delegado de protecci贸n de datos siempre聽que:聽 a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo p煤blico, excepto los tribunales que act煤en en ejercicio de su funci贸n judicial; b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en raz贸n de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observaci贸n habitual y sistem谩tica de interesados a gran escala,聽o c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categor铆as especiales de datos con arreglo al art铆culo 9 o de datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el art铆culo聽10.聽El art铆culo 38 del RGPD, titulado 芦Posici贸n del delegado de protecci贸n de datos禄, establece, en sus apartados 3聽y聽5: 芦3.聽El responsable y el encargado del tratamiento garantizar谩n que el delegado de protecci贸n de datos no reciba ninguna instrucci贸n en lo que respecta al desempe帽o de dichas funciones. No ser谩 destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempe帽ar sus funciones. El delegado de protecci贸n de datos rendir谩 cuentas directamente al m谩s alto nivel jer谩rquico del responsable o encargado.[鈥 5. El delegado de protecci贸n de datos estar谩 obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempe帽o de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Uni贸n o de los Estados miembros.禄聽El art铆culo 39 del RGPD, titulado 芦Funciones del delegado de protecci贸n de datos禄, dispone, en su apartado 1, letra聽b): 芦El delegado de protecci贸n de datos tendr谩 como m铆nimo las siguientes funciones:鈥, supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protecci贸n de datos de la Uni贸n o de los Estados miembros y de las pol铆ticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protecci贸n de datos personales, incluida la asignaci贸n de responsabilidades, la concienciaci贸n y formaci贸n del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditor铆as correspondientes;…..

Merindades burgalesas
Merindades burgalesas

La respuesta del TJUE a la pregunta del BAG es que la segunda frase del art铆culo 38, apartado 3, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislaci贸n nacional que establece que un responsable o un encargado del tratamiento puede rescindir el contrato de trabajo de un delegado de protecci贸n de datos, que es miembro de su personal, 煤nicamente con justa causa, aunque la rescisi贸n contractual no est茅 relacionada con el desempe帽o de las tareas de dicho delegado, en la medida en que dicha legislaci贸n no menoscabe la consecuci贸n de los objetivos del RGPD.聽Seg煤n el TJCE, las disposiciones alemanas, en virtud de las cuales la relaci贸n laboral de un DPO s贸lo puede rescindirse por causa justificada, aunque la rescisi贸n no est茅 relacionada con el desempe帽o de sus funciones, en principio no son contrarias al Derecho de la UE. Sin embargo, el DPO debe seguir siendo suficientemente competente para sus actividades. Esto significa que , desde el punto de vista del derecho de la UE en lo relativo al RGPD, el cese debe ser posible incluso si no se cumplen los estrictos requisitos de la aplicaci贸n tradicional de la legislaci贸n alemana de protecci贸n del empleo favorable a los trabajadores.

El TJUE justific贸 su decisi贸n afirmando que el art铆culo 38, apartado 3, frase 2, del RGPD sirve 煤nicamente para proteger la independencia funcional del DPO . En cambio, no tiene por objeto regular la relaci贸n laboral entre un responsable o un encargado del tratamiento y el DPO como su empleado o prestador de servicio externo. Tales relaciones se ven afectadas pero s贸lo incidentalmente, en la medida en que sea estrictamente necesario para lograr los objetivos del RGPD. En cambio, la fijaci贸n de normas sobre la protecci贸n de los DPD/DPO frente a la terminaci贸n de su relaci贸n laboral es fundamentalmente una cuesti贸n de pol铆tica social, 谩mbito en el que los Estados miembros de la UE pueden establecer disposiciones m谩s tuitivas y estrictas que el legislador de la UE, siempre dentro de unos l铆mites. As铆, en cuanto a la compatibilidad de las disposiciones nacionales que protegen al DPO contra el cese de su empleo con el RGPD, el TJUE se帽ala que las disposiciones protectoras no pueden menoscabar los objetivos del RGPD, por ejemplo, no podr铆an impedir la 聽rescisi贸n del contrato de trabajo, del DPP/DPO cuando no posea las cualidades profesionales necesarias para desempe帽ar sus funciones. O cuando no cumpla dichas funciones de conformidad con las disposiciones del RGPD

Queda por ver si los tribunales alemanes, que tienden a ser favorables a los empleados, considerar谩n estos dos casos como 芦causas justas禄 para el despido en futuras decisiones y/o si desarrollar谩n otros casos de causa justa cuando el despido sea necesario para alcanzar los objetivos del RGPD. En cualquier caso, la cuesti贸n de si existe una causa justa para el despido a煤n debe determinarse caso por caso, si bien los efectos de una rescisi贸n sobre las obligaciones derivadas del RGPD desempe帽ar谩n un papel importante a la hora de determinar si existe una causa justa para la rescisi贸n.

Entrada redactada con el apoyo del Proyecto de Investigaci贸n 芦Retribuci贸n de los administradores de sociedades de capital y sostenibilidad a largo plazo de la empresa禄, con el n煤mero de referencia: SBPLY/21/180501/000240 concedido por la Consejer铆a de Educaci贸n, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Seg煤n el Tribunal General el signo figurativo ANDORRA no puede registrarse como marca de la Uni贸n para varios productos y servicios

El Tribunal General confirma que el signo figurativo ANDORRA no puede registrarse como marca de la Uni贸n para varios productos y servicios

 

By M.A. D铆az
As铆 lo declara la Sentencia del Tribunal General de 23 de febrero de 2022 en el asunto T-806/19 Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra), considerando que dicha marca, constituida por el signo figurativo ANDORRA, tiene car谩cter descriptivo y el p煤blico pertinente puede percibirla como una indicaci贸n de la procedencia de los productos y servicios en cuesti贸n (vid. comunicado de prensa del Tribunal General).

 

  • En junio de 2017 el Govern d鈥橝ndorra (Gobierno del Principado de Andorra) present贸 una solicitud de registro de marca de la Uni贸n en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni贸n Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento sobre la marca de la Uni贸n Europea, (Reglamento (CE) n.潞 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Uni贸n Europea, en su versi贸n modificada y sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017). La marca solicitada consist铆a en el signo figurativo siguienteDicha marca se pretend铆a utilizar para diferenciar un amplio abanico de productos y servicios: fotograf铆as; tabaco; operaciones financieras, operaciones monetarias, servicios inmobiliarios; organizaci贸n de viajes; educaci贸n; formaci贸n; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; microedici贸n; publicaci贸n de libros; publicaci贸n de textos que no sean publicitarios; publicaci贸n electr贸nica de libros y peri贸dicos en l铆nea; suministro de publicaciones electr贸nicas en l铆nea no descargables y tratamientos de belleza.
By M.A. D铆az
By M.A. D铆az

Formulada solicitud de registro ante la EUIPO, fue denegada en febrero de 2018, considerando que el t茅rmino 芦Andorra禄 era suficientemente directo y lo que describ铆a simplemente era el origen geogr谩fico de los productos y servicios para los que se iba a utilizar. Adem谩s resolvi贸 que carec铆a de pertinencia que las caracter铆sticas de los productos o servicios que pudieran describirse fueran esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial. Para la EUIPO los consumidores pertinentes percibir铆an la marca solicitada como una marca ordinaria y no como una marca perteneciente a un titular en particular.

  • El recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resoluci贸n de la examinadora, que fue desestimado por resoluci贸n de 26 de agosto de 2019, confirmando la denegaci贸n.

La EUIPO consider贸 en particular, por un lado, que el signo ser铆a percibido como designaci贸n del origen geogr谩fico de los productos y servicios en cuesti贸n, o como el lugar donde se prestar铆an esos servicios. Por otro lado, el signo ANDORRA carec铆a, a su juicio, de car谩cter distintivo, puesto que informaba simplemente de ese origen geogr谩fico, y no del origen comercial particular de los productos y servicios designados, careciendo de todo car谩cter distintivo. En cuanto al car谩cter descriptivo de la marca en relaci贸n con los correspondientes productos y servicios, argument贸 que, aunque es cierto que el signo solicitado posee ciertos elementos figurativos consistentes en una ligera estilizaci贸n del vocablo 芦Andorra禄, esta era insignificante y no contrarrestaba su car谩cter descriptivo. El p煤blico pertinente percibir铆a que el signo designa el origen geogr谩fico de los productos y servicios de que se trata, o el lugar en el que se prestan dichos servicios.

  • El Govern d鈥橝ndorra interpuso ante el Tribunal General recurso contra la resoluci贸n de la EUIPO y es precisamente esta sentencia de la que aqu铆 damos cuenta donde se desestima el recurso en su totalidad.

– El Govern d鈥橝ndorra alega que Andorra no es un pa铆s conocido por la fabricaci贸n de los productos y la prestaci贸n de los servicios en cuesti贸n, considerando que para el consumidor no hay ninguna relaci贸n actual o potencial entre los productos y servicios en cuesti贸n y la marca solicitada que permita considerar que el t茅rmino 芦Andorra禄 indica una procedencia geogr谩fica en el sentido del Reglamento.

– A fin de determinar el car谩cter descriptivo de la marca solicitada en relaci贸n con los productos y servicios de que se trata, el Tribunal General examina, por un lado, si el t茅rmino geogr谩fico que forma la marca solicitada es percibido como tal y conocido por el p煤blico pertinente y, por otro lado, si ese t茅rmino geogr谩fico presenta o podr铆a presentar en el futuro un v铆nculo con los productos y servicios para los que se pretende utilizar la marca.

  • Analizando pormenorizadamente estas cuestiones, el Tribunal General concluye:

– que el Govern d麓Andorra no ha logrado desvirtuar las apreciaciones de la EUIPO sobre el car谩cter descriptivo de la actividad solicitada respecto a los productos y servicios que se pretenden diferenciar y que la EUIPO entendi贸 fundadamente que dicha marca no pod铆a registrarse como marca de la Uni贸n. Por consiguiente, el Tribunal resuelve que se trata efectivamente de un motivo de denegaci贸n absoluto que sirve para justificar por s铆 solo que el signo no pueda registrarse como marca de la Uni贸n.

– El Tribunal General se帽ala, por lo dem谩s, que la EUIPO, en su resoluci贸n, no incumpli贸 su obligaci贸n de motivaci贸n ni vulner贸 el derecho de defensa ni viol贸 los principios de seguridad jur铆dica, igualdad de trato y buena administraci贸n.

聽聽聽聽聽聽聽 El texto 铆ntegro de la sentencia puede verse aqu铆.

 

El Tribunal General concede a Deutsche Telekom una indemnizacio虂n de aproximadamente 1,8 millones de euros como indemnizacio虂n por el perjuicio causado por la negativa de la Comisio虂n a abonarle intereses de demora sobre el importe de la multa pagada indebidamente por infraccio虂n de la normativa relativa a la competencia

 

Invierno. By M.A. D铆az
As铆 se pronuncia el Tribunal General de la Unio虂n Europea en la Sentencia de 19 de enero de 2022 en el asunto T-610/19 Deutsche Telekom/Comisio虂n Europea.
    • Inicialmente la Comisio虂n Europea, en la Decisio虂n de 15 de octubre de 2014, impuso a la sociedad Deutsche Telekom AG una multa de 31.070.000 euros por abuso de posicio虂n dominante en el mercado eslovaco de servicios de telecomunicaciones de banda ancha, por haber infringido el arti虂culo 102 TFUE y el arti虂culo 54 del Acuerdo EEE.
    • Aunque Deutsche Telekom interpuso recurso de anulacio虂n contra dicha Decisio虂n, pago虂 la multa el 16 de enero de 2015. El recurso fue parcialmente estimado por sentencia de 13 de diciembre de 2018, rebajando el importe de la multa en 12.039.019 euros. Dicha cantidad fue devuelta por la Comisio虂n a Deutsche Telekom el 19 de febrero de 2019.
    • No obstante, mediante escrito de 28 de junio de 2019, la Comisio虂n se nego虂 a abonar a Deutsche Telekom intereses de demora por el peri虂odo comprendido entre el di虂a de pago de la multa y el di虂a de devolucio虂n de la parte de la multa declarada indebida.
    • Deutsche Telekom interpuso ante el Tribunal General un recurso en el que solicitaba la anulacio虂n de la decisio虂n impugnada y la condena de la Comisio虂n a pagar una indemnizacio虂n por el lucro cesante derivado de la privacio虂n del disfrute, durante el referido peri虂odo, del principal de la parte de la multa indebidamente pagada o, con cara虂cter subsidiario, la indemnizacio虂n del perjuicio que alega haber sufrido por la negativa de la Comisio虂n a abonar intereses de demora sobre tal principal.
Mediante su sentencia, el Tribunal General estima parcialmente el recurso de anulacio虂n y de indemnizacio虂n de Deutsche Telekom.
A este respecto, el Tribunal General desestima la pretensio虂n de Deutsche Telekom de que se indemnice, en virtud de la responsabilidad extracontractual de la Unio虂n, el lucro cesante que presuntamente sufrio虂 por la privacio虂n del disfrute, durante el peri虂odo referido, de la parte de la multa indebidamente pagada, equivalente a la rentabilidad anual de los capitales que comprometio虂 o al coste medio ponderado de su capital.
  • El Tribunal General recuerda que la responsabilidad extracontractual de la Unio虂n presupone la concurrencia de varios requisitos cumulativos: la existencia de infraccio虂n de una norma juri虂dica que atribuya derechos a los particulares, la realidad del dan虄o y la existencia de una relacio虂n de causalidad entre el incumplimiento y el perjuicio sufrido, lo que ha de demostrar la parte demandante.
  • En este caso, Deutsche Telekom no aporta pruebas concluyentes del perjuicio invocado. As铆, ni ha probado que habri虂a invertido necesariamente el importe de la multa indebidamente pagado en sus actividades ni que la privacio虂n del disfrute de dicho importe la llevara a renunciar a proyectos especi虂ficos y concretos. Asimismo Deutsche Telekom tampoco ha logrado acreditar que no dispusiera de los fondos necesarios para aprovechar una oportunidad de inversio虂n.
M谩s all谩 de lo anterior, el Tribunal General se pronuncia sobre la pretensio虂n de indemnizacio虂n formulada con cara虂cter subsidiario por Deutsche Telekom por infraccio虂n del arti虂culo 266 TFUE, cuando establece la obligacio虂n de las instituciones, a las que una sentencia del juez de la Unio虂n anule un acto, de adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar dicha sentencia.
  • El Tribunal General manifiesta, por una parte que, al imponer a las instituciones la obligacio虂n de adoptar todas las medidas necesarias para la ejecucio虂n de las sentencias del juez de la Unio虂n, el arti虂culo 266 TFUE, confiere derechos a los particulares que hayan visto estimadas sus pretensiones ante dicho juez.
  • Por otra parte, el Tribunal General recuerda que los intereses de demora constituyen un elemento indispensable de la obligacio虂n de restablecer la situacio虂n anterior que compete a las instituciones conforme a aquel precepto. Asi虂 pues, en caso de anulacio虂n y de reduccio虂n de una multa impuesta a una empresa por infraccio虂n de las normas sobre competencia, de esta disposicio虂n resulta la obligacio虂n de la Comisio虂n de restituir el importe de la multa indebidamente pagado, junto con intereses de demora.
Teniendo en cuenta que, por un lado, la normativa financiera aplicable establece un cre虂dito de restitucio虂n en favor de la sociedad que haya pagado a ti虂tulo provisional una multa posteriormente anulada y reducida y que, por otro, la anulacio虂n y la reduccio虂n del importe de la multa llevada a cabo por el juez de la Unio虂n tiene efecto retroactivo, el Tribunal General declara que el cre虂dito de Deutsche Telekom existi虂a y era cierto en cuanto a su importe ma虂ximo el di虂a del pago provisional de la multa.
  • Eso significa, a su juicio, que la Comisio虂n estaba obligada a abonar intereses de demora sobre la parte del importe de la multa declarada indebida por el Tribunal General respecto de todo el peri虂odo de que se trata.
  • De esta forma, lo que se tratar铆a de conseguir ser铆a ofrecer una indemnizaci贸n a tanto alzado por la privacio虂n del disfrute de un cre虂dito vinculado a un retraso objetivo e incentivar a la Comisio虂n para que ponga especial atencio虂n cuando adopte una decisio虂n que suponga el pago de una multa.

    Invierno. By M.A. D铆az
Frente a lo que alegaba la Comisi贸n, el Tribunal General mantiene que la obligacio虂n de abonar intereses de demora no es contraria a la funcio虂n disuasoria de las multas en los asuntos de competencia. Y es que, junto a ello, no hay que olvidar que la funcio虂n disuasoria de las multas debe conciliarse con el principio de tutela judicial efectiva que figura en el arti虂culo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unio虂n Europea.
Al margen de lo anterior, el Tribunal General rechaza asimismo las dema虂s alegaciones formuladas por la Comisio虂n.
  • Por una parte, aunque el importe de la multa pagada por la demandante no produjo intereses mientras obraba en poder de la Comisio虂n, 茅sta estaba obligada, a rai虂z de la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, a devolver a la demandante la parte del importe de la multa declarada indebida, a lo que hab铆an de sumarse los intereses de demora. Recuerda, asimismo el Tribunal que la obligacio虂n de abonar intereses de demora deriva directamente del arti虂culo 266 TFUE, pa虂rrafo primero, y la Comisio虂n no esta虂 facultada para establecer, a trav茅s de una decisio虂n individual, las condiciones en las que abonara虂 intereses de demora en caso de anulacio虂n de la decisio虂n por la que impuso una multa y de reduccio虂n de su importe.
  • Por otra parte, pone de relieve que los intereses adeudados en el caso que nos ocupa son intereses de demora y no intereses compensatorios. Y ello porque el cre虂dito principal de Deutsche Telekom era un cre虂dito de restitucio虂n vinculado al pago de una multa que se habi虂a efectuado con cara虂cter provisional.
A la vista de que la Comisio虂n estaba obligada a devolver a Deutsche Telekom la parte de la multa pagada indebidamente, junto con intereses de demora, y de que no disponi虂a de ningu虂n margen de apreciacio虂n, el Tribunal General concluye que la negativa a abonar dichos intereses a Deutsche Telekom supone una infracci贸n del arti虂culo 266 TFUE, pa虂rrafo primero, que genera la responsabilidad extracontractual de la Unio虂n. Y partiendo de la existencia de una relacio虂n directa entre dicha infraccio虂n y el perjuicio representado por la pe虂rdida, en el peri虂odo antes se帽alado, de los intereses de demora sobre la parte de la multa pagada indebidamente, el Tribunal General concede a Deutsche Telekom una indemnizacio虂n de 1.750.522,38 euros, calculada aplicando por analogi虂a el tipo previsto en el arti虂culo 83, apartado 2, letra b), del Reglamento Delegado n煤m. 1268/2012, concretamente el tipo que aplicaba el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciacio虂n en enero de 2015, es decir, el 0,05 %, incrementado en tres puntos y medio porcentuales.

 

Por 煤ltimo, cabe recordar que contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casacio虂n ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez di虂as a partir de la notificacio虂n de la resolucio虂n.

Una lectura completa de la Sentencia puede realizarse aqu铆.

 

El Tribunal General mantiene las multas impuestas por la Comisio虂n a varias empresas por su participacio虂n en una pra虂ctica colusoria en el mercado de los condensadores electroli虂ticos de aluminio y de tantalio.

As铆 se pronuncia el Tribunal General en las sentencias de 29 de septiembre de 2021, de las que dejamos constancia.
Para entender estas Sentencias, hay que remontarse a la Decisio虂n de 21 de marzo de 2018, en la que la Comisio虂n impuso una multa total de aproximadamente 254 millones de euros a nueve empresas o grupos de empresas japoneses por su participacio虂n, durante diversos peri虂odos comprendidos entre 1998 y 2012, en una pra虂ctica colusoria en el mercado de los condensadores electroli虂ticos de aluminio y de tantalio. Tales multas recayeron en las empresas o grupos de empresas Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rubycon, Sanyo, NEC y Tokin.

 

  • El mercado de producto en el que se enmarcan estas Sentencias es el de los condensadores
    By M.A. D铆az
    By M.A. D铆az

    electroli虂ticos empleados en casi todos los productos electro虂nicos, como ordenadores personales, tabletas, tele虂fonos, climatizadores, refrigeradores, lavadoras, productos de automo虂viles y aparatos industriales.

  • Seg煤n la Comisio虂n la infraccio虂n se hab铆a producido en todo el territorio del Espacio Econo虂mico Europeo (EEE) y habi虂a consistido en acuerdos y/o pra虂cticas concertadas que teni虂an por objeto la coordinacio虂n de las poli虂ticas de precios para estos productos. Constata que las empresas participaron en numerosas reuniones multilaterales y establecieron contactos para intercambiarse informacio虂n comercial sensible, especialmente, sobre sus precios futuros y sobre sus intenciones tarifarias, asi虂 como sobre la oferta y la demanda esperada con el af谩n de coordinar su comportamiento futuro y evitar acometer una competencia basada en precios.

Algunas empresas 鈥昇EC, Nichicon, Tokin, Rubycon y Nippon Chemi-Con 鈥 interpusieron recursos ante el Tribunal General solicitando la anulaci贸n de la Decisio虂n de la Comisi贸n o la reducci贸n de sus respectivas multas.

En las sentencias de 29 de septiembre de 2021, el Tribunal desestima todas las alegaciones formuladas por las empresas y mantiene las multas impuestas por la Comisio虂n.

 

– En el asunto T-341/18, la Comisio虂n consider贸 responsable a NEC, como sociedad matriz que posei虂a la totalidad del capital de Tokin, en el peri虂odo comprendido entre el 1 de agosto de 2009 y el 23 de abril de 2012. Respecto al importe de la multa, la Comisio虂n estimo虂 que el importe de base de la multa debi虂a incrementarse al aplicarse la circunstancia agravante de reincidencia, al haber declarado a NEC responsable de un comportamiento contrario a la competencia en la Decisio虂n 芦DRAMs禄 de la Comisio虂n de 19 de mayo 2010, por una infraccio虂n cometida entre el 1 de julio de 1998 y el 15 de junio de 2002.

  • La Comisio虂n declar贸 que, aunque esa primera infraccio虂n fue sancionada cuando la infraccio虂n constatada por la Decisio虂n impugnada se estaba llevando a cabo, procedi虂a aplicar el incremento por reincidencia al importe de base de la multa y, por tanto, tener en cuenta la totalidad del peri虂odo de la responsabilidad de NEC por la infraccio虂n, incluido el peri虂odo de casi nueve meses anterior a la adopcio虂n de la Decisio虂n DRAMs.
  • Para el Tribunal General la Comisio虂n no incurrio虂 en error de Derecho al considerar que el hecho de que NEC ya hubiese sido objeto de una declaracio虂n de infraccio虂n y de que, a pesar de esta declaracio虂n y de la sancio虂n impuesta, hubiese seguido participando durante casi dos an虄os en otra infraccio虂n similar constitui虂a una reincidencia.

 

By M.A. D铆az
By M.A. D铆az

– En el asunto T-344/18, el Tribunal General recuerda los requisitos exigidos para que una empresa pueda ser beneficiaria de una reduccio虂n de la multa que se le ha impuesto en virtud de una dispensa parcial de la multa, en particular, consistentes en que la empresa aporte pruebas que permitan a la Comisio虂n demostrar hechos adicionales que redunden en un incremento de la gravedad o de la duracio虂n de la infraccio虂n.

  • Al respecto, el Tribunal General confirma la conclusio虂n de la Comisio虂n de que las pruebas aportadas por Rubycon, acerca de un grupo de reuniones, no habi虂an tenido incidencia en la gravedad de la infraccio虂n. Seg煤n el Tribunal General, aunque esas pruebas demuestran que, durante ese grupo de reuniones, las empresas celebraron acuerdos sobre los precios acompan虄ados de un mecanismo de supervisio虂n para garantizar su aplicacio虂n, no se trata de componentes auto虂nomos de la infraccio虂n susceptibles de tener un impacto en su gravedad. Y ello porque, de un lado, dichos acuerdos formaban parte de una infraccio虂n compleja, que abarcaba, sin necesidad de calificacio虂n especi虂fica, tanto los acuerdos como las pra虂cticas concertadas. Y, de otro, porque el mecanismo de supervisio虂n no era una particularidad de la infraccio虂n, al realizarse la supervisio虂n tambi茅n al margen de ese mecanismo.
  • En el asunto T-344/18, las partes demandantes aducen tambie虂n que la Comisio虂n, respecto a algunos participantes en la pra虂ctica colusoria, les concedi贸 un trato ma虂s favorable, al efectuarles una reducci贸n del importe de la multa del 3 % al no quedar acreditada su participacio虂n en determinadas reuniones, privando de dicha reduccio虂n a Rubycon, que divulgo虂 la existencia de algunas de esas reuniones.
  • A juicio del Tribunal General, esa alegacio虂n parte de una comparacio虂n erro虂nea entre el concepto de 芦dispensa parcial de la multa禄, recogido en la Comunicacio虂n sobre la cooperacio虂n de 2006, y las circunstancias atenuantes que la Comisio虂n debe tener en cuenta, enumeradas en las Directrices de 2006, al no ser las dos situaciones comparables ni f谩ctica ni juri虂dicamente.

– En los asuntos T-342/18 y T-363/18, las partes demandantes cuestionaron la competencia territorial de la Comisio虂n toda vez que el comportamiento contrario a la competencia se centraba en Asia, sin que se haya ejecutado en el EEE ni haya tenido en este 煤ltimo un efecto significativo.

  • A este prop贸sito, el Tribunal General recuerda que los requisitos para la aplicacio虂n territorial del arti虂culo 101 TFUE concurren en dos supuestos: 1潞) cuando las pra虂cticas referidas en dicho precepto se llevan a cabo en el territorio del mercado interior independientemente del lugar donde se decidan, de modo que para que se cumpla el criterio de ejecucio虂n de la pra虂ctica colusoria basta con que se produzca la venta en la Unio虂n del producto objeto de ca虂rtel, al margen de do虂nde se encuentren las fuentes de abastecimiento y las instalaciones de produccio虂n; 2潞) cuando es previsible que las citadas pra虂cticas produzcan un efecto inmediato y sustancial en el mercado interior. En el caso presente, los participantes en la pra虂ctica colusoria intercambiaban, en particular, informacio虂n relativa a clientes que tuvieran su domicilio social en el EEE o a clientes que tuvieran fa虂bricas en el EEE y, al mismo tiempo, coordinaban su poli虂tica comercial, en funcio虂n de las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas, incluido el euro. De esta forma, si bien los participantes en el ca虂rtel eran empresas con domicilio social en Japo虂n y los contactos contrarios a la competencia se produjeron en Japo虂n, puede afirmarse que estos teni虂an un alcance mundial, incluyendo el EEE.
  • En esta direcci贸n, el l Tribunal General concluye que el criterio de la ejecucio虂n de la pra虂ctica colusoria como punto de conexio虂n de esta con el territorio de la Unio虂n se cumple en el caso de autos y que la Comisio虂n considero虂 acertadamente que era competente.

– En el asunto T-342/18, la parte demandante argumenta que, dado que ya se habi虂an impuesto a los participantes en la pra虂ctica colusoria multas en pai虂ses terceros, la Comisio虂n infringi贸 el principio ne bis in idem y el principio de proporcionalidad, al imponer multas adicionales.

  • Para el Tribunal General el principio ne bis in idem no puede aplicarse en un caso como el presente, en el que los procedimientos tramitados y las sanciones impuestas por la Comisio虂n, por un lado, y por las autoridades de Estados terceros, por otro, no pretenden los mismos objetivos. As铆, mientras en el primer caso se trata de preservar una competencia no falseada en el EEE, la proteccio虂n perseguida, en el segundo caso, atan虄e al mercado de pai虂ses terceros. Desde esta perspectiva, y partiendo de que no existe 聽identidad de intere虂s juri虂dico protegido, concluye el Tribunal que no puede aplicarse el principio ne bis in idem.
  • Por lo dem谩s, en lo concerniente a la supuesta violacio虂n del principio de proporcionalidad, que se invoca, el Tribunal General manifiesta que cualquier consideracio虂n basada en la existencia de multas impuestas por las autoridades de un tercer Estado u虂nicamente puede ser tenida en cuenta dentro de la facultad de apreciacio虂n de que goza la Comisio虂n al fijar las multas por infracciones del Derecho de la competencia de la Unio虂n. Ello significa que, si bien es cierto que no cabe excluir que la Comisio虂n tenga en cuenta multas anteriormente impuestas por las autoridades de Estados terceros, no lo es menos que no esta虂 obligada a hacerlo.

Finalmente, respecto a estas sentencias, es menester recordar, como lo hacen las sentencias, que contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casacio虂n ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez di虂as a partir de la notificacio虂n de la resolucio虂n.

M谩s informaci贸n sobre estas sentencias aqu铆.

 

Es conforme con el Derecho de la Uni贸n el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estrat茅gicas espa帽olas con dificultades temporales debidas a la pandemia de Covid-19

Para el Tribunal General la medida controvertida, destinada a realizar operaciones de recapitalizaci贸n y dotada con un presupuesto de 10 000 millones de euros, representa un r茅gimen de ayudas de Estado, pero de car谩cter proporcionado y no discriminatorio.

 

As铆 se ha pronunciado el Tribunal General en su Sentencia de 19 de mayo de 2021, al resolver聽 el asunto T-628/20 Ryanair DAC/Comisi贸n(Espa帽a 鈥揅ovid-19)聽 , en relaci贸n con el r茅gimen de ayudas por el que se cre贸 un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estrat茅gicas espa帽olas con dificultades temporales a ra铆z de la pandemia de Covid-19. (vid. Comunicado de prensa y texto 铆ntegro).

 

By M.A. D铆az
By M.A. D铆az
  • Para entender adecuadamente el asunto, es menester recordar que en julio de 2020, Espa帽a notific贸 a la Comisi贸n Europea un r茅gimen de ayudas por el que se cre贸 un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estrat茅gicas espa帽olas que atraviesen dificultades temporales a ra铆z de la pandemia de Covid-19. Este Fondo de apoyo habilitaba para adoptar diferentes medidas de recapitalizaci贸n a favor de las empresas no financieras domiciliadas y con los principales centros de trabajo en Espa帽a y que se consideren sist茅micas o estrat茅gicas para la econom铆a espa帽ola. El presupuesto de ese r茅gimen de ayudas, financiado con cargo a los presupuestos del Estado, se fij贸 en 10 000 millones de euros hasta el 30 de junio de 2021.

 

  • Considerando que el r茅gimen notificado constitu铆a una ayuda de Estado ex art铆culo 107, apartado 1, el TFUE, la Comisi贸n procedi贸 a valorar su compatibilidad con el mercado interior, con apoyo en su Comunicaci贸n de 19 de marzo de 2020, titulada 芦Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la econom铆a en el contexto del actual brote de COVID-19禄. La Comisi贸n, en su Decisi贸n de 31 de julio de 2020, declar贸 el r茅gimen notificado compatible con el mercado interior. Y ello, seg煤n la Comisi贸n, porque de conformidad con el art铆culo 107 TFUE, apartado 3, letra b), las ayudas destinadas a poner remedio a una grave perturbaci贸n en la econom铆a de un Estado miembro podr谩n considerarse, en ciertas condiciones, compatibles con el mercado interior.
  • La compa帽铆a a茅rea Ryanair interpuso un recurso por el que solicitaba la anulaci贸n de dicha Decisi贸n, que fue desestimado por el Tribunal General. Ryanair invoca cinco motivos, basados, el primero, en la violaci贸n de los principios de no discriminaci贸n, de libre prestaci贸n de servicios y de libertad de establecimiento; el segundo, en el incumplimiento de la obligaci贸n de ponderar los efectos positivos de la ayuda con sus efectos negativos sobre las condiciones de los intercambios y el mantenimiento de una competencia no falseada; el tercero, en la calificaci贸n err贸nea de la medida en cuesti贸n como r茅gimen de ayudas; el cuarto, en una vulneraci贸n de sus derechos procedimentales, y el quinto, en un incumplimiento de la obligaci贸n de motivaci贸n.
  • La Sala correspondiente del Tribunal General examina la compatibilidad con el mercado interior del r茅gimen de ayudas de Estado teniendo en cuenta que se adoptan en respuesta a las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y bajo el paraguas del art铆culo 107 TFUE, apartado 3, letra b). Por lo dem谩s, el Tribunal General se ocupa de clarificar c贸mo se combinan las normas sobre ayudas de Estado con el principio de no discriminaci贸n por raz贸n de la nacionalidad, previsto en el art铆culo 18 TFUE, p谩rrafo primero, as铆 como el concepto de 芦r茅gimen de ayudas禄 ex art铆culo 1, letra d), del Reglamento 2015/1589.

Veamos qu茅 dice la Sentencia:

  • En primer lugar, el Tribunal General procede a realizar un control de la Decisi贸n de la Comisi贸n al efecto de comprobar si respeta el principio de no discriminaci贸n, verificando si la diferencia de trato instituida mediante el r茅gimen de ayudas controvertido, al establecer que solo pueden acceder a 茅l las empresas con domicilio social en Espa帽a y cuyos principales centros de trabajo est茅n en Espa帽a, est谩 justificada por un objetivo leg铆timo y si es necesaria, adecuada y proporcionada para alcanzarlo. Se ocupa asimismo el Tribunal General de verificar la incidencia del art铆culo 18 TFUE, p谩rrafo primero, que proh铆be toda discriminaci贸n por raz贸n de la nacionalidad en el 谩mbito de aplicaci贸n de los Tratados, sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos. Teniendo presente que el art铆culo 107 TFUE, apartado 3, letra b), forma parte de las disposiciones particulares previstas por los Tratados, el Tribunal General examina si el r茅gimen controvertido puede ser declarado compatible con el mercado interior conforme a esta norma.

En relaci贸n con esta cuesti贸n, el Tribunal General confirma, por un lado, que el objetivo perseguido con el r茅gimen controvertido cumple los requisitos del art铆culo 107 TFUE, apartado 3, letra b), en cuanto est谩 dirigido a remediar la grave perturbaci贸n producida en la econom铆a espa帽ola por la pandemia de Covid-19. Se帽ala, adem谩s, el Tribunal General que el criterio de la importancia estrat茅gica y sist茅mica de los beneficiarios de la ayuda pone de manifiesto, con toda claridad, el objetivo al que se dirige la ayuda.

Por otro lado, el Tribunal General entiende, que el hecho de que se limite el r茅gimen controvertido exclusivamente a las empresas no financieras que revistan una importancia sist茅mica o estrat茅gica para la econom铆a espa帽ola y que tengan su domicilio social y sus principales centros de trabajo en territorio espa帽ol es adecuada y, a la vez, necesaria para lograr el objetivo de poner remedio a la grave perturbaci贸n causada a la econom铆a de Espa帽a. El Tribunal General aclara, que tanto los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del r茅gimen como las modalidades de concesi贸n de las ayudas, consistentes en la entrada temporal del Estado espa帽ol en el capital de las empresas afectadas, como las restricciones ex post establecidas por dicho r茅gimen frente a los beneficiarios de las ayudas ponen de relieve la voluntad de Espa帽a de apoyar a las empresas que est茅n verdadera y permanentemente implantadas en la econom铆a espa帽ola. Y esto para el Tribunal es coherente con el objetivo del r茅gimen, cifrado en poner remedio a la grave perturbaci贸n de la econom铆a espa帽ola desde una perspectiva de desarrollo econ贸mico a medio y largo plazo.

Respecto al car谩cter proporcionado de r茅gimen de ayudas concluye el Tribunal General que, al establecer modalidades de acceso a la ayuda de alcance general y de car谩cter multisectorial, sin distinci贸n del sector econ贸mico de que se trate, Espa帽a pod铆a basarse leg铆timamente en criterios de elegibilidad dirigidos a identificar a las empresas que presentan una importancia sist茅mica o estrat茅gica para su econom铆a y a la vez un nexo duradero y estable con esta 煤ltima. En efecto, un criterio de elegibilidad diferente, que incluyera a las empresas que operen en territorio espa帽ol en concepto de meros prestadores de servicios, no habr铆a podido garantizar la necesidad de una implantacio虂n estable y duradera de los beneficiarios de la ayuda en la economi虂a espan虄ola, subyacente al re虂gimen de ayudas controvertido.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal General confirma que el objetivo del re虂gimen controvertido cumple los requisitos de la excepcio虂n del arti虂culo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y que las modalidades de concesio虂n de esta ayuda no exceden de lo necesario para alcanzar ese objetivo. Consiguientemente, declara que el re虂gimen en cuesti贸n ni viola el principio de no discriminacio虂n ni infringe el arti虂culo 18 TFUE, pa虂rrafo primero.

  • By M.A. D铆az

    En segundo lugar, el Tribunal General examina la Decisi贸n de la Comisi贸n a la luz de la libre prestaci贸n de servicios y de la libertad de establecimiento consagradas en el art铆culo 56 TFUE y en el 58 TFUE, respectivamente. Parte, eso s铆, el Tribunal General de que, como es sabido, la libre prestaci贸n de servicios no se aplica como tal en el sector de los transportes, al estar sujeto a un r茅gimen jur铆dico particular, en el que se incluye el Reglamento n.潞 1008/2008; Reglamento 茅ste destinado a definir las condiciones de aplicaci贸n del principio de libre prestaci贸n de servicios en el sector del transporte a茅reo. As铆 las cosas, Ryanair no hab铆a demostrado, de qu茅 modo la exclusi贸n del acceso a las medidas de recapitalizaci贸n establecidas mediante el r茅gimen controvertido pod铆a disuadirla de establecerse en Espa帽a o de efectuar prestaciones de servicios desde Espa帽a y con destino a este pa铆s.

 

  • En tercer lugar, el Tribunal General desestima el motivo seg煤n el cual la Comisi贸n incumpli贸 su obligaci贸n de ponderar los efectos positivos de la ayuda con sus efectos negativos sobre las condiciones de los intercambios y sobre el mantenimiento de una competencia no falseada. Como recuerda el Tribunal General dicha ponderaci贸n no viene exigida por el art铆culo 107 TFUE, apartado 3, letra b), a diferencia de lo que precept煤a el art铆culo 107 T FUE, apartado 3, letra c), se帽alando que en las circunstancias del presente asunto, tal ponderaci贸n carecer铆a de sentido, al presumirse que su resultado es positivo.

 

  • En cuarto lugar, se pronuncia el Tribunal General sobre la alegaci贸n de la demandante de que la Comisi贸n incurri贸 en error de Derecho al calificar la medida controvertida de r茅gimen de ayudas. Seg煤n la demandante los criterios de elegibilidad son vagos y abstractos, disponiendo las autoridades espa帽olas encargadas de la posterior selecci贸n de los beneficiarios de de un amplio margen de apreciaci贸n. Invoca, al respecto la demandante que, seg煤n la jurisprudencia del Tribunal General, una medida se califica de r茅gimen de ayudas cuando las autoridades nacionales encargadas de su aplicaci贸n no puedan disponer de un margen de apreciaci贸n en cuanto a la determinaci贸n de los elementos esenciales de la ayuda en cuesti贸n y en cuanto a la oportunidad de su concesi贸n, cosa que, a su juicio, no ocurre en este caso. La Comisi贸n y el Reino de Espa帽a rebaten las alegaciones formuladas por la demandante.

Al respecto, el Tribunal General -acerca de la calificaci贸n supuestamente err贸nea de la medida controvertida como 芦r茅gimen de ayudas禄-, declara que las disposiciones del Derecho espa帽ol, que constituyen el fundamento jur铆dico de la medida controvertida, son actos de alcance general que regulan todas las caracter铆sticas de la ayuda cuestionada. Y estas disposiciones permiten, por s铆 solas, sin necesidad de medidas de aplicaci贸n adicionales, no s贸lo otorgar ayudas individuales a empresas que lo soliciten, sino tambi茅n definir, de forma gen茅rica y abstracta, a los beneficiarios de la ayuda. Por consiguiente, el Tribunal General llega a la conclusi贸n de que la Comisi贸n pudo calificar la ayuda en cuesti贸n de r茅gimen de ayudas sin incurrir en error de Derecho, con arreglo al art铆culo 1, letra d), del Reglamento 2015/1589.

 

  • Por 煤ltimo, el Tribunal General desestima por infundados los motivos basados en un supuesto incumplimiento de la obligaci贸n de motivaci贸n y declara que no es necesario examinar la fundamentaci贸n jur铆dica del motivo basado en la violaci贸n de los derechos procedimentales derivados del art铆culo 108TFUE, apartado 2.

Como recuerda la Sentencia del Tribunal General, contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casaci贸n ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez d铆as a partir de la notificaci贸n de la resoluci贸n.

Sociedad An贸nima Europea. Apuntes normativos y rasgos generales

Conforme a nuestra Ley de Sociedades de Capital, Arts 455 y ss, la 聽sociedad an贸nima europea (SAE) que tenga su domicilio en Espa帽a se regir谩 por lo establecido en el Reglamento (CE) n煤m. 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001 (RSAE), por las disposiciones de este t铆tulo y por la ley que regula la implicaci贸n de los trabajadores en las sociedades an贸nimas europeas. Conviene por tanto tener presente tanto la normativa propia de Espa帽a, como el mencionado Reglamento UE para concretar el r茅gimen de la SAE

Deber谩 contar con un capital m铆nimo de 120 000 鈧 . Se constituye聽 normalmente聽 por al menos dos sociedades originarias de pa铆ses de la UE distintos (existe alguna excepci贸n como se observa):

Modo de 聽constituci贸n (art 2.2 RSAE)聽

Entidades participantes/fundadoras

Criterios b谩sicos

Fusi贸n

Sociedades an贸nimas

Constituidas con arreglo al ordenamiento jur铆dico de un Estado miembro, que tengan su domicilio social y administraci贸n central en la Comunidad, siempre que al menos dos de ellas est茅n sujetas al ordenamiento jur铆dico de Estados miembros diferentes

Creaci贸n de una sociedad holding europea, o sociedad de cartera

Sociedad an贸nima o sociedad limitada

Constituidas con arreglo al ordenamiento jur铆dico de un Estado miembro y con domicilio social y administraci贸n central en la Uni贸n Europea podr谩n, siempre que al menos dos de ellas:

a) est茅n sujetas al ordenamiento jur铆dico de distintos Estados miembros; o bien,

b) tengan una filial sujeta al ordenamiento jur铆dico de otro Estado miembro o una sucursal en otro Estado miembro desde, por lo menos, dos a帽os antes.

Establecimiento de una filial europea

 

Sociedades u otras entidades jur铆dicas de derecho p煤blico o privado

a) est茅n sujetas al ordenamiento jur铆dico de distintos Estados miembros; o bien,

b) tengan una filial sujeta al ordenamiento jur铆dico de otro Estado miembro o una sucursal en otro Estado miembro desde dos a帽os antes. al menos

Transformaci贸n

Sociedad an贸nima

Tener 聽una filial en otro pa铆s de la UE durante, como m铆nimo, dos a帽os.

  • 聽Adem谩s, la SAE 聽puede crear una o m谩s filiales que, si as铆 lo decide, adopte la forma de Sociedad An贸nima Europea (art 3.2)

 

  • Otros rasgos de la SAE:
    • Su capital social m铆nimo es de 120.000鈧
    • Su domicilio social ser谩聽聽lugar en que tenga su administraci贸n central;
    • Puede trasladar su domicilio social dentro de la UE sin tener que disolver ni crear una nueva persona jur铆dica
    • La inscripci贸n y extinci贸n (inscripci贸n de la liquidaci贸n) se publicar谩 adem谩s de en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio,聽 tambi茅n en el Diario Oficial de la Uni贸n Europea. Esta 煤ltima publicaci贸n tiene car谩cter informativo
    • Los estatutos de la Sociedad An贸nima Europea, sea cual sea el Estado Miembro de su establecimiento o constituci贸n, establecen la elecci贸n de los socios de optar entre dos posibles sistemas o estructuras, distintos, de administraci贸n de la SAE. Es decir, el legislador nacional debe permitir que sean los socios quienes, a trav茅s de los estatutos, elijan si la SAE en concreto tendr谩 un 煤nico 贸rgano de administraci贸n, o dos:
      • Si optan por un sistema dual, esa SAE estar谩 dirigida por un 贸rgano de direcci贸n y uno de control (dos 贸rganos de administraci贸n)
      • Si optan por un sistema monista, esa SAE estar谩 dirigida por un 贸rgano de administraci贸n 煤nico.

International Business Law (International Trade Degree-ULE). Lesson 2(2) . Notes IBL

LESSON 2 IBL:聽 INTERNATIONAL COMPANY LAW 鈥 EUROPEAN UNION FRAMEWORK

2. Companies within the European Internal Market: Harmonized and Unified aspects.
  • The European Union has competences related to Company Law, mostly in the realm of achieving a fully integrated Internal Market.聽The聽EU Freedoms involved in Company Law are mainlythe freedom to provide聽 services (both cross-border and with a permanent establishment)聽and the Free Movement of 聽Capital. 聽Free movement of Workers/Persons and Free movement of Goods are also involved to a lesser degree.
  • The purpose of EU rules in this area is to enable businesses to be set up anywhere in the EU enjoying the freedom of movement of persons, services and capital, to provide protection for shareholders and other parties with a particular interest in companies, to make businesses more competitive, and to encourage businesses to cooperate over borders.
  • The EU Company Law is聽 embodied in Treaties, Directives and Regulations
    • TFUE,聽 to create the basic framework for legal persons in the UE ( as regulated in Articles 49, 50(1) and (2)(g), and 54, second paragraph) :
          • Article聽49, second paragraph TFEU guarantees the right to take up and pursue activities in a self-employed capacity and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms
    • Directives to harmonize EU Company Law
    • Regulations to create new instruments and new types of companies.

2.1 Incorporation, Registries and official transparency, shareholders and third parties (creditors) protection, branches.
  • Incorporation of formation (Now regulated by Directive 2017/1132).
    • The statutes or instrument of incorporation of a public limited liability company PLC, in Spain S.A.) must make it possible for any interested person to acquaint oneself with 1) type, name, objects of the company. 2) the basic particulars of the company, including the exact composition of its capital, 3 )rules to appoint its directors and Board 4) number of shares 5) nominal value of its issued shares 6) Registered Office 7) Any special conditions for the transfer of shares 8) Paid-up capital upon incorporation 9) Procedure to convert bearer shares into nominal shares and vice versa 10)etc
  • Registries
    • The incorporation and other acts of companies are filled within a Public Registry ( in Spain, Registro Mercantil). National Registries are, now, interconnected as聽 Directive 2012/17/EU聽and聽Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884聽set out rules on the聽system of interconnection of business registers (鈥楤RIS鈥).聽BRIS is operational since 8 June 2017. It allows EU-wide electronic access to company information and documents stored in Member States鈥 business registers via the聽European e-Justice Portal. BRIS also enables business registers to exchange between themselves notifications on cross-border operations and on branches.
    • Since聽 2019, Member Stated must ensure that at least some companies (In Spain at least the SL) can be fully incorporated and its incorporation documents filled (in the National Registry) online
  • Official transparency
    • Filling incorporation and other documents into the Commercial Registry is a means of official transparency as it serves to disclose information.
    • The duty to draw up annual accounts and to deposit them in the commercial register, where they can be consulted, is also an instrument of transparency
    • There are also other instruments.
      • For example, certain entities (such as the SAE or the European Economic Interest Grouping) have their incorporation and dissolution published in the OJEU.
      • And there are special transparency measures for listed companies that must report data to their market supervisor (in Spain the CNMV):聽 Under EU rules, issuers of securities on regulated markets must disclose (to the market supervisor and to the public) certain key information to ensure transparency for investors. The Transparency Directive (2004/109/EC) requires issuers of securities listed on EU regulated markets to make their activities transparent by regularly publishing certain information, that includes:
        • yearly and half-yearly financial reports
        • major changes in the holding聽of voting rights
        • ad hoc inside information which could affect the price of securities

        This information must be disclosed in a way that benefits all investors equally across Europe.

        The EU Commission launched a pilot project to evaluate distributed general ledger technologies as a back-up solution to implement the EU’s central access point to regulated information of listed companies (EEAP) (European Financial Transparency Portal; EFTG).

 

  • Shareholders and creditors protection

The transparency measures above with its measures and rules on capital are already instruments to protect shareholders and creditors. FurthermoreAlso, following earlier legislative works the Consolidation Directive聽unifies older harmonization Directives. This consolidation Directive is聽Directive (EU) 2017/1132聽 that codifies certain aspects of Company Law concerning limited liability companies repealed some older Directives and replaced them without changing their content. Specifically, it deals with different questions for the protection of聽 members (such as shareholders) and third parties (mainly creditors): This聽consolidation Directive, now in force:

  • It defines a public liability company(PLC)聽 as one which聽has offered shares to the general public and whose shareholders have limited liability, usually only in relation to the amount paid for their shares and securities. (SA in Spain).
    • Please note that聽Securities are transferable shares which give the owner voting rights in a聽 company, Sometimes those shares are 芦quoted禄,聽 聽admitted to a Regulated Market, for example, The London Stock Exchange, la Bolsa de Valores de Madrid, and similar marketplaces). Not all PLCs are listed companies. But PLC listed companies are subject to some special rules and Directives as we are studying in this lesson.
  • It also coordinates national rules for聽creating and running companies and increasing or reducing their capital: It mandates that the聽minimum capital聽required in the EU to register a public limited company (PLC) is of聽25 000EUR. (in Spain, our Ley de Sociedades de Capital raises such minimum as it requires 60,000鈧 of issued capital for the formation of a Spanish PLC: a Sociedad An贸nima or SA)
  • It further sets聽minimum information requirements for companies.聽The instrument of incorporation (constituci贸n) and the statues (estatutos) or bye-laws (reglamentos internos) of one PLC must contain (at least) the following information:
    • the type and name of the company;聽the objectives of the company;聽the rules governing appointing Directors responsible for managing, running and supervising the company;聽the duration of the company.
      • the registered office;聽the value, number and form of the subscribed (company-issued) shares;
      • the amount of subscribed (company-issued) capital; the identity of those who sign the instrument of incorporation or the bye-laws.聽The mandatory disclosure of the information is implemented by filling it in the national business registers聽(for example Registro Mercantil in Spain, 聽Companies House in UK, etc).;
  • In relation with the validity of the obligations entered into by the company聽and liabilities derived thereof (which is extremelly important for 3rd parties) : this Directive makes mandatory that, if an action has been carried out on behalf of a Company before it has acquired legal personality, the persons who acted shall be deemed liable therefor and not the company itself.聽However,聽once a company has acquired legal personality, acts performed by the organs of the company shall be binding upon it聽,聽its members and third parties, including such acts that go beyond the limitations of the objects of the company (ultra vires).
  • Regarding nullity of the company (very important for creditors, for shareholders, and other parties), tThe Member States shall provide for the nullity of companies only by decision of a court of law. The nullity of a company may聽only be ordered in the cases established in the Directive
  • Branches
    • In relation with branches of Companies from other Member State, this Directive harmonizes compulsory disclosure requirements.
    • Such Branches must be registered in the Host Country business Registry and must make聽publicly available, through the interconnection system of central, commercial and companies registers,聽at least the following information:
      • Address, activity, name (if different from the Company), particulars, appointment and discharge of the person or persons representing and managing the Branch.
      • Company鈥檚 place of registration and registration number; name and legal form of the company; winding-up of the company, appointment and particulars of liquidators; accounting documents;
      • Closing of the branch.
      • The Directive allows the Member States to require additional disclosures.

2.2 Specialities of single-member limited liability companies

Those specialities are now codified in Directive 2009/102/EC 鈥 company law on single-member private limited liability companies:

  • A company may have a single member by virtue of its being formed, or by virtue of all its shares/non-share participations coming to be held, by a single person (single-member company). This is compulsory for some companies (in Spain for the SL which is the Spanish limited liability form whose capital is made up by non-share participations)
  • Where a company becomes a single-member company because all its shares have come to be held by a single person, that fact, together with the identity of the single member, must either be entered in a register kept by the company and accessible to the public or be recorded in the file or entered in the central national commercial register or the register of companies.
  • The single-member exercises the powers of a general meeting of the company.
  • All decisions taken by the single-member and contracts between that person and the company as represented by him or her must be recorded in the minutes or drawn up in writing.
  • Where an EU country allows single-member companies in the case of public limited companies as well, the rules in this directive apply. This is the situation in Spain where SA can be single-member companies by incorporation or at a later stage (derivative single-member company).

    Cant谩brico (Asturias)
2.3 Specialities in the protection of shareholders in listed companies in the EU

We now look聽 at measures that promote the long-term involvement of shareholders in the project of the companies in which they have invested, even if they are located in another EU Member State. To such aims, the cross-border exercise of shareholders鈥 rights is utmost relevance: Directive聽2007/36/EC聽(amended by Directives聽2014/59/EU and聽(EU)聽2017/828) on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies abolishes the main obstacles to a cross-border vote in listed companies that have their registered office in a Member State. Also, it deals with:

  • Identification of shareholders. This Directive mandates that companies are able to identify their shareholders and obtain information on the identity of shareholders from any intermediary in the chain who holds that information. The aim is to facilitate the exercise of shareholders’ rights and their involvement in the company. (Member States may stipulate that companies located within their territory are only authorised to request identification in respect of shareholders holding more than a certain percentage of shares or voting rights, not exceeding 0.5%).
  • Rights of shareholders to monitor Directors remunerations. It establishes shareholders right to vote the remuneration of directors and it mandates that the remuneration policy must be published. Also, it regulates that the performance of directors should be evaluated using financial and non-financial performance criteria, including, where appropriate, environmental, social and management factors.
  • Transparency of institutional investors, asset managers and voting advisors in particular to facilitate the exercise of shareholders voting rights:
    • Intermediaries will have to facilitate the exercise of shareholders’ rights, including the right to participate and vote at general meetings.
    • They will also have the obligation to provide shareholders, in a standardised format and in due time, with all company information that enables them to exercise their rights properly.
    • In addition, they will have to publish all costs related to the new rules.
  • Transactions with related parties
    • Transactions with related parties may be detrimental to companies and their shareholders, as they may give the related party the possibility of appropriating value belonging to the company. For this reason, the new Directive provides that:
      • a) significant transactions with related parties have to be submitted for approval by the shareholders or the administrative or supervisory body in order to protect adequately the interests of the company.
      • b) and, Companies will have to publicly disclose (to the market supervisors (ie, in Spain the CNMV) relevant transactions with all information necessary to assess the fairness of the transaction.
2.4 Take over bids, mergers, acquisitions, divisions
Santiago de Compostela. Vista desde la Alameda
  • Take Over Bids,聽Directive 2004/25/EC.
    • It applies to companies whose shares are admitted to a regulated market (listed companies, this is: listed PLC)
    • A take over bid is a public offer to acquire all or part of the securities of a company.
    • to protect minority shareholders of listed companies, the legal regime in the EU following Directive 2004/25/EC, mandates that anyone gaining control of a company (30/-35% of its securities) must make a bid at an equitable price at the earliest opportunity to all holders of securities.
    • The equitable price is the highest price the offeror paid for the securities during a 6- to 12-month period prior to the bid. In specific circumstances, national supervisory authorities may adjust this price.
    • A decision to launch a bid should be made public as soon as possible and ensure market transparency and integrity of offeree company securities.
      • The Board of Directors of the bidding Company is competent to approve the decision to launch the bid and is responsible for the documents and procedures involved therein.
    • National authorities determine the time allowed to accept a bid. This runs between 2 and 10 weeks.
    • Before engaging in actions that could block the bid, the board of the offeree company must (subject to an EU country聽opt-out) obtain prior authorisation from a general shareholders鈥 meeting.
    • Employee representatives must be informed of any takeover bid.
    • National rules exist for issues such as the lapsing or revision of bids or disclosure of the result of a planned takeover.
    • Please note that this EU regime for taking control over a Stock market聽 listed Company (Mandatory Bid Rule) is different to the USA sytem where such bis is not mandated and where controls take place, mainly, after the deal.
      • A merger is an operation whereby:
        • Merger by acquisition. One or more companies, being dissolved without going into liquidation, transfer all their assets and liabilities to another existing company, the acquiring company, in exchange for the issue to their members of securities or shares representing the capital of that other company and, if applicable, a cash payment (within the limits of the Directive)
        • Merger by creation of a 芦newco禄. Two or more companies, being dissolved without going into liquidation, transfer all their assets and liabilities to a company that they form, the 鈥渘ew company鈥, in exchange for the issue to their members of securities or shares representing the capital of that new company and, if applicable, a cash payment (within the limits of the Directive)
        • Merger by transferring shares to the parent co. A company, on being dissolved without going into liquidation, transfers all its assets and liabilities to the company holding all the securities or shares representing its capital, this is, to its parent company
      • In all 3 cases, the draft terms of merger must be drawn up by the administrative or management board and must contain specific information including:
            • the type, name and registered office of the companies;
            • the share exchange ratio (that is, the relative number of new shares that will be given to existing shareholders of a company that has been acquired or merged with another);
            • terms relating to the allotment of shares in the acquiring company (and or in the new company to be formed);
            • the rights granted by the acquiring (or the new) company.
      • In all 3 cases, workers councils of the merging companies must be informed. And the final deal is approved by the shareholders of both companies. Please note that M&A operations may as well as take overs may in some cases fall within the realm of Free Competition legislation. Therefore,聽 companies must also make sure that the follow Free Competition procedures. In this course we analyse such procedures in lesson 3, 芦concentrations芦.
  • Divisions of public limited liability companies
    • Directive (EU) 2017/1132聽 that codifies certain aspects of Company Law concerning limited liability companies (the consolidation Directive) 聽addresses also Divisions
      • 聽鈥榙ivision by acquisition鈥 is the operation whereby, after being wound up without going into liquidation, a company transfers to more than one company all its assets and liabilities in exchange for the allocation to the shareholders of the company being divided of shares in the companies receiving contributions as a result of the division (鈥榬ecipient companies鈥) and possibly a cash payment. The directive sets a maximum cash payment not exceeding 10 % of the nominal value of the shares allocated or, where they have no nominal value, of their accounting par value. This 10% limit relates to the directive main regime for divisions but it admits exceptions
      • 聽鈥榙ivision by the formation of new companies鈥 is the operation whereby, after being wound up without going into liquidation, a company transfers to more than one newly-formed company all its assets and liabilities in exchange for the allocation to the shareholders of the company being divided of shares in the recipient companies, and possibly a cash payment not exceeding 10 % of the nominal value of the shares allocated or, where they have no nominal value, of their accounting par value. This 10% limit relates to the directive main regime for divisions but it admits exceptions

      • There are also provisions for divisions with cash payment聽 exceeding 10% and divisions where the company does not cease to exist
2.5 Special legal forms for cross border business in the UE
Gat铆n
      • Regulation 2157/2001聽sets out a statute for a聽European Company (Societas Europea or 鈥楽E鈥),i.e. an EU legal form for public limited liability companies, and allows companies coming from different Member States to run their business in the EU under a single European brand name.
        • Societas Europea / Sociedad An贸nima Europea , see here
      • Regulation 2137/85聽sets out a statute for a聽European Economic Interest Grouping (EEIG),i.e. an EU legal form for a grouping formed by companies or legal bodies and/or natural persons carrying out economic activity coming from different Member States; the purpose of such a grouping is to facilitate or develop the cross-border economic activities of its members.
      • Regulation (EC) No 1435/2003聽 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE). It aims to facilitate cooperatives’ cross-border and trans-national activities. The members of an SCE cannot all be based in one country. The regulation of the聽Statute for a European Cooperative Society聽(2003) aims to facilitate聽cooperatives‘ cross-border and trans-national activities. The statute also provides a legal instrument for other companies wishing to group together to access markets, achieve economies of scale, or undertake research and development activities. The Statute also enables 5 or more European citizens from more than one EU country to create a European Cooperative Society. This is the first and only form of a European company that can be established from the beginning and with limited liability (ie: it does not need to be formed by companies of different Member States or as a subsidiary as it is the case with the SE. The SCE allows its members to carry out common activities while preserving their independence;聽 its principal object is to satisfy its members’ needs and not the return of capital investment; its members benefit proportionally to their profit and not to their capital contribution.

Trad B Valle