ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. Seguros D&O ante las crisis bancarias: reclamaciones relacionadas, límites de cobertura y gastos de defensa

…, por el día de San Carlos Borromeo de 2026, patrón de la banca:

La protección que ofrece un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos se pone a prueba cuando una crisis empresarial desemboca en varios procedimientos, con reclamaciones cuantiosas y defensas prolongadas. En ese momento, disponer de una póliza D&O no despeja por sí solo las dudas. Es preciso determinar qué conductas y reclamaciones comprende, cómo se relacionan entre sí los distintos hechos y qué recursos económicos quedan disponibles para atenderlos.

Dos sentencias del Tribunal Supremo de 2026 permiten examinar estas cuestiones desde perspectivas complementarias.

  1. La STS 179/2026, de 27 de febrero, de la Sala Segunda, aborda la unidad de siniestro y el límite de la responsabilidad de CASER frente al FROB en relación con Banco de Valencia.
  2. La STS 920/2026, de 16 de junio, de la Sala Primera, analiza la exclusión de reclamaciones relacionadas con operaciones sobre valores y sus efectos sobre los gastos de defensa de un directivo de Banco Popular.

La resolución relativa a Banco Popular ya fue comentada en este blog: «ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. STS, el D&O ante la ampliación de capital en el Banco Popular. Exclusiones generales de la póliza y su impacto en la cobertura de defensa jurídica». Retomamos aquí sus aspectos principales para relacionarlos con el caso del Banco de Valencia y distinguir el alcance de las exclusiones del funcionamiento de los límites indemnizatorios.Su lectura conjunta ayuda a distinguir tres decisiones que conviene mantener separadas: si existe cobertura para la reclamación; si varias reclamaciones deben tratarse como un único siniestro; y cuál es la cuantía máxima que debe satisfacer el asegurador. La defensa jurídica plantea una cuestión propia: bajo qué condiciones se financia la asistencia del asegurado mientras se discute su eventual responsabilidad.

1. Banco de Valencia: varias causas penales y un límite de seis millones de euros

1.1. La controversia: el alcance económico de la acción directa

La STS 179/2026, de 27 de febrero —ECLI:ES:TS:2026:922; recurso 4532/2023; ponente Manuel Marchena Gómez— desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado, en representación del FROB, contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de marzo de 2023.

En el litigio se discutía la responsabilidad civil directa de CASER como aseguradora de los administradores y directivos de Banco de Valencia. La resolución recurrida había reconocido esa responsabilidad hasta seis millones de euros, pero vinculaba su efectividad al límite de cobertura que también operaba respecto de otra causa penal. El FROB pretendía que las operaciones enjuiciadas en procedimientos diferentes generasen una obligación indemnizatoria adicional dentro de su respectivo límite.

La discrepancia no versaba, por tanto, sobre la legitimación del FROB para dirigirse contra la aseguradora. El Supremo la considera fuera de duda. Lo controvertido era si la existencia de distintos hechos delictivos, operaciones y procedimientos obligaba a reconocer siniestros separados con disponibilidad adicional de capital asegurado.

El argumento del recurrente tenía una base comprensible: la responsabilidad civil derivada del delito nace de los hechos dañosos y estos habían recibido un tratamiento penal separado. Sin embargo, la Sala rechaza trasladar automáticamente esa separación al contrato de seguro. La individualización penal de las conductas y su agrupación aseguradora responden a criterios que no tienen por qué coincidir.

1.2. La lectura conjunta de las cláusulas de agregación y de límite por período

El razonamiento se apoya en dos estipulaciones de la póliza. Su artículo 5 agrupaba como un único siniestro las reclamaciones procedentes de un mismo hecho o de una misma causa, incluso cuando se manifestasen mediante hechos aislados, sucesivos, repetidos o continuados. El artículo 6 fijaba, además, un máximo por período de seguro para el conjunto de asegurados, siniestros, conceptos y garantías cubiertos.

Esta segunda previsión merece especial atención. La resolución no descansa exclusivamente en afirmar una conexión entre las distintas operaciones: también invoca un límite agregado que no se multiplica por el número de altos cargos implicados ni por el de reclamaciones. Asimismo, el clausulado impedía acumular límites de diferentes períodos por el desarrollo temporal de reclamaciones resultantes de una misma actuación profesional.

La unidad de siniestro y el límite agregado son mecanismos distintos, aunque en esta póliza confluyan en el resultado.

—La primera permite agrupar reclamaciones conforme al vínculo previsto en el contrato. El segundo establece la prestación máxima para un conjunto de riesgos cubiertos durante el período correspondiente. La propia sentencia subraya la fuerza de esta última previsión al confirmar el límite de seis millones de euros.

Esta distinción evita una lectura demasiado amplia del fallo. Una póliza puede establecer un máximo común para varios siniestros aunque estos conserven su autonomía. A la inversa, la consideración de varias reclamaciones como un único siniestro no permite prescindir de las restantes reglas contractuales sobre límites, períodos y garantías.

1.3. Qué conexión permite hablar de unidad de siniestro

El Supremo trata la unidad de siniestro como un criterio técnico-jurídico de individualización del riesgo. Entre los elementos que pueden orientar su apreciación menciona la causa eficiente común, la proximidad cronológica y la conexión funcional o económica de los perjuicios. También explica que la pluralidad de procedimientos puede obedecer a circunstancias ajenas a la unidad material de la secuencia examinada.

Conviene precisar el alcance de esas consideraciones. La Sala menciona la causa eficiente como un dato de valor interpretativo, sin atribuirle por sí solo carácter decisivo. No formula un test cerrado de requisitos acumulativos, ni establece que todos los actos de un mismo administrador constituyan necesariamente un único siniestro.

La pertenencia a una entidad, la identidad del perjudicado o el contexto general de una crisis no deberían sustituir al examen de la conexión exigida por el contrato. Esta es una cautela que se desprende de la necesidad de individualizar el riesgo y de la advertencia del propio Tribunal: la unidad siniestral debe impedir tanto la fragmentación artificiosa para multiplicar coberturas como la agregación abusiva por el asegurador para reducir su exposición.

Desde una perspectiva mercantil, esa doble advertencia es especialmente valiosa. El equilibrio entre prima y riesgo asumido exige respetar la cobertura contratada en sus dos direcciones: sin extenderla más allá de sus términos y sin comprimirla mediante conexiones puramente genéricas.

1.4. Acción directa, conducta dolosa y límites de cobertura

La sentencia recuerda asimismo una distinción necesaria cuando el seguro de responsabilidad civil aparece en un proceso penal. La inasegurabilidad del dolo en las relaciones entre asegurador y asegurado no elimina, por sí sola, la protección del tercero mediante la acción directa del artículo 76 LCS. La eventual obligación de indemnizar al perjudicado se acompaña del derecho de repetición contra el asegurado por la conducta dolosa.

Ahora bien, esa protección opera respecto de la conducta asegurada y dentro del alcance de la cobertura. No convierte cualquier daño delictivo en una obligación a cargo de cualquier aseguradora, ni permite multiplicar el capital disponible al margen del contrato. En Banco de Valencia, el reconocimiento de la acción directa y el respeto al límite asegurado resultan compatibles.

Tampoco debe confundirse el límite de la prestación aseguradora con la extensión de la deuda de los responsables del daño. La aplicación de un máximo contractual determina cuánto debe satisfacer el asegurador por la cobertura examinada; no reduce por sí misma la responsabilidad civil de quienes deban reparar el perjuicio.

2. Banco Popular: una exclusión sobre valores que alcanza a los gastos de defensa

Como se expuso en la entrada de DerMerUle enlazada al comienzo, el caso de Banco Popular plantea una cuestión diferente de la examinada en Banco de Valencia: si los gastos de defensa reclamados quedan comprendidos en una exclusión contractual. La siguiente recapitulación permite precisar esa diferencia.

2.1. El objeto del recurso: la financiación de la defensa penal

La STS 920/2026, de 16 de junio —ECLI:ES:TS:2026:2630; recurso 8395/2021; ponente Pedro José Vela Torres— resuelve un litigio entre un directivo de Banco Popular y Chubb European Group SE, Sucursal en España.

La demanda había solicitado que se declarase la cobertura de la responsabilidad civil y de los gastos de defensa relacionados con la ampliación de capital de 2016. Subsidiariamente, pretendía el reconocimiento de cobertura respecto de otros hechos investigados que se consideraban ajenos a esa operación. Sin embargo, los recursos ante el Tribunal Supremo quedaron circunscritos a los gastos de defensa en el proceso penal. Este dato delimita el comentario y evita atribuir al fallo una decisión más extensa que la efectivamente recurrida.

La distinción tiene importancia práctica. Los gastos de defensa se producen durante la investigación y el enjuiciamiento, con independencia del desenlace final. Por eso, al interpretar una póliza D&O es preciso examinar su cobertura y, en su caso, su anticipo, sin dar por supuesto que deban esperar a una condena. En este litigio, la dificultad determinante residía en la exclusión contractual de las reclamaciones a las que se vinculaban esos gastos.

2.2. La mención de la ampliación de 2012 no elimina la exclusión general

La póliza contenía una exclusión amplia para reclamaciones basadas en, relacionadas con o derivadas directa o indirectamente de determinadas operaciones sobre valores mobiliarios de la sociedad. Comprendía, entre otras, su venta, colocación, adquisición y las ofertas públicas o privadas. A continuación, otra letra mencionaba específicamente la oferta de acciones y derechos de suscripción resultante del aumento de capital aprobado en noviembre de 2012.

La controversia consistía en determinar si esa referencia específica permitía considerar cubierta la ampliación de 2016. El Supremo rechaza esa lectura. La identificación de la operación de 2012 no suprime la exclusión general que la precede, dentro de la cual se encuentra también la operación de 2016.

La consecuencia interpretativa puede formularse con precisión: **en el clausulado examinado, la exclusión especial no operaba como excepción a la exclusión general**. Ambas previsiones podían coexistir. No cabía convertir la mención de una operación concreta en una inclusión implícita de las restantes.

El fallo no significa que las reclamaciones sobre valores queden siempre fuera de los seguros D&O. Su cobertura dependerá de la póliza correspondiente y de los pactos que la integren. Lo que declara la Sala es que la exclusión de este contrato comprendía las reclamaciones litigiosas relativas a la ampliación de 2016.

2.3. Literalidad, voluntad contractual e interpretación sistemática

La sentencia concede un peso decisivo a la claridad de la cláusula. Considera que la exclusión general y la referencia específica a 2012 permiten conocer lo pactado sin introducir una cobertura incompatible con su redacción. Tampoco aprecia la oscuridad necesaria para aplicar la regla del artículo 1288 del Código Civil contra quien la hubiese ocasionado.

Sin embargo, sería inexacto presentar el razonamiento como una renuncia general a investigar la voluntad contractual. La Sala recuerda expresamente que la interpretación persigue averiguar la intención efectiva de las partes y que el tenor literal constituye su punto de partida. Añade que las contradicciones, vacíos o conductas de los contratantes pueden exigir que la labor interpretativa continúe. En este caso, además, los actos coetáneos y posteriores considerados no acreditaban la inclusión de los gastos de defensa correspondientes a la ampliación de 2016.

También resulta relevante el alcance del control en casación. El Supremo recuerda que no le corresponde sustituir cualquier interpretación de instancia por otra que parezca preferible. La revisión exige una infracción de las normas interpretativas o un resultado manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario. La desestimación del recurso debe leerse también desde ese límite procesal.

La valoración de la prueba cierra otra posible vía de cobertura: la Sala no considera arbitraria la conclusión de la Audiencia de que no constaba una investigación del demandante por hechos distintos de los relacionados con la ampliación. Por tanto, el resultado no deriva únicamente de leer la exclusión, sino también de identificar los hechos a los que se refería la defensa reclamada.

2.4. Una exclusión que comprendía expresamente la defensa

El condicionado extendía las exclusiones a las pérdidas, indemnizaciones, cantidades y gastos de defensa. Además, definía estos últimos por referencia a actuaciones que fuesen objeto de cobertura bajo la póliza. Esa conexión contractual impedía sostener que la defensa de las reclamaciones excluidas permaneciese cubierta con independencia de la exclusión.

Conviene distinguir este supuesto de otro problema diferente: que una investigación todavía no permita determinar si concurrirá una exclusión que dependa de una declaración ulterior. La sentencia comentada no permite resolver anticipadamente todas las controversias sobre anticipo de gastos o exclusiones por conducta. Aquí se aplicaba una exclusión por la operación con la que estaban relacionadas las reclamaciones, que mencionaba expresamente los gastos de defensa.

3. Dos precisiones necesarias: defensa jurídica y control de las cláusulas

La primera precisión afecta al régimen legal de la defensa. El artículo 74 LCS contempla la dirección jurídica accesoria al seguro de responsabilidad civil: salvo pacto en contrario, la asume el asegurador y corren de su cuenta los gastos de defensa. El precepto prevé asimismo la situación de conflicto de intereses y la posibilidad de que el asegurado confíe su defensa a otra persona, con el límite pactado para los gastos correspondientes.

Este régimen debe distinguirse del seguro de defensa jurídica regulado en los artículos 76 a) y siguientes LCS. El artículo 76 g).1 excluye expresamente de esa sección la defensa realizada por el asegurador de responsabilidad civil conforme al artículo 74. En consecuencia, la existencia de una garantía denominada «defensa jurídica» dentro de un D&O no basta para aplicarle automáticamente el régimen del seguro autónomo de defensa jurídica. Hay que atender a su configuración y contenido.

La segunda precisión afecta al control del clausulado. La claridad de una estipulación resuelve una cuestión de interpretación, pero no agota necesariamente las cuestiones sobre su incorporación y eficacia. El artículo 3 LCS exige claridad y precisión y establece requisitos específicos para las cláusulas limitativas de derechos, que deben destacarse y aceptarse específicamente por escrito.

No procede convertir la STS 920/2026 en una declaración general sobre la naturaleza de toda exclusión de operaciones sobre valores. El tercer motivo de casación se planteaba desde la oscuridad contractual, vinculando el artículo 1288 CC con el artículo 3 LCS; la respuesta se centra en que la oscuridad alegada no existía. Interpretación, calificación de la cláusula y cumplimiento de sus requisitos de eficacia son cuestiones relacionadas, pero no intercambiables.

4. La lectura en esta entrada: qué protección se contrata y cómo se distribuye

La comparación de ambas resoluciones permite extraer algunas consideraciones para la contratación y revisión de seguros D&O. Son consecuencias prácticas del análisis, no pronunciamientos adicionales de las sentencias.

En primer lugar, el capital anunciado debe ponerse en relación con sus reglas de utilización. Un límite de seis millones puede ser común a varios asegurados, reclamaciones y garantías. Para valorar la protección interesa conocer quiénes lo comparten, qué pagos lo consumen y si existen sublímites o previsiones específicas para la defensa. El número que figura en las condiciones particulares solo resulta informativo cuando se interpreta con el resto de la póliza.

En segundo lugar, las cláusulas de reclamaciones relacionadas merecen tanta atención como las exclusiones. Una exclusión puede dejar una operación fuera del seguro; una agregación puede concentrar numerosas reclamaciones cubiertas en un único límite. Ambas decisiones condicionan la utilidad económica de la cobertura, aunque actúen de forma distinta.

En tercer lugar, la revisión de una operación societaria relevante debería incluir su tratamiento asegurador. Ante una ampliación de capital, no basta con comprobar que administradores y directivos tienen un D&O. Es necesario examinar si las reclamaciones relacionadas con la operación están cubiertas y qué se ha previsto para su defensa. Cuando se pretende modificar ese alcance, conviene documentarlo expresamente: una expectativa de protección no sustituye a un pacto de cobertura.

Por último, interesa considerar la defensa desde el comienzo del conflicto. Su alcance, las condiciones de anticipo, los consentimientos exigidos y los eventuales conflictos entre asegurados pueden ser decisivos antes de que exista un pronunciamiento sobre responsabilidad. La utilidad del seguro se mide también por los medios que proporciona para afrontar ese período.

Banco de Valencia y Banco Popular muestran, en definitiva, dos formas diferentes de concretar la exposición del asegurador. En el primer caso, la conexión entre reclamaciones y el límite agregado determina el máximo exigible. En el segundo, una exclusión contractual alcanza a la defensa de reclamaciones vinculadas a una operación sobre valores. Para administradores, sociedades y perjudicados, la consecuencia práctica es exigente: la protección debe evaluarse a partir del clausulado completo y de los hechos reclamados, con especial atención a cómo se financia la defensa y se comparte el capital disponible.

Más información y referencias:

Accionistas y política ambiental: Acceso a documentos de un banco para verificar el cumplimiento de las declaraciones ambientales

En este breve comentario se presta atención a una solicitud de acceso a documentos corporativos, por parte de un grupo de accionistas de un banco australiano. Se trataba de averiguar la fidelidad y verdad de las declaraciones de los representes del banco en relación con el cumplimiento de sus políticas medioambientales y sociales, especialmente en lo relativo a ciertos requisitos de las inversiones.

En 2019, el Commonwealth Bank of Australia (CBA) anunció públicamente su

Azaleas

Marco Medioambiental y Social, que incluía el  compromiso de que (sus)  políticas de préstamos empresariales apoyarán la transición responsable hacia una economía de emisiones netas cero para 2050, para lo cual… solo prestaremos servicios  bancarios y de financiación en el sector de los proyectos de explotación de petróleo, gas o carbón fósil cuando estén respaldados por una evaluación de los impactos ambientales, sociales y económicos de dicha actividad que demuestre su coherencia con los  objetivos del Acuerdo de París.

En este contexto, los señores Guy y Kim Abrahams accionistas del banco y representantes (fideicomisarios) del Abrahams Family Trust observaron que algunas inversiones que se estaban realizando suscitaban dudas en cuanto a su compatibilidad y coherencia con la declarada política ambiental del banco.

  • El banco estaba, en efecto, proporcionando más de 50 millones de dólares (septiembre de 2019) abriendo una línea de crédito de 545 millones de dólares para la construcción y desarrollo inicial del nuevo gasoducto Permian Highway Pipeline, de 692 km. Esta infraestructura ya ha sido terminada y transporta 2. 1.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural a través de Texas, en Estados Unidos.
  • Además CBA era uno de los promotores y miembros principales  de un sindicato de préstamos que proporciona financiación (deuda) por valor de 1.050 millones de dólares para construir nuevos buques de GNL por parte de Gaslog Ltd (2019)
  • También lideraba el pool de financiadores para los nuevos buques de GNL de FLEX LNG Ltd de (2020), entre otros proyectos 

El 26 de agosto de 2021, Guy y Kim Abrahams  presentaron una solicitud ante el Tribunal Federal de Australia para acceder a documentos del banco, apoyándose  en lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Australia de 2001. Concretamente pedían acceder a documentos vinculados con la  participación del banco en los mencionados proyectos (y en otros que suscitaban similares preocupaciones).  A raíz de la audiencia de 4 de noviembre de 2021, el Tribunal Federal de Australia accedió a la solicitud de inspección de documentos, estableciendo los periodos y etapas al efecto (entre el 9 de diciembre de 2021 y el 10 de febrero de 2022).

Entrada redactada con el apoyo del Proyecto de Investigación «Retribución de los administradores de sociedades de capital y sostenibilidad a largo plazo de la empresa», con el número de referencia: SBPLY/21/180501/000240 concedido por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Gobernanza del Mecanismo Único de Supervisión. (Informe de evaluación 2017, sobre aplicación del MUS). (I))

Gobernanza del MUS, según el informe de evaluación de la Comisión Europea en otoño de 2017

 

El Reglamento 1024/2013, o Reglamento MUS obliga a la Comisión a revisar y evaluar su aplicación, en especial en lo relativo a las posibles repercusiones del MUS sobre el buen funcionamiento del mercado interior. Cumpliendo con ese mandato, la Comisión publica su INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación del mecanismo único de supervisión establecido conforme al Reglamento (UE) n.º 1024/2013.  El informe  califica de éxito la puesta en marcha del MUS, al menos en términos generales. Damos repaso, en sucesivas entradillas DerMerUle a algunos de sus contenidos apartados:

Las Médulas (León). By M.A. Díaz

Las Médulas (León). By M.A. Díaz

 

Incidimos aquí en la Gobernanza del Mecanismo  Único de Supervisión, MUS

La gobernanza del MUS se basa en procedimientos internos de adopción de decisiones entre las Instituciones que lo componen-: autoridades nacionales competentes de los Estados miembros participantes (los Estados miembros de la zona del euro y otros miembros de la UE  que colaboren estrechamente con el MUS) y el Banco Central Europeo (BCE). Sus procedimientos se apoyan en garantías procesales, independencia de los centros de adopción de decisiones,  separación entre la política monetaria y la de supervisión y distribución de competencias.

Recordemos que el BCE contribuye a la vigilancia de las actuaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los Estados miembros de la zona del euro y que desempeña un papel importante en el Plan de Acción de Servicios Financieros de la zona EURO. La independencia y los mecanismos internos de control del BCE son objeto de valoración positiva. Más concretamente, la Comisión Europea ha evaluado la rendición de cuentas del BCE concluyendo que funciona eficazmente en un triple sentido:

  • Político, rendición de cuentas en un sentido político ante el Parlamento Europeo, el Consejo, el Eurogrupo y los parlamentos nacionales
  • Judicial, ya que las decisiones del BCE se someten al escrutinio del TJUE.
  • Administrativo ya que se somete a control de la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Defensor del Pueblo Europeo.

Por lo que respecta a la adopción de decisiones en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS),  debe recordarse que las decisiones del BCE en relación con el MUS se basa en la actuación de sus órganos:   el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo. El Consejo de Gobierno es, asimismo, el responsable último de las decisiones. del MUS. Adicionalmente existen instancias de supervisión (p. ej., el Consejo de Supervisión) y procedimientos específicos (p. ej., el procedimiento de no objeción), de apoyo al BCE, que completan la configuración de las estructuras supervisoras en el MUS.

Como aspecto menos positivo se alude en este informe, y acertadamente a nuestro juicio, a la gran complejidad en el funcionamiento de los órganos del BCE. Ello tiene como consecuencia inmediata un uso desproporcionado de los recursos del BCE. Indica la Comisión  que el BCE  debería centrarse en las cuestiones más importantes, aumentando las delegaciones que ya existen y la agrupación de funciones en sus órganos internos, para mejorar la gobernanza del BCE de cara a su eficacia en el MUS.

En cuanto a la supervisión por parte de los Estados, el informe recuerda que las autoridades competentes de los Estados están sometidas a controles de modo muy desigual en función de cual sea su ordenamiento nacional.  Los informes de convergencia que elabora la Autoridad Bancaria Europea, ABE  son útiles para la consecución de un mercado interior financiero, pero las competencias sancionadoras de este organismo (ABE) resultan insuficientes, a juicio de la Comisión Europea, para alcanzar un nivel plenamente eficaz de convergencia.

 

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La EBA propone una metodología actualizada para las pruebas de estrés de bancos en 2018

La EBA ha hecho pública, con vistas a su debate entre la industria, modelos de trasparencia y test de stress sobre el cumplimiento de requisitos de capital incorporando por primera vez la aplicacion de las NIIF9. El  objetivo de estos modelos es contar con instrumentos fiables para valorar de modo sistemático y homogéneo la fortaleza de las entidades bancarias europeas en el ejercicio de revisión general que debe realizarse en 2018.

 

A los efectos de la supervisión de 2018, según los modelos que se hacen públicos ahora, se toma como referencia la situación macroeconómica a finales de 2017 a la que se aplican posibles escenarios adversos proyectándose sus efectos a lo largo de 3 años. Se trata de identificar principalmente el nivel de solvencia y resistencia de las entidades bancarias europeas.  Los test se aplicarían a 49 bancos europeos de los cuales 35 son objeto de supervisión a nivel supranacional en el Mecanismo Único de Supervisión, -MUS.

En los test de estress se trata de valorar el impacto  de distintos riesgos potenciales sobre la solvencia de los bancos. En concreto, las entidades deben realizar pruebas frente a una serie de riesgos crediticios, que van desde la titulización al riesgo de mercado, riesgo de crédito de contraparte, riesgo operativo (se incluye en este último el riesgo de malas conductas). Además, las entidades supervisadas deben proyectar el efecto de distintos escenarios propuestos sobre sus ingresos, cuenta de Beneficios y Pérdidas (P&L) y capital,  cuando no están incluidos en otros riesgos.

La metodología debatida (sobre métodos, escenarios, gestión de información) es continuadora de la empleada en 2016, con los ajustes correspondientes al transcurso del tiempo, a la experiencia adquirida y a la introducción de la NIIF9. El proceso de pruebas de estress de 2018 será ejecutado por EBA en colaboración con las autoridades competentes de los Estados (NCA) y del MUS (Mecanismo Único de Supervisión), el Banco Central Europeo , el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y la Comisión Europea. El debate del que se da aquí noticia debe concluir con un acuerdo interinstitucional de los supervisores sobre métodos, escenarios, calidades mínimas de los test y de sus resultados así como de los modelos para la trasmisión y gestión de información..

Como es sabido la EBA coordina los procesos europeos de pruebas de estress bancario y actúa centralizando los datos para su posterior difusión de los resultados detallados de modo individualizado, banco a banco. Además, facilitará análisis agregados y otros instrumentes coherentes con su compromiso de mejorar la transparencia del sector bancario. Por su parte, las NCA y el MUS transmiten instrucciones a las entidades bancarias sobre como llevar a cabo las pruebas y comunicar sus resultados. Además, deben validar los datos de los bancos y los resultados de las pruebas,  revisan los modelos aplicados y tienen competencias para activar medidas adicionales de supervisión si fuesen precisas.