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TJUE, sentencia de 19 de marzo de 2026, C‑526/24, Brillen Rottler: abuso del derecho de acceso a los propios datos personales (art. 15 RGPD)

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Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-526/24 Brillen Rottler: Una solicitud de acceso a los propios datos personales puede considerarse abusiva y denegarse si se presenta con el único fin de solicitar posteriormente una indemnización por una supuesta infracción del RGPD

El conflicto se origina cuando TC, residente en Austria, se suscribe en marzo de 2023 al boletín informativo de Brillen Rottler GmbH & Co. KG, óptica familiar establecida en Alemania, facilitando sus datos personales a través del formulario web. Poco después, ejerce ante la empresa su derecho de acceso previsto en el artículo 15 RGPD.

Brillen Rottler deniega la solicitud dentro del plazo de un mes, calificándola de “excesiva” en el sentido del artículo 12.5 RGPD, y el interesado mantiene su petición y añade una reclamación indemnizatoria de 1.000 euros al amparo del artículo 82 RGPD por daño inmaterial. El Amtsgericht Arnsberg plantea varias cuestiones prejudiciales sobre:

  • si incluso una primera solicitud de acceso puede ser “excesiva/abusiva” y, por tanto, denegarse;

  • si cabe indemnización por vulneración del derecho de acceso aunque no exista un tratamiento ilícito de datos como tal;

  • y cómo se configura el daño inmaterial indemnizable.

Cuestiones jurídicas planteadas

Las cuestiones centrales se refieren a la interpretación de los artículos 12.5, 15.1 y 82.1 RGPD:

  • Alcance de la cláusula que permite al responsable negase a actuar cuando las solicitudes sean “manifiestamente infundadas o excesivas” (art. 12.5).

  • Posibilidad de considerar “excesiva” una primera solicitud, pese a que el precepto menciona la repetición como ejemplo típico.

  • Configuración del derecho a indemnización por vulneración del derecho de acceso, incluso si la infracción se concreta en una negativa a tramitar la solicitud.

  • Determinación de si la pérdida de control sobre los datos o la incertidumbre sobre su tratamiento puede constituir daño inmaterial indemnizable.

Estas cuestiones sitúan el caso en la intersección entre la amplitud del derecho de acceso y el principio de prohibición del abuso del derecho en el marco del Derecho de la Unión.

Razonamiento del TJUE sobre el carácter “excesivo/abusivo”

El Tribunal declara que el artículo 12.5 RGPD permite considerar “excesiva” incluso una primera solicitud de acceso, siempre que concurran criterios estrictos, habida cuenta de que se trata de una excepción al derecho de acceso que debe interpretarse de forma restrictiva.

El TJUE fija los siguientes elementos:

  • El carácter repetitivo de las solicitudes es un indicio, pero no un requisito necesario; la “primera” solicitud puede ser excesiva si se acredita abuso.

  • La carga de la prueba recae sobre el responsable del tratamiento, que debe demostrar, a la vista de todas las circunstancias, que la solicitud no se presentó para conocer el tratamiento ni verificar su licitud, sino con intención abusiva, en particular para crear artificialmente las condiciones necesarias para reclamar una indemnización.

  • El Tribunal admite que el patrón de conducta del interesado (suscripciones sucesivas, solicitudes de acceso y reclamaciones indemnizatorias frente a distintos responsables) puede constituir un indicador relevante de ese uso instrumental del derecho.

Con ello, el TJUE no convierte el carácter económico de la pretensión en ilegítimo per se, pero sí exige que el ejercicio del derecho de acceso mantenga un vínculo real con su finalidad propia: permitir al interesado conocer y controlar el tratamiento de sus datos personales.

Derecho a indemnización y daño inmaterial

En relación con el artículo 82.1 RGPD, el Tribunal declara que confiere al interesado un derecho a indemnización por los daños y perjuicios resultantes de una vulneración del derecho de acceso del artículo 15.1, aunque esa vulneración consista en la negativa a dar curso a una solicitud, y no en un tratamiento ilícito de datos en sentido estricto.

El TJUE subraya que:

  • El tenor del artículo 82.1 no limita el derecho a indemnización a daños derivados de un “tratamiento” como tal, de modo que excluir las infracciones de los derechos del capítulo III vaciaría de efecto útil la norma.

  • El daño inmaterial puede incluir la pérdida de control sobre los datos personales o la incertidumbre acerca de si estos han sido objeto de tratamiento.

  • No toda infracción del RGPD genera automáticamente derecho a indemnización: el interesado debe probar tres requisitos acumulativos: infracción del RGPD, existencia de un daño efectivo (material o inmaterial) y nexo de causalidad entre ambos.

  • No procede indemnización cuando la pérdida de control o la incertidumbre se deben precisamente a la conducta del propio interesado, que decide someter sus datos al responsable con el fin de crear artificialmente las condiciones para obtener una compensación.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, sobre la base de estos criterios, si en el caso concreto concurren abuso y daño indemnizable.

Relevancia práctica

La sentencia ofrece claridad operativa a responsables del tratamiento y autoridades de control:

  • Legitima la posibilidad de denegar solicitudes de acceso abusivas, incluso si son las primeras, siempre que se motive la decisión y se pueda acreditar el uso instrumental del derecho.

  • Refuerza la idea de que el artículo 12.5 RGPD actúa como “válvula de seguridad” frente a estrategias de litigación sistemática basadas en el mero cumplimiento formal de los requisitos del derecho de acceso.

  • Al mismo tiempo, subraya que el derecho a indemnización del artículo 82 no se vacía: se extiende a la vulneración del derecho de acceso, pero exige una prueba rigurosa del daño y de su causalidad, evitando una automatización de la compensación.

Para la práctica de cumplimiento, la sentencia impone a los responsables la necesidad de documentar los indicios de abuso, revisar patrones de conducta del interesado y articular políticas internas sobre tratamiento de solicitudes sospechosas, sin trivializar el estándar probatorio exigido por el TJUE.

Encaje en la doctrina general del abuso del derecho en la UE

Brillen Rottler se inserta en la jurisprudencia que reconoce el abuso del derecho como principio general del Derecho de la Unión, aplicable transversalmente cuando un derecho conferido por una norma de la UE se ejerce de forma contraria a su objeto y finalidad.

De esa doctrina general, el TJUE retoma la construcción clásica en torno a dos elementos:

  • Elemento objetivo: pese al respeto formal de los requisitos legales, el ejercicio del derecho persigue obtener una ventaja contraria al propósito de la norma, aquí, convertir el derecho de acceso en un mero instrumento para generar litigios indemnizatorios.

  • Elemento subjetivo: existencia de una intención de obtener de modo artificioso esa ventaja, que en este caso puede inferirse de un patrón de suscripciones, solicitudes y reclamaciones repetidas frente a distintos responsables.

La aportación específica de Brillen Rottler consiste en trasladar esta lógica al régimen de los derechos del interesado del RGPD, reafirmando que dichos derechos no son absolutos ni están al margen del principio de buena fe en su ejercicio. La sentencia no recorta el contenido esencial del derecho de acceso, pero sí excluye de su ámbito de protección las conductas estratégicas destinadas a construir artificialmente un escenario indemnizatorio.

En conclusión, el TJUE: admite que una primera solicitud de acceso pueda ser considerada “excesiva” y, por tanto, denegada, cuando se pruebe su carácter abusivo (art. 12.5 y 15 RGPD); reconoce que la vulneración del derecho de acceso puede generar derecho a indemnización (art. 82), incluso sin tratamiento ilícito, pero supedita ese derecho a la acreditación de un daño real y de la ausencia de una auto-creación artificiosa de ese daño; y consolida la integración del principio de abuso del derecho en el ámbito de la protección de datos, configurando el RGPD como un sistema de garantías robustas, pero no disponible para usos meramente instrumentales.

Ideas para la trasposición de la Directiva (UE) 2025/25. Encaje con la LSC y la práctica registral española: notariado, PBC/FT, eIDAS2 y el rol del registrador

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La transposición de la Directiva (UE) 2025/25 obliga a reconfigurar el ecosistema societario español en torno a un modelo  digital e interoperable a escala europea. Este proceso no se limita a la digitalización de procedimientos existentes, sino que implica la integración de la práctica societaria nacional en una infraestructura común de datos, basada en la equivalencia funcional de las formalidades jurídicas tradicionales, la interoperabilidad efectiva con los sistemas europeos de información societaria y de titularidad real, la aceptación de instrumentos electrónicos uniformes y la articulación de controles de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en entornos de verificación remota conforme al marco eIDAS2.

Camelia

Camelia

España parte de una base institucional y tecnológica sustentada en normas como la Ley de Sociedades de Capital (arts. 20, 22, 23, 28 y 33 del Real Decreto Legislativo 1/2010), el Reglamento del Registro Mercantil (arts. 5, 6, 58 y concordantes del Real Decreto 1784/1996), la Ley del Notariado (arts. 1, 17 bis y 24) y la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (arts. 2, 3, 4 y 16). No obstante, la Directiva desplaza el foco desde la mera digitalización de trámites hacia la operación nativa en una infraestructura europea de datos, donde la interoperabilidad, la estandarización y la trazabilidad se convierten en elementos estructurales del sistema societario.

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO ESPAÑOL

Fruits de mer

Equivalencia funcional del instrumento público, la representación y la inscripción

El núcleo del régimen societario español descansa en tres pilares jurídicos claramente definidos en la legislación vigente: la exigencia de forma pública para determinados actos societarios (arts. 20 y 22 LSC), la validez jurídica de la representación (arts. 233 y 234 LSC) y la eficacia constitutiva de la inscripción en el Registro Mercantil (art. 33 LSC y art. 9 del Reglamento del Registro Mercantil).

La transición al entorno digital exige reconocer la equivalencia funcional de estas instituciones en soporte electrónico. En este sentido, se entiende que resulta necesario introducir en la LSC y en el Reglamento del Registro Mercantil una cláusula general que reconozca como instrumento público electrónico aquel documento autorizado por notario mediante firma electrónica cualificada, conforme al art. 17 bis de la Ley del Notariado y a los Reglamentos (UE) eIDAS. Ese documento estaría dotado de estructura de datos y metadatos normalizados y acompañado de evidencias verificables de identificación remota.

En cuanto a la representación societaria debe armonizarse con el poder digital europeo, de modo que las facultades conferidas y verificadas en origen mediante servicios de confianza desplieguen efectos en España sin necesidad de legalización o apostilla, en coherencia con el principio de reconocimiento mutuo previsto en el Derecho de la Unión y con las reglas de eficacia del poder representativo recogidas en los arts. 1259 y 1713 del Código Civil y en los arts. 233 y 234 LSC.

Asimismo, el identificador único europeo de sociedades (EUID) y el modelo de datos armonizado deberían integrarse como elementos identificativos esenciales en el contenido mínimo de los asientos registrales, en coherencia con lo previsto en los arts. 94 y 95 del Reglamento del Registro Mercantil, relativos al contenido de las inscripciones.

DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DEL CICLO SOCIETARIO

Constitución íntegramente en línea y prueba electrónica.  La constitución íntegramente en línea constituye uno de los ejes centrales de la Directiva y encuentra ya un antecedente normativo en el art. 15 bis de la Ley de Sociedades de Capital, introducido para permitir la constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada.  La identificación mediante videoidentificación cualificada, el uso de carteras de identidad digital europea y la utilización de firmas electrónicas cualificadas remotas permiten acreditar la identidad y la voluntad de los otorgantes con un nivel de garantía equiparable al modelo presencial, en coherencia con el principio de equivalencia funcional recogido en el art. 3.10 de la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

En este contexto, la LSC debería reconocer expresamente la presunción de autenticidad del conjunto probatorio generado conforme al Reglamento eIDAS, incluyendo firma electrónica cualificada, sello de tiempo y cadena de certificados válidos en las listas de confianza de la Unión Europea, reforzando así la seguridad jurídica del proceso constitutivo.

Aportaciones dinerarias y acreditación electrónica del desembolso. Las aportaciones dinerarias constituyen uno de los puntos críticos en los procesos de constitución societaria. La normativa vigente exige acreditar el desembolso mediante certificación bancaria, conforme al art. 62 LSC. No obstante, la adaptación al entorno digital exige habilitar la acreditación electrónica de dicha aportación mediante mensajes bancarios estructurados firmados electrónicamente por la entidad depositaria, lo que sería coherente con el principio de equivalencia funcional reconocido en el art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con las reglas sobre documentos electrónicos establecidas en la mencionada Ley 6/2020.  Este modelo permitiría ir eliminando los  certificados en soporte papel y reducir riesgos operativos, facilitando la automatización de los procesos de inscripción y la reducción de plazos, en línea con lo previsto en los arts. 18 y 19 del Código de Comercio y en el art. 6 del Reglamento del Registro Mercantil, relativos a la calificación e inscripción registral.

FUNCIONES INSTITUCIONALES EN EL NUEVO ENTORNO DIGITAL

Notariado: control de legalidad digital y obligaciones de diligencia debida. La transformación digital no reduce el papel del notariado, sino que lo reconfigura en torno a un modelo de control de legalidad basado en la verificación de evidencias electrónicas.

El notario continúa siendo sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales, conforme al art. 2.1.o) de la Ley 10/2010, y debe aplicar medidas de diligencia debida en la identificación del cliente y del titular real, de acuerdo con los arts. 3 y 4 de dicha ley. La digitalización de los procedimientos exige adaptar estas obligaciones al entorno remoto, garantizando que la identificación electrónica cumpla niveles equivalentes a los exigidos en el modelo presencial. La consulta al Registro de Titularidades Reales se integra en este proceso como instrumento ordinario de verificación, en coherencia con el art. 4 bis de la Ley 10/2010 y con las disposiciones reglamentarias sobre acceso a la información de titularidad real. Asimismo, la función notarial incorpora la custodia de evidencias electrónicas, en aplicación de los principios de fe pública y conservación documental recogidos en los arts. 1 y 17 bis de la Ley del Notariado.

 Registro Mercantil: del documento al dato estructurado El Registro Mercantil evoluciona hacia un modelo basado en datos estructurados interoperables, lo que implica una transformación de sus funciones tradicionales de calificación y publicidad registral. La calificación registral, regulada en los arts. 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, se apoya progresivamente en validaciones automáticas relativas a la integridad de firmas electrónicas, la coherencia de identificadores y la consistencia de la información con los registros europeos. La interoperabilidad con sistemas europeos exige la adopción de estándares de intercambio de datos y la integración de repositorios electrónicos de poderes, en coherencia con las funciones de publicidad formal previstas en los arts. 23 del Código de Comercio y 79 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

La normativa societaria y registral deberá reconocer como títulos suficientes el certificado de sociedad de la Unión Europea y el poder digital europeo para operaciones transfronterizas, evitando la exigencia de documentos nacionales equivalentes cuando los instrumentos electrónicos cumplan los estándares establecidos en el marco eIDAS.

INTEROPERABILIDAD EUROPEA Y NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DIGITALES

eIDAS2 y la identidad digital europea La implantación del Reglamento eIDAS2 introduce un modelo de identidad digital basado en credenciales verificables y servicios de confianza interoperables. La transposición de la Directiva exige garantizar la aceptación automática de medios de identificación electrónica emitidos en otros Estados miembros cuando alcancen niveles elevados de seguridad, en coherencia con el principio de reconocimiento mutuo previsto en el art. 6 del Reglamento eIDAS y con el régimen jurídico de los servicios electrónicos de confianza establecido en la Ley 6/2020.

La adopción de carteras de identidad digital europea permitirá incorporar atributos verificables, como la condición de administrador o la vigencia de un cargo, que pueden ser utilizados por notarios y registradores para verificar automáticamente la capacidad representativa de los intervinientes.

 Poder digital europeo y registro electrónico de poderes El reconocimiento del poder digital europeo en el Derecho español exige admitir la equivalencia material de sus efectos respecto del apoderamiento notarial tradicional, en coherencia con el régimen jurídico del mandato y la representación recogido en los arts. 1709 y siguientes del Código Civil. La eficacia transfronteriza del poder digital requiere establecer mecanismos de revocación interoperables y sincronizados, lo que implica la creación de un registro electrónico de poderes compatible con los sistemas europeos, en línea con las funciones de publicidad registral previstas en los arts. 94 y 95 del Reglamento del Registro Mercantil.

Certificado de sociedad de la Unión Europea El certificado de sociedad de la Unión Europea está destinado a convertirse en el principal instrumento de acreditación de la existencia y situación jurídica de una sociedad en el ámbito europeo. Su reconocimiento en el Derecho español debe integrarse en el régimen de certificaciones registrales previsto en los arts. 77 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, garantizando su eficacia probatoria y su equivalencia funcional respecto de las certificaciones nacionales.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y GOBIERNO DEL DATO

Integración con el sistema de titularidad real y obligaciones de diligencia debida La intensificación del uso de los registros europeos de titularidad real exige adaptar la normativa española de prevención del blanqueo de capitales para reconocer estas fuentes de información como instrumentos primarios de verificación.

La Ley 10/2010 establece la obligación de identificar al titular real y de conservar documentación acreditativa de las actuaciones realizadas (arts. 4 y 25), lo que se traduce, en el entorno digital, en la necesidad de conservar evidencias verificables de las consultas efectuadas a los registros de titularidad real y de los resultados obtenidos.

 Gobierno del dato registral y seguridad jurídica. La transición hacia un modelo basado en datos estructurados requiere implantar políticas de calidad, auditoría y seguridad de la información que garanticen la fiabilidad del sistema registral. Estas exigencias encuentran fundamento en los principios de seguridad jurídica y publicidad registral recogidos en los arts. 9.3 de la Constitución Española y 20 del Código de Comercio, así como en la normativa de protección de datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018.

Azalea rosita

Azalea rosita

RÉGIMEN TRANSITORIO Y PROPUESTAS NORMATIVAS

Coexistencia de instrumentos analógicos y digitales. La implantación del nuevo modelo exigirá un período transitorio en el que coexistirán instrumentos tradicionales y electrónicos. Durante este período, la normativa deberá reconocer la validez de los instrumentos analógicos existentes y establecer mecanismos de conversión que permitan su integración en el sistema digital. Este régimen transitorio puede apoyarse en las reglas generales sobre validez de los actos jurídicos y conservación de documentos recogidas en los arts. 1216 y siguientes del Código Civil (documentos públicos) y en las normas sobre eficacia temporal de las leyes previstas en el art. 2 del Código Civil.

Resumen de propuestas normativas. La transposición de la Directiva (UE) 2025/25 requerirá una intervención normativa coordinada que afecte, al menos, a las siguientes disposiciones:

— Ley de Sociedades de Capital, en particular los arts. 20, 22, 23, 33, 62 y 233;
— Reglamento del Registro Mercantil, especialmente los arts. 6, 77, 94 y 95;
— Ley del Notariado, en sus arts. 1 y 17 bis;
— Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en relación con los arts. 2, 3, 4 y 25;
— Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

En términos funcionales, las reformas deberían orientarse a: definir legalmente el instrumento público electrónico y su fuerza probatoria;reconocer el poder digital europeo y el certificado de sociedad de la Unión Europea como títulos suficientes en el tráfico jurídico;habilitar la acreditación electrónica de aportaciones dinerarias;integrar los sistemas registrales nacionales en las plataformas europeas de información societaria;y reconocer la identificación remota mediante medios electrónicos cualificados como medio válido de identificación en sede notarial y registral.

Otras reformas del régimen europeo de sostenibilidad corporativa, más allá del paquete Omnibus

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Junto a las propuestas de simplificación agrupadas en los denominados paquetes ómnibus (ver aqui), el régimen europeo de diligencia debida ha experimentado ya modificaciones normativas que forman parte del Derecho positivo vigente y que inciden de manera directa en la aplicación práctica de las obligaciones empresariales en materia de sostenibilidad. Estas reformas, adoptadas con posterioridad a la aprobación del marco originario de la diligencia debida, no responden a una lógica de reducción sustantiva del contenido de las obligaciones, sino a la necesidad de garantizar una implementación progresiva, coordinada y técnicamente viable del nuevo sistema regulatorio europeo.

Rododendros y azaleas

En este contexto, reviste especial relevancia la Directiva (UE) 2026/470 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información de las empresas en materia de sostenibilidad y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. 

  • Constituye una reforma legislativa que introduce ajustes de carácter transversal en el calendario de aplicación y en la coordinación entre los distintos instrumentos que integran el Derecho europeo de la sostenibilidad empresarial. Forma parte de la ejecución del régimen establecido por la Directiva (UE) 2024/1760 (DDD), sin alterar su estructura básica ni el contenido esencial de las obligaciones previstas en los artículos 5 a 16, relativos al sistema de diligencia debida empresarial. En particular,  introduce mecanismos de ajuste temporal que afectan al calendario de aplicación progresiva de las obligaciones de diligencia debida y de reporte de sostenibilidad, configurando un modelo de puesta en marcha escalonada.
  • Asimismo, refuerza la coordinación entre el régimen de diligencia debida y el sistema europeo de información corporativa en materia de sostenibilidad establecido por la Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD), que modifica la Directiva 2013/34/UE en materia de información financiera y no financiera. Esta coordinación normativa responde a la necesidad de asegurar la coherencia entre el contenido sustantivo de las obligaciones de diligencia debida —en particular las relativas a la identificación y gestión de impactos adversos previstas en los artículos 8 a 11 de la DDD— y su proyección informativa en los informes de sostenibilidad elaborados por las empresas. De este modo, se pretende evitar la duplicidad de obligaciones y garantizar la consistencia entre la gestión interna del riesgo y la divulgación pública de la información.

La evolución normativa reciente se ha completado, además, mediante la adopción de actos delegados y normas técnicas de desarrollo que precisan el contenido y el funcionamiento del sistema de información corporativa en materia de sostenibilidad. Entre estos instrumentos destacan los estándares europeos de reporte de sostenibilidad adoptados mediante el Reglamento Delegado (UE) 2023/2772 de la Comisión, que desarrolla la CSRD y establece los requisitos técnicos aplicables a la elaboración de los informes de sostenibilidad. Estos estándares definen con detalle el contenido de la información que debe divulgarse en relación con los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, así como los procedimientos de verificación y aseguramiento de dicha información..

Tales actos delegados no modifican directamente las obligaciones sustantivas de diligencia debida previstas en las Directivas de primer nivel, pero inciden de manera indirecta en su aplicación práctica al establecer los criterios operativos que determinan cómo deben documentarse, medirse y comunicarse los resultados del sistema de diligencia. En este sentido, la interacción entre la normativa de diligencia debida y el régimen de información corporativa se convierte en un elemento estructural del nuevo modelo regulatorio europeo, en el que la gestión del riesgo y la transparencia informativa aparecen estrechamente interrelacionadas.

Una manifestación particularmente significativa de esta interrelación se observa en la regulación de los planes de transición climática previstos en el artículo 22 de la DDD que obliga a las empresas a adoptar un plan destinado a garantizar la compatibilidad de su modelo de negocio con la transición hacia una economía sostenible y con los objetivos climáticos de la Unión. La evolución reciente del marco regulatorio tiende a integrar estos planes en el sistema general de información corporativa sobre sostenibilidad, de modo que su función se desplaza progresivamente desde una lógica predominantemente operativa —centrada en la ejecución de medidas internas— hacia una lógica informativa y estratégica, vinculada a la divulgación de compromisos y objetivos empresariales en materia climática.

En términos generales, las reformas ya adoptadas fuera del marco ómnibus reflejan una evolución normativa orientada a la coordinación técnica y a la implementación gradual del sistema regulatorio, más que a la redefinición sustantiva de las obligaciones empresariales. Se trata, por tanto, de un proceso de ajuste institucional destinado a asegurar la coherencia interna del Derecho europeo de la sostenibilidad y a facilitar la adaptación progresiva de las empresas a un entorno regulatorio complejo y en rápida transformación.

La evolución del régimen europeo de diligencia debida puede comprenderse adecuadamente si se identifica la coexistencia de tres vectores regulatorios diferenciados, que operan de manera simultánea y complementaria en el desarrollo del nuevo modelo de responsabilidad empresarial en materia de sostenibilidad.

  • El primer vector está constituido por el modelo normativo originario establecido por la DDD, que configura la diligencia debida como un instrumento jurídico integral de gestión de riesgos sociales y ambientales en la cadena de actividades. Este modelo se caracteriza por una concepción amplia del deber de diligencia, por la densidad procedimental de las obligaciones previstas en los artículos 5 a 16, por la existencia de un sistema específico de responsabilidad civil armonizada en el artículo 29 y por la integración de la sostenibilidad en el gobierno corporativo y en la estrategia empresarial.
  • El segundo vector corresponde a las reformas agrupadas en los denominados paquetes ómnibus, que introducen un proceso de simplificación estructural del sistema normativo. Estas iniciativas se orientan principalmente a reducir la intensidad regulatoria del modelo originario, mediante la limitación del alcance práctico de la diligencia debida a los socios comerciales directos, la flexibilización de la periodicidad de las evaluaciones previstas en el artículo 15, la moderación del carácter coercitivo de las medidas correctoras reguladas en el artículo 11 y la revisión del régimen de responsabilidad civil establecido en el artículo 29. En conjunto, estas reformas reflejan una tendencia hacia la reducción de cargas administrativas y hacia la adaptación del sistema regulatorio a las capacidades operativas de las empresas.
  • El tercer vector está constituido por las reformas ya adoptadas y plenamente integradas en el ordenamiento jurídico de la Unión, entre las que destaca la Directiva (UE) 2026/470, así como los actos delegados y normas técnicas que desarrollan el régimen de información corporativa en materia de sostenibilidad. Estas reformas responden a una lógica de ajuste temporal y de coordinación normativa, orientada a garantizar la coherencia funcional del sistema regulatorio y a facilitar su aplicación progresiva en contextos empresariales diversos.

La interacción entre estos tres vectores regulatorios define, en la actualidad, la dinámica evolutiva del Derecho europeo de la sostenibilidad empresarial. Lejos de configurarse como un sistema normativo estático, el régimen de diligencia debida se presenta como un marco jurídico en transformación continua, en el que coexisten impulsos regulatorios de distinta naturaleza: la construcción de un modelo jurídico integral de responsabilidad empresarial, la simplificación estructural de las obligaciones y la adaptación técnica de los mecanismos de implementación. Esta coexistencia explica la complejidad creciente del sistema y pone de manifiesto el carácter progresivo y experimental del proceso de integración normativa en materia de sostenibilidad empresarial.

IA y sector financiero: análisis desde el Parlamento Europeo

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La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en los mercados de valores y de derivados —estrechamente entrelazada con la negociación algorítmica de alta frecuencia (HFT)— ha dejado de ser una innovación periférica para convertirse en un elemento estructural de la microestructura financiera contemporánea, con implicaciones profundas para la estabilidad del sistema, la equidad de los mercados y la función supervisora. En este contexto, el 11 de noviembre de 2025 la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo publicó un informe que incorpora una propuesta de Resolución sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector financiero (Informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la IA en el sector financiero, Report A10-0225/2025). Ese informe es el punto de referencia político más reciente sobre el tema y fue posteriormente seguido por la adopción formal de la Resolución por el Pleno el 25 de noviembre de 2025

Ao solpor

Estos trabajos se insertan en el debate institucional europeo sobre la transformación tecnológica de los servicios financieros y sobre la necesidad de adaptar el marco regulatorio al uso creciente de sistemas de IA en actividades esenciales del sector. Ofrece un análisis sistemático del empleo de estas tecnologías y de sus efectos sobre el funcionamiento de los mercados, al tiempo que examinan el marco normativo aplicable. Desde una perspectiva de política legislativa, el ponente del informe subraya la importancia de facilitar la adopción de la IA en el sector financiero europeo sin menoscabar la protección del consumidor, la estabilidad financiera ni la integridad del mercado. En este sentido, identifica solapamientos normativos y zonas de incertidumbre jurídica, y propone medidas destinadas a clarificar la aplicación de la legislación financiera vigente cuando intervienen sistemas basados en IA.

El informe destaca la rápida implantación de la IA en el ámbito financiero y las oportunidades que ofrece para mejorar la eficiencia, la innovación y la calidad de los servicios. No obstante, insiste en que este potencial solo puede materializarse si se mantiene un equilibrio adecuado entre innovación tecnológica y regulación. Resultan centrales, a este respecto, el cumplimiento normativo, el uso de datos de alta calidad y una gestión rigurosa de los riesgos, con especial atención a la ciberseguridad. Asimismo, se subraya la necesidad de que las Autoridades Europeas de Supervisión refuercen sus capacidades técnicas y sus herramientas de control para acompañar el despliegue creciente de la IA, protegiendo al consumidor y preservando la estabilidad del sistema financiero.

Desde una perspectiva estratégica, el Parlamento apuesta por impulsar la innovación y la inversión en inteligencia artificial dentro del ecosistema europeo, en particular en el marco de la futura Unión de Ahorro e Inversión. El desarrollo de capacidades propias en IA se considera esencial para la competitividad del sector financiero europeo y para reducir la dependencia de proveedores tecnológicos externos. Paralelamente, se insta a la Comisión Europea a elaborar orientaciones claras y operativas sobre la aplicación de la normativa financiera vigente al uso de sistemas de IA, en colaboración con las Autoridades Europeas de Supervisión, las autoridades nacionales competentes y los actores del mercado.

Un eje central del informe es la simplificación y coherencia del marco regulatorio. El texto advierte del riesgo de duplicidades —especialmente en materia de evaluación y notificación de riesgos— y de enfoques uniformes que no reflejan la diversidad de usos y perfiles de riesgo de la IA en el sector financiero. Frente a ello, se propone una supervisión continua del despliegue de estas tecnologías, capaz de identificar lagunas, solapamientos o cargas excesivas, y una coordinación estrecha entre la Comisión y los Estados miembros para ajustar el marco normativo de forma proporcionada y dinámica.

Mongolfiera

El informe pone de relieve que la IA atraviesa múltiples horizontes normativos. Un mismo caso de uso puede activar simultáneamente normas financieras, de protección de datos, de ciberseguridad o de competencia. El riesgo es doble: un exceso de cargas regulatorias puede frenar la innovación, mientras que un vacío normativo puede dejar desprotegido al consumidor y al mercado. De ahí la insistencia del Parlamento en la necesidad de clarificaciones, guías comunes, criterios operativos y convergencia supervisora, articuladas sobre un principio de proporcionalidad que gradúe las exigencias en función de los usos y de sus impactos.

El documento también anima a explorar activamente el potencial de las herramientas basadas en IA en distintos segmentos del sector financiero, como la intermediación, la gestión de carteras o la automatización de funciones de cumplimiento normativo. Esta exploración se vincula a los objetivos estratégicos de la Unión de Ahorro e Inversión y exige un marco regulatorio tecnológicamente neutro, capaz de integrar la innovación sin generar distorsiones en la competencia.

En esta línea, el informe recomienda reducir las barreras de entrada para las iniciativas de innovación financiera basadas en IA dentro de la Unión. Propone, entre otras medidas, la simplificación de los procedimientos de autorización, el apoyo al escalado transfronterizo y la integración de estas iniciativas en espacios de innovación supervisada. Asimismo, sugiere evaluar el valor añadido de entornos de pruebas regulatorios específicos para IA, así como de centros de innovación y mecanismos de experimentación transfronteriza, con el objetivo de facilitar el ensayo de nuevos productos y servicios sin comprometer la protección del consumidor ni la integridad del mercado.

Una atención particular se dedica a los fundamentos técnicos. El dato se identifica como insumo crítico, exigiéndose calidad, trazabilidad, representatividad, control de sesgos y pleno cumplimiento de la normativa de protección de datos. La gestión de modelos ocupa igualmente un lugar central: validación independiente, documentación clara, explicabilidad suficiente, pruebas periódicas, control de cambios y gestión de incidentes se configuran como elementos esenciales para reducir el riesgo de modelo y facilitar la auditoría.

La ciberseguridad constituye otro pilar del enfoque propuesto. Los sistemas de IA introducen nuevas superficies de ataque y riesgos específicos —como el envenenamiento de datos, la extracción de modelos o el fraude aumentado por IA— que obligan a reforzar controles, clasificar activos, realizar pruebas realistas y coordinarse estrechamente con terceros. La resiliencia operativa y la continuidad de negocio se presentan como requisitos indisociables del despliegue responsable de la IA en el sector financiero.

El informe subraya, finalmente, el papel clave de las autoridades europeas y nacionales de supervisión. Estas deben emitir orientaciones armonizadas, compartir buenas prácticas, coordinar pruebas y reforzar sus competencias internas, invirtiendo en herramientas y capacidades técnicas. Esta cooperación contribuye a reducir asimetrías, aumentar la seguridad jurídica y fortalecer la confianza en el sistema.

En conclusión, la propuesta de Resolución del Parlamento Europeo traza una hoja de ruta clara para una innovación financiera basada en inteligencia artificial que sea competitiva, segura y responsable. Sin imponer soluciones cerradas, orienta la acción regulatoria futura hacia un equilibrio exigente entre impulso tecnológico y protección de los valores fundamentales del mercado financiero europeo, situando la proporcionalidad, la coherencia normativa y la resiliencia como ejes vertebradores de ese proceso.

 

 

 

 

Industria de Defensa. Reglamento Europeo del rearme y de la financiación de tecnologías de doble uso

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El Reglamento (UE) 2025/2653 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de octubre de 2025 introduce modificaciones en  en varios reglamentos sectoriales de la UE para integrar la política industrial de defensa en el núcleo de los programas de financiación existentes. Se trata de un importante paso para implementar el Plan “ReArmar Europa”.

  • Entre las normas afectadas por esta reforma se encuentran el Reglamento (UE) 2021/694, que establece el programa Europa Digital; el Reglamento (UE) 2021/695, que crea Horizonte Europa; el Reglamento (UE) 2021/697, relativo al Fondo Europeo de Defensa; el Reglamento (UE) 2021/1153, que establece el Mecanismo «Conectar Europa»; y el Reglamento (UE) 2024/795, que pone en marcha la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

En el actual contexto caracterizado por el deterioro geopolítico, el incremento del gasto en defensa y las dificultades de acceso a financiación para la industria del sector, la finalidad transversal de estas modificaciones es movilizar tanto inversión pública como privada hacia capacidades militares y tecnologías de doble uso.  Es decir, que la política de defensa europea no dependa exclusivamente de esfuerzos nacionales aislados, sino que se articule de manera coordinada y estratégica en el conjunto de los grandes programas comunitarios.

El núcleo del Reglamento reside en la ampliación de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, que hasta ahora cubría tres ámbitos estratégicos —transición digital y deep tech, tecnologías limpias y biotecnologías—.  Ahora se se incorpora un cuarto sector específico de “tecnologías de defensa”.

  • Este sector se define por referencia a los productos relacionados con la defensa y a las tecnologías necesarias para su desarrollo, según los criterios establecidos por la Directiva 2009/43/CE sobre transferencias intracomunitarias de productos de defensa.
  • Asi, se permite ahora que los proyectos de defensa puedan beneficiarse del “sello STEP”, de la priorización en la evaluación y de ventajas de cofinanciación, abarcando iniciativas que impliquen capacidades intensivas en datos, infraestructuras avanzadas de computación o “gigafactorías de inteligencia artificial” susceptibles de aplicación militar. Esta ampliación refleja un cambio sustancial en la orientación de la política industrial europea, al vincular la innovación tecnológica avanzada con necesidades estratégicas de defensa en el marco de los programas comunitarios existentes.

Zamora, vista allén del río

De manera complementaria, el Reglamento introduce una excepción significativa en el programa Horizonte Europa. Mientras que el artículo 7, apartado 1, del , todavía vigente, Reglamento (UE) 2021/695 consagra el carácter civil de las actividades financiadas, el nuevo texto permite, con carácter excepcional y estrictamente acotado, que el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación apoye innovaciones con posibles aplicaciones de doble uso. Esta medida habilita la financiación mediante instrumentos de capital a pymes, start‑ups y small mid‑caps del sector de la defensa que desarrollen tecnologías consideradas fundamentales para este ámbito, asegurando al mismo tiempo la complementariedad con el Fondo Europeo de Defensa y otros instrumentos financieros de la Unión, como InvestEU.

El Reglamento refuerza asimismo las salvaguardas de seguridad y el control de acceso para los proyectos de doble uso. En determinadas convocatorias, las normas de admisibilidad y selección pueden limitar la participación a entidades establecidas en Estados miembros y, de forma limitada, en algunos países asociados, excluyendo empresas controladas por terceros países no asociados cuando ello sea necesario para proteger los intereses estratégicos y de seguridad de la Unión. La Comisión queda obligada a supervisar el uso de esta “excepción de defensa” dentro de Horizonte Europa, recopilando y comunicando información sobre los proyectos afectados sin generar nuevas cargas administrativas para los beneficiarios, lo que garantiza una gestión controlada y transparente de los recursos públicos destinados a la innovación estratégica.

Además, las modificaciones introducidas en Europa Digital, el Fondo Europeo de Defensa y el Mecanismo «Conectar Europa» completan esta lógica de integración, facilitando que programas originalmente concebidos para la digitalización, la investigación y desarrollo civil o las infraestructuras de transporte y energía puedan apoyar de manera efectiva capacidades críticas con relevancia militar o de doble uso. Entre estas capacidades destacan infraestructuras esenciales para la movilidad de fuerzas, la resiliencia energética y la seguridad de las comunicaciones, que se vuelven estratégicas en el marco del Plan ReArmar Europa.

Este Reglamento (UE) 2025/2653 constituye una pieza central de coordinación y planificación presupuestaria, trasladando la política de defensa desde un enfoque estrictamente nacional hacia una estrategia industrial europea integrada, que articula los grandes instrumentos de financiación de la Unión para responder a desafíos geopolíticos y tecnológicos contemporáneos.

Hacia la simplificación del ordenamiento europeo de sociedades y los criterios ESG en derecho societario- (las propuestas Omnibus)

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Riaño, by Ricardo Castellanos Blanco

La creciente densidad del acervo europeo en materia financiera, societaria y de sostenibilidad ha generado una preocupación creciente por la complejidad y los costes de cumplimiento asociados. En sus recientes comunicaciones e informes sobre simplificación, la COMISIÓN EUROPEA viene anunciando que está sometiendo la legislación vigente a revisión para detectar acumulaciones regulatorias, racionalizar obligaciones y garantizar que las normas sigan siendo proporcionadas y adecuadas a sus fines . Véase, por ejemplo, la Comunicación «Una normativa de la UE más sencilla, eficaz y preparada para el futuro», COM(2025) 47 final, y el Informe sobre simplificación, aplicación y cumplimiento, COM(2025) 871 final). Cada comisario ha asumido, en este contexto, un mandato específico de revisión de su cartera normativa, con prioridad en aquellos ámbitos en los que empresas y partes interesadas perciben mayor carga administrativa, de modo que los resultados de este escrutinio alimentan tanto futuras iniciativas de reforma como sucesivos paquetes “ómnibus” orientados a corregir disfunciones y solapamientos.

Tanto el denominado Informe Draghi sobre competitividad europea (M. Draghi, «The future of European competitiveness. A competitiveness strategy for Europe (Part A)», Informe para la Comisión Europea, 9.9.2024) como la Declaración de Budapest en favor de un nuevo pacto para la competitividad (CONSEJO DE LA UE, “Declaración de Budapest sobre el Nuevo Pacto para la Competitividad Europea”, Comunicado de prensa 838/24, 8.11.2024) han contribuido a reforzar esta orientación, al reclamar una “revolución de la simplificación” y un marco normativo más predecible y menos oneroso, en particular para las pymes.

​En este marco, la reforma conocida como Ómnibus I, articulada a través de una Propuesta de Directiva que modifica, entre otros instrumentos, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la información corporativa sobre sostenibilidad, “CSRD”) y la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, “DDD”), se inserta en una estrategia explícita de simplificación para reducir la carga administrativa asociada a las obligaciones ESG de las empresas europeas (Propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información corporativa y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, COM(2025) 81 final).

Ómnibus I puede leerse como una reacción ponderada, aunque no exenta de controversia, frente a la centralidad adquirida por la sostenibilidad en la agenda regulatoria europea, entendida en los últimos años como un vector destinado a reorientar las prioridades de las sociedades mercantiles combinando la obtención de beneficios económicos, con objetivos ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG)

  • En el ámbito de la información sobre sostenibilidad, la propuesta reduce de forma sustancial el universo de empresas obligadas elevando los umbrales de entrada, de manera que solo queden plenamente sometidas sociedades de gran dimensión —por encima de determinados niveles de plantilla y facturación— incluidas ciertas filiales y sucursales de grupos de terceros países con actividad relevante en la Unión (conforme a los nuevos umbrales que introduce la Propuesta COM(2025) 81 final al modificar la Directiva 2013/34/UE y la Directiva (UE) 2022/2464).
  • Paralelamente, se simplifican los contenidos de la información que deben elaborar las empresas, se flexibilizan determinados estándares sectoriales, se introduce un modelo optativo para la comunicación del grado de alineación con el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo a la taxonomía de actividades sostenibles (“Reglamento de Taxonomía”), y se refuerzan salvaguardias destinadas a evitar el traslado indirecto de obligaciones hacia empresas de menor tamaño a través de la cadena de valor.
  • Se acompaña de medidas de apoyo institucional —como portales digitales con orientaciones y plantillas armonizadas— y de una reprogramación temporal que difiere la plena aplicación del nuevo marco, con el objetivo declarado de ofrecer flexibilidad y permitir una adaptación progresiva, en especial para empresas intermedias o en transición

La reforma proyecta efectos relevantes también sobre el régimen de diligencia debida en materia de sostenibilidad, que pasa a concentrarse en un número más reducido de empresas de gran dimensión, modulando el alcance de la identificación y gestión de riesgos ambientales y sociales, suavizando ciertas consecuencias jurídicas —incluido el régimen sancionador— y precisando las cadenas de relaciones comerciales a las que debe extenderse el deber de vigilancia, mediante las modificaciones introducidas sobre la Directiva (UE) 2024/1760 por la Propuesta COM(2025) 81 final. En paralelo, algunas posiciones nacionales, como la del Bundesrat alemán (BUNDESRAT, “Beitrag des Deutschen Bundesrats zur Überarbeitung der Europäischen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und der CSDDD”, 2025), reclaman una clarificación adicional del perímetro de las obligaciones de diligencia y del contenido de los estándares materiales aplicables, así como la necesidad de directrices uniformes sobre responsabilidad civil para evitar divergencias interpretativas que podrían generar inseguridad jurídica y distorsiones competitivas dentro del mercado interior.​

Con todo, aunque el propósito explícito de estas modificaciones es reforzar la proporcionalidad regulatoria, reducir costes de cumplimiento y preservar la competitividad de las empresas europeas, el sentido de la reforma no está exento de ambivalencias. La elevación de umbrales, la reducción del detalle informativo y el recurso a modelos voluntarios en ámbitos clave pueden traducirse, según advierten diversos sectores académicos, organizaciones ambientales y actores de la sociedad civil, en una pérdida de densidad evaluativa, una menor trazabilidad de impactos y un debilitamiento de los incentivos para integrar de forma sustantiva la sostenibilidad en la estrategia corporativa y en los sistemas de gobernanza. En este sentido, la propuesta  Ómnibus I refleja una opción de política económica que prioriza la reducción de cargas y la estabilidad competitiva frente al impulso transformador que caracterizó las fases iniciales de la agenda europea de sostenibilidad, de manera que su efectividad real dependerá, en última instancia, de cómo empresas y supervisores consigan equilibrar esa simplificación normativa con la preservación de los objetivos ambientales y sociales a medio y largo plazo (tal y como han subrayado diversas valoraciones críticas del paquete, tanto institucionales como académicas).

En cuanto a Ómnibus II,  COMISIÓN EUROPEA: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2015/1017, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695 and (EU) 2021/1153 as regards increasing the efficiency of the Union guarantee under Regulation (EU) 2021/523 and simplifying reporting requirements, COM(2025) 84 final, Bruselas, 2025; modifica —como parte del paquete Omnibus II— el marco normativo que rige el programa InvestEU y otros instrumentos relacionados con la garantía de la UE para facilitar la movilización de inversiones, simplificar requisitos de reporte y reducir cargas administrativas para implementar inversiones estratégicas.

 

«Aprender Derecho Mercantil de los Negocios Internacionales, y aprender a emprender en un mundo hiperglobal»

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Aula 4. Facultad de CC Económicas y Empresariales. Universidad de León 

II SEMINARIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL ACTUAL  

Edición 2025: «Aprender Derecho Mercantil de los Negocios Internacionales, y aprender a emprender en un mundo hiperglobal». 

Inscripciones *(y conexión online) Sara Ranz Ortego sararanz@reicaz.com

 

 

PRESENTACIONES (viernes 12 y viernes 19. 12.2025)

Viernes 12.12.2025.- Innovación docente para el emprendimiento en Comercio Internacional.

  • 16:00 Abordar una segunda edición del seminario internacional.- María Angustias Díaz Gómez.- Catedrática de Derecho Mercantil. Universidad de León.
  • 16:45. Aprender, innovar y emprender en comercio internacional . Dr. mult. D. H. C. Alfonso Ortega Giménez. Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
  • 17:00 Innovación docente: Lo que queda por hacer, señoras y señores alumnos de Derecho de Los Negocios Internacionales. Elena Pérez Carrillo. Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de León. Formulación de ejercicios para el público asistente.
  • 17:30- 18:30 Trabajo en equipos. Proyectos de emprendimiento. Desde la ULE

 

Viernes 19.12.2025.- Negocios Internacionales Problemas jurídicos explicados a los no juristas interesados en emprender

  • 16:00 El comercio internacional: un negocio global y regional  en la práctica del aula. Prof. Elena Pérez Carrillo. Profesora de Derecho Mercantil. Universidad de León. España
  • 16:20 Las empresas familiares ante el comercio exterior: retos y fortalezas. Dr.  Elicio Díaz Gómez. Profesor de Derecho Mercantil. Universidad de León. España
  • 16:40 Redes y colaboraciones comerciales para un comercio más justo. Dr. Javier Mateo Oyague. Catedrático de Tecnología de los Alimentos y Director del Grupo de Comercio Justo. Universidad de León. España
  • 17:00. Abordar los aspectos jurídicos desde la técnica del comercio. Prof Sara Ranz. Profesora de Derecho de la Empresa. UNED

Conexiones: Visión internacional del aprendizaje jurídico para emprender en comercio internacional (* conexión asíncrona/ síncrona). Se subirá a Moodle sólo esta parte

  • 18:00 Empresas peruanas, negocios internacionales con el Pacífico y la Unión Europea. – Dr. Edison Tabra Ochoa. Pontificia Universidad Católica. Perú
  • 18: 15. Negocios internacionales desde el Atlántico Sur. Dr. Beatriz Bugallo. Universidad de la República (UDELAR) Montevideo. Uruguay
  • 18:30. Relaciones comerciales de la Unión Europea con los países del Pacífico Sur. Don Carlos Pérez Padilla. Comisión Europea. Bruselas
  • 18:45. Una alternativa diferente de trabajo trasfronterizo : el investigador universitario. Prof Dra Ana Castro Franco. Prof. Ayudante Doctor e Investigadora postdoctoral internacional

El II Seminario Internacional “Perspectivas sobre el Comercio Internacional Actual”, edición 2025 titulada “Aprender Derecho Mercantil de los Negocios Internacionales, y aprender a emprender en un mundo hiperglobal”, se desarrolla como actividad académica del Grupo de Innovación Docente DerMerUle de la Universidad de León, con apoyo de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho. El proyecto promueve la reflexión colectiva sobre metodologías de enseñanza del Derecho del Comercio para alumnado no jurista con especialización en Comercio Internacional, en un marco de cooperación e intercambio académico que permite contrastar experiencias formativas y fortalecer vínculos entre universidades. Esta segunda edición aporta una visión de innovación docente orientada al espíritu emprendedor, promoviendo enfoques interdisciplinarios, prácticos y vinculados a la realidad empresarial.

Comité científico: Profesor Dr , Dr HC. Luis Velasco. Catedrático de Derecho Mercantil. Profesora Dra. María Angustias Díaz. Catedrático de Derecho Mercantil. Profesor Javier Mateo, Catedrático de Tecnología de los Alimentos. Profesor Dr. Juan Lanero. Profesor Titular de Filología Inglesa. Profesor Dr. Roberto Fernández. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Profesor Bernardo García Angulo. Profesor Asociado de Derecho Mercantil. Secretaría. Elicio Díaz Gómez. Coordinación Elena Pérez Carrillo.

Inscripciones Sara Ranz Ortego sararanz@reicaz.com

Litigios medioambientales, gestión de riesgos de inversión y responsabilidad de gestores de fondos

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¿El deber de vigilancia ambiental forma parte del deber general de atención, diligencia y cuidado de los gestores de fondos de pensiones?

Algunas decisiones judiciales apuntan a que en el ámbito de la gestión de activos, los gestores de fondos estarían obligados a incorporar en sus decisiones de inversión una evaluación diligente de los riesgos medioambientales relevantes —incluidos los vinculados a contaminación, pérdida de biodiversidad, deterioro de ecosistemas, estrés hídrico, transición hacia fuentes de energía renovables o impactos derivados del cambio climático—. Esta consideración no constituiría una opción estratégica, sino parte del deber profesional de identificar, medir y gestionar los riesgos que pueden afectar al valor de los activos y a los intereses de los partícipes.

En consecuencia, cuando un gestor omite —de manera injustificada— el análisis de los riesgos ambientales, o no adopta medidas razonables para integrarlos en los procesos de inversión y de gestión del riesgo, se expone a reclamaciones tanto contractuales como extracontractuales por parte de quienes se hallen afectados por las consecuencias negativas de la falta de atención negligente o, incluso, dolosa.

Dichas reclamaciones pueden basarse en la infracción de los estándares de diligencia profesional; en el incumplimiento de políticas declaradas y autoasumidas frente a los inversores; o incluso, en la generación de perjuicios derivados de decisiones de inversión que ignoraron factores medioambientales materialmente relevantes. De este modo, la perspectiva ambiental no solo condiciona la calidad técnica de la gestión, sino que delimita el ámbito de responsabilidad del gestor.

Plaza de Santo Domingo, León. R Castellanos Blanco

En Australia, el asunto McVeigh v. Retail Employees Superannuation Trust – settlement agreement (explicado aqui ) es significativo

La gestora del fondo de pensiones Retail Employees Superannuation Trust (REST), con un volumen de activos gestionados de 50.000 millones de dólares australianos, fue demandada por incumplimiento de su deber de diligencia al no incorporar consideraciones sobre cambio climático en su estrategia de inversión. El caso se resolvió en noviembre de 2020 con un acuerdo  que tenía en cuenta las aspiraciones del demandante: A raíz del litigio, REST emitió un comunicado reconociendo que el cambio climático constituye un riesgo financiero material, y se comprometió a alcanzar emisiones netas cero para 2050, así como a garantizar que sus gestores de inversión “adopten medidas activas para considerar, medir y gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático y otros riesgos ESG relevantes”.

En el Reino Unido, el asunto McGaughey & Davies v. Universities Superannuation Scheme Limited muestra otra interesante vertiente, pese a que las aspiraciones de los demandantes no tuvieron éxito:En octubre de 2021, los beneficiarios del fondo de pensiones University Superannuation Scheme (USS) presentaron una reclamación contra los administradores de la sociedad gestora del fondo. El argumento principal fue que la decisión de éstos de continuar invirtiendo en combustibles fósiles, pese a reconocer que el cambio climático constituye un riesgo financiero sustancial para la rentabilidad, es un incumplimiento del deber fiduciario. Este caso fue desestimado por motivos procesales en mayo de 2022 y, posteriormente, en julio de 2023, el Tribunal de Apelación confirmó la desestimación total de la demanda.

En Corea del Sur, el asunto Kim Min et al. v. Kim Tae‑Hyun et al., (Seoul Central District Court, 20 de junio de 2025), treinta y cinco partícipes del National Pension Service (NPS) interpusieron una demanda contra el consejero delegado, el director   y la auditora  por una supuesta vulneración de sus deberes fiduciarios en la gestión del mayor fondo público surcoreano. Los demandantes sostenían que los directivos habían incumplido su deber de abordar adecuadamente los riesgos climáticos, en particular al no aplicar la política de eliminación progresiva del carbón anunciada por el propio NPS en 2021 (coal phase-out declaration). Solicitaban una indemnización de 20.500.000 KRW alegando perjuicios financieros y afectación a su salud derivada de la persistencia de inversiones en empresas altamente emisoras.

El tribunal desestimó íntegramente la demanda. Consideró que la declaración de 2021 constituía una manifestación programática sin fuerza jurídica vinculante y que ni la Carbon Neutrality Act ni la Act on the Management of Public Institutions imponían obligaciones ejecutables de retirada inmediata de inversiones en combustibles fósiles. Asimismo, afirmó que los directivos del NPS gozan de un amplio margen de discrecionalidad para gestionar el fondo conforme a los principios de estabilidad y rentabilidad establecidos en las NPS Fund Management Guidelines, de modo que la continuidad de las inversiones en KEPCO resultaba compatible con esos criterios. El tribunal concluyó también que los demandantes no habían demostrado daños financieros efectivos ni un nexo causal suficiente que permitiera vincular supuestos impactos en la salud con las decisiones de inversión del fondo.

Pese a desestimar las pretensiones, la sentencia ofrece orientaciones relevantes sobre el estatuto fiduciario del NPS en materia ESG. El tribunal reconoció que, conforme a las NPS Fund Management Guidelines y al Stewardship Code aplicable al fondo, los gestores tienen un deber institucional de promover inversiones responsables que integren factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Además, dejó claro que, de haberse adoptado decisiones que vaciasen de contenido práctico la declaración de eliminación del carbón o que hubieran generado pérdidas previsibles contrarias a los principios de gestión prudente del fondo, podría haberse configurado un incumplimiento fiduciario susceptible de responsabilidad

Del Parque Quevedo, León. By R Castellanos Blanco

Por lo que respecta a la situación en la UE.  En el marco europeo vigente, no existe un deber uniforme que imponga siempre y en cualquier circunstancia a los gestores de fondos la integración de factores medioambientales, pero tampoco puede sostenerse que dicho deber se limite exclusivamente a los fondos etiquetados como verdes o sostenibles. los fondos sostenibles están sujetos a un deber específico y reforzado de integración de factores ambientales, mientras que los fondos no sostenibles están sujetos a un deber general de integrar los riesgos medioambientales cuando tengan relevancia financiera.

  • En los fondos clasificados conforme al Reglamento sobre divulgación de finanzas sostenibles (SFDR), concretamente los artículos 8 y 9, sí opera un deber explícito y reforzado: los gestores deben integrar factores ambientales en la selección de inversiones, en la gestión del riesgo y en la información divulgada, asegurando la coherencia entre la estrategia del fondo, los objetivos anunciados y los compromisos ambientales asumidos. En este contexto, el incumplimiento puede generar responsabilidad por prácticas de venta inadecuadas, por greenwashing o por infracciones de las obligaciones de información.
  • En los fondos convencionales, no sostenibles, el panorama es distinto. Las reformas introducidas en la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID II), en la Directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS) y en la Directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos (AIFMD) han incorporado la evaluación de los riesgos de sostenibilidad como parte del deber general de gestión diligente del riesgo. Ello significa que, aunque estos fondos no estén obligados a perseguir objetivos ambientales, sus gestores sí deben considerar los riesgos medioambientales cuando sean financieramente materiales, es decir, cuando puedan afectar al valor, la liquidez, la exposición o la volatilidad de los activos en cartera. Se trata de un deber financiero, no ideológico: ignorar riesgos ambientales claramente relevantes —como la exposición a activos intensivos en carbono en pleno proceso regulatorio de transición energética— puede dar lugar a reclamaciones por infracción del deber de diligencia profesional.

Con todo, en Estados Unidos, se han producido movimientos significativos para negar la exigencia de cuidado medioambiental a los gestores.

  • Algunas decisiones apuntan a que éstos deben primar la rentabilidad por encima de otras consideraciones. En Wong v. New York City Employees’ Retirement System. 2024-05062, N.Y. App. Div.  trabajadores de Nueva York reclamaron contra el New York City Employees’ Retirement System y otros dos fondos de pensiones, alegando que los gestores de fondos vulneraron sus deberes fiduciarios al desinvertir en activos de combustibles fósiles que resultarían más rentables (la demanda fracasó al no poder demostrar la existencia de pérdida.
  • En el asunto Spence v. American Airlines, Inc. (United States District Court for the Northern District of Texas, 2023), el tribunal federal declaró que American Airlines y su Employee Benefits Committee habían vulnerado el deber de lealtad impuesto por la Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) al permitir que consideraciones corporativas vinculadas a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como los intereses ESG de su gestor externo, influyeran en la gestión de los planes de pensiones de los empleados. Sin embargo, ocho meses después de dicho pronunciamiento, el tribunal rechazó las pretensiones indemnizatorias del demandante al no haberse acreditado pérdidas económicas efectivas sufridas por los planes. Y estimó necesario imponer medidas de carácter estrictamente equitativo para garantizar el cumplimiento futuro de los estándares de ERISA. El tribunal dictó una injunction permanente que prohíbe a los demandados “permitir cualquier voto por delegación (proxy voting), propuestas de accionistas u otras actividades de stewardship en nombre del plan que estén motivadas por fines no pecuniarios, incluidos —aunque no exclusivamente— los objetivos ESG que no respondan al interés financiero exclusivo de los partícipes y beneficiarios”. Asimismo, ordenó la designación de dos miembros independientes del Employee Benefits Committee, sin vínculos con administradores, asesores o gestores de activos del plan. También impuso la obligación de emitir una certificación anual a los partícipes del plan declarando que tanto el comité como los gestores de activos “perseguirán única y exclusivamente objetivos de inversión basados en el rendimiento financiero demostrable, y no en criterios ESG, de sostenibilidad u otros factores no financieros”, y que los votos por delegación se ejercerán “solo para maximizar los rendimientos financieros a largo plazo de las inversiones, sin atender a criterios ajenos a dicho interés pecuniario”. Además, la compañía debe publicar información sobre su eventual participación en organizaciones dedicadas a objetivos relacionados con DEI, ESG o clima —como UN PRI, Net Zero Asset Managers Initiative o Ceres Investor Network— e incluir enlaces a los términos y condiciones de dichas adhesiones.

En conjunto, los litigios muestran el papel crítico de los gestores de activos en la transición energética y la divergencia creciente entre distintas jurisdicciones respecto a la consideración de riesgos climáticos y la adopción de medidas ESG en la gestión de activos y la gobernanza corporativa.

La cuenca del río Klamath en varias disputas medioambientales con la Endangered Species Act como telón de fondo.

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La cuenca del río Klamath, situada en EEUU, entre Oregón y California, constituye uno de los ejemplos más complejos de gestión hídrica en Estados Unidos.

 

Es una cuenca que atraviesa terreno caracterizado por sequías recurrentes, infraestructura hidráulica histórica y conflictos entre irrigadores, comunidades indígenas y autoridades federales.

Durante más de dos décadas, la  confluencia de intereses sobre esa zona ha sido objeto de conflictos y de litigios, con la Endangered Species Act (ESA), ley federal de EEUU, desempeñando un papel central.

 

En torno al paso del río Klamath confluyen usuarios agrícolas, comunidades indígenas —como las Klamath Tribes, Yurok Tribe o Hoopa Valley Tribe—, que se sirven de las disputadas aguas, transitadas , además, por especies en peligro de extinción.

La autoridad federal encargada de la gestión del agua, el Bureau of Reclamation, supervisa el encaje entre unos y otros, y a menudo debe adoptar decisiones de carácter administrativo.

Las recurrentes sequías, la reducción estructural de caudales y la presencia de especies protegidas (p. ej. Lost River sucker, Shortnose sucker, coho salmon) han obligado, también, a que los tribunales federales evalúen la prioridad entre los derechos de acceso al agua por parte de las poblaciones agrícolas que habitan el cauce;   las obligaciones de conservación reconocidas al amparo de la Endangered Species Act (ESA) y los derechos tribales de los indígenas que cohabitan la región.

Pues bien, reiteradamente, los tribunales han confirmado que deben prevalecer las obligaciones impuestas por la ESA, incluso si ello implica modificar asignaciones de agua previamente concedidas, e incluso en contra del criterio administrativo del Bureau of Reclamation que había hecho valer los derechos de los regantes.

La ESA exige la protección de especies como Lost River sucker (Deltistes luxatus), Shortnose sucker (Chasmistes brevirostris) y salmón coho (Oncorhynchus kisutch). Es la base jurídica para demolir cuatro presas hidroeléctricas —Iron Gate, Copco 1, Copco 2 y J.C. Boyle— en 2024, con  el llamado  Klamath River Renewal Project, el mayor proyecto de demolición de presas  de EE.UU; operación que liberó más de 400 millas de hábitat fluvial y dio inicio a programas de restauración ecológica (inundación) permitiendo el retorno del salmón a zonas históricas de desove tras más de un siglo de bloqueo. La demolición fue apoyada en sede judicial, frente a los derechos que reclamaban los regantes (Klamath Irrigation District v. United States Bureau of Reclamation, 69 F.4th 963; 9th Cir. 2023). (9º Circuito: volumen 69 de Federal Reporter, 4ª serie, pg 963).

En la cuenca, también se disputan ciertos derechos tribales  —como los de las Klamath Tribes, Yurok y Hoopa Valley Tribes—. Los tribunales han confirmado que los derechos de los indígenas prevalecen frente a usos agrícolas, a pesar de lo que el Bureau of Reclamation había mantenido (Yurok Tribe v. U.S. Bureau of Reclamation,No. 1:19-cv-04405,U.S. District Court for the Northern District of California, Order -Sept. 13, 2023).

La zona ha sido escenario de otras reclamaciones por tomas de agua para riego,  “takings” , relacionadas con las restricciones en el uso de agua impuestas para cumplir la ESA.  También ante esta problemática, los tribunales han rechazado reconocer compensaciones a irrigadores, al considerar que los derechos tribales y las obligaciones ambientales prevalecen sobre derechos de uso agrícola.(Klamath Irrigation District v. United States Bureau of Reclamation, 69 F.4th 963 (9th Cir. 2023).

 

DSA: El TGUE desestima el recurso de Amazon contra la decisión de la Comisión por la que se designó a la plataforma Amazon Store como «plataforma en línea de muy gran tamaño»

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El Tribunal General ha dictado sentencia en el asunto T-367/23, Amazon EU contra la Comisión Europea, relativo al Reglamento de Servicios Digitales (DSA). El texto completo de la sentencia de 19.11.2025 se puede consultar aquí.

Como es sabido, el DSA  establece obligaciones específicas para los prestadores de servicios designados como plataformas en línea de muy gran tamaño o motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño, cuando superan el umbral de 45 millones de usuarios en la Unión Europea, equivalente aproximadamente al 10 % de la población.

Mediante su recurso basado en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la demandante, Amazon EU Sàrl, sucesora de Amazon Services Europe Sàrl, solicitó la anulación de la Decisión C(2023) 2746 final de la Comisión Europea, de 25 de abril de 2023, por la que se designa a la plataforma Amazon Store como plataforma en línea de muy gran tamaño de conformidad con el artículo 33, apartado 4, del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo («Decisión impugnada»). Véase el recurso aqui

Como es sabido, el recurso de anulación permite impugnar actos de las instituciones de la Unión que sean contrarios al Derecho de la Unión. Si se declara fundado, el acto se anula y la institución debe corregir el vacío jurídico resultante.

La decisión impugnada había sido adoptada por la Comisión en el marco del DSA.

I. Antecedentes.

Amazon Store es una tienda en línea de productos de consumo, operada directamente por la demandante o por terceros vendedores, accesible a través de diversos dominios en la Unión Europea, incluidos www.amazon.fr; www.amazon.de; www.amazon.es; www.amazon.it; www.amazon.nl; www.amazon.pl; www.amazon.se; www.amazon.se.

El 17 de febrero de 2023, conforme al DSA, Amazon EU Sàrl comunicó en sus sitios web que el promedio mensual de destinatarios activos en la Unión Europea superaba los 45 millones de usuarios, equivalente aproximadamente al 10 % de la población europea, cumpliendo así los criterios cuantitativos para ser considerada una plataforma de muy gran tamaño.

  • El 22 de febrero de 2023, la Comisión Europea notificó a Amazon.com, Inc. y a la demandante sus conclusiones preliminares, indicando que la plataforma cumplía los requisitos para su designación como plataforma en línea de muy gran tamaño a efectos del artículo 33, apartado 1, del DSA.
  • Simultáneamente, la Comisión informó al Gran Ducado de Luxemburgo, en aplicación del artículo 33, apartado 4, de su intención de designar a Amazon Store como plataforma de muy gran tamaño, y el 27 de febrero de 2023, Luxemburgo manifestó que no tenía observaciones que formular.
  • Posteriormente, el 15 de marzo de 2023, Amazon presentó observaciones sobre las conclusiones preliminares de la Comisión. Y, por fin, mediante la Decisión impugnada, la Comisión designó formalmente a Amazon Store como plataforma en línea de muy gran tamaño.

II. Pretensiones de las partes

La demandante, junto con la Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland eV (bevh), solicitó al Tribunal General, como medida principal, la anulación total de la Decisión impugnada.

Subsidiariamente, planteó la anulación parcial en la medida en que la decisión impone obligaciones específicas, en particular la obligación de ofrecer al menos una opción de cada sistema de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles, conforme al artículo 38 del Reglamento 2022/2065, así como la obligación de recopilar y publicar un repositorio de anuncios de acuerdo con el artículo 39 del mismo Reglamento. Ambas partes solicitaron, además, la condena en costas a la Comisión.

Por su parte, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) pidieron la desestimación del recurso y la condena de la demandante en costas, incluidas las del procedimiento sobre medidas provisionales. El Consejo de la Unión Europea respaldó la desestimación del recurso.

III. Análisis de la sentencia del Tribunal General

La Comisión Europea había designado a Amazon Store como una de estas plataformas de muy gran tamaño, y Amazon solicitó la anulación de dicha decisión alegando que la disposición del DSA que determina estas plataformas vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tales como la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el principio de igualdad ante la ley, la libertad de expresión e información, y el derecho a la vida privada y a la protección de datos confidenciales.

El Tribunal General desestimó el recurso.

  • En relación con la libertad de empresa, reconoció que las obligaciones derivadas del DSA constituyen una injerencia, al implicar costes significativos, afectar la organización de las actividades y requerir soluciones técnicas complejas. No obstante, esta injerencia está prevista por la ley, no afecta al núcleo esencial de la libertad de empresa y se considera justificada conforme a la Carta, dado que el legislador de la Unión razonablemente concluyó que las plataformas de muy gran tamaño presentan riesgos sistémicos para la sociedad, incluyendo la difusión de contenidos ilícitos y la vulneración de derechos fundamentales, como la protección de los consumidores.
  • En cuanto al derecho de propiedad, el Tribunal señaló que las obligaciones del DSA son principalmente cargas administrativas que no privan a los prestadores de la titularidad de sus plataformas. Incluso si se considerara una injerencia, estaría justificada por los objetivos de prevención de riesgos sistémicos perseguidos por el legislador.
  • Respecto al principio de igualdad, el Tribunal indicó que el legislador disponía de un amplio margen para tratar de manera homogénea a las plataformas de muy gran tamaño, incluidas las de comercio, dado que también pueden generar riesgos sistémicos.
  • Por lo que respecta a la distinción basada en el número de usuarios no resulta arbitraria ni desproporcionada, considerando, según señala el TGUE, las plataformas con más de 45 millones de usuarios pueden exponer a un gran número de personas a contenidos ilícitos.
  • En lo que respecta a la libertad de expresión e información, el TGUE observó que la obligación de ofrecer una opción de recomendación sin elaboración de perfiles puede limitar la forma de presentación de productos; no obstante, esta restricción es justificada, no afecta al contenido esencial de la libertad y persigue un objetivo legítimo de protección de los consumidores.
  • Finalmente, en relación con el derecho a la vida privada y la protección de la información confidencial, el Tribunal reconoció que las obligaciones de transparencia publicitaria y el acceso de investigadores constituyen una injerencia, pero que esta es proporcional, establecida en la ley y justificada por el interés general de prevenir riesgos sistémicos y garantizar un alto nivel de protección de los consumidores. Además, la publicidad del repositorio está delimitada y el acceso de los investigadores se sujeta a estrictas garantías de seguridad y confidencialidad.

Competencia desleal por confusión. STUE, en relación con la denominación «gin» en bebidas sin alcohol

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE dictó sentencia en el asunto C‑563/24, el 13 de noviembre de 2025.  Se trata de una resolución relativa a una petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Potsdam (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Potsdam, Alemania) mediante resolución de 6 de agosto de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de agosto de 2024.

La remisión prejudicial se formuló en el contexto de un litigio entre la asociación alemana Verband Sozialer Wettbewerb eV (VSW), cuya finalidad principal es la lucha contra la competencia desleal, y la empresa PB Vi Goods GmbH (PB), que comercializaba y anunciaba una bebida no alcohólica bajo la denominación «Virgin Gin Alkoholfrei». La cuestión planteada versaba sobre la interpretación de los artículos 10, apartado 7, y 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/787 relativo a la definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas, así como sobre la validez del artículo 10, apartado 7, a la luz del artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza la libertad de empresa. En esta ocasión, la Sala Séptima del Tribunal de Justicia, integrada por el Sr. F. Schalin como Ponente y Presidente, y los Sres. M. Gavalec y Z. Csehi como jueces, dictó la sentencia sin conclusiones del Abogado General, tras considerar los escritos y observaciones presentadas por las partes interesadas.

El procedimiento contó con la participación de los Gobiernos alemán, helénico, francés e italiano, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, todos representados por agentes y abogados, con el Abogado General M. Szpunar emitiendo su opinión no vinculante.

Garexo no verán

Garexo no verán

I Antecedentes

El litigio principal surgió cuando VSW ejercitó acción ante el Landgericht Potsdam solicitando que PB cesara la comercialización de la bebida «Virgin Gin Alkoholfrei». VSW alegaba que la denominación utilizada infringía el Reglamento 2019/787, que establece que el gin es una bebida espirituosa aromatizada con bayas de enebro, producida mediante alcohol etílico de origen agrícola, y con un grado alcohólico volumétrico mínimo de 37,5 %. PB, por su parte, sostenía que la indicación «sin alcohol» excluía cualquier riesgo de confusión para el consumidor y, por lo tanto, no infringía la normativa. Ante las dudas sobre la posible vulneración de la libertad de empresa, el tribunal remitente planteó dos cuestiones prejudiciales: primero, sobre la validez del artículo 10, apartado 7, a la luz del artículo 16 de la Carta; y, subsidiariamente, sobre la interpretación de los artículos 10, apartado 7, y 12, apartado 1, en relación con la denominación «gin sin alcohol» para bebidas no alcohólicas.

El marco jurídico aplicable se sustenta en los considerandos del Reglamento 2019/787, que destacan la necesidad de proteger a los consumidores, garantizar la transparencia del mercado y asegurar la competencia leal. En particular, el considerando 2 establece que las normas sobre bebidas espirituosas deben eliminar la asimetría de la información y evitar prácticas engañosas, mientras que el considerando 3 subraya la relevancia de estas bebidas para el sector agrícola y la importancia de preservar su reputación.

Asimismo, el considerando 10 enfatiza la necesidad de armonización de las denominaciones legales para garantizar información clara y coherente a los consumidores en toda la Unión. El artículo 10, apartado 7, prohíbe expresamente el uso de denominaciones legales de bebidas espirituosas, como «gin», en la presentación y etiquetado de bebidas que no cumplan los requisitos de la categoría correspondiente, incluso acompañadas de términos como «sin alcohol». Por su parte, el artículo 12, apartado 1, permite referencias a denominaciones de bebidas espirituosas únicamente cuando el alcohol empleado procede de la bebida referida, lo que no resulta aplicable a las bebidas no alcohólicas objeto del litigio.

II Admisión y cuestiones planteadas

Tambre

El Tribunal de Justicia consideró admisibles las cuestiones prejudiciales planteadas, señalando que el tribunal remitente había descrito de manera suficiente el contexto del litigio y la necesidad de interpretación de la normativa de la Unión para resolver el caso. Sobre el fondo, el Tribunal examinó primero la segunda cuestión prejudicial y concluyó que la utilización de la denominación «gin sin alcohol» en bebidas no alcohólicas está prohibida por el artículo 10, apartado 7, del Reglamento 2019/787.

La prohibición se fundamenta en el hecho de que la bebida no cumple los requisitos de producción y grado alcohólico mínimos establecidos en el anexo I, punto 20, letras a) y b), y que dicha denominación no puede aplicarse aunque se indique «sin alcohol», pues lo relevante es que la bebida no puede considerarse gin legalmente definido.

  • En relación con la primera cuestión prejudicial, relativa a la libertad de empresa, el Tribunal recordó que este derecho, reconocido por el artículo 16 de la Carta, no es absoluto y puede estar limitado para proteger objetivos de interés general, como la protección del consumidor, la transparencia del mercado y la prevención de la competencia desleal. La prohibición contemplada en el artículo 10, apartado 7, se establece por ley y únicamente restringe el uso de la denominación «gin», sin impedir la producción ni la comercialización de bebidas no alcohólicas, por lo que no vulnera la esencia del derecho a la libertad de empresa. El Tribunal subrayó la proporcionalidad de la medida: garantiza que los consumidores comprendan la composición de los productos, asegura la uniformidad de las bebidas espirituosas comercializadas bajo la misma denominación y protege la reputación de los productores de gin que cumplen los requisitos legales, evitando prácticas de competencia desleal.
  • El Tribunal fundamenta además su decisión en la doctrina consolidada relativa a la competencia desleal y la protección del consumidor, citando casos como SMW Winzersekt (C‑306/93), Deutsches Weintor (C‑544/10), TofuTown.com (C‑422/16) y Lidl (C‑134/15), que establecen que la protección de los consumidores frente a la confusión sobre la composición o calidad de un producto es un objetivo legítimo de interés general y que la libertad de empresa puede ser limitada de forma proporcionada para evitar la explotación indebida de la reputación de terceros y prácticas comerciales engañosas.

III Conclusión

Azaleas

La medida adoptada, al impedir el uso indebido de la denominación «gin», asegura la integridad del mercado, protege la reputación de las bebidas espirituosas y evita ventajas competitivas injustas derivadas del uso de denominaciones legales no permitidas.

Así, el Tribunal concluyó que la denominación «gin» no puede aplicarse a bebidas no alcohólicas, incluso acompañada de la indicación «sin alcohol», y que el artículo 10, apartado 7, del Reglamento 2019/787 es válido y compatible con la libertad de empresa.

 

 

Aprobada una nueva IA Factory en Galicia

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La Comisión Europea ha seleccionado a España para albergar una segunda AI Factory en España. Esta vez, en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). La nueva instalación, denominada 1HealthAI, estará especializada en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a las ciencias de la vida. Contará con un superordenador específico y una plataforma avanzada de supercomputación, concebida para proyectos experimentales y colaborativos en biotecnología, investigación sanitaria y otras áreas vinculadas a la salud. Se ubicará en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Rosalía de Castro.

Expo na Cidade da Cultura (Santiago, 2021)

Esta AI Factory supone una inversión total de 82 millones de euros, de los cuales 24 millones procederán del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

  • Su diseño responde a un doble objetivo: ofrecer servicios gratuitos de apoyo a empresas, startups y centros de investigación,
  • Facilitar el acceso equitativo a herramientas de IA de última generación, reduciendo así la brecha tecnológica entre los distintos agentes del ecosistema innovador.

 

Seguridad, transparencia y responsabilidad de la IA en el marco europeo

La inversión se enmarca en el nuevo ecosistema normativo de la Unión Europea, que exige que los desarrollos de inteligencia artificial se ajusten a criterios de seguridad, transparencia y fiabilidad. Así se busca reforzar la confianza en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Europa, integrando la innovación tecnológica con la exigencia de cumplimiento y responsabilidad.

  • Antes de comercializar un sistema de IA de alto riesgo en el mercado de la UE, los proveedores deberán someterlo a una evaluación de conformidad o, en su caso, a una autoevaluación que permita demostrar que el sistema cumple los requisitos de una inteligencia artificial de confianza.
    • Entre las obligaciones impuestas figuran la implantación de un sistema de gestión de calidad, el mantenimiento de la documentación técnica y de los registros de actividad, así como la colaboración activa con las autoridades competentes, notificando incumplimientos o riesgos detectados.
    • Los usuarios —o responsables del despliegue, según la terminología del Reglamento— deberán garantizar la supervisión humana, monitorizar los sistemas y conservar los registros de uso, mientras que los importadores y distribuidores deberán asegurar que los productos hayan superado la evaluación de conformidad, mantener la documentación técnica y colaborar igualmente con las autoridades.

En este contexto, las PYMEs adquieren un papel clave tanto como desarrolladoras como usuarias de sistemas de IA. Deberán evaluar si los sistemas que crean o utilizan pueden considerarse de alto riesgo según el Reglamento, ya que esta clasificación conlleva mayores obligaciones en materia de supervisión y control. Asimismo, deberán implantar mecanismos para garantizar un uso seguro y responsable de la tecnología, capacitar a su personal en el uso adecuado de la IA y sensibilizarlo sobre los riesgos y obligaciones legales. Resulta especialmente recomendable que las pequeñas y medianas empresas establezcan un Sistema de Gestión de Cumplimiento Legal en materia de IA, que permita identificar, evaluar y mitigar riesgos regulatorios en todas las áreas relevantes.

  • Para facilitar esta adaptación, el Reglamento incluye medidas específicas de apoyo a las PYMEs, como formación adaptada, canales de comunicación directa y difusión de buenas prácticas. Además, las microempresas quedan exentas de mantener un sistema de gestión de calidad formal, aunque sí deberán gestionar los riesgos asociados a los sistemas que empleen o desarrollen.
  • Ante las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para cumplir con los requisitos técnicos y regulatorios derivados del nuevo marco de inteligencia artificial,  el Reglamento de IA se acompaña de una estrategia de apoyo específica para las PYMEs, que combina financiación europea con asistencia práctica.
    • Programas como Digital Europe y Horizonte Europa, junto con los Fondos de Cohesión, facilitan recursos económicos y técnicos para la adopción de soluciones de IA. A nivel operativo, los Digital Innovation Hubs (EDIHs) y las AI Factories europeas ofrecen a las PYMEs espacios para experimentar y probar sistemas de IA en entornos controlados, con asesoramiento especializado en cumplimiento normativo, seguridad y buenas prácticas.
    • Además, las Testing and Experimentation Facilities (TEFs) permiten a las empresas evaluar sus prototipos de manera segura antes de su despliegue comercial. Este ecosistema de apoyo integral pretende que las PYMEs puedan desarrollar e integrar soluciones de IA de manera segura y conforme a la ley, sin perder competitividad frente a grandes plataformas tecnológicas, y que accedan a oportunidades de innovación que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones

La creación de la nueva AI Factory 1HealthAI en Galicia debe interpretarse en este marco más amplio en el que  la UE avanza hacia un modelo que combina la inversión en capacidades críticas —como la supercomputación, los centros de datos o la IA aplicada a la salud y la sostenibilidad— con una regulación exigente que garantice el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad de los sistemas.

No se trata de oponer innovación y regulación, sino de hacerlas converger: la competitividad digital europea dependerá, precisamente, de la capacidad para integrar la confianza como activo estratégico. En este sentido, las AI Factories no son solo infraestructuras científicas, sino instrumentos de soberanía tecnológica y de cohesión territorial, llamados a reforzar la posición de Europa —y de España— en la nueva economía de la inteligencia artificial.

 

Antecedentes

Actualmente existen 13 AI Factories con sede en 12 países europeos —Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España (en Barcelona), Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia y Suecia—, a las que se suman ahora seis nuevas fábricas concedidas en toda Europa, entre ellas la de Galicia. La factoría gallega, liderada por el CESGA y coliderada por el CSIC, cuenta con la participación y firme compromiso de socios clave, incluyendo las tres universidades públicas gallegas, varios de sus centros de investigación integrados en la Red CIGUS, el Hub Europeo de Innovación Dixital DATAlife y el centro tecnológico Gradiant, entre otros agentes del sistema gallego de I+D+i. Cabe recordar que el CESGA es una fundación participada al 70% por la Xunta de Galicia y al 30% por el CSIC, con carácter mixto y papel estratégico en la política científica y tecnológica autonómica.