Responsabilidad ambiental de sociedades y de sus administradores. RU (II)

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Fundamentos para la exigencia de responsabilidad ambiental contra administradores. A propósito de  Reino Unido (II)

 

  • Incumplimiento de deberes (fiduciarios) de los administradores. Como ejemplo cabe recordar que, en marzo de 2024, la ONG ClientEarth anunció que estaba dando el primer paso para iniciar acciones legales en el Reino Unido contra 13 de los directores de Shell, alegando incumplimientos de los deberes de los administradores y directivos por no haber preparado suficientemente el riesgo de transición de Shell a cero emisiones netas. Si el caso prospera, será el primero en el Reino Unido en el que se pretenda responsabilizar personalmente a los consejeros por no haber gestionado adecuadamente el riesgo climático. Ver.
    • El principal fundamento jurídico sustantivo consistió en la acusación de infracción de deberes de los administradores, dado que el artículo 172 de la Ley de Sociedades de 2006 exige a los administradores que actúen de la forma más adecuada para promover el éxito de la empresa, teniendo en cuenta el impacto sobre la comunidad y el medio ambiente. Para ello, los administradores deben actuar con la diligencia, destreza y cuidado razonables.
    • Conforme a los demandantes, los administradores habrían debido adoptar medidas para abordar cuestiones medioambientales como el cambio climático para evitar daños o pérdidas causados a la sociedad.
    • Esta reclamación de la ONG ClientEarth contra los miembros del consejo de Shell por no haber aplicado políticas adecuadas para cumplir las obligaciones de cero emisiones netas poniendo así en peligro el valor a largo plazo de Shell .
  • Otras reclamaciones climáticas pueden derivar de la falta de trasparencia corporativa como ponen de manifiesto los trabajos del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).
    • Desde su publicación en 2017, las recomendaciones del TCFD han sido adoptadas por numerosas organizaciones, convirtiéndose en un estándar de facto para la divulgación de información financiera relacionada con el clima. Se estructuran en torno a :
      • Gobernanza: Divulgar la gobernanza de la organización en torno a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima
      • Estrategia: Divulgar los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en los negocios, la estrategia y la planificación financiera de la organización
      • Gestión de riesgos: Divulgar cómo la organización identifica, evalúa y gestiona los riesgos relacionados con el clima.
      • Métricas y objetivos: Divulgar las métricas y objetivos utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
    • Incluso si estas recomendaciones son autoasumidas por las empresas,  existen importantes obstáculos jurídicos para presentar demandas por falta de trasparencia (o por informaciones erróneas)  sobre riesgos climáticos pues, esa información tendría que estar dirigida a un demandante específico que se hubiera apoyado en ella y que, en consecuencia hubiera sufrido daños. La individualización de los efectos parece poco probable a la luz de la documentación que cumplimentan las empresas en relación con los riesgos climáticos (que suene ser informes de tipo general).
  • Alternativamente, se podría presentar una demanda en el Reino Unido  en virtud de la sección 90A de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (FSMA), que se ocupa de la información errónea publicada que afecta al mercado. Sin embargo, este tipo de demandas sólo pueden interponerse contra un emisor concreto y siempre que su actuación (o la de sus dirigentes responsables de la publicación de información ) sea deshonesta o temerariamente imprudente temeraria dando lugar a inexactitues en la información.

Defensas y protección de los administradores frente a la exigencia de responsabilidad por daños ambientales

 

Garexo no verán

Garexo no veránLímite a la responsabilidad

  • La sección 463 de la Ley de Sociedades del Reino Unido de 2006 ofrece un posible puerto seguro para los administradores. En virtud de esta disposición, sólo serán responsables ante la empresa por la información contenida en el informe de gestión, el informe de remuneración de los directores, el informe estratégico, la declaración de gobierno corporativo (u otros informes corporativos preceptivos) ,  en la medida en que conociesen que la información es inexacta o falsa  (o si  ignorasen,  por su propia negligencia, que la declaración era falsa o deshonesta (sección 90A).
Corporate Indemnification (y límites)
  • Algunos administradores se benefician de una indemnización corporativa pactada. O pueden resultar protegidos mediante la contratación de seguros. Sin embargo, existen una serie de límites a estas protecciones. Aunque está admitido que la sociedad puede pagar los costes de los administradores derivados de su defensa en procedimientos civiles (corporate indemnification),  si se dicta sentencia firme contra el administrador o administradores en cuestión, dichas sumas deben ser reembolsadas.
  • Ello es así porque artículo 232 de la Ley de Sociedades de 2006 prohíbe a las sociedades indemnizar a los administradores por su responsabilidad por negligencia, incumplimiento, vulneración del deber o abuso de confianza en relación con la sociedad o una de su grupo.
  • Por otro lado, es lícito que la sociedad financie los gastos de defensa de los administradores en procedimientos iniciados por la autoridad reguladora. Pero, no le está permitido indemnizar al administrador por las sanciones impuestas por la autoridad reguladora (ni abonarlas).
Seguros
  • Las pólizas de administradores y directivos (D&O) aseguran a los administradores (tanto ejecutivos como no ejecutivos) y/o a los directivos corporativos frente a su responsabilidad y a los costes de defensa. La cobertura ofrecida suele ampliarse para cubrir investigaciones, incluidas las penales, reclamaciones relacionadas con mercados de valores, entre otras.
  • Los litigios climáticos contra empresas y sus directivos han implicado hasta la fecha la articulación novedosa de causas  que se hacen valer en procedimientos clásicos (como el incumplimiento de deberes fiduciarios y estatutarios, acciones derivadas, reclamaciones sobre folleto, e investigaciones del regulador) , Estos procedimientos entran de lleno en las que pudieron ser diseñadas en las pólizas de D&O.

Mas:

 

Anuncio e Invitación al Seminario Nuevas tecnologías en las aulas de derecho, el 21.01.2025

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I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE JURÍDICOS (SIIDAJ)-FACULTAD DE DERECHO- UNIVERSIDAD DE LEÓN-

NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LAS AULAS DE DERECHO

21 enero 2025//Salón de Grados-Facultad de Derecho- Universidad de León

 

Este Seminario está dirigido tanto a alumnos de las facultades de derecho y ciencias sociales, como al profesorado, principalmente profesorado en formación. Sus objetivos incluyen:

  •  Comprender el impacto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje y en la enseñanza del Derecho
  • Fomentar el uso de la inteligencia artificial y la automatización en la educación jurídica
  • Desarrollar competencias digitales docentes aplicadas al ámbito jurídico
  • Impulsar el uso de plataformas colaborativas para la enseñanza del Derecho
  • Integrar nuevas tecnologías que faciliten el acceso inclusivo a la educación jurídica
  • Crear propuestas prácticas de innovación aplicables al aula de Derecho
  • Preparar a la comunidad jurídica en formación para el uso de herramientas tecnológicas en el ejercicio profesional del Derecho
  • Iniciar en las competencias para el manejo de documentación, producción y edición digital

 

Los participantes que se inscriban, y lo deseen, podrán presentar comunicaciones para su publicación en soporte digital

Matrícula (gratuita) en : https://actividadesextensionuniversitaria.unileon.es/curso.aspx?id=3151

El programa que desarrollaremos es este:

  •  8:45. Inauguración y entrega de credenciales
  •  9:00. Presentación y bienvenida.
  • 9:15. La incorporación de la Inteligencia Artificial en la educación superior.
  • 10:30. Recursos muy didácticos. El H5P en las aulas de derecho (y otras ciencias sociales) 
  • 11:00 Instrumentos de apoyo. Docencia del Derecho apoyada en pantallas interactivas. 
  • —
  •  12:30- 14:15 MESA REDONDA. Pioneros con mucho futuro: Redes sociales, blogs, webs
  •  Entre guindas y aguardiente
  • Teoría jurídica y práctica en las redes sociales. 
  • Encantados de conocerles
  • Migrando con Derechos.
  • La web universitaria institucional. Creando una comunidad con proyección global. 

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16:30 –MESA REDONDA. Experiencias colaborativas en la elaboración de videos por parte de alumnos

  • Más allá del video estático. “Droneando” en Derecho. 
  • Protagonistas de nuestra película Visualización de videos protagonizados por estudiantes del Grado de Derecho y del Doble Grado de Derecho y ADE de la Universidad de León. Los equipos protagonistas, ganadores de la 3ª edición de “Sostenibilidad Empresa Justicia” GID DERMERULE comentan su experiencia.

18:00 Software inteligente aplicado al estudio y a las profesiones jurídicas.

18:30. – Brainstorning y llamada a comunicaciones.

Más información eperc@unileon.es

A propósito de los «guardianes de acceso» en el Digital Markets Act (DMA)

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El DMA, Reglamento (UE) 2022/1925, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital impone obligaciones y prohibiciones a los llamados guardianes de acceso: empresas que proporcionan «servicios básicos de plataforma» , que son designadas como tales por la Comisión Europea (artículo 2(1) DMA). (Se pueden consultar notas anteriores sobre el DMA aqui y aqui )

Luminaria pisana

Tales servicios básicos de plataforma abarcan la mayoría de los proveedores de los principales servicios digitales  (art. 2(2)DMA):

  • Motores de búsqueda y otros servicios de intermediación en línea;
  • Redes sociales, plataformas para compartir vídeos y otros servicios de comunicación interpersonal;
  • Sistemas operativos, navegadores web y asistentes virtuales;
  • Servicios de computación en la nube;
  • Servicios de publicidad en línea.

La Comisión designa a los guardianes como tales, cuando verifica que cumplen una serie de condiciones (art. 3):

  • Un impacto significativo en el mercado de la UE : esta condición se presume si los ingresos anuales de la empresa superan los 7.500 millones de euros o tienen una capitalización de mercado superior a 75.000 millones de euros.
  • Su plataforma de servicios representa un punto de entrada importante  para que los usuarios comerciales lleguen a los usuarios finales: esta condición se presume si la empresa tiene al menos 45 millones de usuarios mensuales y al menos 10 000 usuarios comerciales activos anualmente en la Unión.
  • Una  posición arraigada y duradera  en sus operaciones: esta condición se presume si la empresa cumplió las condiciones anteriores en cada uno de los tres años anteriores a la designación.

En septiembre de 2023, la Comisión Europea designó a seis guardianes: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft.

Fiume Arno, traversata di Pisa

Obligaciones de los guardianes

Una vez designados, los guardianes de acceso tienen seis meses para cumplir con un conjunto de obligaciones específicas (artículo 3(8)).

Las obligaciones se dividen en dos grupos: unas que se aplican siempre (listadas en el artículo 5 DMA) y otra que contiene obligaciones que la Comisión puede especificar con más detalle (enumeradas en el artículo 6 DMA). En cualqier caso, el cumplimiento de estas obligaciones no puede evitarse con justificaciones de eficiencia o protección de privacidad, sino sólo con alguna excepción establecida en la propia ley ( a diferencia de lo que sucede con las obligaciones derivadas de la legislación de competencia de la UE de conformidad con los artículos 101 y 102 del TFUE).

Las obligaciones impuestas por el DMA son bastante específicas y responden a casos concretos, aunque la Comisión tiene la facultad de actualizarlas, de conformidad con el artículo 12 DMA, para adaptarlas a nuevos productos y modelos comerciales. A día de hoy, algunas obligaciones y prohibiciones destacan por su relación con decisiones judiciales y administrativas previas:

Datos

  • Abuso de la posibilidad técnica de las plataformas de utilizar datos de sus usuarios comerciales. El artículo 6(2) establece la obligación de que los guardianes se abstengan de utilizar los datos de sus usuarios comerciales o de los obtenidos como consecuencia de la relación con ellos. Se entiende generalmente que esta disposición se inspira en la investigación de la Comisión a  Amazon por utilizar los datos de comerciantes usuarios de la plataforma para replicar sus productos más exitosos (posiblemente con la consecuencia de expulsarlos del mercado) (Caso no. AT.40462 – Amazon Marketplace).
  • Acceso de los usuarios comerciales a datos de los guardianes de acceso, por ejemplo, a los datos de los motores de búsqueda (artículo 6(7) y (8), de modo que puedan ser aprovechados al margen de la propia plataforma. Estas disposiciones tienen por objeto generar igualdad de condiciones en áreas en las que los gigantes del big data como Google tienen ventaja.

Neutralidad en la intermediación y distribución

  • El DMA se ocupa de impulsar la distribución justa de productos digitales en las plataformas, de prevenir el abuso del poder de las plataformas que controlan el acceso a la web y a sus propios servicios por parte de millones de usuarios y de evitar  «cuellos de botella» en las web.  Este tipo de preocupación se evidenció , entre otros, cuando Spotify se quejó de no poder celebrar contratos ni facturar, en sus propios términos y condicionados contractuales, con los usuarios de Apple. Sucedía que esta gran digital obligaba -de hecho- a que los pagos de productos y servicios realizados en sus infraestructuras se realizasen empleando el propio el sistema de pago de la aplicación de Apple. En efecto, Apple exigía el abono de una tarifa elevadísima (el 30%) a los proveedores de servicios que se apoyasen en medios de pago distintos de los de la propia Apple. Ello, en su día desencadenó reclamaciones en los Países Bajos  y la interposición de la demanda de Epic Games, en EE. UU.
  • Las prohibiciones relacionadas con estos hechos, se localizan hoy en el artículo 5(2)(c) DMA sobre cruce de datos; en el artículo 6 (3) DMA relativo a acuerdos de vinculación. La obligación legal de permitir las tiendas de aplicaciones de terceros (artículo 6(5) DMA) también está relacionada con los mencionados comportamientos. Y, el llamado acceso «FRAND» a las tiendas de aplicaciones no es ajeno a la voluntad del legislador europeo de evitarlos. En esencia, las disposiciones indicads tienen como objetivo rebajar el nivel de control que ejercen los grandes proveedores de plataformas y los sistemas operativos, como Apple y Google. La DMA promueve que esas plataformas estén abiertas a aplicaciones, servicios de pago y tiendas de aplicaciones de terceros, con el fin de permitir a los usuarios finales diversificar el origen de sus aplicaciones.
  • Con todo, el DMA incluye una cláusula específica que permite a los guardianes rechazar actuar como plataforma de algunos servicios comerciales por cuestiones de integridad o seguridad

Neutralidad de dispositivos e interoperabilidad

  • Los guardianes de acceso deben garantizar que los usuarios puedan desinstalar aplicaciones en los sistemas operativos, asistentes virtuales y navegadores web (6(3) DMA; así como cambiar la configuración predeterminada de servicios como los motores de búsqueda, haciendo frente de modo preventivo a un problema antimonopolio que se remonta a los primeros casos de Microsoft (ver aquí)
  • Los guardianes deberán ofrecer a sus usuarios la posibilidad de elegir entre aplicaciones propias y de terceros (Preámbulo, 45). Esto se relaciona con la sanción de 4,34 bn euros impuesta por la Comisión Europea a Google (ver aqui)
  • Los guardianes de acceso deben abrir sus servicios de mensajería (“servicios de comunicaciones interpersonales independientes de los números”), garantizando la interoperabilidad entre sus servicios y los de terceros.

Neutralidad en la clasificación (prohibición de autopreferenciarse)

  • La prohibición de autopreferenciarse se relaciona con el asunto Google Shopping. Google había introducido un servicio de comparación de compras que permitía a los usuarios comparar rápidamente productos y precios utilizando un botón en la parte superior de la página de resultados de búsqueda de Google. Pero, en ese servicio la gran plataforma  había relegado los sitios de los servicios de la competencia en el interfaz que mostraba los resultados, privándolos de tráfico indispensable. En respuesta, la Comisión ordenó a Google que tratara a los servicios de comparación de compras de la competencia de la misma manera que a los suyos (EU Commission, June 27, 2017, Case no. AT.39740 – Google Search (Shopping).  El Tribunal General de la UE confirmó la decisión de la Comisión sobre la neutralidad de los motores de búsqueda en 2021 (Case no. T-612/17 – Google and Alphabet v Commission (Google Shopping)  , como hizo el Tribunal de Justicia de la UE (Case C‑48/22 P) . (comentada aqui)
  • Esta disposición se aplicará no sólo a los servicios de comparación de compras, sino también a otras funciones de los motores de búsqueda especializados que Google supuestamente intentó excluir, como bolsas de trabajo, sitios de búsqueda de vuelos o portales de viajes.

Transparencia en la publicidad online

  • Google genera el 80% de sus ingresos a partir de anuncios en línea (así se refleja en las investigaciones de la estadounidense SEC y de la Autoridad Británica de la Competencia).  Sus altísimas ganancias derivan en buena medida, por lo tanto, de su posición dominante en la venta de espacio para anuncios en línea y en la cadena de suministro de los servicios publicitarios .
  • Hoy, el DMA obliga a los proveedores de tecnología publicitaria como Google a proporcionar información completa sobre precios y tarifas  y a proporcionar a sus clientes los datos necesarios para realizar mediciones independientes.

Concentraciones

  • Las GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) adquirieron más de 400 empresas en la década entre 2009 y 2019. En muchos casos, el resultado fue el cierre de la empresa objetivo, es decir, la eliminación del competidor. Incialmente, tales operaciones resultaron inadvertidas por las autoridades de la competencia pues no superaban los umbrales de notificación (centrados en los ingresos, no en el valor de la transacción) porque las empresas más jóvenes cuyo producto futuro puede llegar a ser muy valioso, no generan ingresos significativos cuando se convierten en objetivo de las grandes, quedando así por debajo del umbral de control de la autoridad de la competencia. Tomando esta situación como referencia, el DMA obliga a los guardianes a informar a la Comisión de todas las transacciones de fusión y adquisición previstas, antes de que se lleven a cabo. Y, si una autoridad de un Estado miembro considera que una transacción es perjudicial, puede solicitar a la Comisión que revise el caso, utilizando el procedimiento de remisión del artículo 22 del Reglamento 139/2004 (UE) (Reglamento de concentraciones).
  • Conforme al DMA,  la Comisión puede imponer una prohibición total de todas las transacciones de los infractores reincidentes. Ese «incumplimiento sistemático» o «reincidente» se produce si un guardián de acceso viola las mismas obligaciones o obligaciones similares. A tal efecto, la Comisión puede realizar investigacions (artículo 16(3a) DMA).

Gobernanza

  • Los guardianes están obligados a crear departamentos de cumplimiento específicos dentro de sus empresas, así como a instalar sistemas de gestión de riesgos (art. 28 DMA): Los guardianes de acceso establecerán una función de comprobación del cumplimiento que sea independiente de sus funciones operativas y esté integrada por uno o varios agentes de cumplimiento, entre los que se encontrará el responsable de la función de comprobación del cumplimiento).

Supervisión y control

Ponti sull’Arno pisano

La Comisión Europea es la principal responsable del control y supervisión del DMA. Las autoridades de los Estados miembros participan a través de la Red Europea de Competencia y del «Grupo de alto nivel» de la DMA, que sólo tiene una función consultiva (artículo 40). Además, las autoridades de los Estados miembros y la Comisión están obligadas a informarse mutuamente sobre los trabajos pertinentes . No obstante, las autoridades nacionales pueden investigar por sí mismas las infracciones de las obligaciones si la Comisión no actúa. Las decisiones nacionales no deben contradecir las decisiones de la Comisión.

La Comisión puede hacer uso de sus poderes de ejecución comunes en las investigaciones habituales (en derecho de la copetencia) sobre prácticas antimonopolio, cárteles y fusiones:

  • solicitar información (artículo 21)
  • inspección (artículos 22 y 23, principalmente)
  • compromisos (artículo 25)
  • investigaciones de mercado para preparar un procedimiento completo (varios artículos).
  • medidas cautelares (artículos 30 y 31).

La Comisión puede imponer multas de hasta el 10% de la facturación anual mundial del guardián, y del 20% en casos de incumplimiento sistemático (artículo 26).

Las decisiones  de la Comisión están sujetas a revisión por parte de los tribunales de la UE ( artículo 261 del TFUE)

 

Entrada realizada con el apoyo del Proyecto (nacional)TED2021-130344B-100, DESAFÍOS Y RETOS DE LA ORDENACIÓN DE LAS INNOVACIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la UE NextGenerationEU/PRTR.

¿Responsabilidad civil de administradores por incumplimientos que perjudican al medio ambiente?. Reino Unido.

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autumn trecking

En varias jurisdicciones, como la británica,  la responsabilidad civil de administradores por daños ambientales ha alcanzado los tribunales. Ya contamos con alguna jurisprudencia sobre ese tema.

ClientEarth v Shell. La ONG verde ClientEarth reclamó la responsabilidad civil de los consejeros de la energética Shell. Les acusaba de no haber hecho lo necesario para preparar la transición energética en esa compañía y grupo.

En su calidad de accionista minoritario de Shell, la organización ecologista alegó que los administradores habían incumplido las obligaciones que les impone la Ley de Sociedades del Reino Unido (Companies Act , CA, de 2006). Las pretensiones de la demandante fueron desestimadas, con condena en costas contra ClientEarth. Este asunto es también comentado aquí

McGaughey  v Universities Superannuation Scheme. En 2023, los tribunales británicos desestimaron una demandar presentada por beneficiarios del llamado Universities Superannuation Scheme (USS), un fondo de pensiones de empleo. Argumentaban los reclamantes que los administradores de la gestora de USS había incumplido sus obligaciones al seguir invirtiendo en combustibles fósiles. Se trata del asunto McGaughey & Anor v Universities Superannuation Scheme Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 873 (21 July 2023) , dirimido ante el Court of Appeal o Tribunal de Apelación en una decisión que puede leerse aquí

El University Superannuation Scheme (USS) es uno de los mayores planes de pensiones  privados del Reino Unido (planes de pensiones de empleo). Se especializa en las prestaciones de jubilación al personal académico y similar de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior. El fondo está administrado por su fideicomisario corporativo, una gestora denominada Universities Superannuation Scheme Limited («USSltd»). Esta gestora adopta una forma de personificación corporativa vigente en Reino Unido, que permite la creación de sociedades limitadas por garantía y sin que sus socios sean titulares de partes alícuotas del capital social.

Los demandantes, personal académico de las universidades, eran partícipes en el USS. Canalizaron sus pretensiones solicitando ante los tribunales que se tuviese por interpuesta una demanda derivativa (es decir, en beneficio de USSltd), contra los administradores de la misma sociedad. Acusaban a éstos de haber incumplido sus deberes como tales administradores, y apoyaban su reclamación en una serie de argumentos:

  • Por un lado, que pese al objetivo publicamente declarado de la USS ltd de que sus fondos alcanzasen la neutralidad («carbono neutral») en 2050, el USS continúa invirtiendo en combustibles fósiles y los administradores de la gestora no habían puesto en marcha ningún plan de desinversión. Por ello, los demandantes consideraban que los administradores incumplían las obligaciones establecidas en los artículos 171 y 172 de la CA de 2006.
  • Por otro que con su comportamiento, los administradores de la gestora no tuvieron en cuenta una serie de consideraciones pertinentes, incluidos los resultados de una encuesta que se había realizado a los miembros partícipes del fondo en relación con aspectos éticos y con sus preferencias de inversión.
  • También aducían que los intereses a largo plazo de la sociedad USSltd y del fondo  podrían satisfacerse mediante «un programa inmediato de desinversión» , resultando, según los demandantes, que la única «medida racional» que los administradores podían adoptar en virtud de los artículos de la CA de 2006 que regulan obligaciones de administradores (arts 171 y 172) consistía en «idear y aplicar dicho programa lo antes posible».
  • Que carecer de «un programa inmediato de desinversión» había perjudicado el éxito de la sociedad, que había sufrido pérdidas como consecuencia de ello.
  • Además, los relamantes alegaban que los administradores  de la sociedad gestora del fondo habían antepuesto sus propias creencias con respecto a los combustibles fósiles, por encima de las preferencias e intereses de los beneficiarios y de la propia sociedad.

En suma, los demandantes solicitaban que se declarase que la ausencia de «un programa inmediato de desinversión» constituía un incumplimiento de los deberes estatutarios y fiduciarios, y que tales incumplimientos causaron pérdidas a la sociedad.

Las pretensiones de los reclamantes no tuvieron exito y el Court of Appeal estableció una serie de conclusiones:

  • La acción que se intentó hacer valer no puede caracterizarse como una acción derivativa dado que no cumple los requisitos de este tipo de petición, conforme al ordenamiento jurídico británico. Señalaba el Tribunal que no existían prima facie, daños causados o pérdidas para la sociedad como resultado de las supuestas infracciones de los deberes de los administradores. Y por lo tanto, no era procedente la interposición de una acción derivativa a favor de USSltd.
  • Los demandantes tampoco evidenciaron mala fe de los administradores, ni que hubieran actuado de modo distinto a lo que consideraban el mejor interés de la sociedad o del fondo de pensiones USS.
  • El criterio de los administradores se había formado tras haber recibido el asesoramiento adecuado, como  corresponde a una administración diligente.
  • Los demandantes no habían probado que las supuestas infracciones de los administradores favorecieran sus propios intereses. Ni tampoco, que las acciones de los administradores se realizasen anteponiendo las propias convicciones de éstos con respecto a los combustibles fósiles, por encima de los intereses de los beneficiarios y de la sociedad. En suma, si bien los demandantes ponían en cuestión la gestión de la sociedad fideicomisaria y sus decisiones de inversión, sus argumentos carecían de fundamento. Nada sugería que hubieran ejercido sus poderes de forma indebida.

El Court of Appleal añadió que las reclamaciones podrían haber sido sustanciadas por otra vía procesal más adecuada. Concretamente, podría haberse formulado como una demanda directa por abuso de confianza, vía procesal disponible en Reino Unido. Para objetar frente a la política de inversión de una sociedad gestora de fondos la demanda directa, con sus exigencias procesales, podría haber tenidido más razón de ser.  En su lugar, interpusieron una acción derivativa, que permitiría ahorrar ciertos trámites procesales, pero que no es la vía procesal adecuada en este asunto.

Litigios de inversión en valores (security litigation)

En mayo de 2024, los inversores institucionales de Boohoo Group PLC presentaron una demanda colectiva de valores solicitando una indemnización de alrededor de 100 millones de libras esterlinas por las pérdidas financieras causadas por la no divulgación por parte de la empresa de violaciones de los derechos humanos y de la esclavitud moderna en las fábricas de sus proveedores, que, cuando se expusieron en la prensa, hicieron que el precio de las acciones cayera más de un 40%.

Los inversores pretenden recuperar estas pérdidas, alegando que se derivan de las declaraciones u omisiones falsas o engañosas sobre la empresa. Ciertamente, su demanda aborda cuestiones ASG más amplias. Pero, cuando esté resuelta las conclusiones serán aplicables a la supuesta falta de divulgación o tergiversación de cualquier riesgo material, incluido el riesgo climático. Se trata de la primera demanda de valores de este tipo (de la que se tiene noticia) en el Reino Unido.

  • Más sobre este asunto aquí.

 

Iluminación navideña

Guías y Recomendaciones Soft

Más allá de los asuntos judicializados, en 2023 la Law Society publicó una guía para abogados sobre cómo asesorar a los consejos de administración de las empresas sobre el riesgo climático. Esta guía constituye un marco para ayudar a las empresas a evaluar su impacto mediambiental (ver la noticia publicada en The Guardian).

Sin olvidar que un creciente número de empresas está adoptando las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con la Naturaleza para lograr una mayor transparencia sobre sus riesgos relacionados con la naturaleza (ver aquí las recomendaciones)

 

Más información: The transformation of European climate litigation (LSE/Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)

Entrada realizada con el apoyo del Proyecto orientados a la transición ecológica y a la transición digital, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación. Proyecto competitivo nacional, con referencia:  TED2021-130344B-I00, titulado DESAFÍOS Y RETOS DE LA ORDENACIÓN DE LAS INNOVACIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO,

 

 

 

¿Robot inventor? A propósito del caso DABUS puesto a prueba ante la USPTO, la OEP, la UKIPO y ante otras Oficinas ( y algunos Tribunales de Justicia)

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Es relativamente frecuente escuchar,  en conversación ligera, que ya existen invenciones realizadas por máquinas. O que a éstas se deberían ciertas aportaciones reflejadas en reivindicaciones que forman parte de solicitudes de patentes.   Pues bien, en agosto de 2019, un equipo de investigadores presentó solicitudes de patentes en las que designaba como inventor a una Inteligencia Artificial, el DABUS. A través del procedimiento de solicitud internacional del PCT y la designación de diversos países, las solicitudes representan test de interés para avanzar en la posibilidad de reconocer (o no) algún margen de atribución a la IA en el derecho de patentes.

En tanto tenemos conocimiento, únicamente la Oficina de Patentes de Surafrica ha admitido (en 2021) la condición de inventor a esa IA (en Australia, tras un singular veredicto favorable del Tribunal Federal en 2021, el Tribunal Supremo de ese país desestimó la petición).

 

By A. Zorita

By A. Zorita

Antecedentes.

El Dr Steven Thaler presentó dos solicitudes de patente en las que aparecía el nombre de «Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science» (DABUS) como único inventor, siendo DABUS un sistema de software de inteligencia artificial.

DABUS, en realidad, era resultado y se integraba en un amplio proyecto de investigación en el que participaron renombrados científicos como Ryan Abbott, Robert Jehan, Malte Koellner, Reuven Mouallem, Markus Rieck, Peggy Wu. El desarrollador de DABUS fue el propio Dr  Stephen Thaler (y equipo).

DABUS

DABUS (device and method for the autonomous bootstrapping of unified sentience) es un sistema deinteligencia artificial programado como una serie de redes neuronales artificiales. Estas redes fueron entrenadas con conocimientos generales de diferentes campos, y para poder identificar contenidos novedosos en distintos campos. Se les pidió crear invenciones de manera independiente.

DABUS ante la USPTO y ante los Tribunales de Estados Unidos

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) determinó que dos   solicitudes de patente carecían de un inventor válido, y solicitó la identificación de los inventores. El Sr Thaler instó la anulación de las notificaciones, pero su pretensión fue denegada por parte de la USPTO y la solicitud de patente rechazada.  El Dr Thaler inició procedimientos ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia. Este Tribunal concluyó (en un procedimiento sumario) que las solicitudes carecían de inventor porque, según la ley estadounidense de patentes, un «inventor» debe ser una «persona física», y porque el significado llano de «persona física» en la ley equivale a «ser humano».

Guess who

El Sr Thaler recurrió ante el Circuito Federal. En su sentencia de 2022, Thaler v. Vidal, 43 F.4th,  1207, se inadmitió la posibilidad de que la IA fueran reconocida como inventora en sendas solicitudes de patente. rEl Circuito Federal comenzó su análisis revisando el lenguaje de la Ley de Patentes, que define a un «inventor», en 35 U.S.C. § 100(f), como el «individuo». (O individuos en las invenciones conjuntas). El Tribunal del Circuito Federal sostuvo que, aunque la Ley de Patentes no define «individuo», del lenguaje de sus disposiciones se desprende claramente que alude a una persona física, es decir, un ser humano. Y que, a menos que haya una indicación de que el Congreso que establezca algo distinto, la palabra «individuo» en la Ley de Patentes significa ser humano. Añadió, que exigir que un «inventor» sea un ser humano es coherente con los precedentes jurisprudenciales que sostienen que, ni las corporaciones o personas jurídicas, ni los Estados soberanos pueden ser inventores, porque no son personas físicas.  Por último, dijo también que en el lenguaje común, los diccionarios confirman que la palabra «individuo» utilizada por el legislador corresponde a un «ser humano».

Sin embargo,  el Tribunal del Circuito Federal no cerró totalmente el debate pues, para finalizar su sentencia, recordó que no se le había planteado directamente la cuestión de si las invenciones realizadas por seres humanos con la ayuda de inteligencia artificial pueden ser objeto de protección mediante patente .

  • El Tribunal del Circuito Federal se apoyó en algunos precedentes, como Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften E.V. and Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., (Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften E.V., 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013); Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993). En esos asuntos se había afirmado que los inventores deben ser personas físicas, y que no pueden ser ni personas jurídicas de tipo corporativo (corporations) ni Estados soberanos
  • La USPTO se apoyó también en los test y criterios establecidos en  Pannu v. Iolab Corp,  96 F. Supp. 2d 1359 (S.D. Fla. 2000) en relación con el reconocimiento de la condición de co-inventor. En este caso se afirmó que, para ser reconocida entre los inventores en una solicitud de patente, la persona (física) inventora o co-inventora debe contribuir de alguna manera significativa a la concepción o a la concreción práctica de la invención. A partir de ese principio, se concluyó que en aquellas invenciones en las que participa una IA, los humanos que sean designados como inventores individual o colectivamente deben poder evidenciar una relevante aportación o contribución humana a la invención reivindicada . La contribución del inventor o co-inventor en ningún caso puede ser insignificante en relación con la dimensión de la invención completa. Esa aportación de un humano que aspira a ser reconocido como coinventor o como inventor, no puede consistir, simplemente, en explicar a los  otros inventores  conceptos que ya son bien conocidos o que se encuentran en el estado actual de la técnica” (eso es lo que había hecho quien inicialmente fue reconocido inventor en Pannu v OILAV Corp). Además, el análisis de la aportación de la persona inventora se realiza reivindicación por reivindicación y nunca de modo general.

Pisa di notte

Seguimiento y desarrollos en Estados Unidos

 

DABUS ante la UKIPO

La solicitud de patentes a favor de DABUS también se presentó ante la Oficina de Patentes de Reino Unido, fue rechazada y recurrida ante el Tribunal Supremo de ese país

  • En Inglaterra el rechazo se produjo mediante Decisión de la UKIPO de 4.12.2019. En su respuesta inicial pidió «declaraciones de invención» para que el solicitante, Dr. Thaler, indicase cómo había obtenido la invención otorgándole un plazo de 16 meses, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las solicitudes de patente se considerarían retiradas (Rule 10(3) /de las Reglas de Patentes de 2007.El 23 de julio de 2019, el Dr. Thaler presentó sus declaraciones de invención, en las que exponía su postura: las invenciones fueron creadas por su máquina de inteligencia artificial DABUS y el Dr. Thaler había adquirido el derecho a la concesión de las patentes como propietario de la máquina. La solicitud de patente fue rechazada
  • Este informe UKIPO da forma a la visión actual desde esa oficina

Recursos ante los Tribunales de Justicia de Reino Unido

Tras las negativas de la High Court y de la Court of Appeal a reconocer a DABUS como inventor, este asunto fue dirimido finalmente ante la Supreme Court. El Tribunal Supremo del Reino Unido. El recurso fue examinado el 2 de marzo de 2023 por Lord Hodge, Lord Kitchen (ponente), Lord Hamblen, Lord Leggat y Lord Richards.

  • La sentencia señala expresamente que no se ocupa de la cuestión de si los avances técnicos generados por máquinas autónomas impulsadas por IA deberían ser patentables o de si el término «inventor» debería ampliarse para incluir a las máquinas impulsadas por IA.  Por el contrario se apoya en la interpretación de la Ley de Patentes de 1977 y ajustándose a su texto da respuesta a una serie de cuestiones muy interesantesPor una parte, se fija en el alcance y en el significado de  la palabra «inventor»  , por relación a los artículos 7 y 13 de la Ley de Patentes de 1977: un inventor es el creador de la invención, que, según su significado ordinario esuna persona que crea un producto o proceso nuevo. Por lo tanto DABUS no es inventor en el sentido de los arts 7 a 13 de esa LeyPor otro lado, el Tribunal responde a la cuestión de si el Sr Thaler, en tanto que dueño de DABUS podía solicitar patente a su propio nombre. A este respecto,  los Lores recordaron que si bien el solicitante no tiene porque ser inventor si que debe ser una de las personas legitimadas (art 7-2-b y 7-2-c) o el cusahabiente del inventor. Pero, la condición de dueño no justifica el derecho a solicitar la patente, ni de los frutos de su propiedad (rechaza la teoría de la adhesión): que Thaler sea dueño de DABUS no le legitima tampoco para ser él mismo el titular de la patente)

DABUS ante la OEP

  • La OEP se pronunció en Múnichel 27 de enero de 2020., en relación con dos solicitudes de patente, la EP 18 275 163 (contenedor de comida que utiliza diseños fractales para crear hendiduras y bultos) y la EP 18 275 174 ( dispositivo y método para atraer atención óptica mejorada). En las dos solicitudes de patentes se designaba a DABUS como su inventor único, y como solicitante (y potencial titular de las patentes) constar al Dr. Thaler,  dueño de la máquina.
  • Ante la OEP, la respuesta al Caso Dabus  fue que la mera alusión formal del robot como inventor es insuficiente, pues la exigenca de mencionar al autor no es un mero formalismo, sino que es manifestación de un derecho de la personalidad. La OEP indicó así que los nombres otorgados a las personas no solo sirven para identificarlos, sino también para ejercitar unos derechos que pueden corresponder únicamente a seres humanos.l
  • La OEP señaló que el  inventor debe ostentar personalidad, pues solo de esta forma tendrá capacidad legal para ejercer los derechos que la legislación de patentes concede al inventor, como ser designado, ser mencionado o ser notificado de dicha designación. La OEP subraya que el inventor es la persona que contribuye al diseño, desarrollo o implementación de la idea inventiva.

A través del PTO han sido muchas otras las oficinas y tribunales que deniegan la posibilidad de reconocer la condición de inventor a la IA (con la excepción de Suráfrica, hasta el momento)

 

Ver también:

 

Entrada realizada con el apoyo del Proyecto (nacional)TED2021-130344B-100, DESAFÍOS Y RETOS DE LA ORDENACIÓN DE LAS INNOVACIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la UE NextGenerationEU/PRTR

Modernización del Derecho Europeo de protección de los consumidores (y de la competencia desleal) ante la digitalización

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El impacto de la digitalización y de las grandes plataformas no deja de sentirse en todos los ámbitos de la contratación. La UE aprobó, en 2019, la llamada Directiva de Modernización, Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo … Sigue leyendo →

El informe de trasparencia del DSA y otros elementos informativos. Desarrollo regulatorio

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La Comisión adoptó un Reglamento de Ejecución para armonizar el formato, el contenido y los períodos de notificación de los informes de transparencia  exigidos por el Digital Services Act o DSA de la Unión Europea. En efecto, el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2835 establece que los prestadores de servicios intermediarios y plataformas en línea deben utilizar formatos estandarizados para cumplir con las obligaciones de transparencia informativa de acuerdo con el DSA. Estos formatos están destinados a garantizar que la infomación proporcionada sea clara, accesible y fácil de comparar, facilitando su comprensión por los usuarios y su verificación por parte de las autoridades competentes.

Catedral y murallas de Astorga

Recuérdese que el DSA  ( Reglamento (UE) 2022/2065) exige diligencia y esfuerzos equilibrados y  proporcionados a determinados intermediarios de Internet para lograr un entorno en línea transparente y seguro en el que éstos compitan lealmente.

 

En concreto, el DSA impone específicas obligaciones de transparencia informativa para:

  • los prestadores de servicios intermediarios,
  • los prestadores de servicios de alojamiento de datos,
  • los prestadores de plataformas en línea,
  • Los prestadores de servicios de motores de búsqueda en línea
  • los prestadores de plataformas en línea (PL) de muy gran tamaño y de motores de búsqueda en línea  (MB) de muy gran tamaño.

Entre estas obligaciones que afectan a las PL y MB (de gran tamaño, ambos) se encuentra el informe de trasparencia.

Fechas armonizadas de presentación del informe de trasparencia

  • De conformidad con el artículo 42, apartado 1, DSA, los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño y de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño deben redactar y presentar informes de trasparencia al menos cada seis meses. El inicio del ciclo de comunicación de información de cada prestador depende de la fecha en la cual el servicio haya sido designado como PL de muy gran tamaño o como MB en línea de muy gran tamaño.  Con el desarrollo reglamentario del que aquí se da cuenta, esos periodos se ordenan, y, se establece que el  primer ciclo de comunicación de información en el que deben utilizarse las plantillas armonizadas (anexo I del Reglamento de Ejecución)  abarcará el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, los periodos de informes seguirán el estándar semestral por meses
  • De conformidad con el artículo 15, apartado 1, DSA, los prestadores de servicios intermediarios, de servicios de alojamiento de datos y de plataformas en línea deben informar anualmente a partir del 17 de febrero de 2024, fecha de plena entrada en vigor del DSA.  A raíz del desarrollo reglamentario aquí explicado, el primer ciclo de comunicación de información armonizado completo abarca las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

Exenciones: Recuérdese, que el artículo 15, apartado 2, del DSA exime de la obligación de comunicación de información establecida en el artículo 15, apartado 1,  a los prestadores de servicios intermediarios que se consideren microempresas o pequeñas empresas en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE y que no sean de muy gran tamaño conforme al propio DSA

Formato del informe de trasparencia

El Reglamento de Ejecución se ocupa de establecer Formatos estructurados y accesibles que permitan a los usuarios y a las autoridades navegar fácilmente por la información y verificar el cumplimiento de las normativas de transparencia.

  • Estos formatos deben ser legibles por máquina (automáticamente). Es decir, deben ser procesables por vía informática utilizando XML, JSON o soportes similares cuya lectura automática permite la interoperabilidad (y la automatización de auditorías).
  • La  información de estos informes se estructura en plantillas claras, accesibles mediante interfaces web sencillas para que los usuarios puedan consultarlas. Su presentación debe ser comprensible para los usuarios, evitando jergas complejas.
  • A fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los prestadores, en particular para garantizar la legibilidad por máquina y la fácil accesibilidad, el formato de publicación se armoniza (así había sido previsto en el artículo 15, apartado 3, y el artículo 24, apartado 6 DSA).

Medidas obligatorias en la presentación de informes

    • Este Reglamento de Ejecución impone el formato de documento abierto CSV (valores separados por comas) para la elaboración de los informes de trasparencia. Las plantillas deben cumplir la norma CSV RFC 4180 y utilizar la codificación UTF-8 (formato de transformación Unicode de 8 bits). A tales efectos, se ofrecen las versiones CSV y XLSX de las plantillas en el anexo del Reglamento, tal y cómo podrán ser utilizadas en línea.
    • Será obligatorio acompañar la información del informe con metadatos estructurados. Los metadatos proporcionan información adicional sobre otros datos, como la fecha de recopilación, el autor, o el contexto en que se genera la información. Ayudan ayudar a las autoridades y al público a evaluar la fiabilidad y precisión de la información proporcionada
    • Aquí pueden descargarse las plantillas

 

Medidas recomendadas para la presentación de los informes: En este Reglamento de ejecución se anima a los prestadores de servicios intermediarios, los prestadores de servicios de alojamiento de datos, los prestadores de plataformas en línea, los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño y los prestadores de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño a adaptar sus informes de transparencia a las plantillas del anexo I del Reglamento

 

Preparando la Navidad

Preparando la Navidad

Comparabilidad mediante indicadores: El desarrollo reglamentario del DSA al que aquí se alude establece algunas medidas destinadas a facilitar la comparación entre los indicadores utilizados por unos y otros agentes. Por ejemplo, indica que se comunicarán números enteros cuando se trate de los indicadores de recuento (como el número de moderadores por lengua oficial, el número de notificaciones recibidas, el número de notificaciones atendidas y los destinatarios activos mensuales del servicio). Por otro lado, los indicadores que indiquen un porcentaje se comunicarán como números en coma flotante en el intervalo de [0,1]. Además,  los indicadores relativos al tiempo medio se indicarán en horas.

 

Disponibilidad: El informe de trasparencia debe guardarse 5 años para permitir la supervisión y al menos durante ese periodo deben poderse consultar por el público. Ello no obsta a que se puedan modificar. Es decir, pueden publicarse versiones actualizadas de informes de transparencia publicados previamente con el fin de rectificar incoherencias, errores o cambios en la metodología aplicada para calcular las cifras notificadas. Ahora bien, las distintas versiones de un mismo informe de transparencia deben marcarse explícitamente para que sea posible y sencillo reconocer su versión y la fecha de ésta.

Reclamaciones y resolución de conflictos.  El informe de trasparencia debe contener información con referencias a los sistemas internos de gestión de reclamaciones y a los órganos de resolución extrajudicial de litigios a los que se haya adherido o con los que cuente el servicio del que se informa.

Otros datos del informe de trasparencia.  Este importante documento, además de todo lo anterior, incluirá referencias a las sanciones a reincidentes que hayan conducido a suspensión;  así como a la utilización de medios automatizados para la moderación de contenidos e indicadores de exactitud (cualitativo); a los recursos humanos contratados para la moderación de contenidos; y al promedio mensual de usuarios, entre otras

 

 

Reglamento de Ciberresiliencia e Internet de las Cosas (IoT)- Pendiente de publicación en DOUE

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El Consejo de la UE ha aprobado un nuevo Reglamento sobre los requisitos de ciberseguridad para los productos con elementos digitales. Su objetivo es garantizar que ciertos productos como las cámaras domésticas, los frigoríficos, los televisores y los juguetes conectados sean seguros antes de que se introduzcan en el mercado . Así, cubrirá las carencias del marco legislativo vigente en materia de ciberseguridad.

Los productos del internet de las cosas, deberán ser sean seguros a lo largo de la cadena de suministro y durante su ciclo de vida.

Pisa, paseo por el centro

El texto contribuye a sistematizar las exigencias legislativas de los productos con componentes digitales. Introduce requisitos de ciberseguridad a escala de la UE para el diseño, el desarrollo, la fabricación y la introducción en el mercado de productos de hardware y software, a fin de evitar la superposición de requisitos establecidos en diferentes actos legislativos de los Estados miembros de la UE.

  • Por ejemplo, ciertos productos de software y hardware llevarán el marcado CE para indicar que cumplen los requisitos del Reglamento.
    • Recuérdese: Las letras «CE» aparecen en muchos productos comercializados en el mercado único ampliado del Espacio Económico Europeo (EEE). Significan que los productos vendidos en el EEE han sido evaluados y cumplen unos requisitos elevados en materia de seguridad, salud y protección del medio ambiente.
  • El Reglamento se aplicará a todos los productos conectados, directa o indirectamente, a otro dispositivo o a una red.
  • Reconoce algunas excepciones en el caso de los productos para los que ya se establecen requisitos de ciberseguridad en otras normas vigentes de la UE, por ejemplo, los productos sanitarios y aeronáuticos y los automóviles.

Objetivos del nuevo  Reglamento UE:

 

  1. Refuerzo de la seguridad cibernética de productos digitales: El reglamento establece una serie de requisitos obligatorios que los fabricantes de productos con elementos digitales deben cumplir para garantizar que dichos productos sean resistentes a amenazas y ataques cibernéticos.
  2. Protección de consumidores y empresas: Con el fin de reducir el riesgo de ataques informáticos que puedan comprometer la seguridad de los usuarios y sistemas, el reglamento busca prevenir posibles daños y garantizar que los productos en el mercado sean lo más seguros posibles.
  3. Alineación con las normativas existentes: Se busca una mayor armonización y coordinación con otras leyes europeas de ciberseguridad, como la Directiva NIS2 (sobre la seguridad de las redes y sistemas de información) y la Estrategia Europea de Ciberseguridad.

Contenidos clave

 

Garexo no verán

Garexo no verán

  1. Definición de productos con elementos digitales:
    • El reglamento define «productos con elementos digitales» como aquellos productos que contienen software o hardware capaces de interactuar con sistemas digitales (por ejemplo, dispositivos conectados a Internet, como teléfonos inteligentes, electrodomésticos inteligentes, sistemas de control industrial, etc.).
  2. Obligaciones para los fabricantes:La propuesta establece los requisitos que se aplicarán a los fabricantes de equipos y programas informáticos para evitar una mayor fragmentación del mercado con respecto a los requisitos de ciberseguridad para los productos en el mercado interior, y  para procurar no duplicar la carga normativa para los fabricantes que tienen que manejar varios instrumentos legislativos aplicables a la seguridad de sus productos.  Parte de la asunción de que , mayoritariamene, los fabricantes que entran en el ámbito de aplicación de la propuesta ya están familiarizados con el funcionamiento del nuevo marco legislativo.

Praiña Pontevea

    • Diseño seguro: Los fabricantes deben diseñar sus productos con medidas de seguridad robustas que minimicen las vulnerabilidades cibernéticas. Esto incluye la implementación de técnicas de cifrado, autenticación, y gestión de accesos.
    • Actualizaciones y mantenimiento: Es obligación de los fabricantes proporcionar actualizaciones periódicas de seguridad para corregir posibles vulnerabilidades que surjan durante el ciclo de vida del producto. Esta obligación se extiende al mantenimiento de los productos después de su comercialización, garantizando que los productos sean seguros durante todo su periodo de uso.
    • Gestión de riesgos: Los fabricantes deben llevar a cabo evaluaciones de riesgos sobre posibles amenazas a la seguridad cibernética de sus productos y tomar las medidas adecuadas para mitigarlas antes de que los productos lleguen al mercado.
  2. Requisitos para los operadores del mercado:

    Luminaria, Pisa

    • Vigilancia de conformidad: Las autoridades competentes deben garantizar que los productos que se comercializan en la UE cumplan con los requisitos de ciberseguridad. Esto incluye la supervisión de las pruebas de conformidad y la toma de medidas ante productos no conformes.
    • Documentación y trazabilidad: Los fabricantes deben asegurarse de que se disponga de documentación adecuada que demuestre que los productos cumplen con los estándares de seguridad cibernética. Esto facilita la trazabilidad en caso de incidentes de seguridad.
    • Gestión de incidentes: En caso de que se identifique una vulnerabilidad o un incidente de ciberseguridad, los operadores deben informar rápidamente a las autoridades competentes y a los usuarios finales sobre los riesgos y las medidas correctivas.
  3. Responsabilidad de los distribuidores y revendedores:
    Il Giardino II

    Il Giardino II

    • Los distribuidores y revendedores de productos también tienen la obligación de velar por que los productos que venden cumplan con las normativas de ciberseguridad. Esto incluye verificar que los productos estén acompañados de la información pertinente sobre su seguridad y que no presenten riesgos evidentes para los consumidores.
  4. Evaluación de conformidad y sanciones
    • El reglamento establece un sistema de evaluación de conformidad con el que los fabricantes deberán demostrar que sus productos cumplen con los requisitos de ciberseguridad antes de su comercialización. Para ello, pueden recurrir a laboratorios de pruebas acreditados que realicen una verificación de las características de seguridad de los productos.En caso de que un producto no cumpla con las exigencias de seguridad cibernética, se prevén sanciones que pueden incluir la retirada del mercado, la imposición de multas, y la obligación de actualizar los productos defectuosos.

 

Complementariedad con otras disposiciones

 

El reglamento modifica y complementa el Reglamento (UE) 2019/1020 sobre la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos, integrando las normas específicas sobre ciberseguridad para los productos con componentes digitales:

  • Los productos que incorporen elementos digitales estarán sujetos a los requisitos de vigilancia del mercado que aseguren su seguridad cibernética.
  • Se refuerzan las medidas de cooperación entre las autoridades nacionales para garantizar que los productos que no cumplen con los requisitos de ciberseguridad sean retirados rápidamente del mercado.
  • Se establecen mecanismos más ágiles para gestionar los incidentes de ciberseguridad relacionados con productos defectuosos y se facilita la retirada rápida de estos productos del mercado europeo.

Este Reglamento  contiene previsiones sobre su relación con el Reglamento (UE) 2019/881 que establece un marco europeo voluntario de certificación de la ciberseguridad para productos, procesos y servicios de TIC:

  • Los esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad del Reglamento (UE) 2019/881 pueden aplicarse a productos con elementos digitales
  •  A fin de facilitar la evaluación de la conformidad con los requisitos establecidos en ambos textos, se presupondrá que los productos con elementos digitales que hayan sido certificados o para los que se haya expedido una declaración de conformidad en el marco de un esquema de ciberseguridad establecido en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 y reconocido por la Comisión mediante acto de ejecución son conformes con los requisitos esenciales del nuevo Reglamento en la medida en que el certificado de ciberseguridad o la declaración de conformidad, o partes de estos, cubran dichos requisitos.
  • La necesidad de nuevos esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad para productos con elementos digitales será evaluada a la luz del nuevo Reglamento.
  • Para evitar el exceso de carga administrativa la Comisión debe especificar si un certificado de ciberseguridad expedido en el marco de dichos esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad elimina la obligación para los fabricantes de llevar a cabo una evaluación de la conformidad por parte de terceros, tal como dispone el presente Reglamento para los requisitos correspondientes.

En relación con el marcado CE,   es decir, con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación, el nuevo reglamento reconoce que seguirá existiendo un único marcado si bien, en lo relativo a la ciberseguridad, procede a incorporar los requisitos para su uso. Señala que para que los operadores puedan demostrar la conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el nuevo Reglamento y para que las autoridades de vigilancia del mercado puedan garantizar el cumplimiento se deben establecer procedimientos de evaluación de la conformidad. La Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19 establece módulos de procedimientos de evaluación de la conformidad proporcionales al nivel de riesgo existente y al nivel de seguridad requerido. Para garantizar la coherencia intersectorial y evitar variantes ad hoc, los procedimientos de evaluación de la conformidad de la ciberseguridad de productos deben incluir el exámen y verificación de los requisitos relacionados con los productos y con los procesos que abarcan todo el ciclo de vida de los productos con elementos digitales, en particular la planificación, el diseño, el desarrollo o la producción, los ensayos y el mantenimiento del producto.

  • Como norma general, el fabricante debe llevar a cabo la evaluación de la conformidad de los productos con elementos digitales bajo su propia responsabilidad mediante un procedimiento basado en el módulo A de la Decisión n.º 768/2008/CE.  Si el producto está considerado producto crítico de la clase I, se requieren garantías adicionales
  •  El fabricante que opte por la evaluación de la conformidad de terceros puede elegir el procedimiento que mejor se adapte a su proceso de diseño y producción. Y en relacion con ciertos productos (clasificados como productos críticos de la clase II), la evaluación de la conformidad de estos productos siempre debe contar con la participación de un tercero.

 

 

VER: Reglamento relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales (Reglamento de Ciberresiliencia), propuesta de la Comisión, 15.9.2022 

Alertadores fiables y el DSA. A propósito de la Escuela de verano EMILDAI (Università di Pisa)

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Esta galería contiene 28 fotos.

Se escribe esta entrada a raíz de la participación en la Escuela de Verano EMILDAI celebrada en la Universidad de Pisa hace unos meses. Se trata de un programa formativo integrado en un proyecto conjunto de varias universidades europeas, entre … Sigue leyendo →

De nuevo, sobre el DSA

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El Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, o DSA establece un marco normativo en la Unión Europea para las plataformas en línea y los servicios intermediarios digitales. Forma parte de las reformas legislativas activadas para modernizar el mercado único digital de la UE, junto con el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), que a su vez regula la competencia en plataformas digitales.(ver también, con anterioridad, en este blog sobre DMA y DSA)

 

El DSA introduce nuevas obligaciones para los prestadores de servicios digitales que operan en la UE, incluidos los prestadores de plataformas en línea (normales y de gran tamaño), los mercados en línea (normales y de gran tamaño) y otros servicios de intermediación. El DSA establece medidas para combatir contenidos ilícitos, así como para proteger la privacidad de los usuarios, y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de algoritmos y decisiones automatizadas. Sus objetivos principales son estos:

  1. Reforzar la seguridad en los servicios digitales en especial en lo relativo a contenidos, protegiendo a los usuarios frente a contenidos dañinos o ilegales, como discursos de odio, desinformación, o material relacionado con la explotación infantil. Al mismo tiempo, busca garantizar que los servicios en línea sean justos y transparentes para los usuarios.

 

  1. Organizar un sistema escalonado de responsabilidades según el tamaño, el impacto y el riesgo de los servicios digitales, con un enfoque particular en las plataformas grandes que tienen un alcance significativo, como las redes sociales y los motores de búsqueda.

 

  1. Promover la transparencia en las prácticas de moderación de contenido, en los algoritmos utilizados para la personalización de contenidos, y en la publicidad en línea. También establece mecanismos para una mejor rendición de cuentas por parte de las plataformas.

 

  1. Mejorar la protección de los derechos de los usuarios, por ejemplo en cuanto a la protección de sus datos personales y su libertad de expresión, así como para apelar decisiones sobre la moderación de contenidos.

 

Ámbito de aplicación subjetivo

El DSA es aplicable a todos los prestadores de servicios digitales establecidos en la UE, así como a aquellos que operan en la UE aunque no estén establecidos en ella, siempre que ofrezcan una serie de servicios a usuarios :

  • Servicios de intermediación: Son plataformas que proporcionan una infraestructura digital para la interacción entre usuarios y terceros, como los motores de búsqueda o las plataformas de comercio electrónico. Esta categoría es amplia o genérica
  • Plataformas en línea: Servicios digitales que permiten la interacción entre usuarios, como redes sociales, plataformas para compartir contenido o foros en línea. Se trata de un tipo de servicio de intermediación específico
    • El reglamento también introduce el concepto de «plataformas muy grandes» (VLOPs, por sus siglas en inglés), que son plataformas que tienen más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE. Estas plataformas deben cumplir con obligaciones más estrictas debido a su impacto potencial en el espacio digital.
  • Mercados en línea: Plataformas que permiten a los vendedores ofrecer productos o servicios a los consumidores, como Amazon o eBay. Se trata de un tipo de servicio de intermediación específico
  • Servicios de alojamiento de contenido: Plataformas que permiten el almacenamiento y distribución de contenidos generados por los usuarios, como YouTube o Facebook.

Obligaciones para los Prestadores de Servicios Digitales

Las obligaciones que se imponen son cumulativas y proporcionadas al servicios prestado y al volumen del prestador. Para su cumplimiento los prestadores deben contar con mecanismos de diligencia debida que faciliten la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones a través de las obligaciones del DSA

1.Moderación de Contenidos. Deben tener mecanismos efectivos para abordar los contenidos ilícitos o dañinos. Esto incluye **informar a las autoridades** cuando detecten contenidos ilegales, **remover o bloquear** este contenido de manera efectiva y **proveer medios de apelación** para los usuarios que consideren que sus contenidos han sido eliminados de forma incorrecta.

2.Publicidad Transparente. Las plataformas deben ser transparentes en cuanto a las **prácticas de publicidad** y la **recomendación de contenidos**. Las plataformas deben proporcionar a los usuarios información clara sobre los anuncios que ven, incluyendo quién los ha pagado, por qué se les ha mostrado el anuncio y qué criterios se utilizaron. En cuanto al uso de Algoritmos y Decisiones Automatizadas**: Los servicios que utilizan algoritmos para recomendar contenido o personalizar la experiencia del usuario deben **explicar** cómo funcionan estos algoritmos y permitir que los usuarios tengan un control sobre ellos, incluida la opción de desactivarlos.

3.Gestión de Riesgos: Los prestadores de servicios deben evaluar los riesgos asociados con sus actividades y tomar medidas para mitigar estos riesgos. Esto es particularmente relevante para las **plataformas muy grandes** que tienen un impacto significativo en los usuarios y la sociedad.

4. Transparencia y auditoría. La transparencia  es un principio clave en la DSA. Los prestadores de servicios deben:

  • Informar sobre sus políticas de moderación de contenido, incluidas las medidas para abordar desinformación, discursos de odio y otros contenidos nocivos.
  • Presentar informes de transparencia periódicos, detallando el volumen de contenido moderado, los tipos de contenido retirado y las medidas tomadas para prevenir la propagación de contenido ilegal.
  • Las plataformas más grandes deben someterse a auditorías independientes para evaluar el cumplimiento de la DSA, especialmente en lo que respecta al uso de algoritmos y la gestión de riesgos.

Protección de los Derechos de los Usuarios

El DSA establece una serie de derechos para los usuarios, tales como:

  • Derecho a la información: Los usuarios deben ser informados de manera clara sobre las políticas de moderación de contenido, los procedimientos de apelación y el uso de algoritmos.
  • Derecho a la apelación: Los usuarios tienen derecho a apelar decisiones relacionadas con la moderación de contenidos, como la eliminación de sus publicaciones o la suspensión de sus cuentas.
  • Protección de los menores y la privacidad: Las plataformas deben tomar medidas adicionales para proteger a los menores de contenidos nocivos, así como garantizar que los servicios respeten la **privacidad** de los usuarios.

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA PLATAFORMAS MUY GRANDES (VLOPS)

Las plataformas muy grandes (VLOPs) que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE deben cumplir con una serie de obligaciones adicionales y más estrictas:

  • Evaluaciones de impacto: Las VLOPs deben realizar evaluaciones de los posibles riesgos sistémicos que sus servicios puedan representar, como la desinformación o el discurso de odio, y adoptar medidas para mitigar estos riesgos.
  • Rendición de cuentas pública: Estas plataformas deben proporcionar informes detallados sobre sus esfuerzos para abordar estos riesgos, incluidas las acciones tomadas para proteger los derechos de los usuarios y garantizar la seguridad en línea.
  • Auditorías externas obligatorias: Las VLOPs deben someterse a auditorías externas que evalúen su cumplimiento con la DSA, en particular en cuanto a la gestión de contenido y la moderación.

 

SUPERVISIÓN Y SANCIONES

  • El cumplimiento del DSA es supervisado por  autoridades nacionales de supervisión de cada Estado miembro de la UE. Además, la Comisión Europea tiene un papel clave en la supervisión de las plataformas más grandes (VLOPs). Estas autoridades tienen la capacidad de imponer sanciones a las plataformas que no cumplan con las obligaciones establecidas en la DSA:
    • Multas de hasta el 6% de la facturación global anual para las plataformas que no cumplan con la normativa.
    • Sanciones adicionales si se detectan infracciones graves o continuadas.

VER: Guía práctica de implementación del DSA (Garrigues)

 

Congreso internacional de la Propiedad Industrial entre la digitalización, la innovación y la sostenibilidad.

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Los días 17-18/10/2024, en la UC3M , se celebra el Congreso internacional de la Propiedad Industrial entre la digitalización, la innovación y la sostenibilidad.

Las Profesoras Isabel Candelario y Bárbara de la Vega,  directora y coordinadora del encuentro internacional, han sido capaces de concitar un conjunto de expertos de primer nivel desde ambos lados del atlántico, para abordar cuestiones centralísimas en la agenda global actual y en su relación con la Propiedad Industrial. Estas cuestiones abarcan desde el cambio climático, la transformación digital, la economía circular, a la sostenibilidad . Todo ello en el contexto del Proyecto de Investigación Next Generation TED2021-130344B-I00 Desafíos y Retos de la Ordenación de las Innovaciones de Cambio Climático financiado por: MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la UE NextGenerationEU/PRTR.

Para aquellos que deseen anotarse, el enlace de abono de derechos e inscripciones es https://www.flowte.me/storefront/uc3m-#/

El Congreso desarrolla un sugerente programa, completado con las consiguientes comunicaciones y conclusiones. Su inaguración y presentación del Congreso corre a cargo de la Profª. Drª. Doña Mª. Isabel CANDELARIO MACÍAS, Directora,  responsable del Grupo de Investigación PROINDTEN, UC3M, ESPAÑA; y de Don Javier VERA ROA, Consejero Técnico, OEPM, O.A.

Además, intervienen como ponentes invitados y compañeros, también de la Universidad de León:

  • Don Javier VERA ROA, Consejero Técnico, OEPM, O.A., “La Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre Patentes Esenciales para las Normas SEPs. Situación actual y perspectiva española”:
  •  Prof. Dr. Don João Paulo REMÉDIO MARQUES, Catedrático de Direito Processual Civil e Propriedade Industrial da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra y, secretario de la Asociación Portuguesa de Derecho Intelectual (APDI), PORTUGAL.¿Puede contribuir la propiedad industrial a la sostenibilidad hacia una economía verde? Algunas pistas”
  • Don Marco ALEMÁN, Subdirector General de la OMPI, SUIZA.
    “Los retos y oportunidades de la digitalización en las actividades de innovación”
  •  Don Alexandre DIAS PEREIRA, Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra e investigador del Instituto de Investigación Jurídica y miembro de APDI, Coimbra, PORTUGAL. “El impacto del Reglamento de Servicios Digitales en la protección de signos distintivos”
  • Doña Mabel KLIMT YUSTI. Socia Directora de ELZABURU Internacional, ESPAÑA.“Nuevas disciplinas dentro de la propiedad intelectual que nacen y crecen en la era de la digitalización: a vueltas con el derecho del entretenimiento”
  • Don Gonzalo M. NAZAR DE LA VEGA, Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo (Argentina). Subdirector del Instituto de Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Palermo. Ex investigador del Instituto Max Planck para la Innovación y Competencia (Múnich, Alemania), “Un análisis de los fundamentos de las funciones accesorias de las marcas. Su implicancia en el alcance del derecho de exclusión”
  • Prof. Dr. Don Manuel MAGAÑA. Director de Máster en PI y Especialista en Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Panamericana, Campus Aguas Calientes-Guadalajara, MÉXICO, “Propiedad Industrial en la innovación y creatividad dentro de las empresas”
  • Doña Dra. Marta CANTOS PARDO, Profesora Ayudante Doctor, Universitá de Valencia, ESPAÑA.“Introducción de la inteligencia artificial en los procesos judiciales en materia de propiedad industrial”
  • Don J.A. GIL CELEDONIO, Consejero de Industria y Turismo, Representación Permanente de España ante la Unión Europea y Director de la OEPM (2018-2022), BÉLGICA. “Diseño Industrial e innovación tecnológica: límites y posibilidades”
  •  Prof. Dr. Don Emiliano MARCHISIO, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad “Giustino Fortunato” de Benevento, ITALIA. “Propiedad Industrial y sistema productivo: un examen de contexto”
  • Dra. Elena F. PÉREZ CARRILLO, Profesora de Derecho Mercantil, Universidad de León. ESPAÑA. “El robot inventor. Aproximación a la patentabilidad de invenciones generadas mediante IA»

 

Confirmación de la multa de 2,4 mil millones de euros impuesta a Google por abuso de posición dominante al haber favorecido su propio servicio de comparación de productos

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Así se pronuncia el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de septiembre de 2024 en el asunto C-48/22 P | Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), desestimando el recurso de casación interpuesto por Google y Alphabet. (ECLI:EU:C:2024:726)

– Recordemos que mediante Decisión de 27 de junio de 2017 la Comisión impuso a Google una multa de en torno a 2,4 mil millones de euros por haber abusado de su posición dominante en varios mercados nacionales de la búsqueda en Internet y al haber favorecido su propio servicio de comparación de productos frente al de sus competidores. Según la Comisión desde 2008 Google tenía una posición dominante en el mercado de la búsqueda general en cada país del Espacio Económico Europeo, a excepción de la República Checa, donde no ocupó esta posición hasta 2011, lo que dedujo básicamente de las cuotas de mercado de Google, frente a las de sus competidores y teniendo en cuenta la gran reputación de que disfrutaba Google.

  • La Comisión consideró que, a partir de distintos momentos iniciados, el más antiguo, en enero de 2008, Google había abusado de la posición dominante que tenía  en trece mercados nacionales de la búsqueda general dentro del EEE, disminuyendo el tráfico procedente de sus páginas de resultados generales dirigido
    By A. Zorita

    By A. Zorita

    a los comparadores de productos de la competencia e incrementando ese tráfico hacia su comparador de productos, con los posibles  efectos contrarios a la competencia en los trece mercados nacionales correspondientes de la búsqueda especializada para la comparación de productos, y también en los trece mercados nacionales de búsqueda general. Esos 13 países afectados eran concretamente Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Austria, Polonia, Suecia, el Reino Unido y Noruega.

  • La Comisión señaló que el abuso consistía en posicionar y presentar, en las páginas de resultados generales de Google, su comparador de productos de forma más favorable que los comparadores de productos de la competencia.  La estrategia consistía en mostrar su comparador de productos en sus páginas de resultados generales en un lugar destacado y de forma atractiva, en «boxes» utilizados a tal fin, sin someterlo a sus algoritmos de ajuste, mientras que los comparadores de productos de la competencia solo podían aparecer en forma de resultados de búsqueda general (enlaces azules) y nunca en un formato enriquecido, aparte de que estaban sujetos a la posibilidad de que su clasificación, dentro de los resultados genéricos, se viera reducida por los algoritmos llamados de «ajuste». En este sentido, la Comisión ponía el acento en que no cuestionaba los distintos criterios de selección elegidos por Google, calificados como criterios de relevancia, sino el hecho de que no se aplicaran por igual los criterios de posicionamiento y de visualización a su comparador de productos y a los comparadores de la competencia.
  • Estimó la Comisión que las prácticas controvertidas tenían efectos contrarios a la competencia potenciales en los trece mercados nacionales de la búsqueda especializada para la comparación de productos y en los trece mercados nacionales de la búsqueda general mencionados. En relación con los mercados de la búsqueda especializada para la comparación de productos, consideró probado que las prácticas controvertidas podían provocar que los comparadores de productos de la competencia cesaran sus actividades y podían repercutir negativamente en la innovación, reduciendo las posibilidades de los consumidores de acceder a los servicios más eficientes.
  • Así las cosas, la  Comisión declaró que Google y Alphabet, desde que tomó el control de Google, habían infringido el artículo 102 TFUE y el artículo 54 del Acuerdo EEE en los trece países citados, requiriendo a Google que pusiera fin a las prácticas controvertidas. La Comisión, en su Decisión impuso a Google una multa de de 2 424 495 000 euros, de los cuales, 523 518 000 euros solidariamente con Alphabet.
By M.A Díaz

By M.A Díaz

– Frente a esta Decisión de la Comisión, Google y Alphabet interpusieron un recurso contra la Decisión de la Comisión ante el Tribunal General el 11 de septiembre de 2017, por el que solicitaba la anulación de la Decisión y, subsidiariamente, la supresión o la reducción del importe de la multa.  El Tribunal General confirmó, en esencia, dicha Decisión y mantuvo la multa, desestimando el recurso, mediante sentencia de 10 de noviembre de 2021. Sin embargo, el Tribunal General consideró que no se había demostrado que el comportamiento de Google hubiera tenido efectos anticompetitivos, siquiera potenciales, en el mercado de la búsqueda general. Así las cosas, anuló la Decisión en la medida en que la Comisión había declarado en ella la existencia de una infracción de la prohibición del abuso de posición dominante también en relación con ese mercado.

– Google y Alphabet interpusieron recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, por el que solicitaron la anulación de la sentencia del Tribunal General en la medida en que éste había desestimado su recurso, así como la anulación de la Decisión de la Comisión.

El Tribunal de Justicia, en la sentencia a la que aquí nos referimos, desestima el recurso de casación, confirmando la sentencia del Tribunal General.

  • Insiste el Tribunal de Justicia, en la sentencia, que el Derecho de la Unión no prohíbe la existencia de una posición dominante, sino únicamente su explotación abusiva.

A este propósito, señala el Tribunal que “el artículo 102 TFUE no tiene por objeto impedir que las empresas alcancen, por sus propios méritos, una posición dominante en uno o varios mercados ni garantizar que permanezcan en el mercado empresas competidoras menos eficaces que las que ocupan tal posición dominante. Por el contrario, la competencia basada en los méritos puede, por definición, entrañar la desaparición del mercado o la marginalización de los competidores menos eficaces y, por tanto, menos interesantes para los consumidores, especialmente en cuanto a precios, producción, oferta, calidad o innovación”.

En este sentido manifiesta el Tribunal que para poder calificar un comportamiento concreto como «explotación abusiva de una posición dominante» en el sentido del artículo 102 TFUE, “es necesario, como regla general, demostrar que, mediante el recurso a medios distintos de los que rigen una competencia entre las empresas basada en los méritos, este comportamiento tiene por efecto real o potencial restringir esta competencia excluyendo a empresas competidoras igualmente eficaces del mercado o de los mercados en cuestión, o impidiendo su desarrollo en estos mercados, debiendo señalarse que tales mercados pueden ser tanto aquellos en los que se ostenta la posición dominante como aquellos, conexos o próximos, en los que tal comportamiento puede producir sus efectos reales o potenciales”.

De esta suerte, quedarían prohibidos los comportamientos de empresas en posición dominante que restrinjan la competencia basada en los méritos y que, a resultas de ello, puedan causar un perjuicio a las empresas individuales y a los consumidores. Aquí se sitúan los que impiden, por medios distintos de los que rigen una competencia basada en los méritos, el mantenimiento o el desarrollo de la competencia en un mercado en el que el grado de competencia ya se encuentra debilitado debido a la existencia de una o varias empresas en posición dominante.

El Tribunal de Justicia matiza que, en términos generales, no puede sostenerse que una empresa dominante que aplica a sus productos o a sus servicios un trato más favorable que el que concede a los de sus competidores esté adoptando, independientemente de las circunstancias concurrentes en el caso, un comportamiento ajeno a la competencia basada en los méritos. No obstante, señala que, en este caso, el Tribunal General estimó correctamente que, habida cuenta de las características del mercado y de las circunstancias específicas del caso, el comportamiento de Google era discriminatorio y no correspondía a la competencia basada en los méritos.

El texto íntegro de la sentencia puede verse aquí.