El Tribunal General desestima los recursos contra la Resoluci贸n del Banco Popular

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Siguen las decisiones en el asunto Banco Popular en resoluci贸n聽 y su adquisici贸n por el Banco Santander. Ahora, el 1.06.2022, mediante cinco sentencias dictadas por la Sala Tercera ampliada, el Tribunal General desestima en su totalidad una serie de recursos de anulaci贸n interpuestos contra el dispositivo聽 de la Junta 脷nica de Resoluci贸n (JUR) de resoluci贸n del Panco Popular, y contra la Decisi贸n 2017/1246 que ratificaba ese dispositivo. Se trata de las Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-481/17 | Fundaci贸n Tatiana P茅rez de Guzm谩n el Bueno y SFL / JUR, T-510/17 | Del Valle Ruiz y otros / Comisi贸n y JUR, T-523/17 | Elevet茅 Invest Group y otros / Comisi贸n y JUR, T-570/17| Algebris (UK) y Anchorage Capital Group / Comisi贸n y T-628/17 | Aeris Invest / Comisi贸n y JUR

Los recursos resueltos en estas sentencias fueron designados como 芦asuntos piloto禄 representativos de un centenar de recursos interpuestos por personas f铆sicas y jur铆dicas, titulares de instrumentos de capital de Banco Popular antes de la resoluci贸n.聽

Antecedentes聽

 

El grupo Banco Popular, cuya sociedad matriz era Banco Popular, era, en la fecha de la resoluci贸n, el sexto grupo bancario espa帽ol. En 2016, Banco Popular llev贸 a cabo una ampliaci贸n de capital de 2 500 millones de euros. El 5 de diciembre de 2016, la Sesi贸n Ejecutiva de la JUR adopt贸 un plan de resoluci贸n del grupo Banco Popular (en lo sucesivo, 芦plan de resoluci贸n de 2016禄). El instrumento de resoluci贸n por el que se opt贸 en dicho plan era el instrumento de recapitalizaci贸n interna previsto en el art铆culo 27 del Reglamento n.潞聽806/2014. El 3 de febrero de 2017, Banco Popular public贸 su informe anual de 2016 en el que declar贸 que deb铆an realizarse provisiones excepcionales por un importe de 5聽700聽millones de euros, lo que generaba unas p茅rdidas consolidadas de 3聽485聽millones de euros. En el mismo informe se anunciaba el nombramiento de un nuevo presidente.

El 10 de febrero de 2017, DBRS Ratings Limited rebaj贸 las calificaciones de Banco Popular, con una perspectiva negativa, habida cuenta del debilitamiento de la posici贸n de capital de Banco Popular a ra铆z de unas p茅rdidas netas mayores que las previstas en su informe anual, mencionado en el apartado 28 anterior, y de los esfuerzos de Banco Popular para reducir su elevado stock de activos improductivos. El 3 de abril de 2017, Banco Popular anunci贸 los resultados de las auditor铆as internas e indic贸 que podr铆a ser necesario llevar a cabo correcciones en su informe anual de 2016. Estos ajustes se realizaron en el informe financiero de Banco Popular correspondiente al primer trimestre de 2017.El 10 de abril de 2017, en la Junta General de Accionistas de Banco Popular, el presidente del Consejo de Administraci贸n anunci贸 que el banco ten铆a prevista una ampliaci贸n de capital o una operaci贸n societaria para hacer frente a la situaci贸n del grupo en lo referente a fondos propios y al nivel de activos improductivos. El consejero delegado de Banco Popular fue sustituido despu茅s de menos de un a帽o en el cargo. A ra铆z del anuncio del 3 de abril acerca de la necesidad de ajustar los resultados financieros de 2016, DBRS rebaj贸, el 6 de abril, la calificaci贸n de Banco Popular, manteniendo una perspectiva negativa. Standard & Poor鈥檚, el 7 de abril, y Moody鈥檚 Investors service, el 21 de abril de 2017, tambi茅n rebajaron la calificaci贸n de Banco Popular con una perspectiva negativa. En abril de 2017, Banco Popular inici贸 un proceso de venta privada. La fecha l铆mite para que los eventuales compradores interesados en la adquisici贸n de Banco Popular presentaran su oferta qued贸 fijada para el 10 de junio de 2017 y posteriormente qued贸 prorrogada hasta el fin del mes de junio de 2017.

Durante los primeros d铆as del mes de junio de 2017, Banco Popular tuvo que hacer frente a una masiva retirada de efectivo.

All-focus

El 5 de junio de 2017, Banco Popular present贸 por la ma帽ana una primera petici贸n de provisi贸n urgente de liquidez ante el Banco de Espa帽a y, posteriormente, una segunda petici贸n por la tarde con una extensi贸n del importe solicitado debido a importantes movimientos de efectivo. El Consejo de Gobierno del BCE, a petici贸n del Banco de Espa帽a y a ra铆z de la evaluaci贸n llevada a cabo ese mismo d铆a por el BCE en relaci贸n con la petici贸n de provisi贸n urgente de liquidez de Banco Popular, no formul贸 objeciones a una provisi贸n urgente de liquidez a Banco Popular respecto del per铆odo que iba hasta el 8 de junio de 2017. Banco Popular recibi贸 una parte de esa provisi贸n urgente de liquidez. Posteriormente, el Banco de Espa帽a indic贸 que no pod铆a hacer una provisi贸n urgente de liquidez adicional a Banco Popular. Ese mismo d铆a, el 5 de mayo de 2017, Banco Popular present贸 su informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2017, en el que se reflejaban unas p茅rdidas por importe de 137 millones de euros.

El 12 de mayo de 2017, el requisito de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Requirement, LCR) de Banco Popular se redujo por debajo del umbral m铆nimo del 80聽% fijado por el art铆culo 460, apartado 2, letra聽c), del Reglamento (UE) n.潞聽575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de cr茅dito y las empresas de inversi贸n, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.潞聽648/2012 (DO 2013, L聽176, p.聽1).聽Mediante carta de 16 de mayo de 2017, Banco Santander, S.聽A., puso en conocimiento de Banco Popular que no pod铆a formular una oferta vinculante en el proceso de venta privada.

guess where...

El 16 de mayo de 2017, Banco Popular, en una comunicaci贸n de informaci贸n sensible a la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indic贸 que compradores potenciales hab铆an manifestado su inter茅s en el proceso de venta privada, pero que no se hab铆a presentado ninguna oferta vinculante.El 19 de mayo de 2017, la agencia FITCH degrad贸 el聽rating聽a largo plazo de Banco Popular.A lo largo del mes de mayo de 2017, diferentes art铆culos de prensa se hicieron eco de las dificultades de Banco Popular.

El 7 de junio de 2017, la Junta 脷nica de Resoluci贸n (JUR) adopt贸 una Decisi贸n relativa a un dispositivo de resoluci贸n respecto de Banco Popular (芦dispositivo de resoluci贸n芦). En la misma fecha Comisi贸n Europea adopt贸 la Decisi贸n (UE) 2017/1246, 2 por la que se aprob贸 el mencionado dispositivo de resoluci贸n. En el dispositivo de resoluci贸n, la JUR consider贸 que se cumpl铆an las condiciones para adoptar una medida de resoluci贸n respecto de Banco Popular, que no exist铆an otras medidas que pudieran impedir su inviabilidad en un plazo razonable y que era necesaria una medida de resoluci贸n en forma de instrumento de venta del negocio, por inter茅s p煤blico. La JUR ejerci贸 su competencia de amortizaci贸n y de conversi贸n de los instrumentos de capital de Banco Popular聽 y decret贸 que las nuevas acciones resultantes deb铆an transferirse a Banco Santander por el precio de un euro.

 

M谩s concretamente: En el art铆culo 5.1, del dispositivo de resoluci贸n, la JUR decidi贸: 芦El instrumento de resoluci贸n que se aplicar谩 a [Banco Popular] consiste en la venta del negocio de conformidad con el art铆culo 24 del [Reglamento n.潞 806/2014] mediante la transferencia de acciones a un comprador. La amortizaci贸n y la conversi贸n de instrumentos de capital se ejercer谩n inmediatamente antes de la aplicaci贸n del instrumento de venta del negocio禄聽 En el 6.1 del dispositivo de resoluci贸n, la JUR decidi贸 amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular por importe de 2 098 429 046 euros, con la consiguiente cancelaci贸n del 100 % de las acciones de Banco Popular. Y adem谩s, convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulaci贸n en la fecha de la decisi贸n relativa al dispositivo de resoluci贸n en acciones de nueva emisi贸n de Banco Popular. Tambi茅n, amortizar a cero el valor nominal de las禄 acciones nuevas I禄 con la consiguiente cancelaci贸n del 100 % de estas. Y, convertir la totalidad del importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulaci贸n en la fecha de la decisi贸n de resoluci贸n en acciones de nueva emisi贸n de Banco Popular, las 芦acciones nuevas聽II禄.

Con anterioridad a la adopci贸n del dispositivo de resoluci贸n, se realizaron dos informes de valoraci贸n del Banco Popular. Ambos fueron incorporados como anexo al dispositivo de resoluci贸n. La primera valoraci贸n, elaborada por la JUR, estaba fechada el 5 de junio de 2017. La segunda valoraci贸n fue redactada por un experto independiente y ten铆a como fecha el 6 de junio de 2017. Asimismo, el 6 de junio de 2017, el BCE, previa consulta a la JUR, llev贸 a cabo una evaluaci贸n para determinar si Banco Popular estaba en graves dificultades o era previsible que fuera a estarlo.

El BCE estim贸 que, habida cuenta de los problemas de liquidez a los que Banco Popular se enfrentaba, este probablemente no estar铆a en condiciones, en un futuro cercano, de hacer frente a sus deudas o dem谩s pasivos a su vencimiento. El mismo d铆a 6 de junio de 2017 el Consejo de Administraci贸n del Banco Popular comunic贸 al BCE su propia conclusi贸n de que se encontrar铆a en graves dificultades.

SOBRE LOS MOTIVOS INVOCADOS Y RESUELTOS EN LAS SENTENCIAS

Competencia del Tribunal General frente al dispositivo de resoluci贸n de la JUR

 

El Tribunal General establece聽 que un dispositivo de resoluci贸n adoptado por la JUR puede ser objeto de recurso, sin que se exija que tambi茅n se interponga un recurso contra la Decisi贸n de la Comisi贸n mediante la que se haya aprobado dicho dispositivo.

Ello a pesar de que sea una vez aprobado por la Comisi贸n, cuando tal dispositivo produzca efectos jur铆dicos y constituya un acto que puede ser objeto de un recurso de anulaci贸n aut贸nomamente.

 

Alcance del control jurisdiccional

Dado que las decisiones que la JUR debe adoptar en el marco de un procedimiento de resoluci贸n se basan en complejas valoraciones econ贸micas , el control por parte del TG es limitado. No obstante, el Tribunal General considera que, incluso en caso de apreciaciones complejas como las realizadas por la JUR en este asunto, el juez de la Uni贸n no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia. Debe tambi茅n comprobar si esos elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideraci贸n para apreciar una situaci贸n compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos.

Limitaciones al derecho fundamental de las partes a ser o铆dos

 

Los accionistas y acreedores de un ente que es objeto de una medida de resoluci贸n pueden apoyarse en el derecho a ser o铆dos en el procedimiento de resoluci贸n. Pero, el ejercicio de este derecho puede quedar sometido a limitaciones.聽 Concretamente, el procedimiento de resoluci贸n de Banco Popular persegu铆a un objetivo de inter茅s general 鈥搇a estabilidad de los mercados financieros鈥 que justifica en este asunto una limitaci贸n del derecho a ser o铆do. As铆, la inexistencia de una disposici贸n que prevea el tr谩mite de audiencia de los accionistas y acreedores del ente sometido a resoluci贸n, y el hecho de que no se diera audiencia a las partes demandantes constituyen una limitaci贸n del derecho a ser o铆do que el TG considera justificada, proporcionada y necesaria para responder a objetivos de inter茅s general como son la protecci贸n de la estabilidad de los mercados financieros, la continuidad de las funciones esenciales del ente y las exigencias de rapidez y eficacia del procedimiento de resoluci贸n

 

Limitaciones al derecho a la propiedad privada

En relaci贸n con la tutela de la propiedad de los accionistas y acreedores del Banco Popular, el Tribunal General indica que, a la luz de las pruebas que le fueron sometidas, no exist铆an medidas alternativas que pudieran impedir la situaci贸n inminente de graves dificultades patrimoniales. Por lo tanto, la decisi贸n de amortizar y convertir los instrumentos de capital de Banco Popular a trav茅s del dispositivo de resoluci贸n no constituye una intervenci贸n desmesurada e intolerable que afectase a la propia esencia del derecho de propiedad de las partes demandantes, sino que es聽una restricci贸n justificada y proporcionada de su derecho de propiedad.

Limitaciones al Derecho de Acceso al expediente

El Tribunal General concluye que el hecho de que, durante el procedimiento administrativo que llev贸 a la adopci贸n del dispositivo de resoluci贸n la JUR no comunicara la valoraci贸n del experto independiente a la que se hizo referencia supra. Y las circunstancias de que ni la JUR ni la Comisi贸n comunicaran los documentos en los que se basaron, no constituye una vulneraci贸n de este derecho. Concretamente, determinada informaci贸n en poder de la JUR e incluida en el dispositivo de resoluci贸n, con apoyo en dicha valoraci贸n as铆 como en los documentos en los que esta se apoy贸, forman parte del secreto profesional y es confidencial. Por lo tanto, el Tribunal General estima que, tras la adopci贸n del dispositivo de resoluci贸n, las partes demandantes no tienen derecho a que se les comunique
todo el expediente en el que se bas贸 la JUR.

Ilegalidad en la delegaci贸n de facultades

El Tribunal General desestima el motivo de recurso basado en una excepci贸n de ilegalidad, en la medida en que las disposiciones del Reglamento n.潞 806/2014 8 vulnerar铆an los principios relativos a la delegaci贸n de facultades. El TG establece que es necesario que una instituci贸n de la Uni贸n, a saber, la Comisi贸n o el Consejo, apruebe el dispositivo de resoluci贸n por lo que respecta a los aspectos discrecionales de este para que el dispositivo produzca efectos jur铆dicos. De este modo, el legislador de la Uni贸n ha confiado a una instituci贸n la responsabilidad jur铆dica y pol铆tica de determinar la pol铆tica de la Uni贸n en materia de resoluci贸n, evitando as铆 un
芦verdadero desplazamiento de responsabilidad禄 y no ha delegado en la JUR una facultad aut贸noma

 

En cuanto a las valoraciones previas al dispositivo de resoluci贸n

El Tribunal General indica que, habida cuenta de la urgencia de la situaci贸n, la JUR pod铆a basarse en la valoraci贸n del experto independiente2 para adoptar el dispositivo de resoluci贸n. Habida cuenta de las restricciones temporales y de la informaci贸n disponible, determinadas incertidumbres y aproximaciones son inherentes a cualquier valoraci贸n provisional y las reservas formuladas por un experto que ha realizado esta valoraci贸n no significan que esta no fuera 芦razonable, prudente y realista禄. Asimismo, observa que
la valoraci贸n inicial con la que se pretend铆a determinar si Banco Popular se hallaba en graves dificultades o previsiblemente fuera a estarlo con el fin de examinar si se cumpl铆an las condiciones para iniciar un procedimiento de resoluci贸n o las condiciones de la amortizaci贸n y la conversi贸n de instrumentos de capital, qued贸 obsoleta a ra铆z de la evaluaci贸n llevada a cabo por el BCE el 6 de junio de 2017 para determinar si Banco Popular se hallaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo.

Sobre las alegaciones de error manifiesto de apreciaci贸n en la aplicaci贸n normativa

  • El Tribunal establece que la JUR y la Comisi贸n no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci贸n al considerar que se cumpl铆an las condiciones establecidas en el art铆culo 18, apartado 1, del Reglamento n.潞 806/2014 para adoptar una medida de resoluci贸n:
    El Tribunal General constata que la insolvencia de la entidad no es un requisito para considerar que tiene graves dificultades o probablemente vaya a tenerlas y, por tanto, no es una condici贸n para la adopci贸n de un dispositivo de resoluci贸n. En efecto, el hecho de que un ente sea solvente de acuerdo con su balance no significa que disponga de liquidez suficiente, esto es, de fondos disponibles para pagar sus deudas o dem谩s pasivos a su vencimiento. En consecuencia, el Tribunal General considera que la JUR y la Comisi贸n no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci贸n al estimar que Banco Popular se hallaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo. Asimismo, se帽ala que el dispositivo de resoluci贸n se adopt贸 v谩lidamente con independencia de los motivos que llevaron a que Banco Popular se hallara en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo.
  • En segundo t茅rmino, el Tribunal General considera que las partes demandantes no han demostrado la existencia de medidas alternativas a la resoluci贸n y que la JUR y la Comisi贸n no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci贸n al estimar que no exist铆an perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado o de supervisi贸n pudieran impedir la inviabilidad de Banco Popular en un plazo de tiempo razonable
  • En tercer t茅rmino, el Tribunal General se帽ala que la JUR y la Comisi贸n no incurrieron en un error manifiesto de apreciaci贸n al considerar que la medida de resoluci贸n era necesaria y proporcionada a la luz de los objetivos de inter茅s p煤blico perseguidos

Sobre las alegaciones en el sentido de que la Comisi贸n Europea aprob贸 el dispositivo de resoluci贸n sin analizarlo previamente

El Tribunal recuerda que la Comisi贸n hab铆a designa a un representante habilitado para participar en las reuniones de la JUR, en Sesi贸n Ejecutiva y en Sesi贸n Plenaria, en calidad de observador permanente. Este representante tiene derecho a participar en los debates y tiene acceso a todos los documentos. As铆 pues, al haber participado en varias reuniones con la JUR, la Comisi贸n hab铆a participado en las diferentes fases previas a la adopci贸n del dispositivo de resoluci贸n y hab铆a tenido conocimiento de los anteproyectos de dicho dispositivo y hab铆a participado en su redacci贸n

En relaci贸n con las alegaciones de falta de motivaci贸n de la Resoluci贸n de la Comisi贸n

El Tribunal General establece que cuando la Comisi贸n aprob贸 el dispositivo de resoluci贸n mediante su Decisi贸n 2017/1246, pod铆a limitarse, para justificar su adopci贸n, a una motivaci贸n en la que manifestara su acuerdo sobre el contenido de dicho dispositivo de resoluci贸n y sobre los motivos alegados por la JUR.

Sobre las alegadas irregularidades en el proceso de venta

El Tribunal se帽ala la legalidad de la decisi贸n de la JUR de solicitar a la autoridad nacional de resoluci贸n que solo se pusiera en contacto con las entidades que hab铆an participado en el proceso de venta privada de Banco Popular. Dicha autoridad est谩 legitimada para contactar 煤nicamente con compradores potenciales concretos.

Alegaciones de responsabilidad extracontractual de la JUR y de la Comisi贸n Europea

Resuelve el Tribunal que las partes demandantes no demostraron un comportamiento ilegal ni de la JUR ni de la Comisi贸n.聽 No han demostrado que divulgaran informaci贸n confidencial relativa a la aplicaci贸n de un procedimiento de resoluci贸n de Banco Popular y, por consiguiente, no ha podido apreciarse ninguna vulneraci贸n del principio de confidencialidad o del deber de secreto profesional.

Adem谩s, las partes demandantes no han demostrado la existencia de una relaci贸n de causalidad entre las ilegalidades de la JUR y de la Comisi贸n, suponi茅ndolas acreditadas, y la crisis de liquidez de Banco Popular y, por tanto, entre estas y el perjuicio invocado

 

M谩s informaci贸n y referencias:

  • Decisi贸n SRB/EES/2017/08 de la Sesi贸n Ejecutiva de la JUR, de 7 de junio de 2017, relativa a un dispositivo de resoluci贸n respecto de Banco Popular Espa帽ol, S. A.
  • Decisi贸n (UE) 2017/1246 de la Comisi贸n, de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el r茅gimen de resoluci贸n del Banco Popular Espa帽ol SA (DO 2017, L 178, p. 15).
  • Nota del Servicio de Comunicaciones del TJUE sobre esta sentencia
  • Entrada en el Blog Tapia Hermida 芦Estabilidad financiera vs. Accionistas de bancos rescatados: Sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20) Banco Popular/Banco Santander 芦sobre la STUE de 5 mayo 2022. cit lit :禄Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de mayo de 2022 dictada en el asunto C-410/20聽que responde a una petici贸n de decisi贸n prejudicial planteada, con arreglo al art铆culo 267 TFUE, por la聽Audiencia Provincial de A Coru帽a,聽en un procedimiento entre Banco Santander, S. A. y dos inversores minoristas que adquirieron acciones del Banco Popular en el marco de la OPS realizada por este 煤ltimo Banco en junio de 2016. La declaraci贸n que hace el TJUE en esta Sentencia establece, en s铆ntesis, la inviabilidad de las acciones de responsabilidad y de nulidad de los accionistas del antiguo Banco Popular contra Banco Santander.
  • STJUE: La resoluci贸n del Banco Portugu茅s Banco do Esp铆rito Santo no viola el derecho de propiedad (art铆culo17 CEDF) (C-83-20)

Publicado por

Elena F P茅rez Carrillo

Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Mercantil Universidad de Le贸n