Actualizando – a prop贸sito de la ciberseguridad en mercados de valores. EEUU

Con motivo de una intervenci贸n , estos d铆as, en el I Encuentro INCIBE de Acad茅micos聽 en materia de Ciberseguridad y Derecho, se retoma y actualiza una antigua entrada de agosto de 2017

Dec铆amos que en EEUU la Regulation Systems Compliance and Integrity , RSCI un reglamento que hab铆a sido aprobado por la Securities and Exchange Commission, SEC, en 2014. El objetivo principal del RSCI es lograr un funcionamiento seguro de los sistemas tecnol贸gicos de los 聽芦participantes clave del mercado禄. La RSCI fue objeto de atenci贸n medi谩tica y constituy贸 una respuesta a los incidentes y fallos en la seguridad y funcionamiento de sistemas inform谩ticos que hab铆an sido comunicados, o que se hab铆an hecho evidentes. De modo muy particular responde a los que condujeron al llamado flash 芦crash禄 de 6 de mayo de 2010.聽

La SEC ya -antes de 2015- contaba con una l铆nea de pol铆tica estrat茅gica de seguridad basada en principios voluntarios (Pol铆tica de Revisi贸n de la Automatizaci贸n, ARP) , que inclu铆a inspecciones de vigilancia tecnol贸gica. Adem谩s, la Government Accountability Office hab铆a recomendado introducir normas obligatorias, as铆 como mayores controles y supervisi贸n de los sistemas inform谩ticos con incidencia en la actividad de los mercados. La RSCI avanza en esa l铆nea:

    • Los sistemas de cumplimiento y de integridad a los que refiere a RSCI consisten en mecanismos inform谩ticos y procedimientos pautados que se utilizan en procesos digitales desarrollados en los centros de negociaci贸n y en su entorno. Se despliegan sobre la negociaci贸n, la liquidaci贸n, el enrutamiento de ordenes, los datos operativos y de supervisi贸n de mercado, entre otros.
    • La RSCI impone que las entidades aprueben pol铆ticas y pongan en marcha procedimientos escritos para proteger su capacidad operativa (incluyendo pruebas regulares para identificar fallos y amenazas). Deben garantizar que cuentan con 芦niveles de capacidad, integridad, resiliencia, disponibilidad y seguridad adecuados para mantener su capacidad operativa, y para interactuar en mercados ordenados鈥. Se les impone, adem谩s, estrictas obligaciones de notificaci贸n al supervisor de mercados (SEC), y de difusi贸n de informaci贸n entre sus propios administradores y altos ejecutivos, y entre 聽los miembros o partes que se relacionen con la entidad, adem谩s de deberes de registro de los incidentes y de las medidas de cumplimento.
    • El vigente Reglamento exige a las entidades sujetas, entre otras cosas: disponer de pol铆ticas y procedimientos exhaustivos dise帽ados razonablemente para garantizar que sus sistemas tengan los niveles de capacidad, integridad, resistencia, disponibilidad y seguridad adecuados para mantener la capacidad operativa y promover el mantenimiento de unos mercados justos y ordenados; adoptar las medidas correctivas apropiadas en respuesta a los problemas de los sistemas; proporcionar notificaciones e informes a la Comisi贸n dise帽ados para facilitar la supervisi贸n de la tecnolog铆a del mercado de valores; difundir informaci贸n sobre los problemas de los sistemas a las partes afectadas; realizar una revisi贸n anual de las pol铆ticas y procedimientos de las entidades sujetas. Estas entidades tambi茅n tendr谩n que realizar pruebas coordinadas de continuidad de la actividad y pruebas de recuperaci贸n en caso de cat谩strofe (BC/DR), sobre ambas tendr谩n que crear, mantener y conservar registros.
    • En relaci贸n con los marcos tecnol贸gicos, como no exist铆an referencias tecnol贸gicas totalmente fiables se presume que son seguras las disposiciones que se vayan aprobando para el sector financiero por el gobierno de los Estados Unidos u otra 芦organizaci贸n ampliamente reconocida鈥
Paraninfo Gord贸n Ord谩s. Universidad de Le贸n

Actualmente el RSCI entrado en un proceso de reforma: En 2023 la SEC propuso modificaciones al RSCI de la Securities Exchange Act de 1934 (芦Exchange Act禄),聽 cuyo resumen puede consultarse aqu铆

Las modificaciones propuestas ampliar铆an la definici贸n de 芦entidad sujeta禄 para incluir una gama m谩s amplia de participantes en las infraestructura del mercado de valores de Estados Unidos, y actualizar铆an ciertas disposiciones del RSCI para tener en cuenta la evoluci贸n del panorama tecnol贸gico de los mercados:

      • La ampliaci贸n propuesta a帽adir铆a las siguientes entidades: los depositarios de datos de permutas financieras basadas en valores (芦SBSDR禄, por sus siglas en ingl茅s) registrados; los intermediarios registrados que superen un umbral de activos o de actividad de operaciones; y las agencias de compensaci贸n adicionales exentas de registro. Los agentes de bolsa registrados ante la Comisi贸n en virtud de la Secci贸n 15(b) que superen un umbral de activos totales o un umbral de actividad de transacci贸n en acciones NMS, opciones cotizadas en bolsa, valores del Tesoro de EE.UU. o valores de la Agencia; y – Todas las agencias de compensaci贸n exentas de registro.
      • Adem谩s, las actualizaciones propuestas modificar铆an las disposiciones del Reglamento en relaci贸n con : (i) la clasificaci贸n de sistemas y la gesti贸n del ciclo de vida; (ii) la gesti贸n de terceros/proveedores; (iii) la ciberseguridad; (iv) la revisi贸n de la SCI; (v) el papel de las normas industriales actuales; y (vi) el mantenimiento de registros y asuntos relacionados.聽 Sin olvidar que la Comisi贸n ha solicitado comentarios al p煤blico sobre si otras entidades, como los intermediarios que utilizan sistemas electr贸nicos o automatizados para la negociaci贸n de valores de deuda corporativa o valores municipales, deben estar sujetos al Reglamento.
      • Otras obligaciones que se imponen , de aprobarse la propuesta de reforma, obligan a especificar que las pol铆ticas y procedimientos requeridos de una entidad sujeta incluyen: o bien un programa de inventario, clasificaci贸n y gesti贸n del ciclo de vida de los sistemas SCI y los sistemas SCI indirectos; o bien un programa para gestionar y supervisar a terceros proveedores, incluidos los proveedores de servicios en la nube, que proporcionen o soporten sistemas SCI o SCI indirectos. Tambi茅n, como se indic贸 antes, que cuenten con Planes de resistencia y recuperaci贸n (BC/DR) y que 茅stos prevean la respuesta para supuestos en los que la indisponibilidad de cualquier proveedor externo sin el cual habr铆a un impacto material en los sistemas SCI cr铆ticos; o un programa para evitar el acceso no autorizado a los sistemas SCI y a la informaci贸n en ellos contenida.

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Investigaci贸n financiada por el proyecto nacional PID2021-127527OB-I00,聽Proyectos de Generaci贸n de Conocimiento 2021,聽Modalidades: Investigaci贸n No Orientada e Investigaci贸n Orientada

III edici贸n de las series del Grupo de Innovaci贸n Docente: Sostenibilidad empresa justicia:

 

LLAVES Y CLAVES DE SOSTENIBILIDAD EN LA UNI脫N EUROPEA.聽

Actividad del Grupo de Innovaci贸n Docente DERMERULE para el curso acad茅mico 2023-24. Se inicia el聽 mi茅rcoles 17 de abril de 2024, en el Sal贸n de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Le贸n, con este programa:

SESI脫N INICIAL. 17 de abril de 2024. Sal贸n de Grados. Facultad de Derecho.

10:30 Innovaci贸n docente y trasversalidad. Derecho Mercantil y el GID DerMerUle. ELENA F. P脡REZ CARRILLO.

10:45 – PRIMERA LLAVE. Trabajar para la Uni贸n Europea. CARLOS P脡REZ PADILLA. Comisi贸n Europea.

          • Taller: Incorporando lo aprendido.

12:20 – SEGUNDA LLAVE. Marcos institucionales cercanos.

      • Unas palabras desde el Decanato. PROF. DR. SALVADOR TARODO SORIA, Sr. Decano de la Facultad de Derecho.
      • 脕rea de Derecho Mercantil. PROF. DRA. MAR脥A ANGUSTIAS D脥AZ G脫MEZ.
      • Cooperaci贸n internacional. Actividades con el VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES.

16:30 – TERCERA LLAVE. 驴Crimen?:Justificaci贸n y sostenibilidad Un enfoque innovador. PROF. LUIS MIGUEL RAMOS MART脥NEZ.

      • Taller: Incorporando lo aprendido.

17:45 – CUARTA LLAVE. Empresa sostenible, enfoques de la UE: Pol铆ticas de sostenibilidad, Pol铆ticas de retribuci贸n e Informes de retribuciones en la gran empresa cotizada. PROF. DRA. MARTA ZABALETA D脥AZ. Universidad de Alcal谩.

    • Taller: Incorporando lo aprendido.

19:45 – CLAVES para completar este Programa y participar en el Premio DerMerUle Sostenibilidad Empresa Justicia de Innovaci贸n Docente 2024. ELENA F. P脡REZ CARRILLO.

 

Para obtener Diploma y optar al PREMIO: debe asistirse al 80% de las actividades y realizar un trabajo en soporte multimedia (1 SESION Y 2 SESI脫N DE PRESENTACI脫N – presencial u online-DE LOS VIDEOS ELABORADOS POR ALUMNOS).聽

 

 

Coordinaci贸n: Elena F. P茅rez Carrillo /// Secretar铆a: Luis Miguel Ramos Mart铆nez

Informaci贸n burs谩til y cinta consolidada en los mercados de capitales de la UE 驴qu茅 modelo?驴qu茅 intereses est谩n en juego? 驴es una aspiraci贸n viable?

Esta entrada se relaciona con la aspiraci贸n de la Comisi贸n Europea de facilitar la consolidaci贸n de datos聽 en los mercados de capitales de la UE

  • La acci贸n 14 , relacionada con el聽 objetivo n.潞 3 del Plan de Acci贸n de la Uni贸n de los Mercados de Capitales (UMC), tiene por objeto establecer una cinta consolidada CC. Ser铆a un instrumento fundamental en la configuraci贸n de la UMC. Proporcionar铆a datos consolidados sobre los precios y el volumen de los valores negociados en la UE. Mejorar铆a la trasparencia y la competencia entre los centros de negociaci贸n
  • La CC se concibi贸 junto con el punto europeo de acceso 煤nico para la informaci贸n de las empresas (PEA), para mejorar la informaci贸n que se da a los inversores a nivel de toda Europa.

Tras abundantes debates, la Comisi贸n se comprometi贸 en 2020 a presentar una propuesta legislativa para apoyar la introducci贸n de una cinta o registro de informaci贸n consolidada .

  • Los mercados europeos tienen limitaciones estructurales que la MiFID II pretend铆a abordar, pero que a煤n no se han resuelto del todo. MiFID II聽 introdujo la funci贸n de una CC para Europa relativa a聽 la informaci贸n post-negociaci贸n de forma consolidada, independientemente de si las operaciones se ejecutan en un centro de negociaci贸n o no. Sin embargo, a煤n no ha surgido ning煤n proveedor聽 que ofrezca el servicio conforme a la definici贸n de la MiFID II, Esto es debido a muchos factores, como son -entre otros- las dificultades estructurales para obtener datos de alta calidad de los centros de ejecuci贸n extraburs谩tiles (OTC) y de los internalizadores sistem谩ticos (IS) en toda Europa. Esta problem谩tica pone en entredicho la viabilidad comercial de una CC, frente a las soluciones de datos de mercado ya existentes.
  • Dado que no ha surgido ning煤n proveedor de CC, es probable que la Comisi贸n Europea lo imponga, en el marco de MiFIR -y su reforma-. Recientemente se han sometido a debate p煤blico e investigaci贸n distintas opciones de CC, entre ellas una en tiempo real previa a la negociaci贸n, otra en tiempo casi real posterior a la negociaci贸n, otra con un retraso de 15 minutos posterior a la negociaci贸n y la que consolida al final del d铆a posterior a la negociaci贸n. Hoy existen soluciones diversas -privadas y parciales- para obtener datos, pero sigue siendo dif铆cil obtenerlos en mercados menos transparentes y persiste la dificultad para alcanzar la informaci贸n en tiempo real.

En junio de 2023, el Consejo Europeo, la Comisi贸n y el Parlamento acordaron establecer una cinta consolidada para la renta variable y los fondos cotizados (ETF) con datos pre-negociaci贸n en tiempo real, pero sin atribuci贸n de centro y con una sola capa de cotizaciones de compra y venta. Pero , lejos de este modelo tan sencillo, existe un debate m谩s amplio. Por ejemplo, los gestores de activos y algunas empresas de intermediaci贸n sugieren una cinta consolidada que incluya cinco niveles de cotizaciones, as铆 como la atribuci贸n de centros. Esta idea coincide con los iniciales trabajos de la Comisi贸n, que no se refleja en la propuesta de CC. Pero las bolsas se opusieron durante las negociaciones debido a la preocupaci贸n por la p茅rdida de ingresos.

El primer procedimiento de selecci贸n para la PIC de bonos est谩 previsto para finales de 2024. Previamente, la ESMA redactar谩 las normas t茅cnicas para la selecci贸n

 

 

Documentos:

G贸tico

Mercados de instrumentos financieros: el 芦Quick Fix禄 despu茅s del Covid y pasos hacia Mifid 3/Mifir2

Ya hace algunos a帽os que la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros fue modificada y que pas贸 a entrar en vigor聽 su sustituta, la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (芦MiFID 2禄) con el Reglamento MIFIR, Actualmente se trabaja en Mifid3 y una nueva versi贸n de MIFIR.聽 A caballo entre estas dos Directivas, se aprob贸 en 2021 una modificaci贸n de Mifid 2 adaptada para potenciar la recuperaci贸n post COVID-19: El llamado Quick Fix Mifid

Quick Fix Mifid

El 26 de febrero de 2021 se public贸 en el Diario Oficial de la Uni贸n Europea el llamado 芦Quick Fix禄 de la MiFID 2, mediante la Directiva 2021/3381 . El objetivo de esta Directiva de adaptaci贸n 芦r谩pida禄 era simplificar determinados requisitos reglamentarios y promover la inversi贸n, reduciendo al mismo tiempo los costes de cumplimiento y la carga burocr谩tica de las empresas de inversi贸n tras la pandemia de COVID-19, sin por ello cejar en el empe帽o de tutela de inversores. Modific贸 la MiFID2 en lo que respecta a los requisitos de informaci贸n, la gobernanza de los productos y los l铆mites de posici贸n. Esta 芦soluci贸n r谩pida禄 se bas贸 en la flexibilidad.

Llegan las camelias

La Directiva Quick fix simplific贸, en particular, los requisitos de informaci贸n y notificaci贸n de la MiFID 2.

  • En cuanto a las notificaciones, el 芦Quick Fix禄 pas贸 del formato papel a un m茅todo electr贸nico de comunicaci贸n (cualquier soporte duradero distinto del papel). Los clientes minoristas pueden seguir exigiendo a las empresas de inversi贸n que les faciliten la informaci贸n en papel. Las empresas de inversi贸n deben notificar a los clientes minoristas este cambio y el derecho a optar por papel al menos ocho semanas antes de transmitir la informaci贸n por v铆a electr贸nica.
  • Una serie de requisitos MIDIF2 ya no son aplicables a los clientes profesionales (y en el caso de los informes, tampoco es aplicable a ciertas las contrapartes elegibles, conforme a la propia norma), a menos que escojan, por escrito, acogerse a ellos. Estos cambios ten铆an por objeto simplificar los procesos aunque, en el聽 sistema de 芦todo o nada禄 que se ha dise帽ado para los clientes profesionales, estos pueden optar por no recibir nada o por recibir todos los informes, sin que se contemplen v铆as intermedias:

i. el requisito de que las empresas de inversi贸n realicen un an谩lisis coste-beneficio (una prueba de idoneidad) e informen al cliente de si las ventajas superan a los inconvenientes cuando presten asesoramiento en materia de inversi贸n o gesti贸n de carteras que implique el cambio de instrumentos financieros, y

ii. la exigencia de informes ex post sobre los servicios de transacci贸n (que incluyen el tipo y la complejidad de los instrumentos financieros utilizados, la naturaleza del servicio prestado y los costes asociados).

Adem谩s, el Quick Fix聽 introdujo exenciones a la obligaci贸n de divulgar costes y gastos, en algunos casos: las empresas de inversi贸n est谩n exentas de divulgar informaci贸n sobre costes y gastos a los clientes profesionales y contrapartes elegibles si prestan servicios distintos de la gesti贸n de carteras o el asesoramiento en materia de inversi贸n. Los clientes profesionales podr谩n seguir optando por la informaci贸n, solicit谩ndola si la desean.聽 La simplificaci贸n -exenci贸n- no alcanza a la gesti贸n de carteras o asesoramiento en materia de inversi贸n.

 

  • El Quick Fix suspendi贸 hasta el 28 de febrero de 2023 las reglas de聽 ejecuci贸n 贸ptima del art. 27 (3) de MiFID2, que estaban desarrolladas en la RTS 27 ( Reglamento Delegado (UE) 2017/575 de la Comisi贸n). Es decir, se suspendi贸 la obligaci贸n de presentar informes peri贸dicos sobre datos relativos al nivel de calidad de ejecuci贸n de las operaciones,聽 que hab铆a sido introducida para que los inversores e intermediarios pudiesen comparar las condiciones de ejecuci贸n聽 de 贸rdenes en distintas plataformas.
  • Por otra parte, permiti贸 -en ciertas condiciones- aplazar la transferencia (informaci贸n) de los datos sobre costes y gastos tras la conclusi贸n de la operaci贸n cuando se utilizaran canales de comunicaci贸n a distancia para un acuerdo de compra o de venta de un instrumento financiero. Los requisitos para esta posibilidad son dos: i) que la empresa de servicios de inversi贸n contara con el acuerdo del cliente; y ii) que se prevea聽 aplazar la ejecuci贸n del acuerdo hasta la entrega de los datos al cliente.
          • Esta exenci贸n de la obligaci贸n de proporcionar informaci贸n ex ante sobre costes y gastos permite una tramitaci贸n m谩s r谩pida de las 贸rdenes, reduciendo el riesgo de fluctuaciones de precios entre el suministro de la informaci贸n y la ejecuci贸n de las 贸rdenes. Pero, reduce la trasparencia de las operaciones y la comparabilidad entre plataformas y centros de negociaci贸n
  • Los servicios de inversi贸n prestados en relaci贸n con bonos corporativos con una cl谩usula make whole (no se incluyen los bonos no complejos) quedaron exentos de los requisitos de gobernanza de producto (por ejemplo, solicitar una autorizaci贸n para cualquier tipo de instrumento financiero como parte de su desarrollo y/o distribuci贸n). El objetivo de esta reforma en 2021 es que los bonos corporativos resulten f谩cilmente accesibles para los inversores y m谩s baratos de gestionar para los emisores.
          • Tambi茅n, ciertas contrapartes elegibles est谩n exentas de los requisitos de gobernanza de producto aplicables a los instrumentos financieros comercializados o distribuidos exclusivamente a ellas.
  • En el 谩mbito de los mercados de materias primas, los l铆mites a las posiciones que s贸lo se aplicaban a los derivados de materias primas significativos o cr铆ticos que se negocian en centros de negociaci贸n y a los derivados de materias primas agr铆colas. (aunque los contratos de derivados OTC no estaban excluidos del r茅gimen) conocieron otra exenci贸n pues con el Quick Fix los l铆mites de posici贸n no se aplican a los derivados mantenidos por o en nombre de entidades financieras que ofrecen liquidez a contrapartes no financieras en un grupo predominantemente comercial .

 

  • Se ha simplificado la prueba de la actividad auxiliar. Se exime a los participantes en el mercado de la obligaci贸n de estar autorizados como empresas de inversi贸n para participar en los mercados de derechos de emisi贸n si se cumplen determinados requisitos (por ejemplo, que desarrollen meramente una actividad auxiliar de la principal a nivel de grupo).
        • Anteriormente, los participantes en el mercado deb铆an notificar anualmente a las autoridades nacionales competentes si se acog铆an a la exenci贸n, as铆 como facilitar datos espec铆ficos para satisfacer determinadas pruebas cuantitativas complejas. El Quick Fix decidi贸 simplificar eliminando el requisito de notificaci贸n y volviendo a un nuevo criterio cualitativo de prueba de la actividad auxiliar. Tras esta modificaci贸n, la norma RTS 20 de MiFID II ser谩 sustituida por un nuevo Reglamento Delegado para la prueba de la actividad auxiliar.
  • La norma de desagregaci贸n sufri贸 un 芦reagrupamiento禄. Ahora, la investigaci贸n de terceros puede ser obtenida por determinadas empresas de inversi贸n (peque帽as y medianas empresas cuya capitalizaci贸n burs谩til es inferior a 1.000 millones de euros) que ofrecen a sus clientes servicios de gesti贸n de carteras u otros servicios de inversi贸n. Esta innovaci贸n ha mejorado la disponibilidad de estudios sobre emisores, as铆 como su capacidad para obtener financiaci贸n.
        • Para聽 ello, las partes deben firmar un acuerdo determinando la parte de los gastos conjuntos que corresponde a la investigaci贸n, y deben informar a sus clientes de que se realizan pagos conjuntos.
  • Por 煤ltimo, la AEVM recibi贸 instrucciones en virtud de la directiva Quick Fix para crear un nuevo conjunto obligatorio de normas t茅cnicas reglamentarias relativas, por ejemplo, a los controles de gesti贸n de posiciones y la aplicaci贸n de l铆mites de posiciones a los derivados sobre materias primas.

En conjunto, estas modificaciones fueron bien acogidas y permitieron vislumbrar los 煤ltimos cambios de la MiFID 2

Roset贸n Sur. Pulchra Leonina

M谩s:

El Quick Fix de la MiFID 2 es relevante para todas las empresas de inversi贸n, bancos y GFIA autorizados a prestar servicios de inversi贸n. Los cambios introducidos en el marco jur铆dico de la MiFID 2 incluyen

(i) una flexibilizaci贸n de los requisitos de informaci贸n y comunicaci贸n de informaci贸n de las empresas de inversi贸n en relaci贸n con los clientes profesionales y las contrapartes elegibles, incluso con respecto a la transparencia de los costes, la informaci贸n peri贸dica y la gobernanza de los productos y (ii) una revisi贸n del r茅gimen de l铆mites de posiciones en derivados sobre materias primas. Estos cambios incluyen:

  • El sistema, por defecto, para que las empresas de inversi贸n se comuniquen con sus clientes ser谩 electr贸nico. No obstante, los clientes minoristas podr谩n optar por seguir recibiendo informaci贸n en papel.
  • Si bien MiFID 2 otorga al cliente el derecho a conocer los costes y gastos relacionados con la prestaci贸n de servicios de inversi贸n. El Quick Fix prev茅 una exenci贸n para facilitar a los clientes profesionales y a las contrapartes elegibles informaci贸n sobre costes y gastos en caso de que se presten servicios de inversi贸n distintos del asesoramiento en materia de inversi贸n o la gesti贸n de carteras. Adem谩s, habr谩 una excepci贸n al requisito de transparencia de costes ex ante para los contratos de compra o venta de un instrumento financiero celebrados mediante una t茅cnica de comunicaci贸n a distancia, que impide facilitar por adelantado la informaci贸n sobre costes y gastos.
  • Exime a las empresas de inversi贸n de facilitar informes peri贸dicos a los clientes profesionales y a las contrapartes elegibles. No obstante, los clientes profesionales seguir谩n teniendo la posibilidad de optar por recibir esta informaci贸n.
  • Al prestar asesoramiento en materia de inversi贸n o gesti贸n de carteras, las empresas de inversi贸n est谩n obligadas a realizar un an谩lisis coste-beneficio en caso de cambio de instrumentos financieros. Con el Quick Fix聽 clientes profesionales estar谩n exentos de estos requisitos a menos que soliciten expresamente tales an谩lisis.
  • El Quick fix introduce dos exenciones a los requisitos de gobernanza de productos de MIFID2 . La primera exenci贸n se aplicar谩 a los servicios de inversi贸n prestados en relaci贸n con bonos sin derivados incorporados, salvo una cl谩usula de amortizaci贸n anticipada. La idea subyacente es que estos bonos pueden considerarse en general productos seguros y sencillos adecuados para clientes no profesionales. La segunda exenci贸n implica que los requisitos de gobernanza del producto ya no se aplicar谩n a los instrumentos financieros que s贸lo se negocien o distribuyan entre contrapartes elegibles.
    – Agrupaci贸n de estudios: En el contexto de la MiFID II, la cuesti贸n de si las empresas de inversi贸n pod铆an (seguir) recibiendo servicios de investigaci贸n (o research) de los intermediarios como remuneraci贸n no monetaria fue objeto de un gran debate. La antigua pr谩ctica de agrupar los servicios y honorarios de los intermediarios entrar铆a en conflicto con la obligaci贸n de la empresa de inversi贸n de actuar en el mejor inter茅s del cliente. Las modificaciones de los requisitos de an谩lisis derivadas del Quick Fix permitir谩n a las empresas agrupar los costes de an谩lisis y ejecuci贸n con respecto a los emisores de peque帽a y mediana capitalizaci贸n.

En cuanto a los requisitos sobre derivados de materias primas, se aplican los siguientes cambios principales:

  • 聽El r茅gimen de l铆mite de posiciones, que ha sido desfavorable para el desarrollo de nuevos mercados de materias primas, deja de ser requisito a los mercados de materias primas iniciales. Los l铆mites de posiciones s贸lo se aplican a los derivados sobre materias primas cr铆ticos o significativos (conforme a la delimitaci贸n en la MIFID2/Quick Fix) que se negocien en centros de negociaci贸n, y a sus contratos OTC econ贸micamente equivalentes.聽 Los derivados de materias primas titulizados quedar谩n expl铆citamente excluidos de los l铆mites de posiciones.
  • Exenci贸n de cobertura: La MiFID 2 no permite exenciones de cobertura para ninguna entidad financiera. El Quick Fix introduce una exenci贸n de cobertura para las entidades financieras que negocien por cuenta de entidades no financieras en un grupo predominantemente comercial.
  • La exenci贸n para actividades auxiliares prevista en la MiFID II permite a determinados participantes en el mercado operar en los mercados de derechos de emisi贸n sin tener que estar autorizados como empresas de inversi贸n, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Tras el Quick Fix, los participantes en el mercado que se acojan a la exenci贸n s贸lo deber谩n realizar una prueba simplificada de actividad auxiliar.

El Quick Fix fue aprobado para limitar la carga administrativa post crisis. Pero no sustituye la reforma general de MIFID2

 

No Eume- Ponte do Eume

Reforma general

Prosigue la revisi贸n programada de MiFIR conforme a la Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) n.潞 600/2014 en lo que se refiere a la mejora de la transparencia de los datos de mercado, la eliminaci贸n de obst谩culos al establecimiento de un sistema de informaci贸n consolidada, la optimizaci贸n de las obligaciones de negociaci贸n y la prohibici贸n de recibir pagos por la transmisi贸n de 贸rdenes de clientes COM/2021/727 final,聽聽Tambi茅n, seg煤n la聽Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros聽COM/2021/726 final.聽La Comisi贸n Europea (CE) public贸 estas propuestas de reforma el 25 de noviembre de 2021, dentro de聽 las medidas de aplicaci贸n de la Uni贸n de Mercados de Capitales (UMC)

Las 谩reas que exigen reformas prioritarias incluyen: la mejora en la transparencia y la disponibilidad de los datos del mercado; en la igualdad de condiciones entre los centros de ejecuci贸n, y garantizar que las infraestructuras de mercado de la UE puedan seguir siendo competitivas a escala internacional y reforzar el papel internacional del euro.

La聽 propuestas incluyen medidas para ayudar a la creaci贸n y aplicaci贸n de una base de datos centralizada o cinta consolidada (pasa de MiFID 2 al Reglamento, MiFIR). Su objetivo principal es contribuir a crear una visi贸n integrada de la negociaci贸n en la UE, mejorar la transparencia de los procesos en relaci贸n con los centros de negociaci贸n potenciar los mercados como instrumentos para financiar las empresas e igualar聽 las condiciones de los centros de ejecuci贸n.聽La Comisi贸n insiste en que聽 芦la cinta consolidada ser谩 suministrada por el sector privado, bajo la supervisi贸n de la ESMA禄. Las disposiciones relativas a la cinta se trasladan de la MiFID 2 al MiFIR, con lo que ser谩n directamente aplicables y con un enfoque armonizado en toda la UE.

 

 

Investigaci贸n financiada por el proyecto nacional PID2021-127527OB-I00,聽Proyectos de Generaci贸n de Conocimiento 2021,聽Modalidades: Investigaci贸n No Orientada e Investigaci贸n Orientada

TJUE . Los llamados 芦programas de fidelizaci贸n禄. El concepto de consumidor revisitado. Case Law on Lesson 5 IBL

El TJUE revisita el concepto de consumidor en la sentencia de 8 de junio de 2023 vertida el聽 en el asunto聽 聽C鈥455/21. Resuelve as铆 una petici贸n de decisi贸n prejudicial planteada, con arreglo al art铆culo 267 TFUE, por el Tribunal de Distrito de Olt, Ruman铆a

Merindades burgalesas
Merindades burgalesas
ANTECEDENTES, HECHOS, FUNDAMENTOS

El demandante en el litigio principal,聽 una persona f铆sica, un ingeniero mec谩nico, y alega que no act煤a en desarrollo de actividades comerciales a t铆tulo profesional a los efectos de este litigio

El demandante celebr贸 con la mercantil Lyoness Europe (demandada en el litigio principal subyacente) un contrato de adhesi贸n a un programa de fidelizaci贸n llamado sistema Lyoness que permit铆a a los 芦clientes fieles禄 beneficiarse de reembolsos en las compras, comisiones y otras ventajas en las empresas que formaban parte del sistema. Estos clientes tambi茅n pod铆an actuar como intermediarios para la adhesi贸n de otras personas a 茅l. Seg煤n el contrato de adhesi贸n, el Derecho aplicable a la relaci贸n contractual entre las partes del litigio principal es el Derecho suizo.

Recu茅rdese que el art铆culo 6 de la Directiva 93/13 establece:聽芦1.聽聽聽聽聽聽Los Estados miembros establecer谩n que no vincular谩n al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cl谩usulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondr谩n que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos t茅rminos, si este puede subsistir sin las cl谩usulas abusivas.聽2.聽聽聽聽聽聽Los Estados miembros adoptar谩n las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protecci贸n que ofrece la presente Directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al contrato cuando el contrato mantenga una estrecha relaci贸n con el territorio de un Estado miembro de la Comunidad.禄.聽

En cuanto al Reglamento Roma I (Reglamento (CE) n.潞 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (considerandos 7 y 25): 芦El 谩mbito de aplicaci贸n material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) n.潞 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuci贸n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil禄…. 芦Los consumidores deben quedar protegidos por las disposiciones del pa铆s de su residencia habitual que no puedan excluirse mediante acuerdo, siempre que el contrato se haya celebrado en el marco de las actividades comerciales o profesionales ejercidas por el profesional en el pa铆s de que se trata禄.聽

El art铆culo 6 apartado 1 del Reglamento Roma 1 establece: 芦…., el contrato celebrado por una persona f铆sica para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional (鈥渆l consumidor鈥) con otra persona (鈥渆l profesional鈥) que act煤e en ejercicio de su actividad comercial o profesional, se regir谩 por la ley del pa铆s en que el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el profesional: a) ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el pa铆s donde el consumidor tenga su residencia habitual, o b) por cualquier medio dirija estas actividades a ese pa铆s o a distintos pa铆ses, incluido ese pa铆s, y el contrato estuviera comprendido en el 谩mbito de dichas actividades禄.

En este asunto, el demandante consider贸 que diversas cl谩usulas incluidas en el contrato de adhesi贸n, titulado 芦Condiciones generales de venta para los clientes Lyoness禄 (en su versi贸n de noviembre de 2009), as铆 como en el anexo de este, titulado 芦Reembolsos Lyoness y condiciones de pago禄, eran 芦abusivas禄, en el sentido del art铆culo 1, apartado 3, de la Ley n.潞 193/2000. Por ello, present贸 una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Slatina, Ruman铆a, solicitando que declarase que tales cl谩usulas est谩n prohibidas en virtud de dicha disposici贸n.

La demandada en el litigio principal sosten铆a que el demandante carec铆a de la condici贸n de 芦consumidor禄 en el sentido de la Ley n.潞 193/2000. Por el contrario, estima que en el funcionamiento del sistema Lyoness que permite atraer nuevos adherentes, el demandante ejerc铆a una actividad econ贸mica de manera independiente y sistem谩tica con sus propios recursos sociales y financieros para obtener聽 beneficios en forma de 芦ingreso pasivo禄: su objetivo no eran exclusivamente los descuentos. Por otro lado, la demandada aleg贸 que la adhesi贸n al sistema Lyoness es gratuita, y las cantidades de dinero depositadas por los miembros de dicho sistema constituyen anticipos a cuenta de las compras futuras que realicen, con la 煤nica obligaci贸n de utilizar esas cantidades en el marco del programa de fidelizaci贸n y de efectuar sus compras a sus socios comerciales. Seg煤n la demandada el sistema Lyoness y sus miembros constituyen una comunidad de compradores para obtener beneficios rec铆procos. Seg煤n la demandada en el litigio principal, el demandante en el litigio principal disfrut贸 de las ventajas derivadas de su adhesi贸n al sistema Lyoness, a saber, reembolsos por sus propias compras, ventajas ampliadas sobre las compras de los miembros recomendados (芦prima de amistad禄) y ventajas conferidas por la condici贸n de miembro.

RAZONAMIENTOS Y JURISPRUDENCIA PREVIA

Sanabria
  • una cl谩usula que designa como Derecho aplicable al contrato el Derecho de un pa铆s tercero no puede privar a un consumidor de la protecci贸n que le otorga la Directiva 93/13. Ante tal cl谩usula, corresponde al juez nacional velar por que se garantice la protecci贸n prevista en el art铆culo 6, apartado 2, del Reglamento Roma I y en el art铆culo 6, apartado 2, de la Directiva 93/13.
  • el sistema de protecci贸n establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situaci贸n de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociaci贸n como al nivel de informaci贸n, situaci贸n que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas (sentencia de 3 de septiembre de 2015, Costea, C鈥110/14, EU:C:2015:538, apartado 18 y jurisprudencia citada)
  • como indica el d茅cimo considerando de la Directiva 93/13, sin perjuicio de las excepciones que en ese mismo considerando se enuncian, las normas uniformes sobre cl谩usulas abusivas deben aplicarse a 芦todos los contratos禄 celebrados entre un profesional y un consumidor conforme a la definici贸n que de ellos ofrece el art铆culo 2, letras聽b) y聽c), de aquella [sentencia de 27 de octubre de 2022, S.聽V. (Inmueble en r茅gimen de propiedad horizontal), C鈥485/21, EU:C:2022:839, apartado 22 y jurisprudencia citada].
  • la Directiva 93/13 define los contratos a los que se aplica atendiendo a la condici贸n de los contratantes, seg煤n act煤en o no en el marco de su actividad profesional (sentencia de 21 de marzo de 2019, Pouvin y Dijoux, C鈥590/17, EU:C:2019:232, apartado 23 y jurisprudencia citada)
  • en este asunto, en virtud del contrato de adhesi贸n, el demandante que no ejerce una actividad comercial con car谩cter profesional, tiene derecho a participar en la 芦comunidad de compras禄 operada por la demandada, para adquirir bienes y servicios de comerciantes que tengan una relaci贸n contractual con esta demandada . Y tiene derecho (sin perder la condici贸n de consumidor)聽 a actuar como intermediario respecto de otras personas en un sistema que 芦promete禄 la obtenci贸n de ingresos econ贸micos en forma de reembolsos en las compras, comisiones y otras ventajas promocionales. (apartados 51 y siguientes)
FALLO:
En el concepto de 芦consumidor禄, con arreglo a la Directiva 93/13 est谩 comprendida una persona f铆sica que se adhiere a un sistema establecido por una sociedad mercantil y que permite, en particular, disfrutar de determinadas ventajas financieras en el marco de la adquisici贸n, por esa persona f铆sica o por otras personas que por recomendaci贸n suya participan en ese sistema, de bienes y servicios de los socios comerciales de esa sociedad, cuando dicha persona f铆sica act煤a con fines ajenos a su actividad profesional.

Revisi贸n de las normas t茅cnicas regulatorias europeas de divulgaci贸n de riesgos de sostenibilidad en la inversi贸n. 芦No causar da帽o significativo禄

El Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgaci贸n de informaci贸n relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) tiene como finalidad reducir las asimetr铆as de informaci贸n sobre riesgos de sostenibilidad; fomentar los an谩lisis de las incidencias adversas en materia de sostenibilidad, as铆 como promover las caracter铆sticas ambientales o sociales de la inversi贸n.

Este Reglamento exige que los participantes en los mercados financieros y sus asesores financieros divulguen informaci贸n a los inversores. Una informaci贸n compuesta de contenidos y mecanismos regulados, sobre los que actualmente se est谩n formulando posibles reformas. En efecto, la Comisi贸n Europea,聽 聽 ha encomendado al Comit茅 Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisi贸n, las AES que examine y revise las Normas t茅cnicas (NTR) del聽Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisi贸n, de 6 de abril de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo. Estas聽 聽NTR especifican los pormenores del contenido y de la presentaci贸n de la informaci贸n en relaci贸n con el principio de 芦no causar da帽os significativos禄 formulado en el SFDR

El objetivo de la revisi贸n es ampliar el marco de divulgaci贸n y abordar algunas cuestiones t茅cnicas novedosas como la relaci贸n de los聽 indicadores de sostenibilidad con los principales impactos adversos, los documentos precontractuales y peri贸dicos,聽 la divulgaci贸n de productos en sitios web para productos financieros, o la reducci贸n de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

  • La Comisi贸n suger铆a adoptar como principio rector de las modificaciones de las NTR la reducci贸n del riesgo de 芦falsa certidumbre禄 y de un posible 芦lavado o blanqueo禄, exigiendo pruebas bien fundamentadas de que las inversiones se ajustan a las medidas de salvaguardia. Y es que una correcta normalizaci贸n tiene importantes ventajas para los inversores a la hora de evaluar o comparar productos y supervisar su progreso.
  • Por su parte, las AES han aprovechado el mandato de la Comisi贸n聽 para reflexionar sobre los formularios y plantillas para divulgar la sostenibilidad de productos financieros, que han sido criticadas聽 por su excesiva extensi贸n y por la complejidad de la informaci贸n presentada. Un aspecto central del planteamiento de las AES es la necesidad de simplificar el lenguaje de las plantillas para que resulten m谩s comprensibles para los peque帽os inversores. Por esta raz贸n, las AES han desarrollado un 芦tablero禄 espec铆fico de informaci贸n clave para complementar la informaci贸n m谩s detallada de la informaci贸n precontractual y peri贸dica.
  • Las AES desean consultar a las partes interesadas sobre posibles cambios en el lenguaje, la presentaci贸n y la estructura:聽Documento de consulta de las AES;聽 En esta consulta se sugiere la posibilidad de incorporar a las NTR algunas de las recomendaciones de la Plataforma de Finanzas sostenibles聽

STJUE: Reparto de dividendos a socios, que son adem谩s directivos de entidades gestoras de fondos de inversi贸n. Aplicabilidad de la pol铆tica de retribuci贸n de la entidad

El Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado, mediante Sentencia de 1 de agosto de 2022 reca铆da en el asunto C- 325/20, HOLD Alapkezel艖, en relaci贸n con la posibilidad de que determinados directivos de sociedades gestoras de OICVM (organismos de inversi贸n colectiva) y de FIA聽 (fondos de inversi贸n alternativa) perciban dividendos como socios de HOLD. El TJUE concluye que la pol铆tica, y el marco positivo relativo a la retribuci贸n de administradores y directivos si es aplicable a determinadas distribuciones de dividendos, de las que se benefician los directivos. Se帽ala, no obstante, que corresponde al 贸rgano jurisdiccional nacional la decisi贸n sobre si la distribuci贸n genera conflictos de intereses, fomenta el cortoplacismo contrario a los intereses de los fondos y de los inversores, y supone una medida para evitar la aplicaci贸n de las pol铆ticas retributivas.

Evening (NW)

Antecedentes:

HOLD Alapkezel艖 Befektet茅si Alapkezel艖 Zrt. (芦HOLD禄) es una entidad cuyo objeto o actividad habitual consiste en la gesti贸n de organismos de inversi贸n colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y de fondos de inversi贸n alternativos (FIA). En 2019 fue sancionada por el Magyar Nemzeti Bank (Banco Nacional de Hungr铆a) en relaci贸n a una pr谩ctica que consiste en el abono de dividendos a algunos de sus directivos que al mismo tiempo eran, directa o indirectamente (a trav茅s de otras sociedades), accionistas mayoritarios de la propia HOLD.聽 Se trataba de directores generales, directores de inversiones o gestores de cartera, es decir, personal estrat茅gico de gesti贸n.

Como fundamento de la sanci贸n impuesta, el Banco Nacional de Hungr铆a consider贸 que, como consecuencia del reparto de dividendos sustanciales, los mencionados perceptores -socios y directivos de HOLD- pod铆an ver afectada su independencia. M谩s concretamente, el supervisor nacional justific贸 su postura afirmando que, a ra铆z de la distribuci贸n de unos beneficios muy superiores a lo que ven铆a siendo habitual, los dirigentes (y socios mayoritarios de HOLD) pasaban a estar interesados en la generaci贸n de ingresos a corto plazo. Y,聽 que en virtud de ello podr铆an llegar a asumir riesgos incompatibles con el perfil de riesgo de los fondos de inversi贸n gestionados, con el reglamento de gesti贸n de HOLD, y con los intereses de los part铆cipes de los fondos. De esta forma, y siempre seg煤n el Banco Nacional de Hungr铆a, la percepci贸n de dividendos聽 por parte de unos socios-directivos tendr铆a como consecuencia la elusi贸n del derecho positivo en lo relativo a las pol铆ticas de remuneraci贸n de administradores y altos ejecutivos en el sector de los servicios financieros.

HOLD recurri贸 contra la decisi贸n del Banco Nacional de Hungr铆a ante el F艖v谩rosi T枚rv茅nysz茅k (Tribunal Superior de Budapest, Hungr铆a), alegando que los dividendos ni constitu铆an una 芦remuneraci贸n variable禄 a sus ejecutivos , ni entraban en el 谩mbito de su pol铆tica de remuneraci贸n como entidad. HOLD se apoyaba en que -conforme a sus propias pol铆ticas de retribuciones- la parte variable de la retribuci贸n de ejecutivos es la cantidad que se les abona en funci贸n de criterios de rendimiento; mientras que el reparto de dividendos constituye un concepto distinto, ya que forma parte del derecho de propiedad del accionista. La percepci贸n de dividendos ser铆a as铆, independiente de la actividad desarrollada por sus perceptores en la entidad, de su cargo y de su rendimiento individual en el desarrollo de sus funciones. Adem谩s, a帽ad铆a HOLD, que contrariamente a lo deducido por el Banco Nacional de Hungr铆a, en todo caso el reparto en cuesti贸n intensificar铆a el inter茅s largoplacista de los ejecutivos-socios.

El F艖v谩rosi T枚rv茅nysz茅k desestim贸 el recurso. Afirm贸 que los dividendos abonados en este asunto constituyen una remuneraci贸n a los ejecutivos-socios. Su decisi贸n se aline贸 en lo fundamental con la del Banco Nacional de Hungr铆a. Este Tribunal consider贸 que la pol铆tica de retribuci贸n debe aplicarse a los dividendos abonados a las sociedades controladas por los ejecutivos que los reciben, pues redunda en el inter茅s econ贸mico de 茅stos. Se bas贸, entre otras apreciaciones, en que los dividendos, considerablemente superiores a la remuneraci贸n fija y variable habitual, generaban un inter茅s por fomentar los beneficios a corto plazo de los fondos de inversi贸n, a costa de la asunci贸n de riesgos incompatible con los intereses de los inversores. Seg煤n este Tribunal, HOLD deber铆a haber diferido el pago de, al menos, el 40% de los dividendos abonados, ajust谩ndolo al ciclo de vida de los fondos de inversi贸n gestionados y a los reembolsos de las participaciones del fondo; y deber铆a haber repartido esos聽 dividendos, en al menos tres a帽os. El F艖v谩rosi T枚rv茅nysz茅k concluy贸 que la operaci贸n analizada reflejaba un mecanismo para eludir las normas de la pol铆tica de remuneraci贸n aplicables a los ejecutivos de HOLD

La Petici贸n de Decisi贸n Prejudicial

El asunto fue remitido al K煤ria (Tribunal Supremo, Hungr铆a). El K煤ria ,聽considerando necesario obtener una interpretaci贸n de los art铆culos 14 a 14 ter de la Directiva 2009/65, del considerando 28 y del art铆culo 13, apartado 1, y de los puntos 1 y 2 del anexo II de la Directiva 2011/61, as铆 como del art铆culo 2, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/565, decidi贸 suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una cuesti贸n prejudicial:

驴Los dividendos distribuidos a [los trabajadores afectados de la demandante en el procedimiento principal]聽(a) directamente, en virtud de su derecho de propiedad como titulares de participaciones preferentes con derecho preferente a dividendos emitidas por la gestora de fondos de inversi贸n, y聽(b) [indirectamente, a trav茅s de] las sociedades unipersonales de las que son titulares, en virtud de las participaciones preferentes con derecho preferente a dividendos [emitidas por la demandante en el procedimiento principal] que poseen dichas sociedades聽驴se encuentran cubiertas por las pol铆ticas de remuneraci贸n de los gestores de fondos de inversi贸n?禄

 

Deliberaciones y sentencia del Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia, dejando claro que el del Reglamento Delegado 2017/565 no resulta de aplicaci贸n en este asunto, sostuvo en cambio que el pago de dividendos a determinados ejecutivos de sociedades gestoras puede entrar en el 谩mbito de aplicaci贸n de las Directivas 2009/65 y 2011/61 sobre pol铆ticas y pr谩cticas de remuneraci贸n, aunque estos dividendos no se abonen como contraprestaci贸n de las tareas desarrolladas por los mencionados ejecutivos, sino que formen parte de sus derechos de propiedad, como socios. Concretamente, las Directivas 2009/65 y 2011/61 se aplicar铆an a tales dividendos, cuando su abono puede incitar a sus perceptores a asumir riesgos perjudiciales para los intereses de los OICVM o de los FIA gestionados, y para los inversores en tales veh铆culos.

El Tribunal de Justicia interpret贸 las Directivas 2009/65 y 2011/61 para determinar el alcance material de las pol铆ticas y pr谩cticas en materia de remuneraci贸n definidas en ellas, y su aplicabilidad al asunto controvertido.

  • Se帽al贸 que tales las pol铆ticas de retribuciones se aplican a todo tipo de retribuciones. Es decir, a cualquier pago u otro beneficio realizado a cambio de servicios profesionales prestados por los empleados de las sociedades de gesti贸n de OICVM o los gestores de FIA . En el caso de los dividendos de las acciones de una sociedad de gesti贸n de OICVM o de un gestor de FIA, aunque no se abonan como tal contrapartida, sino en virtud de un derecho derivado de la propiedad sobre las acciones de la sociedad, su reparto puede dar lugar a una pr谩ctica de elusi贸n del derecho imperativo en materia de retribuciones:
  • Por lo que respecta a la interpretaci贸n del concepto de 芦retribuci贸n禄, a efectos de la aplicaci贸n de las Directivas 2009/65 y 2011/61, el TJUE聽 estableci贸 (apartados 41 y 42) que, cuando una una disposici贸n del Derecho de la Uni贸n no hace ninguna remisi贸n expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, 茅sta debe interpretarse de manera aut贸noma y uniforme en toda la Uni贸n Europea [sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos de penalizaci贸n), C-439/19, EU: C:2021:504, apartado 81, entre otros). Y, a帽adi贸 que la interpretaci贸n de una disposici贸n del Derecho de la Uni贸n exige tener en cuenta no s贸lo su texto, sino tambi茅n su contexto, as铆 como los objetivos y la finalidad perseguidos por el acto del que forma parte (sentencia de 15 de marzo de 2022, Autorit茅 des march茅s financiers, C-302/20, EU:C:2022:190, apartado 63).
  • El alto Tribunal de Luxemburgo subray贸 adem谩s, que el art铆culo 14 de la Directiva 2009/65 insta a evitar conflictos de intereses, a actuar con equidad y diligencia. Y, que聽 la Directiva 2011/61 propugna evitar conflictos de intereses y promueve el establecimiento mecanismos de gobernanza adecuados a ese efecto.
  • Se apoy贸 el TJUE, adicionalmente, en el tenor del apartado 11 de la Recomendaci贸n n潞 3 del Banco Nacional de Hungr铆a, de 9 de febrero de 2017, (relativa a la aplicaci贸n de las pol铆ticas de remuneraci贸n):芦Cuando los empleados de las organizaciones a las que se aplica la pol铆tica de remuneraci贸n tengan tambi茅n una participaci贸n mayoritaria en esa organizaci贸n o en una de sus filiales, la pol铆tica de remuneraci贸n debe definirse teniendo en cuenta esa circunstancia especial. Se debe garantizar, para cada empleado, que la pol铆tica de remuneraci贸n cumple los requisitos de las disposiciones pertinentes de la [Ley n潞 CCXXXVII de 2013 sobre las entidades de cr茅dito y las empresas financieras] y de la [Ley n潞 CXXXVIII de 2007 sobre las empresas de inversi贸n y los operadores de bolsas de productos y sobre las normas que rigen sus actividades] y el contenido de la presente recomendaci贸n禄.
  • El TJUE aludi贸 a otros elementos que deben verificarse para determinar la licitud del abono de dividendos en las circunstancias expuestas, como el tama帽o y el tipo de participaciones que poseen los ejecutivos-socios, los derechos de voto vinculados a ellas, la pol铆tica y el proceso de toma de decisiones para la distribuci贸n de los beneficios de la entidad, entre otros.

En su Sentencia, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea afirm贸 que debe evitarse cualquier modo de remuneraci贸n variable, articulada mediante instrumentos o m茅todos que supongan, en realidad, una elusi贸n de los requisitos de las Directivas 2009/65 y 2011/61, que regulan las pol铆ticas y pr谩cticas de remuneraci贸n.聽 Establece, que si la pol铆tica o la pr谩ctica de abono de dividendos fomenta la asunci贸n de riesgos incompatibles con los perfiles de riesgo; o con el reglamento o los documentos constitutivos de los OICVM o FIA gestionados; o si perjudica los intereses de los OICVM o FIA y de sus inversores, se estar铆a propiciando la inaplicaci贸n de las exigencias de las Directivas 2009/65 y 2011/61 relativas a las pol铆ticas y pr谩cticas de remuneraci贸n. Por ello, el pago de dividendos en tales condiciones debe someterse a los principios que rigen las pol铆ticas y pr谩cticas de remuneraci贸n de directivos.

En este contexto, el TJUE a帽adi贸 que corresponde al 贸rgano jurisdiccional remitente comprobar, en particular, si existe una relaci贸n entre los beneficios obtenidos por los OICVM y los FIA, los obtenidos por la gestora, y el reparto de dividendos. Es decir, el 贸rgano jurisdiccional nacional debe verificar si los perceptores de dividendos -en el caso concreto y como consecuencia del reparto- tendr铆an inter茅s en que los OICVM y los FIA obtengan los mayores beneficios posibles a corto plazo. Este ser铆a el caso, por ejemplo, si el OICVM o el FIA abonase a la gestora una comisi贸n de rendimiento por superar un objetivo de rentabilidad durante un per铆odo de referencia determinado y si esta comisi贸n fuera redistribuida, total o parcialmente por 茅sta en forma de dividendos, a una serie de empleados- directivos, o a otras empresas controladas, independientemente de los resultados globales obtenidos por el OICVM o el FIA en el per铆odo y, en particular, de las p茅rdidas sufridas por el OICVM o el FIA.

Somewhere (NW)

Por otra parte, el Tribunal de Justicia estableci贸, que su interpretaci贸n de las Directivas sobre retribuci贸n es conforme con el art铆culo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea. Este precepto consagra el derecho de propiedad y es aplicable a la titularidad de acciones y al derecho a percibir dividendos como los del presente asunto. El Tribunal de Justicia considera que la interpretaci贸n de las Directivas 2009/65 y 2011/61 en el sentido precedente no tiene por efecto cuestionar el derecho de propiedad de ciertos socios que son adem谩s聽 directivos. Y que por tanto, no constituye una privaci贸n de la propiedad en el sentido del art铆culo 17, apartado 1, segunda frase, de la Carta. La aplicaci贸n de los principios que rigen las pol铆ticas y pr谩cticas de remuneraci贸n a los dividendos representa una regulaci贸n del uso de la propiedad, que es admitida en el sentido de la tercera frase del apartado 1 del art铆culo 17 de la Carta. Las restricciones a los derechos de los accionistas, que son una de las consecuencias de este caso, son proporcionadas. Cumplen las condiciones exigidas por la Carta y est谩n previstas en tanto en las Directivas 2009/65 y 2011/61 como en el derecho positivo nacional; no menoscaban la esencia del derecho de propiedad y responden a objetivos de inter茅s general reconocidos por la Uni贸n, a saber, la protecci贸n de los inversores y la estabilidad del sistema financiero.

 

Entrada redactada con el apoyo del Proyecto de Investigaci贸n 芦Retribuci贸n de los administradores de sociedades de capital y sostenibilidad a largo plazo de la empresa禄, con el n煤mero de referencia: SBPLY/21/180501/000240 concedido por la Consejer铆a de Educaci贸n, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

El Tribunal General desestima los recursos contra la Resoluci贸n del Banco Popular

Siguen las decisiones en el asunto Banco Popular en resoluci贸n聽 y su adquisici贸n por el Banco Santander. Ahora, el 1.06.2022, mediante cinco sentencias dictadas por la Sala Tercera ampliada, el Tribunal General desestima en su totalidad una serie de recursos de anulaci贸n interpuestos contra el dispositivo聽 de la Junta 脷nica de Resoluci贸n (JUR) de resoluci贸n del Panco Popular, y contra la Decisi贸n 2017/1246 que ratificaba ese dispositivo. Se trata de las Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-481/17 | Fundaci贸n Tatiana P茅rez de Guzm谩n el Bueno y SFL / JUR, T-510/17 | Del Valle Ruiz y otros / Comisi贸n y JUR, T-523/17 | Elevet茅 Invest Group y otros / Comisi贸n y JUR, T-570/17| Algebris (UK) y Anchorage Capital Group / Comisi贸n y T-628/17 | Aeris Invest / Comisi贸n y JUR

Los recursos resueltos en estas sentencias fueron designados como 芦asuntos piloto禄 representativos de un centenar de recursos interpuestos por personas f铆sicas y jur铆dicas, titulares de instrumentos de capital de Banco Popular antes de la resoluci贸n.聽

Antecedentes聽

 

El grupo Banco Popular, cuya sociedad matriz era Banco Popular, era, en la fecha de la resoluci贸n, el sexto grupo bancario espa帽ol. En 2016, Banco Popular llev贸 a cabo una ampliaci贸n de capital de 2 500 millones de euros. El 5 de diciembre de 2016, la Sesi贸n Ejecutiva de la JUR adopt贸 un plan de resoluci贸n del grupo Banco Popular (en lo sucesivo, 芦plan de resoluci贸n de 2016禄). El instrumento de resoluci贸n por el que se opt贸 en dicho plan era el instrumento de recapitalizaci贸n interna previsto en el art铆culo 27 del Reglamento n.潞聽806/2014. El 3 de febrero de 2017, Banco Popular public贸 su informe anual de 2016 en el que declar贸 que deb铆an realizarse provisiones excepcionales por un importe de 5聽700聽millones de euros, lo que generaba unas p茅rdidas consolidadas de 3聽485聽millones de euros. En el mismo informe se anunciaba el nombramiento de un nuevo presidente.

El 10 de febrero de 2017, DBRS Ratings Limited rebaj贸 las calificaciones de Banco Popular, con una perspectiva negativa, habida cuenta del debilitamiento de la posici贸n de capital de Banco Popular a ra铆z de unas p茅rdidas netas mayores que las previstas en su informe anual, mencionado en el apartado 28 anterior, y de los esfuerzos de Banco Popular para reducir su elevado stock de activos improductivos. El 3 de abril de 2017, Banco Popular anunci贸 los resultados de las auditor铆as internas e indic贸 que podr铆a ser necesario llevar a cabo correcciones en su informe anual de 2016. Estos ajustes se realizaron en el informe financiero de Banco Popular correspondiente al primer trimestre de 2017.El 10 de abril de 2017, en la Junta General de Accionistas de Banco Popular, el presidente del Consejo de Administraci贸n anunci贸 que el banco ten铆a prevista una ampliaci贸n de capital o una operaci贸n societaria para hacer frente a la situaci贸n del grupo en lo referente a fondos propios y al nivel de activos improductivos. El consejero delegado de Banco Popular fue sustituido despu茅s de menos de un a帽o en el cargo. A ra铆z del anuncio del 3 de abril acerca de la necesidad de ajustar los resultados financieros de 2016, DBRS rebaj贸, el 6 de abril, la calificaci贸n de Banco Popular, manteniendo una perspectiva negativa. Standard & Poor鈥檚, el 7 de abril, y Moody鈥檚 Investors service, el 21 de abril de 2017, tambi茅n rebajaron la calificaci贸n de Banco Popular con una perspectiva negativa. En abril de 2017, Banco Popular inici贸 un proceso de venta privada. La fecha l铆mite para que los eventuales compradores interesados en la adquisici贸n de Banco Popular presentaran su oferta qued贸 fijada para el 10 de junio de 2017 y posteriormente qued贸 prorrogada hasta el fin del mes de junio de 2017.

Durante los primeros d铆as del mes de junio de 2017, Banco Popular tuvo que hacer frente a una masiva retirada de efectivo.

All-focus

El 5 de junio de 2017, Banco Popular present贸 por la ma帽ana una primera petici贸n de provisi贸n urgente de liquidez ante el Banco de Espa帽a y, posteriormente, una segunda petici贸n por la tarde con una extensi贸n del importe solicitado debido a importantes movimientos de efectivo. El Consejo de Gobierno del BCE, a petici贸n del Banco de Espa帽a y a ra铆z de la evaluaci贸n llevada a cabo ese mismo d铆a por el BCE en relaci贸n con la petici贸n de provisi贸n urgente de liquidez de Banco Popular, no formul贸 objeciones a una provisi贸n urgente de liquidez a Banco Popular respecto del per铆odo que iba hasta el 8 de junio de 2017. Banco Popular recibi贸 una parte de esa provisi贸n urgente de liquidez. Posteriormente, el Banco de Espa帽a indic贸 que no pod铆a hacer una provisi贸n urgente de liquidez adicional a Banco Popular. Ese mismo d铆a, el 5 de mayo de 2017, Banco Popular present贸 su informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2017, en el que se reflejaban unas p茅rdidas por importe de 137 millones de euros.

El 12 de mayo de 2017, el requisito de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Requirement, LCR) de Banco Popular se redujo por debajo del umbral m铆nimo del 80聽% fijado por el art铆culo 460, apartado 2, letra聽c), del Reglamento (UE) n.潞聽575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de cr茅dito y las empresas de inversi贸n, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.潞聽648/2012 (DO 2013, L聽176, p.聽1).聽Mediante carta de 16 de mayo de 2017, Banco Santander, S.聽A., puso en conocimiento de Banco Popular que no pod铆a formular una oferta vinculante en el proceso de venta privada.

guess where...

El 16 de mayo de 2017, Banco Popular, en una comunicaci贸n de informaci贸n sensible a la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indic贸 que compradores potenciales hab铆an manifestado su inter茅s en el proceso de venta privada, pero que no se hab铆a presentado ninguna oferta vinculante.El 19 de mayo de 2017, la agencia FITCH degrad贸 el聽rating聽a largo plazo de Banco Popular.A lo largo del mes de mayo de 2017, diferentes art铆culos de prensa se hicieron eco de las dificultades de Banco Popular.

El 7 de junio de 2017, la Junta 脷nica de Resoluci贸n (JUR) adopt贸 una Decisi贸n relativa a un dispositivo de resoluci贸n respecto de Banco Popular (芦dispositivo de resoluci贸n芦). En la misma fecha Comisi贸n Europea adopt贸 la Decisi贸n (UE) 2017/1246, 2 por la que se aprob贸 el mencionado dispositivo de resoluci贸n. En el dispositivo de resoluci贸n, la JUR consider贸 que se cumpl铆an las condiciones para adoptar una medida de resoluci贸n respecto de Banco Popular, que no exist铆an otras medidas que pudieran impedir su inviabilidad en un plazo razonable y que era necesaria una medida de resoluci贸n en forma de instrumento de venta del negocio, por inter茅s p煤blico. La JUR ejerci贸 su competencia de amortizaci贸n y de conversi贸n de los instrumentos de capital de Banco Popular聽 y decret贸 que las nuevas acciones resultantes deb铆an transferirse a Banco Santander por el precio de un euro.

 

M谩s concretamente: En el art铆culo 5.1, del dispositivo de resoluci贸n, la JUR decidi贸: 芦El instrumento de resoluci贸n que se aplicar谩 a [Banco Popular] consiste en la venta del negocio de conformidad con el art铆culo 24 del [Reglamento n.潞 806/2014] mediante la transferencia de acciones a un comprador. La amortizaci贸n y la conversi贸n de instrumentos de capital se ejercer谩n inmediatamente antes de la aplicaci贸n del instrumento de venta del negocio禄聽 En el 6.1 del dispositivo de resoluci贸n, la JUR decidi贸 amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular por importe de 2 098 429 046 euros, con la consiguiente cancelaci贸n del 100 % de las acciones de Banco Popular. Y adem谩s, convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulaci贸n en la fecha de la decisi贸n relativa al dispositivo de resoluci贸n en acciones de nueva emisi贸n de Banco Popular. Tambi茅n, amortizar a cero el valor nominal de las禄 acciones nuevas I禄 con la consiguiente cancelaci贸n del 100 % de estas. Y, convertir la totalidad del importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulaci贸n en la fecha de la decisi贸n de resoluci贸n en acciones de nueva emisi贸n de Banco Popular, las 芦acciones nuevas聽II禄.

Con anterioridad a la adopci贸n del dispositivo de resoluci贸n, se realizaron dos informes de valoraci贸n del Banco Popular. Ambos fueron incorporados como anexo al dispositivo de resoluci贸n. La primera valoraci贸n, elaborada por la JUR, estaba fechada el 5 de junio de 2017. La segunda valoraci贸n fue redactada por un experto independiente y ten铆a como fecha el 6 de junio de 2017. Asimismo, el 6 de junio de 2017, el BCE, previa consulta a la JUR, llev贸 a cabo una evaluaci贸n para determinar si Banco Popular estaba en graves dificultades o era previsible que fuera a estarlo.

El BCE estim贸 que, habida cuenta de los problemas de liquidez a los que Banco Popular se enfrentaba, este probablemente no estar铆a en condiciones, en un futuro cercano, de hacer frente a sus deudas o dem谩s pasivos a su vencimiento. El mismo d铆a 6 de junio de 2017 el Consejo de Administraci贸n del Banco Popular comunic贸 al BCE su propia conclusi贸n de que se encontrar铆a en graves dificultades.

SOBRE LOS MOTIVOS INVOCADOS Y RESUELTOS EN LAS SENTENCIAS

Competencia del Tribunal General frente al dispositivo de resoluci贸n de la JUR

 

El Tribunal General establece聽 que un dispositivo de resoluci贸n adoptado por la JUR puede ser objeto de recurso, sin que se exija que tambi茅n se interponga un recurso contra la Decisi贸n de la Comisi贸n mediante la que se haya aprobado dicho dispositivo.

Ello a pesar de que sea una vez aprobado por la Comisi贸n, cuando tal dispositivo produzca efectos jur铆dicos y constituya un acto que puede ser objeto de un recurso de anulaci贸n aut贸nomamente.

 

Alcance del control jurisdiccional

Dado que las decisiones que la JUR debe adoptar en el marco de un procedimiento de resoluci贸n se basan en complejas valoraciones econ贸micas , el control por parte del TG es limitado. No obstante, el Tribunal General considera que, incluso en caso de apreciaciones complejas como las realizadas por la JUR en este asunto, el juez de la Uni贸n no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia. Debe tambi茅n comprobar si esos elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideraci贸n para apreciar una situaci贸n compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos.

Limitaciones al derecho fundamental de las partes a ser o铆dos

 

Los accionistas y acreedores de un ente que es objeto de una medida de resoluci贸n pueden apoyarse en el derecho a ser o铆dos en el procedimiento de resoluci贸n. Pero, el ejercicio de este derecho puede quedar sometido a limitaciones.聽 Concretamente, el procedimiento de resoluci贸n de Banco Popular persegu铆a un objetivo de inter茅s general 鈥搇a estabilidad de los mercados financieros鈥 que justifica en este asunto una limitaci贸n del derecho a ser o铆do. As铆, la inexistencia de una disposici贸n que prevea el tr谩mite de audiencia de los accionistas y acreedores del ente sometido a resoluci贸n, y el hecho de que no se diera audiencia a las partes demandantes constituyen una limitaci贸n del derecho a ser o铆do que el TG considera justificada, proporcionada y necesaria para responder a objetivos de inter茅s general como son la protecci贸n de la estabilidad de los mercados financieros, la continuidad de las funciones esenciales del ente y las exigencias de rapidez y eficacia del procedimiento de resoluci贸n

 

Limitaciones al derecho a la propiedad privada

En relaci贸n con la tutela de la propiedad de los accionistas y acreedores del Banco Popular, el Tribunal General indica que, a la luz de las pruebas que le fueron sometidas, no exist铆an medidas alternativas que pudieran impedir la situaci贸n inminente de graves dificultades patrimoniales. Por lo tanto, la decisi贸n de amortizar y convertir los instrumentos de capital de Banco Popular a trav茅s del dispositivo de resoluci贸n no constituye una intervenci贸n desmesurada e intolerable que afectase a la propia esencia del derecho de propiedad de las partes demandantes, sino que es聽una restricci贸n justificada y proporcionada de su derecho de propiedad.

Limitaciones al Derecho de Acceso al expediente

El Tribunal General concluye que el hecho de que, durante el procedimiento administrativo que llev贸 a la adopci贸n del dispositivo de resoluci贸n la JUR no comunicara la valoraci贸n del experto independiente a la que se hizo referencia supra. Y las circunstancias de que ni la JUR ni la Comisi贸n comunicaran los documentos en los que se basaron, no constituye una vulneraci贸n de este derecho. Concretamente, determinada informaci贸n en poder de la JUR e incluida en el dispositivo de resoluci贸n, con apoyo en dicha valoraci贸n as铆 como en los documentos en los que esta se apoy贸, forman parte del secreto profesional y es confidencial. Por lo tanto, el Tribunal General estima que, tras la adopci贸n del dispositivo de resoluci贸n, las partes demandantes no tienen derecho a que se les comunique
todo el expediente en el que se bas贸 la JUR.

Ilegalidad en la delegaci贸n de facultades

El Tribunal General desestima el motivo de recurso basado en una excepci贸n de ilegalidad, en la medida en que las disposiciones del Reglamento n.潞 806/2014 8 vulnerar铆an los principios relativos a la delegaci贸n de facultades. El TG establece que es necesario que una instituci贸n de la Uni贸n, a saber, la Comisi贸n o el Consejo, apruebe el dispositivo de resoluci贸n por lo que respecta a los aspectos discrecionales de este para que el dispositivo produzca efectos jur铆dicos. De este modo, el legislador de la Uni贸n ha confiado a una instituci贸n la responsabilidad jur铆dica y pol铆tica de determinar la pol铆tica de la Uni贸n en materia de resoluci贸n, evitando as铆 un
芦verdadero desplazamiento de responsabilidad禄 y no ha delegado en la JUR una facultad aut贸noma

 

En cuanto a las valoraciones previas al dispositivo de resoluci贸n

El Tribunal General indica que, habida cuenta de la urgencia de la situaci贸n, la JUR pod铆a basarse en la valoraci贸n del experto independiente2 para adoptar el dispositivo de resoluci贸n. Habida cuenta de las restricciones temporales y de la informaci贸n disponible, determinadas incertidumbres y aproximaciones son inherentes a cualquier valoraci贸n provisional y las reservas formuladas por un experto que ha realizado esta valoraci贸n no significan que esta no fuera 芦razonable, prudente y realista禄. Asimismo, observa que
la valoraci贸n inicial con la que se pretend铆a determinar si Banco Popular se hallaba en graves dificultades o previsiblemente fuera a estarlo con el fin de examinar si se cumpl铆an las condiciones para iniciar un procedimiento de resoluci贸n o las condiciones de la amortizaci贸n y la conversi贸n de instrumentos de capital, qued贸 obsoleta a ra铆z de la evaluaci贸n llevada a cabo por el BCE el 6 de junio de 2017 para determinar si Banco Popular se hallaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo.

Sobre las alegaciones de error manifiesto de apreciaci贸n en la aplicaci贸n normativa

  • El Tribunal establece que la JUR y la Comisi贸n no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci贸n al considerar que se cumpl铆an las condiciones establecidas en el art铆culo 18, apartado 1, del Reglamento n.潞 806/2014 para adoptar una medida de resoluci贸n:
    El Tribunal General constata que la insolvencia de la entidad no es un requisito para considerar que tiene graves dificultades o probablemente vaya a tenerlas y, por tanto, no es una condici贸n para la adopci贸n de un dispositivo de resoluci贸n. En efecto, el hecho de que un ente sea solvente de acuerdo con su balance no significa que disponga de liquidez suficiente, esto es, de fondos disponibles para pagar sus deudas o dem谩s pasivos a su vencimiento. En consecuencia, el Tribunal General considera que la JUR y la Comisi贸n no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci贸n al estimar que Banco Popular se hallaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo. Asimismo, se帽ala que el dispositivo de resoluci贸n se adopt贸 v谩lidamente con independencia de los motivos que llevaron a que Banco Popular se hallara en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo.
  • En segundo t茅rmino, el Tribunal General considera que las partes demandantes no han demostrado la existencia de medidas alternativas a la resoluci贸n y que la JUR y la Comisi贸n no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci贸n al estimar que no exist铆an perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado o de supervisi贸n pudieran impedir la inviabilidad de Banco Popular en un plazo de tiempo razonable
  • En tercer t茅rmino, el Tribunal General se帽ala que la JUR y la Comisi贸n no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci贸n al considerar que la medida de resoluci贸n era necesaria y proporcionada a la luz de los objetivos de inter茅s p煤blico perseguidos

Sobre las alegaciones en el sentido de que la Comisi贸n Europea aprob贸 el dispositivo de resoluci贸n sin analizarlo previamente

El Tribunal recuerda que la Comisi贸n hab铆a designa a un representante habilitado para participar en las reuniones de la JUR, en Sesi贸n Ejecutiva y en Sesi贸n Plenaria, en calidad de observador permanente. Este representante tiene derecho a participar en los debates y tiene acceso a todos los documentos. As铆 pues, al haber participado en varias reuniones con la JUR, la Comisi贸n hab铆a participado en las diferentes fases previas a la adopci贸n del dispositivo de resoluci贸n y hab铆a tenido conocimiento de los anteproyectos de dicho dispositivo y hab铆a participado en su redacci贸n

En relaci贸n con las alegaciones de falta de motivaci贸n de la Resoluci贸n de la Comisi贸n

El Tribunal General establece que cuando la Comisi贸n aprob贸 el dispositivo de resoluci贸n mediante su Decisi贸n 2017/1246, pod铆a limitarse, para justificar su adopci贸n, a una motivaci贸n en la que manifestara su acuerdo sobre el contenido de dicho dispositivo de resoluci贸n y sobre los motivos alegados por la JUR.

Sobre las alegadas irregularidades en el proceso de venta

El Tribunal se帽ala la legalidad de la decisi贸n de la JUR de solicitar a la autoridad nacional de resoluci贸n que solo se pusiera en contacto con las entidades que hab铆an participado en el proceso de venta privada de Banco Popular. Dicha autoridad est谩 legitimada para contactar 煤nicamente con compradores potenciales concretos.

Alegaciones de responsabilidad extracontractual de la JUR y de la Comisi贸n Europea

Resuelve el Tribunal que las partes demandantes no demostraron un comportamiento ilegal ni de la JUR ni de la Comisi贸n.聽 No han demostrado que divulgaran informaci贸n confidencial relativa a la aplicaci贸n de un procedimiento de resoluci贸n de Banco Popular y, por consiguiente, no ha podido apreciarse ninguna vulneraci贸n del principio de confidencialidad o del deber de secreto profesional.

Adem谩s, las partes demandantes no han demostrado la existencia de una relaci贸n de causalidad entre las ilegalidades de la JUR y de la Comisi贸n, suponi茅ndolas acreditadas, y la crisis de liquidez de Banco Popular y, por tanto, entre estas y el perjuicio invocado

 

M谩s informaci贸n y referencias:

  • Decisi贸n SRB/EES/2017/08 de la Sesi贸n Ejecutiva de la JUR, de 7 de junio de 2017, relativa a un dispositivo de resoluci贸n respecto de Banco Popular Espa帽ol, S. A.
  • Decisi贸n (UE) 2017/1246 de la Comisi贸n, de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el r茅gimen de resoluci贸n del Banco Popular Espa帽ol SA (DO 2017, L 178, p. 15).
  • Nota del Servicio de Comunicaciones del TJUE sobre esta sentencia
  • Entrada en el Blog Tapia Hermida 芦Estabilidad financiera vs. Accionistas de bancos rescatados: Sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20) Banco Popular/Banco Santander 芦sobre la STUE de 5 mayo 2022. cit lit :禄Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de mayo de 2022 dictada en el asunto C-410/20聽que responde a una petici贸n de decisi贸n prejudicial planteada, con arreglo al art铆culo 267 TFUE, por la聽Audiencia Provincial de A Coru帽a,聽en un procedimiento entre Banco Santander, S. A. y dos inversores minoristas que adquirieron acciones del Banco Popular en el marco de la OPS realizada por este 煤ltimo Banco en junio de 2016. La declaraci贸n que hace el TJUE en esta Sentencia establece, en s铆ntesis, la inviabilidad de las acciones de responsabilidad y de nulidad de los accionistas del antiguo Banco Popular contra Banco Santander.
  • STJUE: La resoluci贸n del Banco Portugu茅s Banco do Esp铆rito Santo no viola el derecho de propiedad (art铆culo17 CEDF) (C-83-20)

芦Enhanced Disclosures by Certain Investment Advisers, Investment Companies and fund managers about Environmental, Social, and Governance Investment Practices禄

芦Enhanced Disclosures by Certain Investment Advisers and Investment Companies about
Environmental, Social, and Governance Investment Practices禄

El 25 de mayo de 2022, la Securities Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) propuso enmiendas a las normas y formularios de informaci贸n sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)/ESG que ciertas empresas de inversi贸n supervisadas deben facilitarle. (17 CFR Part 200, 230, 232, 239, 249, 274, and 279 [Release No. IA-6034; IC-34594; File No. S7-17-22] RIN: 3235-AM96)

El objetivo de la propuesta es promover una informaci贸n coherente, comparable y fiable para los inversores en relaci贸n con la incorporaci贸n de factores ambientales, sociales y de gobernanza por parte de los fondos y asesores. Las modificaciones propuestas pretenden categorizar ciertos tipos de inversiones ASG de forma general y exigir a las empresas de inversi贸n, gestores e intermediarios que proporcionen informaci贸n m谩s espec铆fica en los folletos de los fondos, los informes anuales y los folletos de los asesores en funci贸n de las estrategias ASG concretas que utilicen.

Catedral de Le贸n by M.A. D铆az

La propuesta por la SEC se justifica en el objetivo de configurar un 芦marco normativo coherente, comparable y 煤til para la toma de decisiones en relaci贸n con los servicios de asesoramiento y las sociedades de inversi贸n en materia de ASG, as铆 como de informar y proteger a los inversores, facilitando al mismo tiempo una mayor innovaci贸n en este 谩mbito en evoluci贸n del sector de la gesti贸n de activos.禄

Las modificaciones propuestas exigen que los fondos que tienen en cuenta los factores ESG en su proceso de inversi贸n revelen informaci贸n adicional sobre sus estrategias, en funci贸n del peso que se otorgue a tales factores en las estrategias del fondo.聽 La propuesta exigir铆a la divulgaci贸n de las estrategias ASG en los folletos de los fondos, los informes anuales y los folletos de los intermediarios. Tambi茅n exigir铆a, en algunos casos, la divulgaci贸n de informaci贸n sobre ASG en forma de tabla. Por 煤ltimo, exigir铆a que determinados fondos centrados en el medio ambiente divulguen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a sus inversiones de cartera

A los efectos de la transparencia, la propuesta caracteriza los fondos ASG en tres tipos diferentes. Atribuye a cada uno distintas exigencias de transparencia que deber谩n reflejarse en los informes anuales que se presenten ante la SEC, as铆 como en sus folletos

  • Integration Funds o聽 芦fondos de integraci贸n禄, que integran los factores ASG junto con los factores no ASG en las decisiones de inversi贸n. 脡stos deber谩n describir c贸mo se incorporan los factores ASG en su proceso de inversi贸n
  • ESG-Focused Funds o 芦fondos centrados en los ASG禄, para los que los factores ASG representan un factor principal en el proceso de inversi贸n. Aqu铆, se exigir谩 informaci贸n detallada que incluya un cuadro general estandarizado de la estrategia ASG
  • Impact Funds, 芦fondos de impacto禄, que son un subconjunto de los fondos centrados en los ASG que buscan lograr un impacto ASG particular. En este caso deben ser transparentes en lo relativo a la medici贸n del progreso de sus objetivos declarados

Adem谩s de las enmiendas propuestas a los folletos de los tres tipos de fondos, los fondos de impacto tendr铆an que revelar dentro de sus informes anuales el progreso en el logro de su impacto en t茅rminos cualitativos y cuantitativos durante el per铆odo al que se refiera cada informe o presentaci贸n. Y subrayar谩n聽 cuales han sido los principales elementos que afectaron a la capacidad del fondo para lograr su impacto. Las modificaciones propuestas requerir铆an que los fondos que utilicen el voto por delegaci贸n o la participaci贸n del emisor como un medio significativo de aplicaci贸n de la estrategia ASG proporcionen informaci贸n adicional sobre dicho voto o participaci贸n aplicable en el informe anual.

Primavera by M.A. D铆az

Todos los fondos centrados en la ASG que tengan en cuenta los factores medioambientales tambi茅n tendr谩n que revelar los par谩metros que indican la huella de carbono y la intensidad media ponderada de carbono de su cartera en sus informes anuales. Aunque, los fondos que revelen expl铆citamente que no tienen en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero como parte de su estrategia ASG no estar铆an obligados a comunicar la informaci贸n anterior. Los fondos de integraci贸n que consideren la informaci贸n sobre los gases de efecto invernadero tendr铆an que divulgar informaci贸n adicional, sobre el tratamiento de dichas emisiones en su proceso.

El comunicado que acompa帽a a la propuesta aclara adem谩s que, al igual que con todas las divulgaciones, las pol铆ticas y procedimientos de cumplimiento de los fondos y asesores deben abordar adecuadamente la exactitud de las divulgaciones relacionadas con los ASG hechas a los clientes, los inversores y los reguladores. Adem谩s, se帽ala que los fondos y asesores deben abordar los procesos de gesti贸n de carteras para ayudar a garantizar que las carteras se gestionan de forma coherente con los objetivos de inversi贸n relacionados con los ASG divulgados por el asesor y/o el fondo.

 

Ver tambi茅n sobre los antecedentes de esta propuesta, nuestra anterior entrada aqu铆

 

Entrada redactada con el apoyo del Proyecto de Investigaci贸n 芦Retribuci贸n de los administradores de sociedades de capital y sostenibilidad a largo plazo de la empresa禄, con el n煤mero de referencia: SBPLY/21/180501/000240 concedido por la Consejer铆a de Educaci贸n, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

 

Sanciones de la SEC en materia ESG

El 23 de mayo, la SEC anunci贸 por vez primera que una de sus resoluciones sancionadoras estaban fundamentadas en la labor de su Grupo de Trabajo ESG constituido en marzo de 2021 para identificar las lagunas materiales o las declaraciones err贸neas en la divulgaci贸n de los riesgos clim谩ticos por parte de los emisores en virtud de las normas [de la SEC] existentes禄.

Esta primera resoluci贸n sancionadora es;聽 ADMINISTRATIVE PROCEEDING File No. 3-20867, BNY MELLON INVESTMENT ADVISER, INC (respondent).

La SEC, concretamente, impuso una multa de 1,5 millones de d贸lares a BNY Mellon Investment Adviser Inc, una filial propiedad de BNY Mellon, por presuntos fallos en la divulgaci贸n de informaci贸n sobre ASG. La entidad supuestamente enga帽贸 a los clientes haci茅ndoles creer que ciertas inversiones hab铆an sido sometidas a las llamadas revisiones de calidad ESG cuando no era as铆.

Santiago de Compostela. By M.A. D铆az.

En concreto, la supuesta divulgaci贸n inexacta se realiz贸 entre julio de 2018 y septiembre de 2021 en folletos y otros materiales en los que BNY Mellon Investment Adviser representaba o daba a entender que todas las inversiones de los fondos se hab铆an sometido a una revisi贸n de calidad ESG. En realidad, la orden afirma que 芦numerosas inversiones en acciones y/o bonos corporativos… no ten铆an una puntuaci贸n de revisi贸n de calidad ESG en el momento de la inversi贸n.禄 La entidad no admiti贸 ni neg贸 las conclusiones, pero acept贸 una orden de cese y desistimiento, la censura y la sanci贸n civil de 1,5 millones de d贸lares. BNY Mellon tambi茅n 芦emprendi贸 r谩pidamente禄 acciones correctivas, como la actualizaci贸n de sus materiales de divulgaci贸n y la cooperaci贸n con la Comisi贸n.

芦Como ilustra esta acci贸n, la Comisi贸n har谩 responsables a los asesores de inversi贸n cuando no describan con precisi贸n la incorporaci贸n de factores ASG en su proceso de selecci贸n de inversiones禄, declar贸 Adam S. Aderton, codirector de la Unidad de Gesti贸n de Activos de la Divisi贸n de Ejecuci贸n de la SEC y miembro del grupo de trabajo sobre ASG. El tiempo dir谩 cu谩ntas acciones de aplicaci贸n adicionales ser谩n iniciadas por el grupo de trabajo ESG, en particular si se aprueban las normas de divulgaci贸n del cambio clim谩tico y otras normas de divulgaci贸n relacionadas con ESG propuestas por la SEC.

 

Entrada redactada con el apoyo del Proyecto de Investigaci贸n 芦Retribuci贸n de los administradores de sociedades de capital y sostenibilidad a largo plazo de la empresa禄, con el n煤mero de referencia: SBPLY/21/180501/000240 concedido por la Consejer铆a de Educaci贸n, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Sostenibilidad y pol铆ticas medioambientales en las Juntas Generales. Prox铆nvest y Corporance

 

La alianza de asesores de voto independientes, Proxinvest,聽 publica sus pol铆ticas de voto para esta temporada de juntas generales (2022). Estas pol铆ticas de voto, o directrices de asesores de voto destinadas a inversores se actualizan en detalle anualmente. Son redactadas por los miembros de Prox铆nvest que incluyen al espa帽ol Corporance, al italiano Frontis, al suizo Ethos, al alem谩n DSW y al聽 franc茅s Proxinvest.聽 Concretamente, este聽documento relativo a las orientaciones de voto para inversores que participen en juntas generales de 2022 constituye una actualizaci贸n de las orientaciones de a帽os anteriores, en la que se abordan las preocupaciones sobre el medio ambiente, la diversidad y sobre el nombramiento de consejeros, entre otras cuestiones que conforman la agenda actual de las principales organizaciones de inversores y asesores en la Uni贸n Europea.
  • El anexo 鈥淪ay on Climate鈥 del documento聽 refleja la posici贸n de Prox铆nvest聽 en la materia. Los asesores anuncian por este medio,聽 que recomendar谩n聽 que los accionistas voten a favor de las Pol铆ticas Medioambientales presentadas a la Junta si las sociedades cotizadas proponen planes transparentes redactados conforme a est谩ndares generalmente reconocidos por los inversores.
  • Dentro de los compromisos corporativos respecto de los que Prox铆nvest se muestra favorable, se encuentran aquellos que incluyan objetivos sobre neutralidad de carbono (idealmente net-zero), as铆 como el establecimiento de hitos finales e intermedios en el tr谩nsito hacia la reducci贸n de las emisiones de carbono. Adem谩s, los asesores de voto primar谩n especialmente que los est谩ndares seguidos por los emisores est茅n validados por la ciencia y alineados con el Acuerdo de Par铆s para limitar el calentamiento global.
  • Otra de las cuestiones que, seg煤n se anuncia, se tendr谩n en cuenta en esta temporada de voto en las Juntas Generales, ser谩 la responsabilizaci贸n de los Presidentes del Consejo y de los Comit茅s internos, sobre el cumplimiento, por parte de las sociedades y grupos, de sus objetivos medioambientales y sociales (incluyendo la diversidad de g茅nero en los Consejos de Administraci贸n).
    • Se anuncia el voto negativo, cuando la informaci贸n sobre el medio ambiente, pol铆tica social relativa a los trabajadores, la cadena de suministro, o sobre otras cuestiones sociales, 茅ticas, de integridad corporativa, derechos humanos y cumplimiento fiscal聽 no sea presentada con suficiente calidad, transparencia y detalle
    • En esta l铆nea de trabajo, ya se ha anunciado que se considerar谩 la recomendaci贸n de voto negativo a la pol铆tica ambiental que se proponga en la junta y en los nombramientos, en el caso de grandes emisores de gases de efecto invernadero que no hayan聽 definido unos objetivos de reducci贸n lo suficientemente ambiciosos, o , cuando carezcan de una base cient铆fica.
  • Adem谩s, los asesores de voto de la alianza Prox铆nvest, exigir谩n que la remuneraci贸n variable de los consejeros ejecutivos dependa parcialmente de m茅tricas ESG, y no exclusivamente de objetivos financieros.
    • Debe recordarse que en Espa帽a, desde 2015, la pol铆tica de remuneraci贸n se somete a una votaci贸n vinculante de los accionistas al menos una vez cada tres a帽os. Durante este per铆odo de tres a帽os, cualquier cambio en la pol铆tica debe ser previamente aprobado por la junta general. Los accionistas tambi茅n est谩n llamados a una votaci贸n anual consultiva sobre el Informe de Remuneraciones, que incluye la pol铆tica de remuneraci贸n de los miembros del Consejo de Administraci贸n y los importes de la misma, abonados en el 煤ltimo a帽o. Si se rechaza el informe anual sobre las Remuneraciones, la pol铆tica de remuneraciones se someter谩 a una votaci贸n vinculante en la siguiente junta general. Al analizar la pol铆tica de remuneraci贸n (voto vinculante), PROXINVEST anuncia que tendr谩 en cuenta principalmente cualquier cambio en la pol铆tica, mientras que el an谩lisis sobre el Informe de Remuneraciones (voto no vinculante) se centrar谩 principalmente en la estructura de la remuneraci贸n y el nivel聽 de divulgaci贸n de todos los componentes de la remuneraci贸n.

Riotinto

Por parte del asesor para Espa帽a y Portugal, Corporance, cabe subrayar que las recomendaciones no son ajenas a la aprobaci贸n de la Ley 11/2018. 聽Como es sabido, obliga a las a las sociedades a divulgar la informaci贸n no financiera o de forma independiente o como parte de su Informe Anual o de su Informe de gesti贸n, y a presentarla para su aprobaci贸n como acuerdo separado en la Junta General de Junta General, de forma que se incluya, al menos, informaci贸n relativa a la sostenibilidad ambiental y gobernanza, aspectos sociales y de relaci贸n con los trabajadores y empleados de la sociedad y de su grupo, respeto de los derechos humanos y pol铆ticas relacionadas. Tambi茅n corresponde contar con medidas internas o c贸digo de conducta para evitar la corrupci贸n y sobornos. Y, con indicaciones sobre los esfuerzos que se despliegan para contar con cadenas de producci贸n sostenibles (subcontratistas y proveedores), as铆 como con pol铆ticas relativas a los consumidores y el cumplimiento fiscal.

 

Entrada redactada con el apoyo del Proyecto de Investigaci贸n 芦Retribuci贸n de los administradores de sociedades de capital y sostenibilidad a largo plazo de la empresa禄, con el n煤mero de referencia: SBPLY/21/180501/000240 concedido por la Consejer铆a de Educaci贸n, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

 

Propuestas de reformas en Solvencia II- (2).- Resoluci贸n y rescate de entidades aseguradoras y reaseguradoras

Sigue de esta entrada anterior

Orilla
Beiramar

Como ve铆amos, la Comisi贸n Europea ha propuesto recientemente reformas en la Directiva Solvencia II (Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) .聽

Las reformas se materializan principalmente, en una Propuesta de Directiva sobre la proporcionalidad, la calidad de la supervisi贸n, la transparencia, garant铆as a largo plazo, instrumentos macro prudenciales, riesgos de sostenibilidad, y supervisi贸n de grupos y trasfronteriza. 聽聽(COM (2021) 581 final) (22.09.2021), presentado recientemente aqu铆. 聽 Y, en otra Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la recuperaci贸n y la resoluci贸n de las empresas de seguros o reaseguros, y por la que se modifican las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE y (UE) 2017/1132 y los Reglamentos (UE) n.潞 1094/2010 y (UE) n.潞 648/2012 聽 Este texto, ahora objeto de atenci贸n聽 se inspira, con las adaptaciones necesarias, en recientes trabajos聽 nacionales e internacionales sobre resoluci贸n y rescate, dentro de los que destacan estos:

Antecedentes

  • El Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un marco para el rescate y la resoluci贸n de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.潞 1095/2010, (UE) n.潞 648/2012, (UE) n.潞 600/2014, (UE) n.潞 806/2014 y (UE) 2015/2365 y las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE y (UE) 2017/1132 ; y
  • El Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un marco para el rescate y la resoluci贸n de Bancos.
  • Tambi茅n, en buena medida, el Informe EIOPA-BoS/17-148 de 5.07.2017 ; y el informe EIOPA de 2020, EIOPA-BoS-20/749 de 17 de diciembre
  • Por otra parte, estas propuestas tienen apoyo en determinados trabajos internacionales como los del Financial Stability Board que en octubre de 2014 elabor贸 su documento 鈥淐uestiones Clave (KA)鈥 sobre reg铆menes de resoluci贸n eficaces para el sector de los seguros y que estaba dirigido a cualquier aseguradora que pudiera resultar ser sist茅micamente significativa o incluso cr铆tica en caso de insolvencia. Tambi茅n, el FSB public贸 orientaciones complementarias sobre estrategias y planes de resoluci贸n eficaces en junio de 2016 y una Metodolog铆a de Evaluaci贸n de KA de agosto de 2020. En paralelo, la Asociaci贸n Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) adopt贸 en noviembre de 2019 un conjunto de Principios B谩sicos de Seguros para todas las empresas de seguros y reaseguros, as铆 como un Marco Com煤n para los Grupos de Seguros Internacionalmente Activos (IAIG) que detalla las normas para la planificaci贸n de la recuperaci贸n preventiva.
  • Y, no deja de ser relevante, como antecedente de esta reforma, que algunos Estados miembros como Pa铆ses Bajos, Francia o Ruman铆a cuentan ya con marcos espec铆ficos. Inspiran esta parte de la reforma y en un futuro podr谩n mantenerse vigentes en tanto que respeten los m谩rgenes de armonizaci贸n de la Propuesta.

Fundamento del establecimiento de un r茅gimen de rescate e insolvencia en entidades del sector asegurador

Barbanz贸ns
Barbanz贸ns

Si bien en los procedimientos de insolvencia normales, el objetivo principal es maximizar el valor de los activos de la empresa en inter茅s de los acreedores, en el sector de la prestaci贸n de servicios de seguros y reaseguros, las dificultades de estas entidades se transmiten inmediatamente a los asegurados en el sentido de que necesitan聽 mantener su protecci贸n aseguradora, o bien si a la luz de la insolvencia deviene imposible, encontrar alternativas al seguro contratado a un coste razonable, lo que supone una dificultad especial en el caso de los seguros de vida. Adem谩s, los procesos de insolvencias se propongan en el tiempo con lo que pueden transcurrir muchos a帽os antes de que el proceso de insolvencia concluya. En ese periodo se genera incertidumbre, sobre todo en lo que respecta a los cobros de indemnizaciones.

Por otra parte, en el contexto de los grupos transfronterizos, las consecuencias se multiplican y ampl铆an surtiendo efectos en distintas jurisdicciones.

Y, en el caso de crisis de una entidad de reaseguro, la insolvencia f谩cilmente conlleva consecuencias sist茅micas.

 

Con esta reforma, el legislador europeo atiende a la necesidad de mantener los servicios cr铆ticos dentro del sector asegurador, incluso en situaciones cercanas a la insolvencia. Es decir, mantener las funciones cr铆ticas de los seguros para los asegurados y garantizar una transferencia fluida de sus carteras de seguros, logrando al mismo tiempo resultados similares a los de los procedimientos de insolvencia normales en cuanto a la asignaci贸n de p茅rdidas a accionistas y acreedores.

El nuevo marco se basar谩 en la prevenci贸n y la preparaci贸n. 聽Las aseguradoras y reaseguradoras sometidas al 谩mbito de Solvencia II/R deber谩n elaborar planes de recuperaci贸n preventivos para fomentar su preparaci贸n. Y tendr谩n que facilitar la adopci贸n de medidas correctivas r谩pidas cuando se enfrenten a escenarios de estr茅s. Esta obligaci贸n se exigir谩 conforme a criterios de proporcionalidad.

Las autoridades de resoluci贸n deben elaborar planes de resoluci贸n sobre c贸mo hacer frente a cualquier forma de dificultad financiera que supere los recursos existentes de la aseguradora o reaseguradora. Si las autoridades de resoluci贸n identifican obst谩culos a la resoluci贸n durante el proceso de planificaci贸n y preparaci贸n, pueden exigir que se adopte una decisi贸n sobre la situaci贸n financiera de la aseguradora. Y pueden exigir a la entidad en crisis que adopte las medidas adecuadas para simplificar su estructura a fin de garantizar que pueda resolverse sin suponer un coste de rescate p煤blico.

Por otra parte, las autoridades supervisoras estar谩n facultadas para intervenir en una fase temprana para hacer frente al deterioro de la situaci贸n financiera al incumplimiento de los requisitos normativos exigidos a las aseguradoras y evitar la escalada. Tambi茅n se dotan a las autoridades nacionales de otros instrumentos de resoluci贸n.

Se pretende minimizar el impacto de la insolvencia sobre la econom铆a y el sistema financiero, as铆 como lograr la continuidad de la protecci贸n de los seguros para los titulares de las p贸lizas, los beneficiarios y los perjudicados. Por ello se facilitar谩 la trasferencia de actividades y carteras viables de la entidad de seguros cuando sea posible

En lo relativo a los grupos transfronterizos, dado que algunos grupos de seguros tienen una actividad transfronteriza y, en algunos casos, incluso mundial, la propuesta promueve una coordinaci贸n adecuada de las medidas de resoluci贸n en un contexto transfronterizo para proteger a los asegurados, a la econom铆a real y a la estabilidad financiera. Y establece una serie de principios. Por un lado, deber谩n respetarse los nuevos requisitos de confidencialidad. Por otro, los 贸rganos de resoluci贸n se establecer谩n bajo la direcci贸n 煤nica de una autoridad de resoluci贸n del grupo, con la participaci贸n de EIOPA. Esta Autoridad europea facilitar谩 la cooperaci贸n de las autoridades, contribuir谩 a la coherencia y mediar谩 si es necesario.

脕rtabra

Los principales instrumentos de resoluci贸n contemplados son:

1.- Reducci贸n de valor o conversi贸n de instrumentos de capital (como acciones), instrumentos de deuda (como obligaciones) y otros instrumentos de capital para hacer frente a las deudas y pasivos admisibles. As铆, los accionistas y los acreedores generales asumir谩n las p茅rdidas en primer lugar y se facilitar谩 el ejercicio de otras actividades de resoluci贸n, como una liquidaci贸n previa a la insolvencia, ventas (por ejemplo de partes de la actividad de la entidad en crisis), pr茅stamos u otros compromisos temporales (puente) , disgregaci贸n de activos y pasivos con posibles ventas de parte del negocio a efectos de capitalizar la actividad que permanezca en la entidad o en el grupo. O incluso con trasferencia de una parte de la actividad de la entidad en crisis a un organismo p煤blico en modo coordinado con la puesta en marcha de instrumentos de resoluci贸n, entre otros.

2.- Se retirar谩 la autorizaci贸n a las aseguradoras en crisis para concluir nuevos contratos de seguro (o reaseguro), limitando su actividad a la cartera existente.

3.- En caso de resoluci贸n, 茅sta se somete a control estricto y a la demostraci贸n de que se realiza en inter茅s p煤blico. La propuesta de Directiva incorpora salvaguardias adecuadas para proteger los intereses de las partes interesadas afectadas, en especial atendiendo a que los acreedores no queden en peor situaci贸n de lo que har铆an en una insolvencia com煤n.