Financiación del terrorismo. Medidas preventivas y de control. Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

el 19 noviembre, 2015 en Banca y Seguros, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional

Acaba de publicarse la orden ministerial de creación del órgano centralizado de Prevención del blanqueo y financiación del terrorismo del Colegio de Registradores. Los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles representan un colectivo que por sus funciones y competencias están en posición de conocer datos sobre flujos de capitales. Su dispersión geográfica y funcional puede dificultar su acción coordinada y es por ello que se crea el mencionado órgano centralizado.

Hasta el mes de abril de 2010, los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles debían cumplir con el deber de colaboración de cualquier autoridad y funcionario (incluía informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de los hechos de que tuvieran conocimiento que pudieran constituir  blanqueo de capitales).  El Art 2.1 n) de la Ley 10/2010, de 28 de abril  incluye a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles como una nueva categoría de sujetos obligados.

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La Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles tiene por objeto intensificar y potenciar la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, permitiendo un mayor nivel de especialización en estas tareas dentro del colectivo de sujetos obligados.

  • facilita el cumplimiento de la normativa preventiva,
  • canaliza las comunicaciones de operativa sospechosa que los registradores remiten,
  • favorece la interpretación uniforme y la aplicación de medidas homogéneas para cumplir  la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Además, esta misma especialización determina una mejora de la calidad de las informaciones recibidas por las autoridades y una agilización en la remisión de informaciones solicitadas.

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