La STS 3439/2016 de 14 de julio, resuelve en casación (aceptando el segundo motivo de los tres formulados) un asunto relacionado con el seguro de vehículos a motor , y en concreto con el carácter de cláusula delimitadora (según la aseguradora) o limitativa (Art 3 LCS,) de una disposición contractual relativa a la defensa jurídica del asegurado. El contrato preveía tal cobertura accesoria, estableciendo (en las condiciones generales ) una cuantía máxima de cobertura de defensa por siniestro. En este asunto, el responsable del accidente estaba asegurado por la misma compañía por lo que , a efectos de su defensa, el recurrente hubo de buscar apoyo profesional -abogado, procurador- distinto, haciéndose cargo de las correspondientes minutas que en conjunto superaban la cantidad delimitada en la póliza a tales efectos.
El TS, como ya hiciera el tribunal de primera instancia, apoya la pretensión de recurrente en tanto que a la vista del conflicto de intereses éste hubo de buscarse asistencia letrada independiente sin que tal circunstancia de conflicto estuviese prevista en el contrato.
«El importe máximo a satisfacer para pago de honorarios de profesionales libremente designados por el beneficiario y gastos del proceso, dice la cláusula … (incluida en las condiciones generales), «es de 1.500 Euros por siniestro». Pues bien, en el caso, estamos ante un conflicto de intereses,…, la aseguradora del actor era también aseguradora del demandado y asimismo demandada en el pleito del que derivan los honorarios ahora reclamados…., no ha sido la libre voluntad del asegurado sino el propio conflicto lo que obligó al asegurado a tener que nombrar abogado y procurador para la reclamar el daño sufrido, que finalmente tuvo que abonar la aseguradora en la parte cubierta por el seguro, sin que la póliza, que en las condiciones particulares contempla como riesgo asegurado la defensa jurídica, sin limitación alguna, incluya ni en estas condiciones ni en las generales, un pacto especial y expresamente aceptado por el asegurado que limite la responsabilidad de la aseguradora en supuestos como este de conflicto entre ambos. Extender el límite máximo de la obligación del asegurador a los mil quinientos euros supone, en primer lugar, una limitación a la libre designación de abogado y procurador necesario para la efectividad de la cobertura, y, en segundo, derivar contra el asegurado una interpretación extensiva y contraria a su interés, que es el que se protege en esta suerte de contratos de adhesión. El efecto no es otro que el rechazo de una cláusula limitativa del derecho del asegurado, cuya validez está condicionada al régimen especial de aceptación previsto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro , que se cita en el motivo como infringido, con la consecuencia de hacer responsable a la aseguradora del pago generado por estos profesionales que ha tenido que procurarse para plantear la reclamación y que no es otro que aquel que viene determinado en la sentencia del juzgado, incluido el pago de los intereses, que ha sido aceptado por el recurrente, que no apeló la sentencia, y que no ha sido cuestionado por la recurrida»
