Las operadoras pueden ceder datos de abonados telefónicos en un Estado miembro a empresas de servicios de información establecidas en otro Estado miembro sin necesidad de consentimiento adicional.
Catedral de León. By M.A. Díaz
Así se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 15 de marzo de 2017, en el asunto C-536/15 Tele2 (Netherlands) y otros.
Señala el TJUE que el consentimiento de un abonado telefónico para la publicación de sus datos se extiende también a su utilización en otro Estado miembro. Además, respecto a la protección de datos personales de los abonados, declara que el marco reglamentario armonizado permite garantizar en toda la Unión idéntico respeto de las exigencias en materia de protección de datos.
Los hechos de los que deriva esta sentencia son los siguientes: La sociedad belga European Directory Assistance (EDA) ofrece servicios de información sobre números de abonados y el suministro de guías accesibles al público desde el territorio belga. EDA solicitó a las empresas que asignan números de teléfono a abonados de los Países Bajos (Tele2, Ziggo y Vodafone Libertel) que pusieran a su disposición los datos relativos a sus abonados, basándose en una obligación establecida en la normativa neerlandesa, que traspone la Directiva europea de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO 2002, L108, p. 51), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11). Estas empresas se negaron a suministrar los datos solicitados, al estimar que no estaban obligadas a suministrar dichos datos a una empresa que radica en otro Estado miembro.
Antes de resolver el litigio, el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de apelación en materia económica de los Países Bajos) planteó dos cuestiones prejudiciales al TJUE. La primera, referida a si una empresa queda obligada a poner los datos relativos a sus abonados a disposición de un proveedor de servicios de información sobre números de abonados y el suministro de guías ubicado en otro Estado miembro. Y, la segunda, para el supuesto de responderse afirmativamente, si procede dejar a los abonados la posibilidad de otorgar su consentimiento en función de los países en los que presta sus servicios la empresa que solicita los datos. A ese propósito se cuestiona el Tribunal neerlandés cómo han de conciliarse el principio de no discriminación y la protección de la intimidad.
En cuanto a la primera cuestión, el Tribunal de Justicia manifiesta, que la Directiva de servicio universal alcanza asimismo a cualquier solicitud hecha por una empresa afincada en un Estado miembro distinto de aquél en el que radican las empresas que asignan números de teléfono a los abonados. Y ello porque considera que así se deduce del art. 25, apartado 2, de la Directiva, que además obliga a que la puesta a disposición se realice en condiciones no discriminatorias, sin distinguir entre que la solicitud se realice por una empresa establecida en el mismo Estado miembro donde radique la empresa a la que se dirige la solicitud o en otro Estado miembro. Y dicha falta de distinción, indica el TJUE es acorde con el objetivo de la Directiva de garantizar servicios de comunicaciones electrónicas de buena calidad en toda la Unión a través de una competencia y una libertad de elección reales. Y a ello se añade, según el TJUE, que la negativa a poner a disposición de los solicitantes los datos relativos a los abonados basada en que están establecidos en otro Estado miembro es incompatible con el principio de no discriminación.
En lo que concierne a la segunda cuestión, esto es si procede dejar a los abonados la opción de dar o no su consentimiento en función de los países en los que presta sus servicios la empresa que solicita estos datos, el Tribunal de Justicia invoca su sentencia de 5 de mayo de 2011, Deutsche Telekom (C-543/09). Y afirma que si un abonado ha sido informado por la empresa que le ha asignado un número de teléfono de la posibilidad de que se transmitan sus datos de carácter personal a otra empresa, para publicarlos en una guía pública y ha consentido esta publicación, se requiere un nuevo consentimiento del abonado, siempre que se garantice que tales datos no puedan utilizarse para fines distintos de los propios de su recogida para la primera publicación. Así las cosas, para el TJUE la transmisión de dichos datos a otra empresa que desee publicar una guía, sin que dicho abonado haya renovado su consentimiento, no atenta contra el derecho a la protección de datos de carácter personal que reconoce la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A juicio del Tribunal de Justicia el hecho de que exista un marco reglamentario ampliamente armonizado supone que, independientemente del lugar de establecimiento dentro de la Unión Europea de la empresa que presta un servicio de información sobre números de abonados y de suministro de guías accesibles al público, queda garantizado en toda la Unión el mismo respeto de la normativa sobre protección de datos personales de los abonados.
En definitiva, el TJUE resuelve que no se exige que la empresa que asigna números de teléfono a sus abonados formule la solicitud de consentimiento al abonado para que éste manifieste de forma diferenciada en función del Estado miembro al que dichos datos pueden ser transmitidos.
Así se pronuncia el TJUE, al declarar textualmente:
“1) El artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «solicitudes» que figura en este artículo incluye también la solicitud hecha por una empresa que está establecida en un Estado miembro distinto de aquél en el que están establecidas las empresas que asignan números de teléfono a los abonados y que solicita la información pertinente de la que disponen estas empresas para prestar servicios de información sobre números de abonados y suministrar guías de abonados accesibles al público en ese Estado miembro y/o en otros Estados miembros.
2) El artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2002/22, en su versión modificada por la Directiva 2009/136, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una empresa que asigna números de teléfono a los abonados y que tiene la obligación, con arreglo a la normativa nacional, de obtener el consentimiento de esos abonados para utilizar datos que les afectan, con el fin de prestar servicios de información sobre números de abonados y suministrar guías de abonados, formule dicha solicitud de modo que tales abonados expresen su consentimiento de forma diferenciada respecto a esa utilización en función del Estado miembro en el que presten sus servicios las empresas que pueden solicitar la información a la que se refiere esa disposición”.
La Comisión Europa introduce un nuevo instrumento para facilitar las denuncias anónimas de los cárteles y demás prácticas contrarias a la competencia
Reconstrucción de un ejemplar de ‘Herrerasaurio Ischigualastensis y réplica de su esqueleto’, realizados por Juan Vicente Casado. Escuela Superior y Tecnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León. Fotografía by M.A. Díaz.
Debemos felicitarnos por la incorporación por la Comisión Europea de un nuevo instrumento destinado a facilitar las denuncias de prácticas anticompetitivas salvaguardando el anonimato de los denunciantes.
Así lo anunciaba, el 16 de marzo de 2017, la actual Comisaria de Competencia Margrethe Vestager, quien manifestaba:
“Quienes estén preocupados por prácticas empresariales que consideren impropias pueden contribuir a corregir la situación. El conocimiento de los entresijos puede constituir un potente instrumento para ayudar a la Comisión a detectar cárteles y otras prácticas contrarias a la competencia. Con nuestro nuevo instrumento es posible facilitar información preservando el anonimato. Dicha información puede contribuir a que nuestras investigaciones lleguen a buen puerto más rápida y eficientemente en beneficio de los consumidores y de la economía de la UE en su conjunto”.
Como la misma Comisión reconoce (vid. aquí), mediante este nuevo instrumento de denuncia anónima o Anonymous Whistleblower Tool los particulares pueden colaborar, de forma anónima, en la detección de las más diversas prácticas anticoncurrenciales que por su carácter muchas veces secreto, resulta sumamente difícil detectar y, en su caso, sancionar. Prácticas contrarias a la competencia, como decimos, de lo más variadas, tanto como la imaginación picaresca de algunos empresarios pueda idear, que van desde cárteles o ententes anticompetitivos para fijar precios o concurrir a licitaciones; fijación de condiciones comerciales o de servicio; acuerdos de reparto de mercado; pactos de limitación de la producción, distribución o desarrollo técnico; acuerdos de imposición de condiciones comerciales injustificadas; prácticas desleales dirigidas a expulsar del mercado a un competidor y un largo etc.
Se trata de facilitar la denuncia de prácticas antitrust que ocasionan sí, por un lado, daños a los demás competidores, lo cual ha de tratar de evitarse, porque no nos engañemos, crear un clima adecuado para el desarrollo de la actividad empresarial es la antesala para la creación de empleo. Pero además, visto desde la perspectiva de los consumidores, son, por otro lado, prácticas que les perjudican, habida cuenta que el freno a la competencia puede suponer para el público que demanda productos o servicios una reducción del abanico de posibilidades, en cuanto a precios, calidad, etc. a la hora de realizar la elección de productos y servicios, derivando muchas veces en un incremento de precios o detrimento de calidad derivados de dichas comportamientos anticompetitivos. Y asimismo tales prácticas son, finalmente, nefastas para la economía general del país y la europea, entre otras cosas porque las limitaciones de acceso al mercado o las prácticas antitrust desincentivan la innovación de los empresarios que vean cercenadas sus posibilidades de actuación por las prácticas obstruccionistas de los participantes en los cárteles o por otro tipo de prácticas anticompetitivas. Y no hemos de olvidar que progreso e innovación van de la mano. Así pues, con este instrumento se logra una economía de los países más fuerte y una economía europea también más potente.
Es cierto que la Comisión ya instauró el denominado programa de clemencia (Leniency), que en España se recoge en los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en términos similares a los previstos en el Derecho Comunitario. Con esta regulación se establecen procedimientos de exención y de reducción del importe de la multa, a los cuales pueden acogerse las empresas participantes en cárteles que, a cambio de delatar su participación en el cártel, y aportando las pruebas correspondientes ante las autoridades de la competencia, se les “premia”, según los casos, con la exención o reducción de la multa.
Al margen de lo anterior, y como medida complementaria y que refuerza la eficacia del programa de clemencia, se introduce ahora este nuevo instrumento, con el que la Comisión brinda a las personas que conozcan la de existencia de un cártel, o cualquier otro tipo de infracción antitrust, la oportunidad de contribuir a poner fin a dichas prácticas anticompetitivas. Y todo ello, amén de tener una finalidad de incrementar la detección y enjuiciamiento de dichas prácticas anticoncurrenciales, posee una finalidad disuasoria más que evidente para quienes estén tentados de participar en un cártel.
Este nuevo mecanismo de denuncias que ahora se introduce presenta rasgos característicos que lo convierten en un mecanismo de gran utilidad en la práctica; a saber los siguientes:
preserva el anonimato de los denunciantes mediante un sistema de mensajes cifrados específicamente concebido para lograr una comunicación bidireccional.
Gestionará este servicio un proveedor de servicios externo especializado que actúa como intermediario y que solo transmite el contenido de los mensajes recibidos una vez que se han eliminado los metadatos que podrían servir para identificar al informante.
Quienes decidan denunciar a través de este sistema tienen la opción de solicitar a la Comisión que responda a sus mensajes.
La Comisión también puede requerir a los denunciantes para que formulen aclaraciones y precisiones, con lo que se consigue obtener una información suficientemente precisa y fiable para que la Comisión pueda abrir una investigación sobre las prácticas denunciadas.
En el hipotético caso de que la persona denunciante desee revelar su identidad puede ponerse directamente en contacto con el servicio de la Comisión responsable de Competencia a través de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono específicos.
Para una información más detallada sobre este servicio de denuncia anónima o Anonymous Whistleblower Tool puede consultarse este enlace.
Entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
El 22 de febrero de 2017, entró en vigor el primer acuerdo multilateral que ha fructificado en los 21 años de existencia de la OMC, el denominado Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), al alcanzarse -con las cuatro nuevas ratificaciones de Rwanda, Omán, el Chad y Jordania-, la aceptación del AFC por dos tercios de los 164 Miembros de la OMC, mínimo requerido para su entrada en vigor. Entre los Miembros que lo han aceptado figura naturalmente la Unión Europea (en nombre de sus 28 Estados miembros)
Monasterio de San Miguel de Escalada (León). By M.A. Díaz
Las negociaciones de los Miembros de la OMC relativas al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), concluyeron en la Conferencia Ministerial de Bali de 2013.
Se trata de un Acuerdo de extraordinaria importancia para el comercio mundial, al recoger disposiciones encaminadas a agilizar el movimiento, y circulación de las mercancías, incluidas las que están en tránsito. Recoge asimismo medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes dirigidas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de procedimientos aduaneros, así como disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en los países más pobres. Se prevé, además, la asistencia técnica a dichos países para la aplicación del Acuerdo.
Con el AFC se trata de simplificar los requisitos de documentación, modernizando los procedimientos y armonizando los requisitos aduaneros, de manera que se logre la reducción de costos y tiempo para exportar e importar mercancías. Se calcula, a este respecto que con su aplicación se podría reducir los costos del comercio un 14,3%, en promedio, e impulsar el comercio mundial en 1 billón de dólares anuales, resultando más beneficiados los países en desarrollo.
Digna de mención es, además, la característica del AFC, de permitir a los países en desarrollo y países menos adelantados que fijen sus propios calendarios para la aplicación del Acuerdo, en función de su capacidad para ponerlo en práctica. A este fin, a instancias de los países en desarrollo y países menos adelantados se aprobó un Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio encaminado a que estos países reciban la ayuda necesaria para conseguir la completa aplicación del Acuerdo por parte de todos los Miembros. Mientras los países desarrollados se han comprometido a aplicarlo inmediatamente, los países en desarrollo, sólo aplicarán de momento determinadas disposiciones debiendo especificar cuándo se aplicarán y qué apoyo precisan para aplicar las demás. Más información sobre el AFC aquí.
Culturas, derecho y prácticas, es el título para esta entrada que nos sugiere la una nueva obra de la que tenemos noticia a través de la profesora Laura Carballo, Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Santiago de Compostela. Ella junto con el Prof. S.I. Strong, de la Universidad de Missouri, Estados Unidos, y la Prof. Katia Fach Gómez, de la Universidad de Zaragoza coordinan esta obra que -según tenemos noticia- está siendo objeto de comentarios positivos desde foros jurídicos y lingüísticos prácticos, pero también académicos, como el Max Plan Institut de Hamburgo, el Blog «from words to deeds» o la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, por destacar alguno.
Lariño, behind the pinetrees- By epc
Nos estamos refiriendo al trabajo DERECHO COMPARADO PARA ABOGADOS ANGLO- E HISPANOPARLANTESCulturas jurídicas, términos jurídicos y prácticas jurídicas (Edward Elgar Publishing) que vió la luz a finales de 2016. ( Ver ficha completa :Strong Comparative SPANISH)
Mediante una combinación de aspectos jurídicos (derecho mercantil, internacional privado, civil etc.) pero también de comunicación y metodología, este libro facilita la labor de abogados, jueces, mediadores, y otros profesionales que operan en entornos donde precisan la aplicación de las lengua, cultura, conceptos e idiosincrasia propios de ordenamientos hispano y anglo parlantes. Aunando análisis de derecho comparado con orientaciones para comunicarse con colegas o clientes en un segundo idioma, estamos ante un trabajo original que lejos de otras obras basadas en la traducción literal o contextual, integra información, comunicación y derecho aplicado.
Reproducimos aquí los apartados principales del índice de contenidos de este libro íntegramente biliígüe, felicitando a sus autores y coordinadoras, y recomendando la consulta directa
I: INTRODUCTION – INTRODUCCIÓN. II: SOURCES OF LAW –FUENTES DEL DERECHO. III: SUBJECT-SPECIFIC AREAS OF LAW – ÁREAS JURÍDICAS ESPECÍFICAS. IV/SECCIÓN IV: PRACTICAL ISSUES –V: EXERCISES AND FURTHER DEVELOPMENT – EJERCICIOS Y OTROS DESARROLLOS.
´Existían en la práctica anterior. Se tipifica en 1980 con el Art 68 LCS: Por el seguro de caución el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites establecidos en la Ley o en el contrato. Anádiéndose: ´Todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del seguro.
Junto a integrase en articulado y sección independiente en LCS, es además un ramo asegurador independiente (Ramo 15, actual Anexo LOSSEAR)
Doctrinalmente, si bien con abundantes debates, suele entenderse como un seguro en interés ajeno; una garantía indemnizatoria por incumplimiento de una obligación previa.
Se ha destacado su similitud con el contrato de “fianza” (1822.1 cci) , en especial en cuanto a sus funciones.
Ejemplos en la contratación de seguros de caución: cauciones a favor de los Organismos Públicos para licitar y ejecutar obras públicas; caución de cantidades anticipadas por los particulares para la construcción de viviendas, (aseguradora devolverá las cantidades si la obra no se inicia o la vivienda no se entrega en los plazos convenidos).
En principio el S Caución no cubriría el riesgo propio del tomador, por el incumplimiento de un acreedor de éste, (pues estaríamos ante un seguro en propio interés del tomador y no por interés de tercero). No obstante, en la práctica aseguradora si se encuentran ese tipo de coberturas en «llamadas pólizas de caución», en base al principio de autonomía de la voluntad (y siguiendo el modelo alemán introducido entre nosotros por el Prof Garrigues que tiende a incluir la caución como subtipo de los S crédito)
Bibliografía de interés. BARRES BELLOCH, P, Régimen jurídico del Seguro de Caución, Aranzadi, 1996
Seguros de Crédito.-
Rasgos destacados
´Tiene por objeto garantizar a una persona el pago de los créditos que tenga a su favor cuando se produzca la insolvencia de sus deudores» Es un seguro en interés propio del tomador (o del asegurado).
El Art 69 LCS establece que por el seguro de crédito el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado las pérdidas finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores. Clarifica el Art 70 las circunstancias en las que se reputa que la insolvencia es definitiva
Según el Art 71 LCS la indemnización vendrá determinada por un porcentaje establecido en el contrato, de la pérdida final que resulte de añadir al crédito impagado los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos procesales y cualesquiera otros expresamente pactados. Dicho porcentaje no podrá comprender los beneficios del asegurado, ni ser inferior al cincuenta por ciento de la pérdida final.
Obligaciones. Según el Art 72 LCS, el asegurado, y en su caso el tomador del seguro, queda obligado: 1. A exhibir, a requerimiento del asegurador, los libros y cualesquiera otros documentos que poseyere relativos al crédito o créditos asegurados. 2. A prestar la colaboración necesaria en los procedimientos judiciales encaminados a obtener la solución de la deuda, cuya dirección será asumida por el asegurador. 3. A ceder al asegurador, cuando éste lo solicite, el crédito que tenga contra el deudor una vez satisfecha la indemnización.
Ofrece coberturas adicionales como sistemas de prevención y evaluación del riesgo de empresas que componen el tejido empresarial. Servicios de información y gestión en los procesos vinculados al ciclo de riesgos. Servicio de recobro para aminorar las pérdidas derivadas de las declaraciones de insolvencia, etc. En la práctica, la empresa asegurada se apoya en la aseguradora de Crédito para realizar todas las gestiones tendentes a la recuperación de la deuda, soportando ésta inicialmente todos los costes derivados de la reclamación al deudor.
Modalidades
Compra venta a crédito
Exportación
Exceso de pérdidas. Se aseguran las pérdidas (superiores a un determinado límite a autoaseguro o franquicia) relativas a ventas u operaciones concertadas durante la vigencia, aunque la insolvencia se produzca con posterioridad
Exceso de pérdidas por siniestro. Excess loss. El reasegurador asume una “franja del coste del siniestro” . No actúa proporcionalmente sino por tramos
Riesgo político (como cobertura accesoria o en otra póliza)
Exclusiones habituales (autonomía de la voluntad)
´Riesgos excluidos por causas relativas al comprador
´Administraciones Públicas y sus organismos dependientes.
´Clientes particulares
´Clientes no clasificados por la aseguradora
´Clientes con los que se mantenga un impagado sin regularizar durante más de 120 ó 180 días desde su vencimiento
´Empresas vinculadas sobre las que se ejerza un control efectivo.
´Riesgos excluidos por causas relativas a la operación
´Operaciones al margen del negocio del asegurado.
´Operaciones con cobro anticipado o al contrato.
´Operaciones del importe a la cifra mínima de crédito individual. Riesgos excluidos por su naturaleza
Factoring.– El vendedor, ya sea fabricante, comerciante o prestador de servicios, cede al factor sus derechos sobre ciertos créditos (cesión de créditos) generalmente a cambio de que éste le abone su importe anticipadamente a la fecha pactada para el cobro, previa deducción de una comisión anteriormente fijada.
Frente al Seguro de Crédito que suele contratarse sobre toda la cartera el factoring funciona habitualmente operación a operación
Crédito documentario. documento emitido por una entidad financiera que, a petición de un cliente y de conformidad con sus instrucciones, contrae las obligaciones de efectuar pagos a terceros o a su orden, y a pagar o aceptar letras de cambio libradas por un beneficiario, así como a autorizar a otro banco a realizar esas actividades. Es decir, en la relación comercial entre dos empresas, un tercero, generalmente una entidad financiera, se compromete el pago si se produce la operación.
´Confirming.-una entidad financiera facilita a sus clientes la gestión del pago de sus compras, ofreciendo a los proveedores la posibilidad del cobro de sus facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento. Se desarrolló en España en la década de los noventa y se difundió por todo el mundo, principalmente en el sur de Europa y Latinoamérica, paralelamente a la expansión internacional de las grandes entidades financieras españolas. Esencialmente, es el reverso del ‘factoring’, pues es el cliente final quien lo inicia y no el proveedor, por lo que en inglés a este servicio se le denomina ‘reverse factoring’).
Lesson 8 (8.3) IBL/ DNNII Cámara de Comercio Internacional. Resolución de conflictos. Arbitraje
Cámara Internacional de Comercio (CCI).Constituida en el año 1919 por un grupo de comerciantes e industriales. Su primer presidente fue Etienne Clémentel, antiguo Ministro de Comercio de Francia, impulsor tambiénde la Corte Internacional de Arbitraje Comercial de la CCI, en 1923. Desde su creación, la Corte ha administrado más de 20.000 casos en los que participaron partes y árbitros de unos 180 países
El Tribunal de Arbitraje de la CCI o Corte Internacional de Arbitraje se estableció en 1923. Una organización pionera en el arbitraje comercial internacional. Así se inició el movimiento que culminó con la adopción de la Convención de Nueva York de 1958, el tratado multilateral más importante sobre arbitraje internacional.
Ha desarrollado mecanismos de resolución específicamente concebidos para disputas comerciales en un contexto internacional. Concretamente es uno de los centros de arbitraje internacional más reconocidos.
El arbitraje es un proceso flexible y consensuado para resolver disputas comerciales de manera vinculante y ejecutable.
Las partes son libres de acordar si se someten a usan las Reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, a las reglas de otra institución arbitral o ninguna regla.
El Tribunal o Corte de Arbitraje de la CCI ofrece a las partes un marco flexible y neutral para la solución de controversias; así como confidencialidad y libertad para elegir cómo y dónde quieren resolver su disputa.
El conflicto es resuelto por árbitros independientes, pero la Corte supervisa el proceso de principio a fin, aumentando la calidad del proceso y la aplicabilidad de los premios. No hay restricciones en cuanto a quién puede usar ICC Arbitration o quién puede actuar como árbitro. Esto se refleja en el creciente número de nacionalidades representadas.
Las decisiones sobre los conflictos las toman los «árbitros» o colectivamente el «tribunal arbitral» que comprende uno o más individuos independientes, seleccionados por las partes o designados mediante un procedimiento pactado entre las partes
El Sistema de Madrid es un mecanismo centralizado para el registro y la gestión de las marcas en todo el mundo. Con una única solicitud, un idioma y una tasa se puede proteger la marca en hasta 97 miembros, de la OMPI. Se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989.
Madrid Monitor es la nueva herramienta (accesible en versión beta desde julio 2016) para los usuarios del Sistema de Madrid, que unifica en una sola aplicación las funciones y la información antes accesibles. Permite la consulta en tiempo real del estado de la tramitación (Real Time Status) del Sistema de Madrid.
«El 01.01.2015 la OMC cumplía 20 años de existencia», recordaba el informe anual OMC, 2015, que se hacía público no hace mucho, en 2016
» El volumen del comercio ha aumentado dos veces y media desde 1995, y la participación del mundo en desarrollo ha crecido del 27% a más del 43% en la actualidad. Los aranceles aplicados medios se han reducido a la mitad: del 15% a menos del 8%. Hoy día, casi el 60% del comercio mundial está exento de aranceles y otro 20% está sujeto a aranceles de menos del 5%. Mientras que los países industrializados dominaban, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), predecesor de la OMC, los países en desarrollo cumplen una función fundamental en la gestión de la OMC, la elaboración de su programa de trabajo y la negociación de sus acuerdos»
Se extrae del citado Informe Anual 2016, hitos principales de esta Organización Internacional, foro global para la negociación de acuerdos comerciales entre distintos Estados; donde además pueden resolver sus diferencias comerciales, que administra normas comerciales y ofrece ayuda a los países en desarrollo a crear capacidad comercial. (ver web de noticias OMC)
1994 Abril Se firma el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. Se concluye el Acuerdo sobre Tecnología de la Información.
1995 Enero El 1º de enero nace la OMC. Mayo Renato Ruggiero (Italia) asume el cargo de Director General de la OMC.
1997 Diciembre Setenta Miembros de la OMC firman un acuerdo multilateral para abrir sus sectores de servicios financieros
2000 Enero Comienzan las negociaciones sobre los servicios. Marzo Comienzan las negociaciones sobre la agricultura.
2001 Noviembre Se celebra en Doha (Qatar) la Cuarta Conferencia Ministerial. Se pone en marcha el Programa de Doha para el Desarrollo. China pasa a ser el 143º Miembro de la OMC.
2014 Abril Entra en vigor el Acuerdo sobre Contratación Pública revisado de la OMC. Noviembre Se aprueba el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el primer acuerdo comercial multilateral concertado desde que se estableció la OMC.
2015 Kazajstán pasa a ser el 162 Miembro de la OMC. Se alcanza el número 500 en las diferencias resueltas por el OSD (Órgano de solución de diferencias)
2016 (enero) 68 Miembros de la OMC habían ratificado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que entrará en vigor cuando lo hayan ratificado dos tercios de los Miembros de la Organización. Se unen Liberia y Kazajastán (número 164)
Cabe recordar que el Consejo General de la OMC tiene su sede en Ginebra y que esta Organización funciona a través de sus Consejos y sus comités (De Vigilancia, de Obstáculos técnicos, etc)
Industrial and Intellectual Property. International Business Law. NfNJ Lesson 4 (1)
1. Industrial property rights
Industrial property includes patents, trademarks, industrial designs, geographical indications; etc
1.1 Invention patents
Definition
A patent is an exclusive right granted for an invention (inventive activity), which is a product or a process that provides, a new product or procedure for doing something (novelty), and offers a new technical solution to a problem (industrial application). To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application.
Registering a patent gives the holder the exclusive rights over his or her invention for a limited period, 20 years. Other people cannot make, use, offer for sale, sell or import a product or a process based on the patented invention. The patent holder can give someone else temporary permission to use the invention through a patent license agreement or may sell the patent. It is not possible to renew a patent after it expires.
Rights
The patent owner/ right holder has the exclusive right to prevent or stop others from commercially exploiting the patented invention. In other words, patent protection means that the invention cannot be commercially made, used, distributed, imported or sold by others without the patent owner’s consent
Patents are territorial rights. In general, the exclusive rights are only applicable in the country or region in which a patent has been filed and granted, in accordance with the law of that country or region
The protection is granted for a limited period, generally 20 years from the filing date of the application
Patents protect technical inventions: new products or procedures which involve an inventive step and have industrial application.
The maximun duration of the patent is 20 years
Scope of terrotorial protections
NATIONAL: If the inventor needs protection in only one European country, he or she can register a patent at the national level.
EUROPEAN:
For a wider protection they can register a European patent with the European Patent Office (EPO). The European Patent can protect the invention in up to 5 States, members of the «Munich Patent Agreement».
A European patent needs to be validated by the national patent office in each country where protection is required.
INTERNATIONAL (MEMBERS OF THE PARIS UNION:
Protection in various States, through the Patent Cooperation Treaty, or Treaty of Washington (PCT)
The PCT system of «multiple » national registrations was created by the Patent Cooperation Treaty (within the Paris Union, the International Patent Cooperation Union) . The PCT was signed in 1970.
The PCT provides a unified procedure for filing patent applications to protect inventions in more that one country of the Paris Union («letter box» system)
The patent application filed under the PCT is called an «international application», or PCT application.
Priority, iIn accordance with the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (art 4):
(1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods of 1 year for Patents and Utility Models; 6 months for designs and trademarks (from the date of the filing)
A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights
Rights
a trademark registration will confer an exclusive right to the use of the registered trademark. This implies that the trademark can be exclusively used by its owner, or licensed (temporarily) to another party for use in return for payment
Registration
At the national/regional level, trademark protection can be obtained by filing an application for registration with the national/regional trademark office and paying the required fees.
International registration. At the international level (Trademark Law Treaty 1994) provides for International registration procedures. There are two options: either country by country applications or using the Madrid System., administered by WIPO (See Madrid «Monitor» simplified registration system)
Trade Marks registration has a duration of 10 years, that can be renewed with no limit
EU TRADEMARK
EU Trade Mark allows protection in all EU Members. It is granted by EUIPO, in Alicante
Here, more contents about Trademark (European Countries and EU Trademark, general aspects)
(Compulsory readings. Supplement to classroom notes and course materials)
I Introduction
Intellectual Property is intangible property resulting from creations. Its owners and holders have specific rights, as established by the Law. Please note the differences:
(Propiedad Industrial) industrial property, ie: patents on inventions, designs and models, protected designations of origin; new varieties of vegetal, etc
(Signs), trademarks, registered trademarks, service brands etc
(Propiedad intellectual) copyright and related rights, ie: music, literature, paintings, sculptures.
Commercial strategies and other immaterial property rights: trade secrets, know-how, confidentiality agreements, or rapid production.
Gijón, Asturias
Intellectual Property rights (IPRs) allow titleholders (inventors, creators, artists, or other rightsholders) – to decide how, when and where their creations are used and/or exploited. Such rights have a negative and a positive manifestation
IP protection varies from one IP right to another. In very general terms we say that:
patents allow the holder to stop third parties from making, using or selling the holder’s invention for a certain period (maximum of years (20)
trademarks protect the «hallmark» (signo distintivo) of protected product/service by preventing other business from the offering, etc services/products under the same hallmark
Los Principios (y Comentarios) Unidroit sobre «Contratos Comerciales Internacionales» cubren en sus orientaciones lo que podría considerarse como parte general del derecho de contratos. Sobre ese núcleode sus Principles of International Commercial Contracts, con fuerte inspiración en la United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Unidroit sigue trabajando también para identificar Principios comunes a otros contratos que no responden necesariamente al mismo esquema general. Concretamente continúan los trabajos relacionados con los contratos de duración, analizados actualmente por el Grupo de trabajo de Unidroit para la reforma de los principios Unidroit de Contratos mercantiles(comerciales) internacionales. El Working Group on Long-Term Contracts, constituido para realizar propuestas de modificaciones a los Principios (versión 2010) y a sus comentarios, se reunió en enero de 2015 – con la participación como observadora de la española y catedrática de Derecho mercantil de la U. Carlos III, la Dra Pilar Perales (CISG Advisory Council). ha abordado hasta ahora los siguientes aspectos de los «long term contracts»
Concepto de contratos (comerciales) de larga duración
Terminación por motivos de fuerza
Contratos con «términos abiertos»
Restitución post contractual de contratos concluidos por tiempo indefinido
Acuerdos para la negociación de buena fe
Contratos con «términos evolutivos»
Acontecimientos inesperados
Cooperación entre las partes
Obligaciones postcontractuales
Reproducimos algunas de las aportaciones efectuadas en los debates del Grupo de trabajo , a la espera de la próxima actualización de resultados.
Sobre la necesaria actualización de los Principios, más allá del modelo de venta (Preámbulo. Comentarios). «The Principles were originally conceived mainly for ordinary exchange contracts such as sales contracts to be performed at one time. In view of the increasing importance of more complex transactions – in particular long-term contracts – the Principles have subsequently been adapted to take into account also the characteristics and needs of these transactions for a definition of the notion of “long-term contract”
Sobre la noción de contratos de duración (Art 1.11, Comentarios), The Principles, …, refer to “long-term contracts” as distinguished from ordinary exchange contracts such as sales contracts to be performed at one time. Three elements typically distinguish long-term contracts from ordinary exchange contracts: duration of the contract, an ongoing relationship between the parties, and complexity of the transaction. For the purpose of the Principles, the essential element is the duration of the contract, while …Depending on the context, examples of long-term contracts may include contracts involving commercial agency, distributorship, out-sourcing, franchising, leases (e.g. equipment leases), framework agreements, investment or concession agreements, contracts for professional services, operation and maintenance agreements, supply agreements (e.g. raw materials), construction/civil works contracts, industrial cooperation, contractual joint-ventures, etc
Relacionado con los contratos de duración, si bien en ámbitos vinculados al consumo, crédito y trabajo, recordamos esta aportación del International Social Contract Law Group (EuSoCo) Grupo EuSoCo.
Life Time Contracts, Social Long-term Contracts in Labour, Tenancy and Consumer Credit Law. Reifner, Nogler et alt, Eleven, 2014
