Traslado de domicilio social dentro del territorio espa帽ol. Apunte e impresiones a vuelapluma, a prop贸sito del Real Decreto Ley 15/2017

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La reforma del art铆culo 285.2 LSC y los聽anunciados traslados desde la CA Catalana a otras CCAA dan pie a esta reflexi贸n a la espera de si se formulan (y de c贸mo se resuelvan en la practica) las incidencias que quiz谩s puedan tener lugar.

 

El聽Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores econ贸micos dentro del territorio nacional realiza, en palabra de sus redactores, una clarificaci贸n del contenido del art铆culo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital聽tras su reforma mediante 聽la disposici贸n final 1 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo: 禄聽2. Por excepci贸n a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposici贸n contraria de los estatutos, el 贸rgano de administraci贸n ser谩 competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional禄.聽

Conocemos un primer comentario del Real Decreto ley, a cargo de Fernando Gom谩 Lanz贸n聽y otro del Doctor Jos茅 Mar铆a L贸pez

Santiago de Compostela.聽 Semblanza desde la Alameda

El legislador de 2015 hab铆a introducido una norma especial en la regulaci贸n de las modificaciones estatutarias y de cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, muy bien recogida por el Prof L Cazorla. Frente a la regla general que atribuye competencias a la Junta General para la modificaci贸n estatutaria, se introduc铆a la posibilidad de cambio de domicilio en Espa帽a dentro de las competencias ejecutivas del 贸rgano de administraci贸n.

Algunas de las perspectivas de aquella reforma de 2015 fueron objeto de 煤tiles comentarios doctrinales, por ejemplo del Profesor Jes煤s Alfaro (aqu铆, aqu铆, aqu铆, aqu铆), o del Profesor Miquel, o de los Profesores Francisco Javier Arias Varona y Alina Martiniva en la Revista de Sociedades. ;聽En muchos casos se vert铆an concretamente al hilo de la聽RDGRN de 30 de marzo de 2016聽, o de forma m谩s general en relaci贸n con la interpretaci贸n de la atribuci贸n competencial expresa, literal o por referencia a la ley en los Estatutos sociales.

La聽redacci贸n del art铆culo 282.5 LSC que deriva del聽Real Decreto Ley 15/2017 viene a aclarar algunas dudas de abogados, registradores y profesores al atribuir la competencia sobre el cambio de domicilio dentro de Espa帽a, expresamente y de modo originario, al 贸rgano de administraci贸n. Tal atribuci贸n opera desde el d铆a 7 de octubre de 2017. S贸lo puede evitarse mediante prohibici贸n o disposici贸n contraria en los estatutos. Y lo que es m谩s, en virtud de la DT 煤nica de este Real Decreto- Ley聽鈥渟e entender谩 que hay disposici贸n contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificaci贸n estatutaria que expresamente declare que el 贸rgano de administraci贸n no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional鈥. Es decir, en aquellas sociedades cuyos Estatutos incluyesen hasta ahora una atribuci贸n espec铆fica a la Junta, o excluyesen expresamente al 贸rgano de administraci贸n, la competencia tambi茅n recae ahora sobre los administradores. Para revertir la competencia deber谩n manifestarse expresamente los accionistas, mediante la aprobaci贸n de una nueva disposici贸n estatutaria posterior al 7 de octubre de 2017. S贸lo as铆 se puede eliminar la competencia que el Real Decreto Ley acaba de atribuir al 贸rgano de administraci贸n.

驴Qu茅 efectos tendr谩, previsiblemente, la reforma de 2017 sobre la implantaci贸n real de las sociedades en unos u en otros municipios, y sobre la interpretaci贸n de los deberes de los administradores y consejeros?,聽impresiones a vuelapluma聽

Como es sabido, el apartado 1 del art铆culo 9 de la LSC establece que las聽sociedades de capital fijar谩n su domicilio dentro del territorio espa帽ol en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administraci贸n y direcci贸n, o en el que radique su principal establecimiento o explotaci贸n. A帽ade el art铆culo 10 del mismo cuerpo legal聽 que en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que corresponder铆a seg煤n el art铆culo anterior, los terceros podr谩n considerar como domicilio cualquiera de ellos. 聽En efecto, seg煤n se ha se帽alado聽lo relevante para una sociedad no es s贸lo que exista un domicilio, al ser una menci贸n estatutaria obligatoria, sino tambi茅n que ese domicilio sea real en el sentido de que se corresponda con el centro efectivo de la actividad social, bien porque all铆 radique su efectiva administraci贸n o direcci贸n, o bien porque se encuentre su principal establecimiento.聽Aun cuando la situaci贸n normal sea que el domicilio social coincida con el efectivo domicilio real de la empresa en el sentido visto, puede no darse esta coincidencia( v茅ase, entre otros, el auto TS, S Civil, ss 1,聽Auto de 27 abril 2016).

Sin embargo, las聽operaciones de traslado plantean cuestiones diversas. Incluso si la entidad que decida efectuar el traslado disocia el domicilio social de la sede real o de administraci贸n, surgir谩n consecuencias. Algunas,聽como las derivadas de la aplicaci贸n del art铆culo 19 del Reglamento del Registro Mercantil聽 en relaci贸n con el dep贸sito de cuentas cuando ha mediado un traslado han sido objeto de RRDGRN聽 y聽 de comentarios (por ejemplo del Profesor S Calero, o en esta entradilla DerMerUle). Otras, tienen que ver con la celebraci贸n de la Junta General, ya que el art铆culo 175 LSC, establece que salvo disposici贸n contraria de los estatutos, la junta general se celebrar谩 en el t茅rmino municipal donde la sociedad tenga su domicilio,聽 y por lo tanto el incumplimiento puede llegar a conllevar la nulidad de la Junta (v茅ase la SAP M谩laga, Sentencia n煤m. 838/2015 de 28 diciembre).

No corresponde aqu铆 detallar minuciosamente todas estas consecuencias del traslado de domicilio. Ni tampoco las relativas a la (tambi茅n posible) disociaci贸n entre domicilio social y fiscal como excepci贸n a lo establecido en el art铆culo 48 de la Ley General Tributaria. Vamos a plantear m谩s bien alguna pregunta relativa a las posibles consecuencias o incidencias de esta nueva atribuci贸n del 贸rgano de administraci贸n de las sociedades en nuestro pa铆s. Subrayemos que, lejos de la excepcionalidad extrema que alguno pueda querer ver,聽 la nueva competencia no viene sino a ampliar la que (dentro de un mismo municipio) ya ten铆an los administradores sociales desde 1956. El聽art铆culo 105 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956 dispuso que no tendr铆a car谩cter de modificaci贸n estatutaria聽…, el traslado del domicilio de la sociedad 芦dentro de la misma poblaci贸n, salvo pacto estatutario en contrario禄,聽el art铆culo 149 del texto refundido de la Ley de Sociedades An贸nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre atribuy贸 a los administradores, salvo disposici贸n contraria de los estatutos, la facultad de acordar el traslado de domicilio dentro del mismo t茅rmino municipal, si bien as铆 deb铆a constar en escritura p煤blica y en la correspondiente inscripci贸n en el Registro Mercantil.

Con todo,聽pese a que jur铆dicamente no estamos ante una atribuci贸n desorbitada, en virtud de聽 las circunstancias concurrentes en Espa帽a en el momento de la aprobaci贸n del Real Decreto Ley (aunque no exclusivamente por ese motivo) cabe imaginar alg煤n potencial conflicto societario derivado del nuevo 谩mbito de decisiones y de ejecuci贸n del 贸rgano de administraci贸n

Cant谩brico (Asturias)

  • Por un lado cabe preguntarse si ir谩n siempre acompa帽ados los traslados estatutarios o registrales de mudanzas reales en las sedes聽 o en los lugares de administraci贸n central de las sociedades, o si por el contrario veremos m谩s discordancias entre unos y otros. O incluso, si las sociedades mantendr谩n su sedes de administraci贸n real, trasladando exclusivamente las reuniones de sus 贸rganos al nuevo domicilio.
  • Adem谩s, y acompa帽ando a聽los debates p煤blicos y privados que se est谩n produciendo, y que se suceder谩n con mucha probabilidad, intriga saber si veremos un incremento en la conflictividad societaria, por ejemplo mediante聽impugnaciones del acuerdo de traslado por parte de administradores que no lo hubieran apoyado, o por parte de聽 accionistas. La impugnaci贸n de acuerdos es un derecho, y puede llegar a ser un deber. Pero, su ejercicio conforme a criterios o siguiendo motivaciones aleatorias o esp煤reas representa un riesgo de consecuencias dif铆ciles de prever. Recordemos en este punto que algunas de las entidades que estos d铆as anuncian el cambio de domicilio tiene fuertes lazos con entes y administraciones p煤blicas (por tanto, que no son del todo ajenas a las pol铆ticas p煤blicas). Y,聽 que la inversi贸n efectuada por inversores institucionales, incluidos los fondos soberanos puede perfectamente responder a intereses muy distintos de los de la administraci贸n, accionistas de largo plazo, o sociedad. Seg煤n el art铆culo 251 LSC聽1. Los administradores podr谩n impugnar los acuerdos del consejo de administraci贸n , … Igualmente podr谩n impugnar tales acuerdos los socios que representen un uno por ciento del聽capital聽social,… Es sabido que dentro de las causas de impugnaci贸n, hay alguna sujeta a fuertes dosis de subjetividad y que son de聽dif铆cil concreci贸n a priori como es el caso de la causa de impugnaci贸n por de聽lesi贸n del inter茅s social que, en los t茅rminos del art铆culo 204 LSC ni siquiera exige la materializaci贸n de da帽os al patrimonio social.聽
  • En una l铆nea semejante, cabe cuestionarse si se la nueva atribuci贸n legal de competencias es susceptible de incrementar las聽acciones de responsabilidad contra los administradores.聽De as铆 ocurrir, por ejemplo en estos primeros momentos despu茅s de la aprobaci贸n del Real Decreto-Ley (pero no exclusivamente en esos instantes), muy posiblemente estos se defender谩n justificando su actuaci贸n en el deber legal de diligencia y en que actuaron conforme a lo que a su juicio exig铆a el art铆culo 225.2 LSC.聽聽Los administradores deber谩n tener la dedicaci贸n adecuada y adoptar谩n las medidas precisas para la buena direcci贸n y el control de la sociedad. Concretamente (aunque no exclusivamente)en el caso de las sociedades que estos d铆as anuncian su traslado desde Catalu帽a a diversos municipios de otras Comunidades Aut贸nomas a la luz de los acontecimientos de octubre de 2017, habr谩 que ver y leer las diversas interpretaciones del inter茅s social que unos y otros aporten, en caso de formularse formalmente tales cuestiones.
  • Situaciones como el posible ejercicio abusivo de la competencia, costes del traslado,聽 negocios jur铆dicos sobre las sedes antigua o nueva, entre otros, son susceptibles de dar lugar a trabajo jur铆dico futuro.

Estaremos atentas a comentarios que se ir谩n produciendo estos d铆as, para incorporarlos dentro de lo posible a esta entradilla

Post scriptum, sobre este tema:

Casa da Parra. Santiago.