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Idoneidad de los directivos de entidades financieras, a propósito de las nuevas Directrices de la EBA y la AEMV

el 16 octubre, 2017 en Sin categoría

La Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) hicieron públicas el 26.09.2017 sus Directrices conjuntas para evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección  de entidades del sector financiero.  Según se desprende del documento aludido,  entrará en vigor el 30 de junio de 2018 y su objeto consiste en contribuir a la mejora de las evaluaciones de idoneidad  de  los directivos de los sectores financieros de la Unión Europea. En último término, estas Directrices deberían contribuir a fomentar la gobernanza sólida (y armonizada) de las instituciones financieras significativas europeas.

 

San Telmo. Frómista. Palencia

Las Directrices destacan la importancia de que las instituciones y entidades financieras tengan en cuenta, antes de su nombramiento y a lo largo del periodo de desempeño, si sus directivos poseen  conocimientos, cualificaciones y aptitudes necesarias para ser capaces de desarrollar una gestión adecuada y prudente.  Por lo tanto, vienen a desarrollar lo previsto en la Directiva 2013/36/UE sobre requisitos de capital (CRD IV) (explicada), en particular su artículo 91(12) . También desarrolla lo establecido en la Directiva 2014/65/UE sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID 2),  especialmente su artículo 9.

Las Directrices de las que damos noticia definen  y desarrollan nociones que habían sido previstas en la Directiva de Requisitos de Capital, IV, como la dedicación de tiempo suficiente al desempeño de sus funciones en relación con las circunstancias individuales y la naturaleza, escala o complejidad de las actividades de la entidad; la posesión colectiva de los conocimientos, competencias y experiencia oportunos; la honradez, integridad e independencia de criterio; dedicación de los oportunos recursos humanos y financieros a la iniciación y formación de los miembros del órgano de dirección, o el concepto de diversidad en la selección. También desarrollan Midif 2 , especialmente en los relativo a su artículo 9 que señala “La AEVM y la ABE aprobarán conjuntamente las directrices sobre los elementos enumerados en el artículo 91, apartado 12, de la Directiva 2013/36/UE.“…. “Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección de la empresa de servicios de inversión defina, vigile y responda por la aplicación de un sistema de gobierno que garantice una gestión eficaz y prudente de una organización —que incluya el reparto de funciones en dicha empresa y la prevención de conflictos de intereses—, promoviendo la integridad del mercado y el interés de los clientes.”

Conforme a los establecido en la Directiva 2013/36/UE,  las Directrices superan la idea de las evaluaciones individualizadas de los directivos. Por ello, junto a la apreciación de las capacidades y experiencia de cada uno de ellos deberá efectuarse a partir de julio de 2018 una evaluación  de idoneidad colectiva en términos de conocimientos, experiencia y demás criterios derivados de las Directivas mencionadas aquí. La apreciación del conjunto de directivos obligará a verificar sus diversas capacidades, pero también sus procedencias o incluso -creemos- la composición de género de  los directivos.  Debe recordarse también que determinados ejecutivos ( con funciones de dirección, pero no necesariamente miembros del órgano de administración) como son los responsables de la dirección financiera y de la dirección de control interno se asimilan en cuanto a los controles ex ante y ex post de su idoneidad, a los miembros del órgano formal de administración (en el supuesto de que no estuviesen formalmente integrados en el mismo)

Estas Directrices orientarán la labor de supervisión en cuanto a la evaluación de la idoneidad, que se realiza, principalmente, en el momento del nombramiento del alto cargo, pero también de forma continuada, y cuando se producen cambios o hechos relevantes por los que se pueda ver afectada la idoneidad de los  directivos de entidades financieras. Recordemos que en el caso de las entidades significativas, la competencia de supervisión corresponde al Banco Central Europeo (BCE) en colaboración con las Autoridades Nacionales, mientras que la de las menos significativas, corresponde en nuestro país al Banco de España. Recordemos que en el ámbito interno español ya , la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y el Real Decreto 84/2015  exigen que los consejeros, directores generales o asimilados, responsables de las funciones de control interno y otros ejecutivos que ocupan puestos clave de las entidades de crédito, sean idóneos para el desempeño de su cargo. Adicionalmente, los grupos y entidades aprueban códigos, protocolos y formularios para efectuar de modo homogéneo estos controles (aqui, por ejemplo, se explica este desarrollo en Grupo Santander- Openbank). Por lo tanto tendrán repercusiones sobre las actuaciones de supervisión y de control que deben efectuar las autoridades competentes en sus futuros análisis sobre las entidades y sobre sus directivos. Igualmente, pueden motivar reformas en los protocolos internos de los grupos y entidades, a efectos de facilitar las evaluaciones adaptadas a estas Directrices.

 

Catedral Zamora

Ver:

¿Prácticas restrictivas de la competencia en el goloso sector de libros de texto no universitarios?

el 13 octubre, 2017 en DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, DM_ADE, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

La CNMC incoa expediente sancionador en el sector de los libros de texto no universitarios

Las Médulas (León). By M.A. Díaz

Las Médulas (León). By M.A. Díaz

Acaba de hacer público la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que está investigando posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de edición y de comercialización de libros de texto no universitarios en España y que se ha incoado expediente sancionador contra varias empresas de este sector. Puede verse aquí.

Se trata de un mercado ciertamente nada desdeñable, puesto que la venta de libros de texto en centros no universitarios (colegios e institutos) puede proporcionar una suculenta cifra de ganancias. Y ciertamente la cifra puede ascender a más dígitos si, ilícitamente, los precios de los libros respondiesen a un acuerdo de precios, no precisamente a la baja. Y si además, también ilícitamente, se pactase un reparto de mercado se aseguraría la venta en determinados ámbitos geográficos, en perjuicio de otros competidores, que quedarían fuera del reparto del preciado pastel que es la venta de unos libros de texto cuya venta está asegurada, por constituir el material obligatorio del que deben disponer los estudiantes.

  • En este ámbito, la investigación de la CNMC se centra, concretamente, en la limitación de las políticas comerciales relativas a los cambios de editoriales de referencia para los libros de texto de los diversos centros educativos no universitarios en España.

    A tal fin, la CNMC ha incoado expediente sancionador contra las empresas Anele (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza), Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson y Teide por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, que pudieran encajar dentro de las prácticas colusorias o cárteles restrictivos de la competencia.

  • El órgano encargado de sancionar las prácticas anticompetitivas y, en suma, de aplicar la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), va a examinar si existen acuerdos o prácticas concertadas entre dichas entidades para repartirse el mercado de la edición y de la comercialización de libros de texto no universitarios en España, y, asimismo, si hay otros acuerdos de fijación de determinadas condiciones comerciales e intercambio de información comercial sensible.
  • Junto a ello, la CNMC pretende investigar si median otros  acuerdos o prácticas concertadas adicionales entre Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edebé, McMillan, Pearson, Teide y Serbal, todos ellos encaminados a fijar precios y otras condiciones comerciales en el ámbito del libro de texto en formato digital en España.
  • Finalmente, la CNMC se propone investigar también otras posibles prácticas restrictivas de la competencia entre Grupo SM, Edebé y Edelvives, en forma de acuerdos o prácticas concertadas para el reparto de mercado en un segmento del mercado de la edición y comercialización de libros de texto no universitarios en España, en particular, los libros de texto para centros de titularidad católica.

La apertura de expediente sancionador viene motivada, en este caso, por la denuncia presentada por la Editorial Vicens Vices.

A juicio de la CNMC, partiendo de la información inicial disponible, existen indicios racionales de que Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson, Teide y Serbal han cometido posibles infracciones del art. 1 de la citada LDC, y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por realización de conductas restrictivas de la competencia.

Como reconoce la CNMC, la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. De acuerdo con el art. 36.1 de la LDC la CNMC cuenta con un plazo máximo de 18 meses para dictar y notificar la  resolución que ponga fin al procedimiento sancionador. Y ello sin perjuicio de la posibilidad de ampliación de plazos y suspensión de su cómputo, prevista en el art. 37 de la misma Ley, cuando concurran los presupuestos en él establecidos.

Habrá que esperar a que se instruya y resuelva el expediente para comprobar si realmente se han producido estas prácticas contrarias a la competencia.

En alguna entrada anterior nos hemos ocupado ya de la investigación de la CNMC de prácticas anticompetitivas en este mismo sector (aquí).

 

 

 

Traslado de domicilio social dentro del territorio español. Apunte e impresiones a vuelapluma, a propósito del Real Decreto Ley 15/2017

el 9 octubre, 2017 en Sin categoría

La reforma del artículo 285.2 LSC y los anunciados traslados desde la CA Catalana a otras CCAA dan pie a esta reflexión a la espera de si se formulan (y de cómo se resuelvan en la practica) las incidencias que quizás puedan tener lugar.

 

El Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional realiza, en palabra de sus redactores, una clarificación del contenido del artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital tras su reforma mediante  la disposición final 1 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo: ” 2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”. 

Conocemos un primer comentario del Real Decreto ley, a cargo de Fernando Gomá Lanzón y otro del Doctor José María López

Santiago de Compostela.  Semblanza desde la Alameda

El legislador de 2015 había introducido una norma especial en la regulación de las modificaciones estatutarias y de cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, muy bien recogida por el Prof L Cazorla. Frente a la regla general que atribuye competencias a la Junta General para la modificación estatutaria, se introducía la posibilidad de cambio de domicilio en España dentro de las competencias ejecutivas del órgano de administración.

Algunas de las perspectivas de aquella reforma de 2015 fueron objeto de útiles comentarios doctrinales, por ejemplo del Profesor Jesús Alfaro (aquí, aquí, aquí, aquí), o del Profesor Miquel, o de los Profesores Francisco Javier Arias Varona y Alina Martiniva en la Revista de Sociedades. ; En muchos casos se vertían concretamente al hilo de la RDGRN de 30 de marzo de 2016 , o de forma más general en relación con la interpretación de la atribución competencial expresa, literal o por referencia a la ley en los Estatutos sociales.

La redacción del artículo 282.5 LSC que deriva del Real Decreto Ley 15/2017 viene a aclarar algunas dudas de abogados, registradores y profesores al atribuir la competencia sobre el cambio de domicilio dentro de España, expresamente y de modo originario, al órgano de administración. Tal atribución opera desde el día 7 de octubre de 2017. Sólo puede evitarse mediante prohibición o disposición contraria en los estatutos. Y lo que es más, en virtud de la DT única de este Real Decreto- Ley “se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”. Es decir, en aquellas sociedades cuyos Estatutos incluyesen hasta ahora una atribución específica a la Junta, o excluyesen expresamente al órgano de administración, la competencia también recae ahora sobre los administradores. Para revertir la competencia deberán manifestarse expresamente los accionistas, mediante la aprobación de una nueva disposición estatutaria posterior al 7 de octubre de 2017. Sólo así se puede eliminar la competencia que el Real Decreto Ley acaba de atribuir al órgano de administración.

¿Qué efectos tendrá, previsiblemente, la reforma de 2017 sobre la implantación real de las sociedades en unos u en otros municipios, y sobre la interpretación de los deberes de los administradores y consejeros?, impresiones a vuelapluma 

Como es sabido, el apartado 1 del artículo 9 de la LSC establece que las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación. Añade el artículo 10 del mismo cuerpo legal  que en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería según el artículo anterior, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos.  En efecto, según se ha señalado lo relevante para una sociedad no es sólo que exista un domicilio, al ser una mención estatutaria obligatoria, sino también que ese domicilio sea real en el sentido de que se corresponda con el centro efectivo de la actividad social, bien porque allí radique su efectiva administración o dirección, o bien porque se encuentre su principal establecimiento. Aun cuando la situación normal sea que el domicilio social coincida con el efectivo domicilio real de la empresa en el sentido visto, puede no darse esta coincidencia( véase, entre otros, el auto TS, S Civil, ss 1, Auto de 27 abril 2016).

Sin embargo, las operaciones de traslado plantean cuestiones diversas. Incluso si la entidad que decida efectuar el traslado disocia el domicilio social de la sede real o de administración, surgirán consecuencias. Algunas, como las derivadas de la aplicación del artículo 19 del Reglamento del Registro Mercantil  en relación con el depósito de cuentas cuando ha mediado un traslado han sido objeto de RRDGRN  y  de comentarios (por ejemplo del Profesor S Calero, o en esta entradilla DerMerUle). Otras, tienen que ver con la celebración de la Junta General, ya que el artículo 175 LSC, establece que salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio,  y por lo tanto el incumplimiento puede llegar a conllevar la nulidad de la Junta (véase la SAP Málaga, Sentencia núm. 838/2015 de 28 diciembre).

No corresponde aquí detallar minuciosamente todas estas consecuencias del traslado de domicilio. Ni tampoco las relativas a la (también posible) disociación entre domicilio social y fiscal como excepción a lo establecido en el artículo 48 de la Ley General Tributaria. Vamos a plantear más bien alguna pregunta relativa a las posibles consecuencias o incidencias de esta nueva atribución del órgano de administración de las sociedades en nuestro país. Subrayemos que, lejos de la excepcionalidad extrema que alguno pueda querer ver,  la nueva competencia no viene sino a ampliar la que (dentro de un mismo municipio) ya tenían los administradores sociales desde 1956. El artículo 105 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956 dispuso que no tendría carácter de modificación estatutaria …, el traslado del domicilio de la sociedad «dentro de la misma población, salvo pacto estatutario en contrario», el artículo 149 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre atribuyó a los administradores, salvo disposición contraria de los estatutos, la facultad de acordar el traslado de domicilio dentro del mismo término municipal, si bien así debía constar en escritura pública y en la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

Con todo, pese a que jurídicamente no estamos ante una atribución desorbitada, en virtud de  las circunstancias concurrentes en España en el momento de la aprobación del Real Decreto Ley (aunque no exclusivamente por ese motivo) cabe imaginar algún potencial conflicto societario derivado del nuevo ámbito de decisiones y de ejecución del órgano de administración

Cantábrico (Asturias)

  • Por un lado cabe preguntarse si irán siempre acompañados los traslados estatutarios o registrales de mudanzas reales en las sedes  o en los lugares de administración central de las sociedades, o si por el contrario veremos más discordancias entre unos y otros. O incluso, si las sociedades mantendrán su sedes de administración real, trasladando exclusivamente las reuniones de sus órganos al nuevo domicilio.
  • Además, y acompañando a los debates públicos y privados que se están produciendo, y que se sucederán con mucha probabilidad, intriga saber si veremos un incremento en la conflictividad societaria, por ejemplo mediante impugnaciones del acuerdo de traslado por parte de administradores que no lo hubieran apoyado, o por parte de  accionistas. La impugnación de acuerdos es un derecho, y puede llegar a ser un deber. Pero, su ejercicio conforme a criterios o siguiendo motivaciones aleatorias o espúreas representa un riesgo de consecuencias difíciles de prever. Recordemos en este punto que algunas de las entidades que estos días anuncian el cambio de domicilio tiene fuertes lazos con entes y administraciones públicas (por tanto, que no son del todo ajenas a las políticas públicas). Y,  que la inversión efectuada por inversores institucionales, incluidos los fondos soberanos puede perfectamente responder a intereses muy distintos de los de la administración, accionistas de largo plazo, o sociedad. Según el artículo 251 LSC 1. Los administradores podrán impugnar los acuerdos del consejo de administración , … Igualmente podrán impugnar tales acuerdos los socios que representen un uno por ciento del capital social,… Es sabido que dentro de las causas de impugnación, hay alguna sujeta a fuertes dosis de subjetividad y que son de difícil concreción a priori como es el caso de la causa de impugnación por de lesión del interés social que, en los términos del artículo 204 LSC ni siquiera exige la materialización de daños al patrimonio social
  • En una línea semejante, cabe cuestionarse si se la nueva atribución legal de competencias es susceptible de incrementar las acciones de responsabilidad contra los administradores. De así ocurrir, por ejemplo en estos primeros momentos después de la aprobación del Real Decreto-Ley (pero no exclusivamente en esos instantes), muy posiblemente estos se defenderán justificando su actuación en el deber legal de diligencia y en que actuaron conforme a lo que a su juicio exigía el artículo 225.2 LSC.  Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. Concretamente (aunque no exclusivamente) en el caso de las sociedades que estos días anuncian su traslado desde Cataluña a diversos municipios de otras Comunidades Autónomas a la luz de los acontecimientos de octubre de 2017, habrá que ver y leer las diversas interpretaciones del interés social que unos y otros aporten, en caso de formularse formalmente tales cuestiones.
  • Situaciones como el posible ejercicio abusivo de la competencia, costes del traslado,  negocios jurídicos sobre las sedes antigua o nueva, entre otros, son susceptibles de dar lugar a trabajo jurídico futuro.

Estaremos atentas a comentarios que se irán produciendo estos días, para incorporarlos dentro de lo posible a esta entradilla

MedCat- Gas. Acuerdos de colaboración público-privada en grandes infraestructuras. PPP (Public-Private Partnerships)

el 6 octubre, 2017 en Banca y Seguros, Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, Otros

A propósito del MedCat y los acuerdos de colaboración público-privada en grandes infraestructuras. PPP (Public-Private Partnerships) en el sector del gas.

 

La colaboración público-privada a través de los mecanismos del Derecho Mercantil y en concreto a través del derecho societario representa un campo de observación y análisis particularmente fértil desde la perspectiva jurídica y tal vez también desde la económica o geográfica. Al redactar esta entrada reconozco mi deuda con la Doctora María Isabel Fernández Justo, Profesora de Geografía Económica y Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Santiago de Compostela, con quien aprendí tanto.

 

Ya aludíamos aquí,  aquí  o aquí a algunos aspectos intrigantes  de la distribución de energía cuyos contratos de construcción, gestión de fluidos, importación, mantenimiento de calidad, financiación; así como sus efectos sobre la solidaridad territorial son sin duda apasionantes. Uno de los subsectores energéticos más interesantes desde el punto de vista de la participación privada en su desarrollo es el gasístico.

Pristina. Biblioteca Nacional KSV

En España, la Sociedad Anónima Cotizada Enagás es el principal transportista de gas natural,  responsable también como Gestor Técnico del Sistema Gasista del Estado. Su actividad internacional no es menor ya que cuenta con participaciones en el  Trans Adriatic Pipeline que permitirá transportar gas a Europa desde el Mar Caspio, conectando Grecia, Albania (a través de la universitaria ciudad de Vlora) e Italia; pero también en Swedegas, la mercantil operadora del Sistema Gasista sueco, a la que aludíamos indirectamente aqui.  Respecto a sus actividades en el territorio nacional, su centro de gestión de éste energético fluido, el gas,  se sitúa en Madrid. Desde allí se organiza, controla y actúa físicamente en todo el sistema, coordinando y modulando las necesidades de consumo con los centros de inyección. Además, desde la capital de España se ponen en marcha o se detienen las estaciones recompresoras bidireccionales de este producto.  No obstante, no toda la distribución está en manos de ENAGAS, sino que como acertadamente indico el Prof R Centeno otras empresas privadas participan en esta actividad de distribución (y en otras igualmente estratégicas)

Como ejemplo más concreto de los negocios jurídicos estratégicos que se desarrollan en torno al sector de la distribución (privada) de gas natural, mencionaremos  los acuerdos de Enagás con la Generalitat de Catalunya concluidos en 2012, por ejemplo el correspondiente a la construcción del gasoducto de alta presión entre Martorell (Barcelona) y Figueres (Girona)  cuyo tramo sur entró en servicio en 2013. El trazado norte entre Hostalric y Figueres estaba previsto que se realizase en 2014.  Este acuerdo posee un acentuado carácter estratégico al encuadrarse en el MidCat de conexión de los dos países, España con Francia. Es decir, constituye un elemento central en los planes de la UE para un Mercado Único de la Energía. Entre otros acuerdos que podemos mencionar, precisamente de aquella época, estaría el de la construcción del octavo tanque de almacenamiento de la Planta de Regasificación del puerto de Barcelona, y la duplicación del gasoducto entre Tivissa (Tarragona) y Paterna (Valencia).

Universiteti Kadri Zeka

Como se indica  entre otros, en este documento  del  Consejo Asesor  de  la Generalitat de Cataluña (Consejo Asesor para la Transición Nacional, pág 72 )  el gasoducto  Holtalric-Figueres supondría disponer de un transporte de gas de 7 miles de millones de metros cúbicos de gas, generando cifras nada desdeñables de negocio,  ya que enlazaría el corredor mediterráneo de gas magrebí y las plantas de regasificación de GNL (como las de Barcelona) hacia Europa, a través de Francia. MedCat contribuiría así a la seguridad energética europea y supondría ciertamente una válvula de seguridad en casos de potenciales crisis en las relaciones de la Unión Europea con Rusia o con otros Estados vecinos. Naturalmente, como explica el mencionado documento, a través de este gasoducto (que es simplemente un ejemplo de la importantísima red de infraestructuras del noreste español) se reforzaría la seguridad de la demanda de gas en esa región.

 

Dejamos aquí esta entradilla, con ánimo de retomar más adelante el debate y analizar cuestiones sobre la gobernanza contractual,  societaria o financiera de este sector clave en las cooperaciones público privadas.

 

Drafted within the GreenTech West Balkans Project of the European Commission.  We thank the support received by the Kadri Zeka University in Gjilan and the Faculty of Computer Science in the context of the multidisciplinary Master Program “e-Governance”.

 

 

 

Excepción temporal al acceso de entidades de compensación centralizada a datos sobre derivados en mercados con bajo volumen

el 2 octubre, 2017 en Banca y Seguros, Otros

Dentro de las medidas para aplicar MIFID2  y MIFIR (Reglamento No 600/2014) se viene observando las dificultades prácticas que entrañan algunas de las obligaciones impuestas por el nuevo marco regulatorio. Es el caso, por ejemplo, del cumplimiento de la obligación de los centros de negociación de dar información transparente y no discriminatoria sobre las operaciones relativas a derivados que en ellos negocien. Especialmente oneroso resulta ese cumplimiento en relación con los derivados para centros en los que el volumen de negociación de derivados sea mínimo

 

Reina-Teuta-de-Iliria-circa-235-200-a-C. Reina Pirata

Conforme al artículo 35.1 de MIFIR los centros de negociación están obligados a facilitar el acceso a datos (generalmente mediante motores automatizados, feed) a las contrapartes centrales de manera no discriminatoria y transparente. Estos datos objeto de transparencia incluyen las transacciones sobre derivados que se realizan en ese centro de negociación.  No obstante,MIFIR (Art. 35.6) permite a estos centros la posibilidad de optar por no someterse a tales obligaciones de transparencia durante un periodo de tiempo limitado (30 meses) y siempre que no se superen determinados umbrales de volumen de negociación en dicho centro (1.000.000 € anual) y siempre que no se trate de derivados que ya están sometidos a transparencia en virtud del Art 8 del Reglamento (UE) 648/2012 relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. Es decir, la exención no puede aplicarse respecto de las CCP que ya estén autorizadas en una plataforma en concreto para negociar derivados extrabursátiles en ella, pues señala el Art 8.1 de este Reglamento de 2012: “Las plataformas de negociación facilitarán datos de negociación, de forma transparente y no discriminatoria, a cualquier ECC que solicite tales datos y que haya sido autorizada para compensar contratos de derivados extrabursátiles negociados en dicha plataforma de negociación.”

 

A efectos de aplicar la exención, el Centro en cuestión notificará tanto a ESMA/AEMV como a su Autoridad NAcional competente, tal opción. A los efectos de materializar y normalizar el ejercicio de ese derecho por parte de los mercados y centros de negociación, ESMA ha publicado  su documento de política y procedimiento el 15 septiembre de 2017 para que antes de finales de septiembre los centros de negociación procedan a realizar las comunicaciones pertinentes (explicado también aquí).

Agotamiento del derecho conferido por la marca en caso de fragmentación voluntaria de derechos paralelos con un mismo origen surgidos en varios Estados del EEE

el 28 septiembre, 2017 en DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

  • Comentarios desde el GID

  • Septiembre 2017

 

¿PUEDE SCHWEPPES S.A. OPONERSE A LA IMPORTACIÓN O A LA COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE BOTELLAS DE TÓNICA SCHWEPPES PROCEDENTES DEL REINO UNIDO, DONDE ESTA MARCA PERTENECE A COCA-COLA?

 

(A propósito de las Conclusiones del Abogado General, Sr. Mengozzi, presentadas el 12 de septiembre de 2017, en respuesta a la Petición de Decisión Prejudicial planteada en el asunto Schweppes, S.A./Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN S.L.)

Cafetería Dani y Jose. Campus Universitario de León. By M.A. Díaz.

         
María Angustias Díaz Gómez
Catedrática de Derecho Mercantil
Coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de León
(GID-DerMerUle)

 

En estas Conclusiones formuladas por el Abogado General se realiza un interesante repaso de la jurisprudencia más relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la temática objeto de las cuestiones prejudiciales. Así Mengozzi recuerda el enfoque que el TJUE ha realizado del agotamiento del derecho conferido por la marca que puede resultar de interés en el caso de fragmentación voluntaria de derechos paralelos con un mismo origen surgidos en varios Estados del Espacio Económico Europeo (EEE). En relación con esta materia, se detiene, con argumentación detallada, en el análisis de la cuestión del equilibrio entre el derecho de marca y la libre circulación de mercancías.

El Abogado General aborda estos extremos, al formular la respuesta a la Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona, en el marco de un litigio entre, de una parte, “Schweppes, S.A.”, sociedad española, y, de otra, “Red Paralela, S.L.”, y “Red Paralela BCN, S.L.” (en adelante “sociedades Red Paralela”). Este litigio se suscita con motivo de la importación en España por “sociedades Red Paralela”) de botellas de tónica procedentes del Reino Unido que se designan con la marca “SCHWEPPES”.

El signo “Schweppes”, en Europa, está registrado como una serie de marcas nacionales, idénticas o prácticamente idénticas, en todos los Estados miembros del EEE. Durante mucho tiempo “Cadbury Schweppes” fue titular única de estos diferentes registros. En 1999, se produjo la fragmentación de la marca en el territorio del EEE, al ceder al grupo “The Coca-Cola Company” (en adelante, “Coca-Cola”) los derechos relativos a las marcas “SCHWEPPES” en trece Estados miembros del EEE, conservando la titularidad de estos derechos en los otros dieciocho Estados. En 2009, “Cadbury Schweppes”, pasó a ser “Orangina Schweppes Group”.

La titular de las marcas “SCHWEPPES” registradas en España es “Schweppes International Ltd”, filial inglesa de “Orangina Schweppes Holding BV”. “Schweppes”, filial española de “Orangina Schweppes Holding”, es titular de una licencia exclusiva para la explotación de estas marcas en España.

El 29 de mayo de 2014, “Schweppes” presentó una demanda por infracción del derecho de marca contra las “sociedades Red Paralela” por importar y comercializar en España botellas de tónica designadas con la marca “SCHWEPPES” procedentes del Reino Unido. “Schweppes” considera que estos actos son ilícitos, habida cuenta que dichas botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por “Coca-Cola”, que no tiene vínculo alguno con el grupo “Orangina Schweppes”. En la misma línea, argumenta que, dada la identidad de los signos y de los productos en cuestión, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de aquellas botellas.

Frente a esta demanda por infracción del derecho de marca las “sociedades Red Paralela” se defienden invocando fundamentalmente, por un lado, el agotamiento del derecho de marca por consentimiento tácito, respecto a los productos que llevan la marca “SCHWEPPES” que provienen de Estados miembros de la Unión Europea en los que “Coca-Cola” es titular de la marca. Además, por otro lado, aducen que es innegable que existen vínculos jurídicos y económicos entre “Coca-Cola” y “Schweppes International” en la explotación común del signo “Schweppes” como marca universal.

En estas circunstancias, el Juzgado de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia cuatro cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de una marca en uno o más Estados miembros impida la importación paralela o comercialización de productos, con marca idéntica o prácticamente idéntica, titularidad de un tercero, procedentes de otro Estado miembro, cuando dicho titular ha potenciado una imagen de marca global y asociada al Estado miembro de donde proceden los productos que pretende prohibir?
2) ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 una venta de producto con marca, siendo ésta notoria, dentro de la UE manteniendo los titulares registrales una imagen global de marca en todo el EEE que genere confusión en el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto?
3) ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de marcas nacionales idénticas o similares en distintos Estados miembros se oponga a la importación a un Estado miembro donde es titular de la marca, de productos, identificados con una marca idéntica o similar a la suya, procedentes de un Estado miembro en el que no es titular, cuando al menos en otro Estado miembro donde es titular de la marca ha consentido, expresa o tácitamente, la importación de esos mismos productos?
4) ¿Es compatible con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE[, el] artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 y [el] artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que el titular A de una marca X de un Estado Miembro se oponga a la importación de productos identificados con dicha marca, si tales productos provienen de otro Estado miembro donde consta registrada una marca idéntica a X (Y) por otro titular B que la comercializa y:
–ambos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca X;
–ambos titulares A y B mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el público relevante una apariencia o imagen de marca única y global; o
–ambos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca X y además mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el público relevante una apariencia o imagen de marca única y global?»

A través de estas cuestiones prejudiciales, el Juzgado remitente trata de conocer, si la normativa europea mencionada se opone, en el contexto mencionado, a que el licenciatario del titular de una marca nacional invoque su derecho de exclusiva conferido por la normativa del Estado en el que la marca está registrada para oponerse a la importación o comercialización en dicho Estado miembro de productos designados con una marca idéntica y procedentes de otro Estado miembro, donde dicha marca, que antes era propiedad del grupo del que forman parte tanto el titular de la marca en el Estado de importación como su licenciatario, es ahora titularidad de un tercero que adquirió los derechos por cesión.

En sus conclusiones, de forma bien documentada, el Abogado General, Sr. Mengozzi, recuerda que el Tribunal de Justicia viene señalando que el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca “opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados”. Para el Abogado General, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que importa no es tanto la naturaleza de las relaciones entre ambas entidades, sino la circunstancia de que, debido a tales relaciones, la marca se encuentra bajo control único. En opinión del Abogado General este criterio puede comprender no sólo los supuestos mencionados por el Tribunal de Justicia, de que el uso de la marca está bajo el control de una sola persona (cedente de la licencia o fabricante) o de una entidad que constituye una unidad económica, sino también los casos en que el uso de la marca esté sometido al control conjunto de dos personas distintas ―cada una titular de los respectivos derechos reconocidos a nivel nacional― que al explotar la marca actúan como un único centro de intereses.

Además, el Abogado General manifiesta que, a efectos de la aplicación del principio del agotamiento del derecho de marca, los titulares de marcas paralelas surgidas de la fragmentación de una marca única pueden considerarse “vinculados económicamente” cuando coordinan sus políticas comerciales al objeto de ejercer un control conjunto sobre el uso de sus marcas respectivas. Con todo, estima que para que se produzca el agotamiento del derecho se requiere que dicho control único sobre la marca proporcione a las entidades que lo ejercen la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se imprima la marca, así como de controlar su calidad.

A propósito de la prueba de la posible coordinación entre los titulares de las marcas paralelas de la que pueda deducirse una unicidad de control, el Abogado General mantiene que la carga de la prueba recae, en principio, sobre el importador paralelo. Si bien el Abogado General considera excesivo solicitar al importador paralelo que aporte la prueba del control único, sí entiende que debe presentar un conjunto de indicios precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de ese control.

Así las cosas, a las cuestiones prejudiciales formuladas, el Abogado General responde como sigue:
“…procede responder conjuntamente a las cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado remitente en el sentido de que el artículo 36 TFUE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 se oponen a que el licenciatario del titular de una marca nacional invoque el derecho exclusivo del que éste disfruta en virtud de la normativa del Estado miembro en el que dicha marca está registrada para oponerse a la importación o a la comercialización en dicho Estado de productos designados con una marca idéntica procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que era anteriormente propiedad del grupo al que pertenecen tanto el titular de la marca en el Estado de importación como su licenciatario, es titularidad de un tercero que ha adquirido los derechos por cesión, cuando, vistos los vínculos económicos existentes entre el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación, resulta que estas marcas están bajo control único y que el titular de la marca en el Estado de importación tiene la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se estampa la marca en el Estado de exportación y de controlar su calidad”.
Este es el parecer del Abogado General, expresado en las Conclusiones,  que -como es sabido- no son vinculantes para Tribunal de Justicia. Al responder a las cuestiones prejudiciales el Abogado General se limita a proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto planteado. Habrá que esperar a que el Tribunal de Justicia, tras las oportunas deliberaciones, dicte Sentencia en la que se pronunciará sobre estas cuestiones.
En cualquier caso, no ha de ignorarse que será el Juzgado el que deberá resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Ello significa que será el juez nacional quien ha de determinar, considerando todas las circunstancias del caso y una vez aclarados los vínculos que unen a los titulares de las marcas paralelas (“Schweppes International” y “Coca-Cola”), si se ha producido el agotamiento del derecho de “Schweppes International” en relación con las botellas de tónica en cuestión.
El texto íntegro de las Conclusiones del Abogado General puede verse aquí.

 

 

Recordatorio: Congreso en Valladolid. 21 – 22 septiembre 2017. “La economía colaborativa: perspectivas, problemas y retos”

el 20 septiembre, 2017 en Otros

“La economía colaborativa: perspectivas, problemas y retos”

Jornadas 21 a 22 septiembre 2017

Facultad de Derecho Valladolid

Coordinado por el maestro, Prof., Dr., Dhc., Luis A. Velasco San Pedro, catedrático de la asignatura, junto con dos reconocidas mercantilistas con las que hemos aprendido mucho, las profesoras Dra Marina Echebarría Sáenz y Dra Carmen Herrero Suárez. Anunciábamos aquí  con enlace a  ( la Web de actividades del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid) a efectos de inscripciones y comunicaciones.

Tanto el Comité Científico del Congreso como los ponentes dan idea de la calidad de las jornadas, y de la de la posterior publicación que ya se anuncia: Profesores y profesoras con los que nos unen lazos tan especiales de doctrina, enseñanzas, afecto y respeto como el Profesor y maestro Jesús Quijano González; la primera Catedrática de Derecho Mercantil del Norte de España y modelo a seguir la Profesora  Mª Angustias Díaz Gómez de esta Universidad de León; el ilustre administrativista Profesor José Carlos Laguna de Paz, o los Profesores, referentes para el mercantilismo actual  Luis M. Miranda Serrano, Pedro Yanes Yanes y Javier Gutiérrez Gilsanz.

 At least one Communication for this Congress has been Drafted within the GreenTech West Balkans Project of the European Commission.  We thank the support received by the Kadri Zeka University in Gjilan and the Faculty of Computer Science in the context of the multidisciplinary Master Program “e-Governance”.

Hipotecas inversas y productos de liberación de activos inmobiliarios ante la transposición de la Directiva 2014/17/UE

el 18 septiembre, 2017 en Banca y Seguros, Otros

Hipotecas inversas, hipotecas vitalicias y productos financieros complejos destinados a complementar los ingresos de los mayores, ante la incorporación de la Directiva europea de créditos hipotecarios con consumidores.

 

Universiteti Kadri Zeka, (RKS)

La Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 debiera haber sido incorporada al ordenamiento español el 21 de marzo de 2016 (artículo 41). El retraso motivó el anuncio de recurso de incumplimiento contra el Reino de España por parte de la Comisión Europea. En la actualidad se trabaja en la transposición (comentarios aquí, aquí, aquí, entre otros).

Esta  Directiva de 2014 pretende reforzar la tutela del consumidor mediante nuevos mecanismos de información precontractual como la FEIN –Ficha Europea de Información Normalizada- ;  pero también con la incorporación de derechos de los consumidores, imponiendo mayor rigor en el cálculo del TAE,  o  mediante la prohibición de contratos vinculados. La Directiva se aplica en particular (art. 3 apartado 1, párrafo a) a  los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable comúnmente utilizada en un Estado miembro sobre bienes inmuebles de uso residencial, o garantizados por un derecho relativo a un bien inmueble de uso residencial….

Vidrieras Catedral Pristina

Llama la atención que pese al sedicente afán de tutela,  el legislador europeo excluyó (Preámbulo, 16 y artículo 3, apartado 2, párrafos a-i y a-ii) a los llamados contratos de crédito de pensión hipotecaria del ámbito de la DirectivaEstos contratos son operaciones, que en palabras del redactor de la Directiva, operan como una hipoteca inversa o como una hipoteca de renta vitalicia (Preámbulo 16). Extraña aún más que el legislador justificase esa opción en que, a su juicio (Preámbulo 16, in fine),  no comportan la concesión de un crédito y (…) no se hacen necesario evaluar la solvencia del consumidor.

En el pasado tuvimos ocasión de reflexionar sobre productos de liberación de activos como complemento a las pensiones, por ejemplo aquí, aqui, aqui, o aquí.

Cabe recordar que el artículo 2 de la Directiva reconoce la posibilidad de los Estados de mantener o de adoptar medidas más estrictas de protección del consumidor. Son muchos los motivos que se podrían aducir para justificar la inclusión (como opción adoptada en España) de las hipotecas inversas e hipotecas de pensión vitalicia, en la norma de transposición nacional.

  • En primer lugar, resulta a nuestro juicio incoherente y criticable la expresión (Preámbulo 16) del legislador europeo en el sentido de que tales productos no incorporan derechos de créditos.  Aún así, el mismo texto (artículo 3-2-a i y ii) emplea el sustantivo “créditos de pensión hipotecaria” para estos productos que ciertamente incorporan derechos de crédito garantizados generalmente mediante  contrato de hipoteca (por ejemplo en la modalidad excluida en el art 3-2-a-i).
  • En segundo lugar, las operaciones de pensión hipotecaria excluidas (Art 3-2-ai y 3-2-a-ii) entrañan siempre la contratación de productos complejos desde la perspectiva financiera y social. Ya sea porque se vinculan a pólizas de seguros, o porque conllevan consecuencias no sólo para el contratante consumidor sino para su familia, dependientes y herederos.
  • En tercer lugar, porque son productos orientados siempre a personas  de cierta edad (generalmente de más de 60 años), o discapacitados que recurren a esta vía de liberar rentas en momentos en los que otras posibilidades (como el trabajo remunerado) les están vetadas. Por lo tanto, son en la práctica totalidad de casos, contratantes que se hallan en situación de especial debilidad. 
  • En cuarto lugar, porque los productos a los que nos estamos refiriendo llevan implícito un importante componente social y de previsión, para hacer frente a problemas derivados de la capacidad de los sistemas de pensiones públicas, a las necesidades de una población envejecida y  a las carencias de unas sociedades cada vez menos dispuestas a prestar atención plena y directa a sus mayores.
  • En quinto lugar, porque  el mercado de las hipotecas inversas no sólo afecta a la contratación presencial en España, sino que buena parte de los conflictos que se están dirimiendo judicialmente alcanzan a contratos suscritos por extranjeros, residentes o no en nuestro país,  que en muchos casos obtuvieron información precontractual a través de intermediarios, por medios electrónicos, lo que conlleva dificultades adicionales para una gobernanza electrónica eficaz de los servicios y productos financieros destinados a consumidores en el mercado interior europeo, y en el mundial (recuérdese que son muchos los extra-comunitarios que adquieren viviendas en España).

Cierto es que en España la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios en su artículo 32 incorporó algunas medidas tuitivas y de información específicas para estos consumidores, pero en ningún modo aborda el conjunto de cuestiones que conlleva la práctica comercial de las hipotecas inversas y productos semejantes (por ejemplo la contratación vinculada de seguros, la posibilidad de que la suma de intereses supere el valor hipotecado, etc.). También es verdad que existe una Guía del Banco de España sobre Hipotecas inversa  que, por cierto, califica estas operaciones como una “modalidad de préstamo hipotecario.  Y es igualmente sabido que los tribunales han ido configurando una línea interpretativa tuitiva relevante (se dio noticia aquí, aquí , aquí, aquí entre otros lugares).  Pero, no lo es menos que seguir legislando parcialmente o transponiendo tarde y a golpe de mínimos no está resultando beneficioso, como se está viendo en el agitado panorama de reclamaciones frente a productos financieros de destinadas a los consumidores en España.

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Resolución de entidades financieras y prelación de créditos: consumidores, pymes y deuda senior

el 8 septiembre, 2017 en Banca y Seguros, Otros

El Consejo de la UE aprobaba a finales de julio su posición en relación con ciertas  medidas destinadas a reducir el riesgo asumido por las entidades bancarias.  En concreto, daba luz verde a nuevos mecanismos relativos al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en los procedimientos de insolvencia.

 

Teuta y Pirro de Iliria. s I a C

En el marco de una Directiva    que modifica la Directiva 2014/59/UE relativa a la recuperación y resolución bancaria, el Consejo acordó adaptar ésta a la posición alcanzada en 2015 por el  FSB el 9 de noviembre de 2015, y que cuenta con el apoyo del G-20, en relación con la capacidad de absorción total de pérdidas (TLAC).

Recuérdese que la Directiva 2014/59/UE  subordina, para el caso de insolvencia,  los depósitos superiores a 100 000 euros  a los depósitos  de cuantía inferior que son cubiertos por el fondo de garantías.

Con la reforma de la que se da noticia, además se establece una preferencia a favor de los depósitos cuya titularidad recae sobre las personas físicas y las PYME, que sean contratados por entidades de la UE a través de sus oficinas en la UE. Se armoniza también la preferencia para otros pasivos que ya han sido objeto de atención por el FSB: A la luz de la TLAC que deben aplicar los bancos de importancia sistémica global, se configura una nueva clase de deuda senior “no preferida”, que se subordina a otros créditos no garantizados por vía contractual, o bien legal o incluso mediante instrumentos de gobernanza interna de las entidades.

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Informe del FSB, seguimiento de las reformas en los mercados de derivados.

el 6 septiembre, 2017 en Banca y Seguros, Otros

Informe del FSB sobre el cumplimiento de la reforma en los mercados de derivados. Publicado a finales de junio de 2017, este informe ofrece un repaso sobre el estado de las reformas en los mercados de derivados, principalmente con los OTC, así como en relación con los avances, y también con los aspectos sobre los que no se han cumplido algunas recomendaciones  internacionales

 

Publicado a finales de junio de 2017, este informe ofrece un repaso sobre el estado de las reformas en los mercados de derivados, principalmente con los OTC, así como en relación con los avances, y también con los aspectos sobre los que no se han cumplido algunas recomendaciones  internacionales

Money.. By M A Díaz

Sin perjuicio de que remitimos a la consulta del informe para una clara lectura de sus resultados (aquí) ,  nos centramos en la disposición de aspectos objeto de revisión, que  incluye los siguientes

  • Datos sobre transacciones – trade reporting-. Estos datos proporcionan información para que las autoridades competentes  identifiquen  riesgos en los mercados de derivados OTC, y para hacer posible una supervisión eficiente, y adaptaciones normativas, cuando sea preciso.. Las barreras a la comunicación de información reducen la efectividad y utilidad de los datos. Es por ello que el FSB anuncia otro informe sobre estas barreras a  la información (aquí)
  • Liquidación y compensación centralizada. Una mayoría de estados del FSB (17) cuentan con marcos para determinar cuándo deben liquidarse/ copensarse  centralizadamente los derivados OTC, y de entre ellos 11 cuentan con mecanismos obligatorios de liquidación en relación con determinados derivados como los de tasas de interés. El informe también alude a la importancia de  contar con contrapartes centrales en operaciones trasfronterizas, uno de  los retos de la liquidación centralizada, y señala que el número de entidades autorizadas para realizar estas operaciones de postcontratación va en aumento
  • En relación con las exigencias de capitalización en los derivados para los que no se exige una liquidación centralizada, ya son operativos en 23 estados  del FSB, si bien la implantación del estándar recomendada por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria es  inferior (y no se han cumplido las recomendaciones de que tales exigencias fuesen operativas en  enero de 2017)
  • El informe ha identificado avances, aún incompletos,  en relación con los márgenes para los derivados no compensados centralmente
  • En relación con los requisitos de los centros de negociación, en 12 jurisdicciones existen marcos globales para determinar los requisitos de las plataformas, y también requisitos para comercializar productos en mercados o plataformas de negociación (en 6 estados)

Ver también (DerMerUle)

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Universidad Kadri Zeka, Gjilan, Kosovo

el 1 septiembre, 2017 en Otros

Nueva colaboración entre la Universidad de León y la Universidad Kadri Zeka en el marco del Programa GreenTechWB.  Ahora e-Governance.

 

Continuando el trabajo de nuestros compañeros en León  y  en Gjilan, manos a la obra en el postgrado (multidisciplinar) de e-governance  con acreditación ENQA.

Gracias, Prof Dr Xhevdet Taqui,  por la bienvenida y felicitaciones por este programa máster referencia en la región de Balcanes Occidentales.  Gracias también a la Universidad de Vigo, por la excelente coordinación Erasmus +.

 

Más en la web UKZ, Gjilan, K

JUNTS. Unidad ante el dolor

el 18 agosto, 2017 en Otros

JUNTS. Pésame y ánimos a los heridos y familiares de víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Solidaridad y oración para ellos, y para los que deben acertar en la investigación y en la adopción de decisiones.

 

Madrid, Londres, Niza, Mánchester, Yakarta, Cairo, Paris, Barcelona…, …., ….

Barcelona, Cambrils, Catalunya, España