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El Tribunal Supremo confirma la multa de 627.000 euros que el Consejo de la CNC impuso a Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE)

el 23 Marzo, 2017 en DM2, DM_ADE, DM_RJcoMercado, DM_RRLL, Otros

El Tribunal Supremo confirma la multa de 627.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), por incrementar injustificadamente en un 100% las tarifas que cobraba a salas de cine.

Monasterio de Santa María de Gradefes (León). By M.A. Díaz

La Sala III, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo, en su sentencia de 24 de febrero de 2017 ha confirmado la multa de 627.855 euros que el Consejo de la CNC impuso a AISGE, en diciembre de 2011, por abuso de posición de dominio, acometido con el incremento injustificado de las tarifas que cobraba a las salas de cine por la exhibición de las películas. Este porcentaje que recauda a las salas de cine sobre los ingresos derivados de dicha exhibición corresponden a los derechos de remuneración por comunicación pública de las actuaciones de los actores y otros artistas en las obras exhibidas.

Ha de recordarse que la Resolución de la CNC (actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), en la que se imponía la multa a AISGE, fue recurrida ante la Audiencia Nacional; recurso que fue desestimado. En la sentencia de 13 de noviembre de 2013 la Audiencia Nacional señalaba que entre la tarifa aplicada en 2004 y la de 2009, se produjo un incremento del 177 por ciento, y del 100 por cien en la tarifa general entre 2004 y 2005, sin resultar convincentes ni razonables las justificaciones esgrimidas por AISGE. Esta sociedad plantea recurso de casación que fundamenta, entre otros motivos, en que la sentencia impugnada infringe los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia.

El Supremo rechaza los motivos alegados por la recurrente (AISGE), declarando que no ha lugar al recurso de casación planteado contra la sentencia de la Audiencia Nacional, quedando éste desestimado.

El Tribunal Supremo determina los comportamientos que acreditan la comisión de la infracción sancionada, que en el presente caso consiste en abuso de posición dominante, tipificado por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia que “se caracteriza por desarrollar un comportamiento que, prevaliéndose de una situación de superioridad en el mercado de referencia, impone condiciones abusivas al resto de sujetos que operan en dicho mercado, impone barreras que excluyen o dificultan gravemente el acceso al mismo o, en general, establece un marco de actuación anticompetitivo en beneficio propio”. Como afirma el Tribunal Supremo aquí estamos ante una posición de dominio de la entidad sancionada, que no se discute. Y el comportamiento abusivo consiste en elevar las tarifas generales que la entidad cobraba a los cines en un 100% en 2005, sin explicar suficientemente la subida aprobada a los sujetos afectados y sin que AISGE haya justificado razonablemente la elevación tan drástica, suponiendo asimismo una forma de presión para para la negociación de posteriores acuerdos particulares.

En palabras del Tribunal Supremo: “No hay pues problema de tipificación, pues la conducta de la recurrente puede ser subsumida claramente en un comportamiento abusivo de su posición dominante (en particular, en la letra a) del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia), sin que los elementos fácticos de dicha conducta puedan ser calificados, como se dice en el motivo, de subjetivos o sin que se pueda afirmar que se esté sancionado por una conducta objetiva. Se trata de circunstancias de hechos acreditadas y no negadas y que responden a una actitud plenamente deliberada de una entidad profesional plenamente conocedora del marco de actuación en el que se mueve y que cuenta con asesoría jurídica”. Y en esta dirección, declara el Alto Tribunal: “No puede objetarse por tanto ausencia de culpabilidad, pues no puede aducir desconocimiento de que un comportamiento como el sancionado por parte de la única entidad de gestión de los derechos de sus representados colocaba a los cines en una posición negociadora de debilidad injustificadamente desfavorable. Todo lo cual sin una explicación convincente de cual fuese la justificación objetiva de un incremento de tarifas del 100%”.

El texto completo de la sentencia puede verse aquí.

 

 

La CNMC (Sala de Supervisión regulatoria) sanciona a Telefónica de España S.A.U. con tres millones de euros

el 21 Marzo, 2017 en DM2, DM_ADE, DM_RJcoMercado, DM_RRLL, Otros

La CNMC  impone a Telefónica de España S.A.U. una sanción por importe de tres millones de euros por discriminar a sus competidores durante la huelga de instaladores de 2015.

  • Mediante Resolución de 7 de marzo de 2017, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sanciona a Telefónica con (3.000.000 €) por discriminar a sus competidores durante y con posterioridad a la huelga de técnicos instaladores llevada a cabo entre marzo y junio de 2015  (expediente (SNC/DTSA/007/16).

Monasterio cisterciense de Santa María de Gradefes (León). By M. A. Díaz

Instruido el expediente, la CNMC constata que Telefónica incumplió la obligación de no discriminación que le corresponde como operador con poder significativo de mercado en los mercados mayoristas de banda ancha. En este sentido Telefónica debe prestar “a terceros recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma (…) en las mismas condiciones y plazos”. Estas condiciones y plazos vienen establecidos en las ofertas mayoristas aprobadas por la CNMC.

La obligación de no discriminación impuesta a Telefónica se extiende tanto a la calidad del servicio como a los plazos de entrega y demás condiciones del suministro, al margen de la ubicación física.

Según la Resolución Telefónica concedió prioridad al suministro y la reparación de averías de sus propios clientes, frente a la prestación de estos servicios para operadores alternativos. Considera, además, acreditado que Telefónica, en el referido periodo de huelga de sus técnicos-instaladores, decidió voluntariamente dar prioridad a la entrega y mantenimiento de sus servicios minoristas, relegando la entrega y mantenimiento de los servicios mayoristas que presta a otros operadores.

A juicio de la CNMC, de la instrucción realizada queda demostrada una diferencia considerable entre los plazos de provisión y mantenimiento mayoristas y minoristas durante y con posterioridad al periodo de huelga, prolongándose incluso durante la fase de investigación previa al procedimiento que dio origen a la Resolución de la CNMC. Y, además, resulta de todo ello una clara falta de diligencia de Telefónica a la hora de informar a los operadores sobre las medidas que se iban a tomar a fin de poner remedio a los problemas derivados a sus clientes por los efectos de la huelga de sus técnicos-instaladores (plan de contingencia), a diferencia de las medidas adoptadas respecto a sus clientes minoristas (plan de choque anunciado en prensa), pese a las comunicaciones enviadas por dichos operadores.

Tal práctica discriminatoria durante la huelga es considerada por la CNMC una infracción muy grave de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Y Telefónica es responsable directo, de la comisión de una infracción continuada muy grave tipificada en el art. 76.12 de la LGT, al haber incumplido la Resolución, de 22 de enero de 2009, por la que se aprobó la definición y el análisis de los mercados de acceso 
(físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija y de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas.

Contra esta Resolución Telefónica podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

 

 

 

Consejeros y Derecho de la Competencia. Jessup v., Alphabet/ UE, v Google

el 12 Noviembre, 2016 en DM2, DNNII, Otros

Se daba noticia hace poco de la interposición de una acción derivativa contra Alphabet, la holding del grupo Google: Robert Jessup v. Larry Page et al., case number CIV538782, in the Superior Court of the State of California, County of San Mateo.) Este tipo de acciones contra administradores (y altos ejecutivos) a favor de la entidad administrada se formularía en Jessup v Alphabet por incumplimiento del deber de vigilancia de administradores, habitualmente y normalmente comprendido en el Duty of Care o entre nosotros en el Deber de Diligencia en su sentido fiduciario más amplio, en relación con no haber propiciado un comportamiento responsable de Google en materia de Defensa de la Competencia en la Unión Eupopea

El fondo de la cuestión enlaza con una investigación de la Comisión Europea sobre Google. Google desarrolla los sistemas operativos Android, mayoritariamente instalados en los teléfonos y dispositivos móvile en la UE. Si Android es un dispositivo “abierto”, desarrollable por terceros, Google incorpora aplicaciones protegidas por propiedad intelectual. Estas circunstancias dieron lugar a la apertura de investigaciones por parte de la Comisión Europea, formalizadas el 15.04.2015. Las bases jurídicas de una posible sanción serían el Art 101 TFUE, el Art 102 TFUE, el Art 11.6 Reglamento 1/2003

Ya en casa, y para entender las posibles repercusiones domésticas de una generalización de la exigencia de responsabilidad por supuestos anticompetitivos remitimos a la ilustrada entrada en su blog del Prf  Fernando Díz Estella, conocida gracias a @AntonioRoblesML

Más:

Competition Law and Unfair competition (UE) IV. Notes for non jurists

el 24 Agosto, 2016 en DM1, DNNII

Lesson 3. Free Competition Law.Unfair competition

Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Directives 84/450/EEC, 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC and Regulation (EC) No 2006/2004 (Unfair Commercial Practices Directive), defines the commercial practices which are prohibited in the European Union (EU). It thus protects the economic interests of consumers, competitors and markets before, during and after a commercial transaction has taken place.

  1. It sets a general clause in accordance to which Unfair Commercial Practices are those which:
  • do not comply with the requirements of professional diligence
  • are likely to materially distort the economic behaviour of the average consumer .

2. It also grants special protection to some population groups which are specially vulnerable  (because of their age -children, elderly-, credulity,  mental or physical illness, etc.)

3. The Directive defines two specific categories of unfair commercial practices: misleading practices (by action or omission) and aggressive practices.

I Misleading practices

  1. By action. A practice is misleading if it contains false or untrue information or is likely to deceive the average consumer, even though the information given may be correct, and is likely to cause him to take a transactional decision he would not have taken otherwise. Examples of such actions include false or deceiving information on:
  • the existence or nature of the product;
  • the main characteristics of the product (its availability, benefits, risks, composition, geographical origin, results to be expected from its use, etc.);
  • the extent of the trader’s commitments;
  • the price or the existence of a specific price advantage;
  • the need for a service, or repair.

 

2. By omission. Such occur when material information that the average consumer needs to make an informed transactional decision is omitted or provided in an unclear, unintelligible, ambiguous or untimely manner and thereby causes (or might cause) that consumer to take a purchase decision that he or she would not have otherwise taken.To evaluate such “omissions”  the context is taken into account,

II.- Aggressive commercial practices

Several elements must be taken into consideration in order to determine whether an aggressive commercial practice occurs.

  • the nature, location and duration of the aggressive practice;
  • the use of threatening or abusive language or behaviour;
  • the exploitation by the trader of any specific circumstance affecting the consumer in order to influence his/her decision;
  • any disproportionate non-contractual conditions imposed on the consumer who wishes to exercise his/her contractual rights (such as to terminate or switch a contract).

“The black list”: Annex I to the Directive contains a list of 31 commercial practices which should be considered unfair in all circumstances.

In Spain, the UCPD was transposed by Law 3/91, which has been modified. Here find the consolidated version on the Spanish Law

Competition Law and Unfair competition (UE) III. Notes for non jurists

el 23 Agosto, 2016 en DM2, DNNII

Lesson 3. Free Competition Law. State Aid

State aid is an advantage in any form whatsoever conferred on selective basis to undertakings/business by national public authorities. thus, this excludes subsidies granted to individuals or general measures open to all enterprises (example, taxation measures or employment legislation applicable to all business).

Features of State Aid:

  •  intervention by the State or through State resources which can take a variety of forms (e.g. grants, interest and tax reliefs, guarantees, government holdings of all or part of a company, or providing goods and services on preferential terms, etc.);
  • it  gives the recipient an advantage on a selective basis, for example to specific companies or industry sectors, or to companies located in specific regions
  • competition has been or may be distorted;
  • the intervention is likely to affect trade between Member States.

The TFEU allows  some objectives for which State aid can be considered compatible with the EU.(ie, -in accordance with secondary legislation) SA for natural disasters, to promote employment creation, etc)

Control

The EU Commission has strong investigative and decision-making powers. Central to it is the notification procedure which MS have to follow.

The 2013 revision of the State aid Procedural Regulation introduced the possibility of conducting State aid sector inquiries, (before it was only possible as part of Antitrust and Merger control). State aid sector inquiries can be launched when State aid measures may distort competition in more tan one  Member States, or where existing aid measures are no longer compatible with the regulatory framework.

  • Aid measures can only be implemented after approval by the Commission.
  • Also the Commission has the power to recover incompatible State aid.

 

Competition Law and Unfair Competition Law (EU). (II) Notes for non jurists

el 23 Agosto, 2016 en DM2, Otros

Lesson 3. Free competition law. Mergers

Companies  uniting their resources (merger) can often grow and have beneficial effects  on the economy. But, some mergers reduce competition in a market, as they créate or reinforce a dominant player. EU rules apply to all mergers no matter where in the world the merging companies have their registered office, headquarters, activities or production facilities, because even mergers between companies based outside the European Union may affect markets in the EU if the companies do business in the EU. Regulation 139/2004/EC declares that EU mergers that create significative obstacles to the effective and real competition in the Internal Market; or in a substantial part thereto must be declared non compatible with the Internal European Market, particularly so if they are a consequence of a previous dominant position. However, under some circumstances such mergers can be authorised by the EU Commission.

  • If the annual turnover of the combined businesses exceeds specified thresholds in terms of global and European market, the proposed merger must be notified to the European Commission.
  • Below such thresholds, the national competition authorities -NCA- may review the merger.
  • The European Commission may also examine mergers which are referred to it from the NCA of the EU Member States. This may take place on the basis of a request by the merging companies or by request by the NCA of an EU Member State.
  • Under certain circumstances, the European Commission may also refer a case to the NCA of an EU Member State.

All proposed mergers notified to the Commission are examined to check if they  significantly impede effective competition in the EU. If they do not, they are approved unconditionally.

Even if the EU Commission finds that a proposed merger could distort competition, the parties may commit to taking action to try to correct this likely effect. For example, to sell part of the combined business,  to license technology to another company, etc. If the European Commission is satisfied that the commitments would maintain or restore competition in the market, it gives conditional clearance for the merger to go ahead. It then monitors whether the merging companies fulfil their commitments and it intervenes if they do not. If no compromise is proposed by the merging firms, the Project will be prohibited

In Spain, our Law on Unfair Competition -LDC- is based upon a complex definition of merger “concentración” related to the idea of change in the structure of control, either as a matter of fact or as a matter of Law (in accordance with our Law on Stock Markets applying its criteria to any type of company). The Spanish central idea in mergers policy is that of change in the decission powers /control in a Group. Such idea is compatible with Regulation 139/2004/EC. Spanish Law mentiones as posible situations of merger-change of control: a) Mergers, b) The adquisition of control to decide by a company over other company, c) The incorporation of Joint Companies, etc (this is an open list).

LDC imposes upon companies the obligation to notify to CNMV before the merger. It stablishes time lapses for the CNMV to reply. If there is no reply the merger is authorised (silencio positivo) . However, until there is a decission or until the time limit has not been completed, the merger cannot be implemented. LDC offers some 10 criteria to assess whether the merger must or must not be authorised. The main, core, criteria is whether (or not) such merger can create obstacles to free competition in Spain

Competition Law and Unfair Competition Law (EU) I. Notes for non jurists

el 23 Agosto, 2016 en DM2, DNNII

Lesson 3. Free competition law. Unfair competition (I)

Our Free competittion systems allows for some monopolistic situation to be developed within the Law, examples are Patents, Trade Marks, etc. However, obstacles to free competition are limited by law. Also the Law acknowledge the differences among geographical zones. So obstacles to Free Competition can affect a Region, a Country, a Continet, or the whole World!!

Free and fair competition law is at the heart of Commercial Law in Western Legal Systems. It deals with the need to have level playing fields in commerce, industry, etc. It offers two main perspectives.

Free Competition, is the perspective specially related to public interests in trade and business. In this sense, Free Competition amounts to creating and maintaining Free markets to pursue general economic development. Within Free Competition we find Antitrust Law, (Practices against Free Competition and Control over Dominant Positions in the Markets); also Mergers Control, and State Aids.

Unfair Competiton is a perspective that, taking into account general insterests, it is rather centered on the relationship among private business, companies, etc, in the markets and also vis à vis business and consumers.

Free competition. UE antitrust

Competition benefits the market is so far as it encourages the offer of and services at the most favourable terms.To be effective, it requires companies to act independently of each other, and within a market where competitive pressure are exerted by its agents (producers, distributors, financiers, etc). European antitrust policy is  based in two central rules  in the Treaty on the Functioning of the European Unión (TFEU); as well as in secondary legislation (mainly Regulation (EU) 1/2003): Art 101 and Art 102 TFUE).

Article 101 of the TFEU prohibits agreements between two or more independent market operators which restrict competition. This provision covers both horizontal agreements (between actual or potential competitors operating at the same level of the supply chain) and vertical agreements (between firms operating at different levels, i.e. agreement between a manufacturer and its distributor).

  • Limited exceptions are provided for.
  • One of the most clear cases of illegal conduct infringing Article 101 is the creation of a cartel between competitors, which may involve price-fixing and/or market sharing. A cartel is a group of similar, independent companies which join together to fix prices, to limit production or to share markets or customers between them
  • EU Commission has powers and is competent fo investigating markets and imposing fines and penalties upon infringent companies
  • Many cartels have been detected by the European Commission after one of its members confessed and asked for leniency, though the European Commission also successfully continues to carry out its own investigations to detect cartels.
  • Since 2008 companies can settle their case by acknowledging their involvement in the cartel and getting a smaller fine in return. (See Commission Regulation (EC) No 622/2008 of 30 June 2008 amending Regulation (EC) No 773/2004, as regards the conduct of settlement procedures in cartel cases  and  EU Commission Decisions pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation (EC) 1/2003 in cartel cases)

Article 102 of the Treaty prohibits that  companies or  firms that hold a dominant position on a market to abuse such  position. Ie, by charging unfair prices, by limiting production, by refusing to innovate to the prejudice of consumers.

The main rules on procedures (secondary EU Law) are set out in Council Regulation (EC) 1/2003.

The Commission is empowered by the Treaty to apply these rules and it has investigative powers (a.e. inspection at business and non-business premises, written requests for information, etc.). The Commission may also impose fines on undertakings which violate the EU antitrust rules.

National Competition Authorities (NCAs) such as in Spain the CNMC are empowered to apply Articles 101 and 102 of the Treaty fully, to ensure that competition is not distorted or restricted. National courts may also apply these provisions to protect the individual rights conferred on citizens by the Treaty. Competition law also involves actions for damages before national courts. EU competition law are applied coherently throughout the EU.

Free Competition Spanish Law, Ley 15/2007, here

 

Resolución, restructuración bancos. Accionistas v., ayudas de estado. TJUE y contexto BCE

el 22 Julio, 2016 en Banca y Seguros, Concursal, Otros

La Sentencia del TJUE de 19 de julio 2016 (Gran Sala) C‑526/14  reconoce que accionistas y titulares de deuda subordinada deben hacerse responsable de los resultados de las entidades y en consecuencia minorizar la importancia de la ayuda estatal que puede ser precisa en procesos de reestructuración. El resumen elaborado por el servicio de prensa de “Curia-TJUE” puede descargarse aquí. "Castillos de Liubliana a través de los árboles, Eslovenia"

A raíz de la crisis financiera mundial de 2007 varios bancos de Eslovenia presentaban un déficit de capital no disponiendo de activos suficientes para pagar a sus acreedores y cubrir sus depósitos.  El Banco Central de Eslovenia adoptó en 2013 medidas extraordinarias para la recapitalización, rescate y liquidación de bancos. La Comisión Europea autorizó ayudas de Estado. El tratamiento distinto a accionistas e inversores de unos y otros bancos motivaron recursos ante el Tribunal Constitucional de Eslovenia (protección del derecho de propiedad, tratamiento y protección de accionistas respecto del mantenimiento del capital social, etc). La cuestión fue elevada en vía prejudicial al TJUE, y de esa importante resolución destacamos:

Y, del fallo:

"Detalle de escultura en Liubliana, Eslovenia"

  1.  La Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera («Comunicación bancaria»)  no tiene efecto vinculante para los Estados miembros.
  2.  Los artículos 107 TFUE a 109 TFUE  no se oponen a los puntos 40 a 46 de la Comunicación bancaria, en cuanto éstos prevén el reparto de las cargas entre los accionistas y los titulares de instrumentos subordinados para la autorización de una ayuda de Estado.
  3.  El principio de protección de la confianza legítima y el derecho de propiedad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a los puntos 40 a 46 de la Comunicación bancaria, (reparto de las cargas entre los accionistas y los titulares de instrumentos subordinados para la autorización de una ayuda de Estado).
  4.  Los artículos 29, 34, 35 y 40 a 42 de la Directiva 2012/30/UE  (capital, Sociedades anónimas) no se oponen a los puntos 40 a 46 de la Comunicación bancaria.
  5.  La Comunicación bancaria debe interpretarse en el sentido de que las medidas de conversión o de reducción del valor contable de los instrumentos híbridos y de los instrumentos subordinados como las previstas en el punto 44 de esa Comunicación no deben ir más allá de lo necesario para eliminar el déficit de capital del banco.
  6.   El artículo 2, séptimo guion, de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito, debe interpretarse en el sentido de que se incluyen en el concepto de «medidas de saneamiento», enunciado en esa disposición, las medidas de reparto de las cargas previstas en los puntos 40 a 46 de la Comunicación bancaria.

Esta sentencia reconoce el impacto sobre accionistas y otros inversores de las crisis bancarias,  y se vierte en un asunto en el que existían -y se mantienen- sospechas sobre desigual valoración de activos bancarios por parte de las autoridades de algunos Estados. Podría dar pistas, por su relación con el tema de fondo, sobre  los aún (posibles) rescates a Banca Italiana, (comentario Tapia Hermida); y la necesaria reinterpretación de las ayudas de estado a la banca, ahora que el BCE está poniendo sobre la mesa posibles adquisiciones de activos no productivos.

Post Scriptum . Algo después con más resoluciones TJUE y AN, Profesor Tapia Hermida

“Comentarios desde el GID”. Inspecciones de la CNMC. Nota Informativa

el 5 Junio, 2016 en DM2, DM_RJcoMercado, Otros

Comentarios desde el GID

Junio 2016

 

lupa 

 

A PROPÓSITO DE LA NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCION DE COMPETENCIA DE LA CMNC SOBRE INSPECCIONES

Aquí

María Angustias Díaz Gómez

Catedrática de Derecho Mercantil

Coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de León. (GID-DerMerUle)

 

Como es sabido, cuando se produzcan circunstancias que aconsejen inspeccionar las sedes de empresas y/o asociaciones donde presuntamente conste información secreta y confidencial imposible de recabar por otros medios, y que pueda acreditar presuntas infracciones en materia de competencia, el legislador a fin de lograr el cumplimiento de la Ley 15/2007, de 3 de julio, faculta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para realizar inspecciones a dichas empresas.

Con el ánimo de lograr la máxima transparencia en esta labor de inspección, la CNMC ha publicado -el 7 de junio de 2016- una “Nota Informativa” sobre este procedimiento de inspección. Al ofrecer esta información detallada del procedimiento, se trata de que las empresas conozcan sus derechos y obligaciones en el caso de producirse una inspección, facilitando asimismo la labor de inspeccionados e inspectores. Leer más

Manipulación de índices de mercado. Work in progress regulatorio. USA/ UE. Mayo 2016

el 31 Mayo, 2016 en Banca y Seguros, DM_RJcoMercado

La manipulación de índices de referencia en los mercados está siendo objeto de decisiones recientes para evitar sus nocivos efectos y para mejorar los controles y gobernanza institucional sobre tales manipulaciones en particular en relación con evitar conflictos de intereses con los administradores sociales y gestionarlos adecuadamente; mejorar la calidad de los datos y de la metodología utilizada por los gestores de indices; garantizar que las contribuciones a estos índices y los datos en los que se apoyan se sometan a controles particularmente para evitar conflictos de intereses. también para proteger a los consumidores e inversores que se verán beneficiados por el refuerzo de la transparencia y de los mecanismos de resarcimiento.IMG_20151206_175233058

Seguiremos atentos a más desarrollos

Mercado Único Digital. Industria europea

el 3 Mayo, 2016 en DM_RJcoMercado, DNNII, Otros

Llamamos la atención sobre una serie de documentos de la Comisión Europea que acaban de ver la luz -que están relacionados entre ellos- y que configuran la base de la estrategia europea de fomento de la economía industrial- digital, aprovechando los avances en tecnologías como la Internet de las Cosas (IoT), el 5G, la informática en la nube, el análisis de datos y la robótica

  • Por un lado la Comunicación Digitalización de la industria europea Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digitalque subraya las líneas generales de una nueva revolución industrial que estamos viviendo, a impulso de las tecnologías digitales  que están cambiando la forma de diseñar, producir, comercializar y generar valor a partir de productos y servicios. Esta Comunicación se enmarca en el proceso cuyo inicio podemos fijar en 2012 con la Iniciativa Europea de Computación en la Nube. que presentó el plan para la creación de una infraestructura en nube y de datos de categoría mundial para la ciencia y la ingeniería, y que proporcionará un entorno virtual con servicios abiertos  para el almacenamiento, la gestión, el análisis y la reutilización de los datos de la investigación  (la «Nube Europea de la Ciencia Abierta»).
  • La Comunicación  “Digitalización de la Industria“, va acompañada de otras  comunicaciones y documentos de trabajo de los servicios de la Comisión como los relativos a informática de alto rendimiento y tecnologías cuánticas.
  • La Comunicación sobre las prioridades para la normalización de las TIC que identifica las normas básicas sobre TIC y presenta medidas para acelerar su desarrollo a fin de apoyar la innovación digital en la economía.
  • El Plan de Acción sobre Administración Electrónica para la transformación digital de los servicios públicos con soluciones en línea, transfronterizas, etc.
  • El documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la Internet de las Cosas pone de relieve los retos y oportunidades asociados a la IoT en Europa.

Post Scriptum Por su relación destacamos también la entrada del Prof F de la Vega en blog Competencia y Derecho “Aprovechar las oportunidades del mercado único digital” como política de competencia de la Comisión Europea (Informe junio 2016)

Multa europea. Cárteles. Riberebro. Setas y champiñones en conserva

el 11 Abril, 2016 en DM_Publicidad, DM_RJcoMercado

Reciente imposición de  multa  de 5 194 000 euros de la Comisión Europea a Riberebro por su participación en un cartel de setas y champiñones en conserva vendidos en latas y tarros (no frescos ni congelados) para ventas  en el Espacio Económico Europeo (EEE) a través de  subasta a minoristas y mayoristas del sector alimentario (autoservicio y clientes profesionales y empresas de servicios de restauración).

Los miembros del cartel intercambiaron información confidencial sobre ofertas, fijaron precios mínimos, se pusieron de acuerdo sobre objetivos de volumen y se asignaron clientes entre ellos. Así estabilizaban sus cuotas de mercado y limitaban el descenso de los precios. La multa se fijó sobre la base de las Directrices de la Comisión de 2006 sobre multas, y de conformidad con la Comunicación sobre medidas de clemencia de 2006 de la Comisión (Riberebro obtuvo una reducción del 50 % por cooperar con la investigación).

En consecuencia de lo anterior, y de conformidad con la Directiva 2014/104/UE cualquier persona o empresa afectada por el comportamiento contrario a la competencia descrito en este asunto puede acudir a los tribunales de los Estados miembros y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Más (nota de prensa de la Comisión, 6.04.2016)